Primeros impactos ambientales por presencia de empresas mineras en bosques comunitario
El proyecto de exploración avanzada Llurimagua aún no cuenta con la consulta previa, violando la Constitución del Ecuador.
Fotos tomadas fines de Febrero del 2015 mostrando los primeros impactos a bosques. Muestran también empleados de las empresas dentro del bosque comunitario de Junín, el cual ha sido administrado por el grupo de turismo ECOJUNIN, desde aproximadamente 1998.
La sentencia a 10 meses de prisión del dirigente antiminero de Íntag Javier Ramírez sentó un precedente.
Es el primer habitante de esa zona que cumple una condena por rebelión, los últimos siete años, según informes del Instituto Regional de DD.HH. (Inredh) y la Comisión Ecuménica de DD.HH. (Cedhu).
Ramírez fue liberado el 10 de febrero pasado del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Allí estuvo detenido desde el 10 de abril de 2014.
Él vive a un costado de la plaza central de Junín, una comunidad de Íntag, una región de bosques nublados y fincas, rica en biodiversidad, con una extensión de 2 200 km2 en el noroccidente (cantón Cotacachi, provincia de Imbabura).
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y la Asamblea de los Pueblos del Sur, con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)se dirigieron a la Relatoría para la Ejecuciones Extrajudiciales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (HCHR), para exponer la situación de conflictividad social que vive el pueblo shuar, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.
Estas organizaciones hacen un llamamiento urgente a las Naciones Unidas por la situación de vulnerabilidad que experimentan líderes sociales de las provincias de de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social «Cordillera del Cóndor Mirador», CASCOMI fue entrevistado este 19 de febrero de 2015, en el noticiero Notihoy, de Radio Centro en la ciudad de Quito.
Durante la entrevista se relató las acciones que viene tomando la empresa EcuaCorriente, ECSA para desplazar a las personas que viven en territorios ancestrales de la Cordillera del Cóndor, para desarrollar la minería a gran escala.
Según manifiesta Sánchez, la empresa empezó adquirir tierras de forma ilegítima, a través de terceras personas y/o haciendo firmar acuerdos a sus habitantes en los que conste que se le había pagado por el terreno y que debían salir, también afirma:
No es un hombre de muchas palabras, pero sí de palabras fuertes. Javier Ramírez lleva pocos días de libertad, luego de haber pasado 10 meses en prisión bajo el cargo de rebelión contra el Estado.
La sentencia se impuso el martes pasado y determinó que debía estar en la cárcel los mismos 10 meses, por lo que quedó libre. Ahora camina por las calles pese al dictamen de la Corte de Justicia de Imbabura, sigue diciendo que es inocente.
El día empieza en la comunidad de Junín, en Íntag. El sol ya alumbra el colorido y pequeño pueblito, que se ha caracterizado por oponerse a la actividad minera por cerca de dos décadas. Ramírez, con sus botas de jornalero, un pantalón azul, camiseta blanca y machete en mano, cruza la cancha de ecuavoley que se ubica casi en el medio del poblado. Lo acompañan tres turistas.
El dirigente de Junín, opositor al sistema económico extractivista y padre de cuatro hijos, Javier Ramírez, recuperó la libertad ayer, tras cinco horas de emitida la sentencia por parte del Tribunal de Garantías Penales de Imbabura.
Los magistrados llegaron a la conclusión unánime, conforme al artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, que dice: quien hiere, golpeare o maltratare de obra a alguno de los funcionarios, cuando éstos se hallen en actos ejercicio de sus funciones, serán reprimidos con uno a tres años de prisión.
También comprobaron, según los jueces, que Ramírez no utilizó ningún tipo de armas, que no se trata de un persona peligrosa y que la conducta en el la cárcel donde permaneció detenido 10 meses, según la Directora (e) ha sido excelente, por lo que modificaron la pena mínima, que dispone la Ley: 10 meses y en vista de que ya cumplió, dispusieron la inmediata libertad.
Con abrazos y aplausos fue recibido hoy, 10 de febrero del 2015, Javier Ramírez, campesino del valle de Intag, situado al occidente de la provincia de Imbabura , en el norte de Ecuador, luego de que abandonó el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Ahí permaneció privado de su libertad desde el 9 de abril del 2014, acusado del delito de rebelión.
Cientos de personas, entre familiares, amigos y simpatizantes, se concentraron desde las 08:30 a las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura en donde se esperaba la sentencia . Decenas de policías custodiaban el recinto.
Media hora después se conoció el veredicto : el Tribunal Primero de Garantían Penales de Ibarra le condenó a 10 meses de privación de la libertad, por supuestamente haber agredido a funcionarios y una camioneta de la Empresa Nacional Minera (Enami). El hecho habría sucedido el 6 de abril del 2014, mientras los técnicos de esa institución recorrían esta jurisdicción.
Javier Ramírez Piedra es el presidente de la comunidad de Junín, una pequeña comunidad situada en los Andes ecuatorianos, en el Valle de Intag. Es agricultor y padre de familia, y se opone junto a otras familias de su comunidad al proyecto minero Llurimagua, impulsado por el estado ecuatoriano.
Está acusado de rebelión, sabotaje y terrorismo por parte de las mineras ENAMI-CODELCO y la fiscalía. Tales acusaciones son falsas pues no ha cometido ningún delito más que defender la vida y la naturaleza, si es que eso puede ser considerado un delito.
Sin embargo, está en prisión preventiva desde hace 10 meses. El juicio se celebra esta semana, y la semana próxima se dictará sentencia. Nos solidarizamos con Javier Ramírez y pedimos su libertad inmediata y sin cargos, pues conocemos a Javier y tenemos la total certeza de su inocencia. Desde la distancia, hemos observado un proceso plagado de anomalías e irregularidades desde la misma detención.
Javier Ramírez Piedra es el presidente de la comunidad de Junín, una pequeña comunidad situada en los Andes ecuatorianos, en el Valle de Intag. Es agricultor y padre de familia, y se opone junto a otras familias de su comunidad al proyecto minero Llurimagua, impulsado por el estado ecuatoriano.
Está acusado de rebelión, sabotaje y terrorismo por parte de las mineras ENAMI-CODELCO y la fiscalía. Tales acusaciones son falsas pues no ha cometido ningún delito más que defender la vida y la naturaleza, si es que eso puede ser considerado un delito.
Sin embargo, está en prisión preventiva desde hace 10 meses. El juicio se celebra esta semana, y la semana próxima se dictará sentencia. Nos solidarizamos con Javier Ramírez y pedimos su libertad inmediata y sin cargos, pues conocemos a Javier y tenemos la total certeza de su inocencia. Desde la distancia, hemos observado un proceso plagado de anomalías e irregularidades desde la misma detención.
Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arrancará desde esta semana la recolección de las aproximadamente 1.493 firmas que se requieren para convocar a una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.
El colectivo de comuneros que impulsa este proceso dejó listo el viernes anterior un cronograma que les permitiría cumplir los 180 días que les dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de rúbricas. El plazo corre desde el jueves pasado.
Ese día, el CNE entregó a la dirigencia de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, filial de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay y de la Ecuarunari, los formularios.