El Salvador

Ombudsman salvadoreña felicita a localidad que rechazó minería en referéndum

EFE – San Salvador
28-02-2017
La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, felicitó hoy a los pobladores de la localidad de Cinquera (noroeste), que rechazaron la realización de proyectos mineros a través de una consulta popular realizada el domingo pasado.

«La procuradora felicita a las personas del municipio de Cinquera por su participación activa» en la consulta popular y «sobre todo por decidir e incidir en la defensa de la vida y del medio ambiente», reza un comunicado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

El referéndum fue observado por la PDDH y representantes de Canadá, España, Estados Unidos, diputados salvadoreños y funcionarios de Medio Ambiente.

Según las organizaciones ambientalistas que promovieron la consulta, «el 98,10 % de los votantes opinaron en contra de la exploración y explotación minera en el municipio», por lo que las autoridades municipales deberán emitir una ordenanza que prohíba cualquier tipo de explotación de metales.

Cinquera es el quinto municipio salvadoreño que rechaza la minería metálica; anteriormente fueron San José Las Flores, San Isidro Labrador, Nueva Trinidad y Arcatao del departamento norteño de Chalatenango.

Las organizaciones sociales aseguran que «este resultado es una recomendación clara» para que los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso den luz verde a la votación de una ley que prohíba la minería.

Una de las últimas iniciativas legales contra la extracción minera fue presentada el pasado 7 de febrero por los funcionarios de la Iglesia católica salvadoreña.

Un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) falló en octubre de 2016 a favor de El Salvador y en contra de la minera canadiense Pacific Rim, ahora propiedad de la australiana Oceana Gold, que reclamaba al Gobierno salvadoreño una indemnización de 250 millones de dólares.

El caso se remonta a 2009, cuando la minera canadiense Pacific Rim interpuso una demanda contra El Salvador porque el país centroamericano le negó unos permisos para explotar la mina de oro El Dorado en el norte del país.

http://www.eldiario.es/economia/Ombudsman-salvadorena-felicita-localidad-referendum_0_617339248.html

El Salvador

ALTO A LA MINERÍA: “Los intereses públicos y sociales deben prevalecer sobre los intereses y particulares”

01-03-2017
Ismael Turcios
Investigador de Transparencia y Anticorrupción
Iniciativa Social para la Democracia (ISD)

La resolución emitida en 2016 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), favorable para el Estado salvadoreño en el litigio entre éste y la empresa minera Pacific Rim/Oceana Gold, sentó un importantísimo precedente en materia de relaciones público-privadas de carácter mercantil, jurídica o de cualquier otra naturaleza: los intereses públicos, colectivos y sociales deben prevalecer sobre los intereses particulares.

Asimismo, dicha resolución fue una bofetada con guante blanco para quienes piensan que, una vez en el poder, pueden tomar decisiones que beneficien intereses elitistas para que la población pague por ellas, sin consecuencias jurídicas; tal como sucedió, entre tantos casos, en el Caso CEL-Enel, en el que el exfiscal General, ahora procesado por corrupción, Luis Antonio Martínez, negoció con la Enel Green Power un Acuerdo Marco para poner fin a la controversia mercantil surgida a raíz de un contrato de explotación del recurso térmico salvadoreño, diseñado para beneficiar a la referida empresa extranjera. Algo que también fue aprovechado para garantizar la impunidad de los implicados en las negociaciones que dieron origen a ese conflicto; siendo la mejor muestra de ello la repentina aparición del ahora imputado Luis Martínez ante el Tribunal de la causa, para solicitar el cambio de calificación jurídica del delito (a una modalidad que ya había prescrito). Pero, tranquilos, FUSADES y algunos medios de comunicación reaccionarios aclararon que esto fue una persecución política y criminalización de políticas públicas. No pasa nada.

El caso El Salvador-Pacific Rim, además de los dos aspectos anteriores, justifica a las incontables voces que durante años se han pronunciado contra la minería metálica, tales como la Mesa Nacional Frente a la Minería y otros actores sociales y políticos. Y es que las prácticas de la minería metálica producen la contaminación de suelos y aguas por el drenaje ácido, y tienen afectación en la salud de los habitantes de los alrededores, los ecosistemas, la biodiversidad y el sistema climático en general.

Sin embargo, este tema tiene dos deudas pendientes: el pago de la deuda de 8 millones de dólares impuestos por el CIADI a Pacific Rim/Oceana Gold, en concepto de costas procesales; y la prohibición definitiva de la minería metálica, por parte del Estado salvadoreño.

Si bien la segunda de tales deudas no surge necesariamente del caso Pacific Rim, este ha sido el detonante para que diferentes voces exijan de nuevo a la Asamblea Legislativa la prohibición de la minería metálica, resaltando en los últimos días la pieza de correspondencia presentada por el jerarca de la Iglesia Católica Apostólica Romana en El Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, junto a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), y la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC).

Además, la petición ha sido presentada por otros actores, tales como representantes de los municipios de San José Las Flores y Arcatao, del departamento de Chalatenango, en los que en el pasado reciente se han desarrollado consultas populares al respecto (mecanismo de participación ciudadana establecido en el Art. 116 del Código Municipal), ambas con la participación de observadores internacionales, y de las cuales resultó que más del 90% de la población de cada municipio votó contra la minería. Entre otras peticiones, como las realizadas por el obstáculo que se ha dado hasta la fecha para aprobar una ley de prohibición de la minería metálica, ha sido el mismo del obstáculo de una ley general de aguas, de las reformas a la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario y de otras leyes que tocan fibras sensibles a los intereses mercantiles del gran empresariado nacional. Sin embargo, en el caso de la minería metálica en particular, las experiencias municipales, la resolución del CIADI, la divulgación científica y los esfuerzos de organizaciones ambientalistas y de otra naturaleza son suficiente evidencia para no aceptar la negativa de grupos parlamentarios de prohibir la minería.

A ello cabe agregar la alta vulnerabilidad ambiental del territorio salvadoreño y los altos índices de pobreza, que reflejan que las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de gran parte de la población, especialmente de la que reside en zonas rurales, también tienen una dimensión ambiental, y por ende, los daños ambientales generados por las grandes industrias (especialmente las extractivista) y el cambio climático en general, agravan sus condiciones de vida, de por sí ya difíciles.

Es por ello que la resistencia a un cambio de visión de los problemas del –complicado- mundo actual, la falta de conciencia sobre lo incierto que actualmente parece el futuro de los pueblos de la humanidad, y en especial de los pueblos subdesarrollados (sí, sin eufemismos), así como los gritos de los intereses mezquinos contra el buen juicio, ya no debe tener cabida mientras existan instituciones que deban su razón de ser a la organización y coexistencia social como la conocemos.

Es imperante que la Asamblea Legislativa apruebe una ley contra la minería, así como es imperante tener un hogar en pie en el que podamos seguir viviendo y que se herede a las futuras generaciones.

ALTO A LA MINERÍA: “Los intereses públicos y sociales deben prevalecer sobre los intereses y particulares”

El Salvador

Más voces piden prohibir minería

21-02-2017
La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) respaldó hoy la propuesta de ley prohibitiva de la minería metálica, presentada reciente por la Iglesia Católica y la UCA
“Apoyamos totalmente esta propuesta de ley que busca prohibir en forma definitiva los nocivos proyectos mineros y exigimos a todos los grupos parlamentarios no postergar la aprobación de tan necesaria normativa”, expresó ASGOJU. “La minería de metales es social y ambientalmente inviable en el país, debido a la estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave deterioro de los recursos hídricos”, argumentó en un comunicado de prensa.
ASGOJU también exhortó al Ejecutivo a que “promueva y gestione la aprobación de esta ley en la Asamblea, así como gestiona el aval de otras normativas que le interesan”. Advirtió que, “para ser consecuente con su postura contra la explotación minera, el Presidente Salvador Sánchez Cerén debe procurar la aprobación de una ley que prohíba esa tenebrosa industria”.

Además, ASGOJU demandó de la Fiscalía “acciones urgentes para obligar a la empresa Pacific Rim/Oceana Gold a pagar al Estado salvadoreño la multa de 8 millones de dólares, que le ordenó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI)”. Denunció que “la transnacional minera se niega a pagar y todavía busca negociar con el gobierno, a pesar de haber perdido su demanda contra el país”.

En su pronunciamiento, ASGOJU llama a “todas las organizaciones populares, sectores sociales y población en general a que respalden la referida propuesta de ley y que exijan a la Asamblea Legislativa su pronta aprobación”. Este mismo llamado reiteró la semana pasada el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas.

Para ASGOJU, la prohibición de la explotación minera debe ser “el inicio de una serie de acciones urgentes orientadas a revertir el grave deterioro ambiental del país” y que, en este sentido, “se acelere también la aprobación de leyes como las de Agua, de Soberanía Alimentaria y de Prohibición de Agrotóxicos”.

También la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió la semana pasada a la Asamblea que apruebe una ley prohibitiva de la minería, ratificando así su postura antiminera reiterada en varios momentos durante la última década. En un comunicado, la PDDH consideró “necesaria y urgente” la prohibición de la explotación minera.

El Salvador

OceanaGold afirma que CIADI no ha prohibido la minería en El Salvador

Uveli Alemán
14 02 2017
La empresa minera de capital australiano OceanaGold aclaró ayer que el tribunal del Centro Internacional  para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial (BM), no emitió una sentencia contra el desarrollo de la minería en El Salvador porque no tiene competencia legal ni autoridad para este tipo de sentencias.
“El tribunal se limitó a declarar que el Gobierno de El Salvador no era responsable de las reclamaciones monetarias presentadas por Pacific Rim Cayman con relación a la inacción del Gobierno asociada con la aprobación del proyecto de minerales oro y plata denominado El Dorado”, señaló la empresa en un comunicado difundido ayer.
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OceanaGold recordó que El Salvador aún dispone de una Ley de Minería, la cual permite la extracción minera a cielo abierto en el municipio de Metapán. Indicó que esta actividad, que utiliza piedra caliza, es un ejemplo de la minería moderna que se alberga en El Salvador.

Incluso, previamente, la compañía, a través de su subsidiaria salvadoreña Minerales Torogoz, reafirmó su intención de ejecutar una inversión inicial de $200 millones en un proyecto para la extracción de oro y planta en el cantón San Francisco El Dorado, municipio de San Isidro, Cabañas.

En anteriores ocasiones, el abogado defensor de El Salvador en este caso, Luis Parada, ha recomendado reformar la ley minera para prohibir estas actividades en el país.

$200 Millones

Es el monto presupuestado por la minera OceanaGold para desarrollar su proyecto minero en San Isidro, Cabañas.

http://elmundo.sv/oceanagold-afirma-que-ciadi-no-ha-prohibido-la-mineria-en-el-salvador/

El Salvador

Iglesia presenta anteproyecto de ley para prohibir la explotación minera

Redacción web/DEM
Lunes 6, febrero 2017
Foto: DEM
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, junto con representante de Cáritas de El Salvador, sacerdotes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y obispos de El Salvador, presentaron esta mañana el proyecto de Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador,

Los solicitantes señalaron el peligro de la minería en el país, donde de acuerdo con las Naciones Unidas solo el solo 3% de bosque natural está intacto y más del 90% de las aguas superficiales están contaminadas.

Ante esta situación, dijeron que sería un “suicidio colectivo” la implementación de la minería metálica en el país y por ello pidieron a los diputados aprobar con urgencia la ley.

“Nosotros pensamos que es urgente que se apruebe una ley que prohíba la explotación minera en nuestro país como lo tienen otros países por ejemplo Costa Rica aquí en Centroamérica, Argentina y otros países más; por el daño que causa la explotación minera cuanto más en un país tan pequeño como el nuestro y tan densamente poblado”, dijo Escobar Alas.

La pieza de correspondencia fue apoyada por diputados de FMLN, PDC y GANA.

“El papa nos ha hablado tanto de la necesidad de conservar el medio ambiente, las próximas generaciones nos van a demandar, no podemos heredar un país contaminado a nuestros hijos. En verdad es la iglesia la que tiene esta preocupación”, expresó el arzobispo, quien pidió un apoyo unánime a los diputados.

http://elmundo.sv/iglesia-presenta-anteproyecto-de-ley-para-prohibir-la-explotacion-minera/

El Salvador

Iglesia católica pide a la Asamblea una ley que prohíba la minería metálica en el país

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, anunció este domingo la iniciativa y este lunes recibió el apoyo de los diputados para prohibir la minería.
06 DE FEBRERO DE 2017 09:45 | por Redacción Diario La Pagina / Ernesto Cornejo
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, acompañado de otros representantes de la Iglesia Católica, llegó hasta la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados que promulguen una ley que prohiba de manera definitiva la minería metálica en el país.
El jerarca se hizo acompañar, entre otros, por el exrector de la Universidad Centroamericana (UCA), José María Tojeira.

De acuerdo con la Iglesia Católica, El Salvador tiene el mayor deterioro ambiental de todos los países del continente americano y, además, un estudio de la UCA del 2015 comprobó que casi el 80% de la población donde se pretendía extraer metales consideraba la actividad como riesgo.

«El mismo sondeo mostró que el 77% de la población exige al gobierno tomar medidas inmediatas para prohibir esta industria», expresa un comunicado conjunto del sector católico.

En la Asamblea Legislativa funciona una comisión permanente que aborda el tema del medio ambiente y casi todos los diputados miembro de este grupo acompañaron la iniciativa de la iglesia

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125312/2017/02/06/Iglesia-catolica-pide-a-la-Asamblea-una-ley-que-prohiba-la-mineria-metalica-en-el-pais

El Salvador

Cuenta regresiva para Ocean Gold

Redacción Contrapunto 05 de Febrero del 2017
Foto: Archivo ContraPunto
La empresa minera debe pagar $8 millones al Estado salvadoreño antes del 14 de febrero
La empresa OceanaGold, que en 2013 adquirió a Pacific Rim, tiene hasta el 14 de febrero para determinar si pagará una compensación de $8 millones al Estado de El Salvador, como lo ordenó el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial (BM), en octubre pasado.

El CIADI establece un margen de 120 días para que se revisen sus resoluciones, plazo que fue tomado por OceanaGold para decidir si cumplirán el laudo, o presentan un recurso de nulidad.

El Salvador ganó el litigio a la minera Pacific Rim/Oceana Gold, demanda que había sido interpuesta, en 2009, por la empresa en la que solicitaba que el Estado pagara cerca de 250 millones de dólares como indemnización por no permitirle explotar la mina El Dorado en San Isidro, Cabañas.

Fue en 2002 que la empresa inició las labores de exploración en la mina después de haber adquirido los permisos, pero ya no recibió la autorización para realizar la explotación.

Ya en 2012 el CIADI resolvió que Pacific Rim/Oceana Gold no podía ampararse bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) para continuar con la demanda. Sin embargo el proceso legal sí pudo continuar porque la empresa minera se amparó en el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.

El Laudo, establece que Pacific Rim fue incapaz de refutar la evidencia presentada por El Salvador, y no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería que exige la legislación salvadoreña.

Presentarán anteproyecto de ley contra la explotación minera

El Arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, reveló este domingo que en conjunto con la Universidad José Simeón Cañas (UCA), presentarán ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que prohíba la explotación minera en El Salvador.

El jerarca aseguró que la finalidad es proteger a la población, fauna y flora del impacto de la explotación de los recursos a cielo abierto. Remarcó que los sectores que presentarán la propuesta esperan los legisladores den “curso positivo”, para evitar estas prácticas.

La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento, además de la contaminación de otros recursos.

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ambiente/cuenta-regresiva-para-ocean-gold/2869

El Salvador

Abogado: Oceana Gold está renuente a retirarse del país

Luis Parada, defensor del Estado, pidió a funcionarios no dar esperanzas a empresa minera.
Por Rafael Mendoza López1.feb.2017

La empresa minera transnacional Oceana Gold no desiste de su interés en el país para extraer oro, pese a que el fallo de un tribunal internacional se lo prohibe.

El jefe del equipo de abogados defensores de El Salvador en el litigio con la compañía, Luis Parada, afirmó ayer que reuniones entre funcionarios y Oceana Gold estarían detrás de la renuencia de esta a dejar el país y pagar $8 millones de indemnización al Estado que estableció el Centro Internacional de Arbitrajes (CIADI).

Por eso el abogado hizo ayer un llamado a funcionarios estatales para que se abstengan de platicar con representantes de la compañía, pues el fallo del tribunal internacional, emitido el 14 de octubre de 2016, es contundente al afirmar que no se puede desarrollar actividad minera en el país. “Le haría un llamado a los funcionarios de gobierno que lean las declaraciones del Presidente de la República y que se dejen de reunir con la empresa y no le den esperanzas, eso es lo que ha complicado el cumplimiento del laudo (fallo internacional)”, sostuvo Parada.

El presidente Salvador Sánchez Cerén se comprometió ante la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, el 25 de agosto de 2016, a que no permitiría la exploración ni extracción de metales preciosos durante su mandato.

Pese a ello, Parada aseguró que la empresa insiste ante pobladores de Cabañas, donde inició la actividad exploratoria, acerca de las bondades que podría traer a ese territorio la minería metálica.

“La actitud de la empresa pareciera sugerir que alguien les está dando esperanzas, sino no siguieran haciendo actividades en Cabañas, para tratar de ganarse a la población”, manifestó el abogado.

El Diario de Hoy contactó al representante de la empresa, Hugo Soto, pero este dijo que la vocera de Oceana Gold autorizada para hablar del tema es Ericka Colindres, quien se encuentra fuera del país.

Más allá de los intentos de la firma minera por quedarse en El Salvador, Parada no le augura esperanzas, pues no cuenta con los permisos ambientales ni con la propiedad de las zonas para ejercer su actividad, sumado a que no presentó el estudio de factibilidad que establece la legislación vigente.

En conclusión, Parada señala que la forma más certera para que la empresa deje definitivamente el país es legislar en contra de la minería metálica.

“La única forma de convencerlos de que no tienen nada que hacer acá es que la Asamblea apruebe una ley para prohibir la minería metálica en El Salvador”, acotó.

Sigue sin pagar indemnización

Pero Oceana Gold, de acuerdo con el abogado, sigue sin pagar la indemnización al Estado salvadoreño por $8 millones, tal como lo estableció el tribunal internacional.

Parada explicó que se ha comunicado con los abogados de la compañía para saber si están dispuestos a cancelar lo adeudado, pero le respondieron que aún están analizando el fallo emitido por el tribunal.

“La respuesta es que estaban todavía revisando el laudo para decidir qué acciones iban a tomar, que se iban a tomar esos 120 días. Ellos parecen interpretar erróneamente que tienen 120 días para decir. Ese es el tiempo máximo para una parte del arbitraje que no esté conforme y que crea que hay alguna de las causales de nulidad de un laudo, pero no para cancelar la indemnización”, aseveró.

El abogado del Estado salvadoreño aseguró que se ha solicitado una cláusula para que se establezca el pago de intereses por cada mes que la empresa se atrase en el pago estipulado, pero aún no se ha definido qué monto se cobrará mensualmente.

Agregó que si Oceana Gold pide la anulación del fallo del tribunal, conllevaría otro gasto para El Salvador.

El Salvador

Municipio de Cinquera a Consulta Popular para prohibir minería en su territorio

Los cuatro nacimientos de agua cerca del bosque de Cinquera, que abastecen a esa población así como Tejutepeque, en Cabañas, y parte de Suchitoto, Cuscatlán, son suficientes razones para llevar a una Consulta Popular la decisión de prohibir la actividad minera en su territorio.

El municipio de Cinquera alberga la formación geológica “Morazán”, formada a lo largo de miles de años, que ahora son potenciales vetas de minerales en la zona de Dulce Nombre o La Escopeta, San Nicolás, San José El Tule, el Cacao y un área del Casco Urbano.

Este potencial minero mantiene en riesgo a Cinquera, y mientras no exista una normativa jurídica que la prohiba definitivamente, la población, el gobierno local apoyados por organizaciones sociales como CRIPDES, ARDM, ASALVAID, ALGES y Comité de Veteranos, han convocado a la Consulta Popular, a fin de generar una ordenanza municipal que no permita la explotación minera.

Iván Hernández, presidente de la Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal (ARDM), reconoció del gobierno municipal su disposición de atender la demanda de la población, que junto al grupo gestor buscaron la firma de 500 habitantes, para dar  iniciativa a la solicitud de consulta popular. “Con este proceso de consulta con la ciudadanía, Cinquera sería  el primer municipio en el departamento de Cabañas, que estaría declarándose libre de minería metálica al prohibir su accionar en el territorio”, afirmó.

El próximo 26 de febrero la consulta popular ha definido cuatro centros de votación: casco urbano, El Cacao, San Nicolás y San Benito, por lo tanto, invitaron a la población a participar de forma directa e incidir en la toma de decisiones que les impacte a futuro. Pantaleón Carmelo Noyola, Alcalde de Cinquera, destacó que en el Concejo Municipal, que por primera vez es plural, han decidido de forma unánime llevar a cabo la consulta popular sobre la minería. “Como alcalde hemos visto muy importante la necesidad que en este municipio se declare un No a la minería y por esa razón agradecemos al equipo gestor con quienes hemos estado trabajando para lograr esa meta que se hace efectiva con la entrega de 500 firmas a nuestro Concejo Municipal y estamos dispuestos todos y todas a aceptarla porque hay que trabajar por la vida de nuestra población”, dijo.

El edil agregó que del departamento de Cabañas, sería quizá el primer municipio en tomar este tipo de medidas para contar con un territorio libre de minería logrando un esfuerzo colectivo que tiene claro la decisión de proteger la vida de la niñez, adultos y los ecosistemas de la zona.

“Hago un llamado a todos mis colegas alcaldes del departamento de Cabañas a que declaremos y nos sumemos a este esfuerzo, para declarar a cada municipio con un no a la minería. No permitamos que nuestra población este expuesta a la industria minera que afectaría a nuestra población porque contaminan el agua, la tierra y el aire que respiramos”, acotó.

La Consulta Popular, el próximo domingo 26 febrero, se realizará en el horario de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, en cuatro centros de votación y se espera la asistencia entre 500 a 600 personas. “No es un problema de un solo sector, ni de política, es una solución para toda la población del municipio y todos debemos de luchar contra la minería y esperamos una respuesta favorable”, reiteró Noyola

Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES, que forman parte del Grupo Gestor en la consulta popular realizando la primera campaña de firmas  y respondiendo a los procedimientos que plantean el Código Municipal en la solicitud de una consulta popular.

“Hemos visitado casa por casa recolectando firmas y llegar al monto establecido que es el 40%, que se ha superado. Ahora el equipo gestor tiene la segunda tarea con el Concejo Municipal para desarrollar una jornada de campaña para que la gente venga el día de la consulta popular a ejercer su voto y darlo contra la minería”, explicó.

Mientras, Pedro Cabezas, de ASALVAID y Aliados Internacionales de la Minería reseñó el acompañamiento que han venido dando a las comunidades desde hace más de 20 años, y ahora en el proceso de la lucha contra la minería.

“En estos procesos de consulta se invita a funcionarios del Ejecutivo, Asamblea Legislativa y los funcionarios de consulta ciudadana, así como PDDH y delegaciones internacionales, que vendrán a verificar todo el proceso y esperamos delegaciones de Canadá, Estados Unidos y países centroamericanos que también tienen experiencia en las consultas populares contra empresas mineras”, subrayó.

Las organizaciones sociales demandaron además, que la Asamblea Legislativa decrete pronto una Ley de Minería que la prohiba totalmente y agradecieron al Concejo Municipal, de Cinquera, su decisión de apoyar la propuesta y garantizar la participación ciudadana en temas de interés colectivo.

Fuente: Http://www.diariocolatino.com/municipio-cinquera-consulta-popular-prohibir-mineria-territorio/

El Salvador, Noticias

Mesa contra Minería exige a OceanaGold pagar $8 mills. al Estado

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La Mesa Nacional frente a la  Minería Metálica (MNFM) exigió ayer a la empresaaustraliana OceanaGold pagar de inmediato la compensación de $8 millones al Estado salvadoreño, establecida hace dos meses por el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

Saúl Baños, portavoz de la organización, expresó que la empresa “lejos de acatar el fallo, lo ha desobedecido”. Aseguró que consultaron al abogado defensor de la minera cuándo pagarán la compensación y respondió que tomará un lapso de  120 días decidir si continuaban con el caso o si pagaban.

El proceso legal inició en 2009, cuando la compañía Pacific Rim -que luego fue comprada por OceanaGold- demandó al Estado salvadoreño por haber suspendido los permisos de exploración y extracción en la mina El Dorado, en San Isidro, Cabañas. Ante el reciente fallo del CIADI a favor de El Salvador, la empresa debe pagar $8 millones para reconocer los costos del litigio.

Al respecto, los representantes de la MNFM mencionaron que existe un vacío legal en el auto judicial emitido, pues “no se determinó el tiempo preciso en que se debe pagar y tampoco se ordena que la empresa que entre más se tarde debe pagar intereses”, por lo que el abogado defensor del país, Luis Parada, solicitó al Tribunal del CIADI que se solventara.

Además, denunciaron la publicación de campos pagados en medios de comunicación masiva, mediante los cuales difunden el eslogan de “minería responsable”, así como las campañas médicas y la promoción de excursiones a minas de Nicaragua para ganar simpatizantes.

En ese sentido, Luis González,  también de la MNFM, llamó a las autoridades de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa para que discutan la propuesta de ley presentada por la entidad para prohibir la minería metálica. También pidieron al Ejecutivo un decreto para evitar más demandas de mineras, y a los salvadoreños para no aceptar falsos discursos.

$8 Millones

Desde el pasado 14 de octubre, OceanaGold debía reconocer los costos del litigio al Estado, más los intereses que el impago ocasiona.

Fuente:http://elmundo.sv/mesa-contra-mineria-exige-a-oceanagold-pagar-8-mills-al-estado/