Redacción Contrapunto 05 de Febrero del 2017
Foto: Archivo ContraPunto
La empresa minera debe pagar $8 millones al Estado salvadoreño antes del 14 de febrero
La empresa OceanaGold, que en 2013 adquirió a Pacific Rim, tiene hasta el 14 de febrero para determinar si pagará una compensación de $8 millones al Estado de El Salvador, como lo ordenó el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial (BM), en octubre pasado.

El CIADI establece un margen de 120 días para que se revisen sus resoluciones, plazo que fue tomado por OceanaGold para decidir si cumplirán el laudo, o presentan un recurso de nulidad.

El Salvador ganó el litigio a la minera Pacific Rim/Oceana Gold, demanda que había sido interpuesta, en 2009, por la empresa en la que solicitaba que el Estado pagara cerca de 250 millones de dólares como indemnización por no permitirle explotar la mina El Dorado en San Isidro, Cabañas.

Fue en 2002 que la empresa inició las labores de exploración en la mina después de haber adquirido los permisos, pero ya no recibió la autorización para realizar la explotación.

Ya en 2012 el CIADI resolvió que Pacific Rim/Oceana Gold no podía ampararse bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) para continuar con la demanda. Sin embargo el proceso legal sí pudo continuar porque la empresa minera se amparó en el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.

El Laudo, establece que Pacific Rim fue incapaz de refutar la evidencia presentada por El Salvador, y no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería que exige la legislación salvadoreña.

Presentarán anteproyecto de ley contra la explotación minera

El Arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, reveló este domingo que en conjunto con la Universidad José Simeón Cañas (UCA), presentarán ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que prohíba la explotación minera en El Salvador.

El jerarca aseguró que la finalidad es proteger a la población, fauna y flora del impacto de la explotación de los recursos a cielo abierto. Remarcó que los sectores que presentarán la propuesta esperan los legisladores den “curso positivo”, para evitar estas prácticas.

La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento, además de la contaminación de otros recursos.

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ambiente/cuenta-regresiva-para-ocean-gold/2869

Luis Parada, defensor del Estado, pidió a funcionarios no dar esperanzas a empresa minera.
Por Rafael Mendoza López1.feb.2017

La empresa minera transnacional Oceana Gold no desiste de su interés en el país para extraer oro, pese a que el fallo de un tribunal internacional se lo prohibe.

El jefe del equipo de abogados defensores de El Salvador en el litigio con la compañía, Luis Parada, afirmó ayer que reuniones entre funcionarios y Oceana Gold estarían detrás de la renuencia de esta a dejar el país y pagar $8 millones de indemnización al Estado que estableció el Centro Internacional de Arbitrajes (CIADI).

Por eso el abogado hizo ayer un llamado a funcionarios estatales para que se abstengan de platicar con representantes de la compañía, pues el fallo del tribunal internacional, emitido el 14 de octubre de 2016, es contundente al afirmar que no se puede desarrollar actividad minera en el país. “Le haría un llamado a los funcionarios de gobierno que lean las declaraciones del Presidente de la República y que se dejen de reunir con la empresa y no le den esperanzas, eso es lo que ha complicado el cumplimiento del laudo (fallo internacional)”, sostuvo Parada.

El presidente Salvador Sánchez Cerén se comprometió ante la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, el 25 de agosto de 2016, a que no permitiría la exploración ni extracción de metales preciosos durante su mandato.

Pese a ello, Parada aseguró que la empresa insiste ante pobladores de Cabañas, donde inició la actividad exploratoria, acerca de las bondades que podría traer a ese territorio la minería metálica.

“La actitud de la empresa pareciera sugerir que alguien les está dando esperanzas, sino no siguieran haciendo actividades en Cabañas, para tratar de ganarse a la población”, manifestó el abogado.

El Diario de Hoy contactó al representante de la empresa, Hugo Soto, pero este dijo que la vocera de Oceana Gold autorizada para hablar del tema es Ericka Colindres, quien se encuentra fuera del país.

Más allá de los intentos de la firma minera por quedarse en El Salvador, Parada no le augura esperanzas, pues no cuenta con los permisos ambientales ni con la propiedad de las zonas para ejercer su actividad, sumado a que no presentó el estudio de factibilidad que establece la legislación vigente.

En conclusión, Parada señala que la forma más certera para que la empresa deje definitivamente el país es legislar en contra de la minería metálica.

“La única forma de convencerlos de que no tienen nada que hacer acá es que la Asamblea apruebe una ley para prohibir la minería metálica en El Salvador”, acotó.

Sigue sin pagar indemnización

Pero Oceana Gold, de acuerdo con el abogado, sigue sin pagar la indemnización al Estado salvadoreño por $8 millones, tal como lo estableció el tribunal internacional.

Parada explicó que se ha comunicado con los abogados de la compañía para saber si están dispuestos a cancelar lo adeudado, pero le respondieron que aún están analizando el fallo emitido por el tribunal.

“La respuesta es que estaban todavía revisando el laudo para decidir qué acciones iban a tomar, que se iban a tomar esos 120 días. Ellos parecen interpretar erróneamente que tienen 120 días para decir. Ese es el tiempo máximo para una parte del arbitraje que no esté conforme y que crea que hay alguna de las causales de nulidad de un laudo, pero no para cancelar la indemnización”, aseveró.

El abogado del Estado salvadoreño aseguró que se ha solicitado una cláusula para que se establezca el pago de intereses por cada mes que la empresa se atrase en el pago estipulado, pero aún no se ha definido qué monto se cobrará mensualmente.

Agregó que si Oceana Gold pide la anulación del fallo del tribunal, conllevaría otro gasto para El Salvador.

Los cuatro nacimientos de agua cerca del bosque de Cinquera, que abastecen a esa población así como Tejutepeque, en Cabañas, y parte de Suchitoto, Cuscatlán, son suficientes razones para llevar a una Consulta Popular la decisión de prohibir la actividad minera en su territorio.

El municipio de Cinquera alberga la formación geológica “Morazán”, formada a lo largo de miles de años, que ahora son potenciales vetas de minerales en la zona de Dulce Nombre o La Escopeta, San Nicolás, San José El Tule, el Cacao y un área del Casco Urbano.

Este potencial minero mantiene en riesgo a Cinquera, y mientras no exista una normativa jurídica que la prohiba definitivamente, la población, el gobierno local apoyados por organizaciones sociales como CRIPDES, ARDM, ASALVAID, ALGES y Comité de Veteranos, han convocado a la Consulta Popular, a fin de generar una ordenanza municipal que no permita la explotación minera.

Iván Hernández, presidente de la Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal (ARDM), reconoció del gobierno municipal su disposición de atender la demanda de la población, que junto al grupo gestor buscaron la firma de 500 habitantes, para dar  iniciativa a la solicitud de consulta popular. “Con este proceso de consulta con la ciudadanía, Cinquera sería  el primer municipio en el departamento de Cabañas, que estaría declarándose libre de minería metálica al prohibir su accionar en el territorio”, afirmó.

El próximo 26 de febrero la consulta popular ha definido cuatro centros de votación: casco urbano, El Cacao, San Nicolás y San Benito, por lo tanto, invitaron a la población a participar de forma directa e incidir en la toma de decisiones que les impacte a futuro. Pantaleón Carmelo Noyola, Alcalde de Cinquera, destacó que en el Concejo Municipal, que por primera vez es plural, han decidido de forma unánime llevar a cabo la consulta popular sobre la minería. “Como alcalde hemos visto muy importante la necesidad que en este municipio se declare un No a la minería y por esa razón agradecemos al equipo gestor con quienes hemos estado trabajando para lograr esa meta que se hace efectiva con la entrega de 500 firmas a nuestro Concejo Municipal y estamos dispuestos todos y todas a aceptarla porque hay que trabajar por la vida de nuestra población”, dijo.

El edil agregó que del departamento de Cabañas, sería quizá el primer municipio en tomar este tipo de medidas para contar con un territorio libre de minería logrando un esfuerzo colectivo que tiene claro la decisión de proteger la vida de la niñez, adultos y los ecosistemas de la zona.

“Hago un llamado a todos mis colegas alcaldes del departamento de Cabañas a que declaremos y nos sumemos a este esfuerzo, para declarar a cada municipio con un no a la minería. No permitamos que nuestra población este expuesta a la industria minera que afectaría a nuestra población porque contaminan el agua, la tierra y el aire que respiramos”, acotó.

La Consulta Popular, el próximo domingo 26 febrero, se realizará en el horario de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, en cuatro centros de votación y se espera la asistencia entre 500 a 600 personas. “No es un problema de un solo sector, ni de política, es una solución para toda la población del municipio y todos debemos de luchar contra la minería y esperamos una respuesta favorable”, reiteró Noyola

Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES, que forman parte del Grupo Gestor en la consulta popular realizando la primera campaña de firmas  y respondiendo a los procedimientos que plantean el Código Municipal en la solicitud de una consulta popular.

“Hemos visitado casa por casa recolectando firmas y llegar al monto establecido que es el 40%, que se ha superado. Ahora el equipo gestor tiene la segunda tarea con el Concejo Municipal para desarrollar una jornada de campaña para que la gente venga el día de la consulta popular a ejercer su voto y darlo contra la minería”, explicó.

Mientras, Pedro Cabezas, de ASALVAID y Aliados Internacionales de la Minería reseñó el acompañamiento que han venido dando a las comunidades desde hace más de 20 años, y ahora en el proceso de la lucha contra la minería.

“En estos procesos de consulta se invita a funcionarios del Ejecutivo, Asamblea Legislativa y los funcionarios de consulta ciudadana, así como PDDH y delegaciones internacionales, que vendrán a verificar todo el proceso y esperamos delegaciones de Canadá, Estados Unidos y países centroamericanos que también tienen experiencia en las consultas populares contra empresas mineras”, subrayó.

Las organizaciones sociales demandaron además, que la Asamblea Legislativa decrete pronto una Ley de Minería que la prohiba totalmente y agradecieron al Concejo Municipal, de Cinquera, su decisión de apoyar la propuesta y garantizar la participación ciudadana en temas de interés colectivo.

Fuente: Http://www.diariocolatino.com/municipio-cinquera-consulta-popular-prohibir-mineria-territorio/

Organizaciones ambientalistas no bajan la guardia en su lucha contra las operaciones de la corporación minera transnacional OceanaGold, que acaba de perder un litigio contra El Salvador pero que no da visos de renunciar al negocio extractivo en este país centroamericano.

“La amenaza aún no desaparece, ellos (OceanaGold) siguen con su esfuerzo por confundir a la gente sobre las supuestas ventajas de la minería”, dijo a IPS la activista Vidalina Morales, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta, una de las 11 organizaciones que conforman la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.

“El Salvador es un país con graves problemas medioambientales, con estrés hídrico, y la actividad minera y el uso desmedido del agua terminaría afectándonos a todos”: Bernardo Belloso.
“Están arreciando el trabajo con la gente de la zona”, recalcó la integrante de la Mesa, que encabeza la lucha en El Salvador para que la actividad minera sea prohibida legalmente en el país, después que ya desde 2008 se paralizó el otorgamiento de nuevas concesiones.

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Dos presidente del país negaron autorizaciones a la empresa, luego adquirida por Oceana Gold. Y fueron al menos dos fiscales generales los que defendieron al país frente a la multinacional que quizo cobrar una indemnización de doscientos cincuenta millones de dólares, pero le fue negado por el CIADI. En febrero 2009 lo hizo el Presidente de la República, Elías Antonio Saca, y luego Mauricio Funes , quien en junio 2009  también descartó autorizar a Pacific Rim para que desarrollara sus actividades en el país. Los motivos eran compartidos: industria causa más daños  a la salud y al medio ambiente que beneficios económicos al país.

El gobernante dijo que preferiría cancelar los cerca de $100 millones en concepto de indemnización a la empresa Pacific Rim, antes que avalar la explotación.

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Por Tomás Guevara14.oct.2016

El Salvador salió victorioso de la demanda impuesta por la transnacional minera Pacific Rim ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, instancia del Banco Mundial.

La empresa minera pedía una cuantía de más de $300 millones de dólares de indemnización por supuestas obstrucciones para invertir en el país, luego de perder el litigio para explotar la mina de El Dorado, en el central departamento de Cabañas.

El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, llegó a Washington para recibir el resultado, en una ceremonia privada en las oficinas del CIADI. El documento del fallo del tribunal da una doble victoria a El Salvador porque ordena, además, que la demandante le reintegre al país un aproximado del 60 por ciento de los costos de la defensa.

“Estamos muy contentos, es digno de celebrar este resultado, es un paso importante para el país haber salido victoriosos de esta demanda”, dijo el fiscal general Meléndez a la salida del Banco Mundial, en Washington, donde tiene su cede el ente de arbitrajes.

El abogado Luis Parada, feje del equipo defensor de El Salvador en el bufete Foley Hoag explicó que no habían revisado en su totalidad el laudo, pero en la última página de la resolución, el tribunal rechaza todos los reclamos de la empresa minera, hoy propiedad de Oceana Gold que opera en el país, luego que en 2012 comprara la canadiense Pacific Rim que se había declarado en quiebra y cuyo precio accionario fu de un poco más de 12 millones de dólares.

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Coalición de Organizaciones Declara “No hay Ganadores”

Mediante Arbitraje inversionista-Estado se chantajea a El Salvador y se subvierte la Democracia

CISPES
14 de Octubre de 2016

Cabañas, El Salvador / Washington DC / Ottawa / Melbourne – Organizaciones de la sociedad civil a nivel global, que apoyan a las organizaciones y comunidades de El Salvador que trabajan para proteger el medio ambiente de la minería, reaccionaron a la decisión del día de hoy del controversial Centro Internacional para el Arreglo de Disputas en Inversiones (CIADI) sobre el caso Pac Rim Cayman vs. El Salvador, el cual duró más de siete años, diciendo “no hay ganadores”. El viernes, 14 de octubre, el tribunal anunció su decisión de que la demanda de Pac Rim no tiene mérito y por lo tanto El Salvador no tendrá que pagar a la compañía los $250 millones de dólares que buscaba obtener.   

En 2009, Pacific Rim Cayman LLC interpuso un caso inversionista – Estado en contra de El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La empresa minera, ahora una subsidiaria y propiedad de la empresa canadiense-australiana Oceana Gold, demandó a El Salvador por supuestas pérdidas de potenciales ganancias como resultado de no haber obtenido una concesión minera para un proyecto de extracción de oro. El gobierno de El Salvador no otorgó el permiso debido a que la compañía no cumplió con las regulaciones requeridas.

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