El gobierno mediante sus instituciones ha emitido varios pronunciamientos (escritos y video) para legitimar los desalojos ejecutados, el 30 de septiembre 2015, en contra de la comunidad indígena shuar, ubicada en el barrio San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe.

Esta parroquia se encuentra dentro del área de incidencia directa del proyecto minero “Mirador” de la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA) que en el año 2012 firmó el primer contrato de minería a gran escala con el Estado ecuatoriano por un plazo de 30 años, que pueden ser renovables.

Para la ejecución de este proyecto, en mayo del 2014se destruyó la iglesia y escuela del barrio San Marcos yahoranos desalojan a 16 familias de nuestras viviendas y nos han expulsado de nuestro territorio bajo la figura jurídica de servidumbre minera. 

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Las organizaciones abajo firmantes denunciamos y rechazamos las agresiones de las que fueron víctimas el pasado 20 de octubre de 2015 varias mujeres integrantes del Frente de Mujeres defensoras de la Pachamama que se manifestaban de forma pacífica en contra del proyecto minero Río Blanco en el marco de la visita del Presidente Rafael Correa a la comunidad rural de Molleturo, en Cuenca, Ecuador.

El mandatario estaba de paso para inaugurar la obra de un centro de salud que hace parte del programa “Ecuador Estratégico”. Durante el acto manifestó que la obra se llevó a cabo gracias a las regalías del proyecto minero de la empresa china Junefield y respaldó las actividades de la empresa en la región.

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Lina Solano Ortiz, en representación de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM y del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama de Ecuador, fue una de las participantes en la Primera Audiencia Regional sobre Criminalización a Mujeres Defensoras de los Territorio y el Medio Ambiente en las Américas, solicitada por una coalición de organizaciones, que se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el viernes 23 de octubre de 2015.

En esta audiencia temática se expuso sobre tres de las formas identificadas como más recurrentes que están siendo utilizadas para atacar a las defensoras: la judicialización, la estigmatización y el hostigamiento.

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Unas 25 personas de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), parroquia Tundayme en Zamora Chinchipe, realizaron ayer un plantón en las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para exigir la suspensión del proyecto Mirador, concesionado a la empresa EcuaCorriente S.A.

Portando carteles y con gritos en contra de la minería, los comuneros de Cascomi y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) insistieron en su denuncia de un desalojo supuestamente violento, el pasado 30 de septiembre.

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El encuentro no contó con la presencia de representantes del Ejecutivo y finalizó con un acuerdo para conformar un comité técnico que de seguimiento al tema.

La reunión inició con consignas contra la minería por parte de los asistentes, la justificación de la legitimidad del cabildo como un espacio ciudadano, así como una explicación de la importancia de los páramos en el ecosistema local por parte de técnicos ambientales.
Los concejales Iván Granda y Dora Ordóñez dirigieron el diálogo. Representantes de los jubilados, dirigentes barriales y parroquiales, catedráticos y colectivos ambientalistas como Yasunidos, se sucedieron en los discursos que coincidieron en criticar a la minería en Río Blanco y en Quimsacocha.

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Por qué es importante

«Se causará nuevos daños ambientales y sociales a la comunidad. Aproximadamente cien hectáreas serán afectadas por los trabajos relacionados con actividades mineras pues se destruirá el ecosistema para la apertura de caminos y plataformas para perforaciones. Al momento se han realizado tres perforaciones y seis plataformas están listas para las excavaciones.»

(Tomadodel Contacto de prensa: Luis Sánchez, presidente de CASCOMI (593)0967415485)

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Como integrantes de colectivos ecologistas nos dirigimos a ustedes con mucha preocupación frente los anuncios de avanzar hacia la explotación minera a gran escala en los proyectos de Kimsacocha (denominado Loma Larga) y Río Blanco en Molleturo. Ustedes como promotores, creadores y difusores de conocimiento relevante para el bienestar de la colectividad, tienen una gran responsabilidad que debe ser asumida en el marco del respeto a la norma Constitucional y de manera primordial a la vida de la población que se verá en inminente peligro en caso de afecciones al páramo, contaminación de fuentes de agua y perjuicios a las comunidades.

Como es de conocimiento público, en 2013 ETAPA contrató el asesoramiento técnico y científico de la empresa francesa BRGM sobre los impactos ambientales, y específicamente del agua, de una posible actividad minera. En el informe presentado[1] se establece que los precedentes y la particularidad de las intervenciones mineras[2] “obligan a establecer desde el inicio una muy rigurosa secuencia de actuaciones, que debe partir de un profundo conocimiento de las implicaciones sobre el territorio y que además debería también iniciar considerando los errores y experiencias de gobiernos y localidades alrededor del mundo”[3].

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Ecuador Mujer de la tercera edad es detenida. LA VIOLENCIA EN ECUADOR NO CESA  

María Mercedes Gutama de 78 años detenida ayer por gritar «LA MINA CONTAMINA…» «Oro NO Agua SI…» «EL AGUA NO SE VENDE…. NO MINERÍA EN QUIMSACOCHA»…. Por Favor compartir

Solidaridad con la abuela María Mercedes Gutama de 78 años detenida ayer por las huestes correístas en #Molleturo

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Quito, 21 de octubre de 2015

Ante la campaña del gobierno ecuatoriano para legitimar los desalojos de familias comuneras de la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala Mirador (en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe), argumentando que estas aceptaron dinero a cambio de abandonar sus tierras, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) organizaron una misión para constatar lo acontecido.

Es importante destacar que para esta visita, se extendió una invitación pública al Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva; a la Ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; y a la Asambleísta de Zamora Chinchipe, Sobeida Gudiño (presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos), sin embargo ninguna de estas personas concurrió, impidiendo así la participación de una delegación de las Naciones Unidas en Ecuador, quienes habrían aceptado la invitación siempre y cuando asistieran las autoridades nacionales. Una vez más se obstaculiza la búsqueda de la verdad.

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El pasado 30 de septiembre, miembros de la empresa minera china ECUACORRIENTE desalojaron a 13 familias de la comunidad de San Marcos; esta acción estuvo respaldada por miembros de la Policía Nacional.

Los desalojos se realizaron sin notificación previa y en predios que poseían escrituras legales y sobre los cuales no pesaba ningún proceso legal o de servidumbre.

Luego de estos hechos arbitrarios e ilegales, el gobierno nacional inició una campaña de propaganda para difundir la supuesta legalidad de las acciones de la empresa; sin embargo la realidad no se podía ocultar.

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