La provincia de Zamora Chinchipe es uno de los lugares más exuberantes del mundo, la alta Amazonía donde se unen la Sierra del Cóndor y los Andes. Uno de los puntos de mayor biodiversidad de América entera hoy está seriamente amenazado por la expansión de enclaves mineros. El gobierno de Rafael Correa mientras esgrimía discursos antimperialistas concesionó el 48% de Zamora Chinchipe a las mineras chinas, canadienses y de EEUU. 500 000 hectáreas entregadas a la irracional codicia trasnacional que destruye y contamina. Solo en la Sierra del Cóndor pretenden abrir 300 enclaves mineros. Se me parte el alma al ver como entregan uno de los tesoros más grandes de Ecuador a la destrucción minera.

Soy testigo de lo que realmente pasa y pude estar ahí, donde le tumbaron las casas y la escuela a la gente, donde no se respeta la legislación ambiental y destruyen nacientes de agua pura y desaparecen ríos enteros, donde asesinaron a José Tendetza en el 2015 por resistirse a dejar su tierra. Sucede en Tundayme parroquia de Zamora Chinchipe, una comunidad concesionada hoy al proyecto minero Mirador de la compañía ECSA. La compañía empezó engañando a la población con testaferros que compraban las tierras, mintieron y le dijeron a la gente que sería para uso agropecuario, no tardaron en trasferir lo comprado a la minera.  Las personas que no quisieron vender a partir del 2013 fueron expropiadas con militares, policías y tractores.  Sus casas derribadas en la madrugada y enterradas con maquinaria, como si con ello pudieran tapar la memoria viva de la gente.  Aplicando una inconsulta Ley de Servidumbre Minera el Gobierno de Correa destruyó toda una comunidad indígena para que operara la minera.

Destruyeron la comunidad entera de San Marcos, su iglesia y su escuela. El sacerdote mismo de la parroquia entregó su iglesia al mejor estilo de Judas y le firmó el permiso a la minera para tumbarla. ¿Habrase visto un sacerdote más indiferente al sufrimiento de toda su parroquia?

La abuelita Indígena Wari Ampush de más de 100 años de edad, no habla español, es indígena Shuar y la sacaron de su casa para abrirle paso al bulldozer. La han desplazado ya dos veces, sin derecho a nada. Hoy la abuela vive al margen de la minera en una peña desde donde se ve por la ventana el avance del desierto artificial que arrasa su selva, su hogar; desde lejos escuchábamos las explosiones de dinamita y escuchábamos como se acerca una vez más la maquinara.

También hablé con Luis Sánchez Zhiminaycela. Presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI). Nos llevó ladera arriba, donde alguna vez estuvo su casa y la de su familia hoy se extiende un mar de tierra arrasada, le sacaron del sitio donde nació, del sitio en donde creció sin derecho alguno. Hoy Luis Sánchez resiste y lucha contra lo que pareciera ser aplastantemente irreversible. Todo ha sido ya destruido, no hay más vida, contamos más de 120 vehículos de maquinaria pesada trabajando, arrancando, removiendo, destruyendo. Además, me preocupa también la integridad de Luis Sánchez y la gente de CASCOMI que resisten sin apagar su esperanza y su amor a la selva y a la vida.  Al ver tanta destrucción confieso que se me partió el alma y tuve que llorar.

Navegando por Alta Amazonía. Al visitar el Alto Nangaritza con mi buen amigo Salvador Quishpe, Prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, encontré uno de los ríos más hermosos que haya podido ver a través de mis múltiples viajes por América Latina, mientras admiraba la vida en borbollones solo podía pensar que también todo ese paraíso está hoy concesionado a las malditas mineras.

En Nangaritza se encuentran los Tepuyes, unas especiales formaciones geológicas, mesetas de arenisca que parecieran verdes islas en un mar de bosque y de ríos, por su diversidad de especies aisladas les han llamado las “Galapagos Amazónicas”. Para los Indígenas de la zona los Shuar estas mesetas se llaman Murá Nunka. Tienen paredes verticales y las cúspides son aplanadas lo cual decanta en la evolución de microecosistemas que albergan especies únicas en el mundo.

Explica Salvador Quishpe, orgullosamente indígena Saraguro y un verdadero defensor de la Amazonía que incluso en varias ocasiones fue apresado y agredido por los militares: “Se sabe que la región de la Cordillera del Cóndor tiene la flora más rica de cualquier área de tamaño similar en América tropical”  así mismo continúa diciendo “En las dos últimas expediciones científicas realizadas en el alto Nangaritza se encontraron 56 especies nuevas, esto es mucho si tomamos en cuenta que el descubrimiento de una sola especie es muy relevante para la ciencia, pero cuando estos hallazgos ocurren por docenas en muy corto tiempo, hablamos de un evento científico extraordinario. De hecho, la frecuencia de estos descubrimientos ha llevado a algunos botánicos a proponer a las cordilleras amazónicas como una nueva región biogeográfica; esto representaría el hallazgo de un especial ecosistema para el mundo…”

Nangaritza es el último refugio de la cultura Shuar en Zamora Chinchipe, pues en el resto de la provincia esta cultura ha sido profundamente modificada y absorbida por los patrones culturales y los sistemas productivos nacionales. Por tanto, si se quiere preservar la lengua, territorio y tradición Shuar, la única fuente referencial para restaurarla en Zamora Chinchipe estará en el Alto Nangaritza. En la comunidad Shuar de Héroes del Cóndor pude hablar con algunas personas líderes en un encuentro bastante concurrido. Mi mensaje ante su determinación de defender la Alta Amazonía de las concesiones mineras fue sencillo: “El pueblo Shuar no está solo y desde el ecologismo internacional estaremos vigilantes y acompañándoles en la defensa de su territorio”.

De seguir adelante con los procesos de explotación Minera en Nangaritza y en la Cordillera del Cóndor, Ecuador destruirá su verdadero tesoro. El verdadero oro de Ecuador es la riqueza cultural y biológica que alberga. El pensamiento cortoplacista del nuevo socialismo Sur Americano pareciera no darse cuenta que cuando la cordillera del Cóndor tenga los 300 enclaves mineros en actividad extractiva habrá perdido el recurso más valioso para establecer un verdadero modelo de desarrollo que beneficie a sus comunidades desde una economía mucho más democrática. Mi país Costa Rica es buen ejemplo de lo mencionado. Haber prohibido la minería metálica a cielo abierto por unanimidad ante el congreso de la República y haber establecido una moratoria a la explotación petrolera nos hace ser un país grande y que camina hacia un desarrollo económico que no compromete el futuro de las generaciones que ni siquiera han nacido.

Me duele Ecuador como si fuera mi casa. Me duele la poca visión de sus gobernantes y la indiferencia borracha de alguna de su gente. Están al borde de minar su futuro, de vender la vida misma a las trasnacionales, pero también encuentro en Ecuador gente valiente y muy consiente que a pesar de la hostilidad del gobierno central (mayordomo de la extracción trasnacional) resisten y defienden los sitios más sagrados y megadiversos de este hermoso continente.

Desde el ecologismo internacional es urgente mantenerse alertas y observando el conflicto minero y petrolero en Ecuador. No podemos dejar solos a nuestros compañeros indígenas en la defensa de su territorio ancestral, no debemos ser indiferentes ante el mayor genocidio de estos tiempos.

Fuente:Bloque Verde.

Para las cinco preguntas de reforma constitucional propuestas por el presidente Lenín Moreno no solo hay pedidos para que las rechacen, sino para que las modulen, como es el caso de la iniciativa relacionada con la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, inmateriales y centros urbanos.

La jueza de la Corte Constitucional, Tatiana Ordeñana, encargada de elaborar el proyecto de dictamen de constitucionalidad, recibió el miércoles pasado a 37 interesados en los cinco textos de referendo, de los que cuatro pidieron que la pregunta cinco sea modulada.

Mauricio Murillo, delegado de las cámaras cantonales de Minería de Piñas y Zaruma, pidió que se elimine la frase “centro poblado y se ponga: zona de exclusión minera”.

También Geovanni Fantoni, abogado de la compañía de bienes raíces BIRA, ​propuso que se cambie el texto para que se permita la “operación minera metálica ​en centros urbanos cuando se trate de compañías, asociaciones, mineras artesanales organizadas”.

Yaku Pérez, dirigente de la Ecuarunari, pidió que se amplíe la protección de la minería a bosques frágiles. Un argumento similar tuvo el catedrático y ambientalista Ramiro Ávila.

Y ayer el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, recibió a nombre del presidente Moreno un manifiesto de respaldo a la consulta popular con las firmas de los líderes de al menos doce organizaciones sociales.

Al acto asistió Nathaly Toledo, dirigente del movimiento Centro Democrático, quien aseguró que respaldan el ‘Sí’ en las siete preguntas, a través del frente Somos Ecuador.

Ángel Rivero, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos (Fenacle), anunció que difundirán las preguntas y promoverán el Sí.

Cevallos les agradeció el apoyo ofrecido y dijo que “los ecuatorianos deben participar de la consulta”.

Más respaldos
Unas 25 organizaciones sociales afines al gobierno de Moreno se concentraron ayer frente a la Corte Constitucional, en Quito, para exigir que se apruebe la consulta popular. Se colocaron carpas para hacer una vigilia. La Asociación de Municipalidades (AME) resolvió apoyar el plebiscito. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/17/nota/6483601/mineros-ecologistas-plantean-ajustar-pregunta

El martes 14 de noviembre, en las instalaciones de la Gobernación, representantes del Ministerio de Minería realizaron la sociabilización de la política pública minera y a la vez se absolvieron algunas dudas de las comunidades de las Pampas, frente al proyecto de minería La Plata, en la parroquia de Palo Quemado.

Fue necesario tener un poco de tiempo, para lograr entender cuáles eran las particularidades, ya que había cierta preocupación de la población de las Pampas, sobre el tipo de afectación en el tema ambiental, en la parroquia vecina de Palo Quemado, manifestó, Sebastián Sacoto, asesor del ministro de Minería Javier Córdova.

Según dijo, no hay ningún tipo de afectación y lo que han hecho los habitantes en territorio, es ver los pasivos ambientales que quedaron de una operación realizada en los años 70 y 80 y eso está inventariado por dicha compañía. Además, les explicó que está en terrenos privados y lo que se ha hecho es concesionar el subsuelo y no el suelo.

Esta reunión también se replicará con los moradores de Palo Quemado este jueves, en vista de que la problemática es distinta. Recordó Sebastián Sacoto que el proyecto La Plata está en exploración avanzada y tendrá entre 3 a 4 años de estudios.

“El pueblo ha dicho no a la minería”, expresó Eduardo Villamarín, representante de la comunidad Piedra Colorada de la parroquia Las Pampas, quien señaló que este problema les afecta en el tema de la agricultura y  ganadería, pues hay zonas pobladas y la contaminación sería considerable. Dijo que el proceso sería como una “muerte lenta para la población”.

Ante esta situación, están pidiendo a las autoridades que desistan de la explotación de la mina, caso contrario, la comunidad se acogerá al derecho a la resistencia. Según Villamarín, esta parroquia sería afectada en el tema del agua y están siendo apoyados por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y por la Curia, que son las entidades que más han estado al frente.

Se genera este proceso desde varios años atrás, pero se han tomado acciones, cuando están en la fase avanzada de exploración y el pueblo no ha sido consultado y no ha habido la sociabilización, por ello, el rechazo contundente, indicó  Eduardo Villamarín.

Al finalizar la jornada, se ha solicitado que haya una nueva sociabilización frente a la comunidad y que asistan las autoridades. No se estableció fecha, mientras tanto, seguirán haciendo sesiones con el directorio, los grupos sociales y el MICC, pero saben que la única salida será la resistencia.

Fuente:https://lagaceta.com.ec/moradores-las-pampas-se-oponen-al-proyecto-mineria-palo-quemado/

La presencia de minería y cuidado del  agua ha sido los temas centrales para las autoridades y moradores de las Pampas y Alluriquín  para esto se creó el  Comité de Defensa de la Naturaleza y la Vida que está integrado por diversas organizaciones sociales y la propuesta es que Cotopaxi se le declare una provincia libre de Minería.

La iglesia acompaña en este proceso organizativo Monseñor Giovanni Paz, obispo de Latacunga, indicó que anteriormente se pensaba que las Pampas estaba identificada con la minería pues no es así ya que una vez más se ha ratificado “el sí a la vida y el no a la minería”.

En este sentido y a través de una asamblea se conformó el Comité de Defensa de la Naturaleza y la Vida que está integrado por las Juntas Parroquiales, Organizaciones de Mujeres, Organización Flor de Caña y los representantes de las comunidades afectadas.

Inicialmente se formó un pequeño Comité en Palo Quemado y hoy adquiere mayor fuerza con la participación de Alluriquín y Santo Domingo que también están presentes esto al estar de acuerdo que la afectación es de todos, señaló el Obispo.

Igualmente entre las propuestas es que la Prefectura junto con la Alcaldía declare a Cotopaxi una provincia libre de minería, y que el GAD Municipal sea ecológico y que el cantón también lo sea esto en defensa de la naturaleza y la vida.

Actualmente se continúan con los procesos de sociabilización y según Monseñor Giovanni la gente  ha tomado conciencia y defiende su vida,  ya que la minería ha afectado a tres especies de caña primero era la blanca, luego la negra hoy es la Cuba igual el pasto, de igual forma pasa con el agua que está contaminada como es el caso de que en Santa Rosa hay el líquido vital por horas. (I)

Fuente:https://lagaceta.com.ec/comite-defensa-la-naturaleza-la-vida-se-crea-frente-la-mineria-contaminacion/

Hoy 12 de octubre, 525 años después de iniciarse la invasión y despojo de Abya Yala, observamos con consternación que las prácticas coloniales asociadas a la minería siguen incólumes y solo se han perfeccionado y tecnificado creando una institucionalidad para seguir afectando a las comunidades rurales y campesinas. Quienes conformamos la Comisión de esta Audiencia, y con base de todos los testimonios y peritajes expuestos, evidenciamos que el desarrollo de los proyectos mineros Loma Larga (Kimsakocha) y Río Blanco han implicado graves vulneraciones y violaciones a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades que en ellos habitan.

En cuanto a la vulneración de los Derechos de la Naturaleza y según los peritajes presentados, inferimos que no existe un cumplimiento estricto de la normativa legal local (ordenanzas), leyes superiores, la misma Constitución y los acuerdos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Evidenciamos que la normativa legal en materia ambiental es obsoleta, desarticulada y que impide la defensa de los intereses del Ecuador, dejándonos vulnerables ante las empresas mineras. En el mismo sentido, encontramos que no se están acatando los principios ambientales, de incertidumbre y de precaución, hecho que se agrava al ser el páramo un ecosistema frágil, con una importante diversidad biológica (riqueza y endemismo de especies) y con funciones ecológicas clave, cuya explotación pondría en riesgo la supervivencia de especies y el desarrollo de procesos biológicos a lo largo de la Reserva de la Biósfera Macizo del Cajas. Pobladores de la zona han denunciado la afección de varios cuerpos de agua como efecto de las actividades mineras durante la fase de exploración avanzada. Los estudios ambientales para la obtención de la licencia ambiental son exiguos y no cumplen con la normativa en el ámbito formal ni en el contenido, por lo tanto, carecen de validez técnica. La ausencia de estudios técnicos integrales sobre el balance y la seguridad hídrica de la unidad hidrogeológica Cañar-Cuenca-Girón amenaza la futura gestión del patrimonio hídrico para las presentes y futuras generaciones.

La imposición de estos proyectos mineros ha generado una miríada de violencias dentro de los territorios. El centro de origen de estas violencias ha sido el Estado, a través de su aparato represor, cuya estrategia ha sido y es provocar a los habitantes de estas zonas, generar conflictos y después victimizarse e iniciar procesos judiciales para amedrentar, dividir y desgastar a los y las defensoras de la vida y del agua. Se ha afectado a la salud de las comunidades y de la naturaleza de una manera completa. La criminalización de la protesta social ha sido frecuente en el gobierno anterior, sin embargo, esta tendencia no ha variado con el cambio de mando en el país. Durante estos días hemos sido testigos de acciones de intimidación, persecución y hostigamiento a las personas de Río Blanco, que llevan 63 días de paro con la empresa minera, por el sólo hecho de negarse a aceptar un “modelo de desarrollo” incompatible con sus formas de vida (ganadería y agricultura), que depreda la naturaleza y agota el agua, que viola los derechos fundamentales y favorece el fraccionamiento familiar y comunitario. Queremos develar la imposición de un camino unívoco, en el cual el disenso está prohibido y es castigado, donde las formas de vida locales son menospreciadas, donde la emergencia de otros lenguajes de valoración es negada de forma violenta y perversa. Asimismo, existe un discurso agresivo que cuestiona y deslegitima las voces opuestas al extractivismo, que se sirve de dispositivos de control social para acallar las asimétricas disputas sociales y ocultar, mediante su aparato de propaganda, las luchas de resistencia comunitarias y de la sociedad civil.

Enfatizamos que de forma constante y permanente, el Estado y sus entidades competentes coartan el libre ejercicio de los derechos, en materia de Participación Social, obstaculizando el proceso de consulta popular en unos casos y, en otros, deslegitimando los resultados obtenidos con una notable mayoría en los territorios aledaños al proyecto Loma Larga. En esta Audiencia se ha desvelado el blindaje institucional y legal que posibilita la corrupción, hemos visto cómo se crea un entramado normativo para favorecer los emprendimientos extractivos en detrimento de los bienes comunes y de la decisión soberana de los pueblos. También hemos corroborado la opacidad estatal, al denegar el acceso a la información a través de trabas burocráticas y técnicas.

Constatamos que en Río Blanco y Kimsacocha se ejecuta el mismo libreto internacional de las empresas mineras que empieza con la división de la comunidad y termina con la criminalización de los líderes detractores de la minería.

Denunciamos que la pregunta de la Consulta Popular sobre el tema de minería no recoge el sentir de la población ni incluye todos los territorios que protegen el agua.

Caso emblemático presentado es el de la minería en plena ciudad de Zaruma, donde distintas instituciones del Estado han violado también el derecho a la ciudad por acción u omisión, destruyendo una ciudad patrimonial y anidando todo tipo de corrupciones.

Establecida la verdad, los pasos iniciales para el resarcimiento de la justicia y la reparación, se plasman en las siguientes resoluciones:

1. El cese inmediato de hostigamiento, persecución y criminalización a los habitantes de Río Blanco, por parte de personas allegadas a la empresa Junefield, la policía y el Ministerio del Interior.

2. La liberación inmediata de los miembros de la comunidad de Río Blanco detenidos injusta e ilegalmente. Asimismo la invalidez de las boletas de captura para algunos miembros de la comunidad de Río Blanco. Rechazamos toda la estrategia de las empresas mineras y del Ministerio de Minas de engañar a través de todo el aparato comunicacional.

3. La eliminación y expulsión de los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco. Iniciar una veeduría integral que incluya la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental, la revisión de los contratos, de las regalías anticipadas, los supuestos procesos de consulta previa, libre e informada efectuada en cada caso, así como la inmediata aplicación del Mandato Minero de rango constitucional.

4. Exigimos, en coherencia con el Plan Nacional del Buen Vivir, los programas estatales y el proceso de la consulta, se declare la extinción de las concesiones mineras. Asimismo, denunciamos que las actividades mineras en el Azuay son parte de todo el entramado de corrupción que se ha incentivado en el país. Las trasnacionales mineras no se vinculan a temas éticos ni de cumplimiento de la normativa, la corrupción asociada a las mismas es el hecho cotidiano. No existe minería responsable.

5. La reparación integral de las comunidades defensoras por las agresiones generadas por el Estado y las empresas mineras. La reparación debe incluir el reconocimiento del daño causado, programas de recuperación psicológica provocada por el ingreso de las compañías y sus impactos psicosociales.

6. La restitución integral de los derechos de la Naturaleza, que incluye la remediación completa de los ecosistemas destruidos y afectados.

7. Declarar los páramos y fuentes de agua libres de minería y respetar las resoluciones del Concejo Cantonal y el Consejo Provincial. Exigir que se anulen las concesiones mineras en los páramos, el Macizo del Cajas y áreas de bosques y vegetación protectora.
   8. Demandamos una consulta real y efectiva a las comunidades y la ciudadanía.

    

   9. El reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en la violación de derechos hoy documentada, para que cumpla su rol de promover, proteger y garantizar los derechos de la población y ejecute las políticas correspondientes de defensa del territorio y sus habitantes, en lugar de apoyar los intereses corporativos transnacionales. Hacemos especial mención a la responsabilidad del Ministerio del Ambiente y de la Defensoría del Pueblo para que cumplan sus obligaciones.

    

   10. La reparación integral incluye además la garantía de no repetición y que los responsables implicados en las violaciones de derechos sean sancionados. Buscaremos todas las instancias nacionales e internacionales para que estos casos no queden en la impunidad.

Por la defensa de la naturaleza y de los pueblos, la Comisión se declara en sesión permanente y en compromiso para que estas resoluciones sean cumplidas.

Firma la Comisión formada por:

Nidia Solíz

Colectivo Yasunidos

María Cecilia Alvarado

Viceprefecta del Azuay

Isabel Anangonó

Comunidades del Valle de Intag

Arturo Quizhpe

Movimiento para la Salud de los Pueblos

Magaly Quezada

Alcaldesa de Nabón

Son 64 días de resistencia contra la minería industrial por parte de moradores de Rio Blanco, comunidad ubicada en la parroquia Molleturo de la provincia del Azuay. Las concesiones mineras otorgadas a la empresa transnacional china Junefield Resources Ecuador (Ecuagoldmining), se encuentran en el bosque protector Molleturo-Mollpungo colindante con el Parque Nacional Cajas, y afectarán fuentes y reservas de agua.

Miembros de organizaciones ambientales, de derechos humanos y diversos delegados de las provincia de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Manabí, El Oro, Zamora Chinchipe y Azuay llegamos a la comunidad en apoyo a moradores de Río
Blanco, en el marco del Encuentro Nacional de comunidades y organizaciones en resistencia frente al otorgamiento de cientos de concesiones a nivel nacional.

Se presentaron mapas que visibilizan las miles de hectáreas concesionadas para operaciones mineras, sin consulta previa, libre e informada a las comunidades, en provincias de Carchi, Azuay, Cotopaxi y Esmeraldas, incluido el territorio del
pueblo indígena Awá.

Durante el encuentro, Andrés Durazno y Mónica Guarango, dirigentes de la comunidad Río Blanco, dieron testimonio de los hechos de violencia sufridos el 8 y 9 de octubre, por parte de la guardia privada de la empresa china. Durante la noche, fueron embestidos por un grupo de hombres que les insultaron, amenazaron y lanzaron piedras al techo de su casa hasta perforarlo; sin importar que en el interior se encontraban niños, adultos mayores y mujeres.

Mónica Guarango, relató que piedras grandes perforaron el techo de zinc de la casa y aunque
no cayeron sobre ninguna persona fueron momentos de pánico e impotencia.Las delegaciones presentes nos acercamos a la caseta de vigilancia de la empresa minera china y exigimos el cese de las agresiones y hostigamiento de las que son víctimas los moradores de Río Blanco.
Fuimos testigos de cómo miembros de la Policial Nacional, protegen la entrada de la mina y los intereses de la empresa transnacional china, en vez de la integridad y seguridad de los pobladores agredidos.

CEDENMA se solidariza con la población de Río Blanco que exige la salida de esta empresa minera. Denunciamos la violación de derechos humanos a defensores del páramo, amenazados y agredidos por personal encapuchado de seguridad privada de la empresa
minera china, con el respaldo de la Policía Nacional. Agresiones que fueron denunciadas ante la Fiscalía.

Responsabilizamos al Gobierno Nacional, a las autoridades competentes de proteger y garantizar la seguridad de los moradores de Río Blanco, y a los miembros de la Policía Nacional que resguardan en campamento minero, de cualquier hecho de violencia que pueda
ocurrir en este territorio.

Exigimos al Gobierno nacional realizar las investigaciones pertinentes y tomar las medidas necesarias para evitar que se repitan hechos similares. Estaremos vigilantes ante cualquier hecho que pueda poner en riesgo la integridad de los moradores de Río Blanco, para
denunciar en instancias nacionales e internacionales de ser el caso.

¡Basta de violencia por defender el territorio de la minería industrial!

LAS AGRESIONES, HOSTIGAMIENTOS Y AMENAZAS COMETIDOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL PROYECTO MINERO DEBEN TERMINAR.

Mientras el gobierno nacional capta la atención política alrededor de la consulta popular en la que incluyó una pregunta para prohibir, sin excepción, la minería en las áreas protegidas, zonas intangibles y zonas urbanas del país, los conflictos socio-ecológicos que la política pública extractiva han provocado en los últimos diez años se agravan e intensifican afectando los derechos humanos de las poblaciones campesinas y rurales y amenazando con devastar ecosistemas de los que dependemos.

Desde hace 64 días la comunidad campesina de Río Blanco acampa en el acceso al proyecto de minería metálica que lleva el mismo nombre y que está a cargo de la empresa china Junefield Resources, a través de su subsidiara Ecuagoldmining S.A. Sus concesiones para explotación de oro se encuentran en el bosque protector Molleturo-Mollpungo, zona de páramo de la que nacen vertientes de aguas y que colinda con el Parque Nacional Cajas. Está ubicado en la parroquia rural de Molleturo, cantón Cuenca, provincia del Azuay y es uno de los últimos remanentes boscosos más grandes en la cordillera occidental de los Andes.

Andrés Durazno y Mónica Guarango, dirigentes de Río Blanco, el día de ayer 13 de octubre de 2017, denunciaron las agresiones, hostigamientos y amenazas ejecutadas los días 8 y 9 de octubre por los miembros de la empresa de seguridad de la empresa Ecuagoldmining S.A. Durante las noche y madrugada de esos dos días arremetieron contra la casa donde permanecen niños, niñas, hombres y mujeres de Río Blanco, lanzaron piedras contra el techo hasta perforarlo e insultaron a sus ocupantes mientras hacían sonar sus machetes contra las paredes de la casa. No se reportaron heridos por estos hechos.

Frente a esto, y acogiendo la invitación de los pobladores de Río Blanco, el viernes 13 de octubre varias comunidades campesinas e indígenas de diversas provincias del país (Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Cañar, Loja, Manabí y Guayas) junto con organizaciones ecologistas y de derechos humanos visitaron la comunidad de Río Blanco y celebraron un encuentro de comunidades en resistencia a la minería para expresar su solidaridad y verificar la situación de las y los campesinos afectados por el proyecto minero.

Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), liga de la Federación Internacional de Derechos Humanos, denunciamos que los hechos ocurridos el 8 y 9 de octubre constituyen graves amenazas contra las y los defensores de derechos humanos, territoriales y de la naturaleza de Río Blanco, y denunciamos que el gobierno nacional ha dispuesto a la Policía Nacional del Ecuador para que proteja los intereses de esta empresa transnacional y no a las comunidades de la parroquia rural de Molleturo pese a la denuncia penal ya presentada por estos hechos.

Así mismo alertamos sobre el riesgo que enfrenta la comunidad de Río Blanco, en especial quienes permanecen en el campamento en protesta por las afectaciones de este proyecto minero, tanto por las actuaciones de la empresa de seguridad contratada por Ecuagoldmining S.A. así como por el operativo policial desmedido para proteger a dicha empresa. El día de ayer un contingente de alrededor de 15 policías de fuerzas especiales (GIR y GOE) fuertemente armados custodiaban el ingreso a la mina junto con guardias de seguridad cubiertos armados y cubiertos el rostro. Mientras tanto, las comunidades no cuentan con protección pese al grave riesgo que enfrentan.

Advertimos también que cualquier nuevo acto de hostigamiento, amenazas o agresiones que sucedan contra los pobladores de la parroquia rural de Molleturo, principalmente los de la comunidad de Río Blanco, son de entera responsabilidad del Estado Ecuatoriano quien tiene la obligación constitucional y de derechos humanos de proteger a las poblaciones afectadas por actividades extractivas.

Ante la gravedad de estos hechos, nos solidarizamos con las comunidades campesinas e indígenas de Molleturo y solicitamos la máxima difusión de esta alerta.

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EL 13 DE OCTUBRE DE 2017

Francisco Xavier Hurtado Caicedo

ASESOR JURÍDICO COMISIÓNE ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS – CEDHU +593998598417

[email protected]

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SE AGRADECE LA DIFUSIÓN!

Según información emitida por el Ministerio de Minas, ante el pedido de Diario Opinión, en la provincia existirían 213 concesiones mineras en la provincia de El Oro.

El informe muestra dos concesiones de gran minería; una en Atahualpa y otra en Piñas. Una considerada mediana en Santa Rosa.

El mayor número de concesiones se observa en la pequeña minería donde existen 158 a nivel provincial. Zaruma es el lugar con mayor número de estas, 43. Le sigue Portovelo con 33, Santa Rosa con 29, Atahualpa con 14, Pasaje con 12, El Guabo con 11, Piñas con 7, Marcabelí con 5, Chilla con 2 y 1 en Balsas y Arenillas.

En régimen general, es decir en fase de exploración se detallan 52. En Zaruma hay 14, Atahualpa 9, Santa Rosa 8, Pasaje 6, Portovelo 5, Chilla 4, Piñas 3, El Guabo 2 y 1 en Arenillas. (OH1)

Fuente:https://www.diariopinion.com/local/verArticulo.php?id=960523