El Estado salvadoreño debe desconocer el CIADI y reformar la Ley de Inversiones
Comunicado de Prensa, miércoles, 29 de agosto de 2012
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desarrolla este día un conversatorio con diferentes sectores y espacios de la ciudadanía salvadoreña para discutir y definir estrategias de trabajo a futuro respecto a las implicaciones de las demandas interpuestas por compañías mineras contra el Estado de El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Organizaciones sociales, ambientalistas, iglesias, académicos, especialistas en Derecho Internacional, discuten entre otros aspectos sobre la posibles nuevas demandas que empresas mineras podrían entablar contra el Estado salvadoreño a partir de la propuesta de Suspensión Temporal de minería presentada por el gobierno. Aspecto relevante en este punto es la necesidad de reformar la Ley vigente de Inversiones, misma que ha permitido, por ejemplo, a la canadiense Pacific Rim, el seguir demandando al Estado salvadoreño por cerca de 100 millones de dólares en el CIADI.
Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteramos que las demandas millonarias contra el Estado salvadoreño constituyen el reflejo evidente de las injusticias inherentes a los Tratados de Libre Comercio y de los intereses mezquinos que se defienden en tribunales como el CIADI. Las demandas de las empresas mineras son la prueba suficiente para que el gobierno detenga la firma y ratificación de acuerdos comerciales con Canadá y la Unión Europea, respectivamente.
La propuesta de la Mesa Nacional frente a la Minería es impulsar la prohibición de la minería metálica de tal forma en que el país asuma decisiones soberanas en materias de desarrollo e inversión.
La demanda interpuesta por la minera Pacific Rim, además de basarse en lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, está amparada en la Ley de Inversiones y demuestra que hace falta en El Salvador una revisión crítica y un análisis de la conveniencia de mantener en su legislación leyes tan permisivas y atentatorias contra la soberanía como la Ley vigente de Inversiones. La minera Commerce Group, que hace poco reinició el proceso de demanda contra El Salvador por más de 100 millones de dólares, podría seguir el mismo ejemplo de Pacific Rim y usar el CIADI para que se le devuelva el permiso de explotación de la mina San Sebastián, La Unión.
La opinión pública nacional e internacional ya conoce los conflictos ambientales, sociales, económicos y políticos que provoca la presencia de empresas mineras en las comunidades salvadoreñas y por lo tanto, permitir que estas compañías extorsionen a El Salvador ante tribunales corporativos es un acto que atenta contra el bienestar y la calidad de vida de la población salvadoreña. El Estado salvadoreño debe salirse del CIADI y reformar el articulado de la Ley vigente de Inversiones, de tal forma que se garantice el respeto a nuestra soberanía y nuestra libertad de decidir sobre el tipo de desarrollo que queremos.
¡No al CIADI y a las demandas contra el Estado salvadoreño! ¡Reforma YA a la Ley de Inversiones!
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