En la Audiencia del Chocó, una veintena de expertos y líderes comunitarios denunciaron los efectos de la minería en la salud y economía de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en Esmeraldas. Una actividad que se encuentra sin control, según los testimonios, aunque están vigentes medidas cautelares contra la explotación minera.

“Se metieron los mineros, el agua contaminada”. “Se metieron los mineros, el agua contaminada”. Con esa copla, un grupo de mujeres afrodescendientes dejó en claro su rechazo a la explotación minera en el norte de Esmeraldas. Ocurrió durante la Audiencia del Chocó, que se efectuó el martes 22 de agosto en San Lorenzo, Esmeraldas. Fue un espacio para que las comunidades de una de las zonas más excluidas y pobres del país relataran cómo han sido afectadas por la actividades mineras y por las plantaciones de palma africana.

La audiencia tuvo como escenario el salón de actos de la parroquia San Lorenzo del Pailón. Ocho comisionados, expertos y defensores de derechos humanos, escucharon a 18 peritos (líderes de las comunidades e investigadores), testigos de primera línea de las situaciones de las poblaciones que habitan el Chocó, que comprende los bosques tropicales y subtropicales comprendidos entre el este de Panamá hasta el Cabo Pasado en Manabí. Es una de las zonas más biodiversas del mundo. Pero en territorio ecuatoriano las comunidades que habitan estos bosques y ríos se enfrentan al agua contaminada por la minería y a la escasez de alimento. Según testimonios, enfermedades como infecciones vaginales y afecciones a la piel se han presentado en sus pobladores.

Uno de los casos más icónicos ocurrió en 2011. Ante un centenar de asistentes a la audiencia, el padre italiano Aldo Pusterla llamó a su historia como “la tomadura de pelo por parte del Gobierno”. Se refirió así a las medidas cautelares que fueron otorgadas a más de 80 comunidades y parroquias de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Estas disponían, entre otras cosas, lo siguiente: “Que el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en el ámbito de su competencia suspenda provisionalmente cualquier autorización para la operación de toda actividad minera en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas”. Pero en el auditorio, el padre aseguró que la minería continúa sin ningún control y sus efectos conviven con su gente.

El padre Aldo Pusterla conoce los episodios de esta historia. Lleva 17 años en las poblaciones del norte de Esmeraldas. Como párroco de Borbón atiende una población de 20.000 habitantes afrodescendiente y de las etnias chachi y épera, ubicados a los largo del río Santiago. Borbón está a 50 km de San Lorenzo. Allí se unen los ríos Santiago y Cayapa. Esta ha sido una zona aurífera desde siempre. Pero la mayor parte de sus habitantes son campesinos: trabajan en la extracción de madera o son mano de obra de las palmicultoras. Pero, según sus cálculos, el 80% de sus habitantes se dedican a la prostitución, trata de personas, contrabando de combustibles y tráfico de droga. “La falta de trabajo los empuja a buscar qué comer”.

Pero la lucha contra la minería empezó por la falta de agua. La comunidad de San Agustín solo se proveían del líquido que tenían en el estero María. “Pero por la minería el estero se había vuelto como una colada verde”. Desde el 2008 habían registrado la contaminación de su río. En efecto, estudios científicos confirmaron las sospechas de las comunidades. Para la obtención de las medidas cautelares, el padre Aldo presentó informes emitidos por la Secretaría Nacional del Agua, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador y del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical «Leopoldo Izquieta Pérez» de Esmeraldas. Según estos estudios, además del Estero María, las aguas de los ríos Santiago, Bogotá y Tululbí no eran aptas para el consumo humano por la presencia de aluminio, hierro y arsénico. “Es decir estamos hablando que en estas comunidades la contaminación de sus aguas excede en el mejor de los casos un promedio de más de 4.000 veces el límite permisible”, dice la conclusión recogida en las medidas cautelares.

En otra investigación hecha por la Universidad Católica de Esmeraldas para el Ministerio del Ambiente, en el Estero María se identificó, en diciembre de 2013, uno de sus niveles más altos de contaminación. La presencia de aluminio en el agua superó en 580 veces la norma ambiental establecida para este mineral; 2,4 veces la norma de cobre, 33 veces la norma de hierro y 1,3 veces la norma de manganeso. Todo por efecto de la minería.

El padre Aldo cuenta que una botella de esa “colada” del Estero María llegó a manos de Rosana Alvarado en 2010. La entonces legisladora y presidenta de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea recibió una delegación encabezada por el religioso. “Cuando ella vio la botella pensó que era colada, pero cuando supo que era agua llamó enseguida a Senagua. A la semana siguiente estuvo haciendo los exámenes”. “Nosotros los llevamos arriesgando nuestra vida porque (los mineros) nos odiaban a muerte. Estuvimos amenazados de muerte. El Ministerio de Gobierno nos puso la policía para defendernos. Sacaron el agua y a la semana declararon que no era apta para el consumo humano”.

Con estos primeros análisis fueron a la Defensoría del Pueblo y luego acudieron a la justicia donde consiguieron que les otorgaran las medidas cautelares. La primera disposición fue justamente suspender cualquier actividad minera. “Pero nunca fue aceptada. El mismo Gobierno mandó a la Enami a minar a Selva Alegre y San Lorenzo”. En efecto, la resolución a favor de las comunidades se emitió el 24 de marzo de 2011 y en septiembre iniciaba un proyecto minero a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami). Diario El Telégrafo relata la visita que hiciera el entonces presidente Rafael Correa a la zona, el 14 de diciembre de 2011:

“A una hora de San Lorenzo se encuentra el frente de explotación minera de la parroquia Selva Alegre, donde el Mandatario constató los trabajos de remediación ambiental y verificó si los procesos de explotación minera que actualmente se desarrollan en el lugar cumplen con las normas ambientales (…) El gobernante calificó como una oportunidad para el desarrollo a las actividades de explotación minera que se realiza como parte del proyecto de Minería Comunitaria Enami-Plan Ecuador, el mismo que se ejecuta desde hace tres meses en la zona de Selva Alegre”.

“Nos tomaron el pelo”, insiste de nuevo el padre. Afirma que mientras los llevaron a Quito para reuniones, legalizaban a los mineros ilegales en una cooperativa. “Entregaron casi 39.000 hectáreas a esta cooperativa. Si uno quiere entrar en el alto Santiago, uno tiene que pedir permiso a la cooperativa no al gobierno”.

En la actualidad, la minería ha disminuido, según el padre Aldo, porque el oro está acabándose. En el momento más fuerte de minería, relata, llegaron a tener 400 frentes (lugares donde se trabaja la minería) entre 2010 y 2015. Recuerda que hubo intervenciones del Gobierno, en una de ellas destruyó la maquinaria. En mayo de 2011, en San Lorenzo y Eloy Alfaro detonaron 67 retroexcavadoras. Cuenta que a raíz de estos incidentes, la minería se paralizó por un tiempo, pero los mineros volvieron. En el periodo más fuerte se calculó entre 500 y 600 retroexcavadoras, asegura. “¿Estas medidas cautelares, que están vigentes, ¿para qué sirve? Pedimos que se vuelvan a aplicar. ¿O estamos en manos de las mafia?”.

Fuente:http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-mineria-que-mata-la-vida-el-norte-esmeraldas

Cuenca, 28 de agosto del 2017

Río Blanco no se rinde. Hoy se cumplen 18 días de protestas frente al campamento de la minera china Junefield/Ecuagoldmining en los páramos del Cajas y los campesinos siguen firmes en su propósito de expulsar definitivamente a la empresa y proteger sus derechos y los de la naturaleza.

Inexplicablemente, no ha habido respuesta a su demanda por parte de las autoridades de la función ejecutiva en la provincia ni tampoco una clara voluntad de diálogo. Hasta la fecha, ninguna autoridad del ejecutivo se ha trasladado al lugar de los hechos para escuchar sus denuncias sobre los delitos ambientales y los abusos de la empresa minera.

Durante 18 días con sus noches, hombres, mujeres y menores de edad de Río Blanco han permanecido ante uno de los accesos a las instalaciones de la mina, desafiando el frío intenso de la noche, cocinando en comunidad y manteniéndose gracias al trabajo colectivo.

Ignorar las justas protestas de Río Blanco por parte de las autoridades competentes es faltar a su deber de garantizar los derechos establecidos en la constitución y es, de hecho, una forma de violencia estatal.

De otro lado, la minera china sigue llevando trabajadores de comunidades vecinas al campamento, lo cual crea un ambiente de tensión que ya se ha desencadenado en actos de violencia contra la comunidad de Río Blanco.

Para las organizaciones sociales hay dos motivos más de honda preocupación: la denuncia de militarización del territorio y las agresiones policiales. Personal y vehículos militares amanecieron el jueves anterior 24 de agosto en la comunidad de San Pedro de Yumate, ubicada a 30 minutos del campamento minero, de acuerdo con un tuit de la Voz del Tomebamba: “San Pedro de Yumate-Molleturo amaneció militarizado, debido a que moradores de Río Blanco se levantaron en contra de minería”.

En una carta enviada al gobernador del Azuay, Xavier Enderica, ese mismo día, varios integrantes de Yasunidos Guapondelig exigían disponer el retiro inmediato de los militares y detener las agresiones policiales, que también se habían producido, según denuncias de los comuneros recogidas por El Universo.

La jefa política del cantón Cuenca, Vanessa Cueva, en diálogo telefónico con Yasunidos Guapondelig, aseguró que no existían tales agresiones y que la presencia de los militares no estaba relacionada con el conflicto en Río Blanco, sino con un control de armas en la parte baja de Molleturo.

Yasunidos Guapondelig hace un llamado urgente al ministro del Interior, César Navas, al gobernador del Azuay, Xavier Enderica, y al jefe de Policía del Azuay, Coronel Pablo Tamayo Peñaherrera, a mantener la actuación de la fuerza pública férreamente ceñida a nuestros derechos constitucionales, a desmilitarizar la zona de manera inmediata y a resolver el conflicto a través del diálogo.

Igualmente, solicitamos un pronunciamiento al respecto al alcalde Marcelo Cabrera y al prefecto Paúl Carrasco, quienes votaron a favor de las declaratorias de Cuenca y del Azuay como territorios libres de minería metálica, así como al gerente general de ETAPA, Boris Piedra, y al subgerente de Gestión Ambiental, Paúl Vintimilla. ETAPA es la institución responsable del cuidado del Parque Nacional Cajas.

Exhortamos a los colectivos sociales y organismos de derechos humanos de la región y el país a permanecer en vigilia para garantizar la integridad de los campesinos y campesinas de Río Blanco, así como a los medios de comunicación a mantener una cobertura permanente del conflicto.

Entre los comuneros, los activistas, las ecologistas y las artistas que se dieron cita en el platón realizado el viernes anterior 25 de agosto frente a la gobernación del Azuay, el mensaje era que Río Blanco no está solo porque Río Blanco es el Cajas y el Cajas es Cuenca. Río Blanco defiende el agua que bebemos. “Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de Río Blanco es la mejor”, cantaban los manifestantes.

YASunidos Guapondelig

MALDONADO
La concesión del cinturón mineral de Carchi tiene preocupados a pobladores de Maldonado, Chical, y una amplia zona del cantón Mira, donde se prevé la presencia de empresas extranjeras de extracción minera.
Pobladores de Río Verde y El Cielito vienen denunciando sobre el cambio de vida que sienten estas poblaciones, una vez que se descubrió la presencia de minerales en El Cielito, en el cantón Mira.
Minería ilegal

Dirigentes estarían amenazados por “mineros ilegales” que han llegado en un gran número desde el sur del país hasta esa zona, donde antes se respiraba tranquilidad.
“En el sector se moviliza gente armada”, denuncian, además aseguran que allí existe gente con muchos intereses para hacer suyos estos territorios. El asambleísta René Yandún ha mostrado su preocupación por el tema.
La presencia de la Policía Nacional y el Ejército no es suficiente para garantizar la paz que reclama la gente de estas poblaciones, han denunciado, sin tener mayor respuesta, como señala Moisés Arcos, dirigente de la zona.
Un grupo de ambientalistas se muestra inquieto por las concesiones, advierten que está amenazada la Reserva Ecológica Golondrinas, en el sector de Chical y Maldonado, a más de 80 Km de Tulcán.
Nilo Ortiz, presidente de la Junta Parroquial de Chical ha hecho pública su preocupación. Ayer, varios activistas se reunieron en Tulcán con el propósito de solicitar mayor información sobre el tema.  (CMRV)

Fuente:https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102094548/preocupacion-por-concesiones-mineras

SEÑORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Nosotros, los defensores y defensoras del agua, hijos de la Abya Yala Andina, hijos e hijas del cóndor, el puma y la serpiente, en un gran abrazo comunitario, junto a académicos, investigadores, científicos, escritores, poetas, artistas, soñadores, criadores de la vida, considerando que la dimensión de ladevastación ecológica y de nuestro hábitat humano, a consecuencia del modelo civilizatorio/colonial cuyo eje es el mercado y la acumulación de riqueza mal habida de pocos.

Siendo necesario tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista y particularmente en la minería metálica industrial que despoja los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza, incluso bajo la forma de servicios ambientales solapados en la figura de programas de conservación.

Que el extractivismo profundiza el modelo colonial capitalista, explota y contamina los territorios y los pueblos, causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación a la hora de realizar consultas para los proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones.

Que el Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama de la cual es parte, que el Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una propuesta universal.

Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, ratificamos la defensa de las fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, indispensables para la reproducción de la vida.

Que la criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales.

Demandamos altiva y respetuosamente a Uds. como legisladores de la república del Ecuador y como responsable de las generaciones presentes y futuras, MEDIANTE LEY DECLAREN AL ECUADOR, TERRITORIO LIBRE DE MINERÍA METÁLICA INDUSTRIAL y se evite el saqueo y depredación y la destrucción que generan las corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza.

Además vigilen, interpelen y sancionen a los organismo y funcionarios del Estado que incumplan la aplicación imperativa del Consentimiento Previo, Libre e Informado como un derecho irrenunciable, expresión de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser tomada en cuenta y respetada.

Se proceda con al reforma al COIP para poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la Pachamama.

Fiscalicen y sancionen la corrupción de los gobiernos que tengan intereses con empresas extractivistas nacionales y transnacionales, que violan los derechos humanos y de la Pachamama.

Hasta tanto nos ratificamos en nuestra total oposición y resistencia a toda forma de despojo de los territorios, tierras, aguas y fuentes naturales por el modelo colonial/capital/extractivista, reconociendo que la resistencia es la esperanza de sustituir la “civilización extractivista”, por la civilización del “Sumak Kawsay” ello permitirá la derrota de la barbarie y el triunfo de la solidaridad, la vida y el comunitarismo.

En resistencia
Yaku Pérez Guartambel, Arariwa Sigcha, Stefania Lalvay, Ruth Pugo, Virgilio Ramon, Efren Arévalo, Mary Quintanilla, Sistemas comunitarios de agua Santa Isabel, Girón, San Gerardo, San Fernando, Zhaglli, Victoria del Porte, Tarqui, Suscal, Tambo, Cañar, Azogues, Santa Marianita, Cañaribamba, Irquis, Sayausi, San Joaquin, El Valle, Gualaceo, Sigsig, Quingeo.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/08/defensoresas-del-agua-solicitamos-a-asambleistas-que-declaren-a-ecuador-libre-de-mineria/

Kimsakocha, 19 de agosto del año Andino 5.525 / colonial 2.017

SEÑORES
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA /ASAMBLEA NACIONAL DEL
ECUADOR
Presente.-

De nuestras consideraciones:
Nosotros, los defensores y defensoras del agua, hijos de la Abya Yala Andina, hijos e hijas del cóndor, el puma y
la serpiente, en un gran abrazo comunitario, junto a académicos, investigadores, científicos, escritores, poetas,
artistas, soñadores, criadores de la vida, considerando que la dimensión de la devastación ecológica y de nuestro
hábitat humano, a consecuencia del modelo civilizatorio/colonial cuyo eje es el mercado y la acumulación de
riqueza mal habida de pocos.
Siendo necesario tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista
y particularmente en la minería metálica industrial que despoja los derechos de los pueblos, comunidades y
nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza,
incluso bajo la forma de servicios ambientales solapados en la figura de programas de conservación.
Que el extractivismo profundiza el modelo colonial capitalista, explota y contamina los territorios y los pueblos,
causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora
su participación a la hora de realizar consultas para los proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y
violaciones.
Que el Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama de la cual es parte, que el
Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una propuesta universal.
Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, ratificamos la defensa de las
fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, indispensables para la reproducción de la vida.
Que la criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades y de la
naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos
en la Constitución y en instrumentos internacionales.
Demandamos altiva y respetuosamente a Uds. como legisladores de la república del Ecuador y como responsable
de las generaciones presentes y futuras, MEDIANTE LEY DECLAREN AL ECUADOR, TERRITORIO LIBRE DE
MINERÍA METÁLICA INDUSTRIAL y se evite el saqueo y depredación y la destrucción que generan las
corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza.
Además vigilen, interpelen y sancionen a los organismo y funcionarios del Estado que incumplan la aplicación
imperativa del Consentimiento Previo, Libre e Informado como un derecho irrenunciable, expresión de los
derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser tomada en cuenta y respetada.
Se proceda con al reforma al COIP para poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la Pachamama.
Fiscalicen y sancionen la corrupción de los gobiernos que tengan intereses con empresas extractivistas nacionales
y transnacionales, que violan los derechos humanos y de la Pachamama.
Hasta tanto nos ratificamos en nuestra total oposición y resistencia a toda forma de despojo de los territorios,
tierras, aguas y fuentes naturales por el modelo colonial/capital/extractivista, reconociendo que la resistencia es la
esperanza de sustituir la “civilización extractivista”, por la civilización del “Sumak Kawsay” ello permitirá la derrota
de la barbarie y el triunfo de la solidaridad, la vida y el comunitarismo.
En resistencia
Yaku Pérez Guartambel, Arariwa Sigcha, Stefania Lalvay, Ruth Pugo, Virgilio Ramon, Efren Arévalo, Mary Quintanilla,
Sistemas comunitarios de agua Santa Isabel, Girón, San Gerardo, San Fernando, Zhaglli, Victoria del Porte, Tarqui, Suscal,
Tambo, Cañar, Azogues, Santa Marianita, Cañaribamba, Irquis, Sayausi, San Joaquin, El Valle, Gualaceo, Sigsig, Quingeo…

En dos lugares de 89 comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, zona norte de la provincia de Esmeraldas, la minería ilegal y legal todavía no intervine debajo de las casas de los comuneros y en ciertas áreas de sus parcelas.
No así en los ríos, esteros, bosques y en su gente, donde los efectos del uso indiscriminado del mercurio, arsénico, hierro, vanadio y aluminio que muchos usan para extraer el oro, han generado, incluso, mutación y extinción de los peces en ciertos afluentes.
Las evidencias gráficas y documentales las expuso en un foro contra la minería ilegal, Eduardo Rebolledo, investigador de la Pontificia Universidad Católica (PUCE) Esmeraldas. Su hallazgo determina que al menos 42 mil personas del norte de la provincia de Esmeraldas, en alguna ocasión, se expusieron a la contaminación provocada por las empresas mineras ilegales.
Los ríos cambiaron

Desde septiembre de 2015, la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) entregó cerca de 38 mil 700 hectáreas entre los dos cantones afectados a la Cooperativa de Producción Minera ‘Río Santiago y Cayapas’ (Coprosan), quienes manejan nueve concesiones. Ellos son considerados legales.
En la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, estiman que entre las 89 comunidades afectadas por la minería y la deforestación están unas 80 mil personas divididos entre niños, embarazadas, hombres y adultos mayores, la mayoría afro-ecuatorianos; también hay reportes de chachis.

Su gente no solo presenta problemas dermatológicos, sino estomacales. Depender de 15 afluentes que cruzan sus comunidades impide erradicar los problemas de salud. La pobreza también vive entre ellos.
“Los ríos ya no tienen sus colores naturales, ahora son plomos o amarillo oro”, detalla Kléver Santana, de Pastoral Social. La necesidad de tener agua segura y no convivir con la industrialización de la minería, llegó hasta a los entes de control en 2010.
Un año después, el 24 de marzo, el Juez Sexto de Garantías Penales Multicompetente de san Lorenzo, dispones siete medidas cautelares, las que hasta 2017, siguen pendientes, pese a que se dispuso cumplirlas en máximo 90 días.

Acciones de la audiencia

Entre las acciones están dar agua potable a las comunidades, determinar el estado de salud de los comuneros, suspensión total y absoluta de la actividad minera y la intervención de los ministerios del Ambiente, Salud, de Riegos, Senagua. Que cumplan su rol es una función de la Defensoría del Pueblo que impulsa la causa a favor de las 89 comunidades.
Los afectados, ambientalistas, de la iglesia, sociedad civil están convencidos que falta mucho por hacer, por organizaron la ‘Audiencia del Chocó’, que se hará a las 09:00, en el cantón San Lorenzo en el salón de actos de la parroquia cristiana ‘Martín de San Lorenzo’.

Se calcula que 207 personas copen en lugar. Entre ellos 13 testigos que escucharán 50 de la sociedad civil; 18 peritos; 70 comuneros; 40 de Quito entre otros que detallaran la problemática actual para luego en manifiesto, exigir del Estado: reparación integral y restauración.
“Se va a delatar la verdad de toda la afectación de la minería y la deforestación de las palmicultoras. Infamaremos incluso a las Naciones Unidas”, adelanta Kléver Santana, de Pastoral Social, quien promueve la ‘Audiencia del Chocó’. (MGQ).

Fuente:https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102093107/mineria-acaba-lentamente-con-89-comunidades-afro

Fruta del Norte y Mirador no serían los únicos proyectos mineros a gran escala en la provincia de Zamora Chinchipe. Así lo señala el prefecto Salvador Quishpe, al manifestar que cuatro nuevos grandes proyectos, todos de extracción de oro, podrían darse en los próximos años.

Si bien Fruta del Norte, en la parroquia Los Encuentros del cantón Yantzaza, y Mirador, en Tundayme de El Pangui, representan una preocupación para la autoridad provincial, los cuatro proyectos a los que se refiere le preocupan aún más. Es que a decir del prefecto, estos cuatro megaproyectos se darían dentro del cantón Zamora, y comprenderían territorios de parroquias como Timbara, San Carlos de las Minas y Zamora, y posiblemente también Cumbaratza.

Quishpe indica que si bien aún no hay estudios de esos cuatro proyectos mineros, seguramente habrá “alguien” que dirá que recién se van a realizar dichos estudios y que por ello la ciudadanía no debe preocuparse. Sin embargo, sobre el proyecto Mirador, indica que en el año 2006 “nos dijeron que no deberíamos preocuparnos, que solo estaban haciendo estudios y nada más”. No obstante, menciona desde entonces “ha pasado un poquito más de 10 años y en 10 años ya vemos lo que está pasando este rato en Tundayme: se han dado por un lado desalojos, se ha enterrado, literalmente, los restos arqueológicos de Tundayme, se ha destruido el ecosistema de la zona…”

El prefecto menciona que esos cuatro proyectos megamineros a los que se refiere podrían

darse en el cantón Zamora dentro de 10 o 15 años.

Durante una rueda de prensa efectuada ayer, el prefecto mostró un documento del Ministerio de Minería. Se trata de un instructivo firmado el 21 de febrero de 2017 por el subsecretario de Minería Industrial de esta cartera de Estado. En dicho instructivo están los términos de referencia técnicos para el proceso de subasta o remate que fue iniciado por alguien que desea ser concesionario. En ese mismo documento está el proceso de subasta de dos áreas mineras: Timbara y Timbara 2. Señala que estas dos áreas involucran a territorios de las parroquias San Carlos de las Minas, Timbara y Zamora, “y muy posiblemente una parte también (de) la parroquia de Cumbaratza”.

El Área Timbara, según el prefecto, constaría de 1.998 hectáreas; y el Área Timbara 2 comprendería 3.321 hectáreas de terreno.

Agrega que existen dos áreas más: Timbara 3 (4.901 hectáreas) y Timbara 4 (4.938 hectáreas). “En total son más de 15.000 hectáreas que están ubicadas en esta parte alta entre Cumbaratza, Timbara, San Carlos de las Minas y Zamora”, asegura el prefecto. (JGN)

EL DATO

Este Diario intentó ayer obtener una versión sobre el tema con las autoridades de la Subsecretaría Zonal Sur del Ministerio de Minería, cuyas oficinas están ubicadas en la ciudad de Zamora, pero se informó que hoy posiblemente habría un pronunciamiento oficial.

Fuente:https://www.lahora.com.ec/zamora/noticia/1102089312/prefecto-alerta-sobre-posible-mineria-a-gran-escala-dentro-del-canton-zamora

El valor del sector minero de Ecuador podría ascender de US$ 1,100 millones este año a US$ 7,900 millones para 2021 a medida que llegan grandes empresas, según el informe BMI Research de Fitch Group.

Bloomberg.- BHP Billiton, la mayor minera mundial, abrió una oficina y está tratando de sumar personal en Ecuador a medida que avanza en la búsqueda de cobre en un país que se está convirtiendo en la zona neurálgica de exploración del sector.

Cerro Quebrado, la unidad local de BHP, con sede en Melbourne, invertirá cerca de US$ 82 millones en exploración, habiendo establecido una base en la capital, Quito, y publicó anuncios para trabajadores, entre ellos un geólogo con experiencia.

El valor del sector minero de Ecuador podría ascender de US$ 1,100 millones este año a US$ 7,900 millones para 2021 a medida que llegan grandes empresas, según el informe BMI Research de Fitch Group.

BHP se suma a competidores australianos como Hancock Prospecting Pty de Gina Rinehart, Fortescue Metals Group Ltd. y Newcrest Mining en el establecimiento de oficinas o la adición de licencias de exploración en la nación, según Rodrigo Izurieta, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador.

Las compañías mineras se sienten atraídas por las expectativas de que el país tenga importantes depósitos de cobre y oro no descubiertos, y las garantías de que el recién instalado presidente Lenin Moreno continuará los esfuerzos para atraer la inversión, dijo.

“No hay duda de que el interés está aumentando, tanto que podemos hablar de una nueva fase para la minería en Ecuador”, dijo Izurieta por teléfono desde Quito. “Ecuador es una de las últimas fronteras mineras del mundo, pero está sub-explorada y subdesarrollada. Hay una gran oportunidad. “

Las compañías mineras están buscando nuevos yacimientos de cobre, ya que la producción disminuye en los proyectos existentes y se pronostica que la demanda del metal aumentará debido a las energías renovables, los vehículos eléctricos y la urbanización en los mercados emergentes.

Faltan proyectos desarrollados y se deteriora la calidad del mineral en minas envejecidas, dijo Oscar Landerretche, presidente de la mayor productora de cobre del mundo, Codelco, este mes en una entrevista.

“Está en marcha el establecimiento de una presencia en el país, incluyendo un espacio para oficinas y contratación local en Quito”, dijo BHP en un comunicado sobre su trabajo en Ecuador.

BHP avanzó 0.7% hasta US$ 24.56 dólares australianos en Sídney.

Ecuador había adjudicado 233 nuevas concesiones de exploración a finales de junio y las compañías se han comprometido a gastar alrededor de US$ 474 millones hasta 2021 en exploración, según el Ministerio de Minería.

Alrededor del 80% de las concesiones –que tienen un tamaño promedio de aproximadamente 4,000 hectáreas– han sido adjudicadas a compañías canadienses y australianas, dijo el ministerio en una presentación en marzo.

BHP invertirá más de US$ 82 millones en exploración inicial en cinco áreas ubicadas en la provincia de Imbabura, cerca de Sabaleta y Santa Teresa, dijo el ministro de Minería del Ecuador, Javier Córdova, en un mensaje.

Hancock Prospecting confirmó en un correo electrónico que ha alquilado oficinas en Ecuador, y Newcrest, la mayor productora de oro de Australia dijo en un correo electrónico que abrió una oficina de exploración.

Fortescue, una minera de hierro que se propone diversificar, también ha sumado una oficina y le fueron adjudicadas 32 áreas de exploración, dijo el máximo responsable, Nev Power, en un comunicado. “El compromiso formal con las comunidades locales está en marcha”, dijo Power.

Fuente:http://gestion.pe/empresas/mayor-minera-mundial-acelera-exploracion-cobre-ecuador-2196020

Por Eduardo Gudynas

Bajo el gobierno de Rafael Correa recrudecieron los extractivismos, no sólo insistiendo en la explotación petrolera sino que también se buscó sumar la minería, y se mantuvieron otros muy conocidos como las plantaciones bananeras. Todo ello desencadenó fuertes resistencias ciudadanas, con muchas personas enfrentadas a procesos judiciales, algunos encarcelados, y una Naturaleza atrapada. En cambio, el gobierno de Lenin Moreno se presenta con otra actitud, y de la mano de diálogo ha otorgado indultos a líderes sociales que estaban en prisión por enfrentar a los extractivismos. Siguiendo ese espíritu, es el momento de pensar en los llamados postextractivismos, donde para romper con ese tipo de desarrollo un primer paso debe ser indultar a la Naturaleza.

Esta es una tarea urgente porque Ecuador es uno de los tres países sudamericanos que se pueden catalogar como hiper-extractivistas. Estas son las economías donde las materias primas (o sea, la venta de la Naturaleza) trepan al nivel del 90% del total de las exportaciones, y que además están concentradas en un producto (en este caso, los hidrocarburos). Las otras dos naciones hiper-extractivistas en el continente son Bolivia y Venezuela.

En este artículo se comparten algunas ideas sobre postextractivismos, que están lejos de agotar la cuestión pero sirven como aportes a un necesario debate. Son reflexiones que incluyen aportes que provienen de discusiones similares en países vecinos y que a la vez abordan algunas de particularidades de Ecuador.

Extractivismos en el medio del  mundo

Precisando los conceptos, recordemos que los extractivismos son apropiaciones de enormes volúmenes de recursos naturales (como ocurre con las petroleras o mineras convencionales) o por medio de muy alta intensidad (como sucede con la minería de oro aluvial que utiliza mercurio), y que son destinados sobre todo a la exportación hacia los mercados globales, como materias primas o commodities (1). Queda en claro que esta apropiación de recursos naturales no está enfocada en satisfacer necesidades de los ecuatorianos, sino que sirve a las demandas del consumo de otros continentes y sus otras sociedades.

En Ecuador hay todo tipo de extractivismos, como los basados en hidrocaburos o el banano, pero también minería, camaroneras, etc. Todos ellos desencadenan distintos impactos ambientales, como la contaminación por los derrames petroleros amazónicos, los desplazamientos mineros o la destrucción de manglares por las camaroneras. Se invade la selva y se pierde su biodiversidad, se desplaza a comunidades y se destruyen sus formas tradicionales de vida. Estos y otros son parte de los llamados impactos locales, que ocurren alrededor de los enclaves extractivos.

En paralelo se despliegan los llamados efectos derrame. En ellos las políticas públicas son modificadas para apoyar o promover algún emprendimiento extractivo, pero sus consecuencias se “derraman” en todos los demás sectores productivos y en todo el territorio nacional. Los derrames más conocidos son las rebajas en los controles ambientales para hacer viable algún emprendimiento, con lo cual se debilitan las exigencias ambientales pero en todo el país y en todos los sectores. O sea que esos cambios se “derraman” a otros sectores y al resto de la geografía nacional. Otros derrames importantes son la desterritorialización por la imposición de concesiones mineras o petroleras, o el debilitamiento de las salvaguardas de los derechos.

Como los extractivismos involucran apropiaciones de enormes volúmenes de recursos y que afectan amplias zonas del país, despiertan múltiples resistencias ciudadanas. Muchas de ellas terminan en conflictos donde las comunidades locales enfrentan a petroleras o mineras, lo que lleva a que el Estado o las empresas respondan con más violencia. Allí anidan efectos derrame que hacen tolerable lo intolerable, como las violaciones de derechos, desde aquellos como los que aseguran el acceso a la información o la participación, a los que deberían brindar salvaguardas para la integridad y libertad de las personas. Se observa que los extractivismos se imponen debilitando o incumpliendo los derechos de las personas y la Naturaleza.

Los extractivismos dominan las exportaciones ecuatorianas. En tiempos recientes las materias primas representan aproximadamente el 90% del valor monetario de las ventas al exterior; durante varios años han estado concentradas en los hidrocarburos, y le siguen plátanos, camarones y pescado. En la medida que las ventas de petróleo han bajado desde 2013, su proporción se redujo y aumentó la presencia de otros (como camarones), mientras que el banano se mantiene más o menos constante.

Esto representa una economía muy simplificada. Es así que Ecuador ocupa un lugar muy bajo en el ranking de complejidad económica (puesto 96 en 141 países). Comparado con los demás países sudamericanos está en la penúltima ubicación, apenas por encima de Bolivia (sitio 116) (2).
Las aproximaciones más utilizadas siguen una mirada convencional basada en indicadores monetarios. Pero una mirada más rigurosa considera cuántas toneladas de recursos se exportan, lo que es un mejor indicador de la pérdida de patrimonio. Ecuador exportaba más de 10 millones toneladas al año hacia 1990, aumentando sustancialmente desde 2004, hasta estar un poco por debajo de 30 millones toneladas en 2012. O sea que ha tenido lugar una pérdida constante del patrimonio ecológico del país, especialmente en hidrocarburos, un recurso que no es renovable (3).
Además, el balance comercial físico (las toneladas de recursos exportadas contra las importadas)  deja todavía más en evidencia las graves implicancias de los extractivismos. En efecto, hay un déficit desde 1990, o sea que el país exporta muchos más recursos que los que importa. En 2012, el déficit neto superó los 12 millones toneladas. En general, por cada tonelada de bienes importados, Ecuador debe exportar dos toneladas de sus recursos naturales. Esta misma condición ocurre en los demás países latinoamericanos, ya que los déficits netos en las balanzas comerciales físicas no han dejado de crecer desde 1990.

Esta aguda dependencia en vender el patrimonio natural se repite desde la época de la colonia hasta el momento actual. Sin duda han ocurrido cambios en la canasta exportadora, ya que en el pasado de Ecuador tenía como producto estrella por ejemplo al cacao, y hoy lo es el petróleo, mientras otros permanecen como el banano. De un modo u otro, el país siempre descansa sobre los extractivismos, lo que a su vez implica que se repiten bajo diferentes ideologías políticas, desde conservadores a progresistas, desde militares a la Revolución Ciudadana. Las diferencias entre los gobiernos se basan en distintas formas de llevar a la práctica los extractivismos, pero cualquiera de ellos ha sido incapaz de promover alternativas.

La necesidad de los postextractivismos

Todo esto explica que se deben pensar y explorar alternativas a esta condición extractivista. No es posible seguir bajo los impactos de esas estrategias, ni resignarse a continuar siendo proveedores de materias primas. La Naturaleza ya no tolera más impactos, las comunidades locales están cansadas de toda esa problemática, generan conflictividad social, y brindan muchos flancos a la corrupción. Aún aquellos que carecen de una sensibilidad social y ambiental, deberían entender que en ellas no hay un futuro económico ya que buena parte se basa en recursos finitos como el petróleo o los minerales.

Bajo estas circunstancias surge el campo de los llamados postextractivismos: son exploraciones de alternativas para dejar de depender de esa apropiación masiva o intensa de los recursos naturales y de la inserción internacional subordinada que imponente. Son posturas con la particularidad de comprometerse con mandatos irrenunciables como la erradicación de la pobreza, la calidad de vida de las personas y la conservación de la naturaleza. Pero no se restringen a esas amplias metas, sino que a la vez presentan medidas que sean concretas, efectivas y replicables, tales como instrumentos económicos o reformas políticas (4). Los postextractivismos necesitan de esas precisiones porque debe convencer a muchos que sinceramente creen que no hay alternativas a ser mineros, petroleros o bananeros.

Los postextractivismos deben ser entendidos como un conjunto de transiciones con sucesivas medidas que permiten reducir los sectores extractivos mientras que fortalecen alternativas en otros sectores y otras políticas. Esos pasos se pueden dividir en dos grandes etapas. La primera, en el corto plazo, son acciones urgentes para detener los impactos más graves de los extractivismos, especialmente los que afectan directamente a la salud de las personas o están destruyendo la biodiversidad. La segunda fase, más amplia, es una sucesión de cambios que fortalecen otras opciones productivas y económicas y refuerzan las transformaciones políticas que permiten concretarlas.

El extractivismo petrolero brinda un ejemplo de cómo encadenar esas dos fases en las transiciones postextractivistas en Ecuador. Las medidas urgentes buscan detener el avance de nuevas perforaciones en la Amazonia, ya que violan los derechos de la Naturaleza por la contaminación y pérdida de biodiversidad, y afectan a la calidad de vida y la salud de las comunidades locales, especialmente indígenas. Las excusas de afectaciones del uno por mil o slogans análogos son un mito tecnológico que en la realidad no se cumplen.

Enseguida se debe revisar la situación de los pozos que están en explotación desde hace años. Los que no pueden ser reformulados tecnológicamente para evitar derrames y otros impactos, también deben ser clausurados. Aquellos que por ajustes y por su ubicación no generen impactos podrán seguir en operación. Pero en este punto aparecen los vínculos directos con las demás medidas postextractivistas.

En efecto, los pozos petroleros que sigan operativos deben servir en primer lugar a las necesidades del consumo nacional o de los países vecinos, y no a las demandas globales. La dependencia global significa extraer grandes volúmenes de crudo en poco tiempo. En cambio, las demandas nacionales y regionales son mucho menores, lo que permite un aprovechamiento durante un período de tiempo mucho mayor. Esto sirve para pasar a otra medida encadenada que es ganar tiempo para una reconversión energética del país, desmontando poco a poco los sectores que consumen hidrocarburos para fortalecer fuentes de energía alternativas, especialmente renovables.

No puede olvidarse que bajo el actual extractivismo, Ecuador corre el riesgo de agotar en poco tiempo sus campos petroleros antes de tener suficientes fuentes de energía alterna. Enfrenta además otro problema asociado, que es vender crudo para obtener financiamiento para importar combustibles refinados. Este es un círculo vicioso que debe cortarse. Por lo tanto, lo más inteligente es usar sus propios hidrocarburos para ganar tiempo (y financiamiento) para rediseñar todo el sector energético del país.

Estos primeros pasos deben apuntar a que el país deje de ser un ejemplo de hiper-extractivismo. La representación de materias primas en sus exportaciones debería ser menor al 50% del total, y a su vez, debería estar dividida en varios productos en lugar de concentrarse en uno solo. Esta es una posición muy distinta del plan de diversificación productiva bajo Correa, ya que ellos planteaban salir de los extractivismos por medio de más extractivismos, lo que evidentemente nada tiene de alternativo.

Paralelamente, se deben fortalecer otros sectores productivos, donde las primeras prioridades están en la agricultura, ganadería y silvicultura. Estos demandan proporcionalmente más empleo, contribuyen a la autosuficiencia alimentaria, y hay varias opciones de procesos que utilicen menos materia, energía y agua. A más largo plazo se busca extraer del entorno lo que realmente se necesita para asegurar la calidad de vida.
Para alcanzar esas metas, a las medidas que se presentaron arriba se deben sumar otras. No es posible describirlas aquí en detalle, pero otros ejemplos son pertinentes. Se deben aplicar correcciones de los precios de las materias primas, para que integren los costos de los daños sociales y ambientales que generan y que actualmente son pagados por el resto de la sociedad. El aumento de los precios de venta redundará en una reducción de ingresos por exportación, pero esto a su vez se compensa parcialmente con los ahorros que hace el estado al dejar de pagar los costos en daños a la salud y el ambiente. Esas pueden ser cifras enormes, como ha dejado en claro el caso Chevron Texaco en amplias zonas de la Amazonia. También son necesarias reformas tributarias y ajustes en los gastos estatales, especialmente desmontando los subsidios que los gobiernos otorgan por vías directas o indirectas a los extractivismos.

Tampoco puede dejar de mencionarse el contexto internacional, ya que los extractivismos están encadenados a las demandas internacionales y los precios globales, como es muy claro en Ecuador. La caída de los ingresos por exportaciones petroleras, el déficit monetario en la balanza comercial entre 2009 y 2015, y factores similares explican que el gobierno Correa se volcara a los préstamos con China a cambio del petróleo. La consecuencia ha sido más subordinación, ya que el país está comprometido en exportar sus hidrocarburos a China por lo menos hasta el año 2024.

Los postextractivismos buscan romper con la subordinación a la globalización, por un lado apelando a mecanismos para regular los precios, stocks y comercio en materias primas (por ejemplo resucitando los convenios en esa materia en la UNCTAD), y por otro lado buscando complementaridades productivas con los países vecinos, especialmente en sectores manufactureros.

Ante medidas como estas no faltarán las réplicas convencionales, muy conocidas, que insisten en que, por ejemplo, no explotar petróleo es un “mal negocio” para el país. Sin embargo, Ecuador ya cuenta con estudios mas abarcadores que integran a la dimensión económica distintos aspectos sociales y ambientales (5). Estos concluyen que una economía extractivista típica, como la actual, tiene un horizonte temporal acotado y menor viabilidad económica en el mediano plazo en comparación con alternativas enmarcadas en la sustentabilidad ambiental.

Dolarización, autoritarismo y derechos de la Naturaleza

Los postextractivismos en Ecuador enfrentan varios desafíos que le son propios y no se repiten en otros países, y aquí se deben señalar al menos tres: la dolarización, el autoritarismo y el marco de derechos.

Ecuador es la única nación sudamericana que no tiene una moneda propia, y esa dolarización lo vuelve aún más dependiente de los extractivismos, con riesgos sociales y ambientales son todavía mayores. El país no cuenta con capacidades de actuar sobre la tasa de cambio de una moneda nacional para incidir en los costos de sus materias primas. A la vez, esto hace que una de las pocas vías que tiene para incidir sobre el “precio” de sus productos sea reduciendo los costos sociales (por ejemplo salarios) o ambientales (por ejemplo la remediación ambiental). Estos y otros mecanismos hacen que la dolarización por un lado refuerce los extractivismos como fuente dólares a costa de consideraciones sociales y ambientales, y por otro lado limita buscar alternativas. Es que cualquier alternativa real de cambio de ese tipo de desarrollo  requiere reconstruir una moneda propia; negarse a discutirlo es condenar al país al extractivismo perpetuo (6). Por todo esto, los postextractivismos en Ecuador deben considerar vías para la desdolarización.

La insistencia por promover nuevos extractivismos, especialmente en megaminería, acentuaron un sesgo autoritario que aunque se observa en varios países, en Ecuador alcanzó mucha intensidad. De desplegaron todo tipo de medidas para limitar los debates públicos, se impidió una consulta ciudadana sobre la suerte del Yasuní-ITT, se buscó anular a las ONG, se actuaba sobre las comunidades locales para dividirlas y allí donde la resistencia se mantuvo, se envió a fuerzas policiales o militares. El hostigamiento alcanzó ribetes extraños, como la batalla para impedir que se difundieran mapas que presentaran la ubicación de los pozos petroleros o la persecución policial a un destartalado vehículo de Yasunidos que se dirigía a un evento en cambio climático en Perú. Se cayó en una judicialización express, se criminalizó la protesta y se encarcelaron a varios líderes ciudadanos. Los extractivismos de mayor impacto, como la megaminería, necesitan de esos niveles de autoritarismo para poder imponerse contra la voluntad de las comunidades locales.

Bajo todas estas condiciones, los postextractivismos plantean tanto redemocratizar la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales, con adecuada información y consulta a las comunidades locales, como una plena vigencia de las salvaguardas que otorgan los derechos humanos.
Finalmente se debe abordar la cuestión de los derechos. Si bien en casi todos los países los extractivismos han proliferado bajo el debilitamiento o recorte de los derechos de las personas, problema que también se registra en Ecuador, hay de todos modos una particularidad clave que no se repite en ninguna nación. Es el único país donde se han reconocido los derechos de la Naturaleza o la Pachamama. Existe un mandato constitucional que obliga a preservar el entorno, una cuestión que las posiciones postextractivistas han hecho suyas (7).

Ecuador es también el único caso donde sabemos con bastante precisión la fecha y las circunstancias por las cuales los extractivismos se impusieron sobre esos derechos de la Naturaleza. Esto ocurrió en agosto de 2013, cuando el entonces presidente Correa anunció la suspensión de la moratoria petrolera en Yasuní-ITT y la apertura a su explotación. En ese discurso, Correa sostuvo que los derechos de la Naturaleza eran “derechos supuestos”, desvistiéndolos así de su relevancia. Para muchos esa sentencia pasó desapercibida, pero allí estaba la base conceptual que permitió la más reciente expansión petrolera en la Amazonia. Al despojarla de sus derechos, la Naturaleza quedó prisionera dentro de los extractivismos correístas.

Se llega así a una medida esencial para los postextractivismos, simple pero a la vez radical: indultar a la Naturaleza es liberarla de la prisión extractivista, es reimplantar la plena vigencia de los derechos de la Naturaleza y de las personas. Así como se están indultando a los líderes sociales que han sido encarcelados por resistirse a los extractivismos, lo mismo habría que hacer con la Naturaleza restituyéndose la plena vigencia de los derechos de la Pachamama que están en la constitución de Montecristi.

Desde la mira de los postextractivismos esto implica reconocer los límites ecológicos a la apropiación de recursos naturales. Esto no significa postular una Naturaleza intocable, sino que los ritmos e intensidades de su aprovechamiento deben estar dentro de las capacidades de cada ambiente en renovarse, reproducirse y lidiar con los efectos de los usos humanos. Esto permite dejar en claro que postextractivismo no es por ejemplo prohibir la minería, la agricultura, o extremos semejantes como muchas veces indebidamente se acusa.

Esos límites ecológicos son diferentes en cada tipo de ambiente; por ejemplo, en la Amazonia no deberían iniciarse nuevas perforaciones petroleras pero se pueden promover cosechas sostenibles de productos forestales. De esta manera se puede ver que los postextractivismos no son deterministas, sino que se ajustan a las capacidades ecológicas de cada sitio y a distintos usos humanos.

Los postextractivismos son una búsqueda

La búsqueda de alternativas a los postextractivismos tiene muchos antecedentes en Ecuador, y de hecho podría decirse que fue en uno de los primeros países donde se manifestó. Por ejemplo, hace 17 años se propuso transitar a un Ecuador postpetrolero, un propósito que en aquellos tiempos por cierto sonaba como radical y recibía muchos menos apoyos que en la actualidad. En aquel tiempo se esgrimieron tres razones para abandonar el extractivismo petrolero: la primera es que los hidrocarburos son un recurso finito; la segunda es que se lo exporta a precios baratos y cuánto más se extrae más se contribuye a deprimir precios; la tercera, y seguramente la más relevante, son los impactos ambientales locales y globales de esa actividad. Todos ellos son argumentos postextractivistas, vigentes al día de hoy,  y responden a la pluma del economista catalán Joan Martínez Alier en su prólogo al libro El Ecuador post petrolero. En esa obra distintos autores del país ofrecen todo tipo de argumentos por alternativas a esos extractivismos (8).

No faltan intuiciones, ni ideas ni conceptos para promover los posextractivismos en Ecuador. Tampoco faltan ejemplos concretos. La propuesta de una moratoria petrolera en el Yasuní-ITT fue durante algunos años un ejemplo a nivel mundial de la posibilidad de una salida a los extractivismos petroleros (9).

Las nuevas circunstancias políticas permiten insistir con esta perspectiva. El desmontaje de los extractivismos no es una tarea sencilla, dada sus condicionalidades económicas pero también el profundo apego cultural de muchos sectores que creen que debe explotarse hasta el último recurso natural. Salir de los extractivismos del progresismo correista tampoco significa caer en un extractivismo con otro sentido político, enmarcado en una perspectiva conservadora que dejaría todo en manos del mercado y de las corporaciones. Es importante tener cuidado con esos “rebotes”, como por momentos ocurre en Argentina bajo el empuje extractivista, ahora de signo conservador, que impone la administración Macri.
Es por ello que los posextractivismos son de alguna manera un cambio de actitud, rompiendo con el fatalismo de seguir siendo exportadores de materias primas, y atreverse a pensar y ensayar otras opciones. Apuestan a redemocratizar estos debates, y en ellos es clave poder avanzar enregulaciones y controles ciudadanos tanto sobre el mercado como sobre el Estado.

Referencias
1. Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en: www.extractivismo.com
2. En el Economic Complexity Ranking 2015, Ecuador tiene un indicador negativo (- 0.61). El puesto 1 lo ocupa Japón (2.30); en el último sitio se encuentra Guinea-Bissau (- 2.10).  Observatory Economic Complexity, MIT, http://atlas.media.mit.edu/en/
3. Commercial and biophysical déficits in South America, 1990-2013, P. Samaniego y colaboradores, en Ecological Economics, 2017.
4. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org
5. Yasuní desde una perspectiva multicriterial. M. C. Vallejo y colaboradores. Programa Conjunto Conservación Yasuní y PNUD, Quito, 2011.
6. Un ejemplo de argumentos contra la desdolarización ante el nuevo gobierno de Moreno es Walter Spurrier B., ¿Desdolarizar? Ni pensarlo, El Universo, 8 enero 2017.
7. Derechos de la Naturaleza. Etica biocéntrica y políticas ambientales, Eduardo Gudynas, AbyaYala, Quito, 2016.
8. El Ecuador post petrolero, varios autores, Acción Ecológica, Quito, 2000.
9. Es de la mayor justicia tener presente los innumerables aportes de Alberto Acosta en estos temas, desde su apoyo a la moratoria petrolera a las alertas sobre los impactos de los extractivismos. Por ejemplo, Las tribulaciones de la iniciativa Yasuní-ITT, Letras Verdes, FLACSO, No 5, 2010; La maldición de la abundancia, AbyaYala, Quito, 2009.
Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Este artículo es parte de una serie de textos sobre postextractivismos en distintos países sudamericanos. Twitter: @EGudynas
Fuente: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/postextractivismos-ecuador-indultar-la-naturaleza