Los defensores del medio ambiente en El Salvador denunciaron el miércoles una agresión económica contra el país por parte de la transnacional canadiense Pacific Rim.
Según los defensores, mediante la filial estadounidense, Pacific Rim, intenta chantajear y extorsionar al país con una demanda de 315 millones de dólares en tribunales internacionales.
Traducido del comunicado de la compañía por el cable Marketwire. pc.
Declaración presentada en caso de arbitraje contra El Salvador;
PacRim busca una indemnización de EE.UU. $ 315 millones
VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA – (Marketwire – 1 de abril de 2013) – Pacific Rim Mining Corp. anuncia que su filial en EE.UU. PacRim Caimán, LLC («PacRim») ha presentado la demanda (el «Memorial») en su caso de arbitraje (el «Arbitraje») contra el Gobierno de El Salvador. El Arbitraje, ahora en su fase final de méritos, se escuchara bajo la Ley Salvadoreña de Inversiones por un Tribunal de tres miembros en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones («CIADI») del Banco Mundial en Washington, DC.
En su comunicado la empresa establece que el diseño de la mina había sido presentado a las autoridades salvadoreñas con estándares ambientales internacionales, que incluso superaban lo ya existentes en Canadá y Estados Unidos.
La filial estadounidense de la compañía minera originaria de Canadá, Pacific Rim, demandó al Estado salvadoreño por $315 millones. La empresa reclama dicho monto por lo que considera equivale a las pérdidas ocasionadas por la suspensión de las licencias de exploración de la mina de oro en San Isidro, Cabañas, desde 2005. Dicho monto inculye intereses previos al juicio.
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) propuso recientemente a la Asamblea Legislativa que apruebe los mortíferos proyectos de explotación minera en el país, porque los considera una opción para el desarrollo nacional.
En una carta dirigida a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute una propuesta de ley que prohíba la minería metálica, la referida gremial empresarial sostiene que la extracción de metales realizada “responsablemente” sería beneficiosa en términos de empleo y de ingresos tributarios.
Organizaciones sociales y habitantes de comunidades protestan frente a Embajada de Guatemala en El Salvador
El pasado martes 26 de febrero, habitantes de distintas comunidades y organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se movilizaron hacia la sede de la Embajada de Guatemala en El Salvador, ubicada en la capital salvadoreña, con el propósito de expresar su rechazo a la mina Cerro Blanco, la cual se ubica en el vecino país guatemalteco.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador ha indicado en un comunicado que en la región mesoamericana, la instalación de este tipo de proyectos en las fronteras de Guatemala y Honduras constituye una de las principales amenazas para los medios de subsistencia de las comunidades salvadoreñas.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentó este jueves, ante la Mesa Nacional contra la Minería, el informe especial que representa los impactos ambientales que ocasiona la minería, en especial al proyecto “cerro blanco”, ubicado en la hermana república de Guatemala, y que afecta directamente a El Salvador.
Oscar Luna, Procurador de la PDDH, pidió al Gobierno Central impulsar acciones con Guatemala para frenar la contaminación por minería en el Río Lempa, siendo este una fuente principal de agua potable para la mayoría de habitantes de San Salvador, y que sería la más afectada, así como todos los ciudadanos que rodean el Cerro Blanco.
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Se pronunció una vez más contra el proyecto minero Cerro Blanco ubicado en el vecino país de Guatemala.
Cerca de 80 organizaciones de Estados Unidos y Canadá anunciaron el respaldo a las exigencias de la referida mesa, mediante un documento firmado por sectores de la sociedad civil, dicha carta muestra la inconformidad ante esa industria a gran escala.
El Procurador para la defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, licenciado Oscar Luna, presentó un informe especial sobre el Proyecto Minero Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Guatemala, donde se establecen las potenciales vulneraciones a los derechos humanos que sufrirá la población salvadoreña.
El informe destaca que habrán nocivos impactos a las cuencas que se comparten transfronterizamente entre los dos países. Además se establecen las responsabilidades en las que el Estado salvadoreño puede incurrir de no jugar un papel de garante de los derechos de sus habitantes.
Durante la reciente Misión Internacional de Denuncia y Solidaridad con comunidades en resistencia contra la minería y los megaproyectos, que organizara Amigos de la Tierra Internacional conjuntamente con el Trasnational Institute, conocimos el testimonio de concientización de los efectos de la minería trasnacional por parte del sacerdote de la Iglesia de El Salvador, Neftalí Ruíz Martínez, del Comité Ambiental del departamento de Cabañas (CAC).