CIVICUS conversa con Saúl Baños, abogado de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador y Director Ejecutivo de una de las organizaciones que la integran, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El entrevistado relata una historia de éxito de la sociedad civil en su lucha por la prohibición de la minería metálica en el país, y da cuenta de los desafíos pendientes.

1. A fines de marzo se aprobó en El Salvador una ley pionera que prohíbe la minería metálica en el país. ¿Cómo fue el proceso que condujo a su aprobación, y qué rol desempeñó en él la sociedad civil organizada?
La ley de prohibición de la minería metálica fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017. Que un país tan pequeño y empobrecido como El Salvador tomara esta decisión soberana contra los intereses de una poderosa empresa transnacional fue un hecho sin precedentes que nosotros consideramos como una victoria aunque los contenidos de la ley no fueran exactamente los que impulsábamos en un principio.

La nueva ley prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento de metales preciosos en todo el territorio salvadoreño, con la excepción del trabajo artesanal de fabricación, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos, por considerar que la extracción de metales es dañina tanto para el medio ambiente como para la salud pública, en particular por efecto del uso excesivo y la contaminación de fuentes de agua.

El proceso conducente a la aprobación de la ley fue muy largo. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica –una coalición de once organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, religiosas, de juventudes y de base- viene trabajando desde el año 2004, y presentó su primer proyecto de ley en el 2006. La propuesta inicial, que buscaba derogar la Ley de Minería de 1995, no avanzó. Más adelante, hacia 2011, los ministerios de Economía y Medio Ambiente del Poder Ejecutivo presentaron una nueva propuesta para suspender los procedimientos administrativos relativos a la minería. Nosotros no estuvimos de acuerdo, y de manera inmediata presentamos una nueva iniciativa de prohibición de la minería. Ambas –la del gobierno y la nuestra- pasaron a ser discutidas en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, pero ninguna prosperó.

2. ¿Qué factores explican que, después de tantos años de esfuerzos infructuosos, la ley fuera finalmente aprobada?
En primer lugar, la coalición de apoyo se amplió considerablemente. La ley recientemente aprobada surgió de un colectivo mucho más amplio, del que la Mesa Nacional formó parte, y que fue liderado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Otro protagonista importante fue la Iglesia Católica – la Conferencia Episcopal, los obispos de las distintas diócesis, y particularmente el Arzobispo Monseñor Escobar Alas, que retomó la propuesta y, junto con otros sacerdotes y organizaciones sociales, la presentó a la Asamblea Legislativa. A continuación, el 9 de marzo de 2017, se hizo una marcha multitudinaria y el presidente de la Asamblea Legislativa junto a otros diputados se comprometieron a lograr la aprobación de la ley antes de Semana Santa.

En segundo lugar, nosotros mismos fuimos aprendiendo sobre la marcha. Inicialmente nuestro conocimiento técnico, científico, del tema de la explotación del oro y sus efectos era muy limitado. De hecho, nuestra primera propuesta exigía la sustitución total de la Ley de Minería 1995, que regula no solamente la extracción de metales sino también de otros productos minerales como piedra y arena. Posteriormente decidimos centrarnos en la explotación de metales preciosos, y fundamentalmente de oro.

Finalmente, el hecho de que El Salvador ganara el caso de la demanda que inició Pacific Rim/Oceana Gold en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en octubre del año pasado aceleró la aprobación de la ley. En 2009 la empresa Pacific Rim/Oceana Gold había demandado al Estado de El Salvador por expropiación indirecta y lucro cesante, figuras reconocidas en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Al cabo de un proceso que duró siete años la empresa fue condenada a pagar 8 millones de dólares. A nuestro juicio el caso debió cerrarse en la etapa de reconocimiento de jurisdicción. Pero el tribunal decidió que siguiera en aplicación de la Ley de Inversiones de El Salvador, la cual reconocía la jurisdicción del CIADI. La empresa mintió, ya que por ser de origen canadiense, no debió acogerse al CAFTA. Sin embargo, se había hecho pasar por estadounidense al obtener domicilio legal en Estados Unidos mediante la apertura de una caja postal en Nevada. Y luego el caso continuó amparado en una legislación interna de El Salvador. Pero finalmente el tribunal falló unánimemente a favor del Estado salvadoreño – es decir, incluso el integrante que había sido designado por el demandante le dio la razón al Estado.

3. ¿Qué tácticas empleó la Mesa para promover la iniciativa?
El nuestro no fue solamente un trabajo de escritorio: a lo largo de más de diez años hicimos trabajo político y comunitario, lobby con actores del gobierno y demás tomadores de decisiones, litigio, campaña de medios y promoción del debate público.

Durante el proceso se sucedieron tres presidentes de la República. Al final de su mandato y cuando Pacific Rim/Oceana Gold recién había presentado la demanda contra el Estado salvadoreño, Antonio Saca (ARENA, 2004-2009) ordenó que no se otorgaran los permisos de explotación a la empresa. La demanda ante el CIADI duró todo el mandato de Mauricio Funes (FMLN, 2009-2014), cuya postura fue firme –desde que era candidato se comprometió frente la Mesa Nacional en un acto público; hasta le hicimos firmar una carta- y la heredó el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén (FMLN, 2014-2019), que hizo lo mismo. Y aunque ellos cumplieron, el camino no estuvo libre de obstáculos. Aún cuando los presidentes tuvieran una postura clara, siempre hubo funcionarios que coquetearon con las empresas mineras.

La Asamblea Legislativa, por su parte, se renueva cada tres años y hay una alta rotación de diputados y diputadas. En un proceso tan largo, la composición tanto de la Asamblea como de su Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático se modificó varias veces, y con frecuencia sus nuevos integrantes no estaban interiorizados en el tema –muchas veces se trataba incluso de su primera elección como diputados. De modo que cada vez teníamos que empezar nuevamente la tarea de acercamiento y sensibilización. Trabajamos intensamente con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, cuyos miembros incluso hicieron una visita al río San Sebastián, contaminado por la explotación minera desde los años 80. Y los diputados vieron cuál era la situación de los pobladores, y fueron entendiendo que la explotación minera era inviable en las condiciones de nuestro país.

También hicimos consultas populares en cinco municipios, donde las comunidades expresaron su oposición a la minería. Pero el trabajo comunitario no fue fácil, porque la empresa Pacific Rim/Oceana Gold también hacía su trabajo. En paralelo con la demanda en el CIADI y el lobby con políticos y funcionarios, la empresa tenía un “brazo social” en el terreno, la Fundación El Dorado. El departamento de Cabañas, donde se ubica el emprendimiento minero, es uno de los departamentos más pobres del país; para satisfacer sus necesidades básicas, sus habitantes requieren de apoyo gubernamental, y en ausencia del Estado la empresa encontró un terreno propicio para entrar con ayuda comunitaria, apadrinando escuelas, contratando empresas para proveer atención médica en la comunidad, etc. La empresa hacía que los beneficiarios firmaran hojas con listados de asistencia, muchas veces sin encabezado, que sospechamos eran luego presentados como listados de personas que simpatizaban con la minería. La empresa también coordinaba con los alcaldes de estos municipios, que pertenecían al partido que simpatizaba con la minería. Estas acciones – hay que decirlo- fueron generando una cantidad de adeptos a la empresa, porque la gente veía que la empresa estaba satisfaciendo algunas necesidades que ellos no tenían otro modo de cubrir.

La empresa incluso organizó una especie de tour con unas instalaciones que habían acondicionado como un emprendimiento minero en miniatura, y llevaban estudiantes para mostrarles cómo era el trabajo e insistían en que era seguro, hablaban de la “minería verde” y “minería responsable”. Incluso hacían excursiones a Nicaragua: pagaban los buses y llevaban a la gente para que vieran como era allí el proceso de explotación minera. Esto lo hacían a nivel nacional: vendían la idea de la explotación minera como la panacea para la situación de crisis económica del país, como fuente de empleo para la población y de ingresos para el Estado. Y algunos gobernantes la creían, mientras que nosotros tratábamos de contrarrestar estas mentiras.

En esta batalla por la opinión pública incluimos la atención a la minería transfronteriza. El Salvador es agua-dependiente: su río más caudaloso, el Lempa, pasa por Honduras y Guatemala antes de llegar a El Salvador. La región tiene un problema de escasez de agua, y la minería utiliza cantidades ingentes de agua y la deja contaminada. La empresa insistía en que iban a tener reservorios de agua de lluvia y que no iban a mezclar agua contaminada con agua inocua. Sin embargo, algunos hechos, como el rompimiento de un dique de la empresa Samarco en Brasil, tuvieron aquí mucho impacto, y entonces nosotros preguntamos qué pasaría en nuestro país si ocurriera algo parecido. Sin ir más lejos, el año pasado la ruptura de las paredes de un reservorio que contenía melaza, un subproducto del procesamiento de la caña de azúcar, produjo contaminación en un río. Murieron cantidades de peces y hubo un largo proceso de descontaminación, además de un proceso judicial que obligó a la empresa a pagar por el daño ambiental. Y nosotros preguntamos qué pasaría si en vez de con melaza, que al fin y al cabo es un producto orgánico, eso hubiera ocurrido con residuos de la minería.

Finalmente, con el apoyo del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés), presentamos a lo largo del proceso dos amicus curiae para que nuestras argumentaciones fueran sumadas a las de la defensa del Estado ante el CIADI. No sabemos si fueron tomadas en cuenta, pero en todo caso no nos limitamos a entregar el documento escrito, sino que también hicimos trabajo político en las bases y en los medios de comunicación. En ese proceso la Mesa se convirtió en un referente.

4. Además de los obstáculos mencionados, derivados del trabajo de base de la empresa, ¿experimentaron otras dificultades o restricciones?
En el trabajo con los medios también encontramos dificultades. Cuando salió el fallo del CIADI, los medios de comunicación conservadores no le dieron suficiente cobertura, por lo que la población no llegó a dimensionar la importancia del tema. De hecho en el exterior tuvo una repercusión mucho mayor que en el país. Lo mismo ocurrió con la aprobación de la ley: aunque la cobertura esta vez fue mayor, el tema se perdió un poco entre los otros temas –sobre todo la inseguridad y la delincuencia- mucho más enfatizados por la cobertura diaria.

Además, como tenía dinero, cuando la ley avanzó en la Asamblea Legislativa la empresa empezó a publicar comunicaciones en los periódicos de mayor circulación, en páginas completas a color. Para ello manipuló la imagen del Papa Francisco y de miembros de algunos gobiernos de países con minería, y llevaba a su “expertos” para presentar “evidencia” de que la minería no genera perjuicios a la salud humana. Eran espacios pagados pero aparecían como noticias.

En cambio, cuando nosotros queríamos publicar comunicados contra la minería –pagando las tarifas vigentes, por supuesto- nos ponían obstáculos e incluso nos censuraban. Nos pedían que enviáramos los comunicados con anticipación para que el editor jefe los revisara y nos advertían que se reservaban el derecho de publicarlos o no. Con uno de los últimos pretendieron que pagáramos el derecho de respuesta que el periódico le iba a otorgar a la empresa minera, que se se había considerado agraviada por nuestra publicación. Yo soy abogado, conozco la ley y les explicaba con paciencia que no teníamos la obligación de pagar nada. Pero así funcionan los medios de comunicación.

Además, las personas que hacían trabajo comunitario y actuaban en el terreno fueron muchas veces amenazadas e intimidadas. Los integrantes de Radio Victoria, una radio comunitaria del municipio del mismo nombre en Cabañas, que tuvo un rol fundamental, recibieron amenazas por este y por otros temas. Les tiraban anónimos debajo de las puertas, les hacían llamadas para amedrentarlos, incluso al aire cuando estaban transmitiendo, y algunos tuvieron que salir del país. A eso se sumaban las expresiones hostiles de funcionarios públicos de gobiernos locales y la negligencia de algunos jefes policiales o de la fiscalía de la localidad a la hora de investigar.

A lo largo de los años el movimiento acumuló varios muertos. En 2008 desapareció Marcelo Rivera, y tras una fuerte búsqueda su cuerpo fue encontrado en un pozo, con las manos amarradas en la espalda con alambre y con señales de haber sido torturado. Los siguientes cuatro asesinatos en la zona ocurrieron entre marzo y diciembre de 2009, en el cantón Trinidad, de Sensuntepeque. Dos pertenecían a la familia Menjívar y dos a la familia Rivera. Otros dirigentes sufrieron atentados pero sobrevivieron. En general hubo poca investigación y se manejó la hipótesis de que las muertes habían sido obra de pandilleros o delincuentes comunes, pero nosotros siempre sostuvimos que estaban conectadas con el trabajo de oposición a la minería metálica en Cabañas, y que eran el producto de la ruptura del tejido social y de la convivencia pacífica resultante de la intervención de la empresa en las comunidades. Con todo, la lucha continuó.

Ya desde la aprobación de la ley la persecución contra los compañeros de la Mesa en el territorio ha disminuido, y no hemos vuelto a recibir amenazas.

5. ¿Cambia la agenda del movimiento tras la aprobación de esta ley? ¿Se disuelve la Mesa, o consideran que aún les queda trabajo por hacer?
Nuestro objetivo todavía no está cumplido; no debemos dormirnos en los laureles. La empresa aún no ha hecho nada: no ha pagado los 8 millones de dólares, mantiene la Fundación El Dorado y va a conservar sus trabajadores hasta agosto, y además ha creado otras filiales internas más pequeñas que son las que dan la cara internamente. Creemos que es incluso posible que presente una demanda de inconstitucionalidad de la ley, y tenemos que estar preparados para ello. De hecho nos parece curioso que la empresa no haya cerrado sus operaciones de manera inmediata, dada la contundencia de la ley en su prohibición de la minería metálica en el país, y por eso pensamos que deben estar preparando acciones legales.

Por otra parte, vamos a exigir al Ejecutivo que elabore los reglamentos necesarios –procedimientos e institucionalidad dentro de los ministerios de Medio Ambiente y de Economía- para dar cumplimiento a la nueva ley. Por ejemplo, la ley contempla la necesidad de buscar medios de vida alternativos para los mineros artesanales –que en verdad son muy pocos, se estima que poco más de trescientos- de modo que es importante que se elabore una política en ese sentido. Este es un proceso de debe regularse para que nadie obtenga un beneficio indebido: de hecho hemos reclamado en lo inmediato un censo de mineros artesanales para regular la actividad, que de hecho también es nociva para el medio ambiente e insegura para los propios mineros.

Por último, seguimos trabajando en el terreno porque tenemos la convicción de que las comunidades locales han sido las protagonistas de este proceso, y por lo tanto deben conocer y comprender el fruto de su trabajo. Deben conocer el texto de la ley, que aunque es breve contiene términos técnicos y jurídicos que no la hacen inmediatamente comprensible para la población. De modo que la estamos llevando a las comunidades, donde hacemos reflexiones populares sobre la ley. Nuestro trabajo comunitario busca lograr que las comunidades se conviertan en defensoras de un derecho ganado.

6. ¿Cuán conectada está la sociedad civil de El Salvador con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿Han recibido solidaridad y apoyo desde el exterior?
El escaso financiamiento de que dispone la Mesa procede mayormente de la cooperación internacional, y nuestros esfuerzos recibieron el apoyo solidario de la comunidad internacional. Hacia 2007 se formó una coalición internacional denominada Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, con integrantes sobre todo en los Estados Unidos, pero también en otros países, que apoyó a la Mesa Nacional y a las comunidades afectadas por proyectos mineros con acciones de lobby, de presión para que se aprobara la ley, de denuncia de los impactos de la actividad minera y de los tratados de inversiones que permiten a las empresas operar sin restricciones, y con reclamos de imparcialidad en el CIADI, entre otras acciones.
‬Fuente:http://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/2859-victoria-de-la-sociedad-civil-de-el-salvador-entra-en-vigor-la-ley-que-prohibe-la-mineria-metalica

El 29 de marzo de 2017, los legisladores de El Salvador aprobó una prohibición general de todas las actividades mineras de metales en el país – el primer país del mundo en hacerlo. La histórica votación se produjo apenas seis meses después de un tribunal del Banco Mundial falló a favor del gobierno del país en un caso de arbitraje internacional de inversiones presentado por una empresa minera canadiense.

Si alguna vez hubo un ejemplo de cómo las semillas de una batalla locales florecieron en una campaña global formidable, era éste. En un momento en que la disidencia organizada es a la vez bajo ataque y más urgente que nunca, no sólo necesitamos para celebrar las victorias que implican una verdadera solidaridad internacional, tenemos que aprender de ellos.

Nos sentamos con cinco (de las muchas) personas que han estado profundamente implicados en este esfuerzo titán para reflexionar sobre lo que han logrado y cómo, y las lecciones que han aprendido en el proceso.

Nuestros entrevistados eran Vidalina Morales de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta ( ADES ); Pedro Cabezas de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, ( CRIPDES ) y Saul Baños de la Fundación para el Estudio de la Aplicación de la Ley ( FESPAD ) – los tres son organizaciones miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador (Pedro Cabezas fue también coordinador de comunicaciones para los aliados internacionales) ; Manuel P é rez-Rocha del Instituto de Estudios de Política en Washington DC; y Jen Moore de Mining Watch Canada .

Aquí nos centramos en particular en lo que podemos aprender de la campaña internacional contra el caso del Banco Mundial, sino también un vistazo a algunos aspectos del esfuerzo simultáneo para apoyar la lucha contra la minería sobre el terreno en El Salvador. El caso legal internacional fue sólo uno de una serie de estrategias de intervención utilizadas por las empresas involucradas. El esfuerzo de organización que contrarrestó con éxito todas las mantiene lecciones valiosas para la acción estratégica en todas partes.

ISDS – Solución de Controversias Inversionista Estado

En 2004, después de dos años de búsqueda de oro en El Salvador, la Corporación Minera de la Costa del Pacífico pidió permiso para comenzar la minería cerca del río Lempa. Después de varios años de negociaciones, las maniobras políticas y los conflictos con las comunidades locales que trágicamente costaron la vida a cuatro activistas ambientales -uno de los cuales, Dora Alicia Recinos Sorto, tenía ocho meses pregnant- la solicitud fue rechazada sobre la base de que la empresa no tenía cumplido con los requisitos reglamentarios necesarios y una moratoria a nivel nacional en todos los nuevos proyectos mineros se puso en marcha.

La compañía grito en el cielo. Sostuvieron que los habían llevado a creer que había un apoyo gubernamental para su proyecto y el cambio de la política minera fue por lo tanto injusta e ilegal y que debe ser compensada por una suma del valor de mercado del oro sin explotar – $ 314m más tarde se redujo a $ 250 millones. Ellos iniciaron un procedimiento de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS) en el Centro Internacional del Banco Mundial para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Este sistema ISDS, a pesar vigente durante más de 50 años, tiene sólo en los últimos diez años se convierta en un arma de elección para las corporaciones multinacionales. Durante este tiempo, el número de casos de arbitraje internacional se ha disparado con 2015 estableciendo un récord de todos los tiempos de 74 nuevos casos en sólo un año.

Cuenca del Pacífico es una empresa canadiense, también registrada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. En su primer intento de llevar el caso ISDS contra El Salvador se trató de usar la protección de inversiones en el Tratado de Libre Comercio entre los EE.UU. y América Central y República Dominicana (DR-CAFTA). Para ello se creó una dirección de buzón de correos en el estado de Nevada. En 2012, el CIADI se declaró incompetente en el DR-CAFTA y en el Tribunal de decisión , la Costa del Pacífico de los EE.UU. fue descrito como ‘más parecido a una sociedad instrumental’. Sin embargo, a pesar de esta manipulación corporativa del sistema legal, el tribunal más tarde mantener la jurisdicción bajo la ley la inversión nacional de El Salvador y permitir que el caso proceda. (Al año siguiente, El Salvador modificó esta ley, ya no dar corporaciones transnacionales recurso a los tribunales internacionales.)

En 2013, la costa del Pacífico estaba en problemas financieros y fue comprada por Oceana El oro de Australia. A finales de 2016, después de una larga campaña internacional, el tribunal del CIADI finalmente falló en contra de la empresa y le ordenó pagar $ 8 millones para la de más de $ 12 millones en honorarios legales El Salvador. El fallo fue aclamado como una victoria importante para las luchas en El Salvador como en el internacional.

Se llegó al final de varios años de campaña internacional y abriría el camino para la prohibición total de la minería en el país que siguió unos meses más tarde. La campaña tiene una serie de lecciones – particularmente con respecto a cómo podemos conectar las luchas locales y globales con eficacia.

Narrativas y mensajería

Nunca debemos subestimar una narrativa poderosa. Esta verdad universal para los activistas fue también una de las principales lecciones para nuestros entrevistados.

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• Una ley aprobada por amplia mayoría destaca que la extracción de minerales ha provocado daños ambientales y de salud en este país centroamericano

El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles 29 de marzo una ley que prohíbe la minería metálica (extracción de minerales), por considerar que es una actividad que provoca impactos negativos en medio ambiente y la salud de las personas. La ley que convierte a El Salvador en el primer país del mundo que prohibe esta actividad extractiva por motivos ambientales fue aprobada con los votos de 70 de los 84 diputados.

La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica.

La ley ahora aprobada deja sin efecto todos los expedientes que estén en tramitación para la obtención de licencias mineras, y da un plazo de dos años a los mineros artesanales, de “pequeña escala” y “subsistencia familiar” para “reconvertir” sus actividades a otras con el apoyo estatal, y desde ya les prohíbe la utilización de “químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros”.

La actividad minera en El Salvador estaba relativamente parada desde el 2008, cuando el presidente Elías Antonio Saca (2004-2009) estableció que no concedería nuevos permisos de extracción minera si no se realizaba un diagnóstico sobre el impacto en el medio ambiente y se promulgaba una ley que regulara al sector.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) aseguró hoy que el impacto que tendrá la prohibición de la minería en El Salvador será “poco significativo”, puesto que la aportación de este sector al producto interior bruto (PIB) entre 2010 y 2015 ascendió apenas al 0,3%.

La aprobación de la ley de prohibición total de la minería metálica ha estado precedida de un largo proceso en el que han jugado un papel determinante -para su aprobación- las organizaciones ambientalistas, de defensa de los derechos humanos e incluso de la Iglesia Católica. JEC

Fuente:http://www.lavanguardia.com/natural/20170330/421317896373/el-salvador-ley-prohibicion-mineria-metalica.html

El Congreso de El Salvador aprobó este miércoles una ley que prohíbe la minería metálica, por considerar que es una industria que crea impactos negativos al medio ambiente y a la salud de las personas.

«La presente ley tiene por objeto prohibir la minería metálica en el suelo y subsuelo del territorio de la República», señala el artículo 1 de la nueva normativa, aprobada con los votos de 70 de los 84 diputados.

La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica.

La aprobación de la ley se produjo en medio de fuertes presiones por parte de organizaciones ambientalistas, de defensa de los derechos humanos y de la iglesia católica que han exigido la promoción de una normativa contra la minería metálica.

A principios de marzo, la iglesia católica entregó al Congreso varios libros con más de 30.000 firmas de ciudadanos salvadoreños que se sumaban a los pedidos de prohibición de la minería metálica.

El diputado Guillermo Mata, del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), recordó que un estudio del ministerio de Medio Ambiente determinó que la minería metálica puede «incrementar la vulnerabilidad del territorio» y «atenta contra el medio ambiente y la buena salud de las personas».

Tras la aprobación de la ley, decenas de miembros de organizaciones ambientalistas que acudieron al Congreso portando carteles con mensajes como «no a la minería, sí a la vida», aplaudieron y gritaron vivas.

«Nos aseguramos la vida, nos estamos asegurando el bienestar de todo un país evitando el ingreso de una industria voraz y altamente contaminante», dijo a la AFP el director ejecutivo del ambientalista Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro.
En octubre del 2016, un tribunal de arbitraje del Banco Mundial dio la razón a El Salvador en un litigio de la empresa Pacific Rim Cayman, actualmente propiedad de la minera australiana-canadiense OceanaGold Corporation, que reclamaba al país centroamericano $250 millones por negarle un permiso de extracción en el 2009.

En esa ocasión, el organismo ordenó a la compañía pagar ocho millones de dólares por los costos del litigio y el martes pasado ordenó a la transnacional pagar también los intereses sobre esa deuda.

http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Salvador-prohibe-mineria-metalica_0_1624437640.html

La Asamblea Legislativa de El Salvador votará el jueves, durante la sesión plenaria ordinaria, una ley que prohíba todas las formas de explotación minera en el país centroamericano.

La ley, que debe ser aprobada por 43 de los 84 votos posibles, será sometida al pleno del Congreso tras ser discutida y aprobada por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Órgano Legislativo, que está integrada por diputados del oficialismo y de la oposición.

«Los 11 artículos de la ley fueron aprobados por unanimidad por los compañeros (diputados), por lo que la posibilidad que se apruebe el próximo jueves es una realidad», manifestó el parlamentario Guillermo Mata del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Entre las voces que se han pronunciado en el debate que puede poner punto final a las operaciones de mineras privadas como OceanaGold, se encuentra Carlos Padilla, gobernador de una importante provincia de Filipinas y quien dice que dicha trasnacional causó severos daños a los recursos naturales y a los indígenas de la zona. Él se encuentra en una serie de reuniones de alto nivel para mostrar el impacto de las operaciones mineras en su zona.

Mata destaca que la ley está fundamentada en la prohibición de toda actividad de exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos.
El ente rector de dicha normativa será el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía (MINEC) que será el responsable de la recuperación de regiones afectadas, agregó Mata.

El pasado 6 de marzo, la Iglesia católica, con esta propuesta, se unió al llamamiento de diversas organizaciones ambientales de El Salvador que en reiteradas ocasiones han pedido eliminar todas las formas de explotación minera en el país.

Según la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en América, después de Haití, con solo 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.

Un sondeo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) realizado en 2015 reveló que un 77 % de la población que vive en los municipios amenazados por la minería metálica exige al Gobierno de El Salvador tomar medidas inmediatas para prohibir dicha industria.

Fuente: http://www.telemundosanantonio.com/noticias/mundo/Congreso-El-Salvador-proyecto-de-Ley-contra-la-mineria-417338923.html

Legisladores están de acuerdo con el fondo de la ley, pero falta que lleguen a un consenso por los considerandos de ella. Aun así, existe la posibilidad de que se apruebe hoy durante la sesión plenaria.

Un acuerdo que da luz verde al fondo de la ley y que por lo tanto pone a los diputados en la misma línea para prohibir la exploración y explotación de la minería metálica en el país, además del uso de sustancias tóxicas como el cianuro, ha logrado la comisión de medio ambiente y cambio climático de la Asamblea Legislativa.

Que haya unanimidad en los artículos propicia el terreno para que a pulso se someta este día en la sesión plenaria la aprobación de la ley. Esto puede suceder si en el transcurso de la plenaria se convoca a la comisión para se pongan de acuerdo en los considerandos de la ley y emitan dictamen favorable, ya que es lo único que falta para cerrar el tema.

Los diputados resolvieron en tiempo récord la petición expresa que la Iglesia católica, junto a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y otras entidades, hicieron en diversas ocasiones.
La ley que pondría fin a que en El Salvador se permita la exploración y explotación minera consta de 11 artículos, que uno por uno fueron discutidos por los diputados, para no dejar vacíos y para evitar dar lugar a que en tiempo posterior el Estado salvadoreño fuera objeto de demandas.

“Hemos logrado conciliar posiciones de una ley que parece fácil, 11 artículos, pero al mismo tiempo todavía había voluntades que mover, pero hemos discutido los 11 artículos de la ley y prácticamente los hemos aprobado. Lo más importante es que ha habido un acuerdo unánime en la prohibición de la minería metálica, lo cual queda totalmente claro”, informó el presidente de la comisión y diputado del FMLN, Guillermo Mata.

Otro aspecto que los diputados tomaron en cuenta para proteger al Estado está el de que la ley sea de orden público, es decir, que tendría carácter retroactivo y los permisos o solicitudes que ha otorgado o estudia el Ministerio de Economía (MINEC) para explotación y exploración minera quedarían sin efecto.

“Para rematar esta posición (de prohibir) hemos dejado que se trate de una ley de orden público, lo cual significa que tiene carácter retroactivo”, dijo Mata.

En este sentido, el diputado y también miembro de la comisión pero por el partido GANA Francis Zablah consideró que es pertinente esperar a la próxima semana para que se someta a votación. –

Dice que han requerido un listado del MINEC en el que se les dé las solicitudes para exploración y explotación minera, y la empresa que las ha hecho, pues según se informó en la sesión de trabajo de la semana pasada, hay entre solicitudes hechas y permisos otorgados al menos 16 casos.

Zablah fue quien solicitó que la ley tenga orden público, pues permite salvedad de demandas. –

Fuente:http://www.laprensagrafica.com/2017/03/23/diputados-logran-un-acuerdo-para-prohibir-mineria-metalica

Tanto el gobierno e instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se han pronunciado en contra de la minería al igual que lo hizo la Iglesia Católica, universidades y organizaciones sociales.

Organizaciones pertenecientes a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica exigieron a la empresa  minera Pacific Rim/Oceana Gold, respete la voluntad del pueblo de no querer la minería metálica en el país y que pague los $8 millones que debe al Estado, junto con los intereses generados desde la fecha en que fue impuesta la sanción económica por CIADI.

Las organizaciones calificaron como “desesperada” la campaña que ha iniciado la empresa en el país sobre la “minería verde”, tras el rechazo de amplios sectores de la población, e instituciones.

Asimismo llamaron a los diputados de los partidos de derecha entre estos, GANA, PCN y ARENA a dar sus votos para la aprobación de la ley contra la minería metálica en el país.

Las exigencias surgen luego que se conociera que los partidos ARENA y GANA se comprometieron a aprobar la ley contra la minería que presentó la Iglesia Católica a través del arzobispo Monseñor Luis Escobar Alas, pero días después ambos institutos políticos manifestaron una postura contraria a la que se habían comprometido.

Además solicitaron al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, aprobar un decreto Ejecutivo que prohíba la minería, que mantenga su compromiso de rechazo a la instalación de este tipo de industrias y que no se deje chantajear por estas transnacionales.

Sobre este punto, el mandatario afirmó que si la Asamblea aprueba una ley contra la minería sancionaría el documento inmediatamente.

“Nosotros esperamos que la Asamblea Legislativa lo apruebe lo más pronto posible (el proyecto de ley en contra de la minería) y va a ser sancionado por mi persona, creemos que esa también es una urgencia para el país”, recalcó el gobernante recientemente.

Las organizaciones contra la minería aplaudieron el pronunciamiento hecho por el mandatario salvadoreño, quien se unió a las miles de voces que se han manifestado en contra de la exploración y explotación metálica en el país.

Tanto las organizaciones sociales como la Iglesia Católica han presentado sus propuestas de iniciativas de ley contra este tipo de industrias ante el Congreso, pero no han tenido eco entre los parlamentarios.

La última propuesta de ley fue la presentada por la Iglesia Católica, hace unas semanas, donde representantes de todas las fracciones políticas recibieron el documento y se comprometieron a estudiarlo y de ser posible aprobarlo antes de la Semana Santa, según lo expresó el propio presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos del partido GANA.

Los representantes sociales dijeron que continuarán manifestándose y pronunciándose contra los proyectos mineros en el país hasta que sea aprobada una normativa que prohíba este tipo de prácticas que no solo contaminan el medio ambiente, sino que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas y los animales.

Fuente:http://www.transparenciaactiva.gob.sv/exigen-a-empresa-minera-oceana-gold-respetar-voluntad-del-pueblo

La Mesa de Cambio Climático de El Salvador en seguimiento a los hallazgos más recientes en materia de cambio climático, bajo un enfoque de derechos y en relación al abordaje de la vulnerabilidad al cambio climático a nivel de territorios y gestión territorial:

Considerando que la minería metálica:

·      Es una industria contaminante, que utiliza en su proceso de producción grandes cantidades de sustancias químicas, como el cianuro, para la separación del oro y plata de las rocas, las cuales son extraídas en enormes cantidades del subsuelo junto a otros materiales, como metales pesados, causantes en muchos casos de enfermedades renales y de varios tipos de cáncer; y puede además generar el drenaje ácido de minas, es decir, la modificación del pH del agua. Los efectos anteriores vuelven el agua de cuerpos subterráneos y superficiales inservibles para la sustentabilidad ecosistémica y el consumo humano, agropecuario e industrial.

No es alternativa para mejorar las condiciones de vida de las personas, ni las comunidades ni la sociedad en general; pues lo que se ha constatado por el contrario en cualquier parte del mundo, son los daños ambientales, la conflictividad socio ambiental y la proliferación de la pobreza, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas, sistemas humanos y sectores socio-económicos ante las manifestaciones e impactos actuales y proyectados del cambio climático.

·      Es causante de desastres ambientales, como la experiencia vivida por la población que radica en la zona de la mina San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, la cual no debe repetirse en ningún otro territorio ni zona del país ni de la región centroamericana; y no podría haber adaptación al cambio climático en lugar alguno que se encuentre afectado por los impactos negativos de la explotación minera.

·      No debe ser considerada como alternativa de desarrollo, sino más bien una actividad ambientalmente no sustentable y una forma de continuidad del modelo global de «producción ilimitada, consumismo y desechos crecientes», asociado al acaparamiento de tierras, el extractivismo y la quema de combustibles fósiles que conlleva al agravamiento de la crisis climática actual.

·      Es incoherente con las objetivos de la restauración ecológica de ecosistemas y paisajes, que el país debería impulsar de manera idónea, y contraria al paradigma del “buen vivir”.

En dicho marco, la MCC-SLV se pronuncia al respecto, afirmando que:

Es importante y muy positiva la decisión tomada el pasado 10 de enero de 2017 por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en relación a iniciar la discusión sobre la prohibición de la minería metálica en nuestro país, abriendo así, las posibilidades de contar en el corto plazo, con una ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica en El Salvador.

·      Reconoce, comparte y acompaña la lucha de la población salvadoreña en contra de la minería metálica, sobre todo las expresiones organizadas de las comunidades en donde las empresas mineras pretenden realizar sus explotaciones, así como diferentes articulaciones nacionales como la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y otras manifestaciones a favor de la prohibición de la minería por diferentes actores y sectores sociales.

·      Es valioso el aporte de la Iglesia Católica Salvadoreña, la Fundación Cáritas de El Salvador y La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que no solo han presentado a la asamblea legislativa una nueva propuesta de ley que prohíba la minería metálica, sino que también se ha movilizado demandando la pronta discusión y aprobación de la nueva ley.

·      Se respete la demanda de la mayoría de la población salvadoreña que por diferentes medios de comunicación e instrumentos de medición de opinión pública, ha patentizado su rechazo a la minería metálica en nuestro país.

Finalmente, la MCC-SLV demanda que:

Se inicie efectivamente y de manera inmediata, la discusión de la prohibición de la minería  metálica en El Salvador en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, para emitir un dictamen favorable que sustente la aprobación en pleno de la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador, y obtener posteriormente la respectiva sanción por el Presidente de la República.

La Mesa de Cambio Climático de El Salvador, afirma su compromiso de continuar aportando de manera propositiva al Estado salvadoreño para contribuir a fortalecer el marco de políticas y la acción para enfrentar el cambio climático.

Adoptado en San Salvador, 17 de marzo de 2017

Fuente:https://www.scribd.com/document/342245963/Pronunciamiento-de-La-MCC-SLV-Ante-La-Prohibicion-de-La-Mineria-Metalica-en-ES-17Mar2017