ENCUENTRO EN HOMENAJE A BERTA CACERES EN SAN SALVADOR
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales ha organizado una actividad abierta en El Salvador en homenaje a Berta Caceres, para el día 26 de abril de 2016, desde las 8:30 hrs. en la Plaza Salvador del Mundo, San Salvador.
Para mayor información, revisar http://www.redlatinoamericanademujeres.org
Y Facebook: https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras
El pasado 3 de marzo de 2015, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, y Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, presentaron el estudio denominado Minería, responsabilidad social empresarial y conflicto: Oceana Gold y la Fundación El Dorado en El Salvador. El cual es el resultado de una investigación realizada por el Dr. Stuart Kirsch, profesor de la Universidad de Michigan, y por la Dra. Jen Moore, coordinadora del Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá.
Por Fundación de Estudios para aplicación del Derecho – FESPAD El estudio sostiene que las acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que desarrolla la transnacional minera OceanaGold, a través de su Fundación El Dorado, constituye una estrategia para construir base social y política a su favor, que obligue al Estado salvadoreño a conceder los permisos para explotar oro y plata en Cabañas. Esta es una de las conclusiones de la investigación realizada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y Aliados Internacionales contra la Minería Metálica en El Salvador.
David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), demandó del Estado la prohibición total de la industria minera en el país, basado en el informe especial sobre el impacto ambiental de la explotación minera en el cantón San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión.
“Al Ejecutivo y Ministerio de Medio Ambiente, que conocen de este problema desde el 2013, les recomiendo empujar medidas paliativas, preventivas y eficaces a favor de la población”, pidió el procurador.
El funcionario señaló que la investigación demostró “una abrumadora presencia de metales pesados en el río y el medio ambiente en general” por lo que recomendó al Estado a realizar esfuerzos integrales encaminados en facilitar el acceso al agua potable a esta población.
Miembros de diferentes organizaciones ambientalistas y un equipo de investigadores canadienses y de El Salvador presentaron los resultados de un estudio que se realizó en el cantón San Sebastián, de Santa Rosa de Lima, La Unión.
La investigación pretendía evidenciar el impacto que ha ocasionado en la comunidad la explotación minera que se llevó a cabo por diferentes compañías, y que ahora ha sido retomada por la comunidad pero de una manera artesanal.
Se señala en el estudio que la principal afectación por la explotación de la mina San Sebastián está en el recurso hídrico, causando que todos los afluentes de agua estén contaminados con metales pesados, como hierro, manganeso, aluminio y selenio. “Lamentablemente a esa agua no se le puede dar ningún uso”, afirmó el hidrólogo Julio César Quiñónez.
Habitantes de las comunidades de Santa Marta, Trinidad, Santa Rosa y La Maraña e integrantes de organizaciones sociales mantienen firme la lucha contra la minería y la búsqueda de justicia tras 6 años del asesinato de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, ambientalistas opositores de los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim en el departamento de Cabañas.
En junio de 2009 fue desaparecido, torturado y asesinado el ambientalista Marcelo Rivera y en diciembre del mismo año también fue asesinada Dora Sorto, quien tenía 8 meses de embarazo y Ramiro Rivera.
A raíz de estos hechos otros líderes de comunidades y periodistas de Radio Victoria sufrieron diversos atentados y amenazas de muerte. Algunos de estos delitos siguen impunes y en el caso de Marcelo Rivera se condenó a 40 años de prisión a los hechores materiales, sin embargo no se investigó a posibles autores intelectuales.
Desde la llegada de los españoles en 1492 los pueblos indígenas se vieron enfrentados en la catástrofe invasiva, las creencia, tradiciones y costumbres fueron llevadas hasta el fondo de un abismo impuesto por los colonizadores, que además de cambiar la cosmovisión de los habitantes de las Américas, también saquearon los recursos naturales en tierras edénicas de los pobladores originarios.
La plata y el oro fueron los minerales más deseados por estos extraños seres que llegaron armados y dispuestos a exterminar a quienes se pusieron frente a sus intereses, los años pasaron y los invasores se quedaron armando estrategias para saquear el poco oro y plata que aún existe bajo la tierra.
El principal accionista de OceanaGold, ahora propietaria de Pacific Rim y quien tiene una demanda contra el estado salvadoreño, se reúnen en nuestro país. La visita de Clinton estaría costando a la Fundación Calleja $300,000.
Hoy, en El Salvador convivirán tres de las personas más poderosas de América: el ex presidente Bill Clinton, Carlos Slim y el magnate minero canadiense Frank Giustra.
Es una reunión de la Asociación Empresarial Clinton Giustra (CGEP), que ha desarrollado varios proyectos en América Latina y el Caribe para fomentar el desarrollo económico de personas de bajos recursos, fundamentalmente mujeres. El dinero ha salido de fundaciones de los propios Slim y Giustra.
El municipio de Arcatao en el departamento de Chalatenango es la cuarta municipalidad en el país que somete a una consulta pública la decisión de autorizar o frenar la exploración y explotación minera en la localidad, donde habitan 3 mil 121 habitantes.
La consulta ciudadana surge desde el concejo municipal de Arcatao después que empresas canadienses estuvieran presionando para que se les concedieran permisos y buscar así minerales a través de la excavación.
Para llegar a esta consulta capacitaron a los pobladores y les explicaron en que consiste la explotación minera y sus principales afectaciones tanto en la salud y ambiente.
«Queremos que Oceana Gold desista de la demanda contra el gobierno salvadoreño” dijo Héctor Berríos, del Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932, (MUFRAS-32) e integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que realizaron una concentración frente a las oficinas del Banco Mundial en el país.
“Esa demanda de 301 millones de dólares hecha por Oceana Gold (antes Pacific Rim) frente al Estado salvadoreño, es una ofensa porque trasciende el presupuesto del Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Justicia y Seguridad”, afirmó.
En la actualidad el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) entidad adscrita al Banco Mundial (BM) tiene desde septiembre del año pasado el dictamen que absuelve o condena al gobierno por negar a Oceana Gold, de continuar con sus exploraciones mineras en territorio salvadoreño.
Un documento oficial del gobierno de Estados Unidos enviado por el ex embajador de ese país en El Salvador, Charles Glazer, remitido al Departamento de Estado en diciembre de 2007, es una nueva evidencia con la que la defensa de la República en conflicto con la empresa minera Pacific Rim ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, busca que el tribunal de esa instancia del Banco Mundial reabra la decisión intermedia que tomó en junio de 2012 en este caso.
El documento desclasificado a finales de septiembre de este año, luego de la petición que hiciera meses atrás el bufete Foley Hoag, que se amparó en la Ley de Transparencia y Libertad de Información de EE.UU., llegó al bufete a mediados de la semana pasada y en seguida prepararon una nueva moción que ya introdujeron en el tribunal conformado por tres árbitros.