Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arrancará desde esta semana la recolección de las aproximadamente 1.493 firmas que se requieren para convocar a una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.
El colectivo de comuneros que impulsa este proceso dejó listo el viernes anterior un cronograma que les permitiría cumplir los 180 días que les dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de rúbricas. El plazo corre desde el jueves pasado.
Ese día, el CNE entregó a la dirigencia de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, filial de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay y de la Ecuarunari, los formularios.
Los hermanos Víctor Hugo y Darwin Javier Ramírez Piedra, líderes comunitarios y activistas medioambientales han sido acusados de rebelión pese a la falta de pruebas en su contra. Darwin Javier está detenido en espera de juicio desde abril de 2014 y Víctor Hugo se encuentra en libertad. La organización considera que «los procedimientos penales contra ellos parecen ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras en el derecho al agua de la comunidad a la que pertenecen». 
El Gobierno quiere que la minería a gran escala termine de arrancar en el país y tomó tres decisiones a finales del año pasado para destrabar los proyectos estratégicos que están en carpeta desde el 2010 y que aún no han comenzado a producir. En esta lista están Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Loma Larga (Quimsacocha) y Panantza-San Carlos, que han tenido avances limitados según reconocen las mismas autoridades del sector.
Esta incursión policial evidencia que el Estado ecuatoriano lejos de ser garante de los derechos humanos es generador de un ambiente de represión y violencia. La acción policial propicia un clima de criminalización al Pueblo Shuar, implanta el miedo a la persecución, refuerza el racismo contra las comunidades amenazadas por el proyecto Mirador.
Gente querida,
Los dirigentes indígenas pidieron ayer «la suspensión de la avanzada extractiva minera en el sur de la Amazonía y el retiro inmediato de la empresa Ecuacorrientes», tras la muerte del líder shuar José Tendetza, quien habría sido asesinado, dijo ayer Severino Sharupi, dirigente de territorios de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).
Un líder indígena ecuatoriano opuesto a la explotación minera en la Amazonía fue hallado muerto, con aparentes señales de violencia, tras haber desaparecido la semana pasada, denunció el jueves la organización aborigen Conaie.
Unas veinte de madres se congregaron en el salón Simón Bolívar del Hotel Sheraton la mañana de este 28 de noviembre donde se desarrolla desde ayer la II Cumbre Sudamericana de Defensores del Pueblo, para denunciar ante los representantes de la región cuál es la situación en el Ecuador y en particular en Íntag de los defensores de la naturaleza y los derechos humanos.