Por Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro | 12/12/2020 | Ecuador
Fuentes: Rebelión
Todo hace pensar que al Estado ecuatoriano le espera un nuevo saqueo protagonizado por los capitales transnacionales.
“Las empresas mineras, en vez de reponer el capital invertido en ellas, junto con los beneficios corrientes, generalmente absorben tanto el capital como los beneficios. En consecuencia, son unas empresas que el legislador prudente que desea incrementar el capital de su país nunca seleccionará para concederles ningún estímulo extraordinario” -Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776

La danza minera continúa su marcha en el Ecuador, al punto que incluso la gran prensa promociona a la megaminería como la salvación ante la grave crisis ecuatoriana. Sin ninguna vergüenza, hasta se difunden burdos publirreportajes promocionando el compromiso “ejemplar” de las megamineras con el cuidado del ambiente.[1] Mientras, se cierran los espacios mediáticos a las voces críticas a la minería.

Como parte del discurso a favor de la megaminería, se presentan múltiples disyuntivas que son falsas a nuestro criterio. Un ejemplo es esa falsa disyuntiva entre minería ilegal y minería legal, donde la primera sería destructiva y condenable, mientras que la segunda sería portadora de “desarrollo”. Dicha disyuntiva se ejemplifica en las palabras del primer ministro de energía del gobierno de Lenín Moreno: “en el país va a haber minería sí o sí, nuestra decisión es que haya minería responsable y no minería ilegal, que es la que efectivamente hace daño al país” [2]. Aquí se muestra con claridad la perversa disyuntiva: si no se permite la megaminería (apoyada por el gobierno), vendrá de todas maneras la depredación de la mano de la minería “ilegal”, la cual sí “hace daño al país”.[3]

Este discurso parece calar en amplios segmentos de la población. Se repite cansinamente, hasta dotarlo de una condición de supuesta “verdad indiscutible”: si no hay minería legal, tendremos minería ilegal. Tal como reza el discurso dominante (del cual se hacen eco múltiples voces con aparente interés en el futuro del país[4]), la minería ilegal deja depredación ambiental, grupos armados irregulares, precariedad y explotación laboral y sexual, trata de personas, entre otros ejemplos de violencia y una larga serie de plagas. En cambio, como la minería legal es “altamente controlada”, necesariamente es beneficiosa para el país y no provocaría las pestes de la minería ilegal.

Es precisamente en este punto donde entra la falsedad de la disyuntiva. Para empezar, la minería “legal” también provoca impactos sociales y ambientales que – ya solo por su gigantismo – pueden ser incluso peores que en la minería “ilegal”. Dejemos en claro que, “legal” o “ilegal”, la minería per sé provoca graves impactos sociales y ambientales, pero con el agravante de que las grandes mineras “legales” tienen el poder incluso para doblegar los intereses de los Estados nacionales. De hecho, recordemos que vivimos en países en donde no solo hay inoperancia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes (y la Constitución misma en el caso ecuatoriano), sino que la corrupción es inocultable; basta ver cómo – vía “puertas giratorias” – funcionarios públicos y empresarios mineros deambulan del sector estatal al sector privado sin vergüenza alguna.

Además, si la minería ilegal es tan destructiva como reconoce el bloque pro-minero, ¿por qué no se detiene su expansión y se la erradica de una vez por todas? El gobierno conoce perfectamente donde hay minería ilegal. Basta leer las páginas 109 a 112 del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, para encontrar la ubicación exacta de los “lugares identificados de minería ilegal”.[5] De hecho, es evidente que el incremento de la minería ilegal en Ecuador, como sucede en otros países, solo sería posible por los elevados niveles de complicidad estatal, lo que revela como mínimo, tramas de corrupción del Estado que se enriquecen directamente de esas extracciones ilícitas.

Esta realidad está presente en varios países de la región. En el Perú, según el informe El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina[6], pese a existir desde hace muchos años una amplia actividad minera legal, la minería ilegal tiene exportaciones igualmente ilegales de oro por 2.600 millones de dólares anuales (la minería ilegal de este mineral representa el 28% del oro extraído en ese país). Situación similar se da en otros países: Colombia con 2 mil millones de dólares de ventas externas ilegales, Brasil con 400 millones de dólares. En Venezuela se encuentra uno de los casos más notorios en donde la minería ilegal ha cobrado una fuerza enorme en los últimos años aupada por el propio Estado (a más de la potencial presencia de grupos armados irregulares). Y en todos estos casos no debería sorprender que la complicidad con autoridades estatales, incluyendo miembros de la fuerza pública y operadores de justicia, junto a otras diversas formas de corrupción, estén omnipresentes.

Es grave la coexistencia de actividades de minería de pequeña y mediana escala legal e ilegal (aquí la minería artesanal y la pequeña minería, que es bastante grande[7], merecen un análisis más detallado por sus implicaciones socioambientales, tributarias y económicas[8]). Veamos la grave afectación a cientos de comunidades afro e indígenas en el norte de la provincia de Esmeraldas, en especial en las cuencas de los Ríos Santiago y Cayapas, pese a existir, desde 2011, una resolución de medidas cautelares emitidas y su seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo. Cabe recordar que, en un inicio, el Estado Ecuatoriano actuó en contra de la minería ilegal y hasta dinamitó maquinaria con la que se minaban las riberas de los ríos. Sin embargo, el propio Estado entregó concesiones mineras a la empresa minera estatal ENAMI y luego a varias cooperativas en la zona, “legalizando” su actividad previa y permitiendo que se amplíen e intensifiquen los graves impactos sociales y ambientales en el lugar, en especial el despojo, el racismo y las afectaciones a la salud. Hay una clara convivencia entre actividades legales e ilegales en la zona, sin que el Estado dé respuesta. Y esta realidad se da en muchas otras partes del país, como la minería legal en el Cantón Ponce Enríquez, que desde hace años contamina los ríos Tenguel, Seco, Siete, Gala… proveedores de agua a importantes zonas bananeras y también para el consumo humano en Guayaquil y que recientemente sufrió una rotura de la relavera con un derrame de 50 toneladas de material tóxico. [9]

Lo que sucede en esta región costera no tiene comparación con lo que sucederá en los proyectos megamineros, donde se mueven miles de toneladas de material al día, pudiendo llegar o incluso superar las 90 mil toneladas diarias en Llurimagua, Imbabura, para mencionar apenas un caso. Mencionemos los datos oficiales del proyecto Mirador, ya en explotación, que ilustran el gigantismo megaminero. Durante la vida de la mina, que sería de 30 años y que extraería 60 mil toneladas de material al día, se acumularían unos 491 millones de metros cúbicos de lodos contaminados (3 veces el volumen del lago San Pablo) y 438 millones de toneladas de desechos sólidos (5 veces el Panecillo de Quito). En igual periodo el consumo de agua será de 21 millones de litros de agua al día o 250 litros por segundo, es decir el volumen de 8 piscinas olímpicas o el equivalente del consumo de Ibarra. Así, luego de la extracción, habrá que garantizar por décadas que no se den roturas en el dique de colas o relavera, en donde se almacenan millones de metros cúbicos de tóxicos. De hecho, ese riesgo es enorme pues, según el ingeniero minero Steven Emerman, la pregunta no es si romperá o no el dique de cola, sino cuándo sucederá esa tragedia cuyo impacto llegaría al Río Amazonas.[10]

Además, las mineras legales pueden convivir y hasta lucrar de la minería ilegal, sin generar su desaparición. Sea porque compran el mineral extraído de forma ilegal o porque incluso podrían alentarla, quizás aprovechando los trabajos de prospección de la minería ilegal o entregando informaciones de estudios geológicos de yacimientos superficiales, para luego aparecer como salvadores de una situación caótica, tal como se experimentó en Esmeraldas o en Buenos Aires, Cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.

Incluso el argumento de que surgirá la ilegalidad si no hay actividades legales se derrumba en varios lugares por las propias condiciones geológicas. Ese es el caso de Loma Larga, un proyecto identificado hace más de 10 años en el páramo de Kimsacocha y en donde solo es viable la minería a gran escala. A su vez hay otros casos en donde la suspensión de las actividades legales no ha derivado en una invasión de mineros informales por la resistencia comunitaria. En Rio Blanco, por ejemplo, también en la provincia del Azuay, el proyecto minero está paralizado por disposición judicial desde hace más de dos años y no hay minería ilegal; aquí no ha surgido otro Buenos Aires gracias a la defensa de las propias comunidades de Rio Blanco.

Para colmo, si queremos hablar de minería “legal” primero recordemos que la Ley de Minería tiene en su génesis una estructural vulneración a los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias por la forma en que fue adoptada: no fue consultada previamente según lo establecido en el artículo 57 numeral 17 de la Constitución. Pese a que la Corte Constitucional de Transición reconoció este hecho, eso no le impidió declararla como constitucional en 2010.[11] Además, con esta Ley (de carácter ordinario), se atropelló lo dispuesto en una Ley orgánica como lo fue el Mandato Constituyente número 6, conocido como Mandato Minero, del 18 de abril de 2008. Igualmente cabría mencionar que no se han dado las consultas previas libres e informadas tal como se establece en la Constitución, provocando una larga fila de reclamos, muchos de ellos ya con sentencia y otros en pleno proceso de resolución.

Por si no fueran suficientes estos argumentos, se puede agregar que incluso en términos económicos las quimeras megamineras son mucho menos beneficiosas de lo que aparentan. Por ejemplo, de la información oficial disponible para siete proyectos megamineros llamados “estratégicos” y de “segunda generación” (Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga Kimsacocha, Río Blanco, Cascabel, Cangrejos, El Domo/Curipamba), se estima que de un total de $US 132 432 millones en ingresos-exportaciones totales que se obtendrían entre 11 y más de 50 años, al Estado ecuatoriano le llegarían solo $US 27 486 millones (por impuestos, regalías y demás); es decir, tendría una participación del 20,8% (aquí incluso cabría analizar posibles inconstitucionalidades si no se llega a cubrir el 50% de los beneficios totales que le corresponden al Estado, como establece el artículo 408 de la carta magna) (ver cuadro 1). De hecho, considerando un año de máxima actividad megaminera en donde los siete proyectos analizados se encuentren operando, el ingreso promedio anual que llegaría al Estado sumaría unos $US 876 millones, monto inferior a lo que se destinó en promedio en 2019 al pago mensual de salarios de los servidores públicos.

Cuadro 1. Ingresos estimados de algunos proyectos mineros para el Estado entre 2020-2050

Fuente: Acosta et al (2020): “Sepultando el mito megaminero con sus propias cifras”, GK.city: https://gk.city/2020/07/19/consecuencias-megamineria-ecuador/

A esto se añadiría – entre otros pasivos ambientales – miles de millones de toneladas de lodos contaminados (relaves) y de desechos sólidos acumulados en escombreras generadoras de drenaje ácido de mina, cuya reparación y menos aún la restauración, no se consideran adecuadamente en los cálculos oficiales. Si se estima que el volumen de exportación mencionado demanda movilizar material por más de 5 mil millones de toneladas, el asunto se complica: solo si se toma como referencia un costo de US$3 dólares por tonelada para remediación, el ingreso estimado para el Estado se desinfla a la mitad, con un costo de $US 6, el beneficio del Estado practicamente desaparecería y si alcanzara $US 10, el Estado quedaría endeudado… Y eso que no se considera los costos de la restauración como manda la Constitución, ni los costos de eventuales roturas de los diques de cola u otras afectaciones comunes en esta actividad extractivista (muy probables dados los contextos altamente riesgosos en los cuales se desarrollan los proyectos) y la consecuente limpieza de la contaminación asociada, a más de los graves impactos a las comunidades que están condenadas a vivir con esta amenza.

A lo anterior se suma una débil capacidad de generar empleo. A inicios de 2019, el entonces ministro de energía Carlos Pérez anunciaba que los proyectos mineros generarían 32 mil plazas de trabajo directo. Dicha suma es menos del 0,4% del empleo en el Ecuador. De hecho, la megaminería no se destaca en generar empleo. Según la CEPAL a 2017 el sector solo representó el 1,8% de empleos en Chile y el 1,1% en Perú, dos grandes países megamineros de nuestra región.

En resumen, todo hace pensar que al Estado ecuatoriano le espera un nuevo saqueo protagonizado por los capitales transnacionales – en coordinación con grandes medios de comunicación y otros instrumentos de los grupos poder locales – pues el grueso de los ingresos totales de la megaminería terminaría en las utilidades de un puñado de grandes mineras o en sus “costos de operación” (que hasta podrían artificialmente inflarse aún más para reducir las cargas tributarias en el país). Tal resultado no es nada extraño si consideramos todo el andamiaje institucional favorable a las mineras transnacionales, cuya práctica muchas veces se caracteriza por el abuso y la corrupción.

Por ende, recalcamos que la real disyuntiva que vive el Ecuador no es entre minería “legal” e “ilegal”, sino entre lanzarse a la (mega)minería o salvaguardar la vida y evitar el saqueo. De hecho, la primera alternativa a la megamineria es la no minería, al tiempo que reconocemos la urgencia de transitar hacia una economía postextractivista.-

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). Autor de varios libros. Compañero de luchas de los movimientos sociales. alacosta48@yahoo.com

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano. Profesor, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador. Candidato a doctor en economía del desarrollo, Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, FLACSO-Ecuador jcajasg@uce.edu.ec

Notas:

[1] Ver, por ejemplo, el artículo de El Universo: “El Cuidado del Ambiente, uno de los pilares de SolGold” https://www.eluniverso.com/patrocinado/8051215/cuidado-ambiente-pilares-solgold?fbclid=IwAR24iABzeGdYxE1pItDs342bj3L8un7Bk8kTe9bYoQU_x-8WM_4WpX_9fBM

[2] Ver la declaración en la nota de El Universo: “‘Carlos Pérez García: En el país va a haber minería sí o sí”, abril 30 de 2019. Disponible en: < https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/30/nota/7309703/ministro-pais-va-haber-mineria-si-o-si >

[3] Sobre el manejo minero en el Ecuador recomendamos el libro de Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro, Francisco Hurtado y William Sacher (2020); El festín minero del siglo XXI – ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera?, Abya-Yala, Quito.

[4] Otro ejemplo es el artículo de María Amparo Albán en 4 Pelagatos: “Minería ilegal: amenaza sin precedentes”: https://4pelagatos.com/2020/11/24/mineria-ilegal-amenaza-sin-precedentes/

[5] Ver el documento completo en https://issuu.com/revistavirtualmrnnr/docs/plan_nacional_de_desarrollo_del_sector_minero_2020

[6] Consultar en The Global Initiative against Transnational Organized Crime (2016). Disponible en https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/03/El-Crimen-Organizado-y-la-Miner%C3%ADa-Ilegal-de-Oro-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf

[7] Oficialmente, como pequeña minería se entiende una explotación de hasta 1.000 (un mil) toneladas al día. La pequeña mineria merece un análisis especial. Cabe recordar que su definición se fue ajustando para que empresas medianas califiquen como pequeñas y no tengan que cumplir con las obligaciones de las más grandes. La situación de esta minería ya anticipa una grave violación de la Constitución del 2008 en su artículo 408, que establece que “el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”. Si esta violación constitucional es evidente en las medians y grandes explotaciones mineras, lo es mucho más en la pequeña minería.

[8] La fuerte crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus (la cual ha destruido miles de empleos), junto con medidas de flexibilización laboral que han deteriorado la calidad del empleo, han llevado a que la minería artesanal se expanda aceleradamente como alternativa de supervivencia. Un problema grave de este tipo de minería es el uso intensivo de mercurio para obtener amalgamas que permitan la extracción de otros minerales, lo cual termina contaminando los ríos. En este caso la solución no está en la expansión de la minería legal, sino en resolver los problemas estructurales que golpean al mundo laboral.

[9] Recordemos que en julio de 2020 se produjo el colapso de una relavera en Ponce Enríquez, Azuay, lo que provocó que 50 toneladas de sedimentos y sólidos bajen por la montaña y desemboquen en el Río Tengel, provocando una grave contaminación a su paso. Ver: https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/07/03/el-colapso-de-una-relavera-en-ponce-enriquez-provoca-la-contaminacion-del-rio-tenguel/

[10] Steven H. Emerman – presas de relaves. Ver video y láminas en https://www.facebook.com/watch/?v=2353021931674006

[11] La sentencia de constitucionalidad condicionada No. 001-10-SIN-CC, es de 18 de marzo de 2010 y fue publicada en el R.O. No. 176 Suplemento de 21 de abril de 2010.

Foto de portada: Protesta contra la minería, Quito, enero de 2018. Colectivo «No a la mina». Foto de El Tiempo.

10/12/2020
El proyecto cuprífero San Carlos Panantza en Ecuador, que sería un ejemplo de expansión del sector minero, está estancado por conflictos con comunidades indígenas. El sector minero generaría unos USD 40.000 millones en ingresos durante la próxima década.

El proyecto de USD 3.000 millones financiado por ExplorCobres S.A de China es un referente de la agitación que impide el impulso de Ecuador para convertirse en una potencia minera andina y competir con Perú y Chile.

Este año, el proyecto debería comenzar a exportar cobre, pero una disputa con la comunidad indígena Shuar Arutam provocó su suspensión desde hace dos años, según la autoridad minera del país.

En una serie de denuncias, los grupos indígenas afirman que el Gobierno no les consultó adecuadamente sobre los proyectos. La lucha está socavando los ambiciosos planes de la nación andina para desarrollar la minería a gran escala como alternativa a su industria petrolera.

“No hay un consenso sobre el papel que debería jugar la minería en el desarrollo de la economía y las comunidades a menudo se sienten atropelladas”, dijo Sergio Guzmán, director para la región andina del grupo Colombia Risk Analysis.

“Hace falta una conciliación entre los objetivos de la minería que son entendidos al nivel más alto del gobierno y como se deriva eso en externalidades positivas para las comunidades”, agregó.

Amplios depósitos
De los cinco proyectos con una inversión inicial de unos USD 7.000 millones que forman la columna vertebral del esfuerzo minero de Ecuador, dos (incluido San Carlos Panantza) se han detenido por completo. Un tercero está reubicando una parte de sus instalaciones debido a la oposición local.

Otros proyectos que están menos avanzados enfrentan el rechazo de líderes locales.

Cabe resaltar que la corte electoral de Ecuador convocó a una consulta popular, que se celebrará en febrero y preguntará a los votantes de Cuenca si quieren prohibir la minería cerca de los ríos que atraviesan la ciudad. Los resultados serían vinculantes para esa jurisdicción pero no retroactivos.

Los líderes de la industria alegan que las consultas afectan los planes iniciales de los proyectos.

La resistencia podría socavar los esfuerzos de Ecuador por generar ingresos fiscales para garantizar un retorno al crecimiento económico y reforzar las finanzas estatales, después de un plan de reestructuración de deuda respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) este año.

El Gobierno espera que la industria generará alrededor de USD4.000 millones en beneficios fiscales y unos 40.000 millones en ingresos por exportaciones durante la próxima década.

El viceministro de Minas, César Vásquez, dijo a Reuters en una reciente entrevista que Ecuador está preparando una nueva normativa para ajustar los plazos y evitar que las concesiones caduquen por conflictos sociales. Aun así, el funcionario reconoció que la resistencia de la comunidad podría desanimar a los inversores.

Punto muerto
El esfuerzo minero de Ecuador puede presumir algunas historias de éxito, como la mina de oro Fruta del Norte liderada por la canadiense Lundin Gold que ya está exportando. Lo mismo ocurre con la de cobre Mirador, propiedad de una subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan Investment, que es también la matriz de ExplorCobres.

Solaris Resources de Canadá, a cargo del proyecto de cobre Warintza, creó una alianza estratégica con dos comunidades del pueblo Shuar en setiembre después de tres años de diálogo.

Pero la oposición comunitaria ha cobrado su precio particularmente en San Carlos Panantza, que nunca ha estado en buenos términos con la comunidad local.

En 2018, el Viceministerio de Minas había acordado extender indefinidamente el plazo para que ExplorCobres empiece a explotar, citando el conflicto social. El pueblo Shuar Arutam presentó una demanda para que se desechara todo el proyecto y exigió a la minera el pago de daños por el desplazamiento forzado de su gente, pero el caso fue desestimado por un tribunal provincial en 2019.

Los shuar anunciaron que presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La denuncia argumenta que otorgar las concesiones mineras sin los permisos del grupo viola los estatutos del organismo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Aunque una decisión de la OIT por sí sola no alteraría el curso del proyecto, una recomendación negativa presionaría a las autoridades y afectaría la reputación de Ecuador.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/la-lucha-con-los-indigenas-podria-frenar-el-impulso-de-ecuador-para-ser-una-potencia-minera/

MAAE anuncia inspecciones a concesiones y operativos por minería ilegal.
Por Bolívar Pérez – 09/11/2020
Integrantes de la comuna indígena San Sebastián del cantón Sígsig nuevamente denuncian una posible contaminación del río Santa Bárbara debido a las actividades mineras. En un recorrido se constató cambios en la tonalidad de las aguas del afluente. BPR

La comuna indígena San Sebastián nuevamente denuncia una posible contaminación del río Santa Bárbara como resultado de las actividades mineras que se realizan, en especial en las partes altas del cantón Sígsig. Sus miembros aseguran cambios en la tonalidad de las aguas del afluente.

En las redes sociales incluso se publicaron imágenes al respecto que generan diferentes criterios en la población. Diario El Mercurio en compañía de la Policía Nacional recorrió el pasado fin de semana parte del río para así constatar la denuncia. Se observó en ciertos tramos aparentes cambios de color en las aguas, que las autoridades competentes, tendrán que determinar las causas exactas.

Los representantes de la comuna dialogaron en estos días con autoridades municipales incluso de los cantones vecinos de Chordeleg y Gualaceo, por donde atraviesa el Santa Bárbara, para solicitar su apoyo en la defensa del río.

Se prevé que este miércoles se reúnan las direcciones de gestión ambiental de estas municipalidades junto a la del Sígsig para analizar la situación. Además, la comuna con el respaldo de otras organizaciones, realizarán el 23 de noviembre una marcha pacífica por las calles céntricas del Sígsig.
Preocupación

De acuerdo con Luis Sánchez, presidente de la comuna indígena San Sebastián, el malestar por la contaminación del río surge desde el año 2000, incluso, en el 2018 se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado sin tener una respuesta favorable. Comenta que cuentan con un informe técnico elaborado con el apoyo del Gobierno Provincial del Azuay en la microcuenca de las zonas altas, donde se avala la denuncia.

Existe minería ilegal con asentamientos clandestinos, además que las concesiones legales no cumplirían con los parámetros, ya que utilizan maquinaria de alto calibre que provocan las afecciones. “El cambio del color en las aguas es porque trabajan con maquinaria, cambian el cauce del río, cavan hoyos profundos, hacen muchas cosas usando contaminantes”, cita Sánchez.

Autorizar y controlar la minería metálica no es competencia municipal, sino de las entidades del Gobierno Central, sin embargo, la presente administración ha puesto la voz de protesta por una posible contaminación del río. Así lo explica el alcalde del Sígsig, Pablo Uyaguari, quien recuerda que en su plan de trabajo de cuando fue candidato está que la actividad minera no es una opción de desarrollo cantonal.

“La Municipalidad ha ejecutado 22 actos administrativos en contra de la actividad minera que contamina el ambiente, inclusive firmamos los documentos con los cuáles se solicitó con el exprefecto Yaku Pérez, la declaratoria del Azuay como zona libre de minería que, lamentablemente la Corte Constitucional, no dio paso (…) Hemos realizado hasta dos demandas en la Fiscalía”, menciona Uyaguari.
Controles

Ante esto, Santiago Yandún, director zonal del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE), dio a conocer las acciones cumplidas y por desarrollarse en los próximos días en la zona en cuestionamiento. Recuerda que desde el 2013 se trabaja al respecto, tanto con la ex ARCOM hoy Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Policía Nacional y Fiscalía.

El primer operativo se cumplió en el 2013 con la detención de personas por minería ilegal, luego, a lo largo de los años 2015, 2018, 2019 y en enero del 2020 se realizaron inspecciones a los sitios para determinar qué acciones se estaban cumpliendo, tanto en minería ilegal y también en el control de las concesiones legales que se encuentran en el río Santa Bárbara. Por la pandemia, no se han podido realizar más controles.

Sobre esta nueva denuncia, el MAAE con la Gobernación del Azuay y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables coordinan acciones. Anuncia que a las alrededor de 13 concesiones legales de minería artesanal registradas en la zona se les efectuará inspecciones para verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental y en qué estado de regularización se encuentran, mientras alistan nuevos operativos contra la minería ilegal. (BPR)-(I)
DETALLE Gustavo Vera, alcalde de Gualaceo, confirmó su participación en la marcha organizada por la comuna para los próximos días.
https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/11/09/en-sigsig-alertan-posible-contaminacion-minera-en-el-rio-santa-barbara/

22/10/2020
Los pobladores de Los Encuentros, en Zamora Chinchipe, Ecuador, impiden el traslado de trabajadores y del material minero al proyecto Fruta del Norte, de Lundin Gold.

Los manifestantes responsabilizan a la minera por el colapso del puente sobre el río Zamora e instan a la construcción del nuevo puente.

Tras el colapso del puente sobre el río Zamora, en la comunidad de Los Encuentros, el 17 de octubre pasado, los pobladores han protagonizado disturbios en la zona, reportó (el martes 20) Lundin.

El director ejecutivo de la minera, Ron Hochstein negó que Fruta del Norte se la causa del colapso del puente, pues el puente solo se utilizaba para transportar personal, combustible y otros suministros en vehículos que estaban dentro de los límites de peso oficiales.

Según Lundin Gold, la mina tiene suficientes suministros y personal para aproximadamente una semana antes de que una protesta comunitaria comience a afectar la producción. Advierte que un conflicto prolongado si podría amenazar la perspectiva de producción anual de la compañía de 200.000 a 220.000 onzas.

“Este bloqueo impide a la Compañía trasladar personal y materiales, incluido el concentrado de oro, desde y hacia Fruta del Norte. La Compañía está evaluando el impacto que este bloqueo”, dijo la minera.

Los lugareños reclaman que la construcción de un nuevo puente había sido acordada desde 2018 pero con financiamiento tanto de Lundin Gold como de entidades locales y nacionales. El problema es que no se dieron los pasos necesarios para concretar dicha construcción que está a cargo del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.

Lundin Gold reconfirmó públicamente su compromiso de financiar la construcción de este nuevo puente, pero recalcó que es una responsabilidad del gobierno provincial.

La minera dijo que se encuentra colaborando con todos los niveles del gobierno y con los integrantes de la comunidad para resolver el asunto de manera cooperativa, constructiva y oportuna.

El Dato
Según cifras del Banco Central, entre enero y agosto de 2020, Ecuador exportó un total de USD 410,06 millones en productos mineros (excluyendo los productos de la minería no metálica).
Fuente: El Universo e Infobae

Producción de Fruta del Norte en Ecuador peligra por bloqueo

19/10/2020
REENCUENTRO. Los detenidos fueron liberados en horas de la tarde.

Cuatro personas fueron detenidas en la parroquia de Gualel producto de una manifestación.

Un conflicto entre moradores de la parroquia de Gualel y la empresa minera Guayacan Gold, registrado el jueves 15 de octubre derivó en una manifestación que culminó con la incineración de una camioneta, pero aún este hecho está en investigación.

Acontecimientos

El jueves fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos adultos mayores, quienes supuestamente estarían involucrados en la quema de una camioneta.

Dos de los ciudadanos fueron aprehendidos en sus propias parcelas y otro mientras descansaba en su domicilio, conforme sus propias declaraciones afuera del Centro de Rehabilitación Social de Loja.

Según el parte policial la detención de estas personas ocurrió en esa jurisdicción rural, ubicada al noroccidente del cantón Loja, por información brindada por los presuntos afectados.

Los detenidos fueron trasladados al centro de detención provisional de la ciudad de Loja en horas de la madrugada.

El viernes 16 de octubre, el Comité para la Defensa del Agua y Pueblo de Fierro Urco convocó a una conferencia de prensa.

Se habló de que estas personas fueron detenidas injustamente, el presidente del FIIS Pedro Sigcho, comentó que incluso en la camioneta de la empresa se encontró un arma de fuego y alcohol etílico.

Audiencia

Más tarde, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos donde la jueza Jenny Jaramillo, aceptó la flagrancia a pesar de que la defensa argumentaba de que los señores no fueron encontrados en el lugar de los hechos sino en sus domicilios y parcelas.

En las afueras del edificio donde funciona la Unidad Penal de Loja, amigos, familiares y miembros de colectivos en defensa del agua, entre voces, carteles y aplausos pedían la liberación de sus compañeros.

Para Manuel Angamarca, vocal de la junta parroquial, la defensa del agua y de los pueblos ancestrales no termina pues ellos seguirán luchando para que no exista explotación minera en la zona.

Liberación

La Fiscalía acusó a los señores Salomón T., Jovita C., Juan A., y Jon M., de los delitos de ataque y resistencia, y daño a bien ajeno, sin embargo, la jueza aprobó la liberación de las personas involucradas otorgándoles medidas cautelares mientras se lleve a cabo la instrucción fiscal.

La defensa de los sospechosos, argumentó que los hechos no quedaron del todo claros, sin embargo, ellos respaldan el derecho constitucional a la manifestación.

La lucha no termina, se busca defender las reservas hídricas de Loja y por supuesto la vida, manifestó Marco Romero, abogado.

Testimonios

Se cumplió con la liberación de los detenidos, sus familiares y amigos los recibieron entre abrazos y ovaciones. Jovita, relató que la detuvieron dentro de su parcela, entre lágrimas narró que fue ultrajada por los policías quienes la habrían pateado y golpeado, pero se mantiene firme en la defensa del agua.

Salomón T., cuenta que fue detenido dentro de su casa mientras descansaba, fue golpeado y recibió también un machetazo, para él, la defensa del agua es lo más importante, pide que el Cabildo de Loja defienda y mantenga su palabra cuando declaró, en 2019, a Loja libre de minería metálica.

Contraparte

El abogado defensor de Guayacan Gold, en exclusiva con Diario La Hora, manifestó que la empresa, bajo los permisos y autorizaciones correspondientes, está realizando actividades de minería en el sector Gualel.

“Un grupo de personas que está en contra, el día de ayer (jueves 15 de octubre) incendiaron una camioneta que produjo graves consecuencias materiales (..) habrá que determinar en la investigación, pero existen videos, testigos e indicios contra estas personas”, manifestó el abogado Xavier Manzanillas.

La Fiscalía tiene un plazo de 30 días para la instrucción fiscal, mientras tanto los presuntos sospechosos deberán presentarse periódicamente y no podrán salir del país mientras duren las investigaciones.

En Gualel se genera conflicto por inminente extracción minera

Las comunidades de Intag sientan otro precedente en su lucha en defensa de
la vida y la Pachamama.

Rana Arlequín Hocicuda

Rana Nodriza Confusa

Fallo histórico: jueves 24 de septiembre de 2020, después de 26 años de lucha constante
en defensa de la vida y la dignidad, en una suma de esfuerzos que ha contado con la
participación de distintas organizaciones, colectivos e individuos, donde destaca la
presencia y apoyo de DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de Intag), el Ecuador
marca un precedente único ante el mundo por la defensa de los derechos de la
naturaleza.
La Jueza Constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón
Cotacachi, Carmen Inés Jaramillo Cevallos, concedió la Acción de Protección con Medida
Cautelar a favor de los derechos de la naturaleza, en contra de los intereses económicos
de las transnacionales, y la omisión del Ministerio del Ambiente (MAE) de sus
responsabilidades como autoridad ambiental.La resolución judicial establece: 1) el MAE dispone de un término perentorio de 3 meses
para cumplir con las observaciones de Contraloría General del Estado con respecto a los
daños causados en la primera fase de exploración; 2) el MAE deberá designar para esta
concesión u otras con alta biodiversidad a entidades públicas o privadas adicionales a las
contratadas por la entidad operadora; 3) para validar los Estudios de Impacto Ambiental
presentados, deberá considerar a universidades acreditadas diferentes a las contratadas
por la operadora; y, 4) considerar a las comunidades de la zona y al municipio local.
Sin la aprobación de las entidades antes descritas no se entenderán cumplidos los
requisitos de la sentencia. Además, en caso de que el MAE no cumpla con estos
requisitos dentro del término establecido, se revocará la licencia o plan ambiental a la
entidad operadora.
La decisión de la jueza Carmen Inés Jaramillo Cevallos fortalece y ampara la defensa del
Buen Vivir, principio que se expresa en la existencia de la Rana Arlequín Hocicuda y de la
Rana Nodriza Confusa, especies amenazadas por el Proyecto Minero Llurimagua cuya
protección es prioritaria debido a que sólo se han reportado en el área minera Llurimagua
y en ningún otro lugar del planeta.
Contactos:
Carlos Zorrilla
Decoin@gmail.com / www.decoin.org
Natalia Greene 0999443724
presidencia@cedenma.org
Comunidad de Intag: Marcia Ramírez 0993682663
Andrea Terán: 0984553847
Comunicación: Vanessa Bósquez 0999311384

23/09/2020
Pedido de consulta popular para prohibir la actividad minera a gran y mediana escala en zonas de recarga hídrica en la ciudad andina de Cuenca, donde se encuentran proyectos clave para el país andino, obtiene una resolución favorable por parte de la Corte Constitucional de Ecuador.

A inicios de mes, el Municipio de Cuenca presentó una propuesta para que la Corte Constitucional (CC), la máxima del país andino, califique las preguntas con la que busca prohibir la minería metálica en las zonas cercanas a cinco ríos que atraviesan la ciudad.

La Corte Constitucional emitió “un dictamen favorable” a las cinco preguntas planteadas por el Municipio de Cuenca, pero con algunas condiciones. “Los efectos de la presente consulta popular, ante un pronunciamiento afirmativo del electorado, serán únicamente hacia el futuro”, dijo en la resolución publicada en su cuenta de Twitter.

En Cuenca se ubican proyectos importantes como Loma Larga, operado por la canadiense INV Metals Inc, que ya fue afectada por una consulta popular sobre minería en marzo de 2019. Además, en la zona se encuentran proyectos clave de mediana escala.

Ecuador, un país productor de petróleo que enfrenta una crisis de liquidez, busca desarrollar su industria minera para diversificar su economía y las fuentes de ingresos del Gobierno mientras lucha para pagar una gran carga de su deuda externa.

La Corte Constitucional había negado anteriormente tres pedidos del prefecto del Azuay, Yaku Pérez, que buscaban la prohibición de la actividad minera en toda la provincia, donde se ubica Cuenca, por errores técnicos en los cuestionarios.

Ecuador proyecta que este año las exportaciones mineras en el escenario “más pesimista” por la pandemia lleguen a unos USD 642 millones.
Fuente: Reuters

Ecuador da paso a consulta para prohibir la minería en Cuenca

El Municipio de Cuenca presentó a inicios de mes una propuesta para que la Corte Constitucional (CC), la máxima del país andino, califique las preguntas con la que busca prohibir la minería metálica en las zonas cercanas a cinco ríos que atraviesan la ciudad.
22/09/2020
(Reuters) La Corte Constitucional de Ecuador dijo este lunes que emitió una resolución favorable a un pedido de consulta popular para prohibir la actividad minera a gran y mediana escala en zonas de recarga hídrica en la ciudad andina de Cuenca, donde se encuentran proyectos clave para el país andino.

El Municipio de Cuenca presentó a inicios de mes una propuesta para que la Corte Constitucional (CC), la máxima del país andino, califique las preguntas con la que busca prohibir la minería metálica en las zonas cercanas a cinco ríos que atraviesan la ciudad.

La Corte Constitucional emitió “un dictamen favorable” a las cinco preguntas planteadas por el Municipio de Cuenca, pero con algunas condiciones. “Los efectos de la presente consulta popular, ante un pronunciamiento afirmativo del electorado, serán únicamente hacia el futuro”, dijo en la resolución publicada en su cuenta de Twitter.

En Cuenca se ubican proyectos importantes como Loma Larga, operado por la canadiense INV Metals Inc, que ya fue afectada por una consulta popular sobre minería en marzo de 2019. Además, en la zona se encuentran proyectos clave de mediana escala.

“Es un anhelo que ha sido durante tantos años de la gran mayoría de los cuencanos de que se nos permita, a través de la consulta popular, determinar el futuro de la precuatelación de las fuentes de agua, de las zonas de recarga hídrica”, dijo a periodistas el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios.

La convocatoria de la consulta popular en la ciudad de Cuenca sobre minería es de cumplimiento obligatorio, según las autoridades del Municipio.

Ecuador, un país productor de petróleo que enfrenta una crisis de liquidez, busca desarrollar su industria minera para diversificar su economía y las fuentes de ingresos del Gobierno mientras lucha para pagar una gran carga de su deuda externa.

La Corte Constitucional había negado anteriormente tres pedidos del prefecto del Azuay, Yaku Pérez, que buscaban la prohibición de la actividad minera en toda la provincia, donde se ubica Cuenca, por errores técnicos en los cuestionarios.

El Ministerio de Energía no realizó comentarios de inmediato sobre la resolución.

Ecuador proyecta que este año las exportaciones mineras en el escenario “más pesimista” por la pandemia lleguen a unos US$642 millones.
https://www.mch.cl/2020/09/22/corte-constitucional-de-ecuador-da-paso-a-consulta-para-prohibir-la-mineria-en-ciudad-andina/

CONCEJO CANTONAL DE CUENCA LE DICE «SÍ» A LA CONSULTA POPULAR
Ayer fue un día histórico para la Cuenca de los páramos y los ríos. En una sesión que duró alrededor de seis horas, el Concejo Cantonal aprobó el proyecto de Consulta Popular sobre la prohibición de la explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.

La aprobación fue unánime, puesto que 15 de los 16 integrantes del Cuerpo Edilicio, con el alcalde, Pedro Palacios Ullauri, votaron a favor de la Consulta, y el único voto en blanco de la jornada, correspondiente al concejal Iván Abril, se sumó a la mayoría.
CONOZCA LAS CINCO PREGUNTAS DE LA CONSULTA
Ocupando la silla vacía estuvieron los voceros del Cabildo por el Agua de Cuenca, el Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca y Yasunidos Guapondelig, Carlos Castro, Enrique Serrano y Kléver Calle, respectivamente, así como el representante de la Cámara de Minería del Azuay, Marcelo Guerra.

El Cuerpo Edilicio revisó y pulió el documento, que venía ya muy trabajado con los aportes de la Comisión de Ambiente, la Alcaldía y la Empresa Municipal de Agua Potable (ETAPA). Fue una minga por la democracia y la protección de nuestros páramos.

En sus intervenciones, los participantes resaltaron el carácter histórico de la decisión, que se suma a un proceso que nació hace veinte años en las comunidades indígenas y campesinas de Victoria del Portete, Tarqui y Molleturo.

Cuenca puede estar segura de que tenemos un proyecto de Consulta Popular firmemente fundamentado en la Constitución, el Código de la Democracia, la Ley de Participación, la Ley de Recursos Hídricos y la Ordenanza de Constitución de ETAPA, así como en la delimitación técnica de las zonas de recarga hídrica de los cinco ríos antes citados.

El próximo paso es la presentación del proyecto de Consulta en la Corte Constitucional, ya que, según el Art. 104 de la Constitución, a la Corte le corresponde emitir un dictamen de constitucionalidad. Se espera que el proyecto se presente en los próximos días.

Este último episodio de la defensa de los páramos de Cuenca, empezó el 22 de julio cuando el Cabildo por el Agua de Cuenca, al frente de 13 organizaciones sociales y campesinas, presentó el proyecto de Consulta Popular al Concejo Cantonal de Cuenca para su conocimiento y aprobación. Misión cumplida. Ahora toda nuestra atención debe ponerse sobre la Corte Constitucional.

MAPA DE LAS SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL CANTÓN CUENCA, SUS ZONAS DE RECARGA HÍDRICA (VERDE) Y LAS CONCESIONES MINERAS (PLOMO, AZUL Y ROJO).
CORREO: cabildoporelaguacuenca@gmail.com