Los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro están entre los más pobres del país, entonces con la minería, la palma y la deforestación no hay progreso. Se determinó la presencia, en los ríos, de al menos seis metales pesados que superan hasta 150 veces los niveles máximos establecidos en la ley ambiental nacional. Arsénico, magnesio, galio, hierro, aluminio y mercurio. La minería  es ahora controlada por mafias, quienes tienen servicios de inteligencia y amedrentan a la población gracias a su alto poder financiero. Como si ello fuese poco, están deforestando los bosques primarios para sembríos de palma africana que requiere el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas sin ningún control y el agua utilizada va a los ríos.

El sonido de los tambores retumba en el auditorio de la iglesia San Lorenzo del Pailón, al norte de Esmeraldas. Fue el 22 de agosto pasado. Un grupo de mujeres afroecuatorianas cantan y bailan a ritmo de marimba. Es su singular manera de rechazar lo que en la canción tararean: “Nos cogieron de repente, se metieron los mineros, el agua contaminada”.Es lo que se ve y escucha en un video grabado durante la ‘Audiencia del Chocó’ realizada por la ONG Acción Ecológica. Un espacio en el que los habitantes de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro denunciaron el supuesto impacto que deja la minería, la palma africana y la deforestación.

En la reunión especialistas analizaron cuatro informes realizados por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas (Pucese), entre 2010 y 2014, tres de ellos en conjunto con el Ministerio del Ambiente (MAE).

Eduardo Rebolledo, biólogo y docente de la Pucese, dice que las conclusiones son preocupantes. “Debido a las denuncias, la universidad decide, con ayuda de fondos internacionales, realizar un primer estudio a finales de 2010, donde encontramos peces con deformidades y metales pesados en los ríos Santiago, Bogotá, Tululbí y Cachavi, y en los esteros María y Sabatela por la extracción ilegal de oro. Esto lo alertamos a las autoridades. Luego la PUCE contribuyó en un muestreo con el MAE y Senagua (Secretaría Nacional del Agua) en 2011 y se obtuvieron los mismos resultados… el Gobierno decretó el estado de excepción y, a través del MAE, nos contrató para un segundo estudio”, indica.

En esta última investigación se determinó la presencia, en los ríos, de al menos seis metales pesados que superan hasta 150 veces los niveles máximos establecidos en la ley ambiental nacional, dice Rebolledo. Arsénico, magnesio, galio, hierro, aluminio y mercurio.

Dirigentes lograron que el Juzgado Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo otorgue, el 24 de marzo de 2011, medidas cautelares a 89 comunidades.

Pero la medida sirvió de poco, dice el párroco de Borbón, Aldo Pusterla: “La primera disposición fue suspender la minería, pero nunca pasó… El propio Gobierno mandó a la Enami (Empresa Nacional Minera) a Selva Alegre y San Lorenzo en septiembre del 2011 para iniciar un proyecto extractivo”.

Con su llegada, el MAE solicitó en 2012 a la Pucese que supervise las tareas de extracción de la empresa estatal, dice Rebolledo: “Encontramos más problemas que cuando estaban los mineros ilegales… se les había roto una piscina de recirculación y generaron una mortandad de peces enorme en el estero San Antonio”.

En respuestas enviadas vía email, la Enami asegura que “recibió varias concesiones mineras, en calidad de residuos abandonados debido a la intensa actividad minera ilegal, de lo cual, inició operaciones en 2012 en sitios puntuales, mediante la celebración de contratos de operación con pequeños mineros locales”. La entidad pública dice que la labor fue supervisada.

Incluso, señala la Enami, el MAE habría constatado “la rehabilitación de las áreas intervenidas por los operadores autorizados… y la remediación de pasivos ambientales”. Y que la Comisión Especial Contra la Minería Ilegal realizó operativos durante 2012 para neutralizar la minería ilegal en las concesiones de la Enami. En estas intervenciones se determinó que persistían los daños ambientales, pero la entidad indica que “de ninguna manera pueden ser señalados” ya que las labores ilegales se realizaban, mientras estaban a cargo.

Según el informe de la Pucese en 2011 se registraron 4.889 piscinas abandonadas. Kléver Santana, dirigente y miembro de la pastoral de San Lorenzo, afirma que la situación sigue igual. Mientras que Rebolledo asegura que “actualmente serían siete mil ya que los mineros tienen la maquinaria y recursos para abrir una cada semana”.

La contaminación ya implica afectaciones en la salud, señala Feliza Caicedo, enfermera de la comunidad Colón Eloy: “Las mujeres tienen problemas en la piel, manchas, infecciones en sus partes íntimas por bañarse en los ríos y beber su agua… Nos han dicho que los niños podrían nacer con discapacidades…”.

Un informe –entregado en diciembre de 2011 por el Ministerio de Agricultura (Magap) a la Defensoría del Pueblo– establece una serie de irregularidades en la comuna Santiago Cayapas en Eloy Alfaro: “(La minería)… es ahora controlada por mafias, quienes tienen servicios de inteligencia y amedrentamiento dentro de la población, su poder financiero es alto”, indica el documento.

El análisis se realizó tras denuncias sobre irregularidades en la venta de terrenos comunales de propiedad colectiva, Incluso, en medio de estas disputas, el Magap identifica problemas como “inacción del Estado”, “burocracia cómplice del abuso”, “deforestación”, “violencia” “…La comuna es un espacio fronterizo… de tráfico de armas, combustibles, drogas, trata de blancas…”.

Nathalia Bonilla, miembro de Acción Ecológica, asegura que los comuneros son obligados a vender sus tierras ancestrales de forma violenta, porque “la minería ilegal es manejada por grupos armados que amenazan a las familias… El MAE nos dice que por los niveles altos de sicariato no pueden intervenir…”.

Otra problemática es la deforestación de bosques primarios para sembríos de palma africana. Bonilla indica que estos cultivos se expanden sin control, lo que deja impactos graves. “A la deforestación de bosques se suma el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas sin ningún control, el agua utilizada va a los ríos”, dice.

También alerta que estos cultivos provocarían “posibles impactos en la biodiversidad de estas zonas con alto valor ecológico y en la calidad del aire… además, hay efectos sociales porque las personas que trabajan en palmicultoras no salen de la pobreza, no tienen salarios dignos”.

Un informe de este año de Acción Ecológica señala que solo en 2012 se deforestaron 16 mil hectáreas de bosque en Esmeraldas. Es aquella alfombra verde que caracteriza a esta provincia hoy fragmentada con piscinas abandonadas tras actividades mineras y por la expansión de la frontera agrícola con monocultivos como la palma africana.

Fuente: http://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/37696-metales-pesados-enfermedades-y-mafias-la-triste-realidad-de-esmeraldas

Con carteles de “No a la minería”, el jueves 7 de septiembre del 2017, un grupo de pobladores de Río Blanco, comunidad próxima al proyecto minero a gran escala, asentado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, protestó en los bajos del edificio de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) en Cuenca. Los comuneros arribaron a propósito de la presencia del ministro de Minas, Javier Córdova, quien firmó 84 contratos de trabajo -de forma directa- con pobladores de las comunidades de Llano Largo, Cochapamba, Yumate y Zhin Alto, en la zona de influencia del proyecto. El evento tuvo dos ambientes. En la firma de convenios participaron los beneficiarios de los contratos, familiares y personas que han presentado sus carpetas personales para conseguir un trabajo. En cambio, afuera del auditorio estuvieron las personas como Hermel Albarracín que se oponen a la minería porque cree que afectará a las fuentes de agua y al ecosistema. Por eso, durante toda la mañana el edificio de la Senplades permaneció resguardado por gran cantidad de policías que impidieron el ingreso de los protestantes. Pero al término del evento, una comisión de los opositores fue recibida por el ministro Córdova para atender sus preocupaciones y reclamos. A la firma de los contratos también asistió Liu Boming, gerente de Ecuagoldmining, empresa china adjudicataria de la concesión que, según estudios realizados, guarda una reserva de 4,3 millones de onzas de plata y 0,6 millones de onzas de oro. El proyecto está en etapa de construcción que incluye las vías de acceso, la mina, regaderas, escombreras… En su intervención, Córdova dijo que respeta la posición de los grupos opositores pero que están mal informados “porque el proyecto en marcha será manejado con responsabilidad ambiental y que traerá beneficios para las comunidades como la generación de fuentes de empleo y obras de desarrollo”.

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/contratos-trabajos-mineria-rioblanco-cuenca.html

En la Audiencia del Chocó, una veintena de expertos y líderes comunitarios denunciaron los efectos de la minería en la salud y economía de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en Esmeraldas. Una actividad que se encuentra sin control, según los testimonios, aunque están vigentes medidas cautelares contra la explotación minera.

“Se metieron los mineros, el agua contaminada”. “Se metieron los mineros, el agua contaminada”. Con esa copla, un grupo de mujeres afrodescendientes dejó en claro su rechazo a la explotación minera en el norte de Esmeraldas. Ocurrió durante la Audiencia del Chocó, que se efectuó el martes 22 de agosto en San Lorenzo, Esmeraldas. Fue un espacio para que las comunidades de una de las zonas más excluidas y pobres del país relataran cómo han sido afectadas por la actividades mineras y por las plantaciones de palma africana.

La audiencia tuvo como escenario el salón de actos de la parroquia San Lorenzo del Pailón. Ocho comisionados, expertos y defensores de derechos humanos, escucharon a 18 peritos (líderes de las comunidades e investigadores), testigos de primera línea de las situaciones de las poblaciones que habitan el Chocó, que comprende los bosques tropicales y subtropicales comprendidos entre el este de Panamá hasta el Cabo Pasado en Manabí. Es una de las zonas más biodiversas del mundo. Pero en territorio ecuatoriano las comunidades que habitan estos bosques y ríos se enfrentan al agua contaminada por la minería y a la escasez de alimento. Según testimonios, enfermedades como infecciones vaginales y afecciones a la piel se han presentado en sus pobladores.

Uno de los casos más icónicos ocurrió en 2011. Ante un centenar de asistentes a la audiencia, el padre italiano Aldo Pusterla llamó a su historia como “la tomadura de pelo por parte del Gobierno”. Se refirió así a las medidas cautelares que fueron otorgadas a más de 80 comunidades y parroquias de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Estas disponían, entre otras cosas, lo siguiente: “Que el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en el ámbito de su competencia suspenda provisionalmente cualquier autorización para la operación de toda actividad minera en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas”. Pero en el auditorio, el padre aseguró que la minería continúa sin ningún control y sus efectos conviven con su gente.

El padre Aldo Pusterla conoce los episodios de esta historia. Lleva 17 años en las poblaciones del norte de Esmeraldas. Como párroco de Borbón atiende una población de 20.000 habitantes afrodescendiente y de las etnias chachi y épera, ubicados a los largo del río Santiago. Borbón está a 50 km de San Lorenzo. Allí se unen los ríos Santiago y Cayapa. Esta ha sido una zona aurífera desde siempre. Pero la mayor parte de sus habitantes son campesinos: trabajan en la extracción de madera o son mano de obra de las palmicultoras. Pero, según sus cálculos, el 80% de sus habitantes se dedican a la prostitución, trata de personas, contrabando de combustibles y tráfico de droga. “La falta de trabajo los empuja a buscar qué comer”.

Pero la lucha contra la minería empezó por la falta de agua. La comunidad de San Agustín solo se proveían del líquido que tenían en el estero María. “Pero por la minería el estero se había vuelto como una colada verde”. Desde el 2008 habían registrado la contaminación de su río. En efecto, estudios científicos confirmaron las sospechas de las comunidades. Para la obtención de las medidas cautelares, el padre Aldo presentó informes emitidos por la Secretaría Nacional del Agua, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador y del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical «Leopoldo Izquieta Pérez» de Esmeraldas. Según estos estudios, además del Estero María, las aguas de los ríos Santiago, Bogotá y Tululbí no eran aptas para el consumo humano por la presencia de aluminio, hierro y arsénico. “Es decir estamos hablando que en estas comunidades la contaminación de sus aguas excede en el mejor de los casos un promedio de más de 4.000 veces el límite permisible”, dice la conclusión recogida en las medidas cautelares.

En otra investigación hecha por la Universidad Católica de Esmeraldas para el Ministerio del Ambiente, en el Estero María se identificó, en diciembre de 2013, uno de sus niveles más altos de contaminación. La presencia de aluminio en el agua superó en 580 veces la norma ambiental establecida para este mineral; 2,4 veces la norma de cobre, 33 veces la norma de hierro y 1,3 veces la norma de manganeso. Todo por efecto de la minería.

El padre Aldo cuenta que una botella de esa “colada” del Estero María llegó a manos de Rosana Alvarado en 2010. La entonces legisladora y presidenta de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea recibió una delegación encabezada por el religioso. “Cuando ella vio la botella pensó que era colada, pero cuando supo que era agua llamó enseguida a Senagua. A la semana siguiente estuvo haciendo los exámenes”. “Nosotros los llevamos arriesgando nuestra vida porque (los mineros) nos odiaban a muerte. Estuvimos amenazados de muerte. El Ministerio de Gobierno nos puso la policía para defendernos. Sacaron el agua y a la semana declararon que no era apta para el consumo humano”.

Con estos primeros análisis fueron a la Defensoría del Pueblo y luego acudieron a la justicia donde consiguieron que les otorgaran las medidas cautelares. La primera disposición fue justamente suspender cualquier actividad minera. “Pero nunca fue aceptada. El mismo Gobierno mandó a la Enami a minar a Selva Alegre y San Lorenzo”. En efecto, la resolución a favor de las comunidades se emitió el 24 de marzo de 2011 y en septiembre iniciaba un proyecto minero a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami). Diario El Telégrafo relata la visita que hiciera el entonces presidente Rafael Correa a la zona, el 14 de diciembre de 2011:

“A una hora de San Lorenzo se encuentra el frente de explotación minera de la parroquia Selva Alegre, donde el Mandatario constató los trabajos de remediación ambiental y verificó si los procesos de explotación minera que actualmente se desarrollan en el lugar cumplen con las normas ambientales (…) El gobernante calificó como una oportunidad para el desarrollo a las actividades de explotación minera que se realiza como parte del proyecto de Minería Comunitaria Enami-Plan Ecuador, el mismo que se ejecuta desde hace tres meses en la zona de Selva Alegre”.

“Nos tomaron el pelo”, insiste de nuevo el padre. Afirma que mientras los llevaron a Quito para reuniones, legalizaban a los mineros ilegales en una cooperativa. “Entregaron casi 39.000 hectáreas a esta cooperativa. Si uno quiere entrar en el alto Santiago, uno tiene que pedir permiso a la cooperativa no al gobierno”.

En la actualidad, la minería ha disminuido, según el padre Aldo, porque el oro está acabándose. En el momento más fuerte de minería, relata, llegaron a tener 400 frentes (lugares donde se trabaja la minería) entre 2010 y 2015. Recuerda que hubo intervenciones del Gobierno, en una de ellas destruyó la maquinaria. En mayo de 2011, en San Lorenzo y Eloy Alfaro detonaron 67 retroexcavadoras. Cuenta que a raíz de estos incidentes, la minería se paralizó por un tiempo, pero los mineros volvieron. En el periodo más fuerte se calculó entre 500 y 600 retroexcavadoras, asegura. “¿Estas medidas cautelares, que están vigentes, ¿para qué sirve? Pedimos que se vuelvan a aplicar. ¿O estamos en manos de las mafia?”.

Fuente:http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-mineria-que-mata-la-vida-el-norte-esmeraldas

Cuenca, 28 de agosto del 2017

Río Blanco no se rinde. Hoy se cumplen 18 días de protestas frente al campamento de la minera china Junefield/Ecuagoldmining en los páramos del Cajas y los campesinos siguen firmes en su propósito de expulsar definitivamente a la empresa y proteger sus derechos y los de la naturaleza.

Inexplicablemente, no ha habido respuesta a su demanda por parte de las autoridades de la función ejecutiva en la provincia ni tampoco una clara voluntad de diálogo. Hasta la fecha, ninguna autoridad del ejecutivo se ha trasladado al lugar de los hechos para escuchar sus denuncias sobre los delitos ambientales y los abusos de la empresa minera.

Durante 18 días con sus noches, hombres, mujeres y menores de edad de Río Blanco han permanecido ante uno de los accesos a las instalaciones de la mina, desafiando el frío intenso de la noche, cocinando en comunidad y manteniéndose gracias al trabajo colectivo.

Ignorar las justas protestas de Río Blanco por parte de las autoridades competentes es faltar a su deber de garantizar los derechos establecidos en la constitución y es, de hecho, una forma de violencia estatal.

De otro lado, la minera china sigue llevando trabajadores de comunidades vecinas al campamento, lo cual crea un ambiente de tensión que ya se ha desencadenado en actos de violencia contra la comunidad de Río Blanco.

Para las organizaciones sociales hay dos motivos más de honda preocupación: la denuncia de militarización del territorio y las agresiones policiales. Personal y vehículos militares amanecieron el jueves anterior 24 de agosto en la comunidad de San Pedro de Yumate, ubicada a 30 minutos del campamento minero, de acuerdo con un tuit de la Voz del Tomebamba: “San Pedro de Yumate-Molleturo amaneció militarizado, debido a que moradores de Río Blanco se levantaron en contra de minería”.

En una carta enviada al gobernador del Azuay, Xavier Enderica, ese mismo día, varios integrantes de Yasunidos Guapondelig exigían disponer el retiro inmediato de los militares y detener las agresiones policiales, que también se habían producido, según denuncias de los comuneros recogidas por El Universo.

La jefa política del cantón Cuenca, Vanessa Cueva, en diálogo telefónico con Yasunidos Guapondelig, aseguró que no existían tales agresiones y que la presencia de los militares no estaba relacionada con el conflicto en Río Blanco, sino con un control de armas en la parte baja de Molleturo.

Yasunidos Guapondelig hace un llamado urgente al ministro del Interior, César Navas, al gobernador del Azuay, Xavier Enderica, y al jefe de Policía del Azuay, Coronel Pablo Tamayo Peñaherrera, a mantener la actuación de la fuerza pública férreamente ceñida a nuestros derechos constitucionales, a desmilitarizar la zona de manera inmediata y a resolver el conflicto a través del diálogo.

Igualmente, solicitamos un pronunciamiento al respecto al alcalde Marcelo Cabrera y al prefecto Paúl Carrasco, quienes votaron a favor de las declaratorias de Cuenca y del Azuay como territorios libres de minería metálica, así como al gerente general de ETAPA, Boris Piedra, y al subgerente de Gestión Ambiental, Paúl Vintimilla. ETAPA es la institución responsable del cuidado del Parque Nacional Cajas.

Exhortamos a los colectivos sociales y organismos de derechos humanos de la región y el país a permanecer en vigilia para garantizar la integridad de los campesinos y campesinas de Río Blanco, así como a los medios de comunicación a mantener una cobertura permanente del conflicto.

Entre los comuneros, los activistas, las ecologistas y las artistas que se dieron cita en el platón realizado el viernes anterior 25 de agosto frente a la gobernación del Azuay, el mensaje era que Río Blanco no está solo porque Río Blanco es el Cajas y el Cajas es Cuenca. Río Blanco defiende el agua que bebemos. “Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de Río Blanco es la mejor”, cantaban los manifestantes.

YASunidos Guapondelig

MALDONADO
La concesión del cinturón mineral de Carchi tiene preocupados a pobladores de Maldonado, Chical, y una amplia zona del cantón Mira, donde se prevé la presencia de empresas extranjeras de extracción minera.
Pobladores de Río Verde y El Cielito vienen denunciando sobre el cambio de vida que sienten estas poblaciones, una vez que se descubrió la presencia de minerales en El Cielito, en el cantón Mira.
Minería ilegal

Dirigentes estarían amenazados por “mineros ilegales” que han llegado en un gran número desde el sur del país hasta esa zona, donde antes se respiraba tranquilidad.
“En el sector se moviliza gente armada”, denuncian, además aseguran que allí existe gente con muchos intereses para hacer suyos estos territorios. El asambleísta René Yandún ha mostrado su preocupación por el tema.
La presencia de la Policía Nacional y el Ejército no es suficiente para garantizar la paz que reclama la gente de estas poblaciones, han denunciado, sin tener mayor respuesta, como señala Moisés Arcos, dirigente de la zona.
Un grupo de ambientalistas se muestra inquieto por las concesiones, advierten que está amenazada la Reserva Ecológica Golondrinas, en el sector de Chical y Maldonado, a más de 80 Km de Tulcán.
Nilo Ortiz, presidente de la Junta Parroquial de Chical ha hecho pública su preocupación. Ayer, varios activistas se reunieron en Tulcán con el propósito de solicitar mayor información sobre el tema.  (CMRV)

Fuente:https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102094548/preocupacion-por-concesiones-mineras

SEÑORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Nosotros, los defensores y defensoras del agua, hijos de la Abya Yala Andina, hijos e hijas del cóndor, el puma y la serpiente, en un gran abrazo comunitario, junto a académicos, investigadores, científicos, escritores, poetas, artistas, soñadores, criadores de la vida, considerando que la dimensión de ladevastación ecológica y de nuestro hábitat humano, a consecuencia del modelo civilizatorio/colonial cuyo eje es el mercado y la acumulación de riqueza mal habida de pocos.

Siendo necesario tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista y particularmente en la minería metálica industrial que despoja los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza, incluso bajo la forma de servicios ambientales solapados en la figura de programas de conservación.

Que el extractivismo profundiza el modelo colonial capitalista, explota y contamina los territorios y los pueblos, causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación a la hora de realizar consultas para los proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones.

Que el Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama de la cual es parte, que el Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una propuesta universal.

Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, ratificamos la defensa de las fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, indispensables para la reproducción de la vida.

Que la criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales.

Demandamos altiva y respetuosamente a Uds. como legisladores de la república del Ecuador y como responsable de las generaciones presentes y futuras, MEDIANTE LEY DECLAREN AL ECUADOR, TERRITORIO LIBRE DE MINERÍA METÁLICA INDUSTRIAL y se evite el saqueo y depredación y la destrucción que generan las corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza.

Además vigilen, interpelen y sancionen a los organismo y funcionarios del Estado que incumplan la aplicación imperativa del Consentimiento Previo, Libre e Informado como un derecho irrenunciable, expresión de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser tomada en cuenta y respetada.

Se proceda con al reforma al COIP para poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la Pachamama.

Fiscalicen y sancionen la corrupción de los gobiernos que tengan intereses con empresas extractivistas nacionales y transnacionales, que violan los derechos humanos y de la Pachamama.

Hasta tanto nos ratificamos en nuestra total oposición y resistencia a toda forma de despojo de los territorios, tierras, aguas y fuentes naturales por el modelo colonial/capital/extractivista, reconociendo que la resistencia es la esperanza de sustituir la “civilización extractivista”, por la civilización del “Sumak Kawsay” ello permitirá la derrota de la barbarie y el triunfo de la solidaridad, la vida y el comunitarismo.

En resistencia
Yaku Pérez Guartambel, Arariwa Sigcha, Stefania Lalvay, Ruth Pugo, Virgilio Ramon, Efren Arévalo, Mary Quintanilla, Sistemas comunitarios de agua Santa Isabel, Girón, San Gerardo, San Fernando, Zhaglli, Victoria del Porte, Tarqui, Suscal, Tambo, Cañar, Azogues, Santa Marianita, Cañaribamba, Irquis, Sayausi, San Joaquin, El Valle, Gualaceo, Sigsig, Quingeo.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/08/defensoresas-del-agua-solicitamos-a-asambleistas-que-declaren-a-ecuador-libre-de-mineria/

Kimsakocha, 19 de agosto del año Andino 5.525 / colonial 2.017

SEÑORES
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA /ASAMBLEA NACIONAL DEL
ECUADOR
Presente.-

De nuestras consideraciones:
Nosotros, los defensores y defensoras del agua, hijos de la Abya Yala Andina, hijos e hijas del cóndor, el puma y
la serpiente, en un gran abrazo comunitario, junto a académicos, investigadores, científicos, escritores, poetas,
artistas, soñadores, criadores de la vida, considerando que la dimensión de la devastación ecológica y de nuestro
hábitat humano, a consecuencia del modelo civilizatorio/colonial cuyo eje es el mercado y la acumulación de
riqueza mal habida de pocos.
Siendo necesario tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista
y particularmente en la minería metálica industrial que despoja los derechos de los pueblos, comunidades y
nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza,
incluso bajo la forma de servicios ambientales solapados en la figura de programas de conservación.
Que el extractivismo profundiza el modelo colonial capitalista, explota y contamina los territorios y los pueblos,
causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora
su participación a la hora de realizar consultas para los proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y
violaciones.
Que el Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama de la cual es parte, que el
Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una propuesta universal.
Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, ratificamos la defensa de las
fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, indispensables para la reproducción de la vida.
Que la criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades y de la
naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos
en la Constitución y en instrumentos internacionales.
Demandamos altiva y respetuosamente a Uds. como legisladores de la república del Ecuador y como responsable
de las generaciones presentes y futuras, MEDIANTE LEY DECLAREN AL ECUADOR, TERRITORIO LIBRE DE
MINERÍA METÁLICA INDUSTRIAL y se evite el saqueo y depredación y la destrucción que generan las
corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza.
Además vigilen, interpelen y sancionen a los organismo y funcionarios del Estado que incumplan la aplicación
imperativa del Consentimiento Previo, Libre e Informado como un derecho irrenunciable, expresión de los
derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser tomada en cuenta y respetada.
Se proceda con al reforma al COIP para poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la Pachamama.
Fiscalicen y sancionen la corrupción de los gobiernos que tengan intereses con empresas extractivistas nacionales
y transnacionales, que violan los derechos humanos y de la Pachamama.
Hasta tanto nos ratificamos en nuestra total oposición y resistencia a toda forma de despojo de los territorios,
tierras, aguas y fuentes naturales por el modelo colonial/capital/extractivista, reconociendo que la resistencia es la
esperanza de sustituir la “civilización extractivista”, por la civilización del “Sumak Kawsay” ello permitirá la derrota
de la barbarie y el triunfo de la solidaridad, la vida y el comunitarismo.
En resistencia
Yaku Pérez Guartambel, Arariwa Sigcha, Stefania Lalvay, Ruth Pugo, Virgilio Ramon, Efren Arévalo, Mary Quintanilla,
Sistemas comunitarios de agua Santa Isabel, Girón, San Gerardo, San Fernando, Zhaglli, Victoria del Porte, Tarqui, Suscal,
Tambo, Cañar, Azogues, Santa Marianita, Cañaribamba, Irquis, Sayausi, San Joaquin, El Valle, Gualaceo, Sigsig, Quingeo…

En dos lugares de 89 comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, zona norte de la provincia de Esmeraldas, la minería ilegal y legal todavía no intervine debajo de las casas de los comuneros y en ciertas áreas de sus parcelas.
No así en los ríos, esteros, bosques y en su gente, donde los efectos del uso indiscriminado del mercurio, arsénico, hierro, vanadio y aluminio que muchos usan para extraer el oro, han generado, incluso, mutación y extinción de los peces en ciertos afluentes.
Las evidencias gráficas y documentales las expuso en un foro contra la minería ilegal, Eduardo Rebolledo, investigador de la Pontificia Universidad Católica (PUCE) Esmeraldas. Su hallazgo determina que al menos 42 mil personas del norte de la provincia de Esmeraldas, en alguna ocasión, se expusieron a la contaminación provocada por las empresas mineras ilegales.
Los ríos cambiaron

Desde septiembre de 2015, la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) entregó cerca de 38 mil 700 hectáreas entre los dos cantones afectados a la Cooperativa de Producción Minera ‘Río Santiago y Cayapas’ (Coprosan), quienes manejan nueve concesiones. Ellos son considerados legales.
En la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, estiman que entre las 89 comunidades afectadas por la minería y la deforestación están unas 80 mil personas divididos entre niños, embarazadas, hombres y adultos mayores, la mayoría afro-ecuatorianos; también hay reportes de chachis.

Su gente no solo presenta problemas dermatológicos, sino estomacales. Depender de 15 afluentes que cruzan sus comunidades impide erradicar los problemas de salud. La pobreza también vive entre ellos.
“Los ríos ya no tienen sus colores naturales, ahora son plomos o amarillo oro”, detalla Kléver Santana, de Pastoral Social. La necesidad de tener agua segura y no convivir con la industrialización de la minería, llegó hasta a los entes de control en 2010.
Un año después, el 24 de marzo, el Juez Sexto de Garantías Penales Multicompetente de san Lorenzo, dispones siete medidas cautelares, las que hasta 2017, siguen pendientes, pese a que se dispuso cumplirlas en máximo 90 días.

Acciones de la audiencia

Entre las acciones están dar agua potable a las comunidades, determinar el estado de salud de los comuneros, suspensión total y absoluta de la actividad minera y la intervención de los ministerios del Ambiente, Salud, de Riegos, Senagua. Que cumplan su rol es una función de la Defensoría del Pueblo que impulsa la causa a favor de las 89 comunidades.
Los afectados, ambientalistas, de la iglesia, sociedad civil están convencidos que falta mucho por hacer, por organizaron la ‘Audiencia del Chocó’, que se hará a las 09:00, en el cantón San Lorenzo en el salón de actos de la parroquia cristiana ‘Martín de San Lorenzo’.

Se calcula que 207 personas copen en lugar. Entre ellos 13 testigos que escucharán 50 de la sociedad civil; 18 peritos; 70 comuneros; 40 de Quito entre otros que detallaran la problemática actual para luego en manifiesto, exigir del Estado: reparación integral y restauración.
“Se va a delatar la verdad de toda la afectación de la minería y la deforestación de las palmicultoras. Infamaremos incluso a las Naciones Unidas”, adelanta Kléver Santana, de Pastoral Social, quien promueve la ‘Audiencia del Chocó’. (MGQ).

Fuente:https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102093107/mineria-acaba-lentamente-con-89-comunidades-afro

Fruta del Norte y Mirador no serían los únicos proyectos mineros a gran escala en la provincia de Zamora Chinchipe. Así lo señala el prefecto Salvador Quishpe, al manifestar que cuatro nuevos grandes proyectos, todos de extracción de oro, podrían darse en los próximos años.

Si bien Fruta del Norte, en la parroquia Los Encuentros del cantón Yantzaza, y Mirador, en Tundayme de El Pangui, representan una preocupación para la autoridad provincial, los cuatro proyectos a los que se refiere le preocupan aún más. Es que a decir del prefecto, estos cuatro megaproyectos se darían dentro del cantón Zamora, y comprenderían territorios de parroquias como Timbara, San Carlos de las Minas y Zamora, y posiblemente también Cumbaratza.

Quishpe indica que si bien aún no hay estudios de esos cuatro proyectos mineros, seguramente habrá “alguien” que dirá que recién se van a realizar dichos estudios y que por ello la ciudadanía no debe preocuparse. Sin embargo, sobre el proyecto Mirador, indica que en el año 2006 “nos dijeron que no deberíamos preocuparnos, que solo estaban haciendo estudios y nada más”. No obstante, menciona desde entonces “ha pasado un poquito más de 10 años y en 10 años ya vemos lo que está pasando este rato en Tundayme: se han dado por un lado desalojos, se ha enterrado, literalmente, los restos arqueológicos de Tundayme, se ha destruido el ecosistema de la zona…”

El prefecto menciona que esos cuatro proyectos megamineros a los que se refiere podrían

darse en el cantón Zamora dentro de 10 o 15 años.

Durante una rueda de prensa efectuada ayer, el prefecto mostró un documento del Ministerio de Minería. Se trata de un instructivo firmado el 21 de febrero de 2017 por el subsecretario de Minería Industrial de esta cartera de Estado. En dicho instructivo están los términos de referencia técnicos para el proceso de subasta o remate que fue iniciado por alguien que desea ser concesionario. En ese mismo documento está el proceso de subasta de dos áreas mineras: Timbara y Timbara 2. Señala que estas dos áreas involucran a territorios de las parroquias San Carlos de las Minas, Timbara y Zamora, “y muy posiblemente una parte también (de) la parroquia de Cumbaratza”.

El Área Timbara, según el prefecto, constaría de 1.998 hectáreas; y el Área Timbara 2 comprendería 3.321 hectáreas de terreno.

Agrega que existen dos áreas más: Timbara 3 (4.901 hectáreas) y Timbara 4 (4.938 hectáreas). “En total son más de 15.000 hectáreas que están ubicadas en esta parte alta entre Cumbaratza, Timbara, San Carlos de las Minas y Zamora”, asegura el prefecto. (JGN)

EL DATO

Este Diario intentó ayer obtener una versión sobre el tema con las autoridades de la Subsecretaría Zonal Sur del Ministerio de Minería, cuyas oficinas están ubicadas en la ciudad de Zamora, pero se informó que hoy posiblemente habría un pronunciamiento oficial.

Fuente:https://www.lahora.com.ec/zamora/noticia/1102089312/prefecto-alerta-sobre-posible-mineria-a-gran-escala-dentro-del-canton-zamora