Yasunidos Guapondelig es una organización social comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza  que, desde sus inicios,  se ha caracterizado por emplear estrategias de acción no violenta para proteger los bienes comunes como el agua de los proyectos extractivistas, que amenazan con su privatización, extinción, contaminación y degradación.

Frente a los hechos sucedidos en las últimas semanas en la parroquia Molleturo, donde se asienta el proyecto de minería metálica “Río Blanco” y donde se encuentran las comunidades en resistencia, nuestra organización y quienes la integramos, así como organizaciones sociales que son compañeras en todo este proceso de resistencia, hemos sido objeto de distintos ataques por parte del gobierno central y la empresa minera que opera en el territorio.

Empezando por el comunicado público de la empresa Ecuagoldmining South America S.A. del 9 de mayo, así como por declaraciones públicas del Gobernador del Azuay, Xavier Enderica, que nos descalifica y señala como “agentes externos” a la situación, siendo que  el desarrollo de las políticas mineras en nuestros territorios nos competen a todas y todos quienes dependemos del agua que nace de los páramos en donde fueron dadas las concesiones y que nos amparamos en nuestro legítimo derecho estipulado en el Art. 83 de la Constitución, el cual  es muy claro en que uno de los deberes de las y los ecuatorianos es el cuidado de nuestros recursos naturales y la preservación de la naturaleza y el respeto de sus Derechos, estigmatizan nuestra presencia permanente y el accionar conjunto con las comunidades que hoy se resisten a un proyecto extractivista que, al incumplir con los parámetros técnicos y los mandatos de ley, se erige con violencia sobre estos territorios.

Denunciamos también los amedrentamientos personales, las llamadas amenazantes a nuestros teléfonos, los ataques en redes sociales con cuentas y páginas falsas, en donde se nos acusa de crímenes impensables para nuestras organizaciones, los hostigamientos, las desinformaciones e incriminaciones que se han hecho públicas y de las cuales, tanto la empresa minera, como el gobierno central, se han servido para alimentar un imaginario negativo hacia los/as defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza

Dejamos en claro que nosotros/as, a diferencia de la empresa minera, no necesitamos sobornar, amenazar o chantajear a las personas de las comunidades ni de otras organizaciones sociales para que exijan sus derechos y los de la Naturaleza.

Es por esto que repudiamos los intentos de pasar la responsabilidad real que tiene la empresa y el gobierno central sobre todo este conflicto hacia nuestras organizaciones.

De la misma forma, denunciamos el actuar de la Ministra de Minería, Rebeca Illescas, quien, en su visita a la provincia el 17 de mayo, se reunió solamente con el sector que apoya y trabaja para la empresa, a pesar de que hicimos presencia en la puerta de la Gobernación y solicitamos ser recibidos/as. Denunciamos sus declaraciones en dicha reunión en la que tildaba a los grupos defensores del agua como delincuentes, terroristas, acusándonos de haber robado cantidades grandes de dinamita de la empresa, ante lo cual alertamos a la ciudadanía en general sobre un posible inicio de “siembra de pruebas” con la cual buscan vincular y procesar a más dirigentes y defensores.

Estos intentos buscan ocultar que los hechos de violencia y los conflictos que se suscitan alrededor de la minería metálica surgen por la omisión de responsabilidades estatales (como garantizar el derecho a la consulta o invalidar el principio de precaución ambiental) y por responder irresponsablemente a procesos de resistencia pacíficos en función del derecho a la resistencia (Art. 98 CRE) con la utilización de fuerzas policiales y militares, a pesar de que hubo exhortación expresa por parte de la Defensoría del Pueblo en Quito, de construir primero vías de diálogo y mediación, siendo totalmente ignoradas y, después de la represión, sí convocar a procesos de diálogo.

Rechazamos de igual manera el uso del Derecho Penal como un medio de disuasión y de persecución a los procesos de resistencia. Exigimos un alto a la criminalización de la protesta social.

Seguimos exigiendo la desmilitarización de la zona, el cese de las actuaciones del cuerpo de inteligencia de la policía sobre organizaciones y dirigencias comunitarias, el cese de la criminalización y la salida de la empresa minera ante los hechos mencionados.

Cuenca, mayo 24 de 2018.

Para más información contactarse con:

David Fajardo Torres: 09870754152

Paola Granizo Riquetti: 0984399656

Lizbeth Zhingri: 0987067136

O al correo:

guapondeligyasunidos@gmail.com

Mujeres indígenas defienden sus territorios ante arremetida de mineras y petroleras que actúan bajo protección del Estado.

Eran las siete de la noche del 17 de diciembre del 2016 cuando decenas de militares incursionaron disparando a la comunidad shuar de Tsuntsuim, en el cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago, en la Amazonia sur del Ecuador.

Mariana Nankameri, mujer shuar de 38 años, no lo pensó dos veces y salió de su casa con toda su familia. “Nos atacaron, no podíamos estar en la casa porque decían que a las mujeres les iban a violar y yo tengo una hija menor y otra estaba embarazada. Salimos con mi esposo, yerno e hijos y caminamos sin linterna, desde las siete hasta cuando amaneció. Los niños lloraban y yo lloraba. Mis hijos menores no podían caminar, mi esposo le cargó al uno y yo al otro. Esa noche mi hija de 15 años estaba embarazada de tres meses, pero como íbamos sin linterna, ella se había caído, se había rodado y tenía un golpe, a los dos días empezó con dolores. Le lleve al hospital, estaba muy mal y perdió el bebé”, relató Nankameri, quien junto a 30 familias caminaron 11 horas por los pantanos de la selva amazónica hasta llegar a Tink, comunidad que los acogió.

El éxodo de Tsuntsuim no fue el primero en esta región; meses antes corrieron la misma suerte las comunidades indígenas de Tundayme, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Rosario Wari, la abuela grande de los shuar con 107 años de edad, fue desalojada el 4 de febrero del 2016; la sacaron de su tierra y la abandonaron con sus escasas pertenencias en el parque de El Pangui. Con la expulsión de la abuela Rosario se iniciaron los desalojos en la parroquia Tundayme que afectó a más de 60 familias.

Claudia Chumpi, a sus 20 años de edad y con un niño de brazos debió enfrentarse sola a los militares que avanzaban a destruir la casa que había levantado con su joven esposo. Una retroexcavadora se situó frente a su casa y comenzó la destrucción.

“Se ubicaron en cada casa, rompían las puertas, botaban las cosas, cocinetas, cilindros. Yo me corrí con otras mujeres que estaban embarazadas, eran mis tías, eran las 5 de la tarde, nos corrimos a una montaña. Los militares disparaban, los niños lloraban, nosotros les cerrábamos la boca para que no griten, para que no nos sigan más, pero los militares nos habían seguido también hasta la montaña”, cuenta Chumpi sobre lo ocurrido el 11 de agosto del 2016, en el barrio San Marcos, de Tundayme. Como Chumpi, decenas de mujeres shuar con sus hijos en brazos cuentan la historia de sus propias expulsiones y sus ojos se llenan de lágrimas.

Desplazamientos forzados
Estos desplazamientos forzados tienen dos responsables directos, por un lado está el gobierno que dispone de los órganos armados estatales para dar protección y actuar en pro de los intereses del otro responsable: la minería a gran escala. Los proyectos mineros de San Carlos de Panatza, que afecta a las comunidades shuar de Nankints y Tsuntsuim, y el proyecto Cóndor Mirador, que afecta a la Cordillera de El Cóndor en la parroquia de Tundayme, son implementados por las mineras estatales chinas EcuaCorriente SA (ECSA) y ExplorCobres SA (EXSA).

“No entendemos como en el Ecuador se empieza a sentir el desplazamiento interno si supuestamente somos un territorio de paz, un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, intercultural, plurinacional. No comprendemos cómo la ambición de un gobierno y de determinadas empresas privadas en pro de un supuesto desarrollo económico deje a niños/as, mujeres, hombres, abuelos/as sin sus hogares, sin sus animales, sin sus espíritus, sin su naturaleza”, comenta Mónica Vera Puebla, presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), organización que asumió la defensa legal de los pobladores de Tudayme en contra del Estado y de las empresas mineras.

Vera Puebla afirma que los derechos patrimoniales de las concesiones mineras, aun cuando sean anteriores a la Constitución del 2008, en la que se garantiza los derechos de la naturaleza, no pueden estar por sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas que ya estaban establecidos en tratados internacionales, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial el derecho a la consulta previa, libre e informada, una obligación de los Estados que es generalmente incumplida.

Otros tratados, como los “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generado por el desarrollo”, aprobados en el 2007 por Naciones Unidas, señalan que los desalojos “no deben realizarse con tiempo inclemente, por la noche, durante los festivales o las fiestas religiosas”, precisó Vera Puebla. Tanto en Tsuntsuim, como en Tundayme, los operativos contravinieron estos principios.

Pero hay principios que aún no están escritos, dice Vera Puebla, pues aún no se comprende ni se asume la vinculación de la mujer indígena con la tierra.

“Es una relación que va más allá de la mera sobrevivencia con la producción agrícola y se proyecta a la esencia de lo femenino”, explica. “Romper los lazos de la mujer con su tierra es romper un lazo de vida. Nada puede ser igual fuera de su tierra. Los desalojos mineros rompen con una parte de la esencia indígena mantenida y transmitida por las mujeres indígenas”.

Mujeres Defensoras de la Selva
La historia del pueblo originario Kichwa de Sarayaku tiene un punto de quiebre en el año 2002, cuando la prospección petrolera tocó sus tierras. Las mujeres de Sarayaku se enfrentaron a los trabajadores petroleros que colocaban explosivos en sus territorios y a los militares que los protegían. El resultado fue la expulsión de los petroleros y los militares y el inicio de un proceso de resistencia, conducido por las mujeres, que logró una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protege sus derechos.

El ejemplo de las mujeres de Sarayaku ha sido replicado por mujeres indígenas que han sufrido el impacto de proyectos extractivos. Ejemplos que recoge la organización ambientalista Acción Ecológica al propiciar la creación de una red de mujeres de distintos pueblos indígenas, denominada Mujeres Defensoras de la Selva, a las que les une un solo objetivo: defender sus tierras frente a la arremetida de empresas mineras y petroleras que actúan con la anuencia del Estado.

El 28 de febrero del 2018, el gobierno nacional anunció la caducidad de 1,000 concesiones mineras, pero dejó vigentes las concesiones otorgadas a transnacionales, en especial chinas, por lo que el 12 de marzo unas 60 mujeres indígenas llegaron a Quito después de haber caminado cinco días desde la Amazonia. Pedían ser recibidas por el presidente Lenn Moreno para entregarle un manifiesto de 22 puntos en el que se pedía la protección de la tierra frente a la depredación de las empresas extractivas.

Al igual que con el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa (2007-2017), las mujeres no fueron recibidas por Moreno, pero entregaron su manifiesto en el que expresan su total rechazo a la política extractiva del actual gobierno.

“El poder de la acción de las mujeres es proporcional al sufrimiento que han visto en compañeras suyas que han sido desalojadas; sus lágrimas constituyen su fuerza y no hay duda que su reto a un gobierno depredador será escuchado”, afirmó Vera Pueblo. —

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/ecuador-mujeres-demandan-proteccion-frente-a-empresas-extractivas/

El extractivismo desde todo punto de vista es una agresión destructiva de los seres que habitan el planeta y un mal negocio para el Estado ecuatoriano, según advierten los expertos que siguen al paso el problema de impacto ambiental que causaría en los bosques primarios de Íntag un proyecto minero. “Que nadie dude que en territorio de Cotacachi, el impacto ambiental será el que jamás se haya visto alrededor del mundo”, advirtió un experto en temas ambientales.

Defensa de Conservación Ecológica de Íntag (Decoin) se creó en 1995 para enfrentar la degradación ambiental que varias comunidades predecían por la presencia de empresas extranjeras explotadoras de cobre, según informó Carlos Zorrilla, ecologista y dirigente de la zona.

En estos 23 años de existencia como organización, defienden el amplio territorio de Íntag, 42 comunidades, gobiernos locales y a la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas.

En este territorio se encuentran 41 reservas ecológicas y ambientales, en un área de 13.000 hectáreas.

“Nosotros como organización no tenemos ni un solo metro cuadrado, todo se ha entregado a las comunidades”, aclaró Zorrilla.

“Somos una organización de conservación, biodiversidad, agua y bosque. Cualquier actividad que amenace estos recursos naturales recibirá la oposición de la gente afectada, con la finalidad de buscar alternativas a la explotación de la minería a gran escala”, agregó.

Mencionó que se ha creado una asociación de turismo ecológico en Junín. “Estas tierras, de aproximadamente unas 1.420 hectáreas, entregadas a la comunidad, fueron invadidas por las empresas mineras, especialmente la Codelco chilena que con apoyo del Gobierno irrumpió a la fuerza y se quedó hasta hoy”.

“Aquí no había títulos de propiedad y se compró posesiones de forma legal, pero esta empresa extranjera no respetó nada y se metió utilizando medidas de presión”, refirió.

Lucha contra la minería

El 8 de mayo de 2014 es una fecha que llama a la indignación de los habitantes, porque ese día, según recuerda Zorrilla, mediante un operativo policial y militar, en el que participaron más de 350 efectivos, “impusieron sus reglas por encima de los derechos humanos de los comuneros”.

El activista respondió a Santiago Chamorro, subsecretario de Minería, quien dijo a La Hora que no han dividido a la comunidad ni han ingresado por la fuerza sino mediante el diálogo con los habitantes.

“Ese es un discurso que cae en la hipocresía de alto nivel, porque toda la gente y los informes oficiales son claros al respecto”, dijo Zorrilla.

“Yo le pregunto al señor Chamorro, cuándo ha pedido permiso al cantón Cotacachi y han respetado los planos de ordenamiento territorial y desarrollo parroquiales. Debe indicar en dónde y en qué plan de desarrollo dice que tenemos minería en Íntag”, agregó.

Llamó al pueblo “a que habrá sus ojos ante la imposición de un proyecto extractivo a gran escala que no es sostenible y atropella el derecho de las personas y la naturaleza”.

Pedido para que ingrese la prensa

“Quisiera que la prensa pueda entrar, ojalá la dejen, para que comprueben, porque desde el punto de vista de los gobiernos de turno nos han acusado que nosotros estamos manipulados, que mantenemos un discurso caduco de hace muchos años…”, agregó.

Advirtió que si no les permiten entrar, para que constaten la realidad, “enviaremos videos sobre la reserva comunitaria para que verifiquen cómo están destruyendo el bosque primario y el gobierno lo niega”.

Tala de bosque primario

Precisamente sobre el tema de la tala del bosque primario que se ubica en Íntag, los términos de referencia que se utilizan para hacer el estudio de impacto ambiental señalan que no se debe talar árboles de más de 10 centímetros, pero eso aparentemente no se ha cumplido.

“Este es un bosque precioso, es una joya que tiene el Ecuador, pero que lo están destruyendo. Pregunto: ¿de dónde sacan la madera para empalizar los senderos e ingresar herramientas de la empresa, comida…, y sacar material de muestra a lomo de mula? Son varios kilómetros que han cubierto el pantano con troncos y madera, sin embargo los animalitos entierran sus patas por las rendijas, se lesionan y fracturan las patas. Nosotros tenemos pruebas de la alteración y contaminación del bosque que se encuentra en la quebrada Fortuna”, dijo.

Proyecto minero en la actualidad

La fase de exploración avanzada está por terminar en Íntag, como parte del proyecto denominado Llurimagua.

Según Zorrilla, con esos datos preliminares, “ya dicen que hay 1.500 millones de toneladas de minas. De ahí se calcula que el 99.5% será deshecho, y solo el 5% sería cobre, lo cual es una baja rentabilidad para el Estado”.

“Imaginemos cómo remover esos miles de millones de toneladas de material en una zona de bosque primario, con cientos de especies. Eso llama a la reflexión. No hay tecnología de punta que evite la destrucción de la montaña y la contaminación del agua”, refiere.

“Con seguridad los ríos como el San Pedro, Chalguayacu, Junín, afluentes del río Íntag, morirán con el envenenamiento de químicos peligrosos para la vida humana y de las especies”, dice.

Impactos

Otro de los datos que más preocupan en la zona tiene que ver con el proceso para la extracción minera a gran escala y a menor escala.

Este proceso no puede hacerse sin utilizar gran cantidad de agua. Como ejemplo se puede referir al proyecto Mirador, en el sur del país, que es parecido al de Íntag, pero en esta zona hay más cobre. En Mirador tenían previsto utilizar 12 millones de litros de agua diarios.

En ese sentido, el hueco que cavarían se estima, según los expertos, sería de unos 15 kilómetros de diámetro para ingresar. En el fondo habría agua y tendrían que extraer las minas de cobre secas, pero todo ese proceso envenenaría las aguas subterráneas. (CHRW)

“Se hizo una consulta previa de acuerdo con los derechos humanos y de la naturaleza, pero hasta hoy ha sido burlada de forma permanente. Todo es una farsa grotesca y aín así se habla de minería responsable desde el oficialismo”

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/40694-cancer-anunciado-en-medio-ambiente-de-intag

La extracción de oro empobrece el agua y la contamina, se ven afectadas tanto las aguas subterráneas como las aguas superficiales, se produce sequía y se contaminan los suelos, sin contar que la biodiversidad propia del agua también se ve afectada por los residuos químicos.

Molleturo es una parroquia rural del cantón Cuenca, provincia del Azuay. Sus moradores son principalmente indígenas y campesinos. En la parte alta de Molleturo, se encuentra una zona de páramo, donde nacen varias fuentes de agua, con una biodiversidad única, que da sustento a las comunidades locales.

Esta zona no debe ser intervenida por la minería por la presencia pueblos indígenas y campesinos, de restos arqueológicos preincaicos, por sus bosques protectores y lagunas, por la creación en 1977 del Parque Nacional El Cajas, la categorización del área como sitio Ramsar en 2002, y por la declaración de la Reserva de Biosfera Macizo El Cajas en 2014.

La fiebre del oro, amenaza constante a Molleturo

Pese a la fragilidad e importancia ecológica de esta zona, varias empresas mineras han intentado explotar oro y plata de su subsuelo. En 1995, la empresa británica Río Tinto intentó explotar el yacimiento denominado Alejandra -hoy proyecto Río Blanco-, pero tuvo que abandonar sus planes al ser expulsada por los comuneros locales en respuesta a sus abusos, divisionismos y malas prácticas sociales.

A Río Tinto le siguieron otras mineras como San Luis /IMC (International Minerals Corporation), que activó el proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental en el 2011, cuando su exgerente Federico Auquilla, era viceministro de Minas. IMC dejó el proyecto en noviembre del 2012, argumentando la postura antiminera de las comunidades, y porque “no hay antecedentes de que la minería a gran escala deje beneficios económicos para el Estado y la población ecuatoriana” (1).

Más recientemente, en 2013, la compañía privada china Junefiled compró dos proyectos a IMC, Gaby y Río Blanco, y creó la empresa EcuaGoldMining S.A. Junefield Mineral Resources Holdings Ltd.  como parte de su estrategia de invertir en minerales en Sudamérica, llegando a tener alrededor de 800 concesiones que abarcan un área de 6,420 kilómetros cuadrados.

Mandato incumplido

El 22 de abril de 2008 la Asamblea Constituyente aprobó el Mandato Constituyente No. 6, o Mandato Minero, donde se declara la extinción de las concesiones otorgadas al interior de bosques protectores y áreas de amortiguamiento de parques, entre otros

“Se declara la extinción, sin compensación económica alguna, de las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente, y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua” (Artículo 3) (2).

En aplicación de este mandato, las concesiones otorgadas para el proyecto Río Blanco fueron declaradas extintas por la Asamblea Constituyente. Consecuentemente, todos los actos jurídicos y administrativos realizados posteriormente, son nulos.

Un estudio realizado para el PNUMA (3) ratifica esta decisión, al recomendar que todas las actividades mineras en superficies de páramos en Ecuador deben prohibirse, por tratarse de ecosistemas protegidos de gran fragilidad y porque esta actividad pone en riesgo el equilibrio hídrico local; por lo tanto deben ser excluidas del Catastro Minero […], en aplicación estricta del Mandato minero y porque así lo dictaminan los preceptos constitucionales, que definen al páramo como ecosistema frágil que debe ser protegido y en consecuencia libre de actividades extractivas (Art. 406 y 407)”.

Los tormentos agobian a los comuneros de Molleturo

Los pobladores de Molleturo han denunciado desde hace décadas los efectos de la intervención minera en sus tierras. Han acudido a diversos mecanismos para ser atendidos, han realizado visitas a las instituciones vinculadas a la minería, enviaron oficios, quejas, escritos, denuncias, organizaron ruedas de prensa; y frente a una constante política de oídos sordos han realizado paros, reclamos y protestas, tanto ante la evidencia del desecamiento de ojos de agua de Targuapamba y de la laguna Cruz Loma, como por las divisiones y riñas internas provocas por la imposición del proyecto minero.

Representantes de la comunidad también han denunciado haber sido hostigados por el personal de la empresa de seguridad contratada por EcuaGoldMining S.A. en reiteradas ocasiones, y han alertado que, pese a las denuncias penales, la fuerza pública ha protegido a la empresa minera y no a la comunidad afectada.

Las comunidades afectadas por el proyecto Río Blanco saben que este es un proyecto que implica graves consecuencias sociales y ambientales, muchas de las cuales serán irreversibles. Por este motivo, lo ocurrido el 8 y 9 de mayo de este año sólo es la gota que derramó el vaso de la paciencia de los comuneros (4) ante la negativa de las autoridades y la empresa a escuchar su voz.

Sin consulta ni consentimiento alguno

Desde el inicio de la fase exploratoria del Proyecto Río Blanco se ha violado el derecho de las poblaciones afectadas a ser consultadas. La consulta debió haber ocurrido antes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de la fase de exploración, lo que no ocurrió.

Considerando que el Proyecto Río Blanco prevé impactos significativos sobre el ambiente y la calidad de vida de más de diez mil personas, es evidente que los procesos de consulta supuestamente llevados a cabo por las autoridades no cumplen con el más mínimo respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, ni a la consulta ambiental.

Por eso también, de acuerdo a lo que determinó el Artículo 1 del Mandato Minero, la falta de consulta previa en la fase de exploración implicó la extinción de todas las concesiones mineras que en la fase de exploración no habían realizado procesos de consulta previa. Las concesiones implicadas en el proyecto Río Blanco se encontraban precisamente en esa situación.

Luego de la Consulta popular realizada el 4 de febrero de 2018, en la que la mayoría de los ecuatorianos manifestamos que se debe prohibir las actividades mineras en centros urbanos, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, estamos esperando que se apliquen los resultados, empezando por aquellos proyectos que causan situaciones de alta conflictividad y sufrimiento, como lo es el Proyecto Río Blanco.

El páramo de El Cajas, cuna del Pueblo Cañari, que lo ha cuidado, se encuentra amenazado por el interés de capitales mineros chinos por lo que urge que se tomen las medidas necesarias para traer la paz al pueblo de Molleturo, así como al agua y al páramo que tanto ha defendido.

ACCIÓN ECOLÓGICA
Más información: mineria@accionecologica.org
Quito, 15 de mayo de 2018

Fuente:http://www.accionecologica.org/editoriales/2280-2018-05-17-15-05-24

Ayer fueron liberados bajo

condiciones, 3 de 6 detenidos

que han dejado las protestas

antimineras en Río Blanco.

Fueron los comuneros de Molleturo y activistas antimineros de Azuay, quienes a inicios de este mes retomaron sus acciones de protesta en contra del proyecto minero Río Blanco, ubicado en la parroquia Molleturo, y en defensa del agua y la naturaleza, pero ahora ya se suman más voces, que temiendo posibles riesgos de contaminación del agua que consumen los pobladores, exigen un pare al extractivismo, al menos hasta hacer estudios que garanticen que no habrá afectación al líquido vital, es el caso del alcalde Marcelo Cabrera.

Producto de los incidentes registrados la noche del martes 8 de mayo en Río Blanco, donde resultó quemado parcialmente el campamento de la minera china, Junefield Resources Ecuador, Ecuagoldmining, además de una motocicleta, una retroexcavadora y una volqueta, de molleturenses contratados, se inició un proceso legal.

Detenidos

Tras los incidentes, el miércoles 9 de mayo fueron detenidos y permanecen con prisión preventiva 3 supuestos manifestantes, mientras que por investigaciones de agentes policiales, fueron detenidos este lunes 14 de mayo, 3 ciudadanos, Onías Lautaro Muevecela Muevecela, su hijo Eduardo Muevecela, y Raúl Galarza; y fue retenido el vehículo en el que se transportaban cuando fueron detenidos, de propiedad de Franco Sánchez, también de Molleturo.

Luego de una larga audiencia realizada este martes, los tres obtuvieron la libertad al sustuirse la prisión preventiva, a cambio de que a los dos primeros porten un grillete en su tobillo, mientras que el tercero esta prohibido de salir del país y debe presentarse los días martes y viernes ante la autoridad. Los 3 ciudadanos deberán comparecer a la audiencia preparatoria de juicio el 25 de mayo, así lo informó el abogado defensor y presidente de Ecuarunari, Yaku Pérez.

“Ellos estuvieron haciendo labores cotidianas en Cuenca, al ingresar a un restaurante en Capillapamba-Molleturo, aparecen policías, miran el carro y encuentran una caneca de 4 galones de gasolina que llevaban porque Eduardo Muevecela tiene una motocicleta, una motosierra y una rosadora; pero en base al informe de “inteligencia”, en el que incorporan una caneca más de cloro, lo cual no es verdad, y adicionan que estaban con 20 personas, que tampoco es cierto ya que los que estaban 20 eran los policías, se les acusan de ser sospechosos, que estarían llevando gasolina para quemar otra vez el campamento”, explicó Pérez.

Marcha

Hoy habrá una marcha en Cuenca que la convocan varios sectores antimineros, bajo la consigna “Marcha por los páramos libres de minería”, que iniciará en San Blas, hasta el parque Abdón Calderón.

Desde el gobierno, se afirma que no hay contaminación y que se realizan monitoreos semanales, mensuales y trimestrales del agua superficial y subterránea, y que no hay registro de alteración del agua. De detectarse cualquier alerta de afectación, se actúa inmediatamente, dijo Carolina Orosco, asesora ambiental del Ministerio del Ambiente.(AZD)-(I)

RECUADRO 1

MORATORIA

El alcalde Marcelo Cabrera, informó del diálogo mantenido este martes con la ministra de Minas, Rebeca Illescas, a quien le pidió se dé una moratoria por dos motivos. Primero, no se les permitió a los equipos técnicos universitarios, el ingreso al proyecto minero Río Blanco, en el marco del convenio firmado con el Municipio en el último trimestre de 2015, y sólo pudieron ingresar luego de la posesión del presidente Lenin Moreno, lo que retrasó el trabajo técnico científico que debían hacer.

Y segundo, el hecho de que no se haya socializado el proyecto con la gente, con las comunidades. La suspensión de la minería sería hasta tener los resultados de las investigaciones de las universidades y hasta que se haga la socialización. “Hemos dicho que no es correcto entrar con la fuerza pública sin antes conversar. La ministra se comprometió a estar pendiente del tema; nosotros no vamos a permitir que se atente contra el agua que es de Cuenca”, concluyó.

RECUADRO2

AMISTAD

El prefecto Paúl Carrasco, sin precisar su posición actual sobre el tema Río Blanco, recordó que es defensor del agua y la naturaleza, lo que le llevó incluso a realizar hace tiempo una marcha que devino en un juicio en su contra.

Pese a reiterar que no tiene recursos para atender las demandas viales, y consciente de que hay comunidades, parroquias y cantones que piden la intervención desde hace meses y años, reconoció que ofreció inmediatamente después de las protestas, arreglar las vías San Pedro de Yumate-Cochaplamba-Río Blanco, y Migüir-Río Blanco, que conducen al proyecto minero, ésto porque ahora tiene buenas relaciones con el Gobierno Nacional y una gran amistad con el gobernador Xavier Enderica. Los trabajos por Migüir ya se ejecutan.

DETALLES

* Antimineros dicen que prefecto Paúl Carrasco debe atender a sectores de Molleturo, semi aislados por las pésimas vías, y abstenerse de intervenir en la vía Migüir que sirve al proyecto minero y no tiene licencia ambiental.

* Domingo 22 de enero de 2017, la Cámara Edilicia, declaró libre de minería metálica al cantón Cuenca. Azuay declarada provincia libre de minería metálica en páramos, el 22 de octubre-2017, la Cámara Provincial sesionó en Quimsacocha.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/05/17/recrudece-resistencia-a-la-mineria-en-paramos/

La ministra del Minas, Rebeca Illescas y el gobernador del Azuay, Xavier Enderica, se reunieron ayer con los habitantes de las comunidades de la zona de influencia del proyecto minero Río Blanco para dar una solución al conflicto social que se vive en esa zona.

Mientras se desarrollaba el encuentro, activistas y antimineros efectuaron un plantón, en la glorieta del parque Calderon, en rechazo a la explotación metálica por posibles afectaciones en el agua.

Illescas recalcó que hasta el momento no existe un estudio oficial que hable sobre los daños ambientales o afectación del recurso hídrico en el proyecto minero de la empresa Junefield Resources Ecuador.

Enderica mencionó que, con la activación del COE Provincial, hace una semana, los miembros de la fuerza pública dispusieron 20 días para recuperar la tranquilidad y reanudar las labores de la minera.

El Gobernador reiteró que los militares y policías continúan en la zona para precautelar la seguridad, y mencionó que las operaciones en el campamento están paralizadas, además que el lunes en la noche fueron detenidas tres personas más por alterar el orden público.

Hoy tiene prevista una reunión con el ministro del Interior, Mario Toscanini, y en las próximas semanas un encuentro con varios ministros, mineros y activistas de la provincia Azuay.
“Las familias están divididas, queremos soluciones ya”, expresó indignada Narcisa Chiqui, moradora de la parroquia Molleturo, quien con sus vecinos quieren restablecer la tranquilidad de su zona. (I)

Fuente:https://www.eltiempo.com.ec/noticias/region/12/autoridades-analizan-el-conflicto-minero

Con tono casi de desesperación, José Gutama, presidente del Gobierno Parroquial de Molleturo, pidió a las autoridades, realizar una reunión de trabajo pero en su parroquia, donde la gente pueda escuchar de fuentes oficiales, la información sobre los controles que se hacen al proyecto minero Río Blanco.

“Conversar con las autoridades está muy bien, pero el problema es en Molleturo. Esta reunión es informativa, importante para nosotros, pero no hay una agenda para el lugar de los hechos, para conversar con la gente que está en contra de la minería.

Necesitamos que se les explique allá, que vayan representantes de los ministerios y de la Gobernación, que se les diga por qué el proyecto va a continuar, o no. Yo no puedo ni llegar al GAD Parroquial porque enseguida llega la gente a exigir cosas, a cogerme a atrancarme; ahora mismo es difícil salir de aquí porque la gente nos espera afuera”, manifestó el dirigente.

Seguridad

Narcisa Chiqui, líder comunitaria, se unió a este clamor, pidió que se dialogue con todos los sectores para volver a la calma y la paz, ya que existen amenazas entre grupos por lo que sugirió se declare el estado de emergencia, para salvaguardar la vida y seguridad de las personas promineras y antimineras, lamentó que hayan molleturenses presos por protestar contra la minería.

El gobernador Xavier Enderica aseguró que pronto habrá una reunión con los ministros del Ambiente, Minas, Senagua y Obras Públicas y Transporte, cuya fecha está por definirse; además dijo, se analizarán con el Ministerio del Interior, otras medidas a adoptar.

Por ahora se mantendrá por seguridad suspendida la operación de la empresa minera Junefield Resources Ecuador, Ecuagoldmining, en Río Blanco, durante 15 o 20 días.

Controles

“Vamos a ser muy rigurosos en todas las actividades mineras”, manifestó la ministra de Minas Rebeca Illescas.

Dijo que hay problemas de contaminación en algunas plantas de beneficio, en el cantón Ponce Enríquez, por ello envió este martes personal de ARCOM a suspenderlas; recordó que se decidió caducar algunas concesiones en Portovelo, pese a que la minería es un sector difícil y complejo.

Hubo críticas porque la ministra Rebeca Illescas, se reunió con autoridades locales y con dirigentes promineros de Molleturo, pero se impidió la participación de los antimineros. En la glorieta del parque Abdón Calderón hubo un plantón y se gritaban consignas en favor del agua, el páramo y los bosques, y en contra de la secretaria de Estado.

“la ministra no es representante del pueblo, representa a la minera transnacional”, fueron frases repetidas por Lina Solano del Frente de Defensoras de la Pachamama.(AZD)-(I)

DETALLES

* Según Rebeca Illescas, en Azuay, el 14% del territorio está concesionado para minería, de esto sólo el 9% es para minería metálica. En Río Blanco la minería seguirá porque no está en área protegida sino en bosque protector.

* La minería ilegal del Alto Nangaritza-Zamora Chinchipe es un delito y continuará el control; se busca declarar área protegida. Para localizar maquinaria trabajando ilegalmente bastó con cambiar al director provincial de ARCOM.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/05/16/molleturo-clama-que-vuelva-la-paz/

Las organizaciones que adherimos esta comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por lo que está sucediendo en las comunidades de Río Blanco y Cochapamba ubicadas en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador. Desde la tarde del 8 de mayo una serie de hechos violentos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, hombres, mujeres y niños defensores de la tierra y agua.

El proyecto minero Río Blanco, operado por la empresa Ecuagoldmining S.A., filial de la china Junefield Resources S.A., afecta aproximadamente 5000 ha. en la zona del páramo del Macizo del Cajas que fue declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO; además parte de la concesión minera está dentro del Parque Nacional Cajas, lo cual es una violación de la voluntad popular expresada en la última consulta popular, que prohíbe actividades mineras en áreas protegidas.

Desde hace varios años las comunidades de la zona denuncian la afectación del agua por los impactos de la actividad que está en fase de explotación, piden la salida de la empresa y la reversión de la concesión. Esta concesión hace parte de aquellas extintas por el Mandato Minero de 2008, que además ha generado división y conflictos socio ambientales entre los pobladores y con la empresa minera.

La implementación de proyectos mineros en el territorio ecuatoriano ha significado graves violaciones de derechos colectivos, humanos y de la naturaleza. El Estado ecuatoriano no está cumpliendo su rol de garante de estos derechos y ha permitido que la empresa realice sus actividades en contra de la voluntad de la población, violando su derecho a la autodeterminación, consulta previa y ambiental.

En este contexto, las comunidades de la parroquia Molleturo en el marco del ejercicio de su derecho constitucional a la resistencia, realizaron medidas de hecho para presionar la salida de la empresa minera de su territorio. Como respuesta el Estado ha dispuesto la intervención de la fuerza pública, que incluyen a grupos de fuerzas especiales (UMO), para reprimir la protesta social. Además, miembros de la seguridad privada y los propios trabajadores de la empresa minera han ejercido actos de violencia en contra de los pobladores y de quienes han intentado ingresar en la zona.

Como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado y empresa, decenas de personas están siendo perseguidas, se ha provocado allanamientos de casas, detenciones arbitrarias, existen varias personas heridas y detenidas. Las vías de acceso fueron bloqueadas por los trabajadores de la empresa, lo cual impidió conocer lo sucedido en la zona y visibilizar los hechos de violencia que se generaron en contra de los pobladores.

El 9 de mayo Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari (Confederación Kichwa del Ecuador), Mario Fárez y Víctor Hernández, dirigentes de la FOA (Federación de Organizaciones Indígenas y campesinas del Ecuador), fueron secuestrados por trabajadores de la empresa minera Ecuagoldinmining S.A. Junefield. Los tres dirigentes fueron retenidos en el automóvil en el que se trasladaban a la zona del proyecto Río Blanco, los agresores rompieron los neumáticos y amenazaron con prender fuego al vehículo con ellos dentro. Los tres secuestrados fueron agredidos e incomunicados desde las 07h30 hasta las 14h30 que fueron liberados.

Rechazamos todo tipo de violencia puesto que la violencia no resuelve los problemas, por el contrario, los agudiza. Hacemos un llamado a todos los actores involucrados a buscar una solución pacífica a esta grave situación.

Exigimos a las autoridades del Estado Ecuatoriano garantizar la vida e integridad de los moradores de la parroquia Molleturo, detener la represión contra los comuneros y comuneras que son defensores y defensoras del territorio, desbloquear las vías de acceso a la parroquia de Molleturo para garantizar la entrada segura a personal de atención a la salud y ayuda humanitaria (vituallas y alimentos), romper el cerco de aislamiento de las comunidades y garantizar la entrada de medios de comunicación en la zona para cubrir lo sucedido.

Pedimos a las autoridades competentes no usar la fuerza pública para perseguir, reprimir y agredir a los habitantes de la zona, al contrario que cumplan con su rol de proteger y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Nos Adherimos a la exigencia de las comunidades que piden salida de la empresa minera y la reversión de la concesión para cumplir con lo dispuesto por el Mandato Minero y consulta popular. Solicitamos a las autoridades locales y a las organizaciones de la Iglesia intermediar en el conflicto para evitar una mayor escalada de violencia en la zona.

Como organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y parte de la comunidad internacional, nos comprometemos a estar atentos y vigilantes de lo que suceda en la zona, a difundir la información que se genere desde las Organizaciones locales y solidarizarnos con lo que están viviendo los defensores y defensoras en la parroquia de Molleturo en el Sur de Ecuador.

Pedimos su adhesión solidaria y difusión.

ACCIÓN ECOLÓGICA
APRODEH, Perú
CEDENMA
CEDHU
CEDIB, Bolivia
Minewatch, Canadá
OCMAL (América Latina)
YASUNIDOS

Fuente:http://www.accionecologica.org/mineria/pronunciamientos/2278-frente-a-los-graves-hechos-ocurridos-en-la-parroquia-de-molleturo-en-ecuador

Transportistas y moradores piden se retome el trabajo minero en Río Blanco. La ministra Rebeca Illescas cumplirá agenda hoy en Cuenca.

En las últimas dos semanas, se activaron dos frentes de conflicto por la minería, en Río Blanco, parroquia Molleturo, son habitantes y activistas antimineros los que rechazan de manera radical la empresa de origen chino, Junefield Resources Ecuador, Ecuagoldmining, y piden su salida por supuestos daños ambientales. En el Alto Nangaritza, Zamora Chinchipe, ante operativos de ARCOM, el Ministerio del Ambiente (MAE), y el Ministerio de Minas, contra la minería ilegal, hubo reacciones de mineros y de una comunidad shuar que defienden esta actividad que contamina el río Nangaritza.

Lina Solano, activista antiminera, representante de la organización Defensoras de la Pachamama, sostiene que la lucha tiene ya 20 años en Río Blanco, donde no ha existido jamás una consulta previa a las comunidades.

La organización ha denunciado el tema en la Defensoría del Pueblo, además ha expuesto ante las autoridades lo del estudio de impactos ambientales que desde su punto de vista no garantiza nada y que se aprobó por presión del propio gobierno.

“Federico Auquilla quien fue gerente de la empresa minera en el 2007, pasó luego a ser viceministro y ministro de Minas, y fue cuando se presionó para que se apruebe el estudio de impacto ambiental, en el 2011 aproximadamente”, recalcó Lina Solano.

Anota que, también se denunció la forma en que se estaba concesionando el agua en Río Blanco, la empresa había solicitado casi el triple del agua determinada en el estudio de impacto ambiental, y que en este proceso también hubo presiones, pues Xavier Sánchez, ahora subgerente de la empresa minera, quien para entonces era subsecretario de Minas, habría tenido incidencia en Senagua, por lo que las concesiones se aprobaron sin que la empresa presente siquiera los estudios de impacto ambiental, según su relato.

Río Blanco está al oeste de Cuenca y se estima que en el yacimiento hay 605.000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata; cuya explotación durará 11 años; según Xavier Sánchez, subgerente de la empresa, la contaminación será mínima ya que se utilizará un sistema de recirculación de agua.

Cero minería

Activistas antimineros como Lina Solano y Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari, y parte de los habitantes de comunidades aledañas al proyecto minero, como Río Blanco, Zhin Alto y Llano Largo, insisten que habrá contaminación y que de salir la minera, no se permitirá ningún tipo de minería en la zona que es parte del macizo de El Cajas; algunos moradores dicen que ya se secó la laguna Loma Cruz.

Ayer unas 50 personas del Consorcio de Transportistas de Molleturo, rechazaron la agresión contra la minera; aseguraron que se seguirá el trámite legal pertinente ante la incineración de una retroexcavadora de propiedad del socio Braulio Guartazaca, quien aún paga un crédito adquirido para comprar esta máquina en 40.000 dólares.

La organización pidió a las autoridades que garanticen el orden y que retorne la paz para poder seguir trabajando. Habitantes de las comunidades aledañas al proyecto, expresaron su respaldo a la minera y desmintieron versiones de activistas como Yaku Pérez.

Jenny Chimborazo, presidenta de Cochapamba, dijo que Pérez y 3 antimineros más no fueron secuestrado como denunciaron ellos, “los detuvieron por unas dos horas, para interrogarles, le dijimos al señor Yaku, ¿Con qué plan llegan a nuestra comunidad?, eso fue todo”, señaló.

Testimonios

Rosa Durazno, de 67 años, de Río Blanco, dice que no hay contaminación, que las instituciones del Estado están ejerciendo control. “La laguna Loma Cruz, toda la vida se ha secado en verano y se ha llenado en invierno”, manifestó.

Otra habitante, Andrea Ochoa, dice que hay división, “el proyecto minero empezó hace 20 años; cuando había alguna inquietud nos levantábamos todos pero ahora hay amenazas entre grupos, los que empezaron con la oposición, son los mismos que vendieron los terrenos al proyecto, y antes incluso hacían minería haciendo huecos. Estas reacciones son políticas y quieren hacer minería artesanal”, precisó.

MÁS DETALLES

* El Colegio de Abogados del Azuay, en el tema Río Blanco exige al MAE, adopte medidas y proteja las fuentes de agua, humedales, páramos y bosques, ante pretensiones de empresas transnacionales de arrasar con un patrimonio. Que no se atropellen la protesta pacífica, que se proteja la integridad de los moradores y se impida abusos de cuerpos armados al servicio de las mineras.

* Esta mañana a las 10:30, integrantes de varias organizaciones defensoras del medio ambiente, como el Frente de Defensoras de la Pachamama, Natura Insurrecta, Bloque Proletario y Retumba la Trole, ofrecerá una rueda de prensa, previo al plantón organizado para rechazar al proyecto minero Río Blanco, y demás proyectos considerados estratégicos por el Gobierno Nacional.

* Elizabeth Durazno, de Río Blanco, rechazó la gran presencia de militares y policías durante las protestas de la semana pasada en la zona del proyecto minero, para proteger a la transnacional y no al pueblo que defiende el medio ambiente. La minera incluso dispuso a la fuerza pública que impida el paso de la prensa al área del campamento, argumentando que está en investigación.

* Nilo Criollo, presidente de Zhin Alto, hizo un llamado a las autoridades, para que se identifique a quienes lideraron las protestas que ocasionaron la incineración parcial del campamento minero de Río Blanco y de máquinas contratadas; sobre todo a la gente que llegó de fuera a generar el caos, ya que en su comunidad tampoco hay impactos ambientales pero sí desarrollo con la minera.

* Según el ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, los operativos en el Alto Nangaritza-Zamora Chinchipe continuarán y se judicializarán porque es minería ilegal catalogada como delito; sin embargo los trabajos extractivistas continúan a lo largo del río Nangaritza. Sobre casos como este, no han existido protestas ni medidas de hecho de parte de organizaciones antimineras.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/05/15/conflicto-entorno-al-extractivismo/