27/06/2021
El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, dijo que las comunidades están en su 196 día de “resistencia”, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

En el 2018, la UNESCO declaró al Chocó Andino como la séptima reserva de biósfera del Ecuador. “A pesar de esto, el Estado de forma ilegal e inconstitucional ha impuesto 12 concesiones mineras y otras seis se encuentran en trámite, condenando al noroccidente a la devastación y limitando la realización de de decenas de otras prácticas productivas coherentes con la reproductibilidad del bosque” sostienen las Comunidades.

La Manconunidad del Chocó está conformada por las parroquias de Pacto, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito y Gualea, las cuales forman parte del cantón Quito.

Ahora, han solicitado a la Corte Constitucional de Ecuador que de el visto bueno a una propuesta para la convocatoria de una consulta popular que persigue el fin de la minería metálica en áreas protegidas del Distrito Metropolitano de Quito.

En el mes de marzo, Inti Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, lamentó el ingreso de las mineras en la zona para explotar oro, cobre y plata y manifestó: “Hay una fractura social y violenta. Gente se va con los mineros y otra que se mantiene con su forma tradicional de vida como la caña orgánica y la minería, lo cual provoca conflictos y roces en las comunidades”.

Asimismo se producen problemas de inseguridad. “Nuestros pueblos son sitios de paz. Corren peligro los lugares en donde los quiteños salen de vacaciones a bañarse en las cascadas (…) La zona se empieza a volver violenta con tensiones alrededor del agua, el uso del suelo, incluso del acceso a la tierra. Eso nos tiene muy preocupados”.

En un comunicado, la organización precisó el viernes 26 de junio del 2021 que la Corte Constitucional ha avocado conocimiento de la causa correspondiente a una consulta popular presentada por varios vecinos de Quito, en la que solicitan un dictamen en torno a cuatro preguntas que incluiría el plebiscito y que busca la prohibición de la minería metálica.

Con ello pretenden interrumpir esta práctica minera en el subsistema Metropolitano de Áreas Naturales protegidas del Distrito Metropolitano quiteño y en el área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.

La legislación constitucional ecuatoriana establece un plazo de 20 días para que la alta Corte se pronuncie al respecto, contabilizando desde el inicio del respectivo control previo.

El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, explicó este viernes a Efe que las comunidades están en su 196 día de “resistencia“, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

Estas acciones de obstaculización se llevan a cabo tanto en las parroquias del Chocó Andino, como en los territorios de Acus Mashpi, Pachijal, Yunguilla, Camino de los Yumbos, pertenecientes a la parroquia La Victoria.

“Estamos haciendo lo posible para presionar a la Corte para que emita un criterio”, agregó Arcos al precisar que la campaña para impulsar la prohibición de la minería incluye plantones, intervención en redes sociales con la etiqueta #QuitoSinMinería, y el “cuidado de territorios que actualmente se encuentran cerrados“.

“No le estamos pidiendo a la Corte que decida sobre si la minería es buena o mala, este modelo de explotación pone en riesgo a la comunidad“, sostuvo el dirigente comunitario y citó las afectaciones ocasionadas por las actividades extractivas como la contaminación del agua, la división de comunidades y daños a la reserva ambiental.

Por ello, la organización ambiental y vecinal asegura que se mantiene vigilante, “para asegurar nuestro derechos, como habitantes de Quito, a decidir sobre nuestros bosques, áreas verdes y mantenerlos libres de minería”, concluye el comunicado.

El Chocó Andino de Pichincha, provincia de la que Quito es su capital, se convirtió en 2018 en la séptima reserva de la biosfera ecuatoriana por la Unesco.

La reserva trata de garantizar la protección del oso de anteojos o andino, especie emblemática para el Ecuador y la región salpicada por la cordillera suramericana, y comprende una extensión de más de 286 000 hectáreas, lo que representa el 30,31% del territorio de la provincia de Pichincha.
Fuente: EL COMERCIO

Piden consulta popular contra minería metálica en áreas protegidas de Quito

Protesta contra la minería en La Merced de Buenos Aires, Ecuador La Merced de Buenos Aires quiere estar libre de minería (© Ivan Castaneira/Agencia Tegantai)
08/06/2021
En Ecuador, un juez acaba de ordenar que la minera Hanrine debe despejar la vía pública en menos de diez días. Considera que las autoridades competentes del control y regulación de actividades mineras en el país han sido incapaces de resolver el conflicto socioambiental que lleva activo más de 40 días en torno a la comunidad de La Merced de Buenos Aires, que se encuentra vigilante y en vilo.

El juez Dr. Manuel Sucuzhañay, de la Unidad Multicompetente de Urcuquí, reconoce un inminente riesgo de vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por quienes pretenden imponer la actividad minera. Por ello, da un plazo de diez días a la empresa minera Hanrine para retirarse de la vía pública que está obstruyendo, y donde vehículos y mineros acampan e impiden el libre paso a los moradores de las comunidades, poniendo en riesgo su salud.

Fue esta urgencia por proteger la salud en un contexto de pandemia y en última instancia la propia vida, lo que dio ánimos a la comunidad a unirse para repeler la amenaza minera y defender su derecho a un ambiente sano y a elegir el modelo de desarrollo que prefieren tener, ligado a las actividades tradicionales de la agroforestería y la ganadería. El área forma parte de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, un ecosistema único, que forma parte de la bio región Chocó y con una importancia fundamental para la región andina.

El Estado ecuatoriano entregó una concesión minera y una vez más ha dado muestras de incompetencia a la hora de manejar el conflicto suscitado con policía y ejército, una vez que la empresa pretende pasar y la comunidad se niega a permitirlo. La zona fue castigada por una intensa actividad minera ilegal en el pasado, y sus habitantes se resisten a repetir la pesadilla vivida.

Por el momento, el pueblo bonaerense considera las medidas cautelares dictadas por el juez Sucuzhañay una victoria. Es un momento clave, ya que un nuevo gobierno acaba de asumir funciones hace tan sólo dos semanas, y entre otras promesas electorales, el nuevo presidente Guillermo Lasso se comprometió a prohibir la minería.

La comunidad agradece al asambleísta Mario Ruíz, el cual presentó la acción de amparo con el fin de ayudar a evitar que se produjeran más enfrentamientos. En un comunicado, el asambleísta pide que se ejecute la sentencia a la mayor brevedad, así como «soluciones de fondo», y declaró: «La sentencia marca un precedente histórico en que los pueblos a través de la justicia constitucional hacen prevalecer sus derechos frente a las grandes transnacionales». La minera causante del conflicto tiene su raíz en Australia.

A pesar de la buena noticia, Salva la Selva mantiene activa una petición en apoyo de la comunidad que suma casi 92.000 firmas. La carta dirigida a las autoridades exige que “cesen todas las acciones de intimidación contra la población bonaerense y atiendan convenientemente las denuncias, sin criminalizar, acusar sesgadamente, ni prejuzgar al conjunto de la comunidad” garantizando el derecho a la protesta y la resistencia. Además, que aclaren todas las circunstancias de la concesión minera y que se desarrolle un proceso adecuado de consulta incluído el de Consentimiento Previo Libre e Informado CPLI al que tiene derecho la comunidad indígena Awá afectada directamente. Dichos procesos han sido hasta el momento inexistentes.

La parroquia de Buenos Aires solo recobrará la paz cuando se extingan las concesiones mineras impuestas sobre el territorio sin que mediara ningún tipo de consulta. Otra exigencia que sigue abierta es la reparación de los daños infringidos por la actividad de minería ilega habida durante algunos años. Por eso, la vigilancia internacional continúa atenta y seguiremos informando sobre lo que pasa en La Merced de Buenos Aires hasta que el conflicto se resuelva totalmente.
#EcuadorMegadiversoNoMegaminero
#BuenosAiresLibredeMinería
#AguantaBuenosAires
Más información, de la ecuatoriana Alianza por los Derechos Humanos.
https://www.salvalaselva.org/exitos/10244/primeros-frutos-para-la-resistencia-contra-la-mineria-en-la-merced-de-buenos-aires

Las posiciones sobre la minería en Imbabura son diametralmente opuestas entre los ambientalistas y los pro mineros. En ENtv estuvieron José Cueva del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne) y Franklin Soria de Prensa Minera para hablar sobre el tema.

Cueva: “La empresa minera tiene concesión, pero no es legal”

José Cueva, miembro del Observatorio Minero Social Ambiental del Norte del Ecuador (OMASNE), consideró en ENtv que la situación en Buenos Aires es muy delicada.

¿La minería legal es posible como sostiene Prensa Minera?
Quiero recalcar que el trabajo que esta haciendo la así llamada Prensa Minera tiene un fin concreto, un fin específico de generar opinión pública favorable a la minería y para eso no ha escatimado ningún esfuerzo, han victimizado a la comunidad (Buenos Aires, Urcuquí), la califican como mineros ilegales a una población de agricultores y ganaderos.

¿Por que lo dices?
Están desinformando y engañando a la prensa. Te comentaba que hace un tiempo hicieron un reportaje totalmente falso que tuvo que retractarse públicamente Ecuavisa. Son maniobras que hace Prensa Minera con fines concretos y específicos que son favorecer a la empresa Hanrine en este caso, para lograr su objetivo de lograr entrar a la concesión Imba.

¿Cómo está Buenos Aires?
La situación es sumamente grave, sumamente preocupante y yo quiero alertar a la opinión pública y a la ciudadanía que tiene que estar muy pendiente de lo que puede pasar en estos días, porque con la excusa del Estado de Excepción es posible que haya un intento de ingreso violando los derechos humanos de las personas.

Pero de lo que se conoce la empresa Hanrine tiene una concesión legal.
La empresa minera tiene una concesión pero no es legal, porque hay una sentencia de la Corte Provincial de Imbabura que se emitió en 2019 en la cual se expone que estas concesiones son ilegales porque no realizaron el proceso de consulta.

¿La consulta es prioridad?
La Constitución en el Ecuador en el Art. 398 obliga a la realización de la consulta ambiental a las comunidades y no hablo de la consulta previa informada a pueblos y nacionalidades indígenas, yo hablo de la consulta ambiental que se debe realizar a todas las comunidades en donde hay procesos extractivos.

¿La lucha continúa?
Claro mientras haya gente que viva en el campo.

Soria: “Las autoridades deben hacer prevalecer el orden”

Franklin Soria es el responsable de Prensa Minera, portal que tiene un amplio conocimiento de estos temas conflictivos a nivel nacional. Obviamente, su presencia en Buenos Aires ha generado apoyos y detractores, pero Soria se mantiene “al pie del cañón”.

¿Qué se espera del nuevo gobierno?
Las expectativas que ha generado el gobierno de Guillermo Lasso para el sector minero son positivas, porque entendemos que hay, por sobre toda agenda política, una agenda productiva, económica, siendo un motor esencial en cantones del Ecuador. Incluso el rubro que aporta la minería ha superado a la exportación de flores.

¿Qué se demuestra con eso?
Simplemente que el sector productivo de la minería tendrá garantizado la seguridad política, el respeto a la propiedad privada porque el sector minero genera divisas para el Ecuador y encadenamientos productivos.

Pero también se generan disputas y conflictos como en Buenos Aires…
Imbabura es una provincia que tiene larga data de conflictos mineros. Recordemos el escenario de Llurimagua hace más de 20 años cuando estaba Ascendant Cooper. Lamentablemente no ha sido una disputa racional y ha ido al territorio, han sido dos posiciones respetables.

¿Por qué Prensa Minera?
Porque cree y exige una minería responsable nacional y extranjera al contrario de quienes se oponen desde el otro sector. Se ha llevado la disputa al territorio, con puños, agresiones de quienes no piensan como el grupo antiminero que controla la parroquia y hemos sido testigos de los conflictos.

¿Cuándo habrá calma?
Son dinámicas que no van a tener solución, porque en un país donde rigen las leyes no puede haber quien se manifiesta con más fuerza o con mayor número de gente para decir que tienen la razón.

¿Algún llamado puntual?
A las autoridades competentes para que hagan prevalecer el orden. Vimos absortos como la minería ilegal se paseó por las narices de Ibarra sin que se haga nada durante casi dos años.
https://www.elnorte.ec/1695143-2/

19/02/2021
El proyecto Loma Larga está ubicado al sur de Ecuador, en la provincia del Azuay. / Imagen: INV Metals.

Los residentes de la ciudad de Cuenca, en el sur de Ecuador, han votado a favor de prohibir las futuras actividades mineras a gran escala en cinco zonas de cuencas hidrográficas cercanas, un área que se extiende por más de 3.100 kilómetros cuadrados y es el hogar de más de 580.000 personas.

Los resultados de la encuesta representan una victoria para Cuenca, en la provincia de Azuay, que alberga varios activos mineros, incluido el proyecto aurífero Rio Blanco de Junefield de propiedad china, Sharug de SolGold y la canadiense INV Metals, y el proyecto Loma Larga.

La ciudad de Cuenca, la tercera más grande del país, presionó el año pasado para que se celebrara el referéndum sobre si las comunidades podían decidir o no el destino de los proyectos mineros en la zona.

El máximo tribunal de Ecuador otorgó una victoria a la comunidad, lo que les permitió fijar una fecha para votar. Más del 80% del electorado votó a favor de la prohibición, que según los defensores refuerza “los derechos de la naturaleza”, garantizados por la Constitución del país de 2008.

El resultado del referéndum es legalmente vinculante, lo que significa que el próximo presidente de Ecuador tendrá que implementarlo.

El país se encamina hacia una segunda vuelta presidencial en abril, ya que los resultados de las elecciones de este mes siguen siendo controvertidos.

El candidato indígena de izquierda Yaku Pérez, un abogado ambientalista, obtuvo el 19.38% de los votos en las elecciones del 7 de febrero. Eso es solo 33,000 votos detrás de su rival en segundo lugar, el exbanquero de derecha Guillermo Lasso.

Pérez, un opositor de la minería cerca de las cuencas hidrográficas, alega que hubo un fraude para mantenerlo fuera de la segunda vuelta. Fue desplazado por estrecho margen por Lasso del segundo al tercer lugar a la mitad del conteo, ahora detenido.
Más de 40 proyectos en el limbo

Si bien aún no hay grandes minas operando en el área, los resultados del voto popular podrían descarrilar más de 40 concesiones de cobre, oro y plata.

“Eso es discutible”, dijo el abogado de minería Xavier Andrade a Bloomberg News la semana pasada. “¿Quién realizará la exploración si no se puede recuperar la inversión? (…) Todo esto terminará en otra batalla legal ante la Corte Constitucional”, dijo.

Ecuador ha ganado terreno como destino de inversión minera en los últimos dos años, pero la oposición podría frustrar el plan del gobierno de atraer USD 3.7 mil millones en inversiones mineras para 2022.

El año pasado, la minería en Ecuador generó USD 810 millones en exportaciones, USD 430 millones en impuestos y USD 374 millones en inversión extranjera directa.
Fuente: Mining Dot Com

El sur de Ecuador prohíbe la minería a gran escala

15/02/2021
Imagen referencial del sector minero / Foto: Pixabay

En Ecuador, las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 7 de febrero y el candidato Yaku Pérez, un abogado y activista indígena, obtiene hasta el momento casi el 20% de los votos en la primera vuelta con una propuesta de llamar a una consulta popular para prohibir la minería industrial, en su afán por proteger las cuencas hidrográficas.

Las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran a Yaku Pérez con 19,47% de los votos y a Guillermo Lasso con 19,69% casi al final del escrutinio.

El ganador de la primer vuelta es el candidato Andrés Arauz con 32.6% de los votos, con la promesa de regresar al programa económico socialista del expresidente Rafael Correa. La segunda vuelta se realizará el 11 de abril.

Pero el apoyo general muestra que el mensaje de Yaku Pérez resonó entre los ecuatorianos y los resultados de las elecciones legislativas, que también se llevaron a cabo el domingo, muestran que su partido Pachakutik sería el segundo más grande en la Asamblea Nacional.

Sus aliados en la región amazónica han dicho que desde la Asamblea promoverán el desarrollo económico “post-extractivista” en territorios indígenas, muchos de los cuales se encuentran cerca de las operaciones de la industria minera y petrolera del país. Además, plantean amnistía para los líderes criminalizados por su lucha social.

“No es buena señal para las inversiones de un sector fundamental”, dijo Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería del Azuay. “Quisiéramos que se reflexione un poco sobre la real magnitud de lo que están planteado, toda vez que no tenemos alternativas viables e inmediatas más allá de la minería”.

Ecuador ha intentado durante años desarrollar su industria minera como alternativa al petróleo. Pero la oposición de las comunidades y los activistas indígenas ha dificultado el despegue de grandes proyectos.

La minería generó más de USD 800 millones en ingresos por exportaciones en el 2020, según datos oficiales.

Además, en una nueva señal de cambio de opinión pública sobre la minería, los votantes del cantón Cuenca apoyaron en una consulta popular la prohibición de la minería en la zona de los ríos que atraviesan la ciudad, según datos preliminares.

Los líderes de la industria dicen que los resultados no afectarán proyectos existentes como Río Blanco, liderado por el consorcio chino Ecuagoldmining, y Loma Larga, de la canadiense INV Metals Inc, pero dicen que podría disminuir el interés de los inversionistas por emprendimientos futuros.

“La consulta popular es el peor mensaje para el inversionista que está en el país o aquellos que están viendo de afuera”, dijo el exviceministro de Minas Fernando Benalcázar. “El tema político podría afectar al desarrollo de la minería”.

Pérez, de 51 años, ha dicho que el país debería promover el desarrollo de la agricultura y el turismo comunitario en lugar de la minería industrial.

Arauz, por su parte, buscará una mayor participación de las comunidades indígenas y llevará a cabo la revisión de las concesiones mineras existentes para asegurar que están cumpliendo planes de inversión y cuidado ambiental.

Mientras que Lasso se ha comprometido a atraer inversión extranjera para el sector asegurando que existan reglas ambientales claras.

Pérez pidió el jueves (11 de febrero) un recuento de votos en siete provincias y dijo que buscará la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU) contra lo que llamó un “fraude electoral”.

“No le están robando a Yaku Pérez los votos, le están robando todo un proyecto, todo un sueño, toda una esperanza que tenían los ecuatorianos”, agregó en un mitin frente a la sede del consejo electoral en Quito.

Fuente: Reuters

El respaldo al candidato Yaku Pérez en Ecuador muestra una reacción contra la minería

08/02/2021
Consulta popular: nuevamente los pueblos eligen prohibir la megaminería
De la mano de las elecciones presidenciales, en distintos cantones de la provincia ecuatoriana de Cuenca se llevó a cabo una consulta popular en donde la población decidió ampliamente prohibir la minería metálica a mediana y gran escala en las zonas de recarga hídrica de los principales ríos de la región. Cuando se consulta a los pueblos se obtiene la misma respuesta: el agua vale más.

Faltan conocer los resultados oficiales, pero las actas testigo y las proyecciones indican un 80% para el “Sí”, que en el caso del cantón ecuatoriano es un “No” a la megaminería metálica. La consulta buscaba proteger la zona de recarga hídrica de los ríos Norcay, Yanuncay, Tarqui y Machángara.

El conteo oficial comenzará una vez finalizado el conteo de los votos de las elecciones presidenciales y de asambleístas, pero desde las organizaciones que impulsaron la consulta ya están festejando. La consulta se logró tras una larga lucha de quienes habitan la región, principalmente pueblos indígenas que buscaban defender sus territorios. En diciembre de 2020 se resolvió hacer la consulta de la mano de las elecciones para la presidencia y asambleístas de la República del Ecuador.

Consulta popular: nuevamente los pueblos eligen prohibir la megaminería

Río Blanco, 09 de enero de 2021
Foto: Ejolt
Comunicado abierto a la opinión pública
Nosotras y nosotros como miembros y representantes de las comunidades de Tres Marías, Bella Unión, San Bartolo, El Aguacate, Santa Cruz, Cochapamba, Río Blanco, Cabos, Santa María, San Pedro de Yumate, Pan de Azúcar, Suya, Luz María, Suro, Calderón, Luz y Guía, Estero Piedras, Tamarindo y los barrios de Molleturo centro en resistencia.

Queremos expresar nuestra palabra a raíz de los eventos recientes y de las declaraciones falsas realizadas por una minoría de personas con claros intereses políticos y mineros en nuestro territorio.

1)El origen del conflicto social y ecológico del pueblo de Molleturo nace a partir de la imposición de proyectos mineros en los páramos de Río Blanco. Donde nacen las aguas, ríos y lagunas que abastecen de vida a nuestro pueblo yvarios pueblos de la sierra y costa ecuatoriana. Son las empresas transnacionales, de saqueo minero, en unión con el gobierno más corrupto de la historia del Ecuador, las que causaron la división y violencia sistemática dentro de nuestro pueblo. Para quede esta manera, se realicen las actividades de explotación a la Madre Naturaleza en los páramos de Ríos Blanco -Macizo del Cajas.

2)DESMENTIMOS las acusaciones falsas realizadas a los medios de comunicación y a la gobernación del Azuay, puesto que:Nadienos obliga a ir a MingasNadie nos interrumpe el pasoNadie nos obliga a participar de reunionesNo hemos sido víctimas de maltrato algunoTodas las actividades realizadas dentro del territorio son de iniciativa propia, auto-convocadas, decididas en asambleas y reuniones que participamos de forma libre, voluntaria y soberana de acuerdo a las costumbres y necesidades de nuestro pueblo.

3)En ningún momento las plumas de control comunitario han interrumpido el paso de ningún miembro del pueblo. Las plumas tienen una sola función «proteger las
fuentes de agua de las ambiciones de la minería legal e ilegal». Recordamos a la opinión pública que antes de la resistencia del pueblo de Molleturo, por la vía «Río Blanco, Cochapamba -Yumate» pasaban diariamente entre 15 a 20 volquetas llenas de material extraído de los páramos de Río Blanco; para luego enviar el material fuera del país.

4)Rechazamos el uso violento y excesivo de las fuerzas represivas del Estado en el operativo «Renacer» donde, con el fin de detener a una persona, terminaron heridas por arma de fuego gente inocente como dos mujeres de la resistencia. Nadie está en contra del trabajo que debe realizar la policía para resolver supuestos delitos entre particulares. Lo que sí enfatizamos, es nuestro rechazo a la utilización de este hecho con fines políticos electorales y económicos, para ensuciar y deslegitimar la lucha en defensa del agua. Por el amor propio que existe en cada uno de nuestros corazones, defendemos el agua del presente y de las futuras generaciones; pedimos al pueblo ecuatoriano y del mundo que se sume a nuestra lucha, que no nos dejen solas, solos, porque la pachamama es de todos o no es nadie.

Es del agua que vivimos, gracias a ella nos alimentamos todos y todas, por ella tenemos medicinas; todos somos pachamama y es la única casa que tenemos y por eso la cuidamos así como ella cuida de nosotras y nosotros. Como pueblos campesinos e indígenas, somos madre y padre del campo y la ciudad; únanse todos y defendamos el agua. El último pedido que le hacemos al pueblo de Cuenca, Ecuador y el mundo es que analicen lo que está pasando, que miren la realidad de forma amplia, que no crean cualquier cosa que aparece en las redes sociales y menos si viene de gente con puros intereses políticos. Como pueblo de Molleturo les invitamos a hacerse presente en nuestro territorio donde nacen las aguas.
De nuestra parte, seguiremos resistiendo, no caeremos en ningún tipo de provocación y frente a la violencia del Estado y las mineras les respondemos conminga, ánimo y organización.
Resistiremos, ¡No nos venderemos! ¡Molleturo libre de minería legal e ilegal!

Atentamente,Comuna San Felipe de Molleturo
Comunidades y barriosen Resistencia del pueblo de MolleturoFrente de Resistencia
San Pedro de Yumate
Río Blanco Resiste

Reporte Minero , 29/12/2020
Las autoridades buscan compensar a las compañías mineras por los retrasos en la entrega de permisos de exploración
Para compensar retrasos en la entrega de permisos de exploración, el Gobierno de Ecuador modificó los lapsos considerados como parte de la fase de exploración inicial, permitiendo que ésta comience cuando las compañías reciben la autorización para ejecutar labores en terreno, y no cuando se otorga la concesión.

En ese país, las concesiones mineras se otorgan por un período de 25 años, las fases de exploración inicial y exploración avanzada tienen una duración de cuatro años cada una, mientras que el período de evaluación económica se extiende por dos años. El pago anual por mantener la concesión es de US$10 por hectárea durante la fase de exploración inicial y US$20 durante la exploración avanzada.

Entre las compañías beneficiadas con la medida figura Aurania Resources, controladora del proyecto de cobre y plata Lost Cities – Cutucú, que ahora podrá aplicar por una extensión de 16 a 40 meses en la fase de exploración inicial, dependiendo de la fecha en que obtenga los permisos para cada una de las 42 concesiones. La firma seguirá pagando US$10 por hectárea en lugar de comenzar a pagar US$20 por hectárea a contar de enero.

“Aplaudimos y agradecemos al gobierno ecuatoriano por reconocer que los retrasos en los permisos han paralizado la industria de la exploración, y por tomar medidas tan decisivas para corregir la situación”, dijo en un comunicado el CEO de Aurania, Keith Barron.

En noviembre, Aurania reportó la extensión de la mineralización identificada en el objetivo Tsenken N2 hasta Tsenken N3, donde se hace más robusta.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2020/12/ecuador-modifica-definicion-de-fase-de-exploracion-inicial

Nativos shuar sostienen que sus derechos han sido vulnerado a través de socializaciones y negociaciones realizadas de manera ilegítima en las que jamás han sido consultados
Por Sofia Belandria
10/12/2020
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía de Ecuador exigió al Gobierno de ese país la reversión total de las concesiones mineras en territorio de la etnia Shuar, bajo la premisa de que se habrían otorgado de manera ilegal.

“Exigimos al Estado la reversión total de las concesiones otorgadas de manera inconstitucional a empresas mineras nacionales e internacionales. Todas las empresas mineras que están operando en el territorio shuar deberán retirarse de manera inmediata”, dijo la Confeniae en un comunicado.

Esta organización se reunió el miércoles en asamblea con delegados de federaciones, organizaciones, asociaciones y centros shuar de las provincias Morona Santiago y Zamora Chinchipe (este) para debatir sobre el tema de la consulta previa, libre e informada y su tratamiento por parte del Estado ecuatoriano.

Tras el encuentro realizado en la comunidad Tsarunts, de la parroquia Nankais, en Zamora Chinchipe, los delegados firmaron un documento en el que se afirma que el pueblo shuar nunca fue llamado a una consulta previa, libre e informada por parte del Estado antes de que se entreguen las concesiones mineras.

La Consulta Previa es un derecho consagrado en la Constitución del país suramericano, con base en tratados internacionales, así como en estándares de jurisprudencia internacional.

Los indígenas shuar sostienen que ese derecho ha sido vulnerado a través de socializaciones y negociaciones realizadas de manera ilegítima en las que jamás han sido consultados.

Agregan que la explotación minera representa una amenaza para la continuidad histórica de la nación shuar, dado que los impactos ambientales y socio culturales conllevan al desplazamiento de hombres y mujeres de sus territorios, provocando la división entre familias.

Los indígenas shuar también rechazan cualquier pretensión del Estado de elaborar proyectos de ley o reglamentos de consulta previa sin contar con la participación informada y vinculante de las comunidades.

“Cualquier regulación de nuestro derecho a consulta debe observar nuestro derecho al territorio, a la autonomía y respeto a nuestras propias decisiones y modos de vida”, enfatiza el documento.

El Comité Interfederacional de las nacionalidades Shuar y Achuar, a través de un comunicado, expresó su respaldo a las decisiones tomadas por la asamblea de los centros Shuar.

Además, aseguraron que las empresas mineras Lowell-Solaris Resources, ExplorCobres, Ecuacorriente (Ecsa) y EcuaSolidus constituyen una amenaza.

El documento suscrito por el presidente del Comité Interfederacional, Nyua Uyunkar, señala que dichas empresas han promovido la militarización de los territorios shuar en la provincia de Morona Santiago (este), con el auspicio de instituciones del Estado ecuatoriano.
Cortesía de Sputnik

Indígenas de la Amazonía solicitan al gobierno de Ecuador eliminar las concesiones mineras