Los Pueblos y Nacionalidades Sapara, Kichwa de Pastaza, Kichwa de Sarayaku, la CONFENIAE y la CONAIE realizaron una rueda de prensa para denunciar que no fueron notificados de la decisión del Estado Ecuatoriano de aceptar la “Fuerza Mayor solicitada por la empresa Andes Petroleum Ecuador Ltd.” Empresa que tiene la concesión del Bloque 79 en la Región Amazónica Ecuatoriana.

Este recurso fue solicitado por la empresa al gobierno debido a que existe “Oposición política y social generada en los últimos meses por parte de las comunidades indígenas” como consta en el documento anexado.

A esto, diferentes lideresas y líderes declararon que sumado a esta declaratoria de Fuerza Mayor en el Bloque 79, exigen que también sean rescindidos los contratos de exploración y explotación del Bloque 83, que de acuerdo a las declaraciones de Lineth Calapucha, de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, afecta directamente los territorios de las nacionalidades Sapara, Kichwa y Sarayaku.

Los bloques 79 y 83, si bien están en la mayor parte en el territorio de la Nacionalidad Sapara del Ecuador también se encuentran ubicados en territorios de la Nacionalidad Kichwa que corresponden a 1,115.000.000 hectáreas, y son parte de éste territorio el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku con 135.000 hectáreas, los que en ejercicio al derecho a la libre determinación son declarados como Kawsak Sacha-Selva Viviente.

Denunciaron tambien que de continuar con cualquier proyecto petrolero en el bloque 83, se estaría violando el Artículo 57 de la Constitución donde se afirma que “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario sonde posesión ancestral irreductible e intangible y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva” ya que dentro de las concesiones firmadas en el año 2013 para explotación en el Yasuní se encuentra el grupo Chuchiyaku, quienes son indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri Taromenane.

Jaime Vargas, Presidente de la CONAIE, exigió al gobierno que se dejen de ampliar las fronteras extractivas dentro de territorios indígenas, ya que las “Nacionalidades no hemos visto demostrado un verdadero desarrollo del que tanto hemos venido escuchando”. Haciendo mención a que a pesar de que la explotación petrolera lleva mas de 40 años en territorios indígenas en la Amazonía, los pueblos están cada vez peor, según sus declaraciones. Refiriendose a las sentencias en diferentes casos como el Sarayaku, el Sinangoe o el Waorani, el Estado no ha sido capaz de cumplir nunca con las normas y estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

El mismo Presidente de la CONAIE declaró el territorio de la Amazonía Ecuatoriana libre de extractivismo, reiterando que no se quieren mas fronteras mineras, petroleras e hidroeléctricas en sus territorios.

La declaratoria de “Fuerza Mayor” detiene momentáneamente una parte de los procesos de la empresa petrolera, pero eso no significa que sea cancelada la concesión ni que se dejen de ejecutar ciertas actividades que no entran dentro de la declaratoria. Ante esto, los pueblos indígenas dijeron que van a continuar con la lucha hasta sacar a todas las petroleras de sus territorio.

Fuente:Resolución No. MERNNR-MERNNR-2019-013-RM – Andes Petroleum

Entre ellos, está la de un dirigente de la la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).

La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó este jueves que cinco personas han perdido la vida durante las protestas, que se han extendido por ocho días, contra las medidas económicas anunciadas la semana pasada por el presidente Lenín Moreno, entre ellas el alza de los combustibles.

Entre los fallecidos está Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en la provincia de Cotopaxi, en la sierra central del país.

La muerte de Tucumbi también fue confirmada por Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), en una alocución pública esta mañana, durante una asamblea popular en la Casa de la Cultura de Quito, donde se encuentran reunido el movimiento indígena que manifiesta contra el Gobierno en la ciudad capital.

Iza confirmó, además, que otro de los fallecidos fue identificado como José Rodrígo Chaluisa. A ellos, rindieron homenaje en la asamblea popular.

Hasta el momento no se ha brindado mayores detalles sobre estas muertes. Lo que se conoce es que ocurrieron durante las jornadas de protestas de este miércoles 9 de octubre, en Quito.

«Hacemos un llamado al Gobierno a erradicar la violencia y garantizar el derecho a la protesta social de forma pacífica», dice el texto de la Defensoría.

Antes, se confirmó la muerte de otras dos personas. Uno fue identificado como Marco Oto, quien cayó de un puente en el casco histórico de la capital ecuatoriana, en medio de la represión policial del pasado lunes. Mientras, el otro fue Raúl Chilpe, quien murió al ser atropellado por un vehículo en la provincia andina de Azuay, en momentos en que participaba de una protesta pacífica.

CONAIE de luto

Poco antes, la CONAIE emitió un comunicado en el que se declara en «luto», tras confirmar que «hay compañeros que perdieron la vida»

Señalan que en los próximos días emitirán un informe donde darán detalles de todas las víctimas «mortales, heridas y desaparecidas».

«Violencia desmedida de la policía y militares»

El movimiento indígena, denunció que en la jornada de este miércoles, en Quito, hubo «violencia desmedida de la policía y militares» contra los manifestantes, pese a que la manifestación convocada por la CONAIE transcurrió de manera pacífica.

La noche de este miércoles, por ejemplo, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos al interior de las universidades Salesiana y Católica de Quito, que funcionan como centros de acogida para el movimiento indígena que ha llegado a la capital para protestar.

En el lugar, que acoge principalmente a mujeres y niños, se les brinda comida, cobijo y primeros auxilios.

Por ello, la CONAIE ha pedido la renuncia de los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín; y del Interior, Maria Paula Romo.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/329848-defensoria-pueblo-ecuador-confirma-cinco-muertos

Hace casi 25 años las comunidades de Río Blanco, Molleturo, San Pedro de Yumate y Cochapamba llevan compartiendo sus tierras con la industria minera metálica y son tres empresas distintas las que han llevado a cabo las etapas de estudio, exploración y explotación de los recursos mineros locales.

Estas comunidades vecinas y hermanadas por el tiempo y la distancia han vivido intensos meses y años que han transformado su dinámica y sobre todo sus relaciones sociales, quizás para siempre.

Primero, la quema del campamento minero de la empresa Ecuagoldmining en mayo de 2018, luego la suspensión temporal de las actividades de la empresa por parte del Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil del Azuay, y el levantamiento de puntos de control por parte de los activistas antiminería.

Los moradores de la zona han venido reclamando que se vive una especie de estado de sitio sin plena libertad de tránsito y tocados por la imposibilidad de ingresar a sacar sus productos con total normalidad, todo acompañado de la incertidumbre de que “si se para o se continúa explotando el material”, como lo indica Segundo Ochoa, habitante de Río Blanco.

El Gobierno y la empresa minera china dicen que sobre su presencia no se ha podido demostrar la contaminación del recurso hídrico, mientras la comunidad antiminera, de la mano de grupos activistas como Yasunidos, insiste en que ya se afectó la zona y no permitirá que siga operando la minera en Río Blanco.

En medio de ese escenario están los miembros de las comunidades que han visto cómo su vida dio un giro de 360 grados durante este último año. Habitantes de Cochapamba afirman que en Yumate no quieren a la minera, porque ahí la gente no se vio beneficiada con puestos de trabajo, y en Yumate, en cambio, afirman que “en Cochapamba es “donde más lloran por la empresa” dado que ellos trabajaban ahí”, comenta Luisa Criollo.

Ciertamente, más allá del debate pro o antiminería, los efectos sociales de la presencia de la industria minera en la zona son muy profundos. Muchos reconocen y aplauden los aportes de las empresas en las comunidades y la contraparte asegura que se trata de una estrategia para comprarles complacencia.

Por otro lado, nativos como Etelvina Durazno presumen que la presencia de Yasunidos en la zona no es más que una pantalla para detener la minería industrial y darle paso a la artesanal. “Yo he visto muchos signos de que lo que quieren es hacer ellos mismos la minería artesanal”, asegura Durazno.

La mancomunidad y espíritu vecinal están fracturados en Río Blanco y sus adyacencias. La intimidación y la inseguridad se hicieron presentes en estos lugares tradicionalmente seguros y en el panorama no asoma una pronta solución. Más bien, por el contrario, pareciera que el clima de desconexión y revanchismo van a perdurar por muchos años, con o sin minería industrial.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/10/01/el-drama-minero-en-rio-blanco-video/?fbclid=IwAR1rdLYpzFqx3fGLIBaON8nrFZ7yoDUJMA86ihS6erP7VtpN096qIBaamJg

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE con base en su accionar antiextractivista denuncia el inicio de la minería a cielo abierto en Ecuador y los graves riesgos ambientales que provoca esta actividad, pues, produce inevitablemente la degradación ecológica acompañada del despojo de territorios y la vulneración de derechos humanos de comunidades indígenas que sufren el impacto directo.

El proyecto minero Mirador ha provocado intervención militar y policial, desalojos forzosos, asesinatos impunes, criminalización y contaminación, a más de la devastación que producirá en 30 años de actividad por la deforestación, remoción de millones de toneladas de tierra, elementos químicos y  millones de metros cúbicos de agua dulce. La ambición y la imposición de intereses capitalistas se han conjugado en Mirador por sus reservas de 3,18 millones de toneladas de cobre, 3,39 millones de onzas de oro y 27,11 millones de onzas de plata, alertamos sobre las consecuencias ambientales y humanas provocadas por la minería a gran escala en Ecuador con el inicio del proyecto Mirador, la mina más grande a cielo abierto del país, en Tundayme, Zamora Chinchipe.

Condenamos cómo el Estado entregó una zona de gran biodiversidad para explotación minera a Ecuacorriente S.A. (ECSA), filial ecuatoriana de la empresa canadiense Corriente Resouces In, por un plazo de 30 años, garantizando su renovación por el mismo período adicional, la zona donde se ubica el proyecto Mirador constituye un ecosistema frágil y de alta biodiversidad de especies faunísticas, el proyecto está dentro de lo que se conoce como bosque húmedo tropical, tanto en flora y fauna, la zona alberga especies únicas, endémicas y desconocidas que dependen de este ecosistema para existir, además, se afectarían las micro‐cuencas (227 fuentes de agua) de los ríos Tundayme y Wawayme que nacen en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor.

Desde el año 2015 la Conaie junto a organizaciones sociales y de derechos humanos ha denunciado cómo la empresa ECSA provocó el desalojo violento de 32 familias (116 personas) de la comunidad San Marco, parroquia Tundayme, Cantón Gualaquiza; y en complicidad con instituciones del Estado arrebataron el territorio ancestral a la Organización Indígena “Cascomi” para dar paso a la explotación minera.

Frente a este nefasto escenario y la ampliación de concesiones mineras, la aplicación de la nueva política minera y el entreguismo al capital transnacional que el Gobierno Nacional ha promovido, RATIFICAMOS frente a las bases y a la opinión pública nuestra posición antiextractivista, es decir, NO a la minería, NO a la explotación petrolera, SÍ a la vida, por la defensa de los derechos de la naturaleza, humanos y de los territorios de los pueblos y nacionalidades, impulsando alternativas de desarrollo que respeten el medio ambiente.

La CONAIE desconoce los supuestos acuerdos entre nuestra organización y la compañía Lowel S.A., y rechaza el uso malintencionado e irresponsable de nuestra representación para la firma de estos documentos sin validez, que afectan nuestra estructura organizativa e intentan deslegitimarla, en este caso se ve afectado el pueblo Shuar Arutam (PSHA) en las comunidades de Warints y Yawi. Rechazamos estas acciones individuales y aclaramos que no cuenta con el respaldo de la CONAIE, el Consejo de Gobierno de manera urgente analizará este accionar y tomará las medidas respectivas aplicando las sanciones correspondientes, ya que van en contra de las grandes decisiones colectivas y el sentir de nuestras bases para la defensa de los territorios y los recursos naturales, se tomarán acciones inmediatas contra quienes se adjudican funciones y cargos para firmar a nombre de nuestra organización.

Por el Consejo de Gobierno

Jaime Vargas

Presidente de la CONAIE

Fuente:https://conaie.org/2019/07/19/la-conaie-condena-los-danos-ambientales-y-humanos-provocados-por-la-mineria-a-gran-escala-y-desconoce-los-supuestos-acuerdos-con-empresas-mineras/?fbclid=IwAR1YXGVaUHJlrGg94ai9hE15P_7rYVsN5SfDeMm_KVS931Ndwrk4LvX5hIQ

Cientos de personas del Azuay ingresaron a la capital. Se veía banderas azules y carteles. Se escuchaba el sonido de los tambores, el saxofón y las consignas: “agua sí, oro no”, “viva el agua”, “fuera mineras”, etc. Era una marcha que a la distancia se veía un solo color, el azul, como el agua, los océanos, los cielos del Ecuador.

Las mujeres de pollera encabezaron la caminata y portaban un cartel, donde estaba la pregunta de la consulta popular para prohibir la minería metálica en fuentes de agua de la provincia del Azuay. Caminaron por la 12 de octubre y se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional.  El prefecto Yaku Pérez se dirigió a las oficinas para entregar la pregunta.

En la salida, los medios de comunicación esperaban las declaraciones de la autoridad provincial y varias personas manifestaban públicamente su respaldo a la iniciativa como Patricia Mogrovejo, presidenta de la Federación Kañaris del Azuay (FOA), autoridades de Gualaceo y Santa Isabel, los tres coincidieron en que el pueblo debe decidir si quieren minería en su territorio.

El prefecto Yaku Pérez recordó los resultados de la Cámara Provincial del pasado 22 de julio, donde faltó tres votos para que se dé la consulta popular de manera inmediata. Razón para impulsar a través de la iniciativa ciudadana.

Pérez también hizo un llamado a los jueces de la Corte Constitucional para que el pronunciamiento sea pensando en las nuevas generaciones.

Una vez que la Corte Constitucional califique la constitucionalidad de la pregunta y de ser aprobada, el proceso pasa al Consejo Nacional Electroral- CNE y facilite la entrega de formularios para la recolección de firmas. El prefecto aspira recolectar 65 mil firmas, tiene confianza, luego del resultado en el cantón Girón, donde el 87% de la población rechazó las actividades mineras.

La pregunta de la consulta popular:

¿Está usted de acuerdo que se prohíba sin excepción las actividades de prospección, exploración, y explotación de minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y zonas de recargas y regulación hídrica?. Si o No.

Fuente:https://foazuay.org/2019/07/31/yaku-perez-entrega-a-la-corte-pedido-de-consulta-popular-en-contra-de-la-mineria/?fbclid=IwAR0CsvGzErmD8w9Q2w9jkGpRZbLXfb9OWkDlrYD_zqqJPtjwYRiv4MuqyXI

El proyecto minero Río Blanco, en la provincia de Azuay, sur de Ecuador, de la empresa china Ecuagoldmining, lleva un año paralizado por la resistencia comunitaria y, muy en particular, por la acción de las mujeres.

La comunidad de Río Blanco pertenece a la parroquia de Molleturo, a una hora de la ciudad de Cuenc,a en el Parque Nacional Cajas, un ecosistema de páramo donde se multiplican los nacimientos de agua y se contabilizan casi 300 lagunas.

La mina fue concedida por el gobierno de Rafael Correa que la consideraba parte de cinco proyectos estratégicos para el país. En este yacimiento existen 605.000 onzas de oro y 4,3 millones onzas de plata, con una producción estimada de 240 mil toneladas de mineral al año. La vida útil está calculada en once años. Entró en funcionamiento en 2016 en un acto presidido por el entonces vicepresidente Jorge Glas, hoy preso por corrupción.

La empresa viene provocando enfrentamientos entre y dentro de las comunidades mediante la compra de líderes, la utilización de seguridad privada que genera violencia y cuenta con protección policial y militar. Desde agosto de 2017 se registra una fuerte movilización de las comunidades de la zona de Rio Blanco, con acampes de comuneros a la entrada al campamento minero.

El 8 de mayo de 2018, los comuneros organizados quemaron gran parte del campamento de la mina, instalaciones y maquinaria incluidas, aplicando una decisión de decenas de comunidades de la zona. Instalaron un puesto de control que impide el acceso de las volquetas y de todo personal de la empresa permitiendo el tránsito solo para los pobladores de esta zona. La justicia aceptó una demanda de las comunidades y paralizó el proyecto.

En la ronda donde la comunidad San Pedro de Yumate va explicando su historia de resistencia, a casi 3.000 metros en tierras húmedas semi-tropicales, las mujeres son las más activas. Desde mamá Laureana, partera de 74 años que asistió más de 200 nacimientos, hasta jóvenes como Yoana, de 20, que carga a su pequeña que quiere integrarse a la ronda.

“Ya no confiamos en los hombres”, dice una de las comuneras. Explica que cuando las comunidades de Kimsacocha, la otra gran resistencia en la provincia, organizaron un referendo para decidir sobre el proyecto Loma Larga, el 86% se pronunciaron en contra. Se votaba en mesas de varones y de mujeres. Las primeras lucían raleadas y el voto contrario osciló entre el 50 y el 60% de las papeletas. En las mesas de mujeres, se registraron índices negativos que superaron holgadamente el 80%. Ellos sueñan con trabajo. Ellas con preservar la vida.

Algo similar sucede en la ronda que se va formando en torno al fogón. De los 30 integrantes, casi 20 son mujeres. Ellas se afanan moldeando la masa, armando empanadas y dorándolas en aceite hirviendo, mientras otras cocinan agua de hierbas. En una esquina de la ronda, los varones hablamos, explicamos, analizamos y en ocasiones decimos lo que debe hacerse. Ellas ni nos miran, sólo hacen lo importante, dejando el parloteo a los varones.

Uno de los mayores de la comunidad reconoce: “Nosotros vamos atrasito de ellas, nomás”. Ellas son las “pachamamas”, como se nombra a las integrantes del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, creado hace más de una década con mujeres de las parroquias Victoria del Portete, Tarqui y Molleturo (a la que pertenece Yumate), y también de la ciudad de Cuenca.

Ellas son la punta de lanza de la lucha en defensa del agua. Uno de los “analistas” que nos juntamos en una esquina, explica quenla lucha de estas mujeres comenzó en realidad hace 23 años y las más activas, el núcleo del combate, son las comadronas, porque conjugan autoridad simbólica y saberes ancestrales.

En este campamento, debajo de los plásticos negros que protegen de la humedad y la lluvia, un joven de sombrero rojo y nombre Paul explica que en dos meses comenzará a funcionar el “colegio autónomo Río Blanco”, con docentes voluntarios, porque “las empresas utilizan las escuelas para adoctrinamiento minero”. Asegura que la autonomía es el camino, que lo aprendió en un lugar lejano de nombre Chiapas, donde se dirigió luego de escuchar, durante noches heladas, el mensaje de las lagunas del páramo de Cajas.

Fuente:https://desinformemonos.org/si-se-puede-mujeres-derrotan-la-mineria-a-gran-escala/?fbclid=IwAR3phnz0UhqsKuniRf8oPba2Zth6C7Pt5GDTJtP86rsm2jRB3dFuic3Las4

El expresidente de la organización Frente de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), y funcionario del GAD del Azuay, Arariwa Sigcha, aseguró que las organizaciones filiales están decidas a apoyar al prefecto Yaku Pérez en la decisión de promover la realización de una consulta popular, en la que se pronuncie el pueblo sobre si quiere o no minería metálica en los páramos y lugares donde hay fuentes de agua.

La palabra final sobre este pedido formal de la consulta popular lo tiene la Cámara Provincial.

Ante el pronunciamiento de algunos alcaldes y consejeros, en el sentido de que no están de acuerdo que se asigne 1.5 millones del presupuesto del Gobierno Provincial para este proceso, Sigcha aseguró que de ser el caso se optará por otra alternativa, aunque todavía existe la esperanza de que la aspiración de quienes integran la FOA es que el cuerpo colegiado apoye el pedido de Yaku Pérez.

Sin embargo, de no concretarse aquello, las organizaciones de base estarían dispuestas a ir por la otra opción que es el pedido por iniciativa popular, en cuyo caso deberán recolectar las firmas que determina la ley.
“Recolectar las firmas para una consulta a nivel provincial es un camino duro, pero aún confiamos en que la Cámara Provincial decida respaldar este proceso”, agregó Sigcha.

El pasado fin de semana, Arariwa Sigcha fue reemplazado en la presidencia de la FOA por Patricia Mogrovejo, quien resaltó que uno de los logros alcanzados por la dirigencia comunitaria fue la consulta popular de Girón.
Hizo un llamado a los alcaldes, prefecto y más autoridades para que apoyen la consulta popular en la provincia del Azuay.(AZD)-(I)

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/07/10/desde-la-comunidad-promoveran-consulta-popular-antiminera-si-la-camara-provincial-no-aprueba/

Trabajar en la consulta popular provincial para evitar la minería será la prioridad de la nueva dirigencia de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), encabezada por primera vez por una mujer, su nombre es Patricia Mogrovejo, lideresa de la zona de Girón, quien manifestó que la lucha por el agua continuará para asegurar que la juventud y la niñez tengan agua.

Esta consulta es un ofrecimiento de campaña de Yaku Pérez, actual prefecto del Azuay. El presidente saliente de la FOA, Lauro Arariwa Sigcha, precisó que, si no existe el apoyo de la Cámara provincial, la organización saldrá a las calles para recolectar firmas.

La directiva también está conformada por las y los jóvenes. Tatiana Sivisipa, es parte de este grupo, con 26 años es la nueva dirigente de Educación Comunitaria, quien informó que una de las primeras acciones es un proceso de formación política y ecológica para fortalecer la resistencia.

La directiva elegida el sábado 06 de julio en la Casa de San Blas también resolvió exigir que se respete el resultado de la consulta popular de Kimsakocha y que se cumpla la sentencia de suspender las actividades mineras en la parroquia de Molleturo.

Fuente:https://foazuay.org/2019/07/11/por-primera-vez-una-mujer-liderara-la-lucha-antiminera-en-azuay/?fbclid=IwAR1ID1H0h9oTBblFxl73hDgu7B3N7fuIAnrQOjHJwmRKMP9Zq3SFlCW400w

1200 policías, 1200 militares y 20 fiscales se movilizaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, en la madrugada del martes 02 de julio. El operativo se da luego de que el gobierno de Moreno declarara el estado de excepción para el “control territorial” y la “seguridad ciudadana”, tras los conflictos generados a causa de la minería, calificada por el Estado como “ilegal”.

La ministra del Interior, María Paula Romo, explicó que este tipo de minería ha desencadenado más de 10 delitos (homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivos, y tráfico de combustible).

De acuerdo con el decreto N°812, en el primer semestre de 2019 se han registrado 27 hechos violentos, entre los cuales se encuentran muerte violenta por arma de fuego, muerte violenta por arma blanca, fallecido por deslizamiento de tierra, herido por una riña, entre otros.

Los problemas no son nuevos, iniciaron hace dos años. Según el gobierno, a partir del 2018 emprendió un plan para contrarrestar estas actividades y como resultado se ha desarticulado 92 grupos delictivos y más de 800 personas detenidas.

Pero la violencia no es un tema exclusivo de la minería “ilegal”. También está presente en la otra minería, la “legal”, liderada por empresas transnacionales y controladas por el Estado. A este tipo de minería también se la conoce por otros nombres “responsable” y “amigable con el medio ambiente”.

Sin ir más lejos, una muestra es el sur del país. La Controlaría determinó que la Empresa INVMETALS cometió 7 irregularidades de fondo en el proyecto minero Loma Larga o Kimsakocha –actividades sin licencia ambiental, incumplimiento del plan de inversiones, uso del agua fuera de las recomendaciones técnicas, entre otras– que son causal de caducidad de las concesiones. Sobre los impactos sociales, fragmentación y persecución a las comunidades, y 8 días en prisión de tres dirigentes por defender el agua: Yaku Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi.

Otro Informe completo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, reveló que en el caso de los proyectos Río Blanco (Azuay) y Mirador (Zamora Chinchipe), los niveles de violencia han aumentado, verificables en las agresiones que la empresa privada de seguridad de Junefiel Resources cometió en octubre de 2017 o el asesinato de José Isidro Tendetza cometido en diciembre de 2014, hasta ahora en impunidad. Por otra parte, pese a las denuncias de impactos ambientales (deslaves, deforestación, desecamiento de fuentes de agua, polvo y ruido) hasta ahora, no existe control ni sanción por estos hechos.

Yaku Pérez, prefecto del Azuay en una entrevista radial, señaló que la propaganda contra la minería «ilegal», es un discurso que venden las transnacionales y el gobierno para insistir que la única opción en un territorio con riqueza mineral es la minería «legal».

La autoridad local ha planteado como solución en prohibir todo tipo de minería en fuentes hídricas para que no se repita la violencia de Buenos Aires, ni de Kimsakocha, Río Blanco y Mirador. Por lo que espera que el primer ejemplo sea el territorio azuayo con una consulta popular a nivel de toda la provincia.

Con este escenario surgen diferentes inquietudes: ¿Por qué el gobierno solo «combate» la minería «ilegal»? ¿Si hay violencia con los proyectos mineros «formales» porque el gobierno no autoriza desplegar las fuerzas de seguridad a estas zonas? ¿Realmente quieren proteger la vida de la población de Buenos Aires o es parte de la propaganda prominera? ¿Por qué ahora el estado de excepción cuando el problema inició en el 2017 o es por el rechazo creciente a los grandes proyectos mineros y el triunfo de la consulta de Kimsakocha?

Fuente:https://foazuay.org/2019/07/02/el-gobierno-de-moreno-omite-la-violencia-de-la-mineria-legal/?fbclid=IwAR2tIUpefoebcpC7sQ1fIaUGoe-lFDwd9VgEPx8I4XEqwGvUbHN9H1NZzMI

Tres jueces de la provincia de Imbabura emitieron una sentencia para no permitir la explotación minera en el Bosque protector Los Cedros, ubicado en el sector de Llurimagua, en la parroquia García Moreno, cantón Cotacachi.

En la sentencia se establece que se deja sin efecto el acto administrativo donde el Ministerio del Ambiente y Agua otorgó el registro ambiental a favor de la empresa nacional minera (ENAMI -EP) para realizar la fase de exploración inicial del proyecto Río Magdalena.

También se dispone que las carteras del estado mencionadas publicarán la sentencia en su portal web y permanecerá durante tres meses. Además, ofrecerán disculpas públicas a las comunidades por la vulneración de derechos en un diario de circulación nacional en una ocasión.

Frente a este contexto, activistas se pronunciaron en los exteriores de la Corte Constitucional de Quito. El abogado Fred Larreateagui señaló que esta sentencia se reconoce que el Estado vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Ivonne Ramos de Acción Ecológica recordó que esta no es la primera sentencia en contra las empresas mineras y petroleras, son varios pronunciamientos favorables como el caso Río Blanco, en Azuay.

Los jueces, para tomar la decisión, visitaron la zona que posee cerca de 900 especies de mariposas, más de 300 tipos de aves, cinco especies de felinos y más de 400 variedades de orquídeas. Elisa Levy, coordinadora de investigación de la Estación Científica Los Cedros, explicó que en una sola hectárea se registraron más de 290 especies.

Adicionalmente Levy afirmó que en la zona norte se ha detectado mayor cantidad de oro, metal que solo permitiría el desarrollo para la banca mundial.

El triunfo no fue de la noche a la mañana, inició con una acción de protección presentada por el gobierno descentralizado de Cotacachi en noviembre de 2018.

Fuente:https://foazuay.org/2019/06/20/imbabura-defensores-del-bosque-los-cedros-vencen-a-minera/?fbclid=IwAR3JfJkQncoxVBrABf4-72umLMFmgs0NYxbkGKcVg8Z2GjDgokXxtzCa9pI