CIVICUS conversa con Saúl Baños, abogado de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador y Director Ejecutivo de una de las organizaciones que la integran, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El entrevistado relata una historia de éxito de la sociedad civil en su lucha por la prohibición de la minería metálica en el país, y da cuenta de los desafíos pendientes.
1. A fines de marzo se aprobó en El Salvador una ley pionera que prohíbe la minería metálica en el país. ¿Cómo fue el proceso que condujo a su aprobación, y qué rol desempeñó en él la sociedad civil organizada?
La ley de prohibición de la minería metálica fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017. Que un país tan pequeño y empobrecido como El Salvador tomara esta decisión soberana contra los intereses de una poderosa empresa transnacional fue un hecho sin precedentes que nosotros consideramos como una victoria aunque los contenidos de la ley no fueran exactamente los que impulsábamos en un principio.
La nueva ley prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento de metales preciosos en todo el territorio salvadoreño, con la excepción del trabajo artesanal de fabricación, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos, por considerar que la extracción de metales es dañina tanto para el medio ambiente como para la salud pública, en particular por efecto del uso excesivo y la contaminación de fuentes de agua.
El proceso conducente a la aprobación de la ley fue muy largo. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica –una coalición de once organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, religiosas, de juventudes y de base- viene trabajando desde el año 2004, y presentó su primer proyecto de ley en el 2006. La propuesta inicial, que buscaba derogar la Ley de Minería de 1995, no avanzó. Más adelante, hacia 2011, los ministerios de Economía y Medio Ambiente del Poder Ejecutivo presentaron una nueva propuesta para suspender los procedimientos administrativos relativos a la minería. Nosotros no estuvimos de acuerdo, y de manera inmediata presentamos una nueva iniciativa de prohibición de la minería. Ambas –la del gobierno y la nuestra- pasaron a ser discutidas en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, pero ninguna prosperó.
2. ¿Qué factores explican que, después de tantos años de esfuerzos infructuosos, la ley fuera finalmente aprobada?
En primer lugar, la coalición de apoyo se amplió considerablemente. La ley recientemente aprobada surgió de un colectivo mucho más amplio, del que la Mesa Nacional formó parte, y que fue liderado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Otro protagonista importante fue la Iglesia Católica – la Conferencia Episcopal, los obispos de las distintas diócesis, y particularmente el Arzobispo Monseñor Escobar Alas, que retomó la propuesta y, junto con otros sacerdotes y organizaciones sociales, la presentó a la Asamblea Legislativa. A continuación, el 9 de marzo de 2017, se hizo una marcha multitudinaria y el presidente de la Asamblea Legislativa junto a otros diputados se comprometieron a lograr la aprobación de la ley antes de Semana Santa.
En segundo lugar, nosotros mismos fuimos aprendiendo sobre la marcha. Inicialmente nuestro conocimiento técnico, científico, del tema de la explotación del oro y sus efectos era muy limitado. De hecho, nuestra primera propuesta exigía la sustitución total de la Ley de Minería 1995, que regula no solamente la extracción de metales sino también de otros productos minerales como piedra y arena. Posteriormente decidimos centrarnos en la explotación de metales preciosos, y fundamentalmente de oro.
Finalmente, el hecho de que El Salvador ganara el caso de la demanda que inició Pacific Rim/Oceana Gold en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en octubre del año pasado aceleró la aprobación de la ley. En 2009 la empresa Pacific Rim/Oceana Gold había demandado al Estado de El Salvador por expropiación indirecta y lucro cesante, figuras reconocidas en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Al cabo de un proceso que duró siete años la empresa fue condenada a pagar 8 millones de dólares. A nuestro juicio el caso debió cerrarse en la etapa de reconocimiento de jurisdicción. Pero el tribunal decidió que siguiera en aplicación de la Ley de Inversiones de El Salvador, la cual reconocía la jurisdicción del CIADI. La empresa mintió, ya que por ser de origen canadiense, no debió acogerse al CAFTA. Sin embargo, se había hecho pasar por estadounidense al obtener domicilio legal en Estados Unidos mediante la apertura de una caja postal en Nevada. Y luego el caso continuó amparado en una legislación interna de El Salvador. Pero finalmente el tribunal falló unánimemente a favor del Estado salvadoreño – es decir, incluso el integrante que había sido designado por el demandante le dio la razón al Estado.
3. ¿Qué tácticas empleó la Mesa para promover la iniciativa?
El nuestro no fue solamente un trabajo de escritorio: a lo largo de más de diez años hicimos trabajo político y comunitario, lobby con actores del gobierno y demás tomadores de decisiones, litigio, campaña de medios y promoción del debate público.
Durante el proceso se sucedieron tres presidentes de la República. Al final de su mandato y cuando Pacific Rim/Oceana Gold recién había presentado la demanda contra el Estado salvadoreño, Antonio Saca (ARENA, 2004-2009) ordenó que no se otorgaran los permisos de explotación a la empresa. La demanda ante el CIADI duró todo el mandato de Mauricio Funes (FMLN, 2009-2014), cuya postura fue firme –desde que era candidato se comprometió frente la Mesa Nacional en un acto público; hasta le hicimos firmar una carta- y la heredó el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén (FMLN, 2014-2019), que hizo lo mismo. Y aunque ellos cumplieron, el camino no estuvo libre de obstáculos. Aún cuando los presidentes tuvieran una postura clara, siempre hubo funcionarios que coquetearon con las empresas mineras.
La Asamblea Legislativa, por su parte, se renueva cada tres años y hay una alta rotación de diputados y diputadas. En un proceso tan largo, la composición tanto de la Asamblea como de su Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático se modificó varias veces, y con frecuencia sus nuevos integrantes no estaban interiorizados en el tema –muchas veces se trataba incluso de su primera elección como diputados. De modo que cada vez teníamos que empezar nuevamente la tarea de acercamiento y sensibilización. Trabajamos intensamente con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, cuyos miembros incluso hicieron una visita al río San Sebastián, contaminado por la explotación minera desde los años 80. Y los diputados vieron cuál era la situación de los pobladores, y fueron entendiendo que la explotación minera era inviable en las condiciones de nuestro país.
También hicimos consultas populares en cinco municipios, donde las comunidades expresaron su oposición a la minería. Pero el trabajo comunitario no fue fácil, porque la empresa Pacific Rim/Oceana Gold también hacía su trabajo. En paralelo con la demanda en el CIADI y el lobby con políticos y funcionarios, la empresa tenía un “brazo social” en el terreno, la Fundación El Dorado. El departamento de Cabañas, donde se ubica el emprendimiento minero, es uno de los departamentos más pobres del país; para satisfacer sus necesidades básicas, sus habitantes requieren de apoyo gubernamental, y en ausencia del Estado la empresa encontró un terreno propicio para entrar con ayuda comunitaria, apadrinando escuelas, contratando empresas para proveer atención médica en la comunidad, etc. La empresa hacía que los beneficiarios firmaran hojas con listados de asistencia, muchas veces sin encabezado, que sospechamos eran luego presentados como listados de personas que simpatizaban con la minería. La empresa también coordinaba con los alcaldes de estos municipios, que pertenecían al partido que simpatizaba con la minería. Estas acciones – hay que decirlo- fueron generando una cantidad de adeptos a la empresa, porque la gente veía que la empresa estaba satisfaciendo algunas necesidades que ellos no tenían otro modo de cubrir.
La empresa incluso organizó una especie de tour con unas instalaciones que habían acondicionado como un emprendimiento minero en miniatura, y llevaban estudiantes para mostrarles cómo era el trabajo e insistían en que era seguro, hablaban de la “minería verde” y “minería responsable”. Incluso hacían excursiones a Nicaragua: pagaban los buses y llevaban a la gente para que vieran como era allí el proceso de explotación minera. Esto lo hacían a nivel nacional: vendían la idea de la explotación minera como la panacea para la situación de crisis económica del país, como fuente de empleo para la población y de ingresos para el Estado. Y algunos gobernantes la creían, mientras que nosotros tratábamos de contrarrestar estas mentiras.
En esta batalla por la opinión pública incluimos la atención a la minería transfronteriza. El Salvador es agua-dependiente: su río más caudaloso, el Lempa, pasa por Honduras y Guatemala antes de llegar a El Salvador. La región tiene un problema de escasez de agua, y la minería utiliza cantidades ingentes de agua y la deja contaminada. La empresa insistía en que iban a tener reservorios de agua de lluvia y que no iban a mezclar agua contaminada con agua inocua. Sin embargo, algunos hechos, como el rompimiento de un dique de la empresa Samarco en Brasil, tuvieron aquí mucho impacto, y entonces nosotros preguntamos qué pasaría en nuestro país si ocurriera algo parecido. Sin ir más lejos, el año pasado la ruptura de las paredes de un reservorio que contenía melaza, un subproducto del procesamiento de la caña de azúcar, produjo contaminación en un río. Murieron cantidades de peces y hubo un largo proceso de descontaminación, además de un proceso judicial que obligó a la empresa a pagar por el daño ambiental. Y nosotros preguntamos qué pasaría si en vez de con melaza, que al fin y al cabo es un producto orgánico, eso hubiera ocurrido con residuos de la minería.
Finalmente, con el apoyo del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés), presentamos a lo largo del proceso dos amicus curiae para que nuestras argumentaciones fueran sumadas a las de la defensa del Estado ante el CIADI. No sabemos si fueron tomadas en cuenta, pero en todo caso no nos limitamos a entregar el documento escrito, sino que también hicimos trabajo político en las bases y en los medios de comunicación. En ese proceso la Mesa se convirtió en un referente.
4. Además de los obstáculos mencionados, derivados del trabajo de base de la empresa, ¿experimentaron otras dificultades o restricciones?
En el trabajo con los medios también encontramos dificultades. Cuando salió el fallo del CIADI, los medios de comunicación conservadores no le dieron suficiente cobertura, por lo que la población no llegó a dimensionar la importancia del tema. De hecho en el exterior tuvo una repercusión mucho mayor que en el país. Lo mismo ocurrió con la aprobación de la ley: aunque la cobertura esta vez fue mayor, el tema se perdió un poco entre los otros temas –sobre todo la inseguridad y la delincuencia- mucho más enfatizados por la cobertura diaria.
Además, como tenía dinero, cuando la ley avanzó en la Asamblea Legislativa la empresa empezó a publicar comunicaciones en los periódicos de mayor circulación, en páginas completas a color. Para ello manipuló la imagen del Papa Francisco y de miembros de algunos gobiernos de países con minería, y llevaba a su “expertos” para presentar “evidencia” de que la minería no genera perjuicios a la salud humana. Eran espacios pagados pero aparecían como noticias.
En cambio, cuando nosotros queríamos publicar comunicados contra la minería –pagando las tarifas vigentes, por supuesto- nos ponían obstáculos e incluso nos censuraban. Nos pedían que enviáramos los comunicados con anticipación para que el editor jefe los revisara y nos advertían que se reservaban el derecho de publicarlos o no. Con uno de los últimos pretendieron que pagáramos el derecho de respuesta que el periódico le iba a otorgar a la empresa minera, que se se había considerado agraviada por nuestra publicación. Yo soy abogado, conozco la ley y les explicaba con paciencia que no teníamos la obligación de pagar nada. Pero así funcionan los medios de comunicación.
Además, las personas que hacían trabajo comunitario y actuaban en el terreno fueron muchas veces amenazadas e intimidadas. Los integrantes de Radio Victoria, una radio comunitaria del municipio del mismo nombre en Cabañas, que tuvo un rol fundamental, recibieron amenazas por este y por otros temas. Les tiraban anónimos debajo de las puertas, les hacían llamadas para amedrentarlos, incluso al aire cuando estaban transmitiendo, y algunos tuvieron que salir del país. A eso se sumaban las expresiones hostiles de funcionarios públicos de gobiernos locales y la negligencia de algunos jefes policiales o de la fiscalía de la localidad a la hora de investigar.
A lo largo de los años el movimiento acumuló varios muertos. En 2008 desapareció Marcelo Rivera, y tras una fuerte búsqueda su cuerpo fue encontrado en un pozo, con las manos amarradas en la espalda con alambre y con señales de haber sido torturado. Los siguientes cuatro asesinatos en la zona ocurrieron entre marzo y diciembre de 2009, en el cantón Trinidad, de Sensuntepeque. Dos pertenecían a la familia Menjívar y dos a la familia Rivera. Otros dirigentes sufrieron atentados pero sobrevivieron. En general hubo poca investigación y se manejó la hipótesis de que las muertes habían sido obra de pandilleros o delincuentes comunes, pero nosotros siempre sostuvimos que estaban conectadas con el trabajo de oposición a la minería metálica en Cabañas, y que eran el producto de la ruptura del tejido social y de la convivencia pacífica resultante de la intervención de la empresa en las comunidades. Con todo, la lucha continuó.
Ya desde la aprobación de la ley la persecución contra los compañeros de la Mesa en el territorio ha disminuido, y no hemos vuelto a recibir amenazas.
5. ¿Cambia la agenda del movimiento tras la aprobación de esta ley? ¿Se disuelve la Mesa, o consideran que aún les queda trabajo por hacer?
Nuestro objetivo todavía no está cumplido; no debemos dormirnos en los laureles. La empresa aún no ha hecho nada: no ha pagado los 8 millones de dólares, mantiene la Fundación El Dorado y va a conservar sus trabajadores hasta agosto, y además ha creado otras filiales internas más pequeñas que son las que dan la cara internamente. Creemos que es incluso posible que presente una demanda de inconstitucionalidad de la ley, y tenemos que estar preparados para ello. De hecho nos parece curioso que la empresa no haya cerrado sus operaciones de manera inmediata, dada la contundencia de la ley en su prohibición de la minería metálica en el país, y por eso pensamos que deben estar preparando acciones legales.
Por otra parte, vamos a exigir al Ejecutivo que elabore los reglamentos necesarios –procedimientos e institucionalidad dentro de los ministerios de Medio Ambiente y de Economía- para dar cumplimiento a la nueva ley. Por ejemplo, la ley contempla la necesidad de buscar medios de vida alternativos para los mineros artesanales –que en verdad son muy pocos, se estima que poco más de trescientos- de modo que es importante que se elabore una política en ese sentido. Este es un proceso de debe regularse para que nadie obtenga un beneficio indebido: de hecho hemos reclamado en lo inmediato un censo de mineros artesanales para regular la actividad, que de hecho también es nociva para el medio ambiente e insegura para los propios mineros.
Por último, seguimos trabajando en el terreno porque tenemos la convicción de que las comunidades locales han sido las protagonistas de este proceso, y por lo tanto deben conocer y comprender el fruto de su trabajo. Deben conocer el texto de la ley, que aunque es breve contiene términos técnicos y jurídicos que no la hacen inmediatamente comprensible para la población. De modo que la estamos llevando a las comunidades, donde hacemos reflexiones populares sobre la ley. Nuestro trabajo comunitario busca lograr que las comunidades se conviertan en defensoras de un derecho ganado.
6. ¿Cuán conectada está la sociedad civil de El Salvador con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿Han recibido solidaridad y apoyo desde el exterior?
El escaso financiamiento de que dispone la Mesa procede mayormente de la cooperación internacional, y nuestros esfuerzos recibieron el apoyo solidario de la comunidad internacional. Hacia 2007 se formó una coalición internacional denominada Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, con integrantes sobre todo en los Estados Unidos, pero también en otros países, que apoyó a la Mesa Nacional y a las comunidades afectadas por proyectos mineros con acciones de lobby, de presión para que se aprobara la ley, de denuncia de los impactos de la actividad minera y de los tratados de inversiones que permiten a las empresas operar sin restricciones, y con reclamos de imparcialidad en el CIADI, entre otras acciones.
Fuente:http://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/2859-victoria-de-la-sociedad-civil-de-el-salvador-entra-en-vigor-la-ley-que-prohibe-la-mineria-metalica
El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó de manera unánime la Ley de Prohibición la Minería Metálica que incluye actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o de manera subterránea de metales en el país, además prohíbe el uso de Cianuro, mercurio y otros químicos letales en cualquier proceso de minería metálica y establece un período de transición de dos años, a partir de la aprobación de la ley, para la eliminación de la minería artesanal y la reconversión de los mineros artesanales (Guiriceros) a otra actividad productiva.
Estimadas, estimados:
En el mundo, la mineríaes una de las actividades productivas primarias más importantes a nivel económico ya que contribuye con 11.5 por ciento del Prodcuto Interno Bruto (PIB) a nivel global, en contraste con todo el sector agrícola del planeta que aporta menos de cuatro por ciento.
“Nosotros estamos analizando como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de que la ley de prohibición debe tener una relación del artículo 8 de la Constitución de la República, que mandata prohibiciones expresas, y si existe una ley… no tienen razón para estar en el país”, explicó Saúl Baños de FESPAD.
En marzo de 2017 los pueblos de El Salvador lograron una tremenda victoria. Con la Ley de Prohibición de Minería Metálica, se decretó la prohibición absoluta de la exploración, explotación y procesamiento minero, ya sea a cielo abierto o subterráneo, así como el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. La legislación es retroactiva y de ese modo cierra de manera absoluta los permisos que pudieran estar en trámite. El riesgo de dañar los ríos y fuentes de agua ha sido uno de los frentes de lucha de los movimientos sociales ante la industria extractiva.
La compañía minera australiana OceanaGold desistió de invertir en minería metálica en El Salvador y ayer finalmente cumplió con la orden girada por un tribunal del Banco Mundial (BM), de pagarle al Estado una compensación de $8 millones.
El 29 de marzo de 2017, los legisladores de El Salvador aprobó una prohibición general de todas las actividades mineras de metales en el país – el primer país del mundo en hacerlo. La histórica votación se produjo apenas seis meses después de un tribunal del Banco Mundial falló a favor del gobierno del país en un caso de arbitraje internacional de inversiones presentado por una empresa minera canadiense.
Según la 
El Salvador pasó a convertirse en el primer país en promulgar una ley contra la industria metálica y según ambientalistas «es ahora un referente en la lucha» contra la explotación y procesamiento de metales.