Organizaciones ambientalistas de El Salvador reprocharon este miércoles a la empresa minera canadiense Pacific Rim la decisión de incrementar a 315 millones de dólares una demanda contra el Estado por negarle permisos de explotación en este país centroamericano.

«La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica rechaza el nuevo paso que la empresa Pacific Rim ha dado al querer extorsionar al pueblo salvadoreño con 315 millones de dólares», declaró en rueda de prensa Ángel Ibarra, del directorio de la ONG que aglutina a iglesias, comunidades y agrupaciones ambientalistas.

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Defensores del medio ambiente acusaron hoy a la transnacional canadiense Pacific Rim de intentar chantajear y extorsionar a El Salvador con una demanda de 315 millones en tribunales internacionales.

El presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Ángel Ibarra, expresó que la acción de la compañía, mediante una filial estadounidense, es una agresión económica contra la nación.

Pacific Rim está chantajeando, está extorsionando, cuando está demandando 315 millones de dólares, para que a El Salvador se le doblen las manos, siga caminando de rodillas y le otorgue el permiso de explotación, afirmó.

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Traducido del comunicado de la compañía por el cable Marketwire. pc.
Declaración presentada en caso de arbitraje contra El Salvador;

PacRim busca una indemnización de EE.UU. $ 315 millones

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA – (Marketwire – 1 de abril de 2013) – Pacific Rim Mining Corp. anuncia que su filial en EE.UU. PacRim Caimán, LLC («PacRim») ha presentado la demanda (el «Memorial») en su caso de arbitraje (el «Arbitraje») contra el Gobierno de El Salvador. El Arbitraje, ahora en su fase final de méritos, se escuchara bajo la Ley Salvadoreña de Inversiones por un Tribunal de tres miembros en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones («CIADI») del Banco Mundial en Washington, DC.

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En su comunicado la empresa establece que el diseño de la mina había sido presentado a las autoridades salvadoreñas con estándares ambientales internacionales, que incluso superaban lo ya existentes en Canadá y Estados Unidos.

La filial estadounidense de la compañía minera originaria de Canadá, Pacific Rim, demandó al Estado salvadoreño por $315 millones. La empresa reclama dicho monto por lo que considera equivale a las pérdidas ocasionadas por la suspensión de las licencias de exploración de la mina de oro en San Isidro, Cabañas, desde 2005. Dicho monto inculye intereses previos al juicio.

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La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) propuso recientemente a la Asamblea Legislativa que apruebe los mortíferos proyectos de explotación minera en el país, porque los considera una opción para el desarrollo nacional.

En una carta dirigida a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute una propuesta de ley que prohíba la minería metálica, la referida gremial empresarial sostiene que la extracción de metales realizada “responsablemente” sería beneficiosa en términos de empleo y de ingresos tributarios.

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