TULCÁN.

Más de 300 personas arribaron ayer, desde el noroccidente carchense y el oriente ecuatoriano, para participar en una marcha que evidenció el rechazo a la minería legal como ilegal.
Los marchantes se concentraron en el Parque Isidro Ayora, donde se desarrolló un improvisado acto, en el que representantes de diversos sectores explicaron las razones por las cuales están en desacuerdo.
René Noguera, presidente de la Junta Parroquial El Carmelo, aclaró que en el mapa de concesiones no consta su territorio; sin embargo, manifestó que una delegación de 15 personas llegó a solidarizarse con los reclamantes.
Para Noguera, el efecto que provocaría la exploración y explotación en un importante sector de esta provincia sería la contaminación de los afluentes de los principales ríos, afectando a las parroquias y comunidades donde no existen  sitios concesionados.

Testimonios

Adalberto Carrillo, quien llegó desde San Juan de Lachas, comentó que no quieren convertirse en otro Buenos Aires (Imbabura), sitio donde prácticamente no existe ningún tipo de control a la extracción ilegal de minerales. “Queremos vivir en paz, tengo 69 años y quiero que mis hijos y nietos crezcan sanos”.
Personas de toda edad, que en su mayoría se dedican a la agricultura, portando carteles demandaron de las autoridades nacionales revisar el catastro concesionado y advirtieron que no permitirán ningún tipo de aprovechamiento.
Entretanto, Miguel Paguay, de Chilma Alto, un hombre de 73 años, señaló que la minería no solo afectará a la gente del sector rural sino también a las ciudades, porque van a contaminarse las fuentes de agua que alimentan los sistemas urbanos del líquido vital.
Paguay recuerda que hace tiempo conoció tres minas en el sur del país y mencionó que los efectos son dañinos, “ya que las tierras quedan estériles y desde los ríos salen olores que son insoportables”.

Derechos

Alicia Ortiz, ambientalista, dijo que la gente acudió a la marcha de ayer a reclamar sus derechos, porque están en desacuerdo, más aún cuando se han concesionado áreas donde han vivido por generaciones sus ancestros.
Ortiz sostiene que el cerro Golondrinas está concesionado en un 90%, constituyéndose en el punto más álgido, debido a que es el colchón de agua de varias parroquias.
Otro de los sectores autorizados para los trabajos de prospección es el territorio Awá, que es considerado como colectivo ancestral, al que no se le estarían respetando sus derechos y no le han convocado a una consulta previa, como indican sus representantes.

Posición de las autoridades

Una vez que llegaron al parque central de Tulcán, el gobernador Alex Cruz, el prefecto Guillermo Herrera y el alcalde Julio Robles escucharon las demandas y se comprometieron con esta causa.

En cambio que el alcalde Julio Robles pidió a las autoridades nacionales hablar con la verdad y no saltarse los procedimientos legales correspondientes. El burgomaestre sostiene que se debe generar la consulta previa y respetar la voluntad de la gente, previo un amplio diálogo.

Demandas

Los manifestantes pidieron que se deje sin efecto las concesiones mineras otorgadas sin garantías al debido proceso y el ejercicio de los derechos humanos a la consulta previa, libre e informada, como reza en el art. 398 de la Constitución del Ecuador.
Además, exigieron la revisión y reversión de las áreas concesionadas en zonas especiales, que ponen en riesgo el ambiente y la vida. Reclaman también que el Gobierno Nacional y gobiernos locales inviertan en áreas productivas, viales, turísticas, agrícolas y ambientales.
Demandan que se respete el derecho de decidir sobre el manejo de los recursos naturales y que se plantee una moratoria en el otorgamiento de las nuevas concesiones y convocar a un diálogo nacional sobre el modelo de desarrollo del país. (CMRV)

Fuente:https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102150280/marcha-contra-la-mineria-convoco-a-distintos-sectores-del-norte-del-pais

Hasta el momento no hay resultados del diálogo; la esperanza esta en las auditorías de Contraloría.

Los diferentes movimientos sociales afirman que mantiene su lucha contra la minería y en defensa del medio ambiente. En cuanto a los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco, en Azuay, estamos a la expectativa del informe que presente la auditoría que realiza la Contraloría General del Estado, para cuya presentación del informe restan 6 meses, manifestó Yaku Pérez, presidente de Ecuarunari y activista defensor del agua, y opositor de la minería.

Este domingo en Molleturo hubo una asamblea para evaluar el procedimiento en Río Blanco, en tanto para mayo se prevé una visita con una misión internacional, y adicional a ello se acudirá a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, para pedir que se haga una investigación sobre todo el proceso de concesiones mineras, agregó el dirigente.

Con el contralor general del Estado, se ha establecido un cronograma de actividades. Así, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, visitará los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte, ubicados en Tundayme y El Zarza, en los cantones El Pangui y Yanzatza, de la provincia de Zamora Chinchipe, los días 19 y 20 de abril respectivamente.

Trabajo

El trabajo es constante y en todo el Ecuador; en días pasados hubo una reunión en Pallatanga, donde se han entregado los cerros a la minería, y también en San Juan de Chimborazo. También se cumplió recientemente una audiencia en defensa del agua en contra de Hidro Abanico, en Guaranda, en donde existe una disputa entre la concesión para una empres hidroeléctrica para una minera y la población de San Luis de Pambil, que resulta afectada.

Sombre el gobierno actual, respecto de los cambios y enmiendas que se puedan dar en el tema minero, Pérez sostiene que, “hay signos importantes desde la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero de parte del Ministerio de Minas no”.

No es justo que mientras estemos dialogando, se siga entregando por ejemplo a Codelco, el proyecto Yurimagua, y no se levanten las concesiones mineras. En el caso del Azuay el 16% del territorio está comprometido a la minería, como ejemplo, con Ecuador Golf, están comprometidas parroquias Santa Ana, Quingeo, San Juan, Zhidmad, y San Bartolomé, agregó.

El accionar además trasciende fronteras, en la cumbre mundial de líderes indígenas, desarrollada del del 9 al 13 de abril en Lima-Perú, se presento dos temas fuertes desde Ecuador, la defensa del agua frente a la minería, y la consulta previa e informada.

Sin control

Para Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe con el llamado diálogo minero no se ha avanzado prácticamente nada, lo cual es motivo de gran preocupación, ya que la minería avanza y está destruyendo espacios importantes de la reserva natural.

Afirmó que Nangaritza Alto, parroquias de Surmi y Nuevo Paraíso, han sido propuestas para el turismo, pero el gobierno quiere orientar para la minería, “Se está haciendo minería ilegal y el gobierno se hace de la vista gorda; me reuní con la ministra de minería y ella dijo que ARCOM ha ido y no ha encontrado nada. Por Dios señora ministra, le están viendo la cada, le están mintiendo y engañando, desde hace varios meses hay decenas de retroexcavadores interviniendo”, recalcó.

Sobre los proyectos de megaminería en su provincia, Quishpe confirmó que estará próxima en la visita del contralor Pablo Celi, y le entregará los informes realizado por la misma Contraloría en el 2012, donde se determinó irregularidades.

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DIÁLOGO

El diálogo minero no tiene resultados, “planteamos que, se declaren 4 zonas en la provincia, excluidas de minería metálica a cielo abierto: Amucha Entza que abarca Cumbaratza, San Carlos de las Minas, Timbara y parroquia Zamora; Alto Yacuambi que limita con Azuay; y las parroquias de Surmi y Nuevo Paraíso, de Nagaritza, dijo el prefecto Salvador Quishpe.

A las 2 p0rimeras se quiere declarar zonas protegidas, pero dice que no porque ya hay concesiones mineras, pedimos que justifiquen si esas concesiones se entregaron cumpliendo todos los requisitos de ley o no, ya que si es como presumimos, éstos serían nulos, pero no nos dan la información. Los otros dos casos ya son, bosque protector y la UNESCO zona de reserva de biósfera.

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LA CONTAMINACIÓN

El temor por la contaminación constante y por ello, el Gobierno Parroquial de Molleturo está alerta y ha solicitado el plan de manejo ambiental del proyecto minero Río Blanco, en el que se pueda identificar con claridad el tipo de intervención y las medidas preventivas y de remediación ambiental que eviten daños mayores, así informó el presidente del ente local, José Gutama.

Asegura, nada es más real como el hecho de que habrá contaminación ambiental, y que uno de los contaminados sería el río Chorro, del que se sirven para agua potable Cochapamba, Río Blanco, mientras que toda la zona baja de Mollelturo se sirve para riego.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/04/17/activistas-mantienen-alerta-contra-los-danos-por-mineria/

TULCAN:- Nilo Ortiz, presidente del Gobierno Descentralizado de Chical, confirmó ayer que el próximo 16 de abril se movilizarán pobladores de varios sectores del noroccidente carchense hasta Tulcán, para protestar contra la minería legal e ilegal.

Llegarán a la plaza central para luego dirigirse hasta la Gobernación del Carchi, donde protagonizarán un plantón e intentarán ser recibidos por el representante del Ejecutivo en la provincia para hacerle conocer la posición que mantienen frente al tema minero.

Rechazo

Víctor Arévalo, vocal del GAD de Maldonado, manifestó que existe inconformidad en esta parroquia frente a la concesión del cerro Golondrinas e importantes áreas de los territorios de este sector, razón por la que se han unido a esta iniciativa.

Arévalo, quien denunció sobre la migración de pobladores de esta jurisdicción, ubicada a 80 km de Tulcán, hacia el sector de Buenos Aires (Imbabura), cautivados por la fiebre del oro, sostiene que la minería solo traerá a Maldonado convulsión social y violencia.

Ortiz comentó que definen un plan de contingencia para no tener problemas durante la acción de protesta. Agregó que estarán presentes delegados de El Pailón, El Verde, Chical, Puerramal, Quinshull, La Esperanza y Unthal.

“Vamos a decirle a los ecuatorianos que no queremos minería legal ni ilegal. Queremos a cambio que se invierta en turismo, producción inorgánica y el aprovechamiento de agua pura que beneficiará las jurisdicciones de la zona.

Intereses políticos

Santiago Chamorro, subsecretario del Ministerio de Minería, quien ayer lideró un proceso de información sobre explotación inclusiva, transparente y limpia dirigido a los comunicadores, señaló que las áreas concesionadas en el noroccidente de Carchi han sido autorizadas de forma legal y transparente.

Reconoce que la minería ilegal ha pretendiendo generar problemas en El Cielito, donde la situación ha sido controlada, y en La Concepción donde se ha iniciado una investigación profunda.

Consultado sobre la marcha que se anuncia para el 16 de abril, es enfático al señalar que obedece a tintes políticos. Lamentablemente, esta actividad al ser un tema sensible hay quienes quieren aprovecharse de estos procesos responsables para continuar desinformando a las comunidades en busca de réditos políticos.

“Los grupos que se oponen de alguna manera a la actividad minera responsable se están oponiendo al desarrollo del país. Otra cosa sería que ayuden a combatir la minería ilegal, que es el verdadero cáncer que afecta al Ecuador”.

No obstante, indicó que siempre estarán prestos a dialogar para alcanzar acuerdos y exigir que todos los concesionarios cumplan con la normativa existente jurídica y ambiental, y que se aplique la consulta previa, libre e informada en las zonas a concesionar.

Chamorro denunció que seis de las 14 mil hectáreas del cerro Golondrinas habrían sido deforestadas, situación que no se ha sido mencionada por los ambientalistas ni las autoridades de las parroquias del noroccidente.

Patrimonio natural y acuífero

Para Ortiz, si Santiago Chamorro es la autoridad debe tener documentos, testimonios y mediciones de los lugares deforestados para sostener que han sido eliminadas seis mil hectáreas.

“Sería bueno que el subsecretario Chamorro visite este patrimonio natural y mida sin son seis mil hectáreas. Yo no voy a polemizar, simplemente hay que demostrar lo que precisa y nada más”.

La autoridad chicaleña señala que está defendiendo lo que su pueblo le ha pedido, salvaguardar un patrimonio natural y acuífero. Aclara que no es un asunto politiquero sino la defensa de la vida que es un derecho social, político, económico y sustentable.

Comentó que se han realizado acercamientos y diálogos con la comunidad Awá y dirigentes de las parroquias de Gualchán Jacinto Jijón y Caamaño para que se unan a esta protesta. (CMRV)

Nilo Ortiz, presidente del Gobierno Descentralizado de Chical

Fuente:https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102148642/anuncian-marcha-y-planton-en-tulcan-contra-la-mineria-

Más de 100 años. Esa edad es la que le calculan sus hijos y nietos. Ella es Rosario Ware, la más anciana del Centro Shuar Ijizam, y hoy la única mujer que se aferra a su territorio ancestral. Resiste o quizá ‘desafía’ la arremetida de una gigante minera en lo que antes eran sus tierras.

La habían desalojado cargándola en una camilla. En el 2014, junto con su familia, fue obligada a dejar su casa de pambil (una de las especies de palma amazónica) y madera, sus ajas (huertos) y su campo en el valle de Tundayme, sur de Zamora Chinchipe.

Igual como lo hicieron con centenares de familias en otras comunidades indígenas y de colonos, a las del Centro Ijizam las desplazaron y con tractores destruyeron las casas donde vivían.

Y así dejaron libre el paso a la minera Ecuacorriente (Ecsa) para que ejecute su megaproyecto Mirador.

A Rosario Ware la llevaron a refugiarse en una casa arrendada en el centro de El Pangui por María Isabel, una de sus siete hijos.

Pero la abuelita, como la tratan su familia y los comuneros, no se sintió bien en ese mundo tan extraño para ella. Tres intentos de volver a su terruño había hecho por cuenta propia, en uno de ellos hasta salió cargando sus sábanas, cobija y ropa.

Hasta que, ante el riesgo de que sufra algún accidente o que se perdiera en sus intentos, sus nietas Alicia y Raquel Mashendo llegaron en una camioneta alquilada a dejarla donde la visitamos el sábado 3 de marzo.

Pero ya no en Ijizam, porque ahora allá ya no se puede entrar. Todo esta resguardado con fuerte seguridad privada y se encuentra ocupado por un campamento, además de decenas de gigantes palas mecánicas que rasgan ese valle verde que antes era Mirador, en plena Cordillera del Cóndor.

Ahora la abuelita Rosario vive en la otra ribera del río Kimi, unos tres kilómetros más al sur de Tundayme, el centro poblado más cercano. Allí, su hijo Mariano Mashento, de 64 años, se asentó hace unos 10 años, desde cuando era jornalero en una finca ganadera del sector.

Él asegura que la casa y sus ajas están en un terreno que era del Ejército y que tampoco constaría en los linderos de lo adquirido por la minera. Que por eso, pese a que el 7 de enero del 2016 los visitó gente de Ecsa para advertirles que se vayan, no lo han desalojado. Aparte que ha recibido el apoyo de dirigentes y más personas.

Cada 8 o 15 días, el hombre lleva a vender guineos y otros productos a Tundayme. Con ese dinero, compra sal, manteca y de vez en cuando arroz. A El Pangui suele irse cada tres meses para aprovisionarse de medicinas para dolores reumáticos y cólicos, además de ropa y botas.

Sin embargo, siempre camina con precaución ante el miedo de ser desalojado. No se olvida de cómo, en el 2014, les obligaron a salir y destruyeron sus casas. Igual como ocurrió con las viviendas, escuelas e iglesias de otras comunidades como San Marcos.

Policías, militares y personal de la minera usaron la fuerza y gas lacrimógeno para sacar  a los habitantes de la zona. Los dirigentes shuar denuncian tres líderes asesinados y al menos 70 procesados.

A José Tendetza lo encontraro muerto, con sus manos y pies atados flotando en el río Chuchumbletza, en Zamora Chinchipe, el 3 de diciembre del 2014.

Un año antes, el 7 de noviembre del 2013, Freddy Taish falleció en un operativo militar, que había empezado con una requisa de dragas en la comunidad de Campanak Ets. Antes, en el 2009, murió Bosco Wisuma en el puente sobre el río Upano (Macas), en una movilización que defendía el agua.

Hablando en su esencia más pura del shuar (lengua ancestral que heredó de sus antepasados), Rosario Ware se lamenta porque ahora todo está destruido donde antes vivía. Su nieta Alicia Mashendo hace de traductora.

Igual siente pena por la contaminación del río Kimi, donde antes incluso iban de pesca. En medio de un estruendo continuo y a unos 150 metros de ahora habita, dos grandes palas mecánicas arrancaban las piedras del lecho y las apilaban en la orilla derecha.

Palas mecánicas, tractores y grandes volquetas están en un constante ir y venir. El gran manto verde que encontramos hace ocho años en la planicie de Tundayme, hoy empieza a ser borrado abrúptamente.

El sábado 3 de marzo, pudimos constatar que habían comenzado los primeros movimientos para la construcción de la mina en el Proyecto Mirador. Por ahora, en la gran planicie, la maquinaria pesada remueve la tierra para construir las piscinas de lavado del material que se extraerá.

En su página web, el Ministerio de Minería de Ecuador informa que será una extracción a cielo abierto (se hará un cráter gigante) Durante 27 años, se sacarán reservas de 2,96 millones de toneladas de cobre; 26,08 millones de onzas troy de plata; y 3,22 millones de onzas troy de oro.

Un poco más al sur, en Los Encuentros, cantón Yantzaza, está el otro megaproyecto: Fruta del Norte. Es una concesión de Lundin Gold (Aurelian Ecuador S.A.) y en 13 años, bajo el sistema de mina subterránea, prevé extraer 4,82 millones onzas troy de oro y 6,34 millones onzas troy de plata. Ahora está en la fase explotación, con la construcción de obras tempranas.

La presencia del proyecto Mirador también ha generado mayor presión de asentamientos humanos. Por ejemplo, el poblado Tundayme, a una hora y media en auto desde la capital provincial, ha crecido en número de casas y sobre todo abundan las mecánicas para el arreglo de volquetas.

El tránsito de vehiculos pesados, buses, camionetas y autos es intenso por carreteras asfaltadas y vías de lastre que conducen hacia el lugar. Pancartas escritas en español y en chino sobre medidas de seguridad y advertencias como ‘Propiedad Privada’ están a la vista.

Intentar acercarse a las instalaciones de la minera es una misión de ‘riesgo’. En puntos estratégicos hay guardias de seguridad privada en retenes o en vehículos. Apenas advierten la presencia de algún ‘extraño’, lo abordan de una forma intimidante, pues así lo hicieron con nosotros.

No obstante, igual es fácil observar las grandes estructuras y naves levantadas por la empresa minera en el costado norte del valle de Tundayme.

Fuente:https://ojoverdeecuador.blog/2018/03/06/rosario-ware-es-la-abuelita-shuar-que-le-desafia-a-una-gigante-minera-en-ecuador/

Un mensaje de diez líneas en facebook puede costarle a Agustín Wachapá una condena de hasta tres años de cárcel. A primera hora de este miércoles, este líder de la comunidad shuar de Ecuador comparecerá en un tribunal de la provincia de Morona Santiago por una acusación de incitar a la violencia contra la policía. En diciembre de 2016 la comunidad shuar se manifestaba contra la concesión de licencias mineras en su territorio amazónico por parte del gobierno del presidente Rafael Correa.

Wachapá escribió un mensaje para movilizar a los suyos, diciendo que nunca se rindieran y menos «entregar las minas» de su territorio. Wachapá fue encarcelado, pasó cuatro meses en prisión preventiva y sólo salió tras pagar 6.000 dólares de fianza, a la espera del juicio.

Pero la organización Human Rights Watch (HRW) denuncia que la persecución judicial no vino sola, sino que forma parte de una secuencia iniciada desde el poder ejecutivo. «Este caso provocó mucha preocupación en el movimiento indígena-explica a La SER Luciana Téllez, investigadora de HRW-, porque se dio en un clima de intimidación por parte de la administración de Correa«.

En un informe presentado esta misma semana, la organización acusa al expresidente de propiciar esas campañas de acoso, empezadas con «declaraciones muy hostiles por parte del presidente y vicepresidente en cadenas de televisión nacional», seguidas por las actuaciones del ministerio del Interior y de la fiscalía. «Los cargos penales que analizamos en nuestro informe son infundados, no vemos que haya evidencia para mantener acusaciones que en su mayoría son contra líderes indígenas que se opusieron a la minería y la explotación petrolera en la Amazonia.

No sólo se trataba de persecuciones individuales, sino de que el gobierno de Correa dictó un decreto que le permitió clausurar arbitrariamente organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Pachamama.

Human Rights Watch recoge un cambio de actitud por parte del nuevo gobierno de Lenín moreno, que se concreta en haber puesto fin al hostigamiento desde los medios. «No se han abierto nuevas causas contra líderes indígenas ni ambientalistas» aclara Téllez, pero critican que se sigan sin abordar los procesos judiciales de forma correcta y que la legislación utilizada contra las ongs no haya sido derogada por completo.

Por ejemplo otro líder comunitario shuar, Pepe Acacho, está pendiente de resolución de una condena por un delito menor de «impedir el libre tránsito de vehículos, personas y mercancías» durante otra protesta indígena contra una ley minera. El problema es que Acacho fue encontrado culpable de este delito sin haber siquiera ser acusado de él durante el juicio. Originariamente, en 2013, fue juzgado por terrorismo y condenado a 12 años de cárcel.

En enero de este año Acacho fue absuelto por ese delito en la Corte Nacional de Justicia, pero condenado por los otros delitos arriba mencionados. Como estos delitos no figuraban en la causa inicial, HRW explica que ni siquiera pudo defenderse de ellos porque simplemente no constaban.

Esta organización de derechos humanos alaba que el presidente Moreno se haya acercado a este movimiento y se haya reunido con sus líderes. Pero tiene que pasar la página del periodo ‘Correa’ poniendo fin al uso de los tribunales para amedrentar a los movimientos indígenas ambientalistas.

Fuente:http://cadenaser.com/ser/2018/03/28/internacional/1522227100_932267.html