Ecuador

Activistas mantienen alerta contra los daños por minería

Autor: ADZ. El Mercurio Ecuador.
Conflicto Relacionado: Río Blanco

Hasta el momento no hay resultados del diálogo; la esperanza esta en las auditorías de Contraloría.

Los diferentes movimientos sociales afirman que mantiene su lucha contra la minería y en defensa del medio ambiente. En cuanto a los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco, en Azuay, estamos a la expectativa del informe que presente la auditoría que realiza la Contraloría General del Estado, para cuya presentación del informe restan 6 meses, manifestó Yaku Pérez, presidente de Ecuarunari y activista defensor del agua, y opositor de la minería.

Este domingo en Molleturo hubo una asamblea para evaluar el procedimiento en Río Blanco, en tanto para mayo se prevé una visita con una misión internacional, y adicional a ello se acudirá a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, para pedir que se haga una investigación sobre todo el proceso de concesiones mineras, agregó el dirigente.

Con el contralor general del Estado, se ha establecido un cronograma de actividades. Así, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, visitará los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte, ubicados en Tundayme y El Zarza, en los cantones El Pangui y Yanzatza, de la provincia de Zamora Chinchipe, los días 19 y 20 de abril respectivamente.

Trabajo

El trabajo es constante y en todo el Ecuador; en días pasados hubo una reunión en Pallatanga, donde se han entregado los cerros a la minería, y también en San Juan de Chimborazo. También se cumplió recientemente una audiencia en defensa del agua en contra de Hidro Abanico, en Guaranda, en donde existe una disputa entre la concesión para una empres hidroeléctrica para una minera y la población de San Luis de Pambil, que resulta afectada.

Sombre el gobierno actual, respecto de los cambios y enmiendas que se puedan dar en el tema minero, Pérez sostiene que, “hay signos importantes desde la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero de parte del Ministerio de Minas no”.

No es justo que mientras estemos dialogando, se siga entregando por ejemplo a Codelco, el proyecto Yurimagua, y no se levanten las concesiones mineras. En el caso del Azuay el 16% del territorio está comprometido a la minería, como ejemplo, con Ecuador Golf, están comprometidas parroquias Santa Ana, Quingeo, San Juan, Zhidmad, y San Bartolomé, agregó.

El accionar además trasciende fronteras, en la cumbre mundial de líderes indígenas, desarrollada del del 9 al 13 de abril en Lima-Perú, se presento dos temas fuertes desde Ecuador, la defensa del agua frente a la minería, y la consulta previa e informada.

Sin control

Para Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe con el llamado diálogo minero no se ha avanzado prácticamente nada, lo cual es motivo de gran preocupación, ya que la minería avanza y está destruyendo espacios importantes de la reserva natural.

Afirmó que Nangaritza Alto, parroquias de Surmi y Nuevo Paraíso, han sido propuestas para el turismo, pero el gobierno quiere orientar para la minería, “Se está haciendo minería ilegal y el gobierno se hace de la vista gorda; me reuní con la ministra de minería y ella dijo que ARCOM ha ido y no ha encontrado nada. Por Dios señora ministra, le están viendo la cada, le están mintiendo y engañando, desde hace varios meses hay decenas de retroexcavadores interviniendo”, recalcó.

Sobre los proyectos de megaminería en su provincia, Quishpe confirmó que estará próxima en la visita del contralor Pablo Celi, y le entregará los informes realizado por la misma Contraloría en el 2012, donde se determinó irregularidades.

RECUADRO1

DIÁLOGO

El diálogo minero no tiene resultados, “planteamos que, se declaren 4 zonas en la provincia, excluidas de minería metálica a cielo abierto: Amucha Entza que abarca Cumbaratza, San Carlos de las Minas, Timbara y parroquia Zamora; Alto Yacuambi que limita con Azuay; y las parroquias de Surmi y Nuevo Paraíso, de Nagaritza, dijo el prefecto Salvador Quishpe.

A las 2 p0rimeras se quiere declarar zonas protegidas, pero dice que no porque ya hay concesiones mineras, pedimos que justifiquen si esas concesiones se entregaron cumpliendo todos los requisitos de ley o no, ya que si es como presumimos, éstos serían nulos, pero no nos dan la información. Los otros dos casos ya son, bosque protector y la UNESCO zona de reserva de biósfera.

RECUADRO2

LA CONTAMINACIÓN

El temor por la contaminación constante y por ello, el Gobierno Parroquial de Molleturo está alerta y ha solicitado el plan de manejo ambiental del proyecto minero Río Blanco, en el que se pueda identificar con claridad el tipo de intervención y las medidas preventivas y de remediación ambiental que eviten daños mayores, así informó el presidente del ente local, José Gutama.

Asegura, nada es más real como el hecho de que habrá contaminación ambiental, y que uno de los contaminados sería el río Chorro, del que se sirven para agua potable Cochapamba, Río Blanco, mientras que toda la zona baja de Mollelturo se sirve para riego.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/04/17/activistas-mantienen-alerta-contra-los-danos-por-mineria/

Ecuador

Anuncian marcha y plantón en Tulcán contra la minería

Autor: La Hora.com.ec

TULCAN:- Nilo Ortiz, presidente del Gobierno Descentralizado de Chical, confirmó ayer que el próximo 16 de abril se movilizarán pobladores de varios sectores del noroccidente carchense hasta Tulcán, para protestar contra la minería legal e ilegal.

Llegarán a la plaza central para luego dirigirse hasta la Gobernación del Carchi, donde protagonizarán un plantón e intentarán ser recibidos por el representante del Ejecutivo en la provincia para hacerle conocer la posición que mantienen frente al tema minero.

 

Rechazo

Víctor Arévalo, vocal del GAD de Maldonado, manifestó que existe inconformidad en esta parroquia frente a la concesión del cerro Golondrinas e importantes áreas de los territorios de este sector, razón por la que se han unido a esta iniciativa.

Arévalo, quien denunció sobre la migración de pobladores de esta jurisdicción, ubicada a 80 km de Tulcán, hacia el sector de Buenos Aires (Imbabura), cautivados por la fiebre del oro, sostiene que la minería solo traerá a Maldonado convulsión social y violencia.

Ortiz comentó que definen un plan de contingencia para no tener problemas durante la acción de protesta. Agregó que estarán presentes delegados de El Pailón, El Verde, Chical, Puerramal, Quinshull, La Esperanza y Unthal.

“Vamos a decirle a los ecuatorianos que no queremos minería legal ni ilegal. Queremos a cambio que se invierta en turismo, producción inorgánica y el aprovechamiento de agua pura que beneficiará las jurisdicciones de la zona.

 

Intereses políticos

Santiago Chamorro, subsecretario del Ministerio de Minería, quien ayer lideró un proceso de información sobre explotación inclusiva, transparente y limpia dirigido a los comunicadores, señaló que las áreas concesionadas en el noroccidente de Carchi han sido autorizadas de forma legal y transparente.

Reconoce que la minería ilegal ha pretendiendo generar problemas en El Cielito, donde la situación ha sido controlada, y en La Concepción donde se ha iniciado una investigación profunda.

Consultado sobre la marcha que se anuncia para el 16 de abril, es enfático al señalar que obedece a tintes políticos. Lamentablemente, esta actividad al ser un tema sensible hay quienes quieren aprovecharse de estos procesos responsables para continuar desinformando a las comunidades en busca de réditos políticos.

“Los grupos que se oponen de alguna manera a la actividad minera responsable se están oponiendo al desarrollo del país. Otra cosa sería que ayuden a combatir la minería ilegal, que es el verdadero cáncer que afecta al Ecuador”.

No obstante, indicó que siempre estarán prestos a dialogar para alcanzar acuerdos y exigir que todos los concesionarios cumplan con la normativa existente jurídica y ambiental, y que se aplique la consulta previa, libre e informada en las zonas a concesionar.

Chamorro denunció que seis de las 14 mil hectáreas del cerro Golondrinas habrían sido deforestadas, situación que no se ha sido mencionada por los ambientalistas ni las autoridades de las parroquias del noroccidente.

 

Patrimonio natural y acuífero

Para Ortiz, si Santiago Chamorro es la autoridad debe tener documentos, testimonios y mediciones de los lugares deforestados para sostener que han sido eliminadas seis mil hectáreas.

“Sería bueno que el subsecretario Chamorro visite este patrimonio natural y mida sin son seis mil hectáreas. Yo no voy a polemizar, simplemente hay que demostrar lo que precisa y nada más”.

La autoridad chicaleña señala que está defendiendo lo que su pueblo le ha pedido, salvaguardar un patrimonio natural y acuífero. Aclara que no es un asunto politiquero sino la defensa de la vida que es un derecho social, político, económico y sustentable.

 

Comentó que se han realizado acercamientos y diálogos con la comunidad Awá y dirigentes de las parroquias de Gualchán Jacinto Jijón y Caamaño para que se unan a esta protesta. (CMRV)

 

 “Si no nos hacen caso tomaremos otras medidas, las que la población disponga”, sentenció. 

Nilo Ortiz, presidente del Gobierno Descentralizado de Chical

Fuente:https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102148642/anuncian-marcha-y-planton-en-tulcan-contra-la-mineria-

Ecuador

MANDATO DE LAS MUJERES AMAZÓNICAS DEFENSORAS DE LA SELVA DE LAS BASES FRENTE AL EXTRACTIVISMO

Autor: Acción Ecoclógica

Las mujeres amazónicas de base defensoras de la selva frente al extractivismo acudimos por segunda vez a la presidencia de la república del Ecuador, para exponer nuestro mandato.

Considerando:

Que el Estado ecuatoriano es suscriptor de importantes convenios y declaraciones internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas como el:

– Convenio 169 de la OIT, la Declaración de NNUU sobre pueblos indígenas, Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas y la Constitución del Ecuador establece en el Art. 417 que “ Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución; Y el art. 426 menciona que “Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución”

No se trata de cualquier consentimiento sino que se debe respetar nuestro derecho a la autodeterminación y los estándares internacionales establecidos en materia de consulta y consentimiento, como lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku vs estado del Ecuador.

Considerando que la “consulta previa”, fue un proceso totalmente viciado y manipulado por la Secretaría de Hidrocarburos, que de ninguna manera reveló la posición de las comunidades y organizaciones legitimas y legalmente reconocidas por sus bases.

Lejos de existir un compromiso de respeto por la organización social de las nacionalidades indígenas, el gobierno inició un agresivo proceso de desconocimiento de las verdaderas organizaciones, lideres y empezó a legalizar a organizaciones y personas afines al propósito extractivista en la Amazonía, estimulando así las acciones de violencia sobre todo en contra de las mujeres lideresas.

En la implementación de los proyectos extractivos, petroleros en el marco de la ronda sur oriente de la concesión de los bloques 79, 83, 28 y de la ampliación del bloque 10. Así como el inicio de las operaciones mineras y concesiones a las empresas Chinas, Ecua Corriente S.A (ECSA), empresa Lowell, Ecuasolidos, Belaruisan Oil Company, Andes Petroleum y CELEC EP. no se respetaron estos derechos.

Considerando que para el ingreso de las empresas mineras en el territorio Shuar se violentaron los derechos humanos fundamentales a la vida, fue y continua militarizado el territorio provocando el desalojo y amedrentamiento de las familias Shuar para facilitar operaciones mineras.

Los lideres indígenas que se opusieron a la implementación de los proyectos mineros fueron criminalizados, siguen perseguidos; Y han tenido que abandonar a sus familias y territorios remontándose en la selva .

Por lo tanto las mujeres de la Amazonía demandamos el cumplimiento del siguiente mandato:
1.-Las mujeres rechazamos y consideramos ilegales e ilegítimos cualquier contrato o firma de acuerdo de los dirigentes o representantes de los GAD’S con el gobierno y/o las compañías petroleras, mineras , hidroeléctricas y madereras, ya que somos más del 50 % de la población indígena, somos las portadoras de la vida ycuidamos a las familias y a la Madre Tierra,
2.-Exigimos la anulación de los contratos y/o convenios y concesiones otorgadas por el gobierno ecuatoriano a las empresas petroleras y mineras en el centro sur de la Amazonía, y exigimos que los territorios y pueblos indígenas sean declarados libres de actividades extractivas como petróleo, minería,hidroeléctricas y maderero.
3.-Rechazamos la nueva licitación de los 16 bloques petroleros de la ronda sur oriente en los territorios indígenas de los pueblos
Andoas, Achuar, Shuar, Kichwa, Shiwiar , Waorani, Sapara.
4.-Exigimos la nulidad de contratos de los bloques concesionados 79, 83, 74, 75 y 28 por que las resoluciones bajo nuestro derecho de la autodeterminación ha determinado que no se acepta ni se aceptara ningún proyecto extractivista en nuestros territorios.
5.-Como mujeres indígenas Rechazamos las socializaciones o “consultas “ para proyectos extractivitas porque en nuestros espacios de toma de decisiones ya hemos resuelto NO más proyectos extractivos en nuestros territorios,
respetando nuestro derecho a la autodeterminación. A demás las socializaciones y consultas” no cumplen ni cumplirán con los estándares internacionales de la consulta y consentimiento previo libre e informado como lo establece la sentencia del caso Sara yaku vs el gobierno Ecuatoriano y los proyectos extractivistas generan una gran conflictividad interna que pone en riesgo la supervivencia de los grupos mas vulnerables como el Pueblo Sapara, Pueblos en Aislamiento Voluntario y Mujeres de las nacionalidades Amazónicas.
6- Rechazamos profundamente la ampliación de la operación de la empresa Agip Oil, bloque 10 en los campos Jimpikit y Morete cocha en territorios Kichwa, Sapara, Sarayaku, Shuar y Achuar.
7- Exigimos el cierre de las fuentes de contaminación que afectan las riveras de los ríos Villano y Curaray , asi como la reparación integral de los territorio y comunidades afectadas por la compañía Agip Oil, en el bloque 10 después de 28 años de operación.
8- Exigimos el cierres de fuentes de contaminación, la reparación integral ambiental y social, así como el reconocimiento y pago deuda ecológica; Y las indemnizaciones respectivas por daños causados en los territorio indígenas del los pueblos Siecopay, Siona, Cofan, Kichwa, Shuar, Waorani y campesinos de la Amazonia del Norte, Provincia de Sucumbíos y Orellana.
9.-Exigimos la cancelación y anulación del contrato entre el estado y las empresas petroleras
en el bloque 28, por que afecta el nacimiento de las cuencas hidrográficas mas importantes del centro de la Amazonia
, poniendo en riesgo la vida y supervivencia de los pueblos y nacionalidad indígenas que habitan en las cuencas
donde nacen los rios: Yuracyaku, Anzu, Pastaza, Arajuno, Bobonaza, Villano, Puyo, Pindo, Alpayacu.
10-­‐Exigimos que NO se amplíen las operaciones petroleras y madereras en el Parque Yasuní nuestra casa, territorios ancestrales de Tagaere, Taromenani y Waorani para garantizar la vida y supervivencia de las comunidades, evitando el etnocidio colectivo de los pueblos en aislamiento voluntario en la Amazonia ecuatoriana.
11.-Exigimos la nulidad de contratos y/o convenios y conseciones de proyectos mineros en territorios Warints, Nankints
,Panantza, Tundayme, Kutuku, Shaimi y el Cóndor Mirador. En la provincia de Morona de Santiago y Zamora Chinchipe.
12- Exigimos que se anulen las concesiones de las empresas minera ECUACORRIENTES (ECSA) , ECUASOLIDOS, LOWELL, en los territorios ancestrales Shuar, Achuar, Saraguro, y campesinos de las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
13- Rechazamos la construcción hidroeléctrica de la empresas CELEC EP, en Morona Santiago.
14- Exigimos que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección a las mujeres lideresas y las familias que se encuentran en el territorios, que por ser defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, actualmente somas amenaza das por defender estos derechos como el caso de Patricia Gualinga (lideresa de Sarayaku), Nema Grefa (Presidenta Nacion Sapara del Ecuador), Alicia Cahuiya (lideresa Waorani), Gloria Ushigua (lideresa Sapara), Margoth Escobar (activista de derechos humanos y de la naturaleza), entre otras.
15- Exigimos el respeto de nuestras estructuras organizativas y la otorgación de nombramientos sin que la Secretaria de la Gestión de la Política intervenga en nuestros espacios, con tomas de decisiones legítimas y democráticas, como es el caso Nema Grefa, presidenta de la Nacionalidad Sapara y el caso de Timoteo Wamoni de la nacionalidad Waorani.
16- Exigimos el respeto por parte del gobierno Ecuatoriano a las organizaciones de mujeres constituidas bajo el derecho propio, constitudinario y en consideración a nuestro autodeterminación.
17- Exigimos el retiro inmediato de la presencia militar y policíal de Nankints, Taisha, Tundayme, Pananza, Kutuku y Shaimi,territorios ancestrales de la Nacionalidad Shuar y Achuar, de la provincia de Zamora Chinchipe.
18- Exigimos amnistía para los compañeros de la nacionalidad Shuar que han sido desalojados y perseguidos políticos, para que puedan retornar a sus comunidades Nanktints y Tundayme. Angel Nantip, Domingo Ankuash, José Esach, Luis Tiwiram, Esteban Pandam, Pepe Acacho y otros líderes y lideresas.
19- Exigimos que el Estado ecuatoriano pida disculpas y sancione a los responsables por las muertas de lideres como Bosco Wisum, Fredy Taish y otros
.
20- Requerimos un estudio estadístico e investigación sobre casos de violencia física y sexual, incluyendo prostitución, para crear una política pública adecuada al contexto amazónico ecuatoriano sobre las mujeres indígenas amazónicas de las distintas nacio nalidades tanto como en las ciudades y las comunidades para prevenir provocada por la migración de nuestras comunidades.
21- Exigimos una investigación profunda e histórica sobre la violencia sexual y de género asociada a las actividades mineras, petroleras y militarización para que se apliquen sanciones necesarias y se brinden garantías para la NO repetición en territorios indígenas amazónicos. Villano, Amazonia norte.
22- Exigimos el cumplimiento de los derechos constitucionales de la no discriminacióny realizar políticas publicas para luchar contra la  discriminación de mujeres, hombres y jóvenes indígenas en las ciudades.
Nosotros las Mujeres Amazonicas aquí firmantes, exigimos el cumplimiento de nuestro mandato, y daremos seguimiento de el mismo.

Fuente:http://www.accionecologica.org/component/content/article/2268-2018-03-12-17-05-52

Ecuador

Rosario Ware es la abuelita shuar que le ‘desafía’ a una gigante minera en Ecuador

Autor: Jaime Plaza.Ojo verde Ecuador.

Más de 100 años. Esa edad es la que le calculan sus hijos y nietos. Ella es Rosario Ware, la más anciana del Centro Shuar Ijizam, y hoy la única mujer que se aferra a su territorio ancestral. Resiste o quizá ‘desafía’ la arremetida de una gigante minera en lo que antes eran sus tierras.

La habían desalojado cargándola en una camilla. En el 2014, junto con su familia, fue obligada a dejar su casa de pambil (una de las especies de palma amazónica) y madera, sus ajas (huertos) y su campo en el valle de Tundayme, sur de Zamora Chinchipe.

Igual como lo hicieron con centenares de familias en otras comunidades indígenas y de colonos, a las del Centro Ijizam las desplazaron y con tractores destruyeron las casas donde vivían.

Y así dejaron libre el paso a la minera Ecuacorriente (Ecsa) para que ejecute su megaproyecto Mirador.

A Rosario Ware la llevaron a refugiarse en una casa arrendada en el centro de El Pangui por María Isabel, una de sus siete hijos.

Pero la abuelita, como la tratan su familia y los comuneros, no se sintió bien en ese mundo tan extraño para ella. Tres intentos de volver a su terruño había hecho por cuenta propia, en uno de ellos hasta salió cargando sus sábanas, cobija y ropa.

Hasta que, ante el riesgo de que sufra algún accidente o que se perdiera en sus intentos, sus nietas Alicia y Raquel Mashendo llegaron en una camioneta alquilada a dejarla donde la visitamos el sábado 3 de marzo.

Pero ya no en Ijizam, porque ahora allá ya no se puede entrar. Todo esta resguardado con fuerte seguridad privada y se encuentra ocupado por un campamento, además de decenas de gigantes palas mecánicas que rasgan ese valle verde que antes era Mirador, en plena Cordillera del Cóndor.

Unos 150 metros más abajo de la casa donde ahora vive Rosario Ware, dos palas mecánicas movían piedras gigantes del lecho del río Kimi.

Ahora la abuelita Rosario vive en la otra ribera del río Kimi, unos tres kilómetros más al sur de Tundayme, el centro poblado más cercano. Allí, su hijo Mariano Mashento, de 64 años, se asentó hace unos 10 años, desde cuando era jornalero en una finca ganadera del sector.

Él asegura que la casa y sus ajas están en un terreno que era del Ejército y que tampoco constaría en los linderos de lo adquirido por la minera. Que por eso, pese a que el 7 de enero del 2016 los visitó gente de Ecsa para advertirles que se vayan, no lo han desalojado. Aparte que ha recibido el apoyo de dirigentes y más personas.

Cada 8 o 15 días, el hombre lleva a vender guineos y otros productos a Tundayme. Con ese dinero, compra sal, manteca y de vez en cuando arroz. A El Pangui suele irse cada tres meses para aprovisionarse de medicinas para dolores reumáticos y cólicos, además de ropa y botas.

Sin embargo, siempre camina con precaución ante el miedo de ser desalojado. No se olvida de cómo, en el 2014, les obligaron a salir y destruyeron sus casas. Igual como ocurrió con las viviendas, escuelas e iglesias de otras comunidades como San Marcos.

Policías, militares y personal de la minera usaron la fuerza y gas lacrimógeno para sacar  a los habitantes de la zona. Los dirigentes shuar denuncian tres líderes asesinados y al menos 70 procesados.

A José Tendetza lo encontraro muerto, con sus manos y pies atados flotando en el río Chuchumbletza, en Zamora Chinchipe, el 3 de diciembre del 2014.

Un año antes, el 7 de noviembre del 2013, Freddy Taish falleció en un operativo militar, que había empezado con una requisa de dragas en la comunidad de Campanak Ets. Antes, en el 2009, murió Bosco Wisuma en el puente sobre el río Upano (Macas), en una movilización que defendía el agua.

Hablando en su esencia más pura del shuar (lengua ancestral que heredó de sus antepasados), Rosario Ware se lamenta porque ahora todo está destruido donde antes vivía. Su nieta Alicia Mashendo hace de traductora.

Igual siente pena por la contaminación del río Kimi, donde antes incluso iban de pesca. En medio de un estruendo continuo y a unos 150 metros de ahora habita, dos grandes palas mecánicas arrancaban las piedras del lecho y las apilaban en la orilla derecha.

Palas mecánicas, tractores y grandes volquetas están en un constante ir y venir. El gran manto verde que encontramos hace ocho años en la planicie de Tundayme, hoy empieza a ser borrado abrúptamente.

El sábado 3 de marzo, pudimos constatar que habían comenzado los primeros movimientos para la construcción de la mina en el Proyecto Mirador. Por ahora, en la gran planicie, la maquinaria pesada remueve la tierra para construir las piscinas de lavado del material que se extraerá.

En su página web, el Ministerio de Minería de Ecuador informa que será una extracción a cielo abierto (se hará un cráter gigante) Durante 27 años, se sacarán reservas de 2,96 millones de toneladas de cobre; 26,08 millones de onzas troy de plata; y 3,22 millones de onzas troy de oro.

Un poco más al sur, en Los Encuentros, cantón Yantzaza, está el otro megaproyecto: Fruta del Norte. Es una concesión de Lundin Gold (Aurelian Ecuador S.A.) y en 13 años, bajo el sistema de mina subterránea, prevé extraer 4,82 millones onzas troy de oro y 6,34 millones onzas troy de plata. Ahora está en la fase explotación, con la construcción de obras tempranas.

La presencia del proyecto Mirador también ha generado mayor presión de asentamientos humanos. Por ejemplo, el poblado Tundayme, a una hora y media en auto desde la capital provincial, ha crecido en número de casas y sobre todo abundan las mecánicas para el arreglo de volquetas.

El tránsito de vehiculos pesados, buses, camionetas y autos es intenso por carreteras asfaltadas y vías de lastre que conducen hacia el lugar. Pancartas escritas en español y en chino sobre medidas de seguridad y advertencias como ‘Propiedad Privada’ están a la vista.

Intentar acercarse a las instalaciones de la minera es una misión de ‘riesgo’. En puntos estratégicos hay guardias de seguridad privada en retenes o en vehículos. Apenas advierten la presencia de algún ‘extraño’, lo abordan de una forma intimidante, pues así lo hicieron con nosotros.

No obstante, igual es fácil observar las grandes estructuras y naves levantadas por la empresa minera en el costado norte del valle de Tundayme.

Fuente:https://ojoverdeecuador.blog/2018/03/06/rosario-ware-es-la-abuelita-shuar-que-le-desafia-a-una-gigante-minera-en-ecuador/

Ecuador

Gobierno definirá límites de los centros urbanos

Autor: Redacción Economía.El Telégrafo.
Este es el primer paso para la aplicación de la consulta popular que prohíbe la minería metálica en estas zonas. Las coordenadas aún no están claras.
Luego de la consulta popular en la que por mandato de los ciudadanos quedó prohibida sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, el Gobierno trabaja en la definición de esta última categoría para la aplicación de la decisión popular.
Para esto, el Ministerio de Minería establecerá los lineamientos junto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Asamblea Nacional, la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) y el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga).
“No tenemos aún una definición clara y menos unas coordenadas territoriales de circunscripción que me indiquen cuál es el centro urbano y desde dónde hacia dónde es”, indicó la ministra de Minería (e), Rebeca Illescas.
En consecuencia, según la funcionaria, no se puede iniciar un proceso de caducidad de las concesiones mineras hasta que no estén claros los límites de los centros urbanos.
Illescas señaló que una dificultad que se debe resolver es el tratamiento a las actividades mineras que ya se encontraban en áreas urbanas antes de la consulta popular porque en las áreas protegidas no se practica minería. “En derecho no se puede aplicar normas con retroactividad por eso se debe verificar cuál es el alcance del mandato ciudadano para cumplirlo, pero tampoco podemos eliminar derechos preexistentes”, apuntó.
Para el presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental (Cigmipa), David Gallegos, la aplicación de la consulta popular en lo que respecta a la minería debe tratarse a través de una ley. “No debe permitirse que exista un caos y los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben ser los que establezcan los criterios de áreas protegidas y de centros urbanos”, sostuvo el experto, quien defiende la minería responsable. (I)
Ecuador

Comunidades Awá del Ecuador piden seguridad en la frontera

Autor: Redacción Ibarra.La Hora
Amenazas de bombas, explosiones, muertes, secuestros… son algunas de las situaciones que se ha presentado estos días en la frontera entre Ecuador y Colombia, en las provincias de Carchi y Esmeraldas; varias personas han sido afectadas y un pueblo que se siente en peligro es el Awá.

El 9 de abril se tiene previsto realizar una reunión en la ciudad de Quito con los cancilleres de Ecuador y Colombia, así como contar con la presencia del Presidente de la República del Ecuador, con el fin de que se brinde seguridad en la frontera, en la cual también están presentes las comunidades Awá, y que de acuerdo al presidente de la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), Florencio Cantincus, se sienten desprotegidos.

“En la frontera como nacionalidad Awá estamos preocupados por la situación que se está dando de las fuerzas armadas revolucionarias, y esto nos está afectando porque estamos en una zona de conflicto”, manifestó Cantincus.

 

Encuentro

La anterior semana se tuvo un encuentro con cuatro organizaciones Awá, en la que se busca delinear políticas que vayan a su favor; uno de los puntos tratados fue el tema de seguridad que hace falta en los territorios de frontera, por ello resolvieron que el próximo lunes 9 de abril se hará una reunión con los cancilleres, para informar sobre el problema de seguridad que están viviendo actualmente.

“Queremos plantearle al Estado de que realmente necesitamos seguridad, así como poder coordinar para resguardarnos, aunque este sea un problema de Estado si nos afecta a nosotros porque vivimos en la zona”, dijo el presidente de la FCAE.

Por otro lado, Cantincus sostuvo que estos enfrentamientos quitan los derechos que tienen como pueblos originarios, puesto que varios jóvenes de las organizaciones Awá han sido reclutados para llevarlos a estos grupos subversivos.

A pesar de que estén en peligro, las organizaciones buscarán un dialogó con estos grupos, para decirles “respeten nuestros derechos, que si tienen su grupo no deben afectar nuestras organizaciones”, subrayó.

 

Minería

Otro de los planteamientos, a parte de la seguridad que se hará en esta reunión, es sobre la minería, que de acuerdo a Cantincus, el Estado quiere dar más concesiones. “La gente Awá en territorio ha dicho no a la minería ni legal, ni ilegal”.

Con esta mesa de trabajo, se busca que el Estado también trabaje más a fondo en estos territorios que son parte del Ecuador, en temas de salud, educación, inclusión… “No habido el apoyo total como Estado hacia invertir directamente en educación, obras de infraestructura, salud, en nuestros territorios Awá”, concluyó Cantincus. (FCDL)

Fuente:https://lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102146729/comunidades-awa-del-ecuador-piden-seguridad-en-la-frontera

Ecuador

La construcción de tres minas avanza en el Ecuador

Autor: El Comercio
Conflicto Relacionado: Río Blanco
La construcción de tres minas a gran y mediana escalas avanza en el país. Las obras corresponden a los proyectos Fruta del Norte y Mirador, en Zamora Chinchipe, y Río Blanco, en Azuay. El Gobierno prevé este año iniciar la negociación del contrato de explotación del proyecto Loma Larga, en Azuay. Río Blanco, el que mayores avances registra, está en la fase de explotación.
Un total de 200 metros de túnel ya está excavado y desde allí se tiene acceso a la veta Alejandra, que es una de las dos de la concesión de la empresa china Ecuagoldmining. La otra se denomina San Luis. Según el supervisor del proyecto, Alonso Mora, ya existe una extracción anticipada, incluso antes de tener la planta para extraer el mineral. En la actualidad se obtienen 120 toneladas (t) por día de roca mineralizada. Según Mora, para el 2020 se prevé alcanzar las 800 t diarias, por lo que están enmarcados en la categoría de mediana minería.
La gran minería es considera cuando superan las 1 000 toneladas. Para extraer el oro y la plata se emplearán los sistemas de gravimetría y flotación. “No se empleará el cianuro”. Río Blanco está integrado por tres concesiones con 4 979 hectáreas (ha), pero el proyecto apenas se desarrollará en 50 ha. El proyecto Fruta del Norte está en fase de ingeniería y construcción de la mina. Entre las obras principales está el desarrollo subterráneo de los túneles. Además, se trabaja en la vía de acceso al proyecto y la línea de transmisión eléctrica. La totalidad de las obras de construcción suma un avance del 10%, según la empresa.
Esta fase del proyecto tiene un costo de USD 730 millones; de ellos, se ha ejecutado 90 millones. A esto se añade 150 millones invertidos antes de la fase de construcción. La empresa ha trabajado con dos equipos de avanzada: uno para el tema arqueológico y el segundo de rescate biótico (flora y fauna de la zona). Por ejemplo, la capa vegetal, que en algunos casos ha tenido que ser retirada, va a un vivero para -finalizados los trabajos- ser replantada. Otra forma de reducir el impacto es que el material que va a procesar el proyecto será devuelto (como relleno) a la mina sin el oro.
El proyecto Loma Larga, a cargo de INV Minerales Ecuador, está en la fase de exploración avanzada. Según su gerente, Jorge Barreno, a este ritmo la producción puede empezar los próximos dos o tres años. El mandato minero retrasó este proyecto. La exploración se inició en el 2003, pero se paralizó en el 2007 y recién en el 2013 se pudo retomar. Desde que la minera identificó recurso mineral en el 2005 ha invertido USD 60 millones. Para la construcción de la mina, prevista para el 2020, se necesitarán USD 350 millones. Para reducir el impacto sobre el ambiente se trabaja con apoyo técnico y científico de universidades del Azuay, señaló Barreno. Además, la minera cuenta con una estación científica para el monitoreo de todos los elementos y componentes que pueden incidir en el ambiente.
Según la minera, la población directamente involucrada recibe información permanente. El proyecto ha generado preocupación de organizaciones sociales, indígenas y ambientales por su cercanía con las fuentes hídricas. Hubo pronunciamientos del Concejo Cantonal de Cuenca y del Gobierno Provincial del Azuay. Otros proyectos en cambio forman parte de un paquete denominado de segunda generación. Uno de ellos es Cascabel, en Imbabura. Este proyecto está en fase de exploración avanzada. En los últimos cinco años SolGold, firma a cargo, ha completado 92 500 metros de perforación en el proyecto, e invirtió USD 90 millones. La compañía anunció su primera estimación de recursos a inicios de este año y continúa determinando el tamaño del yacimiento. La firma espera completar una evaluación económica preliminar y luego el proyecto pasará a la etapa de factibilidad. Una vez que se completen esos estudios, el proyecto pasará a fase de construcción.

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/construccion-minas-avanza-ecuador-economia.html
Ecuador

Ecuador juzga a un líder ambientalista por oponerse a un proyecto minero

Autor: Alvaro Zamarreño. Cadenaser

Un mensaje de diez líneas en facebook puede costarle a Agustín Wachapá una condena de hasta tres años de cárcel. A primera hora de este miércoles, este líder de la comunidad shuar de Ecuador comparecerá en un tribunal de la provincia de Morona Santiago por una acusación de incitar a la violencia contra la policía. En diciembre de 2016 la comunidad shuar se manifestaba contra la concesión de licencias mineras en su territorio amazónico por parte del gobierno del presidente Rafael Correa.

Wachapá escribió un mensaje para movilizar a los suyos, diciendo que nunca se rindieran y menos «entregar las minas» de su territorio. Wachapá fue encarcelado, pasó cuatro meses en prisión preventiva y sólo salió tras pagar 6.000 dólares de fianza, a la espera del juicio.

Pero la organización Human Rights Watch (HRW) denuncia que la persecución judicial no vino sola, sino que forma parte de una secuencia iniciada desde el poder ejecutivo. «Este caso provocó mucha preocupación en el movimiento indígena-explica a La SER Luciana Téllez, investigadora de HRW-, porque se dio en un clima de intimidación por parte de la administración de Correa«.

En un informe presentado esta misma semana, la organización acusa al expresidente de propiciar esas campañas de acoso, empezadas con «declaraciones muy hostiles por parte del presidente y vicepresidente en cadenas de televisión nacional», seguidas por las actuaciones del ministerio del Interior y de la fiscalía. «Los cargos penales que analizamos en nuestro informe son infundados, no vemos que haya evidencia para mantener acusaciones que en su mayoría son contra líderes indígenas que se opusieron a la minería y la explotación petrolera en la Amazonia.

No sólo se trataba de persecuciones individuales, sino de que el gobierno de Correa dictó un decreto que le permitió clausurar arbitrariamente organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Pachamama.

Human Rights Watch recoge un cambio de actitud por parte del nuevo gobierno de Lenín moreno, que se concreta en haber puesto fin al hostigamiento desde los medios. «No se han abierto nuevas causas contra líderes indígenas ni ambientalistas» aclara Téllez, pero critican que se sigan sin abordar los procesos judiciales de forma correcta y que la legislación utilizada contra las ongs no haya sido derogada por completo.

Por ejemplo otro líder comunitario shuar, Pepe Acacho, está pendiente de resolución de una condena por un delito menor de «impedir el libre tránsito de vehículos, personas y mercancías» durante otra protesta indígena contra una ley minera. El problema es que Acacho fue encontrado culpable de este delito sin haber siquiera ser acusado de él durante el juicio. Originariamente, en 2013, fue juzgado por terrorismo y condenado a 12 años de cárcel.

En enero de este año Acacho fue absuelto por ese delito en la Corte Nacional de Justicia, pero condenado por los otros delitos arriba mencionados. Como estos delitos no figuraban en la causa inicial, HRW explica que ni siquiera pudo defenderse de ellos porque simplemente no constaban.

Esta organización de derechos humanos alaba que el presidente Moreno se haya acercado a este movimiento y se haya reunido con sus líderes. Pero tiene que pasar la página del periodo ‘Correa’ poniendo fin al uso de los tribunales para amedrentar a los movimientos indígenas ambientalistas.

Fuente:http://cadenaser.com/ser/2018/03/28/internacional/1522227100_932267.html

Ecuador

Ecuador: Hostigamiento judicial contra defensores amazónicos

Autor: Human Rights Watch.org

(Nueva York) – El gobierno del expresidente Rafael Correa empleó de manera abusiva el sistema de justicia penal para actuar contra ambientalistas y líderes indígenas que se manifestaron contra proyectos de minería y exploración petrolera en la Amazonía, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Aunque estas organizaciones trabajan con mayor libertad desde que Lenín Moreno asumió la presidencia, los procesos abusivos iniciados por su antecesor siguen sin ser tratados.

El informe de 32 páginas, “Amazónicos ante la injusticia: Hostigamiento judicial de líderes indígenas y ambientalistas en Ecuador”, evidencia que en tres casos destacados los fiscales no presentaron pruebas suficientes que dieran sustento a graves acusaciones o que justificaran que una investigación penal se prolongara varios años. El 28 de marzo de 2018, la corte provincial de Morona Santiago se pronunciará en el caso del líder indígena shuar Agustín Wachapá, por haber presuntamente incitado a la violencia a través de una publicación en Facebook. El 16 de marzo, la misma corte ordenó la detención de Pepe Acacho, otro líder indígena shuar, para que cumpliera una pena de cárcel por un cargo por el cual nunca tuvo oportunidad de defenderse durante el juicio. El tercer caso es una investigación penal sobre seis líderes indígenas y una ambientalista que ha permanecido abierta cuatro años y medio, a pesar de que no se esgrimieron pruebas de actos ilícitos.

“El Presidente Correa denigró por cadena nacional de televisión a líderes indígenas y ambientalistas que se oponían a proyectos del sector extractivo en la Amazonía, mientras que su Ministerio del Interior buscó encarcelar a esos líderes y clausurar sus organizaciones”, señaló Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Aunque el Presidente Moreno ha terminado con el hostigamiento, y las organizaciones ambientalistas ahora actúan con mayor libertad, lamentablemente los procesos judiciales abusivos continúan”.

Las autoridades ecuatorianas deberían asegurarse de que ninguno de estos líderes cumpla penas de prisión por cargos que no puedan fundamentar o que no se hayan probado ante un tribunal.

En su programa semanal de televisión, Correa denigró en reiteradas ocasiones a los líderes de protestas contra sus políticas ambientales, e instó a que fueran sancionados. En 2013, el gobierno de Correa disolvió arbitrariamente la Fundación Pachamama, una de las organizaciones ambientales más reconocidas del país. En 2016, intentó hacer lo mismo con otra importante organización ambiental, Acción Ecológica, pero dio marcha atrás luego de que la decisión provocara condena internacional. Cinco relatores especiales de las Naciones Unidas describieron el intento de cerrar la organización como parte de una “estrategia para asfixiar a la sociedad civil”.

El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal contra Wachapá en 2016, lo cual motivó que un fiscal lo acusara de “incitación a la violencia”. Wachapá fue detenido y pasó cuatro meses en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, a 300 kilómetros de su familia. Human Rights Watch tuvo acceso al expediente y el único elemento de prueba relevante es una declaración ambigua publicada en Facebook que, a criterio de Human Rights Watch, es demasiado débil para sustentar las graves acusaciones de la fiscalía.

En 2010, un fiscal acusó a Acacho de “terrorismo” por supuesta incitación a la violencia durante una protesta organizada en 2009 por la comunidad shuar contra una nueva ley de minería. En 2013, un tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 12 años de cárcel. Human Rights Watch consultó los documentos del juicio, incluidas las transcripciones de los testimonios, y no encontró pruebas creíbles que justificaran la condena contra Acacho por el delito de terrorismo.

El Presidente Correa denigró por cadena nacional de televisión a líderes indígenas y ambientalistas que se oponían a proyectos del sector extractivo en la Amazonía, mientras que su Ministerio del Interior buscó encarcelar a esos líderes y clausurar sus organizaciones.

Acacho apeló la decisión ante la Corte Nacional de Justicia, que en enero de 2018 revocó la condena por terrorismo, pero lo condenó por “ilegalmente imp[edir] el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías” y le fijó una pena de ocho meses de cárcel. En realidad nunca fue juzgado por este delito, y no tuvo el motivo ni la oportunidad para objetar los hechos sobre los que se basó la acusación durante el juicio por terrorismo. La justicia ordenó su detención el 16 de marzo, horas después de que su abogado defensor presentara un recurso constitucional que podría anular su condena. Podría ser obligado a cumplir una pena de cárcel por un delito del que nunca tuvo la oportunidad de defenderse en juicio.

En 2013, funcionarios del gobierno de Correa presentaron una denuncia penal contra seis líderes indígenas y una ambientalista que protestaron contra la exploración petrolera en la Amazonía. El Presidente Correa había respondido por televisión nacional a un incidente aislado de violencia ocurrido en la protesta, calificando a los líderes indígenas y ambientalistas de “gente violenta, mala, muchas veces corrupta” e instando a su ministro del Interior a que los investigara. Más de cuatro años más tarde la investigación penal sigue abierta a pesar de no haber generado evidencia contra los activistas, y continúa pesando sobre ellos.

Desde que asumió la presidencia, Moreno ha abierto un diálogo con ambientalistas, líderes indígenas y otros críticos del gobierno. Su gobierno reinstauró la Fundación Pachamama. En contraste con estas iniciativas positivas, los procesos penales abusivos siguen sin ser abordados.

El Presidente Moreno debería asegurar que se designe un órgano de investigación independiente y creíble para que analice el modo en que las autoridades judiciales y la Fiscalía General del Estado impulsaron los casos documentados por Human Rights Watch, y otros casos iniciados recientemente durante el gobierno de Correa.

“El Presidente Moreno —así como las autoridades judiciales y legislativas— deben tomar medidas más enérgicas para revertir el daño provocado por las prácticas autoritarias de Correa frente a críticos de sus políticas ambientales”, señaló Wilkinson. “Esto implica poner fin de inmediato al hostigamiento judicial contra líderes indígenas y ambientalistas, revertir el daño que ya se ha hecho y adoptar medidas para que esto nunca vuelva a ocurrir”.

Fuente:https://www.hrw.org/es/news/2018/03/26/ecuador-hostigamiento-judicial-contra-defensores-amazonicos

Ecuador

Pobladores de Los Bancos piden revertir concesiones mineras .

Autor: Redacción Economía, El Telégrafo.
Alrededor de 300 manifestantes exigen al Gobierno que elimine las zonas de Chocó, Tumbes, Andes y de la Amazonía del mapa minero de Ecuador. La Prefectura de Pichincha los respalda.
Habitantes del noroccidente de Pichincha realizaron este jueves una marcha hacia Quito para exigir al Gobierno la extinción de las concesiones mineras entregadas en esta zona y que afectarían a cuatro bloques de 14.000 hectáreas. Movimientos ambientalistas que se oponen a las actividades mineras señalaron que en el país hay cinco áreas importantes por su riqueza en cuanto a biodiversidad como Chocó, Tumbes, Andes, Amazonía y valles internos de las cordilleras, todas amenazadas por las diferentes empresas que buscan la producción de minería a gran escala.
Los manifestantes, respaldados por la Prefectura de Pichincha, llegaron hasta la Plaza de la Independencia para realizar un plantón al pie del Palacio de Gobierno. “De la entrega de las concesiones mineras en el noroccidente nos enteramos recién en enero cuando en noviembre fueron otorgadas.
Ni siquiera fuimos informados, no hubo una mesa de análisis, de adjudicación y por ello fijamos nuestra posición en conjunto con los colectivos y pobladores de denunciar y rechazar este hecho”, manifestó el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. De su lado Zulema Pizarro, alcaldesa de San Miguel de Los Bancos, enfatizó que junto a los ciudadanos serán los veedores del proceso de derogatoria de concesiones en el noroccidente de Pichincha.
Ellos exigen al Gobierno que se realice la desgraficación o eliminación de la zona del mapa de minería para que esta no se vea afectada por la actividad extractiva. “Pediremos además al presidente Lenín Moreno la moratoria minera por 100 años para que el noroccidente conserve su riqueza como hasta el día de hoy”, enfatizó la burgomaestre. En representación de la mancomunidad del Chocó andino de Nanegalito, Inti Arcos aseveró que fueron entregadas 44 concesiones mineras en la zona a empresas como Codelco, Enami y Curimining. Arcos cuestionó que el Ministerio de Minería asegurara que fueron 10. (I)