Ñaní Pinto
21/05/2023

La tarde del miércoles (17), elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron a Manuel Gómez Morales, hijo de la ambientalista Vidalina Morales, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo del 2022 bajo el pretexto del combate a las pandillas.

Horas antes, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico del Salvador (ADES) de Santa Marta, departamento de Cabañas, denunciaba en medios nacionales las acciones del gobierno salvadoreño que promueven la minería en el país centroamericano, pese a que la industria extractiva está prohibida por ley.

Durante entrevista radiofónica, Vidalina sostuvo que existe la “intención de este gobierno, ahora mas clara que nunca, de revertir la ley que se aprobó en 2017 (…) una ley aprobada por unanimidad en el congreso”, en referencia a la norma que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera.

Al testimonio de Morales, se suma la denuncia de la ADES, la cual días antes precisó que representantes de dos empresas consultoras llegaron a la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a las autoridades territoriales sobre la reanudación de las actividades mineras.

Tras la noticia de la captura de su hijo, la ambientalista dirigió una carta a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, mediante la cual calificó la detención de una acción arbitraria e injusta. En la misiva denunció que la aprehensión de su hijo “se suma a los diferentes y cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias, como actos de intimidación ante la exigencia de justicia” durante el régimen de excepción.

Cabe resaltar que, la supresión de garantías constitucionales decretada por la Asamblea Legislativa, con el pretexto de combatir la violencia criminal, ha permitido detenciones masivas sin orden judicial y elimina la defensa legal de los aprehendidos. Con 15 meses de permanencia, hasta mayo del 2023 se registran más de 68 mil arrestos.

Debido a la presión local e internacional, Manuel Gámez Morales fue liberado después de haber sido detenido arbitrariamente durante más de 24 horas.

Persecución
El arresto de Morales es solo el más reciente caso de persecución contra la organización anti minera del norte de El Salvador.

Vidalina Morales y su hijo, Manuel Gómez Morales.
El 11 de enero de 2023 fueron capturados cinco ambientalistas pertenecientes al poblado de Santa Marta, comunidad que ha destacado por su lucha contra la minería y por la promoción de su prohibición que se concretó mediante la ley de 2017.

La Fiscalía salvadoreña acusa a los líderes comunitarios por un delito ocurrido en 1989, durante el conflicto interno, pero organizaciones como la ADES sostienen que es un pretexto para atacar la organización de las comunidades contra la minería.

Vidalina Morales argumenta que, dadas las acciones del gobierno de Nayib Bukele desde su llegada al poder en 2019, organizaciones sociales se han mantenido en alerta ante la reactivación minera. La lideresa sostiene que fue, durante finales del 2022, al enterarse de la existencia de recursos en el presupuesto general de la nación para “revisar y actualizar la ley de prohibición de minería”, cuando las organizaciones decidieron actuar.

“En ese movimiento estábamos, de querer organizar un evento grande, a nivel nacional, cuando capturan a los compañeros el 11 de enero”, sostuvo la lideresa comunitaria en el mismo día del arresto de su hijo.

Los cinco líderes de Santa Marta, también integrantes de la ADES, aún permanecen detenidos. El pasado 8 de marzo, Naciones Unidas solicitó al gobierno salvadoreño información sobre la base legal de la acusación y la situación humanitaria de los cinco ambientalistas de Santa Marta. En su respuesta, dos meses después, la administración de Bukele afirma que hay suficientes pruebas contra los ambientalistas detenidos y que no se ha vulnerado el debido proceso.

Al contrario, el abogado de los acusados, Dennis Muñoz declaró que “se desconoce la situación humanitaria de los detenidos porque nadie los ha podido ver. No se me ha permitido verlos desde el 9 de marzo y sus familiares tampoco los ven desde el 19 de enero”, sostuvo sobre la respuesta del gobierno salvadoreño a la ONU con respecto a la condición de los ambientalistas presos.

A las denuncias de la defensa legal de los detenidos, el mismo miércoles (17), se sumó la exigencia de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien expresó su preocupación al gobierno salvadoreño y pidió la libertad de los activistas ambientales.

Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5,082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.

Reapertura minera
Por su parte, Alfredo Leiva, directivo de la ADES, recalcó que existen “acciones concretas sobre la posibilidad de reabrir la minería en El Salvador”.

La organización de comunidades del norte de El Salvador consiguió frenar la actividad minera en el país centroamericano.
Ante medios nacionales, Leiva ejemplificó el contexto actual, en el que se dio la visita a la comunidad de Santa Marta “de personal de una empresa consultora panameña que realiza un estudio sobre la minería. Otra empresa peruana se está encargando de convencer a alcaldes y otros actores del territorio de reabrir la minería”, sostiene.

Leiva asegura que ambas empresas han sido contratadas por el gobierno y ya tienen listo el estudio para la reanudación de la actividad minera en los territorios del norte de El Salvador, por lo que denunció que la lucha contra la minería que realiza la comunidad está de fondo en la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta.

Se agudiza represión para reactivar minería en El Salvador

San Salvador 16/12/2021
Han pasado únicamente cuatro años desde que en El Salvador se prohibió la minería metálica en todas sus
modalidades. La lucha de las comunidades que se verían afectadas por esta amenaza duró más de doce años. A
esta lucha se sumaron diferentes sectores de la sociedad salvadoreña que estaban conscientes de los impactos que
la explotación minera ocasionaría al agua y al medio ambiente en general.

En los últimos días hemos tenido conocimiento de los acercamientos recientes del gobierno salvadoreño con
especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF), una organización
de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros. De acuerdo con el marco de política de
esta institución “los objetivos del Foro son mejorar y promover la aportación del sector de la minería, los
minerales y los metales al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”. Algunos representantes
de esta organización visitaron el país hace un par de semanas y sostuvieron reuniones con distintas instituciones
gubernamentales como los ministerios de Medio Ambiente; de Economía, a través de su Dirección de Hidrocarburos y
Minas; de Obras Públicas; de Relaciones Exteriores y de Hacienda; así como el Banco Central de Reserva, Alcaldías,
FOVIAL; y con algunas instituciones del sector privado y de la academia.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la visita de los especialistas del Foro tenía como objetivo determinar la
viabilidad de la explotación de canteras para obtener recursos básicos para la industria de la construcción. Según
el MARN, “al finalizar la visita de la empresa consultora, se espera tener un diagnóstico de la industria minera en El
Salvador y conocer la situación real de los recursos a fin de evaluar los aspectos sociales, económicos, legales y
medioambientales”.

De acuerdo con el MARN, “El Salvador se integró recientemente a este Foro, del que forman parte 78 países alrededor
del mundo y que proporciona una serie de servicios a sus miembros, como son evaluaciones; la creación de capacidad
y asistencia técnica individualizada; documentos de orientación y conferencia que exploran las mejores prácticas y
ofrecen una oportunidad para relacionarse con la industria y la sociedad civil, entre otros” . En otras palabras es la
empresa que se encarga de cambiar los espejitos por perlitas de oro.

De igual forma, llama la atención la nueva Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas,
aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Esta nueva Dirección tiene como objetivos autorizar,
regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería
metálica y la no metálica. Propone, además, la obtención de recursos mineros como “deber de Estado” y establece
como facultades de la nueva Dirección, entre otras cosas, establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación
con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales” vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas
especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigados; y coordinar con el Ministerio de
Medio ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras.

En ese sentido, estos últimos hechos causan alarma pues parecen encaminados a permitir actividades relacionadas
a la minería metálica en el país. Además, estos hechos contrastan con la lucha antiminera que vivió el país durante
más de doce años y por la cual fueron asesinados al menos cuatro ambientalistas de Cabañas, quienes ofrendaron
sus vidas para que empresas mineras canadienses como Pacific Rim no se instalaran en el país.

Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña
que lucharon por la prohibición de la minería metálica seguimos convencidas y convencidos de que el país no está
preparado para una reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Es claro que las causas por las cuales
se prohibió dicha industria no han sido superadas en el país y, por el contrario, la crisis ambiental e hídrica se sigue
agudizando día con día.

En tal sentido, como organizaciones de la sociedad civil que en aquel momento luchamos por la prohibición de la
minería metálica, hacemos un llamado a la población salvadoreña a estar atentos a las propuestas que el Foro
Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) pueda hacerle al Gobierno, ya que una
potencial reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica generaría posibles conflictos entre las comunidades
y las empresas mineras, agudizaría la crisis hídrica y ambiental del país y fomentaría conflictos por el agua.
De igual forma, exigimos al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir dicha ley y
exigimos al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) transparentar los objetivos
y resultados de su visita a El Salvador.

Finalmente, exigimos a la Asamblea Legislativa acelerar la ratificación del derecho humano al agua en la Constitución
y agilizar la aprobación de una ley general de aguas que garantice prioritariamente agua para la población, que sea
accesible en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.

Rose J. Spalding
Hay muchas cosas en las que a El Salvador le cuesta ponerse de acuerdo a la hora de aprobar leyes, la minería no fue una de ellas. En 2017 se convirtió en el primer país a nivel mundial en prohibir todas las formas de minería metálica. El camino para la aprobación de la Ley de Minería, tomó un poco más de 10 años, pero su mayor obstáculo no lo representó la oposición entre los partidos políticos, sino una demanda millonaria contra el Estado salvadoreño. El apoyo de la Iglesia católica fue determinante para que los partidos de derecha volcaran su apoyo a esta iniciativa.
ElFaro.net /16/10/2020

En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar una prohibición nacional de todas las formas de minería metálica. Este notable cambio en las políticas se produjo después de doce años de movilización antiminas. Mi estudio From the Streets to the Chamber: Social Movements and the Mining Ban in El Salvador, resalta los rasgos distintivos de esa campaña y analiza las formas en que esta movilización social se relaciona con instituciones formales y la formulación de políticas oficiales. Además, reúne dos campos de estudio que a menudo se mantienen separados en las ciencias sociales: el estudio de la política informal, no institucional, “a nivel de calle” de los movimientos sociales, y el estudio de la política formal e institucional y la formulación de políticas por parte de funcionarios gubernamentales. Utilizando técnicas de rastreo de procesos, el estudio mapea los vínculos directos, indirectos y mediados entre la movilización contra la minería y la adopción formal de la prohibición de la minería de parte de la Asamblea Legislativa.

El artículo se basa en 78 entrevistas con activistas, legisladores, funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y equipos legales. Combina la información de las entrevistas con una variedad de fuentes de archivo, incluyendo documentos e informes legislativos, datos de opinión pública, documentos legales de la demanda por conflicto de inversión -presentado contra el gobierno salvadoreño por Pacific Rim Cayman-, y blogs e información de sitios web compilados por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. El análisis de este texto presta especial atención a las características y la toma de decisiones estratégicas de los organizadores antimineros, fisuras y realineamientos situacionales de la élite política, y el uso estratégico de diversas aperturas institucionales (puntos de conexión o docking points), algunas de las cuales fueron adaptadas a nuevos propósitos por los activistas del movimiento (movement entrepreneurs).

Esta investigación contribuye al estudio de los movimientos sociales por medio del análisis de las formas en que la estructura de la red interna de un movimiento social afecta su resiliencia y capacidad, y examina los vínculos entre la red del movimiento y las instituciones políticas formales, particularmente los partidos y los legisladores.

Una mujer protesta contra la minería metálica en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, día en el que se aprobó una ley que prohíbe la minería. Foto Marvin Recinos (AFP).

Una mujer protesta contra la minería metálica en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, día en el que se aprobó una ley que prohíbe la minería. Foto Marvin Recinos (AFP).

La capacidad de los movimientos sociales para influir en las políticas públicas depende de su alcance espacial (spatial reach, capacidad para conectarse a nivel local y nacional) y su amplitud (breadth, capacidad para vincularse con otros sectores). Además del tamaño y la escala del movimiento, la influencia también depende del carácter de los vínculos que mantienen unida a una alianza. Las redes de un movimiento pueden difundir información a través de grupos interconectados construidos sobre identidades comunes y experiencias compartidas (bonding techniques, técnicas de vinculación), o pueden extender el tejido conectivo vinculando sectores a través de divisiones sociales y políticas (bridging techniques, técnicas de puente). Los procesos de creación de puentes pueden ser particularmente importantes si un cambio de política duradero requiere la construcción de alianzas que trascienden la polarización partidista.

En este estudio identifico las formas en que las organizaciones antiminas salvadoreñas recurrieron tanto a las técnicas de vinculación como a puentes para expandir la red del movimiento para ganar mayor influencia. Entre 2005 y 2017, los salvadoreños que se oponían a la minería construyeron una red multisectorial que incorporó tanto a comunidades locales como a organizaciones a nivel nacional, y concertó el liderazgo de la Iglesia católica para expandir la coalición más allá de los parámetros partidistas convencionales. A través de un proceso de negociación y colaboración interna, este movimiento logró un alto grado de acuerdo sobre la interpretación de la problemática (frame alignment), sobre cómo explicar la relación entre la vulnerabilidad ambiental del país y la minería metálica, y sobre las políticas que debían adoptarse para responder al desafío.

El cruce de la frontera entre la movilización y el cambio de políticas requiere la identificación de puntos de conexión, o espacios donde los activistas pueden insertar demandas públicas en los mecanismos formales de revisión de políticas. En el caso salvadoreño, las instituciones que absorbieron las propuestas de política de la oposición a la minería fueron los partidos políticos, particularmente el FMLN.

El movimiento antiminería logró que el debate se introdujera en el período de sesiones de la Asamblea Legislativa en 2006. En esa ocasión entró en vigor una moratoria informal sobre las licencias mineras mientras el gobierno reevaluaba el impacto político y sus propias limitaciones regulatorias. Los opositores a la minería enfrentaron muchos desafíos en su intento de asegurar un cambio de política formal. La injerencia empresarial en el proceso político interno tuvo un impacto directo en sus actividades, ya que un acuerdo político de posguerra a favor de la apertura del mercado obstaculizó los esfuerzos del movimiento para prohibir la minería.

Una demanda internacional por conflicto de inversión contra el gobierno salvadoreño, presentada por Pacific Rim Cayman, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington, D.C., fue una limitante adicional. Esta acción representaba la amenaza de que El Salvador tuviera que pagar $314 millones por negar permiso a la compañía para extraer oro de la mina que tenía planeado explotar en Cabañas.

Para explicar cómo cambió esta situación en 2017, mi estudio indaga la forma en que estos obstáculos se fueron superando lentamente hasta que se aprobó la prohibición a la minería metálica. En última instancia, tres procesos contribuyeron a la adopción de la nueva Ley de Minería de El Salvador. En primer lugar, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica realizó una campaña de información y movilización focalizada en las comunidades donde se habían emitido licencias de exploración minera, logrando un descontento favorable de la opinión pública en contra de la minería. En segundo lugar, en 2016 se eliminó con éxito la presión externa cuando el CIADI resolvió a favor de El Salvador. Esto eliminó la sensación de vulnerabilidad nacional que había añadido urgencia a las deliberaciones. En tercer lugar, el movimiento antiminería reforzó su estructura de liderazgo, fortaleciendo mecanismos de puente para extender su alcance más allá de las alianzas partidistas y lograr una coalición amplia.

La UCA tomó la iniciativa en el desarrollo de un nuevo proyecto de ley para prohibir la minería, que prohibía la minería metálica tanto en la superficie como en el subsuelo, y estableció un plazo de dos años para dar término a las operaciones de extracción artesanal de oro. El arzobispo José Luis Escobar Alas acogió esta propuesta y, encabezando una delegación de autoridades católicas, presentó formalmente el anteproyecto de ley a la Asamblea. En cuestión de semanas, este documento fue revisado y aprobado, y finalmente obtuvo el apoyo unánime de los diputados.

El análisis en mi artículo se basa en la literatura académica sobre los efectos de cascada social (social cascade effects) y puntos de inflexión (tipping points) legislativos para interpretar la decisión de diputados de diferentes partidos, incluidos Arena y PCN, de votar a favor de prohibir la minería.

Aunque en El Salvador siguen existiendo obstáculos importantes para el desarrollo sostenible y la protección ambiental, este artículo identifica un conjunto de interacciones iterativas entre alianzas de activistas y actores institucionales que contribuyeron con éxito al cambio de políticas. En suma, el artículo es un análisis de los ingredientes de un movimiento social que, en medio de las complejidades de la política salvadoreña, logró cambiar políticas públicas para mejor. Este ejemplo exitoso ofrece material de reflexión para activistas que buscan cambios tanto en políticas ambientales como sociales.

*Rose J. Spalding, es profesora de Ciencias Políticas en DePaul University, Chicago. Esta entrega de El Faro Académico se basa en su artículo “From the Streets to the Chamber: Social Movements and the Mining Ban in El Salvador,” European Review of Latin American and Caribbean Studies (ERLACS) #108 (July-December 2018): 47-74.
https://elfaro.net/es/202010/ef_academico/24915/As%C3%AD-convirti%C3%B3-el-movimiento-antiminero-su-causa-en-un-%C3%A9xito.htm?st-full_text=all&tpl=11

A tan solo 15 kilómetros de la frontera con El Salvador, está ubicada la mina Cerro Blanco, en el municipio de Asunción Mita del departamento de Jutiapa, en Guatemala. El riesgo para El Salvador está latente, debido a que a 6 kilómetros de la mina se encuentran varias poblaciones salvadoreñas que recibirán los impactos de la minería metálica.

El Río Ostúa que nace en Asunción Mita, Guatemala,  a un lado de la mina y que desemboca en el lago de Güija ya está contaminado, asegura la bióloga, investigadora y ambientalista Cidia Cortés.

Mediante la investigación ‘El impacto de la mina transfronteriza Cerro Blanco en el agua y salud para El Salvador’, coordinada por la Mesa Frente a la Minería Metálica, la bióloga pudo determinar los impactos que tendrá la mina en medio millón de salvadoreños. La investigación da cuenta que la afectación de la mina Cerro Blanco llegará hasta el río Lempa, el más importante proveedor de agua para los salvadoreños.

“Hemos encontrado plomo que rebasa las normas internacionales de calidad de agua, es decir ya hay una alerta para la vida acuática de los ríos.  El arsénico se viene desplazando y está muy fuertemente vinculado a enfermedades como el cáncer, la insuficiencia renal… En un documento, en un estudio hecho por científicos mexicanos han encontrado que el arsénico también tiene fuerte vínculo con la diabetes tipo dos”, explicó la investigadora.

Afección a la flora y fauna, contaminación de las aguas y efectos negativos en la salud humana de las poblaciones, son algunos de los efectos de la minería metálica

La preocupación por el impacto de la mina Cerro Blanco en los salvadoreños llevó a que la Mesa Frente a la Minería Metálica incluyera en la investigación la revisión de las estadísticas del Hospital Nacional de Metapán.  Los datos arrojaron que enfermedades crónicas como el cáncer, insuficiencia renal y diabetes se han disparado en los habitantes de las comunidades fronterizas con Guatemala. Las fichas de defunción de los habitantes de esas comunidades indicaron que la gente está muriendo de dichas enfermedades crónicas.

La última prueba de sedimentos realizada en el río Ostúa en 2018 arrojó alto contenido de arsénico en el agua y se ha triplicado entre 2009 y 2018.

Para que la Consulta Popular, realizada este domingo, fuera válida se necesitaba que el 40% del padrón electoral emitiera su voto, y de éstos al menos 1,955 personas debían apoyar el SÍ. Al cierre de la votación la meta se superó, más del 45% dijo sí a declarar el agua como derecho humano en este territorio.

Este domingo 27 de octubre Suchitoto marcó un importante hecho en su historia, en una Consulta Popular la población expresó su decisión de defender el agua declarándola como derecho humano.

Las urnas se abrieron a las 7 de la mañana en los diez centros de votación habilitados.

El proceso estuvo acompañado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para que la Consulta Popular fuera válida se requerían como mínimo 3,833 votos. De éstos, al menos, 1955 (51%) debían apoyar la opción del SÍ, para que el agua se declarara como Derecho Humano en este territorio.

A a la 12 pm los datos mostraban una considerable asistencia a los centros de votación. A esa hora al menos dos mil personas había ejercido su voto.

La Consulta Popular de este 27 de octubre significó un reto para las organizaciones e instituciones impulsoras, dado que en mayo de 2017 -cuando se realizó la primera consulta por el derecho humano al agua- los votos no fueron suficientes para alcanzar el 40% requerido para dar validez al proceso.

Sin embargo, los «temores» de este antecedente se disiparon cuando el conteo de los votos reveló que, en esta ocasión, el 48.21% de la población dijo SÍ a declarar el agua como derecho humano.

Con este resultado, Suchitoto se convierte en el primer municipio a nivel nacional en declarar el agua como derecho humano.

¿Qué sigue tras la consulta?

Según dijo a la Red Informativa de ARPAS la alcaldesa de Suchitoto, Pedrina Rivera, el Concejo Municipal creará una ordenanza para proteger el agua, declarada en consulta como derecho humano.

Los hechos de julio de 2007…

La historia de las comunidades de Suchitoto por defender el agua tiene antecedentes.

El 02 de julio de 2007 la población se movilizó para rechazar la iniciativa del entonces presidente de la República, Elías Antonio Saca, de lanzar la «política de descentralización de servicios públicos», en la que las comunidades advertían amenazas de privatización del agua.

La movilización fue reprimida por el gobierno. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y de las Unidades Élite de Asalto de la Policía Nacional Civil (PNC) arremetieron contra las personas que protestaban, en una clara actitud «caracterizada por el abuso de la fuerza contra población civil», según dijo la Procuradora de Derechos Humanos de entones, Beatrice de Carrillo.

Como resultado de las acciones de represión, se contabilizaron más de 40 personas heridas y 14 detenidas por los supuestos delitos de asociaciones ilícitas, desórdenes públicos y actos de terrorismo.

Es en ese contexto que los resultados de la Consulta Popular de este 27 de octubre cobra mayor relevancia, pues reivindica las acciones de defensa del agua expresadas por las comunidades desde hace más de 12 años.

Fuente:https://arpas.org.sv/2019/10/suchitoto-el-primer-municipio-que-declara-el-agua-como-derecho-humano/?fbclid=IwAR07koCMDaWdWN_OeY5jUjKOOUG0CelAfJu-W0Fr6F4Ve5IhNlbpgP7Mszg

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2016), en Centroamérica viven más de 70 pueblos indígenas de diferentes etnias, en un área total de 282,565 km2. Casi el 40% del territorio de las áreas protegidas se encuentra traslapada con tierras indígenas, lo que muestra la convivencia armónica, respetuosa y sostenible de estos pueblos con la naturaleza.

En la actualidad, el vínculo entre la minería y los pueblos indígenas en la región ha estado caracterizado por diversos conflictos suscitados por el otorgamiento inconsulto y unilateral de concesiones, que afectan sus territorios y vulneran sus propios derechos individuales y colectivos. Algunas causales son: 1) el irrespeto y la violación del derecho a la consulta previa de las poblaciones sobre el uso de sus recursos naturales locales y, 2) el nulo acceso a información pública sobre los derechos otorgados a terceros, por el uso del subsuelo.

La práctica actual de ceder concesiones en territorios indígenas no considera las formas propias de desarrollo ni las actividades económicas de las poblaciones. Tampoco valoran los beneficios que se obtienen de otros recursos estratégicos como el agua, suelo y bosques, los cuales representan su fuente proveedora de medios de vida.

Por lo general, se violentan múltiples derechos humanos reconocidos y contemplados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, entre estos, el derecho a un ambiente sano, a la salud, el consentimiento previo, libre e informado, entre otros. Un país que ha sido sujeto de demandas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación a derechos humanos de los pueblos indígenas ante la expansión del extractivismo minero, ha sido Guatemala. En estas demandas se ha señalado la negación del derecho a decidir y a tener la libertad de determinación sobre su propio modelo de desarrollo y el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Este asunto ha despertado la discusión sobre los límites que tiene el Estado, con relación al derecho de propiedad de los pueblos indígenas o de otros grupos locales, y hasta dónde, es posible que pueda decidir sobre la conveniencia o no de consentir el aprovechamiento minero en estos territorios.

En Guatemala se contabilizaron 32 lotes mineros, de los cuales 21 en exploración y 11 en explotación, ambos cubren una superficie de 1,107.97 km2, los cuales afectarán a 10 pueblos indígenas (Qeqchi, Chorti, Achi, Xinca, Mam, entre otros) localizados en 10 departamentos, entre los que cabe destacar, Quezaltenango, San Marcos, Chiquimula, Jalapa y otros.

En El Salvador se identificaron 12 lotes para exploración, que totalizaron 376.20 Km2 y estarían afectando a 3 poblaciones indígenas Nahua, Lenca y Lenca mestizo, localizados en 4 departamentos: Cabañas, Chalatenango, San Miguel y Morazán.En Honduras se contabilizó la existencia de 25 lotes mineros, 11 en exploración, 14 en explotación y 4 Reservas Mineras.

Todos ellos representan una superficie de 538.18 km2 y afectan directa e indirectamente a 5 pueblos indígenas: Chorti, Pech, Tolupan, Garifuna y Lenca_Mestizo. Nicaragua cuenta con la mayor cantidad de lotes y extensión territorial dentro o contiguo a territorios de pueblos indígenas, en comparación con el resto de países.

En total se reportan 95 concesiones, de los cuales 5 lotes en exploración, 54 en explotación y 41 Reservas Mineras. En conjunto suman 11,070.72 km2 y estarían afectando la vida de 5 pueblos indígenas: miskito, miskito-creole-mestizo, mayagnas, chorotegas y matagalpas.

La mayoría de los países de la región han ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a garantizar los derechos indígenas, incluyendo la obligación de realizar consultas sobre cualquier medida o política que afecte directamente sus territorios y sus vidas.

A pesar de ello, se evidencia una administración pública proclive a autorizar concesiones mineras sin reparo de que éstas afecten directa o indirectamente los territorios y bienes naturales/ancestrales de pueblos indígenas. Incluso aquellas comunidades o grupos étnicos que se han movilizado para exigir su derecho han sido rechazados, discriminados y reprimidos por los gobiernos.

Fuente:http://acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=392:concesiones-mineras-violentan-multiples-derechos-a-pueblos-indigenas-y-tribales-en-centroamerica