Javier Ramírez Piedra es el presidente de la comunidad de Junín, una pequeña comunidad situada en los Andes ecuatorianos, en el Valle de Intag. Es agricultor y padre de familia, y se opone junto a otras familias de su comunidad al proyecto minero Llurimagua, impulsado por el estado ecuatoriano.
Está acusado de rebelión, sabotaje y terrorismo por parte de las mineras ENAMI-CODELCO y la fiscalía. Tales acusaciones son falsas pues no ha cometido ningún delito más que defender la vida y la naturaleza, si es que eso puede ser considerado un delito.
Sin embargo, está en prisión preventiva desde hace 10 meses. El juicio se celebra esta semana, y la semana próxima se dictará sentencia. Nos solidarizamos con Javier Ramírez y pedimos su libertad inmediata y sin cargos, pues conocemos a Javier y tenemos la total certeza de su inocencia. Desde la distancia, hemos observado un proceso plagado de anomalías e irregularidades desde la misma detención.
Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arrancará desde esta semana la recolección de las aproximadamente 1.493 firmas que se requieren para convocar a una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.
El Gobierno quiere que la minería a gran escala termine de arrancar en el país y tomó tres decisiones a finales del año pasado para destrabar los proyectos estratégicos que están en carpeta desde el 2010 y que aún no han comenzado a producir. En esta lista están Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Loma Larga (Quimsacocha) y Panantza-San Carlos, que han tenido avances limitados según reconocen las mismas autoridades del sector.
Esta incursión policial evidencia que el Estado ecuatoriano lejos de ser garante de los derechos humanos es generador de un ambiente de represión y violencia. La acción policial propicia un clima de criminalización al Pueblo Shuar, implanta el miedo a la persecución, refuerza el racismo contra las comunidades amenazadas por el proyecto Mirador.
Gente querida,
Los dirigentes indígenas pidieron ayer «la suspensión de la avanzada extractiva minera en el sur de la Amazonía y el retiro inmediato de la empresa Ecuacorrientes», tras la muerte del líder shuar José Tendetza, quien habría sido asesinado, dijo ayer Severino Sharupi, dirigente de territorios de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).