Con 12 votos a favor y cuatro en contra, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó este domingo 22 de enero de 2017 una declaratoria que tiene 12 resoluciones relacionadas con la preservación de las fuentes del agua y la actividad minera. El debate, que se efectuó en una sesión extraordinaria, duró casi cinco horas.

Una de las principales resoluciones fue declarar libre de minería metálica al territorio del cantón Cuenca, sus páramos y ecosistemas, que se encuentran dentro del área de reserva de la biosfera del macizo del Cajas y a las áreas de protección y conservación ambiental y de fuentes hídricas.

Además, demandar al Gobierno nacional que suspenda la entrega de cualquier concesión solicitada para minería metálica en el cantón Cuenca porque “estas se ubican en áreas de protección y conservación ambiental y reservas arqueológicas…”. Otra resolución fue exigir al Régimen la suspensión de las actividades de explotación y exploración mineras en los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga (antes conocido como Quimsacocha). Según la vicealcaldesa de Cuenca, Ruth Caldas, con esta declaratoria también se respalda las actuaciones administrativas que realice el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, para solicitar información sobre los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga.

Además, el Concejo Cantonal hace un pedido para que los técnicos de las universidades de Cuenca y del Azuay puedan ingresar a estas concesiones mineras y recabar información. Cabrera aseguró el viernes pasado que esta sesión se convocaba porque de acuerdo con el Catastro Minero Nacional, un total de 60 913,73 nuevas hectáreas “se pretenden concesionar para proyectos de minería metálica”, en las parroquias Molleturo, Sayausí y Chaucha. Según él, estas zonas colindan con los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga. Calculó que las nuevas solicitudes y las anteriores representan la cuarta parte del cantón.

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/concejo-cantonal-cuenca-declaratoria-mineria.html

 

¿Cuál es el trasfondo de un conflicto que lleva meses sin resolverse?

¿Por qué el gobierno solicitó la disolución inmediata de la organización Acción Ecológica

¿Cuáles son las consecuencias del estado de excepción decretado por el Estado?

Un conflicto sin miras de solución ensombrece el sur de la Amazonía ecuatoriana. Específicamente las localidades rurales de los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza, ubicados en la provincia de Morona Santiago. Se trata de comunidades indígenas y campesinas enclavadas en la Cordillera del Cóndor, cuyos territorios están concesionados a la minera china Explorcobres S.A. (EXSA), responsable del proyecto cuprífero San Carlos-Panantza y filial de la también empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA), que le lleva ventaja en la construcción de la primera mina de cobre a cielo abierto del país en la vecina provincia de Zamora Chimchipe. Son yacimientos contiguos que forman parte del mismo cinturón de cobre que atraviesa la zona.

Y las cosas han ido de mal en peor. Sobre todo desde agosto, mes en el que aconteció el primero de varios hechos sucesivos y alarmantes que han trascendido las fronteras de esa recóndita y olvidada circunscripción de la Amazonía. Fue justamente el 11 de agosto cuando cientos de efectivos de la fuerza pública ingresaron a la parroquia Santiago de Panantza y procedieron al desalojo de una pequeña comunidad Shuar denominada Nankints y conformada por 32 personas.

Desde entonces un importante contingente militar y policial permanece en el sitio, en respaldo de la minera china EXSA que reclama esas tierras como suyas. En contraparte, el desalojo de Nankints ha sido el detonante para que organizaciones indígenas regionales y nacionales, que culpan al gobierno de impulsar la minería a gran escala ─sin consulta previa─ en territorios que consideran ancestrales, aceleren la conformación de un gran frente contra la megaminería. El clima de tensión que se vive en el área de influencia del proyecto San Carlos-Panantza ha dado pie a numerosos enfrentamientos, la toma durante 24 horas del campamento chino por parte de indígenas shuar en noviembre, la muerte del policía José Mejía el 14 de diciembre pasado, la detención de un grupo de dirigentes comunitarios y del presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH), Agustín Wachapá. Además del intento de cierre de la Ong Acción Ecológica por parte del Ministerio del Interior, lo que generó el rechazo de la comunidad internacional.

Se prolongan las restricciones

Uno de los hechos más recientes es la ampliación del estado de excepción que implantó el gobierno en la provincia de Morona Santiago a mediados de diciembre. En el decreto ejecutivo emitido el 12 de enero último, se justifica la suspensión de varios derechos constitucionales a los habitantes, “en razón de los efectos de las agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas por parte de grupos ilegalmente armados, han atentado contra la seguridad ciudadana, la integridad de las personas, y la paz y convivencia social”, dicta un fragmento del documento.

Es que las acusaciones son mutuas y ya en días anteriores, el presidente Rafael Correa responsabilizó a la dirigencia indígena de respaldar a grupos violentos “paramilitares y semidelincuenciales” que presuntamente atemorizan a la población. “Es mentira que sean tierras ancestrales”, sentenció Correa y agregó que la empresa china EXSA las compró a una pareja de colonos, que a su vez las adquirieron de otra pareja que las recibió del antiguo IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización). Pero los indígenas se mantienen en que el territorio en disputa forma parte de la jurisdicción Shuar-Arutam.

 

El Presidente cerró cualquier posibilidad de acercamiento. “Aquí no cabe ya el diálogo. Aquí cabe cualquier cosa después de capturar a los asesinos”, dijo en referencia a la muerte del efectivo policial. “Al cabo lo matan cuando se estaba transportando en un camión militar, hacen una emboscada, empiezan a disparar y no carabinas, es una bala de fusil que le atraviesa el casco y le destroza la cabeza”, sostuvo el mandatario el 17 de diciembre, en medio de su cadena sabatina de radio y televisión. Aunque en un inicio, el Ministerio del Interior había informado que la muerte del policía había sucedido durante un ataque al campamento minero La Esperanza, de la empresa China EXSA. En ese mismo episodio, el gobierno informó que resultaron heridos cinco policías y dos militares. Uno de gravedad.

 

Las aseveraciones del gobierno generan dudas en organizaciones de la sociedad civil como Acción Ecológica. Gloria Chicaiza, vocera de la ONG en el tema, cuestiona que el gobierno responsabilice a los indígenas shuar de la muerte del policía Mejía, y a la par, impulse una campaña para dar con los culpables. “Nos parece sumamente escandaloso porque creemos que lo que se está haciendo es juzgar sin ningún tipo de investigación de por medio. Se está asumiendo una serie de acusaciones dirigidas tanto a dirigentes como a las comunidades shuar. Es una especie de cacería que se está haciendo, ofreciendo 50 000 dólares para que la gente diga quién es el asesino”. En diálogo con Mongabay Latam, Chicaiza asegura que no le cuadran los sucesos y que el policía fue asesinado con un arma de grueso calibre que no está al alcance de las comunidades indígenas. “Cómo entra un contingente policial y militar tan armado, tan fuerte, y resulta que los agresores son las comunidades pequeñas y desarmadas asentadas en la zona”, objetó.

 

Investigación de muerte de policía no progresa

Lo cierto es que las investigaciones por la muerte del policía no registran avances, incluso los cinco comuneros que el Ministro del Interior Diego Fuentes señaló como presuntos responsables del ataque al campamento minero La Esperanza (donde habría muerto el polícia José Mejía), fueron liberados por la Corte de Justicia de Morona por falta de pruebas. La Policía los capturó el 17 de diciembre, tras una serie de allanamientos en la parroquia Santiago de Panantza y el cantón San Juan Bosco, y las principales evidencias en contra eran unas viejas escopetas de caza, de fabricación artesanal, junto a algunas municiones. Tres de los detenidos eran integrantes de la Junta parroquial de Panantza, incluido su presidente, Javier Marín. Organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) celebraron la noticia pero recordaron que aún continúa preso el presidente de la FISCH Agustín Wachapá.

 

A diferencia de los comuneros, que fueron procesados por tentativa de asesinato, Wachapá fue acusado de incitación a la discordia, tipificado en el art. 348 del Código Integral Penal y que dicta: “La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. Wachapá fue acusado por colgar una publicación en Facebook “en la que llama a la unidad, a la movilización y que desconoce al presidente Rafael Correa por haber hecho esas incursiones con militares y policías ante una comunidad shuar”, explica su abogado Julio César Sarango, quien además reclama que Wachapá haya sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, (Cotopaxi), ubicada a más de 300 kilómetros de su domicilio, cuando su caso es visto en la capital provincial, Macas. Igual como pasó con los comuneros de Panatza. “Lo hicieron para aislarlo.

No puede ver a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de organización”, sostiene Sarango y añade que con la detención del Presidente de la FISCH se quiere enviar un mensaje intimidatorio a la dirigencia indígena. El pasado 6 de enero, la Corte Provincial de Cotopaxi negó el recurso de Habeas Corpus solicitado por la defensa de Wachapá. Era el tercer intento de Sarango para lograr su libertad.

“Hay una persecución voraz hacia las autoridades, sobre todo de las nacionalidades de la región amazónica que hemos venido haciendo vocería”, asegura en conversación con Mongabay Latam Marlon Vargas, presidente de la Confeniae. Según Vargas, el gobierno los quiere amedrentar para que no sigan luchando por su territorio y se ha valido de la declaratoria de estado de excepción para “violentar los derechos humanos dentro de los territorios”.

 

Marlon Vargas expresa su rechazo rotundo a la medida que suspende el derecho a la información, a la libertad de expresión y opinión, el derecho a asociarse y reunirse, el derecho a transitar libremente y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. El dirigente indígena sostiene que el estado de excepción está paralizando la economía de la provincia de Morona Santiago al dificultar la movilidad de las personas, además señala que la situación en las comunidades es de alta vulnerabilidad aunque no se muestra en la prensa por la falta de acceso a la zona. “Convocamos a los medios de comunicación a que se trasladen a esos lugares para que el mundo vea en qué situación estamos y cuáles son las realidades que se están viviendo en las montañas de la Cordillera del Cóndor”, sostiene Vargas y añade que “el único camino es la resistencia que permite la Constitución”.

Preocupación en comunidades por excesivo control

Gloria Chicaiza de Acción Ecológica comparte la preocupación de Vargas por los efectos del estado de excepción en la población. “Compañeros de las comunidades dan cuenta de sobrevuelos diarios de helicópteros, de cómo con drones están entrando a las comunidades, están vigilando y persiguiendo. De cómo los niños no están yendo a las escuelas. Hay un control militar excesivo, la gente no puede desplazarse, tiene que caminar por la montaña 8, 12 horas para poder salir a centros poblados como Gualaquiza o San Juan Bosco”. Chicaiza no ha podido llegar a la zona por las restricciones de la excepción pero explica que mantiene constante contacto telefónico con líderes indígenas y campesinos. La ecologista también habla de persecución y pone como ejemplo el caso de Luis Tiwiram, dirigente de la desalojada comunidad de Nankints que es buscado por las autoridades.

Contrario a Vargas y Chicaiza, el gobierno sostiene en cadenas de radio y TV que con el estado de excepción se está garantizando la paz y el orden en la provincia, y que los moradores se sienten más seguros. Las versiones sobre los hechos suscitados, difieren por completo si la fuente es el gobierno o las organizaciones indígenas y civiles que, además de rechazar el desalojo, cuestionan el impacto de los proyectos mineros en el ecosistema de la Cordillera del Cóndor. Pero hay un punto en el que sí coinciden y es en que la situación está convulsionada y existe el riesgo de que se presenten nuevos hechos violentos.

Acción Ecológica no será disuelta

A la par de la situación de tensión en el sur de la Amazonía, el Ministerio de Interior solicitó la disolución inmediata de la organización Acción Ecológica, a la que culpó de respaldar en redes sociales acciones y hechos de violencia que atribuían a las comunidades shuar de la zona de conflicto. El proceso de cierre empezó el 20 de diciembre con la notificación a la ONG y desató diversas reacciones a nivel nacional e internacional. Pero la misiva que ocasionó el rechazo de la Cancillería, fue la de un grupo de relatores de la ONU que a finales de diciembre cuestionó un clima de represión para las organizaciones civiles en el país. “Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial”, dicta parte del comunicado y continúa: “Las consecuencias directas son el silenciamiento progresivo de cualquier grupo que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno y, por lo tanto, reduce la visibilidad de la situación de las personas vulnerables y marginadas”, añade y concluye que la disolución de agrupaciones es “el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación. Inmediatamente el Ministerio de Relaciones Exteriores tachó el comunicado de “tendencioso” y aseveró que contenía aseveraciones que tergiversaban la situación en Morona Santiago.

Expertos de la ONU ya habían criticado al régimen por cerrar la también organización ecologísta Pachamama, la Unión Nacional de Educadores, que fue el gremio más fuerte de maestros durante 66 años, e intentar disolver la ONG Fundamedios. Todo en un periodo de tres años. En el caso de Pachamama, el cierre se dio poco después de una protesta contra la XI ronda de licitación de 13 campos petroleros que se celebró en Quito y en la que participaron funcionarios y empresarios extranjeros. El presidente Correa atribuyó la convocatoria a la ONG y los culpó de proferir insultos y golpear con una lanza al embajador chileno. Pachamama protestó contra lo que calificaron como una acción unilateral sin derecho a la defensa.

El 11 de enero pasado se dio la audiencia del proceso contra Acción Ecológica en las instalaciones del Ministerio del Ambiente y un día después, el pedido de disolución fue desestimado para tranquilidad de la ONG, que ha denunciado decenas de agresiones a la organización y sus miembros durante los últimos 10 años. “Se dictaminó que no había ninguna relación entre los eventos de violencia en la Cordillera del Cóndor y los mensajes que circulaba Acción Ecológica”, dijo en diálogo con Mongabay Latam la presidenta Esperanza Martínez e insistió en la necesidad de que se conforme una Comisión de la Verdad que investigue el conflicto minero y aclare “qué ha pasado con la consulta previa, con las áreas de conservación, qué ha pasado con los ríos, cuáles han sido las acciones u omisiones por parte del estado”. Consultada sobre si van a bajar el tono después del riesgo de disolución, Aguirre sostiene: “No es un problema de tono sino de compromisos, y tú eres o no eres solidario, participas o no participas, y nosotros reivindicamos el hecho de que nuestros objetivos son alertar sobre los problemas ambientales y defender la naturaleza. Si no lo hacemos estamos incumpliendo con nuestros fines”.

Fuente: https://es.mongabay.com/2017/01/ecuador-tension-la-amazonia-conflicto-minera-china-comunidad-shuar/

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM), una plataforma integrada por diversas organizaciones de la Iglesia católica, tanto locales como internacionales, que trabajan en el acompañamiento y la defensa de los territorios y grupos vulnerables de la Amazonía, ha denunciado el desalojo del pueblo shuar en Ecuador a causa de prácticas mineras.

Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y firme denuncia de los acontecimientos recientes con relación al pueblo Shuar del Ecuador en la provincia de Morona Santiago, específicamente con respecto al desalojo de los pobladores, indígenas y campesinos, de la comunidad Nankints en favor de los intereses de la empresa minera china Ecuacorrientes», denuncian en un comunicado.

Según advierte la Red, el desencadenante del conflicto actual está relacionado con la política de sobreexplotación de los bienes naturales que se ha impuesto en la región amazónica «concediendo derechos a grupos privados» y «vulnerando gravemente los derechos humanos y la protección de los ecosistemas».

Por ello, pide diálogo para la resolución del conflicto y buscar salidas a la pobreza que no se limiten a la extracción de recursos naturales en espacios frágiles. «La pobreza que se quiere combatir momentáneamente llegará igualmente y de manera más dramática para esos territorios en el mediano plazo luego de que se agoten dichos recursos, y cuando su hábitat esté afectado de forma irreversible», alerta.

Por ello, las organizaciones de esta Red piden una política orientada al bien común basada en principios éticos. «Pedimos más altura en las discusiones, una altura que vaya más allá de los antagonismos, descalificaciones y posturas inamovibles e unívocas donde solamente quienes ostentan el poder institucional formal parecen determinar los rumbos a seguir, por encima de las comunidades que habitan en los territorios, y los han habitado por siglos», señalan.

En este sentido, hacen un llamamiento a que se respeten los derechos de los pobladores de estos territorios, al «cese urgente y no repetición de un estado de excepción que favorece un contexto de mayor confrontación y violencia», y a privilegiar los intereses de las comunidades que han habitado en esos territorios por encima de los intereses extractivos externos.

Además, la Red recuerda la encíclica del Papa Francisco ‘Laudato Si’, en la que reconoce a los pueblos indígenas como los primeros interlocutores en el momento de tomar decisiones que afecten a sus territorios.

Sobre la muerte de un efectivo de la policía «que fue enviado a una situación de violencia inminente», lamentan lo sucedido y piden que los hechos sean «debidamente atendidos y solventados, pero sin provocar una injusta generalización de parte de las instancias del gobierno y una criminalización de dirigentes y comunidades locales». También reclaman que se aclare la situación de los líderes que han sido procesados o que están detenidos y se asegure el pleno respeto de sus derechos.

Fuente:http://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-shuar-pueblo-amenazado-mineria-20170116125147.html

El Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) resolvió este jueves desestimar la solicitud de disolución de la Corporación Acción Ecológica presentada por el Ministerio del Interior el pasado 19 de diciembre, por considerar que la organización ambientalista incurrió en acciones políticas y de desestabilización durante las protestas de grupos indígenas shuar en la provincia amazónica  de Morona Santiago.

En una rueda de prensa, el ministro de esta cartera, Walter García, informó que después de haber analizado las pruebas presentadas por ambas partes consideran “que no existe vinculación directa entre los hechos violentos acaecidos en la Provincia de Morona Santiago los días 21 de noviembre y 14 de diciembre de 2016, y los comentarios, opiniones y editoriales de la Corporación Acción Ecológica”.

El MAE exhortó a la corporación a cumplir con los fines y objetivos para los cuales fue constituida y recomendó que no propenda a la emisión de criterios u opiniones a través de comunicados y publicaciones en momentos y situaciones de conmoción social que pudieren ser interpretados como factores de alteración de la paz.

“Esto es solamente una recomendación para que eviten dar estos comentarios que puedan ser interpretados por las instancias encargadas de garantizar la paz social en un momento que pueden incentivar una mayor conmoción”, aclaró el ministro.

En la audiencia de resolución del caso que se desarrolló la tarde del miércoles y que duró cerca de tres horas, tanto el Ministerio del Interior como Acción Ecológica presentaron las pruebas y el MAE fue el organismo encargado de analizarlas.

Esperanza Martínez, vocera de Acción Ecológica, dijo que se había logrado desestimar todas las pruebas presentadas por el Ministerio del Interior. “Me atrevería a decir que son más pruebas de descargo que de cargo si es que hacemos la lectura de los partes policiales, los retuits y los mensajes”, señaló.

La vocera insistió en que “Acción Ecológica no ha incurrido en ningún acto violento ni de motivación a la violencia» y que no tiene participación en eventos políticos. «Somos defensores de los derechos humanos y la naturaleza y que nuestros objetivos y fines son justamente esos”, aseguró.

El pasado 19 de diciembre, el MAE notificó a la agrupación ambientalista, sobre el inicio de un proceso administrativo para disolverla, por pedido del Ministerio del Interior que la acusa de haber incurrido en actos violentos, en el marco de las protestas de grupos indígenas shuar en la provincia amazónica  de Morona Santiago, en contra de la extracción de oro, por parte de la empresa china, EXSA.

Según el Ministerio del Interior, Acción Ecológica, habría difundido mensajes que incurrían a la violencia y con esto se habían alejado de los objetivos para los que fue creada: la defensa de los derechos humanos y la naturaleza.
Fuente:http://www.andes.info.ec/es/noticias/ministerio-ambiente-ecuador-desestima-disolucion-accion-ecologica.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

Es público y conocido que el 11 de agosto se desalojó la comunidad Shuar de Nankintz, ubicada en la zona afectada por el proyecto minero Pananza-San Carlos de la corporación china Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA. Esta comunidad fue fundada en el 2006 luego de que el campamento de Rosa de Oro de esta compañía minera fuera expulsado por la movilización popular en Morona Santiago sobre todo de los sectores campesinos y Shuar. La fundación de Nankintz fue un acuerdo entre todas las organizaciones y movimientos de campesinos, entre ellos la Coordinadora Campesina Popular CCP, pobladores de los sectores urbanos de la provincia y comunidades Shuar, que participaron en la resistencia que llevó a la expulsión de este y otros campamentos mineros en el 2006, así como a la suspensión de todas las actividades mineras en la provincia de Morona Santiago e incluso del proyecto Mirador en Zamora Chinchipe.

La Coordinadora Campesina Popular CCP y la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI y el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, organizaciones que han sido parte activa de la resistencia al megaproyecto Pananza-San Carlos desde hace más de una década, han venido haciendo desde el 11 de noviembre pronunciamientos públicos rechazando el desalojo, exigiendo la desmilitarización de la zona que se dio a raíz del mismo, y en contra de la violencia que estos hechos han generado en los últimos meses. Además ha realizado distintas acciones públicas y pacíficas para manifestar su rechazo y exigencia por los derechos, el territorio campesino y la Soberanía Nacional, como fue la «Caminata Campesina» que recorrió desde Limón a San Juan Bosco el 21 de agosto de 2016 (ver nota sobre la Caminata en: http://mingaccp.blogspot.com/2016/08/caminata-de-dignidad-por-los-derechos.html#links); así mismo fueron parte de los convocantes del «Tribunal contra la invasión minera imperialista», realizo el 2 de septiembre de 2016 en Cuenca (ver nota sobre el Tribunal enhttp://mingaccp.blogspot.com/2016/09/tribunal-popular-condeno-la-invasion.html).

Para el domingo 18 de diciembre de 2016 la CCP y ACLI estaban convocando una nueva Marcha en exigencia de la desmilitarización, los derechos campesinos y la soberanía, la cual iba a partir de San Miguel de Conchay hacia San Juan Bosco, sin embargo el 14 de diciembre se dieron los hechos que son de dominio público en sector donde la compañía minera ha levantado un campamento, y se decretó un estado de excepción por 30 días en toda la provincia de Morona Santiago, con lo que se boicoteó la Marcha, siendo suspendida al no contarse con las garantías democráticas para su realización.

Por la presencia, participación activa en la resistencia e historia de lucha consecuente e inclaudicable, cómo es lógico, miembros y dirigentes de la ACLI, Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonia y CCP, han venido siendo objeto de diversos actos violatorios a sus derechos humanos, en especial luego de los hechos registrados el 21 y 22 de noviembre, y 14 de diciembre que son de dominio público. En particular, los ataques han sido dirigidos a miembros y dirigentes de la ACLI y Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía en la parroquia San Miguel de Conchay, donde se han registrado interrogatorios ilegales por parte de la Tenienta Política junto con funcionarios del Ministerio del Interior, Comisaría Nacional de Policía y otros, allanamiento de casas y fincas por parte de la fuerza pública, intimidaciones, difamación, inicio de investigaciones previas en la Fiscalía de Limón por falsas acusaciones, entre otros. (Un resumen de los casos puede leer al final de esta nota).

Preocupa sobre manera la situación de Manuel Peláez Mayta, Vicepresidente de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI y su familia, quienes está siendo blanco de una rabiosa persecución por parte del gobierno y la empresa, utilizando a pro-mineros de su propia comunidad. En los últimos días Manuel Peláez fue notificado para presentarse el 9 de enero de 2017 a rendir versiones en la Fiscalía de Limón por falsas acusaciones en su contra por parte de un trabajador de la empresa minera EXSA y una pro-minera de lo localidad, por lo que se ha iniciado las Investigaciones Previas No. 140301816120015 y 140301816120016 por el presunto delito de «INTIMIDACIÓN».

Manuel Peláez Mayta acudió el lunes 9 de enero a la Fiscalía y allí se le entregó una nueva denuncia en su contra por la que se ha abierto la Investigación Previa No. 140301817010002 por el presunto delito de «ABIGEATO». Estas investigaciones abiertas por la Fiscalía en contra del Vicepresidente de la ACLI, se suman a otras violaciones de derechos cometidas en su contra en las últimas semanas.

Para entender el por qué de esta persecución y criminalizción es importante hacer las siguientes puntualizaciones:

1. Morona Santiago es una provincia Amazónica donde conviven en la actualidad población nativa denomina «mestiza», campesina en su gran mayoría, producto de la colonización por parte de campesinos de región Andina, en especial de la provincia de Azuay, que desde hace 100 años llegaron a esta parte del Oriente ecuatoriano, y, la población Shuar.

Por tanto el área afectada por las concesiones de Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA, que son de más de 41 mil hectáreas, está conformada por comunidades campesinas y áreas de los centros Shuar, es decir, estas concesiones, no afectan sólo el territorio Shuar, sino el de la población campesina del sur de la provincia de Morona Santiago.

El proyecto Pananza-San Carlos, afecta directamente varias parroquias donde la mayoría, sino la totalidad de su población son campesinos: Pananza, San Miguel de Conchay y San Carlos de Limón, pertenecientes a los cantones de San Juan Bosco y Limón Indanza.

2. El campesinado ha jugado desde hace más de una década un papel activo en la resistencia a los megaproyectos de minería en la provincia, especialmente al Pananza-San Carlos. La conformación de la Coordinadora Campesina Popular CCP en el 2005, fue un hecho importante para el campesinado conciente y organizado de Morona Santiago, en particular del cantón Limón Indanza, donde posteriormente se formó la Asociación de Campesinos ACLI. Estas organizaciones han tenido una presencia activa, pública y pacífica en la zona en demanda de los derechos violados desde que se entregaron las concesiones a las empresas mineras en los años 90 del siglo pasado, sin que las comunidades campesinas e indígenas hayan sido informadas ni consultadas. En años posteriores se constituyó también el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía para visibilizar la participación de las mujeres campesinas que resisten a la imposición de la megaminería en sus comunidades.

3. Los procesos de persecución y criminalización al sector campesino opuesto al megaproyecto minero Pananza-San Carlos, se dieron a la par con la emergencia del proceso de resistencia de los años 2005-2006. Por su participación en la resistencia a este megaproyecto, miembros de la CCP, ACLI, y otras personas, fueron blanco de una persecución con distintos procesos judiciales, algunos abiertos hasta el 2012 a pesar de la Amnistía otorgada por la Asamblea Constituyente del 2008. Por el desalojo del campamento de Rosa de Oro, dado en el 2006, Lina Solano Ortiz, Fernando Mejía y otras personas, fueron acusadas de delitos penales como «invasión de edificios» y «robo», con falsas acusaciones de haber ingresado al campamento minero a la cabeza de un grupo armado, haber atentado contra la vida de los trabajadores de la empresa y robado pertenecías de ExplorCobres por más de 20 mil dólares, mentiras que la empresa jamás pudo probar. Igualmente Vicente Zhunio Samaniego, miembro de la CCP y ex Presidente de la ACLI, fue herido, secuestrado por la policía en Indanza, y privado injustamente de su libertad, durante las protestas comunitarias del 5 de enero de 2009 en contra la aprobación de las reformas a la ley de minería. Estos entre otros hechos se han venido registrando contra miembros de la ACLI y CCP en estos años de lucha.

4. Desde el 2006 en que se fundó la comunidad de Nankintz, nativos mestizos y Shuar de las parroquias de Pananza, San Miguel de Conchay y San Carlos de Limón, han convivido en paz, por lo que la CCP y ACLI han sido enfáticas en rechazar la violencia por parte del Estado, gobierno y la compañía minera que se ha desatado con el desalojo de Nankintz, la militarización y de la zona, y ha señalado que la presencia de la fuerza pública, así como el estado de excepción, lejos de solucionar el problema lo profundizarán. Pero también han manifestado que ni la ACLI, ni la CCP, ni el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, tienen relación alguna con los hechos de violencia registrados a partir del 11 de agosto, y otros que según el gobierno se estarían dando, y en base a los que trata de justificar la militarización y el estado de excepción en Morona Santiago.

Por todo lo señalado anteriormente, preocupa la distorsión y desinformación que se difunde por parte del gobierno y la empresa minera que pretenden ocultar el rechazo que la población campesina ha venido realizando a este proyecto por más de una década, y la persecución sin cuartel que ha emprendido contra la ACLI para tratar de impedir la movilización del campesinado.

Pero también preocupa que ciertos medios de comunicación, partidos políticos, instituciones y ongs, muestren el problema como si sólo la población indígena Shuar fuera la afectada por el megaproyecto Pananza-San Carlos, como si sólo los Shuar hubieran resistido a la invasión minera en Morona Santiago, y que por tanto, sólo los Shuar son los que están siendo perseguidos y criminalizados a partir del 11 de agosto de 2016. La propia realidad desmiente esto, ya que de los presos que actualmente se encuentran en Latacunga y están siendo criminalizados, acusados de «tentativa de asesinato», la mayoría son campesinos mestizos de la comunidad de Pananza, quienes han venido manifestando su oposición al proyecto minero desde hace más de una década.

Invisibilizar la delicada situación que está viviendo el campesinado opuesto al megaproyecto minero Pananza-San Carlos particularmente los miembros y dirigentes de la ACLI y del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía en San Miguel de Conchay, es atentatorio también a sus derechos, y sobre todo, profundiza la situación de vulnerabilidad y el riesgo a la que están expuestos.

Ante esta situación, y por el riesgo en el que se encuentran las y los compañeros de la ACLI, CCP y Guardianas de la Amazonía, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama ha dado su apoyo y solidaridad activa por lo que, entre otras actividades, está recogiendo información sobre la resistencia del campesinado al proyecto minero Pananza-San Carlos, a fin de fundamentar, documentar, denunciar y difundir los casos de violaciones de derechos, persecución y criminalización que se están registrando por la violencia desatada por el gobierno y el Estado de Ecuador para proteger los intereses de la corporación transnacional china Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA.

El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama rechaza la persecución y criminalización que el gobierno, Estado y empresa minera, vienen haciendo en contra de las y los campesinos que se oponen a la minería en Morona Santiago, particularmente a las y los compañeros de la ACLI, CCP y Guardianas de la Amazonía, así como la violencia que han desatado desde el 11 de agosto, la militarización y el estado de excepción para imponer el megaproyecto Pananza-San Carlos.

El Frente solicita a las instituciones, organismos nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos, y de defensa de las y los Defensores de los Derechos Humanos, su actuación para tomar medidas tendientes a exigir al gobierno y Estado de Ecuador, garantizar la vida, integridad. libertad y demás derechos de miembros y familiares de los socios de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza a ACLI, de la Coordinadora Campesina Popular CCP y del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, así como de toda la población campesinas que se opone al megaproyecto Pananza-San Carlos.

Solicita además a los periodistas y medios de comunicación apoyar con la difusión de la situación de riesgo en la que se encuentra el campesinado en la zona afectada por este megaproyecto, la militarización y estado de excepción, en particular de las y los compañeros de la ACLI y Guardianas de la Amazonía de la parroquia San Miguel de Conchay.

A continuación un RESUMEN actualizado de los casos documentados, y un video con las denuncias de algunos de las personas afectadas, grabado en la sede del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, el 19 de diciembre de 2016.

1. CENSURA PREVIA CONTRA INTEGRNTE DE LA CCP POR PARTE DE RADIO VOZ DEL UPANO

El 22 de noviembre de 2016 Lina Solano Ortiz, miembro del Directorio del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, de la Coordinadora Campesina Popular CCP, y Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, hizo una solicitud formal al Padre Marcos Cuenca Director de la radio Voz del Upano, perteneciente a la Vicaría Apostólica de Méndez, con el fin de dar a conocer a la opinión pública el pronunciamiento de las organizaciones a las que representa a cerca de lo que había acontecido el día anterior en Pananza del cantón San Juan Bosco, en el sector denominado Nankintz. Dicha solicitud fue negada mediante mensaje de respuesta de la Secretaría de la radio, aduciendo que «la información sobre este caso se esta llevando en absoluta confidencialidad segun manifesto el Gobernador». Hacemos notar que para esa fecha (22 de noviembre de 2016), no existía ningún estado de excepción que hubiera quitado el derecho a la libertad de expresión y opinión, o impuesto la censura en los medios.

2. PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN A MANUEL PELÁEZ MAYTA, VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE LIMÓN INDANZA ACLI

2.1. Interrogatorio ilegal para intimidación

El 13 de diciembre de 2016 (un día antes del decreto de estado de excepción en Morona Santiago), Manuel Peláez Mayta, fue llamado a la Tenencia Política de San Miguel de Conchay mediante una boleta ilegal que solo decía «arreglar inconvenientes». Cuando acudió a la Tenencia fue sometido a un interrogatorio sobre la marcha que la ACLI convocaba para el 18 de diciembre, y sobre un ganado robado a Polibio Tapia, Presidente de la Junta Parroquial de San Miguel de Conchay (pro-minero). En este interrogatorio participaron 3 individuos que se identificaron como Diego Ruiz del Ministerio del Interior, Alexandro Cabrera de la Comisaría Nacional de Polícia, y Edgar Jaramillo de un supuesto Comité Ciudadano. Manuel Peláez fue sometido a este interrogatorio sin la presencia de un abogado.

2.2. Detención ilegal para allanamientos por parte de la fuerza pública

El domingo 18 de diciembre de 2016, en medio del estado de excepción decretado en Morona Santiago desde el 14 de diciembre, Manuel Peláez Mayta fue detenido por un gran número de policías y militares mientras llegaba de su finca al pueblo de San Miguel de Conchay en donde tiene su residencia. Fue obligado a abrir las puertas de su casa y su finca, para una requisa por parte de la fuerza pública en busca de «armas».

2.3. Calumnias por parte del Presidente de la Junta Parroquial de San Miguel de Conchay (pro-minero)

Polibio Tapia, Presidente de la Junta Parroquial de San Miguel de Conchay, quien durante su período ha firmado varios convenios con la empresa minera Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA, se ha dedicado a regar una serie de mentiras en contra de Manuel Peláez, acusándole de haber contratado gente para que lo maten y del robo de ganado de su finca. El individuo lanza estas acusaciones falsas y temerarias en la comunidad, a familiares de Manuel Peláez en el exterior, e incluso ha llegado a intimidar a sus hijos menores de edad con este tipo de calumnias.

2.4. Intimidación con falsas acusaciones en la Fiscalía

El 5 de diciembre Manuel Peláez recibió una notificación de la Fiscalía del cantón Limón Indanza, mediante Oficio de fecha 23 de diciembre de 2016, en el que se le cita para el 9 de diciembre a rendir versión por una denuncia puesta por Juan Carlos Mogrovejo Suconota (trabajador de EXSA) y María Ermelinda Peláez Mayta (pro-minera), quienes dicen haber sido amenazados por Manuel Peláez, según consta en las correspondientes denuncias tipificadas como presunta «INTIMIDACIÓN», por la que la Fiscalía ha abierto las Investigaciones Previas No.140301816120015 y 140301816120016.

Cuando se presentó en la Fiscalía el día 9 de enero, se le entregó una nueva citación por otra Investigación Previa No. 140301817010002, que se ha abierto por el presunto delito de «ABIGEATO», por la denuncia puesta por Polibio Tapia, Presidente de la Junta Parroquial, a quien se refiere el numeral anterior.

3. ALLANAMIENTO DE VIVIENDA DE CAMPESINA DE 80 AÑOS DEL FRENTE DE MUJERES GUARDIANAS DE LA AMAZONÍA Y SOCIA DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE LIMÓN INDANZA ACLI

El 17 de diciembre de 2016 alrededor de las 9 am, un grupo de policías y militares llegaron a la casa de Teresa Mayta en San Miguel de Conchay, campesina de 80 años, integrante del Frente de Mujeres Guardianas d la Amazonía y de la ACLI, quien además es madre de Manuel Peláez Mayta. Los uniformados le hicieron abrir las puertas «a la brava» e ingresaron revisando todas las habitaciones, rebuscando hasta en los tumbados, levantando tablas y preguntando ¿dónde están las armas? Los uniformados filmaron la casa y la filmaron a ella y luego de constatar que no había nada de lo que supuestamente buscaban se retiraron. Acompañaba al contingente policial-militar un conocido pro-minero del pueblo de nombre Hernán Samaniego.

4. ALLANAMIENTO DE VIVIENDA Y DETENCIÓN DE CAMPESINA INTEGRANTE DEL FRENTE DE MUJERES GUARDIANAS DE LA AMAZONÍA Y DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINA DE LIMÓN INDANZA ACLI

El domingo 18 de diciembre de 2016 por la tarde, llegaron gran número de policías y militares a la casa de Rosario López, exigiéndole que abra las puertas para ingresar, que si no lo hacía ellos iban a entrar rompiendo las puertas. Ella procedió a abrir las puertas y los uniformados subieron hasta el tercer piso de su casa, desde donde comenzaron a revolver todo en busca de «armas». Posterior al allanamiento Rosario López se disponía a salir de San Miguel de Conchay en el transporte público hacia Cuenca donde tenía que asistir a una rueda de prensa programada para el lunes 19, cuando fue detenida por la policía quienes le pidieron y retuvieron su cédula de identidad y otros documentos personales, procedieron a revisar todo su equipaje, le obligaron a bajar del bus, y la trasladaron escoltada por un gran número de personal, hasta el centro del pueblo. Allí le mantuvieron por casi una hora y luego la dejaron en libertad.

5. ALLANAMIENTO DE VIVIENDA E INTIMIDACIÓN DE CAMPESINO INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE LIMÓN INDANZA ACLI

El sábado 17 de diciembre de 2016 como a las 10 de la mañana, Luis Quiroga, integrante de la ACLI, se dirigía a San Miguel de Conchay en su vehículo, cuando fue detenido por la policía. Se le ordenó que se baja del carro y comenzaron a revisar todo, retirando las butacas, diciendo que buscaban «armas». Como no encontraron nada le dejaron pasar.

El domingo 18 de diciembre de 2016 por la tarde, llegó a su casa en San Miguel de Conchay y encontró las puertas rotas. Todo había sido revuelto en todas las habitaciones. El compañero se hizo presente a los jefes del operativo para reclamar por lo ocurrido en su vivienda y pidió a su hija que tome una foto como evidencia de la forma en la que encontró su casa, por lo que los militares, fusil en mano, le obligaron a borrar la foto del celular.

Fuente:http://www.aporrea.org/internacionales/n302639.html

El conversatorio tenía la finalidad de exponer la real preocupación de los pobladores ante la falta de compromiso de autoridades del país y empresas mineras con el cumplimiento de ofrecimientos, y sobre todo con el daño ambiental que, según manifestaron, está evidenciándose en los recursos naturales de la zona.

Jomar Cevallos, alcalde del cantón, inició el conversatorio. En su intervención manifestó las acciones que han ejecutado como Municipio para apoyar la lucha de las comunidades y aportar a la conservación natural.

Indicó que una de esas acciones es la creación de la Empresa Pública de Turismo y Energía Renovable, para generar políticas que permitan el desarrollo en esas áreas. Asimismo para este 2017 explicó que se ha creado la Dirección de Ambiente, la cual no existía en el cantón y a través de la cual se podrá ejercer mayor incidencia en la lucha anti minera.

En Íntag

Por otro lado informó que el 80% de la zona de Íntag está en proceso de ser concesionada, es decir unas 8.536 hectáreas en proceso, tomando en cuenta que son 10.700 hectáreas ya concesionadas. De igual forma calificó la situación como “sumamente preocupante”, porque son más comunidades las que se ven inmersas en las concesiones.

Los representantes que participaron del conversatorio acordaron un rechazo debido a la falta de consulta previa y su preocupación ante la intervención del territorio sin ser tomados en cuenta.

Nelson Betancur, presidente del Gobierno Parroquial de Apuela, habló sobre la realidad de esa parroquia, indicando que se encuentran en concesión 7.000 hectáreas, las que también contemplan ocho fuentes hídricas de captación. «No hemos sido consultados”, expresó, y sostuvo que es lo que más molesta a los pobladores, ya que dijo que con ello existe vulneración de derechos.

Por otro lado Betancur anunció que como parroquia tienen propuestas alternativas referentes a la conservación ambiental, generación de un sistema de energía renovable, actividades para impulsar la productividad y otros.

Añadió que la minería solo genera daños: “afecta a nivel de todo el cantón, no solo a las seis parroquias de Íntag. Se ha hecho un pronunciamiento en agosto y el 14 de este mes se planifica otro, ratificando que tenemos el derecho a la consulta previa en cuanto a las actividades de minería en la parroquia”.

También intervino José Garzón, presidente de la Junta Parroquial de Cuellaje, quien manifestó que están trabajando en la concientización a la gente en cuanto a la reforestación, mantenimiento de fuentes de agua y protegiendo las partes altas a fin de fortalecer la conservación ambiental.

“Cuellaje no pensaría en hacer minería porque la agricultura da suficiente para abastecer las familias y mercados”, añadió al explicar que, al igual que otras comunidades, se tienen alternativas de desarrollo y subsistencia, ajenas y en contra a la minería.

Polibio Pérez, vocal del Gobierno Parroquial de García Moreno, hizo énfasis en cuanto al derecho a tener títulos de lo que pasa en la zona: “se ofrecieron regalías pero hasta el momento no han desembolsado un dólar. La empresa minera lo único que ha ido es a destruir.»

Acciones

Por su lado Javier Ramírez, coordinador de la veeduría comunitaria de Junín, hizo referencia a los hallazgos dentro de este proceso, explicando que a pesar de las denuncias no se han visto acciones de parte de autoridades.

Sostuvo que recursos como el agua ya se ven afectados con la contaminación, ya que se ha presentado cambio en su PH, conductividad y otros indicadores. Indicó que en febrero tendrán una tabla de resultados sobre los serios impactos en el agua y otros recursos que afectan al ambiente y calidad de vida de pobladores.

Además de asambleas y reuniones con los comuneros para fortalecer el apoyo y lucha, Cevallos sostuvo que se pretende cristalizar acciones referentes a sanciones y análisis de la intervención de las empresas Codelco y Enami en la zona, en específico sobre el incumplimiento de licencia ambiental, estudios e impactos y otros tras su intervención.

Añadió que con la creación de la Dirección de Ambiente del Municipio se podrá fortalecer los procesos en cuanto a conservación ambiental e impulso de actividades en beneficio de esos sectores afectados. (CFDA)

 

Fuente:http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1102018318/-1/Comunidades_de_%C3%8Dntag_ratifican_rechazo_a_la_miner%C3%ADa_.html#.WHY3pDVVK1E

Los acontecimientos suscitados en Nankints, ubicado en la provincia de Morona Santiago, al sur del país, develan la actitud prepotente del gobierno ecuatoriano que ha buscado imponer su política extractivista haciendo caso omiso a los derechos de las comunidades afectadas, los cuales no pueden ser sometidos a intereses económicos; más aún cuando los cálculos económicos no se compadecen con los volátiles precios que tienen en el mercado los minerales a explotarse, los que están cayendo sistemáticamente, ni toman en cuenta el inmenso pasivo ambiental y social que este proyecto dejará a su paso.

Contexto

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La tensión se mantiene. La policía retomó ayer el control de las instalaciones del proyecto minero Panantza-San Carlos, en el cantón San Juan Bosco, parroquia Panantza, en Morona Santiago. Los indígenas, sin embargo, insisten en que es territorio ancestral y anuncian que darán pelea.

Ayer, el pueblo shuar de Nankintz se declaró en rebeldía. Lo anunció Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.

Él rechazó lo que considera una invasión por parte de la empresa minera. Denunció que para la instalación del proyecto no se cumplió con la consulta previa, que es uno de los requisitos constitucionales para que la industria pueda trabajar.

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