Mineriaenlinea 25/10/2022
Los habitantes de la capital ecuatoriana, Quito, entregaron el lunes cientos de miles de firmas al tribunal electoral del país en un intento de prohibir la minería en una de las zonas más biodiversas del país andino.
Los firmantes, procedentes de zonas rurales del noroeste de Quito, pretenden bloquear seis concesiones mineras de oro en el bosque del Choco Andino, alegando amenazas para las fuentes de agua, la naturaleza y sus negocios locales.
El bosque, que abarca unas 280,000 hectáreas y fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 2018, cuenta con un gran número de especies de aves, mamíferos y anfibios.
También alberga el 12% de las variedades vegetales de Ecuador y es un importante corredor para los osos andinos, así como una importante fuente de agua para Quito.
El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, apuesta por el sector minero para impulsar la economía, con unas exportaciones previstas de 3,000 millones de dólares este año.
Sin embargo, los planes de desarrollo de la minería se han visto perturbados por resoluciones judiciales y referendos a favor de las comunidades y los pueblos indígenas, lo que ha frustrado posibles proyectos.
Los activistas presentaron 380,000 firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE), superiores a las 200,000 requeridas, para convocar un referéndum en la ciudad, que preguntará a los habitantes si están de acuerdo con prohibir todo tipo de minería metálica en la zona.
“No estamos dispuestos a aceptar a las mineras, no necesitamos a estas empresas”, dijo Fanny Durán, vecina de la parroquia rural de Pacto, que ayudó a entregar las firmas.
El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador ya ha entregado 12 concesiones en la zona, por lo que una votación para bloquear más minas no afectará a esos proyectos, dijeron los activistas.
Sin embargo, los habitantes de esas zonas han presentado demandas en los tribunales locales para detener su avance, argumentando que no fueron consultados previamente.
El Ministerio de Energía y Minas no respondió inmediatamente para hacer comentarios.
El tribunal electoral debe ahora verificar y aceptar las firmas, pero los activistas esperan que el referéndum pueda celebrarse en febrero de 2023, junto con las elecciones locales.
Reuters
25/10/2022
América Latina es el escenario de la violencia para los líderes indígenas que defiendes los territorios de las actividades extractivas. El clima de amenazas y la espiral de violencia que enfrentan los pueblos indígenas del debido a las presiones de la explotación minera sobre sus territorios registra una nueva mujer indígena, líder y defensora, esta vez en Ecuador.
Alba Bermeo Puin, de 24 años de edad, fue asesinada, a disparos durante la noche del viernes 21 de octubre de 2022. Presuntamente por personas vinculadas a la minería ilegal en las comunidades de Río Blanco, Cochapamba y Yumate. Se encontraba en estado de gestación de 5 meses de embarazo durante el ataque q recibió al vehículo en el que se encontraba.
De acuerdo a los reportes de organizaciones de Derechos Humanos y las federaciones indígenas locales, el asesinato de la defensora se inscribe en una inédita escalada de amenazas, acciones violentas, atentados y ataques de personas armadas en contra de líderes comunitarios opuestos a las actividades mineras en su territorio. A lo largo de las últimas dos semanas se habían registrado al menos tres episodios violentos con armas de fuego por parte de mineros ilegales. Las autoridades no han tomado acciones luego de las denuncias presentadas por los pobladores.
En 2018, la comunidad de Río Blanco alcanzó una sentencia favorable debido a la vulneración a su derecho a la consulta previa, libre e informada que logró la paralización judicial de las actividades de explotación minera por parte del consorcio minero Chino-Ecuatoriano Ecuagoldmining.
A partir de la ejecución de la sentencia el Estado Ecuatoriano ha incumplido su obligación de proteger los derechos vulnerados de las comunidades de la zona y su ausencia en términos de control del orden público ha derivado en una profusa invasión de mineros ilegales en el territorio. Su presencia constituye ya una doble vulneración de derechos. No solo se ha incumplido con garantizar el consentimiento previo, libre e informado, sino que el derecho a la vida de los pobladores y el derecho al territorio está siendo sistemáticamente vulnerado debido a la inacción del Estado frente a los grupos ilegales que sacan material minero de la zona.
Desde Land is Life repudiamos y condenamos estos hechos de violencia provocados por la inobservancia de los derechos de los pueblos indígenas y el incumplimiento estatal de la obligación de garantizar la vida de las personas, en especial de los líderes comunitarios y defensores indígenas.
El activista indígena murió en una de las protestas contra la política extractiva del correismo. Su nombre se enarboló luego como emblema en el discurso gubernamental para desviar la atención de las investigaciones sobre su homicidio
Yalilé Loaiza 16/10/2022
La muerte de Bosco Wisuma conmocionó al movimiento indígena, que sostiene que el fallecimiento del activista se dio por la represión policial durante las protestas del 2009.
La muerte de Bosco Wisuma conmocionó al movimiento indígena, que sostiene que el fallecimiento del activista se dio por la represión policial durante las protestas del 2009.
El profesor indígena bilingüe del pueblo shuar, Bosco Wisuma, murió hace 13 años en una protesta en contra de la política extractiva del gobierno de Rafael Correa. Wisuma, que también era activista en contra de la minería, recibió el disparo de un perdigón. Aunque su muerte no ha sido aclarada por completo, Wisuma se convirtió en un nombre recurrente en el gobierno de Correa y uno de los sentenciados por su asesinato ni siquiera estaba en el lugar donde Wisuma murió.
Desde el 27 de septiembre de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó a sus bases para manifestarse en contra de la Ley de Minería, aprobada por el gobierno, y la Ley de Aguas que el Ejecutivo había propuesto a la Legislatura.
La ley de minas de Rafael Correa fue un polémico cuerpo legal que permitió el ingreso de la minería a gran escala y aumentó el control estatal en el sector. Desde que se conoció sobre el proyecto, el sector indígena reclamó que la ley beneficiaría a las grandes compañías, perjudicando las actividades artesanales y provocaría mayores niveles de contaminación.
En cambio, la ley de Aguas pretendía nombrar una Autoridad Única del Agua (AUA), designada por el presidente para decidir sobre las políticas hídricas públicas. La Conaie manifestó que esa normativa privatizaría el agua, además pedía que la autoridad única del agua sea un consejo donde participen indígenas y sectores sociales y no una persona.
Aunque la protesta indígena fue de escala nacional. El levantamiento con mayor fuerza sucedió en Macas, en la provincia amazónica de Morona Santiago, a 380 kilómetros de Quito. De acuerdo con un artículo de Luis Ángel Saavedra publicado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), “los shuar enfrentaron fuertes operativos de represión implementados por la policía nacional”.
En ese contexto, y tres días después del inicio de las manifestaciones, el 30 de septiembre de 2009, Bosco Wisuma que estaba en el puente sobre el Río Upano, en Macas, murió de un disparo. En esa jornada, según informó una comisión legislativa que se creó en el gobierno de Correa para investigar los hechos, hubo alrededor de 40 policías heridos por perdigones.
Ese 30 de septiembre, en el puente con Wisuma estaban 16 manifestantes shuar, pertenecientes al pueblo indígena amazónico del mismo nombre y que es el más numeroso de la selva ecuatoriana.
La muerte de Wisuma conmocionó e indignó al movimiento indígena, principalmente al pueblo shuar, y las protestas se radicalizaron, hasta que el 5 de octubre, luego de un diálogo con el gobierno se lograron acuerdos, entre ellos que se cree una comisión legislativa que investigue la muerte del activista shuar. Esto mientras la Fiscalía General del Estado realizaba sus propias investigaciones.
Las investigaciones revelaron el caos y los claroscuros alrededor de la muerte de Wisuma.
Una versión oficial sin piso
La Fiscalía señaló a Fidel Kaniras como autor del disparo que mató a Wisuma. Pero esta versión no tenía el suficiente sustento. Los dos testigos shuar que la entidad utilizó para argumentar su hipótesis, pues decían que vieron a Kaniras dispararle a Wisuma, presentaron versiones contradictorias. Por ejemplo, no pudieron relatar en qué lugar estaban cuando vieron a Kaniras. Los testigos shuar fueron los hermanos Alberto y Freddy Anwasha, quienes fueron testigos protegidos, pero luego el gobierno los abandonó, según Saavedra: “ahora no están en su comunidad y nadie sabe a dónde han ido”.
Kaniras no pudo haberle disparado a Wisuma porque las pruebas de balística demostraron que la distancia que lo separaba de Wisuma hubiera provocado que el profesor y activista recibiera al menos 25 perdigones y no 1.
Los perdigones son proyectiles metálicos, generalmente de plomo, que están contenidos en cartuchos de escopetas. Cuando se los dispara, estos se dispersan y pueden realizar varios impactos en un solo tiro.
Dos expertos intervinieron en el caso: la forense francesa Tania Delabarde y el perito argentino Roberto Meza Niella, que ha investigado otras muertes extrañas en Ecuador, como el caso del general Jorge Gabela o el homicidio del oficial César Coronel Olivo.
Meza Niella confirmó que la muerte de Wisuma fue por el impacto de un perdigón. Mientras Delabarde determinó la trayectoria interna del perdigón, sin embargo no pudo señalar de dónde provino el proyectil. La experta francesa sugirió que se examine el perdigón que se había encontrado, porque sus características diferían de los perdigones artesanales que, según el gobierno, tenían los manifestantes shuar.
Folleto del Ministerio de Justicia sobre la muerte de Wisuma. Las autoridades correístas trataron de responsabilizar a los manifestantes shuar de haber matado al activista.
El gobierno de Rafael Correa descartó que la muerte de Wisuma haya sido causada por la Policía Nacional, pues aseguraron que la institución no utiliza ese tipo de armas. Sin embargo, los indígenas aún mantienen que Wisuma fue víctima de la represión policial.
Las autoridades correístas buscaron acusar a los manifestantes shuar de la muerte de Wisuma y aseguraban que el perdigón que mató al activista era similar a los que hirieron a los miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, las pericias de la propia Fiscalía indicaron que “no es posible determinar la posición del disparador, el que podría haber estado en un radio mínimo de 50 metros”, según recoge Saavedra en su artículo en Inredh. En ese radio, indica el articulista, “estaban shuar y policías y hubo heridos en los dos bandos y con la misma clase de perdigones”.
“Me parece absurdo que se esté afirmando algo no contrastable. Nosotros hemos sostenido y sostendremos que este es un crimen de Estado y no vamos a compartir absolutamente nada. No es posible que estando al otro lado, de frente, se diga que fueron perdigones salidos de los propios manifestantes que mataron al compañero. Me parece algo absurdo realmente”, dijo el entonces prefecto de Morona Santiago y miembro de la Federación Shuar, Marcelino Chumpi a los medios, según los archivos de El Comercio.
Que las autoridades nieguen que la Fuerza Pública utilice perdigones para reprimir a los manifestantes no es nuevo. Recientemente, en junio de 2022, durante las protestas indígenas en contra del gobierno de Guillermo Lasso, uno de los fallecidos, Henry Quezada, murió por el impacto de 99 perdigones en su cuerpo. El entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que la Policía Nacional no utilizó ese tipo de armamento y trató de culpabilizar a otros manifestantes. Sin embargo, un reportaje periodístico de Karol Noroña, especializada en seguridad, refutó la versión oficial sobre la muerte de Quezada.
Luego de la muerte de Wisuma, el presidente Rafael Correa se comprometió a investigar y esclarecer el caso e incluso nombró a una escuela en honor al activista. Correa utilizó a Wisuma como elemento discursivo para desviar la atención de las acusaciones del movimiento indígena sobre la represión.
José Acacho fue sentenciado en relación al crimen de Wisuma, pese a que no estaba en el lugar de la muerte del activista. Acacho luego fue asambleísta.
Incluso la justicia de aquel entonces sentenció como responsable del crimen a José “Pepe” Acacho, un líder shuar sin que siquiera haya estado en el lugar de los hechos. Acacho también era presidente de la Federación de Indígenas Shuar del Ecuador y director de radio Arutam. Según el gobierno, los mensajes radiales emitidos desde ese medio comunitario promovieron la violencia en las manifestaciones indígenas. A Acacho se lo procesó por terrorismo y sabotaje, según recoge el especial Sobrevivientes, de Plan V.
Así como Acacho, durante el correísmo, hubo otras voces críticas acusadas de terrorismo y sabotaje, como el caso de Francisco Endara Daza, que participó en las manifestaciones del 30 de septiembre de 2010 en contra de Rafael Correa. Justo un año después de la muerte de Wisuma. A Endara Daza lo condenaron por aplaudir.
Acacho, que fue detenido en septiembre de 2018, recibió un indulto presidencial de Lenín Moreno, que también fue vicepresidente de Correa y es acusado de traidor por el partido correista.
La política extractiva de Correa
Apenas dos años de su llegada al poder, Rafael Correa demostró con sus políticas públicas que se distanciaba de las promesas realizadas a los movimientos de izquierda que lo apoyaron para que gobernara desde Carondelet.
Las políticas que implementó para favorecer a proyectos extractivos –como la minería a gran escala– mostraron que Correa se distanciaba de los principios plasmados en la Constitución del 2008 que él impulsó y que aún sigue vigente.
En ese momento, el gobierno inició con la explotación de las minas al sur de la Amazonía ecuatoriana. En esta zona viven los pueblos indígenas shuar y saraguros, quienes se oponen a la minería a gran escala y que fueron reprimidos varias veces durante la administración de Correa.
Durante las protestas del 2015 en contra del gobierno de Rafael Correa, los miembros de la comunidad indígena Saraguro fueron reprimidos por la fuerza pública. (Foto: Conaie).
En agosto de 2015, hubo varias jornadas de protesta en contra del gobierno de Rafael Correa. Los manifestantes, incluyendo al movimiento indígena, mostraron su descontento con las políticas gubernamentales relacionadas al medioambiente y los intentos de Correa de permitir la reelección presidencial indefinida. La organización internacional Human Rights Watch alertó que los “miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas utilizaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes durante protestas contra el gobierno en agosto de 2015″.
Uno de los casos más emblemáticos de esas protestas del 2015 fue la represión a los indígenas saraguros, quienes se manifestaban pacíficamente. Según Inredh, “por estos hechos 31 personas fueron procesadas, de ellas 2 fueron sobreseídas antes de iniciar el proceso. De las 29 personas, actualmente 12 fueron llamados a juicio y 2 sentenciados a 4 años de prisión por el presunto delito de paralización de servicio público”.
De acuerdo con Plan V, desde finales del 2013, cuando Correa aún estaba en el poder, varios integrantes de las comunidades shuar y saraguro aparecieron asesinados con signos de tortura, “pero el Gobierno por todos los medios trató de silenciar estos casos visibilizados por los dirigentes de las comunidades y estableciendo que eran producto de rivalidades internas”.
De la represión a la propaganda
La propaganda gubernamental de Rafael Correa era un despliegue impresionante que permitió al gobierno llegar con su mensaje a su militancia que incluso ahora defiende al expresidente, prófugo de la justicia ecuatoriana que está asilado en Bélgica. La muerte de Wisuma fue parte del aparataje propagandístico del correísmo, así como los caídos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, conocida como 30S.
El correismo nombró una escuela en nombre del activista y profesor Bosco Wisuma, que murió protestando en contra de las políticas de Rafael Correa.
En su artículo sobre la muerte del profesor y activista shuar, Saavedra señala que “Bosco Wisuma murió defendiendo los derechos de su pueblo pero, cosas de la política, su memoria terminó siendo una iconografía del gobierno al cual rechazó”.
En octubre de 2019, durante las protestas indígenas que duraron 11 días, la Conaie increpó al expresidente Rafael Correa por querer ganar atención política a costa de las manifestaciones y publicaron en su cuenta oficial de Facebook: “¡Miserable! Rafael Correa. Rechazamos el oportunismo descarado, el correísmo nos criminalizó y asesinó a compañeros durante 10 años, hoy pretende aprovecharse de nuestra plataforma de lucha. No olvidamos a José Tendetza, Bosco Wisuma, Fredy Taish, asesinados por su aparato estatal Esta es la lucha del pueblo ecuatoriano, ni con Moreno, ni con Correa, ni con Lasso, ni con Nebot”.
Entre 2009 y 2014, cinco activistas contra la minería, incluido Wisuma, murieron en circunstancias extrañas y no esclarecidas. Estas muertes son parte de los más de 30 asesinatos sucedidos durante el correísmo, en los que los familiares de las víctimas reclaman una responsabilidad gubernamental.
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/10/16/el-caso-bosco-wisuma-el-profesor-asesinado-en-una-protesta-contra-rafael-correa-quien-luego-lo-reutilizo-como-propaganda-propia/
La moratoria de un año interrumpirá 200 proyectos mineros y 15 bloques petroleros, pero las organizaciones indígenas esperan una ley que proteja mejor a las comunidades
Jonathan Palma 12/10/2022
Manifestantes indígenas en Quito, Ecuador, en junio.
El país vivió semanas de manifestaciones contra el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos, la exclusión indígena y las políticas extractivas del gobierno. (Imagen: Joaquín Montenegro Humanante / dpa / Alamy)
Una decisión sin precedentes puede marcar un hito en la historia de Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció el mes pasado una moratoria de un año para nuevos proyectos mineros y petroleros. En pocas palabras, se mantendrán cerrados los registros para nuevas concesiones, otorgamientos de permisos ambientales y concursos para ceder bloques petroleros.
El 9 de septiembre pasado, el régimen de Lasso y organizaciones indígenas firmaron un acta para oficializar la medida, que estará en vigencia hasta que se elabore una ley de consulta previa para los pueblos donde se pretenda ejecutar un proyecto de esa naturaleza.
Este hecho histórico es consecuencia de las mesas de diálogo que se realizaron luego de las protestas de junio que mostraron el desacuerdo de las poblaciones indígenas frente a políticas económicas y extractivas del Gobierno. Durante esos días, murieron seis personas, se reportaron más de 500 heridos y se calcularon pérdidas económicas de unos USD 1.000 millones.
Con la firma de este acuerdo, unos quince bloques petroleros estarán congelados a la espera de la normativa, según el Ministerio de Energía y Minas; al igual que unos 200 proyectos de minería que no pueden operar por la falta de permisos respectivos, que dependen de la vigencia de esa ley, de acuerdo con estimaciones del movimiento indígena.
Este acuerdo da la oportunidad a que el Estado ecuatoriano salde una deuda que ha tenido por décadas con los pueblos indígenas
“La moratoria deberá mantenerse hasta que se emita una ley que regule, de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, la consulta previa para la ejecución de cualquier proyecto que pueda afectar territorios indígenas”, señala Cristina Melo a Diálogo Chino, asesora jurídica de la Fundación Pachamama que representa legalmente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y que además considera que este “acuerdo da la oportunidad a que el Estado ecuatoriano salde una deuda que ha tenido por décadas con los pueblos indígenas”.
Este avance, añade, se registra a diez años de la sentencia del caso Sarayaku vs Ecuador, que juzgó la invasión de territorio ancestral para fines petroleros. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya dispuso la obligación del Estado ecuatoriano de legislar apropiadamente este derecho (consulta previa)”.
Demandas de organizaciones
La Conaie pedía al Gobierno que detenga la ampliación de la frontera minera y petrolera, una auditoría a las concesiones otorgadas, la reparación socioambiental, entre otras demandas. Como parte de estas acciones se exigía también la derogatoria de los decretos 95 y 151.
El decreto 95, que entró en vigor el 7 de julio de 2021, fue lanzado por el presidente Lasso en un intento por duplicar la producción petrolera, que en el segundo trimestre de ese año se situaba en casi 500.000 barriles de crudo diarios. Proponía cambios en las políticas públicas para mejorar las condiciones técnicas y operativas de los inversores y ajustes en los modelos de contratos, entre otras medidas. Fue derogado el 29 de junio, un día antes del fin de la huelga.
En cambio, el decreto 151 no fue derogado. Entró en vigencia el 5 de agosto del año pasado y contiene el Plan Minero con el que se daba más agilidad a los trámites de concesión. Más bien, el Gobierno expidió el decreto 468, que ordena que no se aprueben nuevos permisos mineros en territorios indígenas y áreas protegidas, algo que consta en la Constitución, pero por otro lado exceptúa a aquellas iniciativas que ya tenían un acuerdo previo.
Escepticismo en el movimiento indígena
El 24 de agosto, en medio de las negociaciones, las dirigencias indígenas reclamaban mayores avances. Ese día, Gilberto Talahua, del Movimiento Indígena de Bolívar, dijo que esperaba que se cumpla la “moratoria a toda actividad extractiva”.
El ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, coincidió con los dirigentes, pero argumentó que también se debe entender que “los minerales tienen un rol en el planeta” y que eso conlleva a analizar una alternativa.
El 5 de septiembre se reinstaló otra mesa para conocer las contrapropuestas. Luis Mullo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), se mostró insatisfecho con las respuestas del oficialismo: “De parte de la sociedad civil estamos cumpliendo con la paz, pero eso nos preocupa”. No obstante, las partes llegaron a ciertos acuerdos, principalmente, la moratoria.
José Cueva, ingeniero agrónomo, experto en temas mineros y ambientales que asesora al movimiento indígena, le explica a Diálogo Chino que el sinsabor en una parte de la dirigencia se genera por el discurso contradictorio del oficialismo: “El Gobierno nunca aceptó que en la moratoria entren todos los proyectos, incluyendo los que tienen actualmente permisos o concesiones otorgadas. El Gobierno habla de que únicamente entran en la moratoria los nuevos proyectos o solicitudes“.
En efecto, en declaraciones a medios de comunicación, el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, indicó que “todos los proyectos que están en marcha continúan en marcha” y que los proyectos mineros que podrán obtener licencia ambiental sin requerimiento de consulta previa son: Curipamba, La Plata, Loma Larga, Cascabel, Warintza y Mirador Norte, que se centran principalmente en la extracción de oro, cobre y plata y representan una inversión de más de USD 10 mil millones.
Diálogo Chino solicitó una entrevista con un vocero de ese ministerio y la entrega de información al respecto, pero hasta el cierre de este artículo no se concretó la cita ni se recibió la data. Se envió un correo electrónico y se hicieron consultas recurrentes a personal de Prensa de la institución.
Presencia minera en Ecuador
En 2018, cuando se detectaron más de 4.200 fuentes de contaminación minera a nivel nacional, el Ministerio de Energía impulsó el Proyecto de Depuración del Catastro Minero para aclarar el panorama de esa actividad.
4.237
El número de fuentes de contaminación minera en Ecuador registradas por una investigación del Ministerio de Ambiente y Agua en 2018
Hasta septiembre del 2019, Energía había validado más de 4.000 expedientes, “equivalentes al 75 % del registro de las concesiones mineras legales existentes en el territorio ecuatoriano”, entre todos los proyectos, indistintamente de su escala.
Si bien la minería artesanal y la ilegal preocupa a los activistas por el uso indiscriminado de mercurio hay un mayor foco en aquella minería que se hace a cielo abierto o que genera impactos de mayor envergadura en el medioambiente y en la dinámica social de los pueblos. Al mes de julio pasado, la minería a gran escala ocupaba 104 mil hectáreas del Ecuador (tres veces la superficie de Quito), distribuidas en siete provincias.
Proyectos petroleros en para
Pese a que el ministro de Energía, Xavier Vera, dice que el país no se vería afectado por el año de moratoria extractiva, ni mucho menos la producción petrolera de la que depende gran parte del presupuesto del Estado, Katherine Navia, experta en macroeconomía y profesora del Instituto Argos de Guayaquil, ve un panorama poco alentador por ese cierre temporal.
“Esto trae consigo pérdidas en plazas de empleo, a nuevas tecnologías, en conocimiento, apertura comercial internacional, y todo esto da como resultado una merma en la recaudación de impuesto a la renta”, analiza Navia y refiere que desde 2008, año en que se cerró el catastro minero, inversionistas han empezado operaciones en Perú y Chile.
La moratoria trae consigo pérdidas en plazas de empleo, a nuevas tecnologías, en conocimiento, apertura comercial internacional, y una merma en la recaudación de impuesto a la renta
Ella espera que se cumplan los puntos que recoge el acta del diálogo, si es posible antes del año, para que el país tenga una legislación clara sobre la explotación de recursos naturales y así se genere un clima de confianza para el empresariado extranjero.
La preocupación de la especialista recae en la complejidad que ha tenido el debate de este tema, aún más profundo quizás en el apartado petrolero, porque se aborda un componente adicional a la expansión de la frontera extractiva, la vida de los pueblos que decidieron aislarse del mundo que conocemos.
Cristina Melo, asesora jurídica de la Fundación Pachamama que representa legalmente a la Conaie, aspira que con el acuerdo alcanzado se reevalúe el futuro de cada una de las instalaciones que está en plena operación en la selva, ya que los impactos en la flora y fauna también lo están viviendo las comunidades.
“No hay cifras exactas, pero se amplió la actividad extractiva en zonas de territorios intangibles Tagaeri y Taromenane, (nombres de los) pueblos en aislamiento voluntario; y (los pozos) están en el Yasuní, la zona más biodiversa del mundo. Se inició incluso la explotación de los bloques Ishpingo Norte y Tambococha, zonas de esos pueblos y de amortiguamiento ambiental del Yasuní. Son algunos de los proyectos que deberán ser reevaluados por el Gobierno”, detalla la abogada.
La actividad petrolera conlleva la instalación de campamentos, plataformas donde funcionan los pozos, mecheros que están encendidos las 24 horas del día, que generan mucho ruido. Y con la llegada de la exploración y extracción de crudo surgen otros problemas como la deforestación, la caza de animales silvestres, enfermedades y problemas sociales, en la medida que transcurre el tiempo, según estudios.
Las organizaciones indígenas esperan que la elaboración de una ley que garantice la consulta previa a las comunidades sea el punto de inflexión que esperaban para que realmente se busque, desde el Estado, un cambio en la matriz energética y productiva, apostando más en la energía limpia y en proyectos sostenibles en zonas naturales, donde las comunidades mantengan su forma de vida, sus costumbres, su salud.
EFEverde 22/09/2022
El actor estadounidense Leonardo DiCaprio insistió en proteger al valle del Íntag, en Ecuador, frente a un proyecto minero cuyos planes fueron validados meses atrás por un juez, quien consideró que no se habían vulnerado los derechos de consulta previa de las comunidades locales.
La decisión del magistrado está pendiente de revisión por parte de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Imbabura en una audiencia que fue reinstalada este miércoles, donde las comunidades del Valle del Íntag insistieron en la acción de protección reclamada para detener el proyecto minero.
A través una serie de publicaciones pasajeras realizadas en la red social Instagram, DiCaprio explicó este miércoles el riesgo de la implantación en este entorno natural de la mina de cobre Llurimagua, un proyecto planteado en alianza entre la Empresa Nacional de Minería (Enami) de Ecuador y la Corporación Nacional de Cobre (Codelco) de Chile.
El ganador del Oscar al mejor actor por la película de «El Renacido» aseguró que el Íntag es el hogar de una rica biodiversidad de plantas y animales que podría verse impactada por la irrupción en el lugar de la actividad minera.
El actor y activista ambiental estadounidense Leonardo DiCaprio. EFE/Franck Robichon/ARCHIVO
El polifacético actor afirmó que las comunidades locales están «profundamente conectadas» con ese enclave natural y puso como ejemplo la oposición a la minería de líderes locales como Cenaida Guachagmira, una joven activista que quiere mantener el Valle del Íntag lo más imperturbable posible.
«Si el proyecto de la mina Llurimagua cae, podría ayudar a proteger un área clave para biodiversidad en los Andes tropicales», enfatizó DiCaprio.
El valle del Íntag está en el norte de Ecuador, dentro de la provincia de Imbabura, y es considerado una zona de enorme biodiversidad que alberga miles de especies, muchas de ellas endémicas y bajo amenaza de extinción, como el mono araña de cabeza marrón y la rana Arlequín hocicuda, que se creía extinta hasta 2016.
Desde finales del año 2021 el proyecto es objeto de un arbitraje internacional impulsado por Codelco en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial para exigir a la Enami de Ecuador que se cumplan los plazos estipulados en el acuerdo entre ambas empresas públicas.
De llevarse a cabo, esta sería la primera operación de Codelco en el exterior ya que se encargaría de la operación de un yacimiento cuyas estimaciones apuntan a 318 millones de toneladas con ley promedio de 0,71 % de cobre y 0,026% de molibdeno. EFEverde
Alexandra Valencia
07/09/2022
Foto de archivo del presidente de Ecuador Guillermo Lasso en una rueda de prensa en Quito
(Reuters) -El gobierno de Ecuador llegó a un acuerdo preliminar con grupos indígenas para declarar una moratoria temporal en 16 bloques petroleros, dijo el miércoles el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, marcando un punto de inflexión en las negociaciones destinadas a evitar nuevas protestas callejeras.
Lasso, un exbanquero conservador, abrió un diálogo de 90 días para discutir la implementación de un acuerdo que puso fin en junio a más de dos semanas de protestas indígenas contra su agenda económica y ambiental.
Las manifestaciones dejaron al menos ocho muertos y afectaron severamente a la industria petrolera, con presiones que obligaron a recortes inmediatos en los precios de la gasolina y el diésel, subsidios a fertilizantes y otras medidas que, según el Gobierno, costarán unos 600 millones de dólares.
Los grupos indígenas exigían una moratoria a las actividades extractivas y que se declaren nulas las concesiones en zonas sensibles. Lasso acordó suspender la aprobación de nuevos proyectos en territorios indígenas considerados ancestrales, áreas de protección ambiental y zonas arqueológicas.
«Damos una muestra como Estado que estamos cediendo a la petición», añadió Vera a los medios.
La moratoria afectará a bloques en el sur del país donde no se realizan operaciones de exploración y producción, y estará vigente hasta que se establezca una ley de consulta previa libre e informada para las comunidades indígenas, explicó el ministro.
De manera similar, el Gobierno no otorgará más títulos mineros hasta que se apruebe la ley de consulta previa, dijo Vera, agregando que podría aprobarse en los próximos 12 meses.
Las exportaciones de las dos minas de oro y cobre a gran escala de Ecuador están convirtiendo rápidamente al sector en clave para el fisco del país. Ecuador espera ventas de minerales de al menos 2.800 millones de dólares este año.
«Nuestra posición es no a la minería, ese el punto de inicio y a partir de ahí se verá la propuesta del Gobierno», dijo Gilberto Talahua, presidente del movimiento indígena de Bolívar, donde se ubica el proyecto Curipamba, que se convertirá en la tercera mina del país.
Los acuerdos relacionados con el petróleo y la minería podrían firmarse el viernes, al igual que aquellos que se alcancen sobre producción agrícola y subsidios a los combustibles, dijeron los ministros que participan en el diálogo.
Los líderes indígenas no estuvieron disponibles para comentar sobre los acuerdos preliminares presentados por Vera.
El único acuerdo firmado hasta ahora es sobre la condonación de la deuda de los pequeños agricultores, y algunos líderes indígenas han amenazado con abandonar las negociaciones.
«Puede ser como un juego del Gobierno y no nos queda otro camino que nuevamente la presencia en las calles», dijo a Reuters Blanca Chancoso, expresidenta de la organización indígena Ecuarunari. «Para nosotros el paro no se ha terminado. Esperamos que (la negociación) no sea solamente un desgaste».
Otras área de negociación, que se prevé duren hasta mediados de octubre, son los controles de precios en más de 40 productos.
El Gobierno ha dicho que está comprometido con todas las demandas de los grupos sociales, pero destacó que estos no obtendrán todo lo que quieren.
Sin embargo, el exministro de Energía Fernando Santos dijo a Reuters que no está seguro de que se pueda llegar a un acuerdo exitoso.
«Al Gobierno lo veo débil y el presidente Lasso es una persona bastante orgullosa y no va a ceder, ni de casualidad, a las demandas indígenas y el señor Iza también está con una posición triunfalista que quiere todo o nada», dijo Santos en referencia al líder indígena Leonidas Iza.
«Veo días difíciles, no veo voluntad de llegar a acuerdos», sostuvo Santos, y agregó que la actividad petrolera y minera podría estancarse durante el gobierno de Lasso.
La oficina de Lasso dirigió las preguntas al ministerio de Gobierno, que dijo que no podía conceder una entrevista a Reuters hasta finales de esta semana.
El Gobierno aseguró que las conversaciones están avanzando en el tema de los subsidios a los combustibles, que este año costarán alrededor de 3.800 millones de dólares, más que los presupuestos públicos anuales para salud, educación y seguridad.
«En esas condiciones es difícil que incline la balanza para entablar una mesa de diálogo», explicó el analista político Alfredo Espinosa, quien recalca la impopularidad de Lasso y su desvinculación con la ciudadanía. «Es como que el rehén está negociando con su captor, que es el movimiento indígena».
(Editado por Javier Leira y Carlos Serrano)
https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/negociaciones-grupos-ind%C3%ADgenas-ponen-prueba-131417142.html
Medio centenar de indígenas protestan ante la Corte Constitucional para exigir al gobierno la protección de la selva en cumplimiento de sentencias judiciales frente al avance de empresas mineras y petrolíferas
AP Noticias
06/09/2022
En medio de gritos de justicia y acción y de cánticos y danzas en su idioma nativo, hombres y mujeres de la comunidad cofán Sinagoe y waorani —habitantes milenarios de la selva tropical de la Amazonía— reclamaron decisiones efectivas por parte de las autoridades para impedir la explotación de los recursos.
Wider Guaramag, presidente de la comunidad Sinangoe, dijo durante la medida que exigimos revertir las concesiones —52 mineras y un bloque petrolífero, según datos oficiales— y la reparación integral porque dicen que los alimentos los obtienen de la pesca en el río Aguarico.
“Siempre hemos pescado ahí, si esos alimentos, esos pescados están contaminados por lo que hizo la minería, entonces nosotros estamos directamente afectados”, señaló.
Tras largos juicios en diferentes cortes, finalmente la Corte Provincial de la provincia de Sucumbíos y la Corte de la provincia de Pastaza fallaron consecutivamente en años recientes a favor de los indígenas cofán y waorani y en contra de las actividades de extracción en miles de hectáreas de selva tropical.
Gaba Guiquita, de la etnia waorani, aseguró que tras una lucha de años siguen esperando resultados. “Hoy levantamos fuerte nuestra voz, porque queremos vivir sanamente en nuestros territorios, el Estado nos dañó porque no respeta nuestras decisiones y entró a nuestro territorio”.
Ecuador obtiene de la actividad petrolífera alrededor del 30% de los ingresos de la caja fiscal y la actividad minera ha ido en incremento en minas de otros sectores del país dejando exportaciones alrededor de los 3.000 millones de dólares al año, especialmente de minas de oro, cobre y otros minerales del sur del país andino, de acuerdo con las autoridades.
https://www.independentespanol.com/ap/ecuador-indigenas-piden-proteger-la-selva-ante-mineria-b2161258.html
Mineriaenlinea 07/09/2022
El proyecto Cascabel de SolGold, en Ecuador.
Dos comunidades indígenas de la región amazónica de Ecuador exigieron el martes a la Corte Constitucional que aplique las sentencias de 2018 y 2019 para proteger miles de hectáreas de selva tropical de proyectos petroleros y mineros.
Los tribunales locales de Ecuador fallaron por separado a favor de la comunidad A’i Cofan de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos del país, así como de 16 comunidades Waorani de la provincia de Pastaza, argumentando que no habían recibido consulta previa sobre los proyectos extractivos previstos en sus territorios, ordenando incluso trabajos de restauración en las zonas afectadas.
Delegaciones de ambas comunidades presentaron una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador para obligar al Ministerio de Energía y Minas, y al de Medio Ambiente, a cumplir las sentencias.
“Han pasado varios años pero la sentencia no se ha cumplido en absoluto”, dijo a los periodistas Wider Guaramag, presidente de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe. “La violación de nuestros derechos continúa”.
En 2018, un juez falló a favor de la comunidad A’i Cofán y ordenó la reversión de una veintena de concesiones mineras otorgadas a empresas privadas a lo largo del río Aguarico, así como el archivo de 32 procesos que aún no habían sido adjudicados.
Sin embargo, la comunidad argumenta que las autoridades sólo suspendieron las concesiones mineras, sin revertirlas ni archivarlas, mientras que la restauración ambiental no se ha llevado a cabo.
En los últimos 15 meses se han suspendido las actividades en 146 concesiones mineras en Ecuador, dijo el Ministerio del Ambiente en un comunicado, sin mencionar las concesiones en Sucumbíos.
Las comunidades waorani buscan la protección de sus territorios, para evitar que se desarrollen operaciones petroleras en sus tierras, después de que un juez dictaminara que la creación del bloque petrolero 22 violaba sus derechos en 2019
El bloque petrolero en cuestión aún no ha sido adjudicado a una empresa petrolera.
El Ministerio de Energía y Minas no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Enfrentará nuevo proceso judicial en Ecuador por proyecto minero cuestionado por vulneración de derechos
En Latinoamérica
20/07/2022
Las estatales Codelco y la Empresa Nacional Minera del Ecuador deberán enfrentar una nueva audiencia en ese país ante las denuncias que se han presentado por las consecuencias que ha arrastrado un proyecto minero, donde se pretenden explotar cientos de toneladas de cobre en un ecosistema frágil y que cuenta con especies en peligro.
Por J. Arroyo Olea
Para este jueves está fijada la audiencia de segunda instancia en la Corte Provincial de Imbabura en Ecuador contra el megaproyecto minero Llurimagua, que busca explotar más de 200.000 toneladas de cobre al año con una vida útil de hasta 27 años.
El juicio se instala contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Ministerio de Energía y Recursos Renovables del Ecuador debido a la amplia cantidad de vulneraciones de derechos constitucionales que ha encabezado la iniciativa de explotación minera liderada por la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la Empresa Nacional Minera del Ecuador.
El proceso judicial inició el pasado 31 de enero tras una Audiencia por la Acción de Protección presentada por comuneras y comuneros afectados por el proyecto minero Llurimagua y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, y en esta oportunidad apela nuevamente a la protección de especies en peligro de extinción como también en defensa de las comunidades humanas cuyo derecho a consulta ha sido vulnerado.
Ante esto, se ha desarrollado una campaña internacional de difusión y solidaridad con las comunidades en conflicto, emplazando a las empresas estatales tanto ecuatoriana como chilena a que desistan del proyecto minero.
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El proyecto en cuestión está liderado por Codelco y la Empresa Nacional Minera del Ecuador, ubicándose en la zona de Intag y pretendiendo explotar más de 200 mil toneladas de cobre al año. El medio Periodismo de Investigación dio a conocer que ya en 2019 la Contraloría de Ecuador dio a conocer doce observaciones al proyecto, concluyendo que «las empresas no presentaron los planes anuales de actividades y de inversiones de la concesión en el plazo establecido. Estos incumplimientos, según la entidad de control, constituían causal de caducidad contractual. Sin embargo, quedó como letra muerta».
Asimismo, recientemente las empresas involucradas -ambas estatales- retomaron conversaciones tras suspender los procesos de arbitraje solicitados por Codelco y así poder avanzar en el proyecto.
https://resumen.cl/articulos/codelco-en-la-mira-enfrentara-nuevo-proceso-judicial-en-ecuador-por-proyecto-minero-cuestionado-por-vulneracion-de-derechos
En 2022 se cumplen 10 años desde que Ecuador firmó el primer contrato de minería a gran escala y a cielo abierto: Cóndor Mirador, un mega proyecto de explotación de oro y cobre, liderado por la empresa China Ecuacorriente S.A.
En marzo de 2012, Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables durante el gobierno de Rafael Correa, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala, que permitió la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales, por un tiempo de 25 años renovables. Pero, ¿qué ha pasado en estos diez años?
En marzo de 2012, Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables durante el gobierno de Rafael Correa, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala, que permitió la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales, por un tiempo de 25 años renovables. Pero, ¿qué ha pasado en estos diez años?
Mishell Mantuano y Viviana Erazo visitaron la parroquia de Tundayme, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía Sur de Ecuador, donde está situado el proyecto, para ver de cerca las consecuencias de la explotación minera, la afectación al medio ambiente, la migración forzada y el despojo de identidad que vivieron y continúan viviendo los y las comuneras y las comunidades indígenas shuar, quienes han sido desalojados de manera violenta y forzosa más de una vez de su territorio y quienes fueron engañados cuando, hace diez años, se les prometió escuelas y hospitales que jamás llegaron.
En un recorrido de dos días por la parroquia, las periodistas observaron la afectación a los ríos y el medio ambiente, además de hablar con hombres y mujeres que aún resisten a la minería.
***
Desde la Casa Comunal de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, se observa un gran asentamiento, que de lejos parecen casas donde habita otra comunidad. Pero no, cuando te acercas hasta el asentamiento estas son campamentos y letreros que indican que estás en “Propiedad Privada” de Ecuacorriente S.A, empresa China.
Por este proyecto minero, más de 32 familias indígenas fueron desalojadas de manera violenta entre los años 2014 al 2022, además de vivir graves consecuencias de contaminación a sus territorios.
En una ranchera, la tarde del 08 y 09 de abril de 2022, salimos de la Casa Comunal, Cascomi, para ver de cerca los campamentos y el proyecto minero por el cual la comunidad fue desalojada. En compañía de los y las comuneras de Tundayme; líderes y lideresas de otras zonas del país, que también resisten a la minera y el extractivismo; y parte del Colectivo Geografía Crítica, quienes acompañan procesos en defensa del territorio, los derechos colectivos y de la naturaleza, realizamos un recorrido de dos horas por la zona para observar las afectaciones al medio ambiente.
–Miren, observen, registren, vayan a la ciudad y cuenten lo que pasa, cuenten nuestra realidad y todo el daño que nos ha causado la minera Ecuacorriente S.A y el Estado. Pero, sobre todo, digan que necesitamos su ayuda, que necesitamos de la gente de la ciudad para continuar esta lucha, porque lo que hacemos no es solo por nosotros, es por ustedes, por todas y todos; es por defender los territorios y nuestros ríos, el agua. Nos prometieron escuelas, hospitales, mejor calidad de vida. No tenemos nada. Además, nosotros no queremos dinero ni oro, solo queremos nuestras tierras, agua limpia, recuperar nuestra vida.
Esas son las palabras de Luis Sánchez, líder indígena, defensor de los derechos de la naturaleza y parte de La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, una organización comunitaria que lleva años resistiendo las consecuencias del despojo cometido por la Fuerza Pública y la empresa minera china en Tundayme. Luis, junto a varias familias de la comunidad, han sufrido desalojos desde el 2014 por parte de la empresa minera china ECSA y ahora resisten desde su Casa Comunal, de la cual también hoy los quieren desalojar.
Luis cuenta que la empresa minera destruyó el tejido social comunitario “con toda la venganza y con las formas más perversas llevaron a cabo los despojos para intimidar a la gente”.
Luis habla mientras caminamos sobre el puente por donde pasa el rio Wawayme, uno de los principales de la parroquia y que ahora se ve espumoso y con su caudal reducido producto de la contaminación.
–Ya no podemos consumir agua de este río, nos hace daño – dice Luis.
Mientras continuamos el recorrido, converso con varias personas que viven las consecuencias de la explotación minera. Una de ellas es Carmen.
–Yo nací y crecí en esas tierras –dice Carmen, mujer indígena amazónica, mientras mira con desconsuelo el campamento de la empresa, cruza sus brazos, suspira, pasa las manos por su cabellera larga y mira a su esposo que está a pocos metros de ella, le sonríe y permanece en silencio por unos minutos.
–Estamos cansados de luchar, han sido muchos años, hemos caminado de un lugar a otro, dejando a nuestros hijos e hijas muchas veces solos –dice Carmen, mientras agacha su cabeza, sus ojos se llenan de lágrimas y continúa –¿De qué ha servido?, solo nos ha dejado cansancio y dolor. Hemos querido actuar como personas civilizadas, actuar con base en las leyes, pero para ellos no hay ley que valga.
Continuando el recorrido por Tundayme y el proyecto minero, hicimos una parada en la zona donde antes estaba la casa y la comunidad a la que pertenecía Luis y otros de sus compañeros y compañeras; ahora ese terreno está lleno de monte y maleza, producto de la tala de árboles, desde ahí se logra ver grandes bosques y una roca que de lejos parece ser el rostro de una persona.
–Detrás de esos grandes bosques hay arroyos o mini ríos como nosotros les llamamos –dice Luis. Al pasar por la vía se puede ver un canal que, según Luis, es para llevar el agua hasta un asentamiento militar, negándoles a las comunidades de la zona su derecho al agua, establecido en el artículo 318 de la Constitución, que dice, que “el agua es un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización”.
Los desalojos: una forma de debilitar la comunidad
–Los policías ingresaron y nos desalojaron en el año 2014, a pesar que habíamos interpuesto una acción de protección para evitar que sucediera– recuerda Luis Sánchez, líder de la comunidad Cascomi. En el desalojo la Policía destruyó el Centro Comunitario de San Marcos, la escuela y la iglesia
–Todo lo rompieron las maquinarias, con ayuda de los Policías.
Pero la acción que marcó el punto de quiebre fue en agosto de 2015 cuando arrancó la gran marcha del pueblo desde la parroquia Tundayme, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Para la marcha “se dieron cita delegaciones de todo el país para sumarse a las personas que se dirigieron hacia Quito para reivindicar sus demandas en torno a la protección de la Cordillera del Cóndor ante la mega minería”. Asimismo, la marcha fue en rechazo a la minería a gran escala y especialmente a la empresa ECSA, según un boletín de prensa publicado por la COANIE.
“En ese tiempo ya nos encontrábamos en la resistencia”, dice Luis. Y recuerda que ese año el presidente Rafael Correa Delgado “se molestó tanto que, en septiembre del mismo año, mandó a desalojarnos. De ahí en adelante los despojos han continuado”.
135 efectivos de la Policía Nacional y guardias de la empresa minera Ecuacorriente, según datos del Ministerio del Interior y recogidos en un comunicado de INREDH, ingresaron a la parroquia de Tundayme para desalojar a varias familias de la zona que habitaban el lugar.
En total, 32 familias, formadas por 116 personas, fueron desalojadas entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 por policías, militares, guardias y trabajadores contratados por la empresa minera, Ecuacorriente S.A., por el notario del cantón Pangui, funcionarios de Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, y la Intendencia de Policía de Zamora Chinchipe.
María de los Ángeles García y su familia fueron parte de las personas desalojadas.
– Con las máquinas tumbaron todo, las casas, entre esas la mía. Yo tenía gallinas, pollos, cuyes, cerdos, todo eso se perdió. Lo destruyeron. Con lo poco o nada que me quedó tuve que ir a la casa de mis suegros en Gualaquiza– dice María con gran nostalgia, mientras respira por unos segundos para continuar con el relato.
– ¿Pero sabes qué fue lo peor de todo eso? –me pregunta y, enseguida, sin darme tiempo a responderle, dice:
–Todo eso lo vimos desde afuera, porque ya no pudimos ingresar a nuestra casa, los policías y los trabajadores de la minera nos entregaron un par de cosas y todo lo demás se perdió.
Después de eso, María y las familias desalojadas recibieron ayuda de personas externas quienes les brindaron ropa y alimentos. Ahora, María trabaja cuidando niños y niñas, con eso, dice, pudo lograr que sus hijos terminen el colegio, pero la Universidad no.
– Porque no tengo dinero para eso, en la ciudad no hay comida, no hay nada. Al menos con la finca que teníamos podíamos sostenernos con la siembra y la cosecha de naranjilla y yuca, además de la leche que sacábamos de las vacas.
Pero los desalojos no han parado. Rosa y Aurelio es una pareja de la tercera edad, ella tiene 65 años y él tiene 73, vivían de la siembra y la cosecha que realizaban en su tierra, en sus chacras; además, criaban animales como cuyes, gallinas y tenían algunas vacas para ordeñar y vender la leche para su propio sustento. Ellos vivían cerca del río Wawayme Alto hasta que el 10 de abril de 2022, comuneros de la parroquia de Tundayme les alertaron que la empresa minera China Ecuacorriente S.A los iba a desalojar, esa alerta preocupó y asustó mucho a su hija Jenny Morocho.
Doña Rosa, como la conocen en la parroquia, desde que era una niña ha vivido en estas tierras, y aquí se casó y formó una familia. Ella, al igual que su esposo Aurelio, no querían dejar sus tierras ni la vida que había construido durante muchos años. Por eso, su hija Jenny Morocho y Luis Sánchez, como líder de la comunidad, alertaron a organizaciones de derechos humanos y el colectivo Comunálisis para que intervengan y logren detener el desalojo a Rosa y Aurelio.
Sin embargo, las acciones de organizaciones de derechos humanos fueron en vano y el 26 de abril de 2022 la empresa minera ECSA desalojó a Rosa y Aurelio con alrededor de 25 efectivos de la Policía Nacional y maquinaria, sin contar con una orden oficial para efectuar la acción, según Luis Sánchez líder de la comunidad.
Michelle Báez, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha trabajado algunos años con la comunidad y el colectivo Geografía Crítica, para ella “el Estado está apoyando un proyecto mega minero que significa un muy buen negocio para las pocas personas que se benefician de él, donde se ve claramente un vínculo de complicidad entre el capital y el Estado”.
Este proyecto, el más grande en Ecuador, inició su exploración inicial en 1994. “Ahora, en 2019, es una realidad luego de cumplir con todas las fases mineras de exploración inicial, avanzada, evaluación económica, construcción de infraestructura y finalmente explotación y beneficio”, así lo anunció, Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, durante el gobierno de Lenin Moreno.
Pero nada de esto favorece a Tundayme. El Colectivo Geografía Crítica en 2019, publicó el Informe sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto minero Mirador, motivado por la preocupación sobre estos impactos y la posibile vulneación de los derechos humanos y de la naturaleza.
Karolien van Teijlingen, en 2019, realizó el estudio: Un análisis de los proyectos de minería a gran escala Mirador y Llurimagua, donde revela que la minería metálica a gran escala es una actividad que está en auge en el Ecuador. También el estudio denuncia que el 15% del territorio continental está concesionado por empresas mineras y que es muy probable que este porcentaje siga en aumento. Además, la investigadora ya advertía que la actividad minera en “ecosistemas sensibles como la Cordillera del Cóndor puede generar graves impactos al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en estos lugares”.
Hoy, esos impactos son una realidad, donde antes había árboles, vegetación y ríos limpios, ahora solo queda el recuerdo. De lejos se observa una rivera donde la empresa desecha los lodos tóxicos de la extracción de los minerales, hay un dique que retiene el cauce del río Tundayme, el principal de la parroquia. Maquinarias que se mueven de manera ordenada, casi mecánica. Desde donde estoy no logro ver qué es lo que transportan. Hay hombres construyendo altas plataformas con varillas y cemento. A mi lado, está una lideresa a quien escucho decir:
–Solo te queda llorar.
A simple vista es muy difícil entender lo que está pasando, por eso los aportes del Colectivo Geografía Critica y los estudios que han realizado alrededor de este proyecto son necesarios para lograr comprender todo el panorama y las graves afectaciones al medio ambiente.
Según las valoraciones del Colectivo Geografía Crítica, la mina utilizará 166 540m3 de agua diariamente para procesar las 60.000 toneladas de material crudo y obtener un concentrado de minerales de valor. Pero ¿cómo extraen los minerales y dónde irán los desechos? La extracción de minerales como el cobre consiste en la remoción de la roca usando perforadoras y explosivos para después excavarla y separar los metales de las rocas, para ello se trituran las rocas hasta obtenerse una arena fina, la cual es mezclada con agua y químicos que ayudan a los metales a separarse de la arena y flotar en burbujas hacia la superficie. Todo el material restante, que además es tóxico, va a parar a los relaves, los cuales contienen roca molida y agua, pero también contienen los químicos aplicados en el proceso de separación de los metales como cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc y mercurio.
De igual forma, Karolien van Teijlingen en su estudio señala que además de los contaminantes utilizados “existe la posibilidad de que ciertos elementos de los relaves reaccionen cuando entran en contacto con agua y oxígeno, generando ácido. Por estas características potencialmente tóxicas, los relaves tienen que permanecer resguardados en infraestructuras herméticamente cerradas”. Estos relaves están separados por diques, que son estructuras de tierra, hormigón, piedra u otro material. En el proyecto minero Mirador que se desarrolla en Tundayme se prevé construir otra relavera de 270 metros, según mencionó Luis Sánchez
José Cueva, parte del Observatorio Ambiental Social y Minero del Norte del Ecuador de la provincia de Imbabura, está de pie desde donde se puede observar una relavera donde la empresa desecha los lodos tóxicos. El proyecto Mirador, dice José, “fue el experimento social para el desalojo de comunidades y la violación múltiple de derechos ambientales como de las personas”.
Cueva, además, explica las consecuencias de la minería a los ríos “este proyecto de gran escala traerá consecuencias gigantes a nivel ambiental y social, empezando por la contaminación de los ríos cuando la empresa lleva operando poco tiempo. Y sin construirse la relavera de 270 metros que es el principal peligro de este problema”.
Cueva explica las consecuencias de la construcción de un depósito tan grande y una relavera de tantos metros como la que la empresa pretende construir en una zona amazónica como la de Tudayme y, además, hay que considerar el nivel de sismicidad que tiene Ecuador, agregó Cueva “están prohibidas, porque no se han visto ni en América, menos en China, causaría una bomba de tiempo, porque aquí no hay experiencia minera, no hay control”. Para él las relaveras son el principal peligro de la minería a gran escala porque al acumularse millones de toneladas de desechos tóxicos se genera un drenaje ácido de minas, es decir, los ácidos concentrados en la relavera empiezan a drenarse por las paredes y contamina agua superficial y subterránea y puede viajar cientos de kilómetros y “una vez que eso sucede no hay como pararlo, no tiene solución”, indicó Cueva.
Esto sería aún más grave para la parroquia de Tundayme, que está atravesada por 3 ríos: Tundayme, Wawayme y Quimi de los cuales, los dos primeros están contaminados, ya no conservan su color natural el agua es espumosa, además, varios ríos están canalizados. El rio Wawayme ya perdió su color natural, ya perdió su caudal y se ve una espuma blanca, causada por los químicos. De la misma forma, el río Tundayme ya perdió fuerza y pasa por un canal de cemento hasta llegar a un estanque, construido por trabajadores de la minera.
El temor de la comunidad y los ambientalistas es que al construirse una relavera tan alta se puede generar un desastre como lo ocurrido en Brasil, donde el 25 de febrero de 2019, colapsó una relavera minera de la compañía Vale en el municipio de Brumadinho, al sudeste de Brasil, y provocó 179 muertos, 131 desaparecidos e incalculables pérdidas ambientales y económicas, según el informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Mónica Brito, parte del Colectivo Geografía Critica, también estuvo presente en el recorrido por Tundayme. Para ella otra de las consecuencias del proyecto minero, es la migración forzada a causa de los desalojos y la violencia de género generada por la creciente masculinización en la zona debido a la presencia de las fuerzas armadas, trabajadores del Estado y de la empresa minera.
La resistencia tiene rostros de mujeres
Llegamos a la Casa Comunal, Cascomi para realizar la socialización del proyecto y sus consecuencias. A mi lado está Mercedes Taish, parte del pueblo Shuar Arutam.
Ella recuerda que durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa los mandaron a desalojar, los maltrataron, los llamaron terroristas, delincuentes, subversivos. Su testimonio no difiere de lo que cada persona de la comunidad mantiene en la memoria.
– Es lamentable lo que hace el Estado ecuatoriano. Nosotros somos originarios del pueblo amazónico y seguiremos resistiendo hasta las últimas consecuencias. Aquí está nuestra vida, no hemos venido de otro lugar para tener que dejar nuestros territorios. No aceptaremos migajas.
Mientras su esposo habla en la Asamblea a la que asistimos en la Casa Comunal, Mercedes me dice:
–Él es mi esposo –y recuerda que, durante los desalojos, su esposo, al igual que los esposos de las demás mujeres y sus hijos hombres tuvieron que huir.
–Nos quedamos en el territorio resistiendo las mujeres, los niños y niñas. No podíamos dejar que los militares capturen a nuestros esposos, porque se los llevarían presos, actuarían con violencia –cuenta.
De las mujeres que quedaron, Mercedes es una de las pocas que permanece en el territorio.
– Hoy, esas mujeres ya no están, unas migraron, de las otras no supe nada más, perdí su rastro – dice y mueve su cabeza de arriba hacia abajo.
Desde otros territorios del Ecuador, hay más mujeres resistiendo en sus territorios, de la misma forma en como lo hace Mercedes. Tal es el caso de Elizabeth Durazno, dirigenta de la Organización de Mujeres Sinchi Warmi, de la comunidad de Río Blanco, parroquia Molleturo, Cuenca, que, desde hace más de 20 años, resiste a la minería. Ella visitó la parroquia de Tundayme y fue parte del recorrido realizado, para conocer los efectos, porque es algo que no quiere que pase en su territorio.
Al terminar el recorrido en la ranchera y llegar a la Casa Comunal, Cascomi, pasamos a tomar un refrigerio y mientras tanto, todo se organiza para generar un debate de lo visto. Para Elizabeth lo más importantes fue la participación de las mujeres en defensa de los territorios.
– Estamos nosotras poniendo el cuerpo en los territorios, en nuestros hogares, los hombres salen a trabajar y nosotras nos quedamos produciendo, sembrando en los huertos y cosechando nuestros alimentos y cuidando de los animales.
A pesar de esto, para Elizabeth, la participación de las mujeres es más difícil.
– Porque los hombres piensan que les estamos quitando su derecho y eso no es así. Más trabajamos las mujeres que los hombres y se trata de involucrarnos todos en la lucha por intereses en común. Es importante involucrarnos para defender nuestros hogares e incluso a nuestros esposos, para que no sean criminalizados o perseguidos, porque a ellos se los llevan presos y cuando eso sucede nos quedamos sin el sustento de nuestros esposos que es un complemento, porque nosotras también sustentamos los hogares –lo dice mientras se sienta y se acomoda en una de las sillas desocupadas. Mira en dirección a los campamentos de la empresa minera y me dice:
–Tengo una reflexión de lo visto en el Proyecto Minero Mirador –lo dice con sus ojos que no logran contener las ganas de llorar. Así entre pausas y suspiros, evitando desmoronarse por la impresión que la causó ver lo avanzado del proyecto minero, además de la contaminación, dice:
–En 2017 vine a visitar Tundayme, hice el recorrido para ver lo que la empresa minera Ecuacorriente S.A estaba realizando. Pero no estaba tan avanzado, hoy, cinco años después regresé y me dan ganas de llorar.
Respira por unos segundos, como intentando tomar valor para terminar su idea y continúa
–Me da decepción ver cómo el gobierno o las mineras que hablan de minería tecnificada, tecnología de punta, solo destruyen. ¿Dónde está la tecnología de punta si vemos cómo terminaron totalmente con los bosques, con las montañas, con el agua? –Lo dice mientras abre sus manos y levanta sus brazos, mostrando el asentamiento de la minera que puede verse desde la Casa Comunal.
–Este proyecto demuestra la violencia al derecho del agua. El agua debe ser libre, tener su propio caudal y no estar desviado por un túnel de cemento que genera daños al medio ambiente y a los seres humanos cuando se nos quita nuestros territorios solo para beneficio del Estado y de las transnacionales que sacan el dinero del país.
Refiriéndose a la manera en que el rio Tundayme está canalizado por túneles de cemento y la pérdida de su fuerza y color natural.
Elizabeth debía estar presente en la mesa de debate que realizó Geografía Crítica junto a los y las comuneras de Tundayme y otros líderes y lideresas. Ella está ahí para aprender de los efectos y compartir la información en su comunidad en Azuay:
–Las mineras chinas no solo están en Tundayme. Están en Río Blanco y otros territorios. Por eso la lucha es necesaria.
Elizabeth participó en el debate para reflexionar sobre el recorrido realizado. Entre las participantes estaba Aracely Nugra vocal de la comuna de indígenas San Sebastián de Sígsig en la provincia de Azuay, quien recordó que desde el 2008 la naturaleza tiene derechos, reconocidos en la Constitución en el artículo 71 de la Constitución , pero para ella “esto es solo papel muerto, no se cumple. Por eso es importante nuestra lucha, levantar nuestras voces como mujeres que buscamos visibilizar lo que sucede en nuestros territorios y la contaminación que se genera a raíz de las actividades destructivas”.
Con el debate, las reflexiones de líderes y lideresas además de las aportaciones del Colectivo Geografía Crítica, finalizó el Encuentro para la Articulación en Defensa de los Territorios y el Rechazo a la Minería y el Extractivismo. Al final, con dinámicas, cantos, refranes e improvisaciones comuneros, comuneras, líderes y lideresas asumieron su compromiso y solidaridad con el territorio de Tundayme.
Abrazos, apretones de manos y mensajes de fortaleza no faltaron para Luis Sánchez, líder de Cascomi, para las mujeres y hombres de la comunidad que cada día tratan de recuperar, no solo sus territorios, sino la identidad de la cual fueron despojados al momento de los desalojos, y quienes siguen resistiendo desde su Casa Comunal.
De igual forma Luis hace un llamado a las personas de las ciudades a luchar por la conservación de los bosques y del agua, porque “del campo ellos viven, toman el agua que viene de las Cordilleras”. Para él el proyecto de minería representa “una violación de derechos sistemática. Porque al violarse un derecho, se violan todos. La justicia no funciona y nunca va a funcionar con esa estructura organizativa del Estado que es caduca, corrupta y todo lo demás, la cual hay que cambiar; pero hasta que eso pase, todos a las calles a resistir, pero no cada quien, por su lado, sino articulados”.
Mineriaenlinea 25/10/2022
25/10/2022
El activista indígena murió en una de las protestas contra la política extractiva del correismo. Su nombre se enarboló luego como emblema en el discurso gubernamental para desviar la atención de las investigaciones sobre su homicidio
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EFEverde 22/09/2022
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Alexandra Valencia
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