Habitantes de diferentes comunidades del municipio de San Isidro, en el departamento de Cabañas, externaron su oposición a un proyecto de minería metálica que se pretende desarrollar en el lugar.

Los habitantes consideran que dicho proyecto contaminaría las fuentes de agua de la zona, lo que incrementaría los problemas para conseguir el líquido para el consumo y otras necesidades.

Asimismo, los pobladores explicaron que uno de los principales fuentes de agua que se contaminaría sería el río Titihuapa, el cual es un afluente del río Lempa.

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“Nosotros somos comunidades muy bien organizadas y sabemos que si se acaba el agua ¿Qué nos queda?… nada, moriríamos es por eso, que vamos a luchar por nuestro cerros”, dijo Esperanza Ortega, quien junto a pobladores de diversos caseríos de Arcatao, Chalatenango, solicitaron al gobierno local una consulta popular para “blindarse” contra la minería metálica.

En un acto público fue entregada, este fin de semana, la solicitud formal por parte de las comunidades al Concejo edilicio de Arcatao, atendiendo el marco jurídico del Código Municipal que estipula entre los artículos 115 y 117, la facultad de los pobladores a demandar una consulta popular para tratar temas de relevancia -que consideren- tendrá  incidencia en su territorio.

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«Un total desacuerdo con la minería metálica” es el resultado del sondeo de opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP)  de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en la que establece que el 77% considera que el Estado salvadoreño debe prohibir definitivamente la minería en el territorio salvadoreño.

La encuesta denominada “Opiniones y Percepciones hacia la Minería Metálica en El Salvador”, busca darle voz y voto  a la gente relacionada al tema de minería, las cuales corresponden a los 23 municipios del país donde se han otorgado permisos para la explotación de minería metálica.

De acuerdo a Omar Serrano, Vicerrector de Proyección Social de la UCA, la encuesta es en respuesta a la campaña prácticamente “política” que realiza la empresa Oceana Gold en los municipios con permisos, en los que presuntamente se gana el voto de confianza de la población salvadoreña.

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30 junio 2015
En El Salvador los grupos ambientalistas mostraron su rechazo ante las empresas mineras con presencia en América Central, que por sus ambiciones dañan el medio ambiente y la salud de los seres humanos. El acto fue encabezado por Ricardo Navarro, del CESTA/Amigos de la Tierra, quién recibió la visita de representantes del «Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4, provenientes de México, Guatemala, Honduras, Panamá y Canadá con quienes compartió un foro taller que culminó este 29 de junio, en el Ecocentro Las Ánimas, Cuscatlán (Centro de El Salvador).

Los efectos de las multinacionales que tratán de extraer metales preciosos como el oro y la plata, son devastadores para los asentamientos humanos y el medio ambiente. Esto como consecuencia de la liberación de sustancias químicas contaminantes al aire, suelo y agua, señalaron los representantes de los movimientos Leer aquí: Suspendidas 516 concesiones mineras en Colombia El encuentro se dio para analizar la situación de la minería en la zona Mesoaméricana, y compartir estrategias y experiencias de la región sobre este tema.

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Nos solidarizamos y apoyamos al pueblo de El Salvador que quiere decidir su propio futuro.
El Salvador atraviesa una crisis multifacética del agua [1] que podría empeorar aún más [2]. Desde 2008, el Gobierno no ha concedido ninguna licencia minera para preservar el agua y el medio ambiente, medida apoyada por un amplio consenso apoyado por sindicatos, partidos políticos, la iglesia, y las comunidades.

La empresa minera australiana OceanaGold Co, por intermedio de su subsidiaria Pacific Rim Mining Co, presentó una demanda de 301 millones USD contra el Gobierno de El Salvador tras serle denegada su solicitud de explotación minera a causa de los enormes daños medioambientales que ocasionaría.

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Actúa Ahora…enviando la carta que aparece en el link a contacto@presidencia.gob.sv y haciéndose oir a través de sus redes sociales: en Facebook y Twitter.

El 4 de abril de 2015, el Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez, junto con el Padre Carlos Castillo, se encontraban a las afueras de la capilla de la ciudad de Nejapa, esperando a que llegaron los asistentes a la celebración eucaristía, cuando dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se les acercaron. Los agentes empezaron a interrogarles a los dos y exigieron al Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez que se levantara la camisa para ver si tenía tatuajes o portaba armas. A pesar de que el defensor de derechos humanos se le identificó como sacerdote, la policía pidió refuerzos. Una patrulla llegó al sitio sin demora, con dos agentes más. Entonces el interrogatorio comenzó de nuevo, con un agente en particular que se dedicó a agredir verbalmente al Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez y a acusarlo de ser un pandillero retirado. Los agentes llamaron a la jefatura de policía y supuestamente hablaron con sus superiores. El Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez les explicó que es defensor de derechos humanos y que iba a denunciar el incidente ante las organizaciones internacionales. Finalmente, los agentes registraron el nombre del Padre y dijeron que no presentarían un informe a sus superiores si el mismo acordaba no presentar su denuncia.

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Las montañas de Chalatenango fueron el escenario para una consulta popular histórica donde los pobladores salieron desde temprano de sus casas para votar, y no por una elección presidencial,  ni para alcaldes, sino, para decidir si la gente está o no de acuerdo en la explotación minera en la zona.

“Bajamos de las montañas para decir no a esta cosa de la minería, ya con esta edad uno no aguanta, pero por lo menos, uno vota para los niños”, dijo Pedro Martínez, originario de Nueva Trinidad, en Chalatenango, quien decidió ir a votar a pesar de sus 90 años.

Él votó en una de las urnas ubicadas en Carasque, uno de los cantones donde se instalaron centros de votación desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de tarde, del pasado domingo 29 de marzo.

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Nueva Trinidad,  ubicado a más de 103 kilómetros al nor-oriente de San Salvador no parece figurar en la mente de un capitalino o capitalina. Pero este municipio de Chalatenango, con dos mil 113 habitantes tiene una ubicación maravillosamente estratégica, que no se escapa de la mentalidad de grandes empresas transnacionales mineras.  Y Nueva Trinidad, pequeña,  lejana; es valiente y desafiante porque se ha negado rotundamente a la minería metálica.

Esta no es la primera vez que un municipio se enfrenta ante el monstruo de la minería metálica, ese que se bebe el agua limpia y la devuelve ácida y esteriliza la tierra. También otros dos municipios de Chalatenango se han negado a que existan proyectos de explotación y exploración minera: San Isidro Labrador y San José las Flores; y en poco tiempo se les sumará Arcatao; todos municipios vecinos de esta zona de Chalatenango que contrasta con el imaginario de cumbres frías y neblinosas que tenemos de este departamento; y ofrece paisajes calientes, de tierra seca en verano. El mecanismo mediante el cuál lo han hecho es a través de la consulta pública, misma que se realizó en Nueva Trinidad este domingo 29 de marzo, en pleno Domingo de Ramos.

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El 95% del universo de votantes dijo no a la minería; asimismo, hubo 2 votos nulos, 2 inutilizados y 4 a favor de la minería.

«Yo nací en esta tierra, ahora tengo a mis hijos y no voy a permitir que vengan a tocar terrenos que son privados, porque los compré con mi sudor… nadie tocará nuestros terrenos por la minería», dijo María Esperanza Sibrián.

Junto a ella, 803 votantes más decidieron blindar su territorio contra cualquier iniciativa de la industria minera, en el municipio de Nueva Trinidad, Chalatenango. El 95% del universo de votantes dijo no a la minería; asimismo, hubo 2 votos nulos, 2 inutilizados y 4 a favor de la minería.

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