El pueblo kañari y a las comunidades campesinas están siendo afectadas por el proyecto minero Loma Larga, considerado como estratégico para el gobierno.

A pesar de que Ecuador es considerado, al menos hacia el exterior, como un Estado vanguardista en cuanto a principios jurídico-ambientales al reconocer en su constitución los derechos de la naturaleza y ser un país que reconoce la plurinacionalidad de sus habitantes, en los últimos años las políticas económicas han promovido e impulsado la expansión de la industria extractiva, la cual atenta contra la integridad territorial y cultural de diversas nacionalidades.

En esta ocasión me refiero concretamente al pueblo kañari y a las comunidades campesinas que serán y están siendo afectadas por el proyecto minero Loma Larga, considerado como estratégico para el gobierno, que la empresa INVmetals desarrolla en 9 mil 497 hectáreas del páramo de Kimsakocha, ubicado a 30 km al sur de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. A pesar de que aún no comienza la fase de explotación (está terminando la de exploración), las consecuencias, al menos a nivel social, ya son sensibles. Es decir, la entrada del proyecto ya ha dividido a la sociedad y comienza a roer el tejido social.

Aunque el hasta hace unos días presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que la minería en Kimsakocha sería una minería responsable, este proyecto afectará de forma irreversible la Cuenca hidrológica de los ríos Tarqui, Yanuncay y Rircay. De las aguas que nacen del páramo de Kimsakocha dependen al menos 10 canales de riego comunitario, de los cuales se benefician alrededor de 2 mil 400 familias cuya principal actividad económica es la agro-ganadera; por si esto fuera poco, más de 14 mil 900 familias verán comprometida la fuente principal de agua potable con que cuentan.

Frente a este panorama desolador, Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, destaca la participación de las mujeres y comenta que “desde el 2002 se han llevado a cabo distintas acciones de resistencia frente al proyecto minero, las cuales incluyen manifestaciones simbólicas, el cierre de vías por días e incluso semanas y la toma de instituciones“. Por otro lado, el Doctor. Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador, afirma que debido a la violación al derecho a someter el proyecto a una consulta previa libre e informada, en octubre de 2012 “en una asamblea se decidió hacer una consulta, se aprobó su reglamento, se eligió un tribunal, se eligieron las autoridades indígenas, se convocó a invitados, observadores nacionales e internacionales, y el 92% dijo no a la minería y apenas el 4 % se pronunció a favor”. Por supuesto que esta consulta no fue tomada en consideración e incluso fue calificada como falaz.

Este hecho fue tomando como un duro golpe político tras el cual comenzaron una serie de ataques y una campaña de desprestigio a los líderes antimineros por parte del Estado, en la que Correa los tildó de “emponchados”, “tira piedras”, “ecologistas infantiles”, e incluso llamó al Dr Pérez “siki ñawi” (cara de culo en kichwa) frente a más de 30 mil personas. Aunada a esta violencia simbólica, se ha perseguido y criminalizado la resistencia antiminera, a tal grado que varios líderes han sido encarcelados o amenazados.

Desafortunadamente, a pesar de tan grandes y dignos esfuerzos para detener el proyecto minero en Kimsakocha, encabezados por el Sistema Comunitario de Aguas Tarqui-Victoria del Portete, éste sigue en marcha y la sombra del ecocidio y etnocidio sigue rondando sobre las comunidades kañaris y campesinas que serán afectadas. Por fortuna, cada día son más los que se suman a la lucha y defienden la vida y el agua. Esperemos que el nuevo presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, haga algo al respecto y escuche las miles de voces que gritan ¡NO a la mina!

Fuente:http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2017/05/26/indigenas-ecuador-afectados-la-mineria/

La Ley Minera, en su artículo 25, prohíbe la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas. Sin embargo, también deja a discreción del Presidente la extracción en esas zonas, incluso si se tratara de parques nacionales.

Por supuesto, no basta con que el Ejecutivo ordene la explotación. La Ley dispone una serie de pasos y requisitos incluso antes de los estudios de exploración minera, como una evaluación del impacto ambiental del Ministerio del Ambiente y una declaratoria de interés nacional en la Asamblea.

Byron Granda, director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero, cuenta que el país comenzó a abrirle las puertas a la minería a gran escala a partir de 2012, cuando se firmó el contrato de explotación de Mirador, en Zamora Chinchipe. Luego de la construcción de maquinaria, la explotación inició en 2015 a cargo de la empresa de capital chino Ecuacorriente.

Como un insumo para concretar varios de los proyectos, el Instituto presentó, a pocas semanas de que el presidente electo, Lenín Moreno, asuma el poder (este miércoles), un nuevo mapa geológico, actualizado luego de 24 años. Con él, es posible diferenciar concentraciones de rocas o formaciones geológicas y sus edades. Dicho de otra forma, este mapa le servirá al país para definir los nuevos proyectos de explotación minera.
El Instituto también cuenta con un mapa de áreas susceptibles de ser concesionadas para la actividad minera en mediana y gran escalas. Entre 2016 y la fecha se han presentado al mercado internacional un total de 49 áreas para ser concesionadas “y no es que nos vamos a quedar con las 49, vamos a seguir con más”, cuenta Granda. “Tenemos 600.000 hectáreas, de las cuales el 62% ya estaba en proceso, en trámite o entregado en concesión hasta marzo de 2017”, agrega. Estas áreas, explica, estaban en provincias como Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Bolivar, Cotopaxi, Chimborazo, Los Ríos y Zamora.

“En el norte teníamos siete áreas marcadas; en el centro de la Sierra como cuatro; en el sector de Zaruma y Portobelo, que están más al sur, teníamos otras cinco; hacia el suroriente, alrededor de Nambija, otras más; y en la frontera sur occidental con Perú, otras”, asegura Granda.

Ubicación de los recursos

En el nuevo mapa geológico destacan dos zonas con gran potencial minero; lamentablemente, ubicadas en el parque nacional Cotopaxi, en los Llanganates y en la reserva Cotacachi-Cayapas. En ninguno de los casos existe actividad extractiva.

Respecto a la posibilidad de realizar minería en estas zonas, a pesar de ser áreas protegidas, el experto asegura: “Es importante que el Estado conozca que tiene posibilidades mineras en un parque. Que no se está haciendo porque no es permitido. Sin embargo, esa es otra de las razones de la información geológica: conocer que tiene recursos. Cómo los use, es decisión del Estado”. (LGP)

Ingresos por minería

° El interés del Gobierno en este campo ha sido evidente en el apoyo brindado a los dos primeros proyectos a gran escala: Mirador, en Zamora Chinchipe, cuya fase de explotación inició en 2015 a cargo de Ecuacorriente; y Fruta del Norte, ubicado en la misma provincia, cuya explotación inició el año pasado de manos de la canadiense Lundin Gold. Estos serían hasta hoy los dos principales proyectos y, según el ministro de Minería, Javier Córdova, entre 2017 y 2020, el Estado tiene una expectativa de recibir cerca de 4.000 millones de dólares por inversión en minería.
Córdova asegura desde la apertura oficial del Catastro Minero el 3 de mayo de 2016, se han otorgado 195 concesiones con el compromiso de inversión de 280 millones en los próximos cuatro años.

Las organizaciones de las Comunas, Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Centro de Formación de Misioneras Indígenas del Ecuador, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador y demás organizaciones sociales, ante el reiterado anuncio difundido en los medios de comunicación, de que en Pucahuaico, el movimiento indígena entregará al Señor Lenín Moreno,

Presidente electo, el bastón de mando, declaramos lo siguiente:

1. El Centro de Formación de Misioneras Indígenas del Ecuador en Pucahuaico, es el lugar simbólico de la Fe comprometida con las luchas de los pueblos, un espacio sagrado y profético en cuya capilla reposa el cuerpo de Monseñor Leonidas Proaño, que no puede ser
profanado, ni convertirse en escenario político partidista de ninguna especie, porque la tumba de Taita Leonidas es la continuidad de la lucha histórica, y pertenece al pueblo más no al poder;

2. Monseñor Leonidas Proaño, es uno de los mentores de la Teología de la Liberación y de la constitución de las organizaciones históricas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que en este período el gobierno de Alianza País ha pretendido desconocerlas y fraccionarlas; sus dirigentes han venido siendo atacados y perseguidos, y se han irrespetado los derechos colectivos ganados por la lucha social.

3. Durante estos diez últimos años, se ha criminalizado la lucha social dejando como saldo heridas abiertas, pueblos desplazados de sus territorios, jóvenes, mujeres y hombres ultrajados, judicialmente procesados y encarcelados, realidad totalmente contraria al pensamiento y acción liberadora del obispo de los indios y profeta de los pobres;

4. Las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, en reconocimiento de la autoridad indígena han venido realizando ancestralmente la ceremonia del “Vara Chimbachik”, mal llamado “bastón de mando”, símbolo milenario de entrega de poder para “mandar obedeciendo”, guiar, orientar y cumplir el mandato de un pueblo, que merece todo respeto y no debe ser utilizado en actos políticos partidistas.

5. Hasta estos momentos las organizaciones que histórica y legítimamente representan nacional, regional y provincialmente a las comunas, pueblo y nacionalidades indígenas no han recibido comunicación o invitación alguna para el acto anunciado, como tampoco han invitado al Presidente electo;

6. Estos son actos de imposición, división y suplantación de las representaciones de las organizaciones sociales y de las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas que contradicen el anuncio del presidente electo de “la mano tendida”; no favorece un ambiente de diálogo y se convierten en una ofensa;

7. Las organizaciones indígenas y sociales custodian permanente la lucha milenaria de los pueblos y nacionalidades indígenas por sus derechos ancestrales y el legado liberador de Taita Proaño; y,

8. En honor a su memoria, realizarán en este mes, en la sede del Obispo de los Indios y profeta de los pobres el Encuentro Nacional de “Luchadores por la Paz y por la Vida contra de la criminalización de la protesta social”.

Quito 7 de mayo del 2017.

Piden amnistía e indulto para quienes fueron «injustamente sentenciados, perseguidos y criminalizados»

El pasado viernes 07 de abril, la delegación del Movimiento Indígena del Ecuador y organizaciones sociales estuvieron presentes en el Examen Periódico Universal (EPU) de Ginebra. Ahí mantuvieron reuniones con las relatorías especiales de libertad de expresión, defensores de derechos humanos y libertad de asociación.

La exigencia de voceros del Movimiento Indígena es pedir amnistía e indulto para quienes fueron “injustamente sentenciados, perseguidos y criminalizados”. Juan Auz, abogado de Terramater señaló en estos encuentros, una supuesta situación de atropellos, que han sufrido las poblaciones indígenas ante el avance y desarrollo de proyectos mineros y petroleros.

En este marco, mencionó: El caso de la población Shuar de Nankints, Tundayme, la detención del dirigente Shuar Agustín Wachapá, el caso de los pueblos en aislamiento voluntario y la que denomina como “violación de los derechos de libre asociación en el país” al referirse al cierre de la Fundación Pachamama.

Por su parte la delegación de la Unión Europea acogió el pronunciamiento de los representantes y expresó su interés en el tema de industrias extractivas, empresas transnacionales y la distintas problemáticas presentadas. De esta forma, los dirigentes de la comunidad señalaron que han sido reiterativos en su llamado al gobierno del Ecuador.

Durante este encuentro, los representantes de la Unión Europea, indicaron que se realizarán recomendaciones al gobierno del Ecuador durante el EPU. Así se concretó una reunión con representantes de la relatoría de pueblos indígenas, quienes indicaron que existe una honda preocupación en torno a la situación de los pueblos indígenas en el país.

Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818818443

Una mezcla de tierra y rocas arrasó con lo que encontró a su paso. El 10 de febrero pasado, parte del campamento principal de la empresa de capital chino Ecuacorriente S. A. (ECSA), situado a pocos minutos del poblado de la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, fue afectado por un deslizamiento que alcanzó maquinarias, construcciones, como si se tratase de una respuesta de la naturaleza frente a la tala de árboles, la apertura de trochas en la montaña y los sedimentos que han revuelto las aguas de varios ríos cercanos, por los trabajos previos al desarrollo de la actividad minera en este sitio. Miembros de comunidades cercanas a la concesión y trabajadores de esta firma denuncian estos problemas ambientales generados por el emprendimiento extractivo.

La compañía asiática, vinculada con la empresa inmersa en el conflicto reciente con el pueblo Shuar, trabaja a diario para abrirse paso en la Cordillera del Cóndor, en Tundayme, en la provincia selvática de Zamora Chinchipe, que limita con Perú. Estos trabajos son parte del megaproyecto minero a cielo abierto, Mirador. Uno de los emprendimientos a gran escala que se impulsan en el país para extraer cobre y otros metales. Bajo este punto de la cordillera, estima el Ministerio de Minería, hay 4700 millones de libras de cobre, 26 millones de onzas de plata y 3,2 millones de onzas de oro. En el 2012, el Gobierno estimó que este proyecto generaría ganancias al Estado por la suma de 5417 millones de dólares en beneficio al Estado (por un periodo de 25 años).

Unos 900 millones de dólares de regalías se quedarán en la provincia para la ejecución de obras, aseguró en su momento el presidente de la República, Rafael Correa, quien defendió a la minería industrial, en el enlace ciudadano 262 (un informe a la nación que realiza Correa todos los sábados y que es transmitido por radio y televisión) del 10 de marzo de 2012, a pesar de que reconoció que esta actividad a cielo abierto “tiene mayor impacto ambiental”.

Pobladores de algunas de las comunidades que viven en la Cordillera del Cóndor y fuentes que trabajan en la misma compañía le contaron a Mongabay Latam algunos de los problemas ambientales que se registran en torno a las labores previas a la extracción de los minerales, que se estima comenzará el próximo año. ECSA trabaja en la apertura de un hueco de 1,2 kilómetros de diámetro y de unos 250 metros de profundidad, además de levantar las instalaciones de aprovechamiento de los metales.

El percance del 10 de febrero sucedió casi al finalizar el día, pasadas las 10 de la noche. Los daños por el deslizamiento sin embargo se evidenciaron al amanecer. La masa de lodo, tierra, piedras y ramas también alcanzaron fincas y predios de comunidades, así como caminos usados para llegar al poblado más cercano, Tundayme, en el cantón El Pangui. Una localidad que forma parte de una extensa área rica en fauna y flora.

En las provincias del Oriente llueve todos los días y esto puede generar derrumbes. No obstante, la tala de árboles aumenta la ocurrencia de deslizamientos, sobre todo en las quebradas y taludes más empinados de los cerros y montañas, accidentes geográficos que forman parte de las 810 hectáreas de Mirador (cifra ofrecida por la Agencia de Regulación y Control Minero). El contrato de explotación minera a gran escala entre el Estado y ECSA se firmó el 5 de marzo de 2012.

“Al excavarse las minas, canteras, caminos y otras obras, en ocasiones se cortan paredes rocosas casi verticales, que pueden volverse inestables. También la deforestación facilita el desarrollo de los procesos mencionados (deslizamiento, derrumbe, desplome, flujo de suelo, entre otros eventos)”, se explica en una publicación auspiciada por Unicef, la Sociedad Cubana de Geología, y otras instituciones internacionales. En el documento usado en campañas educativas se indica además que “en las regiones montañosas los peligros son más diversos”.

El presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cóndor Mirador (Cascomi), Luis Sánchez, contó a Mongabay Latam que el 10 de febrero hubo festejos en la cabecera parroquial, en Tundayme, y que los asistentes a estas actividades quedaron atrapados, sin poder retornar a sus comunidades, porque las rocas y el barro obstaculizaron la vía que conduce al poblado Valle del Quimi.

“Hay un sector en la parte alta del mismo campamento, en la microcuenca del río Wawayme, allí es donde es que están ellos (empresa china) luego de haber talado en el 2014 alrededor de 400 hectáreas de bosque originario. Ahora están levantando toda la capa vegetal, dejando desnudo el suelo. Eso es lo que permite que ahora aumente considerablemente, por ejemplo, el caudal de escurrimiento de las lluvias y se den los deslaves que hemos estado viendo, en este último año hemos visto cinco, seis (derrumbes), unos más grandes que otros”, indicó Sánchez.

El problema de los deslizamientos se multiplica en otros puntos de la zona minera una vez que la maquinaria abre trochas en la montaña, entonces ese material es apilado en grandes montículos, en las denominadas escombreras. Ese material es propenso a deslizarse por las quebradas hacia los ríos cercanos de esta mina que tendrá una vida útil de 30 años. También hay preocupación de que se contaminen los 227 nacimientos y fuentes de agua que hay en la zona de influencia minera, según señaló la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), organismo que refirió la cifra de un informe del año 2012 de la Contraloría General del Estado (DIAPA-0027-2012) sobre una auditoría practicada a la concesión y  administración de la etapa de exploración de Mirador.

Sánchez explicó que los derrumbes los pueden ver desde sitios elevados, en cerros cercanos al proyecto, además de la información que recaban a través de empleados de la minera, trabajadores que habitan en las comunidades de la zona, ya que el acceso al área concesionada es restringido.

“La selva viva ha reaccionado (…). La semana anterior estaban destapando maquinarias que fueron enterradas por completo por los derrumbes. Esto ocurre por mal manejo técnico, nosotros podemos ver lugares donde ellos hacen colocar las tierras movidas de manera imprevista, sin ninguna planificación, y cuando cae una lluvia se satura esa tierra movida y provoca los deslaves. Lo que pasó justamente el jueves 10 de febrero, tenemos videos que podemos publicar, estamos haciendo un informe técnico para poder difundir masivamente”, adelantó el habitante de la Cordillera del Cóndor.

Mongabay Latam conversó con trabajadores de ECSA, quienes pidieron la reserva de sus identidades para evitar posibles represalias de la empresa en la que laboran. Pedro, uno de los entrevistados, quien ha preferido utilizar por seguridad otro nombre, es operador de maquinarias y lleva varios años en el proyecto Mirador. El trabajador dijo que son constantes los deslizamientos en quebradas donde están asentadas las escombreras.

En redes sociales circulan videos y fotos de derrumbes que han ocurrido en varios puntos de la concesión minera, según confirmó el obrero de la compañía de capital chino.

En un video quedó registrado un deslizamiento de grandes proporciones. En el audiovisual se ve cómo tierra, rocas, barro y árboles se desprenden de la montaña y arrastran maquinarias. Este derrumbe se registró el 15 de octubre pasado en el sector de la vía Los Canales, a unos 20 minutos del campamento principal. El operador de maquinaria aseguró que el temor de ser despedidos por divulgar este tipo de hechos es latente, pues sostuvo que ese fue el fin de quienes grabaron el video y lo compartieron, este contenido aparece en Facebook identificado con la etiqueta #Tundayme.

Pedro señaló, además, que los trabajos de apertura de trochas en las montañas carecen de procedimientos técnicos.

“No hay una persona experimentada que esté al frente y que sepa cómo es el terreno, para saber por dónde tiene que irse. Lo que sucedió ahí es que querían destapar ese canal, lo que se ve en el video (…). Que llevan ellos  (los jefes chinos) un plan de trabajo, no lo tienen. (…) yo quiero que mi identidad no vaya ahí (en el reportaje) porque los que pasaron (grabaron y difundieron) ese video los despidieron”, dijo.

En el 2015, el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) observó incumplimientos a la licencia ambiental de la empresa china luego de seis inspecciones en este proyecto minero realizadas por técnicos de la Dirección Nacional de Control Ambiental del MAE. Entre los incumplimientos se enlistó: “Mal manejo de combustibles, falta de actividades de rehabilitación de las laderas y quebradas afectadas, (falta de) plantación de especies herbáceas como gramalote para estabilizar el suelo (con el fin de evitar derrumbes), inadecuado tratamiento para la disposición final de los lodos de perforación en algunas plataformas, entre otras observaciones”, según consta en la página web del MAE.

Por ello, esta secretaría ordenó la suspensión inmediata de todo tipo de actividad que no se encuentre contemplada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), aprobado para la fase de explotación de 30 000 toneladas por día, hasta que se tomen las medidas correctivas necesarias.

Mongabay Latam solicitó información a esta institución estatal para preguntar si se resolvieron estos problemas, para conocer qué tipo de controles ambientales se ejecutan y qué procedimientos se han implementado para proteger a los animales que continúan merodeando el área concesionada, que hasta hace unos años formaba parte de su hábitat. No obstante, hasta el cierre de este artículo el Ministerio del Ambiente del Ecuador no respondió el cuestionario enviado.

El 19 de enero pasado, el ministro de Minería, Javier Córdova, aseguró —en una entrevista para el canal Teleamazonas— que el retiro del material (tierra y rocas) se hace de forma técnica, y que lo mismo se hará cuando se empiece a extraer agua para la obtención de los minerales.

“Esas 90 000 toneladas día, que parte se procesa y parte va como material estéril, va a las escombreras, que tienen que seguir un proceso y tienen que ser rehabilitadas (escombreras). Después de hacer el proceso para extraer el cobre van a las relaveras (…) Hay una capa impermeabilizante, primero viene el relave (del agua), después pasa a una segunda planta de sedimentación, luego pasa a una planta de clarificación de agua, termina en una planta de purificación del agua y después termina de vuelta en la naturaleza”, detalló Córdova.

Comunidades, activistas y organizaciones no gubernamentales se han opuesto a este proyecto minero a cielo abierto y lo han expresado en las calles del país y en las redes sociales. Justo en este tipo de plataformas digitales se difundieron, el 12 de marzo último, fotografías de tres osos de anteojos (Tremarctos ornatus), también conocidos como osos andinos, desplazándose por el medio de las trochas abiertas en una de las zonas de influencia del proyecto Cóndor Mirador.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) tiene categorizada a esta especie en peligro de extinción y el MAE considera que este mamífero está en riesgo por la pérdida de su hábitat y la caza.

Mongabay Latam buscó la versión de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) —organismo estatal encargado de vigilar las actividades mineras bajo las normas técnicas y ambientales— sin embargo señaló que es el Ministerio del Ambiente de Ecuador la entidad encargada de ejecutar los controles para evitar afectaciones ambientales.

La Arcom destacó que realiza controles semanales en los aspectos técnico, económico y de seguridad de control minero para verificar el avance de las obras que se encuentran implementando en el Proyecto Mirador.

“Las personas encargadas de las inspecciones son: 2 especialistas técnicos con título en carreras a fin a ciencias de las tierras (geólogos – mineros) y 1 especialista económico (economista)”, se detalló en las respuesta al cuestionario enviado a esta institución.

Sobre los derrumbes o deslizamientos en la zona concesionada, la Arcom aseguró que solo ha ocurrido un evento de esta naturaleza  desde inicios del 2016 a la fecha.

“Producto de las fuertes lluvias y saturación de agua en superficie, lo que produjo flujo de lodo y caída de material en la zona donde se ubicarán los trabajos de explotación (open pit), el material que se observó es suelo arcilloso, el área afectada fue aproximadamente 0.58 has, con un volumen de desplazamiento de 8700 m3 “, se especificó.

Mongabay Latam también envió una solicitud de entrevista a los correos de dos funcionarios de la empresa de capital chino que figuran en la página web de la Superintendencia de Compañías. Tampoco hubo respuesta. De igual forma no se pudo establecer contacto con los números telefónicos de la firma minera que constan en el mismo portal de internet.

Los claros que se forman en la Cordillera del Cóndor son las huellas de la deforestación que ECSA deja y que genera presión en los cientos de especies animales que se quedan sin su hábitat, lamentaron habitantes shuar. Según el Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador, “la cordillera podría tener una flora más rica que cualquier otra área de similar tamaño, con 2030 especies registradas hasta el momento de un total estimado de 4000”. En el portal web de este sistema, se detalla que el número de “aves iguala al inmenso Yasuní, con 613 especies”. Y que “en los últimos cinco años se han descubierto varias especies nuevas para la ciencia, entre ellas 65 tipos de orquídeas, una musaraña marsupial y una de las pocas plantas carnívoras del Ecuador”.
Cortesía Cascomi

Los habitantes de las comunidades, que suelen recorrer a diario la zona, le contaron a Mongabay Latam que la tala de árboles, la extracción de la capa vegetal, el sonido de las maquinarias y el paso de los obreros han ahuyentado a los animales. Las aves, mamíferos, reptiles han migrado a otras partes de la cordillera. Muy cerca de allí está la selva peruana.

“Como ahí está cerca la frontera están yéndose al vecino país, todos los animales que vivían aquí. Están migrando. Por eso es que a veces se ven en el camino osos”, indicó un habitante de El Pangui, que pidió no dar su identidad porque labora en Mirador.

Santiago (nombre protegido) contó que cuando trabajó en el equipo de desbroce de la mina se veía gran cantidad de monos, sajinos, serpientes, puercoespines, entre otras especies. Pero que este panorama ha cambiado, ya no ven más a estos animales.

“Se dijo que iba a ser una minería bien tecnificada, pero hasta aquí no se ha visto que hay una tecnología de punta. La minería no trae buenas cosas, la minería trae destrucción a la flora y fauna”, deploró el trabajador de ECSA.

¿Qué está pasando con los peces?

La pesca en los ríos Quimi, Tundayme y Wawayme ha disminuido, aseguraron habitantes de las cercanías de estos afluentes. Ellos indican que las especies que solían pescar hasta hace algunos años han desaparecido. Si bien lo ideal sería utilizar dispositivos tecnológicos para medir la acidez, contaminación o algún tipo de impureza en específico que esté afectando a estos cuerpos de agua, su relación cercana con el río los hace notar los cambios en la naturaleza.

Entre las especies que habitan los ríos de la provincia de Zamora Chinchipe están el corroncho, el bocachico, la vieja, entre otras. Hay peces que aún no cuentan con su taxonomía completa, es decir, que hay peces que aún no han sido clasificados por expertos.

Pero los habitantes de las cercanías de las riberas del Quimi, Tundayme, Wawayme y Zamora no solo han notado cambios en los ríos, también han observado que “las gallinas se enferman, antes no. El ganado se enferma. El agua ahorita baja (por el río Tundayme) solo barro. Los chanchos también se enfermaron (…) se enfermaron con esa agua que bajaba de allí (río Tundayme). Pero antes era peor, salía un agua con una pestilencia horrible pero ahorita ya no tanto porque han puesto una máquina. A veces sí apesta. Esa agua baja por aquí por la puerta. Ellos nunca limpian nada, limpian sí, lo que es de ellos, pero aquí nada”, contó una pobladora que vive cerca del río Tundayme, quien conoce del desarrollo del proyecto Mirador, y quien conversó con un grupo de especialistas que recolectó información para elaborar el informe Entretelones de la mega minería en el Ecuador, que fue presentado a inicios del 2016 por la ong Acción Ecológica.

Tres páginas de este documento están destinadas a evaluar la contaminación de los ríos Quimi, Tundayme, Wawayme y Zamora.

En la página 28 del informe se detalla que el desbroce de los cerros de la zona del proyecto minero Mirador, según indicaron pobladores, más el agua de las lluvias que arrastra lodo, tierra y rocas “ha dado lugar a la contaminación, por partículas en suspensión, de los ríos Wawayme y Tundayme, provocando severas variaciones en la turbidez del agua”. Se detalla también que estos ríos y la parte baja de la cuenca del río Quimi, “han sufrido varias modificaciones tanto a nivel físico, como biológico y químico”, además que “el lecho de los ríos se está llenando de lodo y las partículas en suspensión impiden el paso de luz, lo que probablemente ha provocado una sensible disminución de la biodiversidad”.

Mongabay Latam logró ubicar a Julio, biólogo que pidió no ser identificado en el reportaje para evitar represalias por su relación con una institución pública. Él ha estudiado las especies acuáticas de varias zonas del país y también conoce la situación de los ríos cercanos a Mirador.

El técnico comentó que antes de hablar de contaminación en estos cuerpos de agua, se deben realizar estudios rigurosos del líquido, a partir de muestreos, para identificar qué elementos estarían contaminando los afluentes. El experto agregó que sería muy costoso realizar una investigación de este tipo, por los equipos que se requieren para levantar la información científica.

“Entre ellos tenemos atarrayas, redes de arrastre, electrofishing, necesitamos botes a motor, anzuelos, linternas, equipos de buceo, para determinar lo que está pasando. Decir así que se están perdiendo o están extinguiendo las especies a simple vista es muy complejo”, explicó el especialista.

No obstante, el científico que tiene experiencia en el estudio de ictiofauna, advirtió que de haber intervención minera, pérdida de cobertura vegetal, uso del suelo y contaminación a futuro, “va a existir una extinción local. Extinción local quiere decir, que las especies se extinguen en ese río, en ese cuerpo de agua y en ese sitio”.

El biólogo lamentó que el Ministerio del Ambiente del Ecuador “no tome atención a la parte acuática” al otorgar los permisos ambientales, además de que que no existan supuestamente especialistas en esta cartera de Estado para atender este tema. Dijo que hay “muy pocos” técnicos de este tipo en el medio nacional, salvo biólogos extranjeros.

“Se debe prestar atención similar como a otros grupos, como la flora (…) no solamente para las mineras, para los demás, para el Estado, en general, este grupo (peces) ha estado olvidado en general”, apuntó.

Mongabay Latam pidió también información sobre la calidad del agua de los ríos mencionados en este reportaje a la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se respondió el cuestionario enviado.

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cóndor Mirador busca la manera de recabar pruebas para evidenciar de forma técnica los problemas ambientales en los cuerpos de agua antes citados, sobre todo, del río Zamora, por ser el que recibe las aguas del resto de afluentes.

El abogado Tarquino Cajamarca, quien asesora legalmente a Cascomi, indicó a Mongabay Latam  que han iniciado conversaciones con un grupo ambientalistas para que sean el nexo con expertos que ayuden a realizar un muestreo del agua del Zamora, para así demostrar que no es apta para el consumo humano a causa de la “contaminación” de los trabajos mineros.

“Es una gestión que estamos haciendo con varias organizaciones. Esperemos que en el próximo mes (abril) podamos iniciar algún recorrido y toma de muestras para poder avanzar con algún resultado de interés de la comunidad”, detalló Cajamarca.

Mirador, un proyecto que se abrió paso en medio de irregularidades

El 5 de marzo de 2012, se firmó el contrato de explotación minera a gran escala proyecto Mirador. Un año después, trascendió un informe de la Contraloría General del Estado (informe DIAPA-0027-2012) en el que se enumeraban irregularidades en torno a la concesión minera para desarrollar Mirador, irregularidades que violaron varias normas del país.

La Contraloría señaló en el documento que funcionarios de los Ministerios de Minas y Petróleos y de Recursos Naturales No Renovables, entre otras instituciones, pasaron por alto el mandato Constituyente 6, norma que ordenaba la extinción de las concesiones mineras que fueron otorgadas para desarrollarse al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento.

Contraloría también detalló en su informe que se incumplió con lo que estipula el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño”. En el caso de Mirador, una parte del proyecto está dentro del Bosque Protector Cordillera del Cóndor, según especificó la Contraloría en el mismo documento.

Este organismo de control concluyó, además, que Ecuacorriente tenía más concesiones que las permitidas por la Ley.

“El total de las concesiones otorgadas a nombre de Cía. Min. Ecuacorriente S.A. fueron cuatro, cantidad que supera a la permitida por dicho instrumento jurídico, sin que debido a esta circunstancia se haya declarado la extinción de alguna de las áreas concesionadas sin compensación económica”, se detalló en el documento.

Otra de las anomalías detectadas era que parte de la concesión estaba situada fuera del territorio nacional.

“Observándose que en ciertas zonas sobrepasan la línea de frontera. Este hecho es evidente en la hoja topográfica Cóndor Mirador con código IGM-ÑVI-D3, de la Provincia de Zamora del Instituto Geográfico Militar”, se detectó.

Los habitantes que se oponen a este proyecto minero han asegurado que el Gobierno incumplió con el literal 7 del art. 56 de la Constitución del Ecuador que indica que las comunidades tienen el derecho a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

El presidente Correa, en cambio, sostuvo, en marzo del 2012, que sí hubo consulta previa, aunque añadió que “ellos confunden consulta previa con consentimiento previo”.

“La minería trae destrucción al medioambiente, destrucción con el ser humano. Uno no puede estar tranquilo. En el río mismo, antes teníamos un río hermoso (Quimi, Tundayme y Wawayme), un río limpio, donde todo mundo iba a bañarse en carnaval. Ahora ya no se puede. Usted se mete y sale enfermo de ese río con alergias, con hongos en el cuerpo de ese río. No sé qué pasará en los próximos años”, dijo con impotencia, Santiago, el habitante de El Pangui que labora por necesidad para el proyecto Mirador.
Fuente:https://es.mongabay.com/2017/04/ecuador-comunidades-denuncian-malas-practicas-ambientales-del-proyecto-minero-mirador/

Imbabura emerge como una de las nuevas zonas de interés minero metálico del país. En la provincia, cinco áreas se han otorgado en concesión, otras cinco están inscritas y 33 están en trámite. Las cifras son del Ministerio de Minería. Los títulos habilitantes para personas o empresas interesadas en la exploración minera se asignan mediante dos modalidades: la primera es la entrega directa, como ha sucedido con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), en la zona de Cotacachi. Ahí, la Enami -en alianza con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco)- desarrolla el proyecto Llurimagua, en el valle de Íntag. Se estima que en la zona hay cobre y molibdeno. La otra modalidad es mediante subasta y remate. Según Santiago Chamorro, subsecretario regional de Minería, a cargo de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Napo, Orellana, Pichincha y Sucumbíos, la idea es que las empresas presenten propuestas y se escoja a la mejor oferta.

La presencia de yacimientos de metales en la cordillera occidental de la Sierra Norte ha generado interés de varias empresas, nacionales y extranjeras. Sin embargo, esa dinámica también ha provocado reacciones de los habitantes se las comunidades asentadas en los sitios de influencia. El martes pasado, las autoridades del Municipio de Cotacachi y moradores del valle de Íntag hicieron público su malestar por las 94 473 hectáreas entregadas en concesión, inscritas o en trámite. Según José Cueva, director de Planificación del Cabildo, se están entregando títulos mineros sin consultar a la población y sin informar a las autoridades locales. “Estamos hablando del 90% del territorio de Íntag, que sería entregado a empresas multinacionales”. Pero lo que más les preocupa es que, con ello, se esté facultando el trabajo en áreas que incluyen bosques protectores como Los Cedros y El Chontal, y sitios poblados como la comuna Brilla Sol, en la parroquia García Moreno.

Roberto Saavedra, presidente de Magdalena Alto, teme que proyectos como Magdalena 1 y Magdalena 2, otorgados a la Enami, afecten al bosque Los Cedros. Asegura que es un área natural que las 400 familias de su comunidad han protegido porque ahí nacen los ríos que les abastecen de agua. Dice que esta zona subtropical aún se pueden ver especies como el oso de anteojos, el puma, el mono araña, etc. A Édgar Erazo, presidente de la comunidad Brilla Sol, le inquieta que los 150 habitantes del centro poblado puedan ser reubicados en algún momento, pues no tienen títulos de propiedad. Lo único que han logrado legalizar es la tenencia de 42 fincas, asegura. Chamorro señala que la socialización es un requisito obligatorio para el concesionario y es parte del proceso de solicitud de licencia ambiental ante el Ministerio del ramo. “Sin eso no pueden operar”. También explica que la actividad minera comienza con una fase de exploración inicial, que puede durar cuatro años. Esto incluye la recolección de muestras subterráneas de rocas. Si los resultados son los esperados, se puede solicitar un nuevo título para hacer exploración avanzada, que puede durar cuatro años más.
Luego se realiza una evaluación económica del yacimiento. Eso dura dos años. Estas fases no son invasivas con el medioambiente, dijo Chamorro. Demandan la apertura de senderos y la colocación de plataformas en puntos específicos, para no afectar todo el bosque. Es decir, luego de una década se sabe si es factible o no la explotación. Finalmente, se determina si la explotación será a cielo abierto o subterránea, según del yacimiento. Por ahora la actividad minera en la provincia está en exploración. Proyectos como Cascabel, que impulsa la empresa Ensa, subsidiaria de la australiana SolGold, generan expectativas entre comunidades. La firma explora 4 979 hectáreas situadas entre las parroquias de Lita y La Carolina, en el noroccidente de Ibarra. De 150 funcionarios 100 son obreros de las comunidades vecinas que trabajan como mano de obra no calificada. De ellos, 45 son de la comuna Santa Cecilia, que está ubicada dentro del proyecto Cascabel.
La comunidad tiene 250 habitantes. José Tobar, presidente de la localidad, contó que algunos comuneros venden a la minera frutas y verduras que producen y otros alquilan acémilas, a USD 12 el día, para movilizar las cargas. Ensa, que ingresó en el 2011, se encuentra en exploración avanzada. Santiago Vaca, jefe del proyecto Cascabel, señala que hay claros indicios de que en la zona hay un gran potencial de cobre y oro. Indicó que se han realizado perforaciones de hasta 2 216 metros utilizando taladros, las cuales constituyen las más profundas que se han realizado en el país. Cascabel ha llamado la atención de grandes mineras del mundo, que han llegado para conocer el proyecto.

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/exploracion-mineria-imbabura-ecuador-economia.html

El pasado jueves Lorena Cabnal, feminista comunitaria maya-xinka de Tzk ́at – Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario de Iximulew-Guatemala, llegó al Ecuador. Lorena fue parte de las Jornadas de Investigación Feminista realizadas por la FLACSO, en donde dialógo sobre «Epistemología feminista comunitaria lximulew”.

El fin de semana, luego de las jornadas, se llevó a cabo un encuentro de mujeres defensoras de la Naturaleza en la ciudad de Lago Agrio.

Mujeres de la ciudad y de diversos territorios amenazados por la actividad extractiva, se juntaron  para hacer un «ToxiTour», recorrido en las zonas contaminadas por la actividad petrolera, que ha dejado a su paso la contaminación del agua, del suelo y una diversidad de enfermedades en las personas de las comunidades. Luego del «ToxiTour» se visitó una finca agroecológica, que a pesar de los conflictos ambientales de la zona, trabaja en alternativas al extractivismo.

En el último día del encuentro con Lorena se compartió un espacio de sanación entre mujeres. Se trabajó en la sanación de la tierra y  de los cuerpos. Cuerpos que cada día siguen siendo  violentados por el patriarcado y el extractivismo, cuerpos que ha pesar de la violencia recibida, siguen en la defensa del territorio, cuerpos que siguen tejiendo resistencias.

Fuente:http://www.redlatinoamericanademujeres.org/single-post/2017/03/27/MIRADAS-FEMINISTAS-COMUNITARIAS—LORENA-CABNAL-EN-ECUADOR

Decenas de personas del pueblo shuar se han visto desplazadas debido a los proyectos mineros San Carlos Panantza y Mirador, indicaron líderes de organizaciones indígenas.

Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en conferencia de prensa el 9 de marzo para exponer lo que ha ocurrido con el pueblo shuar debido al conflicto con el gobierno y la ejecución de los proyectos mineros Mirador y San Carlos Panantza.

“En ninguno de los dos proyectos mineros, San Carlos o Mirador, existió un proceso de consulta previa, ni libre ni informada. Sabemos que no se ha respetado este derecho porque el pueblo shuar en un comienzo se pronunció en contra de la actividad minera en su territorio ancestral”, dice a Mongabay Latam Andrés Tapia, director de Comunicaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE).

San Carlos Panantza

El proyecto San Carlos Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago, en la zona sur de Ecuador, está a cargo de la  minera china Explorcobres S.A. (EXSA). “Desde que comenzó la actividad minera se iniciaron los problemas. Ocho familias shuar fueron desplazadas de su comunidad Nankints porque aparentemente habían invadido territorio de la compañía. Fueron cientos de policías y militares que los echaron. Lo que aduce la minera es que en el año 2000 el Gobierno ecuatoriano le entrega el derecho a concesión. Como la comunidad shuar no tiene título, no tiene un documento que le brinde seguridad legal, sin embargo, sí existe el derecho de posesión porque han vivido históricamente en su territorio”, explica a Mongabay Latam Carlos Mazabanda, coordinador de campo en Ecuador de la ONG Amazon Watch.

El 21 de noviembre del 2016, un grupo de indígenas shuar se dirigió al campamento minero para volver a ocupar el territorio. Un día después fueron desalojados.

El pasado 14 de diciembre un grupo de indígenas shuar fue al campamento minero. Se produjo un enfrentamiento que dejó siete policías y dos indígenas heridos, así como un policía muerto.

“Es ahí cuando el Gobierno ecuatoriano ordena el Estado de Excepción”, dice Mazabanda. “El Estado de Excepción quiere decir la restricción de ciertos derechos constitucionales como a la libre circulación, la libertad de asociación y la inviolabilidad del domicilio, es decir, que las fuerzas militares o policiales necesitan de una orden judicial para ingresar a una casa o propiedad privada. Todo eso se eliminó durante dos meses”, agrega.

El Estado de Excepción duró desde la quincena de diciembre del 2016 hasta la de febrero del presente año. “En realidad no se ha eliminado el Estado de Excepción, solo se ha suspendido. Y lo más seguro es que por las elecciones presidenciales, para que no haya conflictos que manchen la votación. Sin embargo, hasta ahora hay presencia militar en la comunidad y no se nos ha permitido volver a nuestro territorio”, dice Andrés Tapia de la CONFENIAE.

Durante una conferencia de prensa, organizaciones indígenas presentaron un balance de los impactos que esta disputa ha dejado en el pueblo shuar.

Las cifras que se presentaron en la conferencia fueron obtenidas a partir de una recopilación hecha por las bases comunales indígenas, y en ellas se indica que el saldo del conflicto es de un comunero herido con quemaduras de tercer grado producto de bombas de fabricación industrial en la comunidad de Tsuntsuim, un comunero herido de bala y 35 familias —150 personas— desplazadas provenientes de cuatro comunidades shuar: Nankints, Tsuntsuim, San Pedro y Kutukus.

Mongabay Latam se contactó con el Ministerio del Interior de Ecuador para recoger su versión y posición sobre el conflicto, pero hasta la publicación del presente reportaje no hubo respuesta.

“Actualmente los desplazados han sido acogidos por dos comunidades shuar: Wapis y TInk. El problema es que imagínate que a dos comunidades pequeñas vayan casi 150 personas. Hay un problema de sobrepoblación, no alcanza el espacio ni los alimentos. La gente está con temor, 71 indígenas están con procesos judiciales y están en la clandestinidad”, dice Tapia.

El Mirador

El proyecto Mirador se desarrolla en la zona sur de la Cordillera del Cóndor en Ecuador desde que en 2015 el Gobierno le dio a la minera china Ecuacorriente S.A. (Ecsa) la concesión por 30 años en la provincia de Zamora Chinchipe.

“El proyecto minero Mirador es un proyecto emblemático y por ende tiene una serie de particularidades que lo configuran como único. Es el primer proyecto de minería a cielo abierto en el país que además se está llevando a cabo en un lugar de altísima biodiversidad como es la Cordillera del Cóndor. Por otro lado, también es paradigmático que esta apertura minera se dé en un territorio indígena donde habita el Pueblo Shuar, quienes afrontan riesgos en el ejercicio de sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente y en instrumentos internacionales que no están siendo protegidos ni garantizados por el Estado ecuatoriano”, se detalla en el estudio ‘Las heridas abiertas del Cóndor’ realizado en el presente año por el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, organización miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

“En este caso el proyecto está más avanzado que el de San Carlos Panantza. Ya están en fase de explotación. Sin embargo, al igual que San Carlos, el Gobierno ecuatoriano no ha abierto las puertas al diálogo pese a haberse vulnerado el derecho a la consulta previa al cual está suscrito el Estado del Ecuador”, explica Carlos Mazabanda de Amazon Watch.

De acuerdo al estudio, 116 personas fueron desplazadas para dar espacio al proyecto Mirador, la mayoría son campesinos, y en menor medida población indígena shuar y kichwas.

“Lo que pide la CONFENIAE es la desmilitarización total de los territorios indígenas, además que nos den la libertad para volver a nuestras comunidades. Y si es que desean desarrollar ambos proyectos que ejecuten un proceso de consulta previa, libre, informada y también vinculante. Que respeten nuestro consentimiento. El único candidato a la presidencia que se ha pronunciado respecto al tema minero en general es Guillermo Lasso, y su opinión es que se respete la consulta; por el lado de Gabriel García Moreno, el candidato oficialista, aún no hay pronunciamiento”, finaliza Tapia.

Fuente:https://es.mongabay.com/2017/03/ecuador-shuar-conflictos/

Alrededor de 100 familias indígenas denunciaron haber sido desplazadas de sus territorios ancestrales por militares y policías ecuatorianos para garantizar los trabajos de la empresa minera china Ecsa que pretende explotar cobre en medio de la Amazonia.

Alrededor de 100 familias indígenas denunciaron haber sido desplazadas de sus territorios ancestrales por militares y policías ecuatorianos para garantizar los trabajos de una empresa minera china. La dirigente quechua Elvia Dagua afirmó el jueves en rueda de prensa que «los militares, los policías están invadiendo el territorio del pueblo shuar, han destruido viviendas, entonces los shuaras han huido a la selva para esconderse».

Agregó que suman más de 500 personas que se han internado en la selva. A fines de 2015 la empresa minera china Ecsa llegó a esa zona para explotar cobre en medio de la Amazonia, 325 kilómetros al sur de la capital, en medio de fricciones con comunidades que sentían vulnerados sus territorios ancestrales. Ocho meses después los indígenas atacaron el campamento minero, acción que volvió a repetirse a fines de año con un saldo de un policía muerto y seis heridos.

El abogado de los shuar, Mario Melo, aseveró que los desplazados «están viviendo en condiciones sumamente graves, vulnerados sus derechos… todo esto se origina por una concesión minera entregada a Ecsa». Una portavoz de la compañía china que prefirió no ser nombrada indicó a The Associated Press que la empresa no estaba al tanto de lo ocurrido y que por ello no podía hacer comentarios al respecto. El gobierno, que aduce que tiene derecho a explotar los recursos naturales para el bienestar de todos los ecuatorianos, envió un amplio contingente militar y policial para garantizar la actividad minera.

En diferentes puntos de Ecuador indígenas de varias etnias protagonizan protestas para rechazar o impedir esa actividad a gran escala que impulsa el gobierno del presidente Rafael Correa. En el país no hay minas a cielo abierto de grandes dimensiones pero sí hay abundantes reservas de oro, plata y cobre.

La situación también derivó en procesos judiciales en los que están siendo investigados al menos unos 80 indígenas shuar, destacó Melo. Dagua hizo la denuncia en el marco de un encuentro de indígenas que habitan en la Amazonia de nueve países y que afrontan problemas similares sobre iniciativas del Estado para explotar recursos en territorios ancestrales.

El indígena de la Amazonia venezolana Gregori Mirabal destacó que «los gobiernos de la cuenca amazónica, de izquierda o de derecha, están siendo gobernados por las transnacionales mineras con sede en Europa, Estados Unidos, Rusia, China. Quienes verdaderamente gobiernan en nuestros países son las grandes transnacionales que están destruyendo la Amazonia y la cuenca amazónica».

Fuente:http://www.noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/16978-minera-china-desplaza-a-indigenas-en-la-amazonia-ecuatoriana