Coalición de Organizaciones Declara “No hay Ganadores”

Mediante Arbitraje inversionista-Estado se chantajea a El Salvador y se subvierte la Democracia

CISPES
14 de Octubre de 2016

Cabañas, El Salvador / Washington DC / Ottawa / Melbourne – Organizaciones de la sociedad civil a nivel global, que apoyan a las organizaciones y comunidades de El Salvador que trabajan para proteger el medio ambiente de la minería, reaccionaron a la decisión del día de hoy del controversial Centro Internacional para el Arreglo de Disputas en Inversiones (CIADI) sobre el caso Pac Rim Cayman vs. El Salvador, el cual duró más de siete años, diciendo “no hay ganadores”. El viernes, 14 de octubre, el tribunal anunció su decisión de que la demanda de Pac Rim no tiene mérito y por lo tanto El Salvador no tendrá que pagar a la compañía los $250 millones de dólares que buscaba obtener.   

En 2009, Pacific Rim Cayman LLC interpuso un caso inversionista – Estado en contra de El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La empresa minera, ahora una subsidiaria y propiedad de la empresa canadiense-australiana Oceana Gold, demandó a El Salvador por supuestas pérdidas de potenciales ganancias como resultado de no haber obtenido una concesión minera para un proyecto de extracción de oro. El gobierno de El Salvador no otorgó el permiso debido a que la compañía no cumplió con las regulaciones requeridas.

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Miembros de organizaciones sociales protestaron este viernes frente a la sede del Banco Mundial en San Salvador para exigir a un tribunal de ese organismo que no condene a El Salvador a pagar una millonaria suma a una minera canadiense.

«Fuera de El Salvador empresas mineras violadoras de derechos humanos» se leía en una gran pancarta colocada frente al edificio donde se aloja la oficina local del Banco Mundial, portada por miembros de la denominada Mesa Nacional Contra la Minería, que reúne a organizaciones comunales y ambientalistas.

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El 15 de junio de 2009 la empresa Pacific Rim Caymán presentó una solicitud de iniciación del procedimiento de arbitraje contra El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) instancia del Banco Mundial, cuya sede se encuentra en Washington. El motivo fue porque el Estado salvadoreño le negó la concesión de explotación minera en la zona de San Francisco El Dorado en el departamento de Cabañas. La empresa ha demandado al Estado y ha exigido el pago de más de 300 millones de dólares.

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Luis Parada, abogado defensor de El Salvador, confía en que el país ganará el caso.

El abogado defensor del Estado salvadoreño en el arbitraje con la minera australiana OceanaGold, Luis Parada, aseguró ayer que la empresa ofreció al país, la semana pasada, una negociación “privada y confidencial” en el marco de esta demanda; aclaró que la propuesta fue rechazada por el Gobierno y que confía en que el país ganará el caso.

En 2009, la canadiense Pacific Rim, antes de que OceanaGold la adquiriera por completo en 2013, demandó al Estado salvadoreño por negarle el permiso para explotar una mina de oro y plata en San Isidro, Cabañas. La compañía demanda ahora una compensación de $250 millones.

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Ayer la Mesa Nacional Frente a la Minería (MNFM) dijo temer que el supuesto retraso en la publicación del laudo arbitral entre la minera OceanaGold -que en 2013 compró a Pacific Rim- sea por posibles negociaciones entre la empresa y el Centro de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal del Banco Mundial donde actualmente se dirime el caso.
 

Luis González, miembro de la MNFM, aseguró que ahora se espera que el resultado de la demanda se conozca a mediados de septiembre, y ya no a finales de este mes. El atraso temen que se deba a posibles negociaciones entre el CIADI y la empresa.
 

La Mesa indicó que independientemente el fallo sea o no favorable para el Estado salvadoreño, reafirman su posición de que no cedan el permiso para la explotación minera.

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La Mesa Nacional frente a la Minería en El Salvador-MNFM— desarrolla este día el Foro Público “El Salvador: Culpable o Inocente en el caso de la minera Pacific Rim/ Oceana Gold”, con el propósito de plantear los posibles escenarios ante la decisión que tomará el Centro de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones-CIADI— contra el Estado salvadoreño por la demanda que interpuso la transnacional minera en el año 2009.

La demanda de la empresa Pacific Rim/ Oceana Gold se hizo amparándose en el capítulo de inversiones contemplado en el Tratado de Libre comercio Centroamérica y Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR y en la ley de inversiones de El Salvador, específicamente en el articulo 15 relativo a la solución de controversias entre el estado y las empresas, sin embargo, el CIADI consideró improcedente darle curso a la demanda en el marco del CAFTA-DR, dada que la empresa era considerada como empresa canadiense, pero decidió continuar el proceso a partir de la ley de inversiones.

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El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, exhortó hoy a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben pronto una ley que prohiba la actividad minera en El Salvador, por la contaminación que generan las empresas, sobre todo, en los mantos acuíferos.


Además, el religioso expresó su preocupación respecto a la resolución que pueda dar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el litigio entre la minera Pacific Rim -adquirida por la compañía australiana Oceana Gold- y El Salvador, de lo que espera que «no vaya a ser de condena para nuestro país».

«No veo por qué los diputados no lo hacen, si los ha nombrado el pueblo para que vele por sus derechos (…) estamos en un país salvaje en el que no hay ley que ponga paro a esto, eso debe acabar», dijo tajante.

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La resolución final del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial -cualquiera que sea-, sobre la demanda interpuesta por la minera Pacific Rim, ahora Oceana Gold, no significa que el Estado deba entregarle una concesión para operar, aseguró ayer el abogado representante del país en este caso, Luis Parada.

La empresa minera le exige a El Salvador $250 millones por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en Cabañas.

Parada informó que a finales de agosto el CIADI publicará el laudo que determinará si el Estado salvadoreño deberá pagarle a la empresa, si desestima la demanda y el tribunal castiga a la minera con que reembolse todo o parte de los $13 millones que el país ha gastado producto del litigio; o bien que gane El Salvador y cada parte asuma sus costos legales del proceso.

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Andres Mckinley, representante de la Universidad Centroamericana (UCA) junto a miembros de ADES y la International Allies Against Mining in El Salvador demandaron la prohibición total de la minería en el país, indistintamente la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para el Estado salvadoreño.

“Esta demanda es injusta, de Pacific Rim/Oceana Gold, ante el CIADI, organismo del  Banco Mundial que tiene una demanda por 250 millones de dólares. Desde el año 2009 el Estado salvadoreño ha gastado 12 millones de dólares… en los últimos siete años… cuando esos recursos pudieron utilizarse en salud, educación, seguridad, producción alimentaria”, afirmó.

Las organizaciones consideran que la acción legal de la  transnacional minera era “abusiva”, al no recibió el permiso de la Unidad de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía  para la explotación de oro y plata en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, por tanto no calificaba con sus permisos según leyes de El Salvador.

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