29/03/2020
La empresa minera Explorcobres (EXSA), hermana de la empresa china Ecuacorriente, denunció que su campamento La Esperanza, ubicado en el proyecto San Carlos Panantza, en Morona Santiago, recibió un ataque vandálico por parte de personas «que están por fuera del área de influencia de ese proyecto».

Explicaron que fue un ataque violento con tacos de dinamita y armas de fuego. El acto vandálico se realizó a las 00:15 del 28 de marzo. En el momento de la agresión se encontraban en el campamento varios guardias que fueron evacuados.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables confirmó tras una inspección de la Agencia de Regulación Minera (Arcom), los hechos. También dijo el Ministerio que durante estos sucesos, personas no identificadas sustrajeron objetos y equipos de valor.

En este sentido la Cartera de Estado rechazó enfáticamente los actos vandálicos y la destrucción de la propiedad privada perteneciente al proyecto minero San Carlos Panantza. Además se explicó que estos hechos se realizaron durante el Estado de Excepción.

El Ministerio pidió a las autoridades correspondientes realizar la investigación a fin de dar con los responsables de estos hechos y garantizar las concesiones mineras legalmente concedidas.

La empresa deploró los actos violentos, pero dijo que continuará trabajando por el bien del país.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/29/nota/7798704/incendian-roban-campamento-minero-esperanza

… Frente a iniciativas mezquinas e insolidarias, proponemos un diálogo democrático que acoja las iniciativas populares

Alberto Acosta
18/03/2020

Pandemia y crisis económica
La pandemia del coronavirus COVID-19 ha colocado a la humanidad ante la angustia de una posible muerte generalizada. Ataca a todos sin diferencias: han caído contaminados gobernantes, artistas, deportistas, sacerdotes, gente común, jóvenes, viejos, hombres, mujeres. Pero, sobre todo, amenaza a los más pobres, a quienes no tienen condiciones para protegerse ni aislarse.

La actual crisis mundial no es el resultado de la pandemia; venía gestándose desde antes, como consecuencia del capitalismo depredador y salvaje que nos han impuesto los poderes globales.

Desde las autoridades se privilegian las medidas de control y disciplinamiento, la estrategia del miedo. La primera preocupación del poder mundial es la salud del mercado, no la vida de los seres humanos. Nunca hablan de las otras pandemias: la especulación criminal del capital global, el extractivismo, la sobreexplotación de los trabajadores, el hambre, un modelo productivo que exacerba la contaminación ambiental. Nunca dicen que la crisis sanitaria que vive el planeta se debe al desmantelamiento de los sistemas públicos de salud y al debilitamiento del tejido comunitario y de las organizaciones que pueden responder a la emergencia desde las bases de la sociedad.

La primera reacción del gobierno ecuatoriano, hace un par de semanas, fue la aplicación oportunista de un mini paquete de medidas fiscalistas, atacando a los trabajadores públicos y a las clases medias a fin de obtener liquidez inmediata y hacer buena letra frente al Fondo Monetario Internacional. Completó el esquema con medidas policiales, ignorando, por ejemplo, el llamado de la CONAIE a coordinar acciones en zonas y territorios vulnerables y desprotegidos. El gobierno no cree -más bien le teme, como evidenció durante el paro de octubre- en la capacidad organizada de la sociedad.

Décadas de políticas populistas en el campo de la salud evidencian el colapso de un sistema que se basa en la curación y en la oferta de servicios, mas no en la prevención y promoción de la salud. Esto se potenciaría mucho más si se recuperaran los saberes ancestrales y se respetaran los territorios de los pueblos y comunidades que los desarrollan. La reducción del presupuesto, el despido masivo de personal médico, el despilfarro y la corrupción en los hospitales públicos confirman que los gobiernos han priorizado un modelo empresarial para favorecer a grandes grupos privados y transnacionales de la salud. Ante la pandemia, hasta voceros neoliberales, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se han visto obligados a reconocer que la salud no puede estar sometida al imperio del mercado.

Desde la sociedad empieza a emerger la fuerza de la solidaridad frente a la inopia del gobierno. El barrio, la familia, el ayllu se convierten en el espacio colectivo para protegerse y cuidarse, para alimentarse en conjunto y cuidar de los más vulnerables. Desde el gobierno, en cambio, hay una deuda sobre la transparencia de la información, que únicamente genera mayor angustia e incertidumbre.

En el Ecuador hay más de 60% de desempleados y subempleados que no están en condiciones de poner en práctica la mayor parte de las medidas impuestas. Si el gobierno no abastece de alimentos a las familias que presenten casos, la cuarentena y la restricción a la movilidad serán un fracaso.

La decisión desde abajo surge de la fuerza y la conciencia de los sectores subalternos del país, que propician un programa para atender las propuestas alternativas que vienen desde la resistencia al extractivismo y la construcción de otros modos de vida (soberanía alimentaria, agroecología, agricultura familiar campesina, turismo comunitario, seguridad social), en armonía con la naturaleza. Vienen desde la lucha de las mujeres contra el patriarcado y por la soberanía de los cuerpos, para construir desde el cuidado un mundo compartido por todos y todas, sin las violencias que destruyen a nuestra sociedad. Vienen desde las luchas de las nuevas generaciones por un mundo libre de los ataques a la madre naturaleza y a la vida. Vienen, en este momento de resistencia a la precarización y sobreexplotación del trabajo, de la resistencia al capitalismo del desastre.

Hay que potenciar los vínculos comunitarios y la solidaridad en esta hora difícil. Debemos estar preparados para que se concrete un efectivo cambio de rumbo en todos los ámbitos. No se puede tolerar que autoritarismo, extractivismo y neoliberalismo marquen el camino para cuando hayamos controlado la pandemia.

La crisis no la deben pagar los pobres, sino los responsables de la codicia y la desposesión como modos de vida. En el Ecuador, la crisis debe recaer sobre los que más se beneficia- ron de la bonanza petrolera y de las medidas neoliberales aplicadas en los últimos años. Es inadmisible que un grupo de economistas neoliberales, que han hecho una apología permanente de la desigualdad social, hoy propongan al pueblo ecuatoriano medidas duras para salir de la crisis, beneficiando a los grandes grupos económicos.

Frente a estas iniciativas mezquinas e insolidarias, proponemos un diálogo democrático que acoja las iniciativas nacidas de la dinámica y de la necesidad concreta de los sectores populares, campesinos e indígenas del Ecuador.

Declaramos nuestro apoyo a las propuestas y caminos abiertos por el Parlamento de los Pueblos, por el movimiento indígena, las mujeres, las y los jóvenes, los sindicatos y los movimientos sociales. Llamamos a fortalecer y juntar las resistencias y a construir una democracia diferente, un Estado plurinacional sin permiso, capaz de sostener y apoyar la unidad del movimiento indígena y los movimientos sociales, y preparar propuestas para enfrentar la decadencia del capitalismo planetario.

https://montecristivive.com/ante-la-crisis-y-la-pandemia/

Ricardo Zambrano
08/03/2020
90 % del mercurio importado por Ecuador sirve para ‘envenenar’ a la Amazonía, según estudio
Entre 1994 y 2018 Ecuador importó 403 toneladas de mercurio que en su gran mayoría (90 %) fue utilizado para la minería de oro informal e ilegal. Esta cifra lo ubica como el sexto país que más importó este químico dentro del Bioma Amazónico, luego de Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y Guyana.

Los cinco mayores proveedores de mercurio para Ecuador, durante los años 1996 a 2015, fueron: Alemania (94,36 toneladas), España (58,491), Bélgica (32,8), Estados Unidos (24,78) y Países Bajos (21,37), según el informe ‘El Bioma Amazónico frente a la contaminación por mercurio: balance de flujos comerciales, ciencia y políticas en los países amazónicos’ realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Como consecuencia de la utilización de este material, peces y delfines en varios países amazónicos tienen presencia de este peligroso metal pesado en sus tejidos, mientras que poblaciones locales e indígenas también revelan contenidos de mercurio en sus cuerpos, en muchos casos al nivel de intoxicación, señala la WWF. Esto se da porque el peligroso metal se filtra a los ríos de la zona que proveen de agua tanto a personas como la flora y fauna.

En varias zonas de la Amazonía de Perú son claros los daños que ha causado la minería ilegal. Además, hay altos niveles de contaminación debido al uso del mercurio para producir oro. Foto: Cortesía WWF

En el 2013, Ecuador, a través del Ministerio del Ambiente, firmó la Convención de Minamata, el primer acuerdo internacional para reducir el uso y comercio de mercurio para prevenir daños a la salud y al medioambiente.

Ese mismo año el Gobierno creó el plan Cero mercurio, que estipulaba vía ley orgánica, la prohibición definitiva del uso de mercurio en actividades mineras. Sin embargo, un año después, en 2014, el país registró un aumento “espectacular y anómalo” de la importación de este químico ya que se trajeron 112 toneladas.

“Es sólo una estimación. No existen cifras definitivas pero es evidente un desbalance entre el volumen de importaciones (de mercurio) y los usos legales… un muy alto porcentaje es desviado hacia la minería ilegal”, indica Jorge Rivas, director de conservación Programa de Paisajes Terrestres de WWF Ecuador.

El uso del mercurio se demanda en la minería aurífera artesanal e informal en las ciudades de Zaruma, Portovelo, Piñas y Ponce Enríquez y los poblados mineros de Nambija y Bella Rica, señala el estudio.

Los mineros de la región de Portovelo-Zaruma, según la organización internacional, han declarado que el mercurio que usan algunas veces es importado ilegalmente del Perú.

“Una parte importante de mercurio que se utiliza ingresa al país por pasos clandestinos de las fronteras. Es necesario mejorar todos los controles, pero incluso si se prohíbe cualquier importación, si no existen los controles respectivos no tendrá mayores efectos sobre el ambiente”, dice Rivas.

Amazon river dolphin (Inia geoffrensis)
The team manages to net a group of four Amazon River Dolphins in Quebrada Valencia, a small tributary of the Loretayacu River
Amazonas, Colombia.

En los tejidos de los delfines de río, cuyo hábitat es la Amazonía, se han encontrado restos de mercurio. Foto: Cortesía WWF

El especialista señala que sin un trabajo conjunto, articulado y mancomunado entre los países del Bioma no se resolverá el problema.

No obstante, añade la WWF en el informe, los gobiernos conocen poco sobre esta realidad. Indica que salvo algunos reportes periodísticos, las inferencias que se hacen es que estos mercados de mercurio ilegal navegan fluidamente por las fronteras de Colombia, Bolivia, Perú, Brasil y Ecuador.

“En las regiones fronterizas (amazónicas) de estos países, la autoridad del Estado es tenue, los mecanismos de coordinación binacional son débiles y posiblemente hay articulación con otros mercados de bienes ilegales. Esto ha permitido el tráfico entre fronteras de mercurio y de mineros informales”, asegura el estudio.

El reporte explora cómo, a pesar de que el mercurio existe de forma natural en la Amazonía, durante los últimos años se ha aumentado progresivamente su presencia debido al crecimiento de la demanda de oro en el planeta, y por ende el incremento acelerado de la minería aurífera informal e ilegal.

Esta clase de minería es la mayor fuente de contaminación por mercurio a nivel global. El mercurio es utilizado para el amalgamiento del oro, es transportado por los ríos y entra en la cadena alimenticia del ser humano y de especies claves como el delfín de río, a través de los peces.

Políticas transfronterizas que reduzcan el comercio del mercurio y su uso en la minería ilegal; establecer mecanismos de trazabilidad de origen y de comunicación en torno a un ‘oro envenenado’ son parte de las sugerencias que realiza el informe, aunque, reconoce que lograr la reducción del uso del químico también dependerá de la demanda internacional. “Estas normas y prácticas deberían generalizarse y ser la norma internacional para la compra de oro”, dice Rivas. (I)

DATOS

Debido a su alta toxicidad y riesgo para la salud humana y el medio ambiente, la Organización Mundial de la Salud ha declarado al mercurio como una de las seis sustancias químicas más peligrosas para la salud.
El mercurio se utiliza en una gran variedad de procesos y productos, como las amalgamas dentales, aparatos de medición, cosméticos y en el proceso de amalgamación en la minería de oro.
112 toneladas de mercurio se importaron al país en 2014, la cifra más alta registrada hasta el momento, según el informe de la WWF.
40 dólares es el precio de un kilo de mercurio en Ecuador, especialmente en las regiones amazónicas donde hay minería ilegal.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/08/nota/7770234/produccion-oro-envenenado-continua

28/02/2020
DENUNCIA PÚBLICA

La empresa minera CORNERSTONE S.A. en un comunicado de prensa con fecha 27 de febebrero del presnte año, en el que hace mención a los proyectos mineros bajo su concesión en las provincias de Carchi e Imbabura, indica que durante la segunda mitad del año 2020 dará paso a la perforación de los yacimientos dentro de la fase de exploración.

Es indignante constatar la vulnerabilidad a la que están sujetas la naturaleza, las comunidades y terriorios amenazados por actividades extractivistas. El 19 de junio del 2019 la Corte Provincial de Justicia de Imbabura acogió la Accion de Protección a favor del Bosque Protector Los Cedros, al constatar el incumplimiento del derecho a la consulta ambiental a las comunidades. Sin embargo desde el dictamen de la sentencia poco o nada han hecho las instituciones estatales “competenetes”, por reparar los daños y darla cumplimiento.

Rechazamos el irrespeto a los derechos humanos, a las leyes nacionales y acuerdos interanacionales asi como a la soberanía del Ecuador por parte de la empresa minera CORNERSTONE S.A. de capitales canadienses, que pese a haber sido retirada la licencia ambiental por orden del juez de la Corte Provincial de Justicia de Imabura para su operación sobre el proyecto minero Rio Magdalena que ocupa el 60% del Bosque Protector Los Cedros – Intag, no ha detenido sus actividades dentro del bosque y comunidades aledañas al proyecto.

Con amargura se puede constatar que en Ecuador no se respeta los Derechos Humanos y de la Naturaleza a pesar de poseer una de las Constituciones más granatistas en el marco del derecho y ser uno de los 17 paises más megabiodiversos del mundo.

Que el Estado ecuatoriano inobserve el incumplimiento a las leyes constitucionales por parte de las corporaciones transnacionales, mucho antes de que estas incien la fase de explotación, revela una muerte/catástrofe anunciada. En Ecuador se repite el modus operandi transnacional en el que el Estado se limita a cumplir las ordenes de los grupos de poder económico. Hace 50 años nos impusieron la explotación petrolera como una posibilidad de “desarrollo” y ahora vienen con el cuento miserable de la “Minería Responsable”.

EXIGIMOS #JUSTICIA LOS CEDROS #JUSTICIA AMBIENTAL

Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador

0992 799 751 – 098 052 4885 – omasne.ecuador@gmail.com

FEB, 14, 2020 |
PUEBLOS. Protestaron en contra de la minería y explotación petrolera.
Desde la Amazonía, cientos de indígenas de las comunidades A’i Cofán, de Sinangoe y Waorani llegaron a Quito y realizaron un plantón a las afueras de la Corte Constitucional (CC) para exigir la emisión de un fallo que ampare el derecho de estos pueblos a vivir sin minería y explotación de petróleo.

Álex Lucitante, defensor de DD.HH. y miembro de la comunidad A’i Cofán, señaló que ellos ya ganaron una sentencia en temas mineros y petroleros: “Queremos que se seleccione la sentencia de los compañeros waoranis tanto como está seleccionada la nuestra y se puedan acumular las dos y empezar jurisprudencia”.

Silvana Neiwa, lideresa del pueblo Waorani, dijo que el objetivo de su movilización es que la CC dé cumplimento a los dos casos que “protejan nuestros derechos a vivir en paz”.

Jornada
Al mediodía se movilizaron hasta el Ministerio del Ambiente. Lucitante señaló que la entidad debe ir a territorio pues “somos nosotros los que tenemos que cuidar que no entren los mineros legales o ilegales, y eso no debería ser así”.

María Espinoza, defensora de DD.HH, indicó que, según la Constitución, el Estado tiene la obligación de realizar una consulta previa e informada con los pueblos donde están recursos naturales que puedan ser explotados.

Lucitante recordó el fallo histórico de Sinangoe, de noviembre de 2018, cuando la Corte Provincial de Sucumbios revertió 52 concesiones mineras para exploración y explotación de oro, que fueron entregados por el Estado sin consulta previa, “aunque afectan a nuestro territorio ancestral e importantes fuentes hídricas”.

Por lo tanto, explica Lucitante, el Ministerio del Ambiente debe promover un plan de reparación para las zonas afectadas. (AVV)

Indígenas de la Amazonía protestaron afuera de la Corte Constitucional

Boletín de Prensa: EL PABLO, PARROQUIA CHICAL, PROVINCIA DEL CARCHI, ECUADOR

El pasado domingo 19 de enero, moradores de la comunidad El Pablo, ubicada en la parroquia El Chical (provincia del Carchi), prohibieron el ingreso a personal de la empresa canadiense CORNERSTONE a su territorio. Dicha empresa ha sido subcontratada por la ENAMI (Empresa Nacional Minera), titular de los derechos del proyecto denominado “ESPEJO”, para realizar actividades de exploración inicial. Este proyecto cubre más del 90% del Bosque Protector Cerro Golondrinas (B.P.C.G.). La principal razón que motivó el bloqueo de las vías por parte de los moradores fue el incumplimiento de ofrecimientos por parte de la empresa.

El proyecto “ESPEJO” al ubicarse en el B.P.C.G. constituye una grave amenaza a la provisión de agua para la zona, pues todas las microcuencas nacen en este bosque. El B.P.C.G. se ubica entre las parroquias Maldonado, Goaltal, Jijón y Caamaño, y El Chical. Este importante espacio abarca las cabeceras de los ríos Blanco, Verde, Gualpí, Guapilal y Golondrinas Chico; formando 5 Cuencas Nivel 5 establecidas por la SENAGUA.

Asimismo, esta área es clave para mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para miles de familias que habitan en esta zona y corresponde a los últimos remanentes de bosque montano occidental del país (queda menos del 5% de este tipo de ecosistema en el Ecuador).

Además de las graves amenazas ambientales que este proyecto supone, la presencia de la empresa CORNERSTONE ha causado división del tejido social y conflictos entre vecinos y familias. Por otro lado, en asamblea parroquial en el 2017, con una amplia mayoría, la población se manifestó en contra de los proyectos mineros en la parroquia El Chical.

Irrespetando el derecho de la ciudadanía a decidir sobre su territorio, y con apoyo del Estado, la empresa continúa con la exploración inicial, que ha implicado la contratación de mano de obra local de forma temporal y a su vez la difamación de personas, agrupaciones y organizaciones que no están de acuerdo con los proyectos mineros en la zona.

Pese a que aún no existe una fase de explotación, la aplicación de estrategias de persuasión, entrega de regalos y el uso de discursos tergiversados, propios de las empresas mineras a nivel mundial, permiten prever como esta actividad no genera ningún tipo de “desarrollo” sino conflictos, desigualdad, constantes violaciones de derechos humanos y de la naturaleza.

Respaldamos a la población local y hacemos un llamado a las autoridades, sociedad civil, y medios de comunicación para que se visibilice el profundo malestar que el accionar la empresa canadiense CORNERSTONE está causando en la parroquia El Chical y se respete el derecho a la protesta y a la resistencia.

#FueraCORNERSTONEdeEcuador

Fuente: Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador

A través de una misiva, desde la comunidad de Cazarpamba, en Cotacachi, se informó que las “comunidades afectadas por concesiones mineras en Íntag rechazan firmemente la presencia de la empresa transnacional BHP – Cerro Quebrado”.

Según denunciaron, al medio día del martes, “hombres y mujeres de la comunidad de Cazarpamba, juntamente con moradores de comunidades aledañas, le prohibieron el paso a empleados de la poderosa empresa transnacional minera BHP, a pesar de haber estado acompañada de decenas de policías”.

Además, se expuso que en la carretera se instaló un “control comunitario”, precisamente, “para controlar la presencia de personas no deseadas”.

“En horas de la tarde, moradores informaron que los policías esperaban refuerzos para intentar de nuevo pasar por el control, con la intención de llegar a la comunidad vecina de Irubí. Sin embargo, decenas de moradores de otras comunidades ahora se encuentran junto a los comuneros de Carzarpamba, incluyendo campesinos y campesinas de Irubí, Guamirla, Puranquí y Santa Rosa”, detallaron desde la organización Decoin (Defensa y Conservación Ecológica de Íntag).

“Los comuneros afirman que el permiso para que la empresa inicie la exploración inicial se otorgó sin que el Estado consulte debidamente con las comunidades. Ya van cerca de dos años que la empresa obtuvo el permiso para la exploración minera, pero no ha logrado iniciar debido a la resistencia de las comunidades, que no hace sino fortalecerse”, finalizaron. (DLH)

Fuente:https://www.lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102299661/comunidades-no-permitieron-ingreso-de-empresa-minera-en-intag-?fbclid=IwAR01NuHBcAMhbRIsgi6pZuWivZbuuCZqSKzIi4amShkTWHPS7dRIUkgqCKY

Dos preguntas presentó el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, y alcaldes de varios cantones de esa provincia, a la Corte Constitucional (CC), solicitando una Consulta Popular en contra de la minería.

Acompañado de una marcha y de dirigentes de estudiantes, tocando un saxofón, cantando y bailando, Pérez llegó al organismo.

Explicó el contenido de las preguntas: ¿Está usted de acuerdo que se prohíba sin excepción actividades de exploración, explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de descarga, recarga y regulación hídrica, bosques protectores, humedales, áreas sensibles en la provincia del Azuay?, y ¿está usted de acuerdo con la caducidad de títulos mineros otorgados antes de la realización de esta Consulta Popular?

Señaló que no son preguntas ni inducidas, ni confusas, ni genéricas.

«Ya no hay pretexto para que nos nieguen, esta vez estamos convencidos de que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y más temprano que tarde iremos a una Consulta Popular para que no sea un ministro de Estado, o presidente de la República sino sea el soberano del Azuay, quien se pronuncie por el futuro…», agregó.

Unos 20 policías antimotines custodiaron la CC para evitar incidentes.

El funcionario había ya planteado una Consulta Popular a la CC pero la negó en septiembre de 2019. El organismo consideró que la pregunta era inducida y preguntó qué iba a pasar con las concesiones ya otorgadas.

Ahora Pérez cree que se la podría realizar antes de las elecciones de febrero del 2021. Incluso considera que podría haber una Consulta Popular a nivel nacional. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/07/nota/7679517/prefecto-azuay-insiste-consulta-popular-sobre-mineria#cxrecs_s