Según información emitida por el Ministerio de Minas, ante el pedido de Diario Opinión, en la provincia existirían 213 concesiones mineras en la provincia de El Oro.

El informe muestra dos concesiones de gran minería; una en Atahualpa y otra en Piñas. Una considerada mediana en Santa Rosa.

El mayor número de concesiones se observa en la pequeña minería donde existen 158 a nivel provincial. Zaruma es el lugar con mayor número de estas, 43. Le sigue Portovelo con 33, Santa Rosa con 29, Atahualpa con 14, Pasaje con 12, El Guabo con 11, Piñas con 7, Marcabelí con 5, Chilla con 2 y 1 en Balsas y Arenillas.

En régimen general, es decir en fase de exploración se detallan 52. En Zaruma hay 14, Atahualpa 9, Santa Rosa 8, Pasaje 6, Portovelo 5, Chilla 4, Piñas 3, El Guabo 2 y 1 en Arenillas. (OH1)

Fuente:https://www.diariopinion.com/local/verArticulo.php?id=960523

4.600 millones de dólares se invertirán en la construcción de la mina de los proyectos mineros estratégicos Fruta del Norte, Mirador y Río Blanco, entre 2017 y 2021. Otros dos, Loma Larga y San Carlos Panantza, aún están en fase de exploración avanzada, según expectativas gubernamentales.

Además se aspira que se inviertan 600 millones de dólares en proyectos de exploración de 237 concesiones mineras otorgadas.

Esa es la expectativa que tiene el Gobierno y que fue expresada en el II Congreso de Minería y Ambiente, denominado ‘Una visión integral al potencial de la industria’, que se realiza entre este jueves y viernes en un hotel de Quito.

El subsecretario de Minería Industrial, Henry Troya, dijo además que en conjunto con la industria han planteado la eliminación de los impuestos a las ganancias extraordinarias y de capital, los mismos que forman parte de las 139 propuestas que fueron presentadas al presidente Lenín Moreno de parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Según Santiago Yépez, presidente de Cámara de Minería, debido a que desincentivan la inversión.

Al consultarle a la viceministra de Minería, Rebeca Illescas, sobre si ha habido alguna preocupación por parte de inversionistas respecto al tema de la Consulta Popular, respondió: «Sí, les preocupa sin duda que podamos nosotros hacer un cambio radical sobre las inversiones en el sector minero, pero ya les hemos dado la tranquilidad -como lo ha indicado el señor presidente- (de) que vamos a continuar con el desarrollo de una actividad minera responsable».

Troya agregó que la Constitución y las leyes que se han ido creando ya garantizan que no se pueda realizar minería afectando cuerpos de agua. «No creemos que la vía sea una Consulta Popular de algo que ya está dispuesto», expresó.

El Régimen está analizando nuevos proyectos para los próximos 12 a 15 años. (I)

Fuente:http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/28/nota/6405073/gobierno-asegura-que-consulta-popular-preocupa-inversionistas

En 19 artículos sustentó y aprobó –por unanimidad- el Concejo Cantonal de Cuenca el pedido de que se incluya en la consulta popular dos preguntas referentes a la actividad minera.

Por este tema, los ediles se convocaron en sesión este 25 de septiembre del 2017. En la capital azuaya existen los proyectos Río Blanco y Loma Larga, considerados estratégicos por el anterior Gobierno, ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y Reserva de Biósfera.

El primero está en etapa de construcción y Loma Larga en exploración avanzada. Desde hace más de cinco años grupos de comuneros, ambientalistas, sectores sociales, colectivos de defensa del agua, autoridades municipales y del Gobierno Provincial han cuestionado y mostrado rechazo a cualquier tipo de minería a gran escala en páramos y fuentes de agua.

Por esta razón, el concejal, Iván Granda, propuso que el Gobierno Nacional le consulte al pueblo sobre la decisión o no de realizar minería en estos territorios.

Al final se aprobaron dos opciones de preguntas que serán remitidas al presidente de la República, Lenín Moreno, para su análisis.

La primera tiene alcance nacional y dice: “Debe eliminarse y, en adelante, prohibirse las actividades de minería metálica en fuentes de agua, zonas de páramo, humedales y bosques nublados alto Andino, extinguiendo, además, las autorizaciones a las concesiones mineras metálicas en todas sus fases y declarando éstas como zonas intangible; mediante una enmienda Constitucional promulgada por la Asamblea Nacional que modifique el Artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador y la ley reformatoria de Minería y los cuerpos legales nacionales? La otra se circunscribe para el cantón Cuenca y dice: “Deben eliminarse y prohibirse expresamente las actividades de minería metálica en fuentes de agua, zonas de páramo, bosques nublados alto Andino y humedales en el cantón Cuenca.

Extinguiendo además las autorizaciones a las concesiones mineras metálicas en todas sus fases y declarando éstas como zonas intangibles; mediante una reforma a la Ley de Minería”. Para el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, esta decisión se basa en la invitación de dialogo nacional que impulsa el presidente Moreno.

“Nos preocupa que en los últimos meses se han entregado 2 309 concesiones en el área protegida de páramo, que Etapa tiene para conservar sus fuentes hídricas”. Cabrera dijo que con las comisiones de Medio Ambiente y Legislación prepararán toda la documentación para entregarle al Presidente Moreno y que harán todas las gestiones en Quito para que se incluyan las preguntas.

Para Granda, con esta decisión buscan preservar las fuentes hídricas en las zonas de páramo del macizo del Parque Nacional Cajas, frente a una eventual actividad extractiva.

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/cuenca-propuesta-mineria-consultapopular.html

Mediante resolución, el Concejo Cantonal aprobó ayer enviar al presidente Lenín Moreno una solicitud para que en la consulta popular, propuesta por el actual régimen, se incluya una pregunta sobre la suspensión de la minería en ecosistemas andinos en Cuenca y en el país.

La lucha de los pueblos indígenas ecuatorianos contra el extractivismo minero.

Celebrada en el sábado 2 de septiembre en el Salón Municipal de Gualaquiza (Morona-Santiago) la Audiencia de la Cordillera del Cóndor tuvo una Comisión conformada por Diana Atamaint exAsambleísta por Morona Santiago, Simón Espinosa de la Comisión Nacional Anticorrupción, Maritza Bolaños de Cajamarca, Dominga Antún del pueblo shuar, Carmen Suquilanda del pueblo saraguro e Ivonne Yánez de Acción Ecológica.

Ante esta Comisión se presentaron 17 peritajes desde distintas universidades y autoridades de los pueblos, que dieron prueba de las violaciones de derechos acometidas por la empresa minera china ECSA. Entre ellas, se destacó el violento desalojo del barrio completo de San Marcos en Tundayme, la destrucción total de los ecosistemas acuáticos del valle del Quimi y el hostigamiento continuo que sufren los líderes opuestos a la minería. Se apuntó al Estado ecuatoriano como corresponsable de estas violaciones, al generar las concesiones mineras de manera fraudulenta y con Estudios de Impactos Ambientales con grandes deficiencias y sin consulta previa.

Se realizó mención especial a la impunidad del líder shuar antiminero José Tendetza cuyo asesinato sigue hoy sin ser resuelto, en medio de graves deficiencias de la Fiscalía. La Comisión también se pronunció en sus recomendaciones a favor de la paralización de la persecución y juicios a los líderes shuar, considerando que el Estado abrió una guerra declarada contra quienes defienden los derechos de la naturaleza y de las nacionalidades indígenas. En sus conclusiones, la Comisión recomienda la restitución de los ecosistemas y la reparación de las sociedades maltratadas por ECSA, así como la paralización de sus proyectos mineros y la salida del país de la empresa.

En la Audiencia de la Cordillera del Cóndor también estuvieron presentes como testigos de la sociedad el actor Cristoff Bauman, el youtuber Ave Jaramillo o la cantante Caye Callejera, que junto a numerosos muralistas y artistas de performance llenaron Gualaquiza de arte y una numerosa marcha en la tarde para dar apoyo a las comunidades que han sufrido el hostigamiento estos años por la defensa de derechos. El domingo 3 de septiembre, la Comisión realizó una ruta de verificación en el proyecto Mirador de la empresa ECSA en Tundayme, donde pudo constarse el avance de la empresa minera y los daños producidos por su actividad.

Fuente: http://www.radiotemblor.org/?p=9431

Cuando se cumplían 30 días de resistencia comunitaria al proyecto de la minera china Junefield,el pasado 9 de septiembre, se celebró el Encuentro

por la Defensa de Río Blanco y el Cajas. La consigna fue “NO PASARÁN”.

Río Blanco, 9 de septiembre del 2017

 13 organizaciones que forman parte del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, junto con la Comunidad de Río Blanco y algunos pobladores de la comunidad de Yumate, se reunieron el pasado sábado 9 de Septiembre en la entrada del campamento minero de la empresa china Junefield, para apoyar la exigencia de la comunidad de Río Blanco de desalojar a la empresa de su territorio.

Las y los asistentes pudieron evidenciar de primera mano que el humedal Cruz Loma ha sido rellenado con escombros por parte de la empresa, y de la misma manera recorrieron los terrenos desecados en los que los pobladores aseguran existían ojos de agua.

Enseguida se dio inicio a una gran Asamblea en la que la comunidad de Río Blanco, a más de exteriorizar sus demandas, manifestó que su moral está en alto y que su decisión de no deponer su lucha hasta que la minera salga de su territorio es inquebrantable.

 Las organizaciones de la ciudad de Cuenca y otros cantones del Azuay expresaron su respaldo a Río Blanco, dada la experiencia en la resistencia a proyectos mineros en áreas como Kimsakocha y Santa Isabel, o en base a sus investigaciones sobre el involucramiento de estas industrias extractivas en casos de corrupción.

La Asamblea de los Pueblos del Sur y la Red Agroecológica del Austro entregaron sus cartas de respaldo a la comunidad, mientras que éstas y otras organizaciones se hicieron presentes con donaciones de víveres para sostener la medida de hecho sostenida desde hace un mes por parte de la comunidad.

 Como resultado de esta asamblea se redactó la DECLARATORIA DE RÍO BLANCO en la que se acuerda, entre otras cosas, reafirmar la unidad frente al extractivismo minero que amenaza nuestra provincia y otras provincias del país, apoyar la exigencia de la comunidad de Río Blanco para que la empresa salga de su territorio, presentar las acciones legales pertinentes, solicitar la intervención de organismos de DDHH, solicitar la verificación por parte de ETAPA del desecamiento de humedales y ojos de agua en esta área del Cajas, construir una plataforma provincial por la defensa del agua para exigir se respeten las Declaratorias cantonal y provincial que declaran a Cuenca y el Azuay como territorios libres de minería metálica.

Recordemos que el proyecto minero Río Blanco, así como el proyecto Loma Larga/Kimsacocha, están ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y en bosques protectores del agua, el suelo y la biodiversidad: Molleturo-Mollepongo, Yanuncay-Irquis y El Chorro.

 Además de las 13 organizaciones presentes, la declaratoria fue suscrita por 90 personas, la mayor parte miembros de la comunidad de Río Blanco.

 La jornada terminó con una pampamesa y baile popular.

 Fuente: CABILDO POPULAR POR EL AGUA DE CUENCA

Todo este recorrido estuvo marcado por una fuerte presencia policial, verificándose entonces que las instituciones del estado se han desplegado en resguardo de una empresa privada.

En la comunidad Río Verde, varias autoridades mantuvieron una reunión de trabajo para tratar temas relacionados con la minería ilegal que se registra en El Cielito, en el cantón Mira, que vienen sobresaltando la seguridad del sector.

Las instituciones de control buscan articular acciones con los comuneros de la zona con la finalidad de garantizar la seguridad, frente al éxodo de personas extrañas desde varias provincias del país.
Santiago Chamorro, subsecretario de Minas, explicó que la Mina Blanca y Nieves fue entregada a la empresa ganadora de la concesión, Sol Gold, la cual debe cumplir con varios requisitos de acuerdo al artículo 26 de la actual Ley de Minería.
Entre las obligaciones que debe cumplir constan: licencia ambiental, orden de prelación sobre el derecho al acceso del agua, declaración juramentada que exprese que las actividades mineras no afecten: infraestructura, vestigios arqueológicos, patrimonio natural y cultural.
El coordinador de la Agencia de Regulación y Control Minero, Cristian Terán, manifestó que durante los meses de enero y febrero se logró desalojar a 1.500 personas, disponiendo la seguridad del lugar a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
En la reunión, el gobernador Alex Cruz, comprometió a los organismos de control para que continúen colaborando con la seguridad de las personas que viven en la zona y traten de desalojar a los que realizan minería ilegal.
Otra de las disposiciones fue detener a los ciudadanos que amenazan a los pobladores y que utilicen herramientas como: vehículos para transportar material minado, retroexcavadoras, armas de fuego, entre otros.
En cambio Sebastián Sacoto, asesor del ministro de Minería, se comprometió a mantener un acercamiento con Sol Gold, para que la empresa brinde seguridad a los ciudadanos.
Aclaró además, que si los comuneros no quieren minería ilegal, no deben tener ninguna vinculación con los ilegales que llegan a la comunidad El Cielito. Pidió denunciar a la Fiscalía para ejercer un seguimiento y procesar los casos.

Fuente: https://www.lahora.com.ec/carchi/noticia/1102099588/anuncian-medidas-para-garantizar-la-seguridad-en-el-cielito

La glorieta del Parque Calderón fue el escenario elegido por los zarumeños residentes en la ciudad para clamar por ayuda a su cantón, candidato a declararse patrimonio de la humanidad ante la UNESCO, que, hoy por hoy, está en grave riesgo de hundirse a causa de la minería ilegal.

En Cuenca habitan alrededor de 3.000 zarumeños, según los dirigentes de la colonia de residentes en la ciudad. Muchos de ellos están buscando un espacio para traer a sus familias, ya que es evidente el peligro de que parte del centro histórico de Zaruma se hunda.
Así lo estableció ayer el Comité de Operaciones de Emergencia, COE provincial de El Oro, donde el alcalde de Zaruma, Jhansy López, explicó que unas 70 casas están en riesgo de desplomarse en el barrio Pichincha, corazón de la ciudad.
La Asamblea Nacional se sumó a la preocupación por lo que sucede en el cantón que limita con el suroeste del Azuay, y la tarde de ayer exhortó al presidente Lenín Moreno a declarar a Zaruma en estado de excepción, informó el asambleísta Juan Cristóbal Lloret.

Miguel Carrión vive en Cuenca desde hace cinco años. De su familia. en Zaruma solo tiene dos hermanos, ya que sus padres y otros tres hermanos viven con él al sur de la capital azuaya. “Huimos de la minería antes de que nos deje sin nada”, asegura.

El COE cantonal implementa albergues y zonas seguras ante un posible hundimiento. Hasta el viernes deberá estar listo un plan de evacuación, debido a que una prospección de la Secretaría de Gestión de Riesgos, SGR, reveló la existencia de dos túneles huecos cerca de la zona del hundimiento central, informó el alcalde de Zaruma.
López tomó además la decisión de cerrar las calles 24 de Mayo y Luisa Crespo, así como la escuela Fe y Alegría, también afectadas por el hundimiento.
Pese a esto, y al peligro que representa la minería artesanal, la actividad ilegal no cesa. Ayer, el Instituto Nacional de Investigación Geológica y Minera, INIGEMM, denunció el ingreso de mineros al hundimiento para extraer muestras de oro en la zona donde se ejecutan trabajos de remediación.
Esto generó el arribo a Zaruma de un nuevo contingente militar y policial para evitar la minería ilegal, informó el Ministerio del Interior.
El ministro de Minería, Xavier Córdova, durante su última visita a Cuenca, la semana pasada, señaló que el problema “es complejo porque la minería ilegal, en una zona donde está prohibido hacer esta actividad, está poniendo en riesgo la existencia propia de Zaruma”.
Aseguró que se trabaja en coordinación con los ministerios de Defensa y del Interior en controlar la minería ilegal, para luego formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales con el objetivo de que ejerzan su actividad sin afectar a la población.