El Salvador

EL SALVADOR CON DEUDA PENDIENTE HACIA EL CIERRE TÉCNICO DE MINAS

En el marco de los dos años de plazo que contempla la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES- y la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMÍN- dieron a conocer en una rueda de prensa que consideran que el gobierno salvadoreño tiene una deuda sobre el cumplimiento del cierre técnico de minas en el país.

El gobierno no ha mostrado públicamente “Propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los Guiriseros”, en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, explica un comunicado emitido a finales de abril. Al tiempo que advierte que tampoco ha presentado una propuesta para realizar el cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de 6 bocaminas en el Divisadero en Morazán y otras 9 bocaminas en la mina San Sebastián, las cuales según la ley le corresponde hacer en los dos primeros años de vigencia de la ley.

Aunado a lo anterior, deja conocer la publicación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe realizar el retiro de los contenedores con sustancias químicas toxicas que por años han permanecido en la mina San Sebastián.

A pesar que El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica aún persiste la amenaza de la reversión de la misma debido a que no está elevada a rango constitucional, así mismo lo sigue siendo la minería transfronteriza en Guatemala y Honduras, países con los cuales compartimos las aguas de las cuencas hidrográficas del río Lempa.

Una de las controversias relacionadas con el agua es el proyecto de la mina Cerro Blanco que pone en riesgo la salud de ambas naciones centroamericanas y la amenaza de contaminación del río Ostúa y el Lago Güija, a causa de la explotación minera de la empresa Bluestone Resources Inc. en Asunción Mita, Guatemala.

Para las organizaciones que reclaman se haga efectivo este compromiso, es esencial que El Estado establezca mecanismos de gobernabilidad dentro de un marco de colaboración entre los países El Salvador y Guatemala, para ello es necesario la apertura de un tratado Binacional sobre aguas transfronterizas para prohibir la operación de la mina Cerro Blanco en dicha nación vecina y garantizar la sustentabilidad del río Lempa.

Fuente: http://www.radiotemblor.org/?p=14536&fbclid=IwAR1SxtS0z9h9faLNR5gvIm–eHzYt8-nmvkkJ36oYv98QZyt_VzEFTLl2vo

El Salvador

«Nosotras nos dimos cuenta de que la minería iba a contaminar nuestra forma de vida»

La salvadoreña relata, esta tarde en Marienea, cómo su lucha y la de sus compañeras acabó con una práctica empresarial muy contaminante.

Vidalina Morales será esta tarde la protagonista de la última sesión del Ekozinemaldia en Basauri. Se trata del festival de cine y deuda ecológica organizado por Ekologistak Martxan, Ingeniería sin Fronteras y Sagarrak, que hoy, a las 18.30 horas en Marienea, ofrece el documental «No tenemos miedo». La cinta, de hora y media de duración, narra la lucha de las comunidades del norte de El Salvador contra la explotación minera. A la proyección asistirá esta mujer, protagonista del film y lideresa comunitaria de la resistencia a la minería en el departamento de Cabañas. En pantalla su lucha y la de tantas otras mujeres salvadoreñas en defensa del territorio y de los Derechos Humanos.

–¿Cómo fueron los inicios de la lucha contra la minería?

–En 2004, las comunidades ya combatían contra la implementación de proyectos dañinos para el medio ambiente como un vertedero de basura a cielo abierto o un incineradora de desechos hospitalarios que iban a ir situados a la orilla de nuestro río principal.

–¿Entonces llegaron las minas?

–Eso es. Nos dimos cuenta de que iba a contaminar nuestro entorno y forma de vida.

Las mujeres fueron las primeras en alzar la voz.

–Nos apropiamos de la lucha porque, a medida que trascurría el tiempo, nos íbamos dando cuenta que los impactos de la minería metálica nos afectaban directamente a nosotras.

–¿De qué manera?

–Somos un país en el que muchos hogares no disponen de agua potable y la mina iba a gastar cantidades inmensas en su producción. La falta de agua nos repercutía porque íbamos a tener que disponer de más tiempo para poder conseguirla. En las reuniones quienes participábamos activamente siempre éramos las chicas.

–Su lucha valió la pena. En marzo de 2017, El Salvador aprobó una ley que prohibe la minería metálica.

–Fue un día histórico.

–¿Cómo lo recuerda?

–Estuve desde los inicios de la lucha y tuve sentimientos encontrados. Me sentía feliz, pero a la vez triste. En el proceso de lucha hubo violencia, amenazas e incluso asesinatos. De hecho, una mujer que conocía muy de cerca fue asesinada estando embarazada de 8 meses.

Su lucha es inspiradora.

–Creo que sí, aunque debo confesar que cuando la iniciamos nos gobernaba un partido de izquierdas que se posicionó en contra de la minería. Tuvimos suerte, porque cuando hay gobiernos ‘bondadosos con las empresas’ lo único que les interesa es quedar bien con ellas.

–¿Un desafío contagioso?

–Sí. En Guatemala han logrado impedir el desarrollo de proyectos mineros en sus comunidades, pero también ha sido un proceso que les ha llevado a la militarización, a la violencia, a la criminalización. Ha habido muertes también.

Un largo camino

–Pese al logro con la minería, usted no ha pasado de combatir.

–Hoy por hoy luchamos por una ley que permita el derecho al agua como un bien público en calidad y cantidad. En la última década se ha fortalecido la batalla ambiental en El Salvador pero aún queda un largo camino.

–¿Cuáles son los principales problemas que afrontan?

–Nadamos a contracorriente contra las empresas privadas que ejercen presión sobre el gobierno para que se apruebe una ley de privatización del agua.

–Su vida no ha sido tranquila precisamente.

–En los años 80 sufrimos una guerra civil y la comunidad en la que yo vivo fue expulsada de su entorno y tuvo que trasladarse a Honduras. Las condiciones de vida por aquel entonces eran muy precarias. No había acceso al trabajo y había mucha deficiencia en los servicios públicos. Hubo muchas protestas en la calle y el gobierno reaccionó criminalizando y matando muchas personas.

–¿Cuándo regresaron?

– Tras siete años en el exilio, la comunidad pudo volver a Santa Marta y empezamos desde cero, pero eso sí, con organizaciones e instrumentos que habían creado durante ese periodo de tiempo. Ahora Santa Marta es una comunidad que ha sido reconocida por su labor a nivel nacional por su lucha y por toda su historia.

 

Fuente:https://www.elcorreo.com/bizkaia/nervion/dimos-cuenta-mineria-20190329100059-nt.html

El Salvador

Cinco factores clave para prohibir la minería en El Salvador

Luego de una larga lucha en la que participaron comunidades, universidades, iglesias, organizaciones comunitarias y ambientalistas, el 29 de marzo de 2017 el Congreso de El Salvador, aprobó la “Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, que prohíbe la exploración, extracción y el procesamiento de minerales en su territorio.

En medio del modelo económico que privilegia las políticas en Centroamérica, la Ley de Minería en El Salvador se convierte en un rayo de esperanza para las comunidades que luchan en contra de proyectos extractivos.

Lucha

Aunque la lucha que llevó a la prohibición comenzó entre el 2004 y 2005, todo el movimiento anti-minería en esa nación tiene sus orígenes a inicios del siglo XX, en el año 1960, cuando varios sectores del país paralizaron los trabajos de extracción minera que se daba en aquella época. Sin embargo, en el 2001, el expresidente Francisco Flores, dio permisos de exploración a la compañía Pacific Rim, que posteriormente fue comprada por Ocean Gold.

Para Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas(UCA), es un acontecimiento histórico para toda la región. Lo inédito de El Salvador, es que se logró prohibir la minería en todas sus modalidades (cielo abierto, subterránea, industrial, artesanal), también en todas sus fases (exploración, explotación, procesamiento).

Claves

 A criterio de Serrano, fueron cinco las claves que permitieron prohibir la minería en El Salvador. La primera está en la oposición a la actividad. Es decir, el argumento más importante para oponerse, fue la constatación empírica y científica de que la minería de hoy sigue siendo tan dañina como la de antes. Además de comprobar que no es factor de desarrollo económico para los países, y que no es factor de mejorar el nivel de vida de la población.

Explica que desmontaron la campaña de “minería verde o minería responsable”, impulsada por las empresas extractivas, que buscaban hacer creer a la población que la minería no tenía impacto negativo en la población. Esa campaña fue gradualmente desmontada con estudios de percepción, impacto en la salud y económica de la población, realizados por diversas universidades.

La segunda clave, según Serrano, fue la conciencia y organización de la población. “Sin la validación social es difícil ganar una lucha con esas características. El mayor mérito lo tienen las organizaciones y comunidades afectadas, sobre todo en Chalatenango y Cabañas.

Desde la UCA, en el 2007 se realizó un sondeo de opinión entre la población de los 23 municipios afectados por la minería. En esa encuesta el 62.5% consideró que el país no era apropiado para la minería, y el 67.6% dijo que los proyectos mineros contribuirán poco o nada con el desarrollo económico. La encuesta se realizó nuevamente en el 2015, y el 79% dijo que el país no era apropiado para la minería, 76% que los proyectos mineros no generaban desarrollo, y el 77% dijo que el Estado debía prohibirlo”.

Serrano dice que los datos de la encuesta, no solo reforzaron la lucha, sino también el litigio internacional.

Una tercera clave fue la conjunción y articulación de diversos actores. La iglesia fue la primera en sacar un comunicado contra la minería en el 2007. Fue fundamental la participación del arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Las organizaciones, iglesias evangélicas y sociedad civil, también fueron importantes, además de los actores internacionales.

La situación medioambiental en El Salvador es crítica, con respecto a los demás países centroamericanos.  Es el segundo país más deteriorado ambientalmente del continente. De los 356 ríos que posee, el 90% no tiene agua para consumo humano, y el 10% restante tiene que ser potabilizado con métodos convencionales.

En el 2009, la empresa Pacific Rim, entabló una demanda internacional contra el Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y en octubre del 2016 falló a favor del Estado Salvadoreño. En ese momento, el Fiscal General dijo que era momento de legislar en materia de minería y fue allí donde las organizaciones aprovecharon para presentar la propuesta de ley.

El último punto, pero no menos importante, es el tema de las inversiones. Serrano, asegura que los intereses en juego, en su mayoría no eran de capital nacional, sino transnacional.  Y eso hizo posible que diputados de todos los partidos políticos votaran a favor de la nueva ley.

El académico considera importante que las organizaciones y la población de Centroamérica busquen articular esfuerzos para hacer frente común contra los proyectos extractivos.

Nuevas Luchas

 Ahora mismo en El Salvador se libra una batalla contra la privatización y el reconocimiento del derecho humano al agua. La gran empresa privada argumenta que no quiere privatizar, sin embargo, quieren ser ellos quienes administren el servicio.

El próximo 27 de septiembre realizarán una movilización que será encabezada por miembros de diferentes iglesias. Se aprovechará para presentar más de 100 mil firmas con las que se exigirá a los diputados la aprobación de una Ley de Aguas, que favorezca a toda la población de El Salvador, y no a una pequeña clase económicamente poderosa.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/cinco-factores-clave-para-prohibir-la-mineria-en-el-salvador/

El Salvador

La privatización del Agua el primer escalón para el regreso de la minería

Las alarmas en torno a un posible regreso de la Minería en El Salvador se encuentra sobre la mesa. Y es que el candidato a la presidencia por el partido ARENA Carlos Calleja a recibido el respaldo de magnates de la Minería.

Entre ellos se encuentra Frank Giustra accionista mayoritario de la empresa que demando a El Salvador por $250 millones de dólares. Esto luego que el gobierno avalara una ley para la no explotación minera en nuestro país.

Oceana Gold ahora es Bienestar, S.A de C.V un nombre que se contrapone con su finalidad minera. Y es que en todo el mundo se ha buscado parar la minería de metales, debido a los serios daños ambientales.

Para algunos entendidos en la materia, nuestro país es una mina de la cual se puede sacar mucho provecho explotando sus recursos.

Movimientos para la protección del medio ambiente han denunciado esta posible pretensión.

En el 2015 Giustra junto a Carlos Slim el hombre más acaudalado de México y Bill Clinton ex presidente de los Estados Unidos visitaron El Salvador. La visita de los magnates fue vendida como una oportunidad para los agricultores que se beneficiaron de la ayuda de la fundación Clinton Giustra Enterprise Partnership.

Cabe destacar que el poder económico y político de los tres hombres sirvió para catapultar la candidatura de Calleja. Pese a que en su contienda con el millonario Javier Siman parecía que no daba el ancho, gano las internas. Y de esta manera se convirtió en el candidato oficial a la presidencia por el partido ARENA.

Para muchos la privatización del agua en vital para el regreso de la minería dado que se daña el medio ambiente y con ello el agua. Pero si el Agua está en manos privadas ese problema se saca de la ecuación.

Pese a todo el partido ARENA sigue luchando férreamente para promover y llevar a la realidad la ley del agua que ellos proponen.

Fuente:https://diariolavoz.news/la-privatizacion-del-agua-el-primer-escalon-para-el-regreso-de-la-mineria/

El Salvador

Luis Parada: La empresa minera OceanaGold aún sigue operando en el país

El 29 de marzo del 2017 los diputados de Asamblea Legislativa votaron de manera mayoritaria para prohibir todo tipo de minería de oro y otros metales. Convirtiendo a El Salvador como un referente en imponer un veto a la minera de metales.

El abogado, Luis Parada, de la firma Foley Hoag, en Washington, quien defendió a El Salvador en la demanda interpuesta por Pacific Rim ante el CIADI, compañía minera que fue absorbida por OceanaGold, explicó en sus redes sociales que la compañía minera que demandó a El Salvador por $250 millones, aun continúa en El Salvador pero con el de nombre de Bienestar, S.A de C.V

Oceana Gold Corporation, una empresa transnacional que en ese momento tenía demandado al Estado salvadoreño, ante un tribunal internacional por casi 300 millones de dólares, por no permitirle explotar en nuestro país un yacimiento minero en cuya exploración ya había invertido.

Fuente:http://ultimahora.sv/luis-parada-la-empresa-minera-oceanagold-aun-sigue-operando-en-el-pais/

El Salvador

La minería metálica amenaza los bienes hídricos en El Salvador

Las problemáticas ambientales son cada día más comunes. La tendencia es global, pero se ve exacerbada en aquellos países más pobres o vulnerables. En este sentido, podemos decir que las condiciones socioambientales hacen que El Salvador sea hoy un país insustentable.

El Salvador ocupa un territorio de un poco más de 20 mil kilómetros cuadrados fuertemente antropizado, con un promedio de 300 personas por kilómetro cuadrado, la concentración más alta en Latinoamérica. Además, ha optado por un modelo de desarrollo que ha dañado y daña gravemente los ecosistemas.

A lo anterior se suma que es el segundo país más deforestado en Latinoamérica. Tiene una perdida acelerada de la cobertura boscosa y cambio en el uso del suelo; el bosque primario se redujo a 21 mil hectáreas, que se concentran en las áreas naturales protegidas y en terrenos privados en la zona norte del país. El Salvador hace también frente a cambios de uso en el bosque, por efecto de plagas como la roya y el gorgojo descortezador de pino, además de la destrucción de bosque por venta ilegal de madera, construcción de urbanizaciones ilegales y monocultivos.

Estas cuestiones provocan que se altere el ciclo del agua y, por tanto, un menor acceso a este bien natural y la menorcalidad del agua de la región centroamericana. Hay muchos conflictos debido al uso inequitativo e insustentable de los bienes naturales, conflictos que se evidencian de manera clara con el agua.

Relacionados con la cuestión del agua encontramos otros problemas, como la expansión desmedida y poco regulada del monocultivo de la caña de azúcar, de urbanizaciones, de industrias que sobre explotan el agua, contaminan y hacen un uso inadecuado del suelo, afectando también la producción campesina de alimentos.

El papel del gobierno

Estos hechos se ven agravados por la débil institucionalidad para la protección del ambiente. A pesar de contar con algunas leyes orientadas a su protección, estas aplican muy poco debido a la falta de capacidad del Estado en el seguimiento y vigilancia de los bienes.

Existen varios cuerpos normativos que de alguna manera regulan parte de lo que a agua se refiere: ley de riesgo y avenamiento, ley de áreas naturales protegidas, ley de administración nacional de acueductos y alcantarillados, etc.

Parte del problema es que no existe un cuerpo legal que de manera integral regule o gestione lo vinculado al agua. En ese sentido, en el año 2006 se presentó la primera propuesta de ley general de agua a la asamblea legislativa, propuesta que fue actualizada en 2011. El gobierno redactó su propuesta en 2012, dando inicio a su discusión, y, sin embargo, todavía hoy no se cuenta con una ley general de agua. Para dificultar más la cuestión, en junio del año pasado varios partidos de derecha presentaron una propuesta de ley con fuertes contenidos.

Luchas por la prohibición de la minería metálica

Esta fragilidad ambiental, institucional y legal hace que existan muchas amenazas producto de las actividades humanas y específicamente de empresas e industrias que atentan contra el ambiente. La minería metálica es una de las industrias más contaminantes a nivel mundial. En El Salvador ya en décadas pasadas se desarrollaron proyecto mineros que dejaron serios daños ambientales, proyectos que fueron cerrados debido a que la concentración de oro en el suelo no era la suficiente para reportar ganancia con el tipo de métodos utilizados en esa época para la extracción. En ese momento las empresas cerraron actividades y se fueron del país, llevándose las ganancias y dejando la contaminación y destrucción.

Hacia el año 2000 aumentó de valor el precio internacional de la onza de oro y las empresas mineras a nivel mundial prestaron de nuevo atención a aquellos países que en el pasado habían tenido proyectos de exploración y explotación minera. Se asumió que con la nueva tecnología de la que se disponía se podrían obtener grandes ganancias al extraer el oro, aunque este tuviera poca concentración en el suelo.

No se tomaron en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y ecosistémicas ya narradas que afectan el país y por las cuales la minería metálica vendría a ser el golpe de gracia a los medios de vida y ecosistemas en el territorio. Entre los diversos impactos ambientales que provocan la actividad minera, el uso masivo del agua y su contaminación es uno de los más sentidos.

Según investigaciones realizadas por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en cada proyecto minero que se desarrolle a nivel nacional se estarían utilizando 900 mil litros diarios de agua. El proceso minero dejaría un agua altamente contaminada con metales pesados, fruto del drenaje ácido de minas. Esto, en un país que ya indicamos que tiene muy poco acceso al agua y en pésimas condiciones de calidad, sin duda no es algo nada racional.

La población a nivel comunitario y nacional vio de manera clara el peligro de la actividad. Si es cotidiano que muchas comunidades no tengan agua para consumo humano doméstico o existan conflictos por permisos de uso para riego, violentando el acceso al agua de comunidades enteras, o altos índices de enfermedades gastrointestinales y renales atribuidas a la mala calidad del agua, era lógico esperar que las empresas mineras no iban a tener un camino fácil con una población tan sensible y violentada en aspectos vinculados al ambiente y al agua.

Sin duda, el proceso de lucha no fue fácil en los doce años desde que se presentó la propuesta de ley de prohibición de la minería metálica. Se dieron amenazas y asesinatos de líderes y lideresas comunitarias, así como campañas desinformativas de las empresas mineras argumentando que se podía desarrollar una “minería verde” o responsable con el ambiente. Nada más alejado de la realidad y de la información técnica con la que se contaba. El Estado fue víctima de demandas internacionales alegando que al no permitir la explotación minera estaba expropiando las ganancias futuras de las empresas. Hubo un fuerte cabildeo de las empresas mineras con el gobierno y con los diputados y diputadas para que les permitieran desarrollar estos proyectos de muerte.

Pero por encima de todos los obstáculos y gracias a la voluntad decidida de las comunidades, después de muchos años de lucha se logró, el 29 de marzo del año 2017, la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica. El Salvador es el único país en el mundo que tiene una prohibición total a esta actividad.

Sin embargo, como ya es una realidad común en El Salvador, el solo hecho de tener una ley no garantiza la tutela efectiva de un bien o derecho a proteger. Este es el motivo de que la lucha continúe, para implementar adecuadamente los contenidos de la ley. Que no ocurra como con otras leyes que, a pesar de estar vigentes, no son positivas en la medida que no se monitorean y se les da seguimiento a su debido cumplimiento.

Hay que tener en cuenta que la propuesta fue aprobada con 70 votos de los diputados y diputadas de la asamblea legislativa. Pero lo necesario eran 43 votos, que es la mayoría simple, y con la misma cantidad de votos se puede derogar.

Esta acción es muy probable, debido a que en las pasadas elecciones de diputados y alcaldes la derecha se vio muy fortalecida. Además, el candidato del principal partido de derecha es un aliado de empresas minería a nivel internacional. Por esto, ahora sin duda el trabajo es socializar con la población los contenidos de la ley de prohibición, buscando que desde las comunidades se garantice su cumplimiento, y, a la vez, exigir al Estado en general que no retroceda en este logro.

Minería transfronteriza

A todo lo narrado hay que sumar una amenaza que no es nueva, pero que a través de los años se ha concretizado: el desarrollo de proyectos mineros en las zonas trasfronterizas de El Salvador, específicamente con Guatemala y con Honduras. Estos proyectos, por estar en cuencas transfronterizas o compartidas, tendrán graves impactos en los bienes hídricos. Destaca el caso de la cuenca del río Lempa, que se comparte con los países ya mencionados. Se considera el 45 por ciento del territorio de El Salvador, es el 60 por ciento de su agua superficial. De este río dependen para consumo humano más de cuatro millones de personas.

El Salvador es dependiente de este río, por lo que su protección es un aspecto de seguridad nacional. Si el río Lempa fuese contaminado o sus aguas disminuyeran drásticamente de caudal a causa de la sobre explotación por empresas mineras, sería un escenario de muerte para la población y los ecosistemas. No se quiere llegar a este escenario, evidentemente, por lo que diversas comunidades y organizaciones están trabajando fuertemente, a nivel local, con organizaciones e iglesias en las zonas transfronterizas, buscando generar articulación para enfrentar a las empresas mineras trasnacionales. También se realiza cabildeo con actores gubernamentales en la búsqueda de soluciones a nivel de políticas públicas a esta problemática que atenta el derecho de la población a un ambiente sano.

Las soluciones a estas y muchas otras problemáticas ambientales siempre deberán estar fundamentadas en la base, en lo local, en las comunidades, que son el mejor símbolo de la resistencia. En la medida en que estas se fortalezcan, organicen y articulen, se podrá avanzar en la construcción de un El Salvador mas justo y ambientalmente sustentable.

Fuente:http://www.revistapueblos.org/blog/2018/06/06/la-mineria-metalica-amenaza-los-bienes-hidricos-en-el-salvador/
El Salvador

El 7 de Junio: Décima Octava Caminata Ecológica

La Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación JPIC- OFM El Salvador junto a organizaciones ambientalistas, religiosas, educativas y

​ de​

jóvenes de El Salvador, le invita a participar en la «Décima Octava Caminata Ecológica», en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que lleva por lema: «El Pueblo en Resistencia por el Derecho al Agua, Tierra y Soberanía Alimentaria»

​.​
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, se suma nuevamente a esta lucha para demandar de la Asamblea Legislativa la ratificación del Derecho Humano al Agua, por una Ley de Soberanía Alimentaria y la Tierra.
El Salvador

Demandamos cumplir Ley de Prohibición de la Minería / Mesa frente a la Minería

Estimadas, estimados:

En el marco del Día de la Tierra, y a las puertas de la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM difunde posicionamiento en el cual demanda compromiso de las y los nuevos legisladores con el tema ambiental, así mismo demanda del Estado cumplir con la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su Reglamento.

En el marco delDía de la Tierra, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM, reitera
el llamado al Estado para que actúe en defensa de los bienes naturales y comunes, no cediendo a presiones de sectores empresariales y grupos económicos, que profundicen aún más las deplorables condiciones ambientales en las que se encuentra el país.

Un ejemplo de lo anterior, es la solicitud de reforma al Artículo 105 de la Constitución de la República presentada a iniciativa de los partidos ARENA, GANA y PDC, sobre el límite de posesión de tierras rústicas por considerar que lo establecido en la Carta Magna, es un obstáculo para las inversiones productivas y el crecimiento económico. Estos institutos políticos, reconocieron que hay presiones de ciertos inversionistas que desean ampliar sus terrenos.

La Constitución de la República, establece que la extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica, no podrá exceder de 245 hectáreas. La derecha ha argumentado que a casi 40 años de la reforma agraria al limitar el derecho de adquisición de tierras rústicas, se restringe el trabajo agrícola, determinante para el crecimiento económico, la generación de empleos y la seguridad alimentaria.Otro caso, es la denuncia contra el proyecto urbanístico “Las Victorias” ubicado en Nahuilingo, Sonsonate, que representa un peligro para el Río Ceniza por el vertido de aguas residuales, además de la destrucción del Sitio Arqueológico Tacuzcalco, el cual fue nombrado en 1997 como patrimonio cultural por tratarse de un centro ceremonial indígena.

Se trata de un complejo habitacional, que ha irrespetado los permisos otorgados por el Ministerio del Medi oAmbiente. La empresa Fénix S.A. de C.V. a cargo de este proyecto, utiliza la necesidad del empleo para que sus trabajadores demanden del Juzgado Ambiental de Santa Ana, suspenda las medidas cautelares decretadas para detener la construcción de dicho proyecto.

Igual ha ocurrido con el sitio arqueológico Chuchucato, ubicado entre los ríos Talnique y Chuchucato, en el valle de Zapotitán, donde existe un interés de empresas por construir infraestructura atentando contra los sitios arqueológicos, contra la naturaleza, y los ríos.

No basta con presentar iniciativas a favor del medio ambiente y aprobarlas si estas no se cumplen, como es el caso de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su Reglamento, que ya tiene un año desde aquel histórico día, y no se ha hecho efectiva en disposiciones claves como: la remediación ambiental, los cierres técnicos de las minas, y construir alternativas económicas para las familias que sobreviven de la minería artesanal, que puedan aliviar su situación económica.

En este último aspecto, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica señala en su Artículo 2, que las familias que subsisten de la minería artesanal tienen un plazo de 2 años, para que se dediquen a otra actividad productiva con el apoyo del Estado. Es decir, que en abril del 2019, no debe existir minería artesanal en el país, pero no hay avances para acompañar a las familias “guiriseras” , como se les conoce.
A la Mesa le preocupa además, que pese a la prohibición de la exploración y explotación de minerales, tanto a cielo abierto como a nivel subterráneo, la transnacional Oceana Gold continúa instalada en los territorios de Cabañas, esperando a que la nueva Asamblea Legislativa revierta la Ley y la voluntad de las y los salvadoreños de rechazar este tipo de industrias a gran escala, por su impacto negativo en el medio ambiente, principalmente en el agua.

La última hazaña de esta empresa minera, es revivir su gastada campaña de la “minería verde” en un intento más, por hacer retroceder la decisión tomada por todos los partidos políticos representados en la saliente Asamblea Legislativa. Dicho sea de paso, la legislatura que esta por terminar su periodo, deja varios temas vitales pendientes como: La Ley General del Agua, tal como lo piden las comunidades y organizaciones ecologistas, la Ley de Soberanía Alimentaria, el tema de agrotóxicos y otros.

En el Día de la Tierra: Demandamos Cumplir la Ley de Prohibición de la Minería Metálica

Comunicado de Prensa

La conmemoración del Día de la Tierra, ocurre a pocos días de que tome posesión la nueva Asamblea Legislati-
va, electa el pasado 4 de marzo. La Mesa denunció durante la campaña proselitista, que las plataformas legisla-
tivas ofertadas a la ciudadanía por los partidos políticos, no contemplaban el componente ambiental como una

prioridad para los próximos 3 años.
Ante lo antes expuesto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador:
I. Demanda de los diputados y diputadas que asumirán funciones el 1 de mayo próximo, asumir el compromiso

de no derogar ni modificar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, pues hay una decisión firme de la pobla-
ción de rechazar este tipo de industrias, expresada en distintas consultas municipales y encuestas de opinión.

II. Exigimos nuevamente al Estado salvadoreño, implementar efectivamente la Ley de Prohibición de la Minería
Metálica, dando cumplimiento al Artículo 2, que hace referencia a la minería artesanal, a los cierres técnicos y la
remediación ambiental.
III. A la empresa Oceana Gold que suspenda su engañosa campaña, y respete la voluntad de El Salvador de
no explotar oro y plata.

IV. La nueva Asamblea Legislativa debe responder a las necesidades de la población aprobando una Ley Ge-
neral de Agua, tal como la proponen las comunidades y organizaciones ambientalistas, así como aprobar una

Ley de Soberanía Alimentaria y prohibir los agrotóxicos.
V. Pedimos al Estado no dejarse presionar por sectores empresariales y de grupos económicos, que buscan
generar ganancias a costa de profundizar la destrucción de los recursos ambientales que todavía posee el país.
VI. A las comunidades y movimiento social de todo el país, estar alertas sobre cualquier intento de violaciones

contra los derechos humanos a la vida, al agua, al medio ambiente sano, a la soberanía de los pueblos, y a re-
afirmar el compromiso de defender el legado de nuestros compañeros y compañeras ambientalistas asesinados

en Cabañas: Marcela Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto y su bebe no nacido.

San Salvador, 23 de abril de 2018
Contacto de Oficina: 2236-1826

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Comunicado de Prensa

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador

Fuente:https://es.calameo.com/read/001825566186080b9434e

 

El Salvador

Ambientalistas salvadoreños temen derogación de ley contra la minería…

Organizaciones ambientalistas de El Salvador instaron este miércoles a prohibir constitucionalmente la minería metálica ante el temor de que el Congreso, que desde mayo estará controlado por la derecha, derogue una ley en ese sentido aprobada hace un año.Organizaciones ambientalistas de El Salvador instaron este miércoles a prohibir constitucionalmente la minería metálica ante el temor de que el Congreso, que desde mayo estará controlado por la derecha, derogue una ley en ese sentido aprobada hace un año.

«Que la prohibición de la minería sea elevada a rango constitucional para garantizar la sustentabilidad ambiental de este país» es la principal demanda que plantearon siete organizaciones defensoras del medio ambiente en un comunicado.

El Salvador se convirtió el 29 de marzo de 2017 en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica, lo cual incluye actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento de metales en su territorio, de 20.742 km2 y 6,6 millones de habitantes.

En los comicios legislativos del pasado 4 de marzo, la izquierda que respaldaba la lucha contra la minería perdió la llave en el Congreso unicameral de 84 escaños al obtener solo 22 diputados. Desde el 1 de mayo y durante tres años la derecha tendrá la mayoría.

«Los cambios recientes en la coyuntura política del país podrían generar condiciones para la derogación de la ley contra la minería», advirtió Bernardo Belloso, del directorio de las organizaciones no gubernamentales antiminería.

La ley de prohibición minera podría ser derogada con mayoría simple de 43 votos en el Congreso y los partidos de derecha cuentan con los 56 votos necesarios para revocar un eventual veto presidencial.

«Vemos que la ley antiminería está en peligro, si todos los partidos de derecha están en la disposición de derogar la ley, lo más seguro es que tengamos explotación minera», sostuvo el ambientalista.

Las alarmas de las agrupaciones ambientalistas se encendieron a propósito de la promoción de la llamada «minería verde», que una de las compañías mineras inició luego de que partidos de derecha obtuvieron mayoría legislativa en las elecciones del 5 de marzo.

Durante sus sucesivos gobiernos entre 1989 y 2009, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) concedió permisos de exploración minera.
«La minería verde no existe, es una campaña para dar mala información a la población», aseguró Belloso.

Fuente:http://acafremin.org/es/noticias-regionales/el-salvador/222-ambientalistas-salvadorenos-temen-derogacion-de-ley-contra-la-mineria

El Salvador

“Minería verde es simplemente materia de mercadeo”: Miguel Rivera (ADES)

A nueve años del asesinato de Marcelo Rivera, su hermano, Miguel expresó su preocupación ante la ola publicitaria a favor de la “minería verde”, y el contexto político electoral que favorece a la derecha y en especial al partido ARENA, tras los resultados electorales del 4 de marzo.

“La verdad es que nosotros como familia, como compañeros de organización ambiental, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para defender el territorio, porque todavía tenemos yacimientos de oro en Cabañas y mientras esto sea así, las mineras transnacionales serán amenaza latente”, opinó.

Miguel Rivera trabaja en ADES, Santa Marta, pero también dedica parte de su tiempo, a manera personal, para apoyar procesos organizativos en San Isidro, Cabañas, creando una “sociedad en resistencia”, de este y otros temas habló en exclusiva a Diario Co Latino.

– Cabañas fue golpeado por la minería y cinco ambientalistas asesinados fue el saldo final. ¿Qué piensas de un nuevo intento de las mineras transnacionales?

Así como Marcelo, mi hermano, Ramiro Rivera y Dora Sorto, que tenía su hijo en su vientre, merecen ser revindicados y honrar sus memorias, porque entregaron sus vidas en la lucha por la defensa del medioambiente, que es algo justo, tenemos que trabajar de nuevo y fortalecernos para enfrentar estas nuevas amenazas.

Si los políticos tuvieran un poco más de sentido común, estarían claros que no se puede contaminar la poca agua del territorio nacional. Asumir también que habrá problemas de contaminación irreversibles y que todas estas acciones al final atentan al derecho de una vida digna de la población que dicen representar, porque la gente votó por ellos, no han sido puestos por sectores de poder.

– ¿Consideras una amenaza a la clase política de la derecha?

Realmente la historia en El Salvador ha sido lo contrario a una clase política proba y que desee trabajar por el país. Tenemos a esta clase política que está buscando recursos para financiarse sus campañas y llegar a enquistarse en las estructuras de gobierno y políticas, y se transforma en situaciones donde las voluntades se venden como en un mercado.

– ¿Crees que la visita y reunión de Frank Giustras y Carlos Slim, magnates de las minerías, y el expresidente Bill Clinton con el virtual candidato del partido ARENA Carlos Calleja, es amenazante?

Sí, hemos visto esa visita de gente de renombre y poder político, de los señores Giustras, Slim y el expresidente Clinton, y estamos claros, por las noticias generadas en investigaciones periodísticas, que estas personas financian a políticos alrededor del mundo, para llevar sus proyectos mineros tranquilamente, sin ninguna oposición.

– ¿Por qué una amenaza latente?

Recuerdo que ellos vinieron en el marco de estar en proceso de identificar un cambio de posibilidades y alternativas de desarrollo económico para Cabañas en El Salvador.

Y en ese mismo ámbito la Fundación El Dorado (Pacific Rim/Oceana Gold) cambia su razón social de extracción de metales, para convertir sus objetivos a proyectos sociales de emprendedurismo a nivel de país, sin mayores explicaciones.

Todo esto en un contexto donde existe una Ley de Prohibición a la Minería, y que por consecuencia no le permitiría a las mineras ni a sus proyectos sociales seguir vigentes en el país. El Estado falló, al final esto se convierte en una amenaza, porque las mineras siguen sus objetivos con su “lobby”, inyectando fondos a figuras políticas que llegarán a gobernar.

– ¿Continúa Oceana Gold en San Isidro, Cabañas?

Allá en Cabañas no se habla de Pacific Rim u Oceana Gold, se habla de Minerales Torogoz, haciendo referencia al ave nacional, tratando de borrar rastros de las transnacionales, como “tropicalizando” su accionar en los territorios y vienen con el impulso de la “minería verde”.

Claro, la población no se dejó sorprender, la gente está atenta y tiene una capacidad de inteligencia firme y ha respondido rechazándola.

– ¿Qué es esto de minería verde?

La minería verde no existe, si buscas en el Internet e ingresas con cualquier motor de búsqueda te encuentras con una gran cantidad de estudios e investigaciones que dejan claro que los conceptos de la minería verde, minería integral o responsable… es toda una parafernalia, es materia de “mercadeo”. Más parece una forma de encubrimiento para llevar a cabo proyectos que están a 90º grados del concepto de minería verde, y el concepto que tratan de vender como proceso amigable con el medioambiente.

– ¿Qué valoración haces frente a la coyuntura política de país?

Creo que el contexto político que enfrentamos a unos meses en la Asamblea Legislativa y luego en el 2019 no es nada alentador. Solo recuerdo que el día que aprobaron la ley contra la minería, algunos diputados del partido ARENA se salieron para no votar por la prohibición. Son diputados con más poder económico e influencia política, y no votaron para no aparecer como que están en contra de muchos proyectos que apoyan realmente.

Recordemos, los empresarios quieren imponer sus proyectos a costa de lo que sea, y nosotros como población organizada estaremos ahí para enfrentarlos.

Fuente:https://www.diariocolatino.com/mineria-verde-es-simplemente-materia-de-mercadeo-miguel-rivera-ades/