Forbes Staff 19/03/2025
Luis González en conferencia declaró en el marco del Día Mundial del Agua que interpondrán una demanda de inconstitucionalidad por Ley General de Minería Metálica aprobada en diciembre.

Representantes de diversas organizaciones no gubernamentales presentarán el próximo 24 de marzo ante el Supremo de El Salvador una demanda de inconstitucionalidad por la Ley General de Minería Metálica por “violentar el derecho humano al agua” y “amenazar al medio ambiente”.

Así lo anunció este miércoles el ambientalista Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en una conferencia de prensa por motivo del Día Mundial del Agua.

“Anunciamos que diversos espacios, articulaciones, organizaciones de diversos tipos -ambientales, de mujeres, de jóvenes, de derechos humanos- vamos a presentar el lunes ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad por Ley General de Minería Metálica”, dijo González.

Señaló que el llamado es a realizar una caminata desde el parque Cuscatlán, en San Salvador, hasta la sede de la Corte Suprema para la entrega de la demanda que será acompañada de un paquete de firmas de ciudadanos que están en contra de la minería.

La máxima representación de la Iglesia católica entregó el martes un paquete con 150.000 firmas de ciudadanos que rechazan la explotación minera en El Salvador e insistió en la derogación de la ley que permite esta práctica, aprobada en diciembre pasado, ya que considera que “el país no resistiría la extracción minera”.

La acción de la Iglesia católica se suma a protestas convocadas por diversos sectores para rechazar la minería metálica y pedir la derogación de la normativa.

Presentarán demanda de inconstitucionalidad por ley que permite la minería en El Salvador
El presidente Nayib Bukele defendió en enero pasado la minería pese al rechazo de algunos sectores de la sociedad de la ley minera aprobada para permitir la explotación minera en el país, y en ese momento aseguró que aún «no hay» permisos para la realización de esta práctica.

No obstante, a la fecha el Gobierno no ha informado si ya se han extendido permisos para proyectos de exploración y explotación minera.

El Salvador mantuvo una prohibición de la minería metálica desde 2017 pero esta fue revertida en diciembre pasado por iniciativa legislativa del presidente Bukele, que aseguró que el país posee los yacimientos de oro “con mayor densidad por km2 en el mundo”.

Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas en El Salvador, un país de 6,3 millones de habitantes.

Además, la realización de actividades mineras en El Salvador “amenaza directamente” a la cuenca del Río Lempa, que es “la principal fuente de agua para más del 50% de la población salvadoreña”, según dijo recientemente la ambientalista Irene Díaz.

https://forbescentroamerica.com/2025/03/19/presentaran-demanda-de-inconstitucionalidad-por-ley-que-permite-la-mineria-en-el-salvador

San Salvador, 23/02/(Prensa Latina) Grupos opositores a la minería metálica en El Salvador protestaron hoy contra los planes gubernamentales de reactivar el proceso extractivo pese a sus peligros para el medio ambiente y las poblaciones rurales.
En San Isidro, departamento de Cabañas, tuvo lugar este domingo una protesta organizada por el grupo Voces del Futuro y el Comité Ambiental de esa demarcación, donde empresas con capital extranjero, vinculadas a la minera, compraron al menos tres propiedades a lugareños.

La actividad también recuerda a cuatro activistas ambientales asesinados en 2009 por su lucha en favor del agua y contra la extracción minera en el cantón La Trinidad, departamento de Cabañas.

En el marco del encuentro también se exhortó a los asistentes a sumar sus firmas al esfuerzo de la Iglesia Católica de recoger un millón de rúbricas en todo el país para respaldar una petición de derogación de la ley General de Minería Metálica aprobada en diciembre último que permite esa actividad en El Salvador.

La minería metálica fue prohibida por ley en marzo de 2017, sin embargo, a solicitud del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva norma que permite el proceso extractivo bajo el supuesto de que el país posee cantidades extraordinarias del metal precioso.

En 2009 varias personas del cantón La Trinidad fueron asesinadas por su acción contra las actividades de explotación minera que entonces se realizaban en la zona. Varios de esos homicidios quedaron en la impunidad y en otros las autoridades impusieron suaves condenas, según recuentos de activistas.

Una de las principales preocupaciones de los opositores a retomar la minería es su efecto devastador contra las reservas de aguas del país, ya insuficientes para el consumo humano.

Según expertos en temas ambientales, la reactivación de la minería provocaría mayor contaminación de los recursos hídricos de la que ya tienen y en consecuencia, riesgos para disponibilidad de agua para los habitantes.

Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), advirtió que “los recursos hídricos se contaminan cuando les tiran pesticidas, basura, plástico, entre otras cosas, pero la minería vendría a contaminarlos mucho más”.

El Salvador va en camino a convertirse en el primer país centroamericano en entrar en una fase de estrés hídrico, que es cuando el agua que tiene un país no es suficiente para cubrir las necesidades de su población, estiman estudiosos del tema.

Prosiguen protestas contra minería metálica en El Salvador

La medida impulsada por Bukele fue aprobada en una sesión exprés
Stanley Luna
04/02/2025
Imagen: EFE
El desplazamiento de comunidades y la profundización de una crisis hídrica son solo dos de las consecuencias a corto plazo que traería para El Salvador la reactivación de la minería metálica. La industria minera estuvo prohibida en el país centroamericano desde 2017 hasta el pasado 23 de diciembre, cuando el Congreso -donde el presidente Nayib Bukele tiene mayoría- revirtió dicha prohibición en una sesión plenaria exprés. Esta reactivación ocurre justo al mismo tiempo en que la Justicia profundiza la persecución contra los ambientalistas de las zonas donde la minería podría establecerse primero.

“La minería puede dejar a El Salvador como la superficie de la luna dentro de poco tiempo. La minería a nivel industrial desplaza a poblaciones, deja a gente sin sus lugares de origen. Realmente es una situación que nos hace cuestionar si será viable sostener la vida en un país”, advierte Andrés Mckinley, experto en agua y minería de la vicerrectoría de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador.

Mckinley estudia los efectos de la minería en América y África, y ejemplifica de forma básica los daños que esta industria traería para El Salvador: para lograr el oro equivalente a un anillo se necesitan procesar 20 toneladas de roca. Por lo tanto, en tres años, el suelo salvadoreño estaría lleno de cráteres parecidos a los de la luna.

Para volver a legalizar la minería, las y los diputados no realizaron ninguna consulta pública y el Gobierno dejó bajo reserva los supuestos estudios científicos realizados para justificar dicha actividad a escalas industriales. Para darse una idea, la extensión territorial de El Salvador es mucho menor a la de Uruguay.

Según Mckinley no solo su geografía hace inviable esta actividad a gran escala, sino que además la Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas considera a El Salvador uno de los países en América Latina con mayor deterioro ambiental por la destrucción de sus bosques nativos y sus suelos a causa de malas prácticas agrícolas.

En ese sentido, dice el especialista, hay estudios que establecen que en los últimos cinco años se ha agudizado la crisis hídrica por la baja disponibilidad de agua por personas en El Salvador: de 3 mil metros cúbicos pasó a 1,700 metros cúbicos anuales. Cualquier mina industrial necesita hasta seis millones de litros de agua diarios para funcionar.

Ni hablar de las secuelas químicas que la industria puede dejar, como las lagunas de cianuro que quedan como residuo de la actividad minera, tardan en disolverse y pueden llegar a los mantos acuíferos subterráneos. Mckinley destaca que basta con lo equivalente a un grano de arroz de cianuro para morir por envenenamiento.

Redes sociales versus ciencia
El 27 de noviembre, Bukele publicó en la red social X que El Salvador tenía “los depósitos de oro con mayor densidad por km2 en el mundo”, al tiempo de que trató de “absurdo” que fuese el único país a nivel mundial que hasta entonces prohibía la minería.

En menos de un mes, el Congreso revirtió esa prohibición y entonces cientos de personas y organizaciones comenzaron a organizarse para oponerse a la medida, como la manifestación masiva convocada el 19 de enero en la capital salvadoreña, San Salvador; y la actual recolección de firmas para expresar el rechazo a esta decisión inconsulta.

De acuerdo con la última encuesta presentada por la Universidad Francisco Gavidia, la decisión de permitir la minera coincide con la mayor caída de la imagen de Bukele en casi seis años como mandatario, de 8.4% al 7.7%.

Y es que el mandatario salvadoreño asegura, sin publicar estudios, que en un 4% del área potencial estudiada para la minería identificaron 50 millones de onzas de oro, pero que, en su totalidad, la reserva de oro del país equivale a 3 billones de dólares. Sin embargo, recientemente Steven Emerman, experto en hidrogeología y consultor internacional de minería, publicó un artículo en la página de la organización Heinrich-Böll-Stiftung en el que compara las reservas mundiales de oro y su valor económico, para concluir que las publicaciones de Bukele son “inconsistentes” respecto a datos globales.

Defensores ambientales en la mira
Días antes de la reactivación de la minería metálica en El Salvador, el 27 de noviembre una cámara penal revirtió el fallo por el que, en septiembre pasado, habían sido absueltos seis personas acusadas del asesinato de una mujer en 1989, en el marco de la guerra civil e interna salvadoreña (1980-1992). Cinco de los procesados son defensores ambientales de la comunidad Santa Marta, en el departamento de Cabañas, a casi 50 kilómetros de la capital y que es referente en la lucha antiminera. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales consideran que la causa judicial se trata de una persecución por su trabajo de activistas.

Desde que estos defensores ambientales fueron detenidos, la comunidad Santa Marta señaló que el objetivo del Gobierno era la reactivación de la minería en El Salvador, algo que no muchos creyeron. Esto es lo que cuenta Peter Natarén, presidente de la Cooperativa Santa Marta y miembro de la Mesa Nacional contra la Minería, creada en 2003. Además, se trata de un proceso irregular reabierto en la administración del fiscal general Rodolfo Delgado, colocado en su cargo por los y las diputadas afines a Bukele sin un proceso constitucional.

Natarén señala que las detenciones de los ambientalistas hicieron más fuertes las sospechas de la reversión de la minería, ya que nunca habían escuchado a Bukele pronunciarse a favor del ambientalismo. Asimismo, agrega Natarén, los terrenos que vecinos de Cabañas habían adquirido a Pacific Rim -una minera canadiense que en 2016 perdió un arbitraje internacional contra El Salvador- fueron comprados por empresas supuestamente financiadas con fondos extranjeros y también, en 2022, a la zona llegaron representantes de la minera Titan Resources Limited -con sede en el país vecino de Honduras y Perú- a ofrecerles gratuitamente invernaderos y estanques de peces a algunos vecinos, sin dejar rastro del origen de lo fondos de esos proyectos.

Pero la alerta se activó cuando Bukele hizo públicas sus intenciones de volver a la minería a través de las redes sociales, porque en Cabañas la lucha contra la prohibición de esta industria conllevó al asesinato de cuatro ambientalistas. “Para ellos, los ambientalistas de Santa Marta son un peligro, porque pueden generar un movimiento de resistencia. Por eso los habrían capturado previamente”, sostiene Natarén.

Ahora el escenario para la lucha contra la minería es diferente. Si bien la exploración minera aún no comienza, diversas investigaciones periodísticas dan cuenta del desplazamiento de comunidades campesinas en el centro y en el oriente del país por la ejecución de otros proyectos públicos y privados bajo el aval del Gobierno.

Bukele fue reelecto en 2023, pese a que la Constitución prohíbe las reelecciones inmediatas de los mandatarios, y mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción en respuesta a la violencia pandilleril, una medida que se caracteriza por la militarización de los espacios públicos y que fue denunciada internacionalmente por la violación sistemática de derechos humanos.

Desde 2021 logró la cooptación del Estado, destituyendo por medio de un Congreso afín, al fiscal general y a la Sala de lo Constitucional de la Corte, para imponer a Delgado y otros funcionarios simpatizantes del Gobierno.

En este contexto y ante el descontento social, según Natarén, Bukele solo tiene dos posibilidades con la minería: hacer uso de la Fuerza Armada para avanzar con esta industria o retroceder si la sociedad civil presenta una demanda a la Corte, la cual también depende de él. “Es un tipo bastante egoísta, que no quiere escuchar a la iglesia, a las universidades ni a sus propios votantes. Miles que lo votaron no lo aprueban en este tema”, concluye Natarén.
https://www.pagina12.com.ar/801513-desplazamientos-forzados-y-crisis-ambiental-el-precio-de-rea

Sare Frabes 16/01/2025
Desde los primeros días de enero del 2025, comunidades del norte de El Salvador, acompañadas de iglesias, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas, han realizado diferentes movilizaciones para rechazar la reciente reactivación de la minería metálica en el país centroamericano.

En una de las más recientes acciones, durante una rueda de prensa realizada este miércoles (15), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas, alertaron a la población sobre los impactos sociales y ambientales que traerá consigo la reanudación de la minería en El Salvador. Por ello, convocaron a la defensa del agua, la salud y la vida, en el contexto de la publicación, el pasado 10 de enero, de la recientemente aprobada Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición a dicha industria que existía desde el año 2017.

Pese a que el discurso oficial afirma que la nueva ley de minería contempla medidas para aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país, tales como la prohibición del uso de mercurio, existen señalamientos que consideran a la nueva reglamentación como un peligro.

Acorde a Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la baja concentración de minerales en el subsuelo salvadoreño hace inviable una extracción rentable y sostenible, además de las posibles afectaciones a millones de personas en zonas vulnerables.

Durante una intervención pública en diciembre pasado, McKinley detalló que, además de la sobre explotación de agua, la minería causará altos costos ambientales para el país. Esto debido a que, argumenta, para extraer suficiente oro para un anillo es necesario procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “Eso convertiría a El Salvador en la luna con sus cráteres por todos lados en un periodo muy corto”, aseveró el experto.

Por su parte, los habitantes de Santa Marta exigen revertir la nueva ley pues denuncian que el Ministerio del Medioambiente no realizó ningún estudio técnico que valide la derogación de la prohibición y la reactivación de la minería. Además, pese a que en la nueva normativa se establece que el Estado salvadoreño será el único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, también se permite las asociaciones con empresas privadas en el esquema de cooperación público-privada.

Ante este escenario, las comunidades y organizaciones remarcaron el llamamiento para rechazar la industria extractiva al considerar que “la única forma de salvar al país de la minería metálica y librarnos del desastre que podrían provocar los proyectos extractivos es la resistencia ciudadana y popular”.

Resistencias
Mediante pronunciamiento conjunto compartido este miércoles (15), las organizaciones aseveran que la aprobación de la nueva ley minera se realizó ignorando el clamor de la mayoría de la población salvadoreña, la cual rechaza la minería metálica.

Para ello, señalan los datos de encuestas recientes realizadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Indican que el 60% de la población piensa que el país no es apropiado para la minería; el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente; el 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina.

Apenas el pasado sábado (11), en un acto simbólico realizado en el embalse Cerrón Grande del Río Lempa, líderes comunitarios y miembros de la ADES realizaron una bendición al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por las actividades mineras. En el lugar realizaron un homenaje a tres compañeros asesinados en 2009 en Sensuntepeque, en el contexto de la lucha contra la minera canadiense Pacific Rim.

Vidalina Morales, presidenta de ADES, destacó que el río Lempa, principal fuente hídrica del país, sería gravemente afectado por los proyectos extractivos. “Este río es sagrado y vital para miles de familias. La minería es una amenaza directa a nuestra vida y futuro», sostuvo.

En este contexto, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana lanzó la campaña denominada “Sí a la Vida, NO a la Minería» la cual fue saludada por las counidades del norte de El Salvador. “Abrazamos el acompañamiento de la iglesia Católica y las iglesias históricas a la lucha de las comunidades primeramente amenazadas por estar en las zonas de potencial minero y que ya están siendo militarizadas”, agradecieron mediante comunicado.

El mismo sábado (11) reiteraron su exigencia para poner fin a la criminalización de líderes ambientales de la ADES. Éstos son Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. A pesar de haber sido absueltos durante octubre pasado, tras ser acusados por homicidio durante el conflicto armado en la década de los ochentas, aún permanecen bajo juicio debido a una apelación del sistema judicial salvadoreño.

Las iglesias históricas y colectivos sociales subrayan que esta criminalización busca desmovilizar la resistencia popular, pero aseguran que ha logrado lo contrario. “Nuestra voz ahora es más fuerte”, expresaron. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos como la Organización de las Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos humanos para acompañar la lucha por la vida y los derechos humanos en El Salvador.

Comunidades de El Salvador llaman a movilizaciones para rechazar reactivación de minería

15/01/2025
María Teresa Messidoro, Prensa Comunitaria, 31/12/2024

Agrega que el país podría disfrutar de una transformación social y económica gracias al oro presente en su territorio; Y concluye, utilizando un típico relato cristiano (en un país donde 8 de cada 10 habitantes profesan ser católicos o evangélicos) afirmando que «Es Dios quien ha puesto un tesoro gigantesco bajo nuestros pies para que podamos explotarlo de forma sostenible». camino»(3)

5 de diciembre de 2024: en sesión plenaria n. 32 de la Asamblea Legislativa de El Salvador, algunos diputados de VAMOS y ARENA reaccionaron ante la posible exención de la ley que prohíbe la minería.

Cesia Rivas, diputada suplente de VAMOS, afirmó que «Si se aprueba la exención de la ley antiminería, el partido Ciano (4) debe hacerse responsable del deterioro del país, la contaminación del agua, las enfermedades que padecen los salvadoreños». tendrá que sufrir, como consecuencia de este gesto. Lo que nos disponemos a legislar es sólo a favor de la minoría rica del país» (5)

Como lo demuestra también la decisión del Ejecutivo de destinar casi 40 mil millones de dólares para continuar la construcción del llamado «aeropuerto del Pacífico», un proyecto que dañará el medio ambiente y obligará a 175 familias a abandonar sus hogares y tierras.

10 de diciembre de 2024: muchos salvadoreños salieron a las calles en defensa de la ley que prohíbe la minería metálica, mientras otro grupo de organizaciones sociales caminaba hacia la Casa Presidencial para entregar un paquete de solicitudes relacionadas no solo con la minería, sino también con la infame régimen de excepción, aprobado por trigésima tercera vez y que ha generado miles de detenciones arbitrarias.

Tres episodios de la historia político-social salvadoreña actual unidos por el hilo conductor de la ley antiminera.

Los ambientalistas y defensores de los derechos humanos declaran firmemente que la reactivación de las minas sería un ataque a la vida humana y conduciría a la destrucción del medio ambiente, ya que no existe una mina «verde» o «sostenible».

El Salvador, el segundo país más degradado ambientalmente del continente latinoamericano y con mayor deforestación, está al borde de una profunda crisis hídrica. Precisamente el proceso de lixiviación para la extracción de oro (que permite separar uno o más componentes de una masa sólida gracias a un disolvente), proceso que utiliza cianuro y otros componentes químicos, genera drenajes ácidos muy nocivos, como ya ha ocurrido con el Río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, en la región salvadoreña de La Unión. Restos de quince minas abandonadas en el oriente del país, con drenaje ácido vertido en el lugar, aún atacan las fuentes del río Goascorán y del río Grande.

“Agregar una nueva fuente de contaminación química podría ser el detonador final en la conversión de El Salvador en un país imposible de recuperar ecológicamente e imposible de vivir” afirma la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (6)

Por las mismas razones, el río Lempa, que proporciona el 50% del suministro de agua de la población salvadoreña y es una importante fuente de electricidad, estaría en peligro si se reactivaran los proyectos mineros en el norte de El Salvador. Otro de los peligros de la implantación de nuevas minas está vinculado a su posible ubicación en zonas de constante actividad sísmica, con riesgo de desprendimientos y deslizamientos de tierra, además de representar un peligro para los mineros empleados en zonas subterráneas. Desde el punto de vista económico, el empleo generado por las minas es inferior al 1% de la fuerza laboral nacional, por lo que no tiene ningún impacto positivo en el territorio.

También hay que subrayar que las mujeres pagarán el precio más alto si estos proyectos mineros se implementan nuevamente: «nos encontraríamos ante una vida aún más precaria, ya que las mujeres se verían obligadas a buscar fuentes de agua nuevas, accesibles y limpias», afirma Claudia. Rodríguez, representante de la Asociación Mujeres Ambientalistas de El Salvador, AMAES /7)

Portada de un folleto publicado hace unos años en El Salvador en apoyo a las luchas ambientalistas

Quienes se oponen a la minería en El Salvador saben que la persecución contra los ambientalistas nunca ha cesado: apenas en diciembre se cumplen quince años del asesinato de Ramiro Rivera y Dora Sorto, asesinados por oponerse a las minas de la Cuenca del Pacífico en Santa Marta. Dora Sorto estaba embarazada de ocho meses cuando fue asesinada. Con el riesgo de que el asesinato de Ramiro y Dora quede impune, porque prescribirá, según lo establece la legislación salvadoreña vigente.

Mural dedicado a Dora Sorto, creado por Griselda Reynado

El Fiscal que llevó el caso, o mejor dicho, debería haberlo hecho, no pudo encontrar a los culpables en este lapso de tiempo; en cambio, trató muy rápidamente con cinco líderes ambientalistas también de la Comunidad de Santa Marta, acusados ​​falsamente de un dudoso delito ocurrido durante el conflicto armado de los años 1980. El tribunal de Sensuntepeque declaró inocentes a los cinco directivos y los dejó en libertad, pero el fiscal Delgado apeló pidiendo la anulación de la sentencia. Para todos está claro que fue una represalia contra quienes se oponen al regreso de la minería al país. Uno se pregunta si Rodolfo Delgado tiene algún vínculo directo con intereses extractivistas, dado su implacable papel como perseguidor de los ambientalistas en el área de Cabañas. En las últimas semanas de diciembre, algunas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, como Cristosal e IDHUCA, enviaron una carta a la Asamblea Legislativa salvadoreña preguntando si es procedente la reelección de Rodolfo Delgado como Fiscal General, dado que en repetidas ocasiones ha criminalizados defensores de derechos humanos.

La represión legal ciertamente no detendrá las luchas ambientales locales: «Estamos listos para tejer una telaraña más fuerte y sólida, que nos permita construir y fortalecer redes comunitarias, a partir del compromiso de las mujeres, que no rehúyen ciertamente hacia atrás», dice Claudia Rodríguez.

ÚLTIMA HORA

Antes de publicar esta nota, se conoció que, con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la nueva Ley General de Minería Metálica, que establece cómo se puede realizar la exploración, explotación y extracción en áreas mineras, además de las normas de comercialización de los productos obtenidos. La ley deja la gestión de todas estas actividades en manos de la Dirección General de Energías, Hidrocarburos y Minas, al tiempo que delega la supervisión de las condiciones ambientales y la preservación de los recursos hídricos al Ministerio de Medio Ambiente y a la Autoridad Salvadoreña del Agua. Básicamente, la prohibición de la minería fue eliminada de un golpe de esponja.

¿Y ahora? Ahora, como dicen los salvadoreños que salieron a las calles para impugnar esta nueva elección del gobierno de Bukele, «sólo el pueblo salva al pueblo”
Fuente: https://prensacomunitaria.org/2024/12/el-salvador-la-lucha-contra-la-mineria-no-cesa/

El Salvador: la lucha contra la minería no cesa

Protestas contra la explotación minera en El Salvador RD/Efe 14/01/2025
Una red ecológica compuesta por ONG y obispos de diferentes denominaciones de la Iglesia católica pidió este lunes la derogación de la Ley General de Minería Metálica, que permite la exploración y explotación minera en el país
Portavoces de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Reman) indicaron en un comunicado que también solicitan al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que reconsidere la decisión. Impulsarán una campaña de recolección de firmas en las iglesias católicas del país para que frenar la aplicación de ley de minería
El país había sido el primero en el mundo en prohibir la minería metálica en 2027. La Ley General de Minería Metálica ya está en vigencia de nuevo, luego de ser avalada por el presidente Nayib Bukele y ser publicada en el Diario Oficial
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas de la zona norte del país

Integrantes de una red ecológica -compuesta por ONG y obispos de diferentes denominaciones de la Iglesia católica- pidieron este lunes la derogación de la Ley General de Minería Metálica, que permite la exploración y explotación minera en el país, lo que, según ambientalistas, «perjudicaría» al medioambiente.

Portavoces de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Reman) indicaron en un comunicado que también solicitan al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que «reconsidere la decisión de seguir impulsando» dicha ley, por ser una normativa «impopular», «dañina para nuestro país, particularmente para las comunidades más empobrecidas».

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba una ley para retomar la minería metálica – America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica
«Le pedimos señor presidente que, en el uso de sus facultades constitucionales, solicite a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la Ley General de Minería Metálica», señalaron en el comunicado que fue leído en una conferencia de prensa.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez lamentó la aprobación de la ley«sin una consulta a la ciudadanía» y aseguró que «las cosas son evidentes, aquí no hay nada para discutir porque sin agua no hay vida y la minería afecta principalmente el recurso hídrico que, hoy por hoy, es tan escaso en nuestras comunidades».

«Sin agua no hay vida y la minería afecta principalmente el recurso hídrico»

«Hoy decimos, la vida vale más que el oro. Decimos que la vida vale más que cualquier bien material (…) es importante que la ciudadanía conozca y se pronuncie en contra de actividades que atenten contra la vida», añadió.

La Reman agregó que impulsará una campaña de recolección de firmas en las iglesias católicas del país para que frenar la aplicación de ley de minería.

Una veintena de organizaciones sociales, ambientalistas y comunitarias rechazaron la aprobación de La Ley General de Minería Metálica, que ya está en vigencia luego de ser avalada por el presidente Nayib Bukele y ser publicada en el Diario Oficial.

Con esta ley se revierte una prohibición a la exploración y explotación de minería en El Salvador vigente desde el 2017.

El presidente Bukele aseguró, a principios de diciembre del año pasado, que el país centroamericano poseelos yacimientos de oro «con mayor densidad por km2 en el mundo».

No obstante, ninguna institución del Gobierno ha presentado estudios técnicos que comprueben lo señalado por el mandatario, tampoco se ha informado de los «beneficios» económicos que la explotación de oro en el país traerá a los ciudadanos.

Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
https://www.religiondigital.org/america/Ambientalistas-obispos-Bukele-explotacion-Salvador_0_2743225651.html

San Salvador, 23/12/2024 dic (Prensa Latina) La Asamblea Legislativa de El Salvador considerará hoy la aprobación de la Ley General de Minería Metálica que deroga una prohibición de 2017.

Luego que el sábado fuera acogida por la Comisión de tecnología, turismo e inversión tras su presentación el vienes por la ministra de Economía María Luisa Hayem, el plenario se pronunciará este lunes sobre una aprobación cantada.

La solicitud del Gobierno el 27 de noviembre de rehabilitar la minería metálica despertó el rechazo de amplios sectores, y por primera vez el presidente Nayib Bukele no recibió el apoyo de la mayoría de sus compatriotas temerosos del impacto del proyecto sobre su vida y la contaminación de las aguas.

El proyecto llega al plenario bajo una dispensa de trámite y su aprobación está garantizada atendiendo a que el partido Nuevas Ideas, en el gobierno, y aliados controlan 57 de los 60 votos del Parlamento.

Con esta ley, Bukele apuesta por la explotación de presuntas reservas millonarias de oro en el subsuelo de su país, algo que es seguido por una coral que señala eso será fuente de ingresos y desarrollo.

Tal vez apremiado por su promesa de alcanzar el milagro económico después de logrado un impensable ambiente de seguridad, el mandatario sorprendió con su anuncio.

En un mandato y en el que está en curso, el gobernante no enfrentó tanta disidencia ni oposición de tantos sectores sobre alguna de sus propuestas. Ambientalistas, organizaciones sociales, la iglesia y universidades, entre otros, ven en el plan un paso que pone frente a frente la vida y la muerte.

Las operaciones logísticas, la construcción de escuelas, el pago de deuda con las multilaterales y la reactivación económica son las aristas que pueden ser potenciadas con la extracción aurífera en El Salvador, señalan seguidores del mandatario.

Sin embargo, hace varios días, grupos que se oponen al plan marcharon sobre la Asamblea Legislativa para expresar consignas como “No a la minería” o “el agua se agota”, en un intento de detener la acción gubernamental.

A la crítica se incorporó la Iglesia Católica al divulgar el 12 de diciembre un comunicado en el que precisó que la vida y la salud no tienen precio, y dio un rotundo NO al plan.
jcm/lb

Legislativo en El Salvador por aprobar explotación minera

Bukele anunció que pedirá al Congreso que derogue esa ley, pues según un estudio, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares
AFP 13/12/2024
La Conferencia Episcopal de El Salvador expresó este jueves su oposición al plan del presidente Nayib Bukele de reintroducir la minería metálica en el país, prohibida desde 2017, para potenciar el crecimiento económico.

La Iglesia se opone a plan de Bukele de reintroducir la minería en El Salvador
«Con el mejor deseo para todos, expresamos nuestro no rotundo, a la explotación minera en el país», señaló la Conferencia en un comunicado.

Los doce obispos firmantes se declararon «muy preocupados» por la «posible activación de la explotación minera», prohibida por ley por impulso de asociaciones ambientalistas y de la Iglesia católica.

Bukele anunció recientemente que pedirá al Congreso, controlado por su partido, que derogue esa ley, pues según un estudio cuya autoría no reveló, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares, equivalentes «al 380% del PIB».

«La práctica de cualquier tipo de minería» traería «consecuencias irreversibles contra la salud y la vida de la población», advirtió la Conferencia, encabezada por el arzobispo de San Salvador, Jose Luis Escobar.

Contaminación
En sintonía con los ambientalistas, los obispos indicaron que la extracción minera podría terminar «contaminando» ríos y mantos acuíferos por el uso de productos químicos como cianuro, arsénico, mercurio y ácido sulfúrico.

Una gran preocupación es que la extracción de oro contamine el río Lempa, que atraviesa la zona de potencial minero presentada por Bukele y que abastece de agua al 70% de los habitantes de la capital y ciudades aledañas.

«Estamos a favor del desarrollo económico, sin embargo la más grande riqueza de un pueblo es la vida de las personas y su salud; eso vale más que todo el oro del mundo», sostuvo la Conferencia Episcopal.
https://www.ecotvpanama.com/internacionales/la-iglesia-se-opone-plan-bukele-reintroducir-la-mineria-el-salvador-n6021287

Ñaní Pinto
21/05/2023

La tarde del miércoles (17), elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron a Manuel Gómez Morales, hijo de la ambientalista Vidalina Morales, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo del 2022 bajo el pretexto del combate a las pandillas.

Horas antes, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico del Salvador (ADES) de Santa Marta, departamento de Cabañas, denunciaba en medios nacionales las acciones del gobierno salvadoreño que promueven la minería en el país centroamericano, pese a que la industria extractiva está prohibida por ley.

Durante entrevista radiofónica, Vidalina sostuvo que existe la “intención de este gobierno, ahora mas clara que nunca, de revertir la ley que se aprobó en 2017 (…) una ley aprobada por unanimidad en el congreso”, en referencia a la norma que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera.

Al testimonio de Morales, se suma la denuncia de la ADES, la cual días antes precisó que representantes de dos empresas consultoras llegaron a la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a las autoridades territoriales sobre la reanudación de las actividades mineras.

Tras la noticia de la captura de su hijo, la ambientalista dirigió una carta a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, mediante la cual calificó la detención de una acción arbitraria e injusta. En la misiva denunció que la aprehensión de su hijo “se suma a los diferentes y cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias, como actos de intimidación ante la exigencia de justicia” durante el régimen de excepción.

Cabe resaltar que, la supresión de garantías constitucionales decretada por la Asamblea Legislativa, con el pretexto de combatir la violencia criminal, ha permitido detenciones masivas sin orden judicial y elimina la defensa legal de los aprehendidos. Con 15 meses de permanencia, hasta mayo del 2023 se registran más de 68 mil arrestos.

Debido a la presión local e internacional, Manuel Gámez Morales fue liberado después de haber sido detenido arbitrariamente durante más de 24 horas.

Persecución
El arresto de Morales es solo el más reciente caso de persecución contra la organización anti minera del norte de El Salvador.

Vidalina Morales y su hijo, Manuel Gómez Morales.
El 11 de enero de 2023 fueron capturados cinco ambientalistas pertenecientes al poblado de Santa Marta, comunidad que ha destacado por su lucha contra la minería y por la promoción de su prohibición que se concretó mediante la ley de 2017.

La Fiscalía salvadoreña acusa a los líderes comunitarios por un delito ocurrido en 1989, durante el conflicto interno, pero organizaciones como la ADES sostienen que es un pretexto para atacar la organización de las comunidades contra la minería.

Vidalina Morales argumenta que, dadas las acciones del gobierno de Nayib Bukele desde su llegada al poder en 2019, organizaciones sociales se han mantenido en alerta ante la reactivación minera. La lideresa sostiene que fue, durante finales del 2022, al enterarse de la existencia de recursos en el presupuesto general de la nación para “revisar y actualizar la ley de prohibición de minería”, cuando las organizaciones decidieron actuar.

“En ese movimiento estábamos, de querer organizar un evento grande, a nivel nacional, cuando capturan a los compañeros el 11 de enero”, sostuvo la lideresa comunitaria en el mismo día del arresto de su hijo.

Los cinco líderes de Santa Marta, también integrantes de la ADES, aún permanecen detenidos. El pasado 8 de marzo, Naciones Unidas solicitó al gobierno salvadoreño información sobre la base legal de la acusación y la situación humanitaria de los cinco ambientalistas de Santa Marta. En su respuesta, dos meses después, la administración de Bukele afirma que hay suficientes pruebas contra los ambientalistas detenidos y que no se ha vulnerado el debido proceso.

Al contrario, el abogado de los acusados, Dennis Muñoz declaró que “se desconoce la situación humanitaria de los detenidos porque nadie los ha podido ver. No se me ha permitido verlos desde el 9 de marzo y sus familiares tampoco los ven desde el 19 de enero”, sostuvo sobre la respuesta del gobierno salvadoreño a la ONU con respecto a la condición de los ambientalistas presos.

A las denuncias de la defensa legal de los detenidos, el mismo miércoles (17), se sumó la exigencia de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien expresó su preocupación al gobierno salvadoreño y pidió la libertad de los activistas ambientales.

Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5,082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.

Reapertura minera
Por su parte, Alfredo Leiva, directivo de la ADES, recalcó que existen “acciones concretas sobre la posibilidad de reabrir la minería en El Salvador”.

La organización de comunidades del norte de El Salvador consiguió frenar la actividad minera en el país centroamericano.
Ante medios nacionales, Leiva ejemplificó el contexto actual, en el que se dio la visita a la comunidad de Santa Marta “de personal de una empresa consultora panameña que realiza un estudio sobre la minería. Otra empresa peruana se está encargando de convencer a alcaldes y otros actores del territorio de reabrir la minería”, sostiene.

Leiva asegura que ambas empresas han sido contratadas por el gobierno y ya tienen listo el estudio para la reanudación de la actividad minera en los territorios del norte de El Salvador, por lo que denunció que la lucha contra la minería que realiza la comunidad está de fondo en la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta.

Se agudiza represión para reactivar minería en El Salvador