Boletín de Prensa :Hoy, miércoles 14 de septiembre, dirigentes de los Sistemas Comunitarios de Agua del Cantón Girón y de la Provincia de Azuay, conjuntamente con dirigentes de la Ecuarunari, concurrimos a la Corte Constitucional con el objetivo de asistir a una audiencia con el Dr. Alfredo Ruiz, presidente de esta institución para exigir el pronunciamiento definitivo de la Corte acerca del pedido de consulta popular sobre la explotación minera en los páramos de Kimsacocha.
Un muestreo comunitario en la zona de Intag, Ecuador, acaba de demostrar las nefastas consecuencias del proyecto Llurimagua (Codelco Chile/Enami Ecuador), que estando en fase de exploración, ya ha contaminado la cascadas Gemelas y la cuenca del río Junin, la que abastece directamente a las comunidades del cantón ecológico de Cotacachi, las que llevan más de treinta años resistiendo la megaminería en su territorio.
Las denuncias, recogidas en el informe de campo “¿Minería Responsable? Enami-Codelco contamina las cascadas de Junin” (se adjunta archivo) desarrollado por el investigador canadiense William Sacher junto a actores locales comprometidos con la defensa territorial, surgen en momentos en que en Chile se cuestiona al directorio de la minera estatal por estar generando intencionadamente una crisis para lograr privatizar encubiertamente a la estatal.
Esto es relevante, dado que el cobre es una riqueza estratégica de Chile, cuya gestión en manos estatales no garantiza, ciertamente, protección ni cuidado del medio ambiente y de la comunidad, pero sí al menos, podría significar una planificación estratégica en relación a los desafíos país, injerencia en el control de precios, y una necesaria escucha activa de la ciudadanía. Estas cuestiones no son cómodas para el sector minero transnacional que requiere que sea la lógica de maximización de la ganancia y externalización de los costos, la que rija.
La Cumbre Agraria, que se realizó en Quito el pasado mes de julio, resolvió como una de sus prioridades fortalecer la autonomía y autodeterminación de los territorios y su defensa , lo que implica también la defensa de la soberanía como principal objetivo para encaminar y vigorizar la resistencia frente a los proyectos mineros, petroleros y multipropósitos que se han incrementado en todo el territorio nacional en estas últimas décadas.
En este tiempo, las comunidades y pueblos han palpado el avance ilegítimo de la frontera petrolera y minera, mayoritariamente en la Amazonía, y ven que los permisos (servidumbres) a nombre de compañías extranjeras son fácilmente entregados por parte del gobierno y las autoridades del ramo, mientras los pueblos originarios pierden sus territorios ancestrales y son vulnerados los más elementales derechos.
El campo Tambococha, que iniciaría su explotación hasta el tercer trimestre del 2017, forma parte junto con Tiputini e Ishpingo del yacimiento ITT o bloque 43, ubicado en la reserva ecológica Yasuní, en el corazón de la selva ecuatoriana.
Quito. Ecuador discutirá con empresas extranjeras ofertas para financiar el desarrollo comercial de un nuevo campo dentro del polémico bloque petrolero ITT, que demandará una inversión de US$800 millones, dijo este jueves el ministro de Hidrocarburos, José Icaza.
El 11 de agosto de 2016 la Amazonía Sur del Ecuador fue marcada en la defensa de sus derechos colectivos. En ese día el presidente de la Asociación de Centros Shuar Bomboiza fue sentenciado a un año de prisión por paralización de servicios públicos, al mismo tiempo, miembros de la policía nacional y del ejército desalojaban la población de Nankintz.
El territorio de la nacionalidad shuar del Ecuador se ha visto amenazado por el ingreso de empresas transnacionales mineras. A través de la historia, se han registrado varios eventos en los que este pueblo ha demostrado su resistencia. Pero los últimos diez años se han enfrentado a la arremetida de estas empresas que trabajan con aquiescencia estatal.
Un informe de campo sobre los impactos de las actividades mineras en la Reserva Comunitaria de Junín, iniciativa de varios pueblos de la zona de Intag en la provincia de Imbarura, que es uno de estos territorios preciosos de nuestro Ecuador. Fuente de agua y vida, sus cascadas, fauna y flora son partes de la zona de amortiguamiento de la Reserva Cotacachi-Cayapas, uno de los parques naturales más importantes del mundo. En la actualidad, estas riquezas y los territorios de Intag en general están amenazadas por las actividades de exploración minera del consorcio formado por la Enami (Empresa Nacional Minera) y la estatal chilena Codelco con su megaproyecto minero de cobre Llurimagua, como lo revela nuestra última visita en la zona.
Según la revista estadounidense Nature, a la cual difícilmente podemos tachar de nido de ecologistas infantiles, esta zona es hogar de numerosas especies endémicas y/o en peligro de extinción y una de las 25 zonas más megabiodiversas del mundo (2). En 2013, otra revista científica de renombre, Science, mostró que la Reserva Cotacachi-Cayapas es potencialmente más importante que el parque Yasuní en términos de biodiversidad y presencia de especies en peligro (3).
La solicitud de medidas cautelares para suspender la explotación minera en el proyecto Río Blanco, ubicado en la zona costanera de Azuay, fue negada. Este viernes 26 de agosto de 2016, el juez de la Unidad Penal de Cuenca, Felipe Córdova, no aceptó ese pedido planteado por el concejal cuencano, Iván Granda.
Río Blanco es uno de los cinco proyectos mineros estratégicos del país y en dos años se tiene previsto que inicie la extracción de oro y plata, en la parroquia cuencana de Molleturo.
Una mayoría en el Concejo cantonal de Cuenca ‘demandó’ al Gobierno Nacional que detenga las actividades mineras en su territorio, específicamente el proyecto Río Blanco. Nueve de los 15 ediles de esa ciudad rechazaron la reciente inauguración que el vicepresidente Jorge Glas realizó por haber sido efectuada “de manera inconsulta y autoritaria”.
A través de una carta pública, ellos denunciaron que el régimen no ha reparado “en las afecciones a las cuencas hídricas que proveen del líquido vital a cuencanos y cuencanas”.
El pasado jueves el segundo mandatario participó en el inicio de la fase de construcción del proyecto de explotación minera llamado Río Blanco.
Está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chaucha del cantón Cuenca, en Azuay; y lo ejecuta la empresa china Junefield Resources Ecuador.
En la mañana del día jueves 11 de agosto del presente año, un operativo militar procedió a desalojar a los habitantes de la comunidad de Nankims al sur de la Amazonía ecuatoriana. Este hecho ocurrió debido a que el Estado ecuatoriano concesionó este territorio para explotar el proyecto de cobre denominado Panantza San Carlos a la empresa Corriente Resources, ahora propiedad de las empresas transnacionales chinas CRCC y Tonling.
Previo a este operativo militar, los hostigamientos, las amenazas de desalojo realizadas por la fuerza pública junto con la empresa minera y autoridades de gobierno, han sido constantes para los indígenas Shuar de Nankims, quienes finalmente fueron desalojados sin siquiera haber recibido notificación alguna.
Resulta inaudito que en el país pionero en elevar a nivel Constitucional los Derechos de la Naturaleza, el Derecho a la Resistencia, el Derecho Humano al agua, entre otros, se utilice a las Fuerzas Armadas con el objetivo de desplazar a comunidades campesinas e indígenas, para imponer megaproyectos mineros que generan contaminación, violación de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.
De acuerdo a información proporcionada por habitantes de la zona, en la mañana de hoy ingresaron miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para desalojar a la comunidad shuar de Nankits, provincia de Morona Santiago, territorio ancestral de esta nacionalidad indígena y que está en disputa por parte de la empresa china Explorcobres S.A, EXSA, filial de EcuaCorriente, la misma que ya estaría ingresando con maquinaria al sector.
Este territorio fue consecionado para el proyecto minero a cielo abierto y a gran escala, Panantza-San Carlos, para la extracción de cobre. Las comunidades indígenas shuar que habitan en el sector han resistido históricamente al ingreso de la minería en su territorio.