La actividad minera en San Lorenzo y Eloy Alfaro, en el norte de Esmeraldas, ha quedado suspendida.

Un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo la actividad y otorgó un plazo de 30 días para cumplir con las medidas cautelares.

La resolución del juez se dio durante una audiencia de supervisión del cumplimiento de las medidas, efectuada el lunes 4 de junio, en San Lorenzo.

A esta diligencia asistieron delegados de comunidades afectadas por la actividad minera y abogados de entidades estatales que debían cumplir las medidas cautelares dictadas en una primera instancia.

El proceso se viene abordando desde el 2011, cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador interpuso en primera instancia un pedido de medidas cautelares ante las autoridades judiciales de San Lorenzo por la supuesta afectación a la salud debido a la contaminación de los ríos de la localidad.

Dentro de este proceso se presentaron resultados de laboratorio en el que se indica que las aguas no son aptas para consumo humano por su alto contenido de metales pesados.

Según los denunciantes, se observaba la falta de control por parte del Estado, así como en las acciones de tratamiento de descontaminación y remediación de fuentes hídricas.

La Defensoría del Pueblo, entidad que actuó en representación de las comunidades, enfatizó que “es necesario mantener las medidas cautelares y exigir del Estado su inmediata acción, inclusive que se sancione a los responsables por su evidente omisión”.

La noche del viernes, otro juez suspendió la explotación minera en el proyecto Río Blanco, entre Molleturo y Chaucha, al oeste de Cuenca. Un grupo de comuneros interpuso una acción de protección argumentando fallas legales en el proceso y contaminación. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/07/nota/6797246/juez-suspendio-mineria-norte-esmeraldas

El Gobierno Nacional alista una respuesta a la decisión que adoptó anteayer Oswaldo Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, de disponer la suspensión de las actividades en el proyecto minero Río Blanco.

Esta concesión minera inició en 1993 a cargo de la empresa Rio Tinto-Zinc Corporation (RTZ), de Gran Bretaña; luego pasó a la compañía San Luis International Minerals Corporation (IMC), de Canadá.
Y finalmente, en 2012, fue vendida al grupo Junefield Ecuagoldmining South América, de China, que en agosto de 2016 inició la etapa de explotación. Calculó una reserva de 605.000 onzas (oz) de oro y de 4.307 millones de plata.

Actualmente en esta intervención minera trabajan cerca de 250 personas, la mayoría de las comunidades de la zona. Hasta ahora esta firma ha exportado a China unas 330 toneladas (tn) de material para extraer estos minerales.
El Estado ecuatoriano prevé un beneficio de 191,49 millones de dólares en recursos directos, impuestos y utilidades laborales hasta 2027, dado que la vida útil del yacimiento está calculada en unos 11 años.

Ubicación

Río Blanco está a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar (msnm) en Chaucha y Molleturo, parroquias rurales del cantón Cuenca, y se ubica en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas (PNC).
De acuerdo con datos de la concesionaria, que es un consorcio entre las organizaciones chinas Junefield y Hunan, está prevista una inversión de 78 millones de dólares, y hasta ahora han invertido 17.
Yaku Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (Ecuarunari), fue quien presentó la acción legal, es decir las medidas cautelares, que finalmente fueron aceptadas por el magistrado cuencano.
Pérez explicó que Oswaldo Paúl Serrano asimismo dispuso la inmediata salida de Molleturo de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas (FF.AA), que fueron enviados para dar seguridad a este campamento minero.
Agregó que este juez reconoció la vulneración del derecho a la consulta previa a los comuneros que está descrito en la Constitución del Ecuador. Además pidió a la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) que haga cumplir lo dispuesto.

Policías y militares

Xavier Enderica, gobernador de Azuay, ayer fue consultado, entre otros asuntos, sobre la disposición del retiro de policías y militares, y sobre la posiblidad de apelación, y respondió que aún no han sido notificados de la resolución judicial.
De acuerdo con Enderica, la institución que preside tiene como prioridad la seguridad de los ciudadanos de este sector, dado que en los últimos meses se han reportado varios enfrentamiento entre grupos.
Están a la espera de ser notificados para hacer un pronunciamiento oficial. Anunciarán, de considerarlo, las medidas legales que van a seguir para asegurar los recursos estatales.
Por su parte Rocío Juca, titular de la Subsecretaría zonal 6 del Ministerio de Minería, indicó que igualmente aguarda disposiciones a nivel nacional para informar las acciones que aplicarán.
Lo que sí, dijo, es que prepara un pronuciamiento sobre las concesiones mineras que se han otorgado en Cuenca y las etapas en las que se encuentran las mismas. Tiene previsto hacerlo la semana que viene.
El departamento de comunicación de la cartera de Estado de minería informó de igual forma que aún no tienen un vocero oficial al respecto, dado que están en proceso de fusión con otros dos ministerios.
Estos son el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y el Ministerio de Hidrocarburos. Todos quedarán a cargo de Carlos Pérez, quien actualmente es el principal de este último.

CAMARA DE MINERÍA

Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Azuay, se muestra preocupado por la resolución de Oswaldo Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, de parar el proyecto minero Río Blanco, en Cuenca.
Considera que los ministerios del Ambiente (MAE) y de Minería deben interponer los recursos de apelación correspondiente dado que estas instituciones constan como las demandadas.
Vargas advirtió asimismo que la empresa Junefield Ecuagoldmining South América, de China, que es la concesionaria de Río Blanco, podrá reclamar al Estado por las pérdidas que esta medida legal le podría causar.
“Esto porque se venía al parecer cumpliendo con todos los requisitos y de pronto sale esto, recuerde que el MAE le otorgó un licenciamiento ambiental y para esto se supone que se cumplió con todos y cada uno de los requisitos…”, dijo.
Y agregó: “esto nos ha dejado sumamente preocupados, estamos averiguando los detalles y pormenores para saber qué pasó en este proceso, pues pensamos que esta petición no iba a prosperar…”, añadió.

Alcalde

Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, por su parte tras conocerse el dictamen judicial, ratificó la posición del Municipio de Cuenca sobre la defensa de las fuentes de agua.
“Solicitamos se revientan las concesiones mineras y se cumpla con las normas constitucionales vigentes concernientes al principio de precaución, los derechos de la naturaleza y de la comunidades…”, señaló.

En la misma audiencia de presentación del pedido de medidas cautelares ante Serrano, la municipalidad presentó una acción legal denominada como amicus curiae.
Lo hizo por medio de Boris Piedra, gerente de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP), quien explicó que hay riesgo de contaminación de las cuencas de los ríos Balao, Cañar y microcuenca del Migüir.
Igualmente Piedra informó al magistrado que esta intervención minera está en páramos con ecosistemas singulares, que únicamente hay en la región andina y que se caracterizan por su capacidad de retener y captar carbono.
Asimismo el funcionario sostuvo que el agua de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara se origina, principalmente, en los parámos del Macizo del Cajas. Cerca de esta área se cumplen estas actividades mineras.

Iván Granda

Iván Granda, concejal y presidente de la Comisión de Legislación del Concejo Cantonal de Cuenca, también firmó el amicus curiae para pedir que se detengan los trabajos en esta concesión minera.
Para Granda esta decisión judicial marca un precedente en la lucha de la protección de los recursos naturales, pero además en la obligatoriedad de consultar a las comunidades cuando que intervenga en sus territorios. CSM (I)

ENTRE COMILLAS

Pablo Piedra
Abogado de la ciudad

Como dijo Yaku Pérez (clave en la defensa del agua) hubo minga para defender el agua, y comunidades de Cuenca contra proyecto Río Blanco. Unidad de Cuenca expresada por gente de Molleturo y autoridades. Esto fue escencial.

María Cecilia Alvarado
Viceprefecta de Azuay

El agua no se vende, el agua se defiende. Gracias Molleturo, gracias defensores del agua; esto es por el agua de todos, de mis hijos, de los suyos… incluso de quienes crean que el riesgo de destruir el páramo valga la pena.

Xavier Barrera
Concejal de Cuenca

La defensa del agua y de la vida nos une en Cuenca, organizaciones sociales, habitantes de las zonas de influencia y el comprometido apoyo institucional que nació desde el Concejo Cantonal de Cuenca con acciones concretas, buen trabajo.

Dora Ordóñez
Concejal de Cuenca

La lucha de las comunidades que han estado en resistencia… Con esta resolución el Ministerio del Ambiente (MAE) pensará dos veces antes de emitir licencia ambiental para fase de explotación del proyecto minero Kimsacocha.

Carlos Orellana
Concejal de Cuenca

Que bien, en buena hora, nos alegra a todos mirar como la justicia cuencana sigue siendo un referente a nivel nacional. Bien por el juez Paul Serrano, que hace efectivos los derechos de la naturaleza.

Cristian Zamora
Concejal de Cuenca

El legado de vida derivado de la protección del agua renace de la lucha de quienes se han jugado el todo para que cuencanos tengamos esta gran herencia. No minería en nuestros páramos, fuentes de agua, de vida.

Norma Illares
Concejal de Cuenca

El agua es vida, bien por Yaku Pérez, firme en defender el líquido vital y los páramos, belleza natural. Respaldo la labor y lucha de las organizaciones sociales. Paramos libres de minería, el agua es vida.

PRONUNCIAMIENTO DE YASUNIDXS GUAPONDELIG FRENTE A LA RECIENTE DECISIÓN JUDICIAL DE SUSPENDER LAS OPERACIONES MINERAS DE UNA COMPAÑÍA CHINA EN RÍO BLANCO, ECUADOR.

Como ya sabrán, el viernes anterior 1ro. de junio, un juez de Cuenca les dio la razón a los comuneros de Molleturo y concedió una acción de protección constitucional por la vulneración a su derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada con respecto al proyecto de una compañía minera china en Río Blanco.

Mandó a los ministerios de minería y de ambiente a suspender las operaciones mineras en los páramos de Río Blanco de manera inmediata y a desmilitarizar la zona evitando cualquier nuevo conflicto.

Estamos felices de que después de tantos años de atropellos judiciales, haya habido un destello de justicia.

Es un buen momento, consideramos, para hacer memoria, reflexionar y volver a comprometernos:

1.  Este logro es el resultado de un proceso histórico de resistencia a la minería, iniciado por las comunidades de Molleturo hace más de 20 años. En los últimos meses, Río Blanco, la comunidad más próxima al campamento minero, reactivó la resistencia y movió a miles de personas de Cuenca y Naranjal (Guayas) a sumarse.

2.  Sabemos que  nos asisten razones constitucionales, legales y técnicas en esta lucha por el agua, pero también sabemos que sólo la resistencia de las comunidades es capaz de detener a las empresas y los gobiernos, que se abren paso atropellando la verdad y el derecho.

3. Río Blanco, otrora prominera, nos demuestra que estos proyectos extractivistas prosperan en condiciones de conflicto, pobreza y marginación hasta que se empiezan a sentir los primeros impactos sociales y ambientales.

4.  La defensa de los páramos y el agua no es responsabilidad exclusiva de Molleturo, sino de los sectores urbanos de Cuenca y de otros cantones del Azuay, Cañar y Guayas, habida cuenta de que Río Blanco es sólo uno de varios proyectos mineros localizados en los páramos del Macizo del Cajas.

5. La ciudad de Cuenca tiene una gran deuda de gratitud con los comuneros de Molleturo, una deuda que se debe pagar con un gran reconocimiento social y con medidas efectivas para que esas comunidades de altura alcancen condiciones de vida dignas.

6. El gobernador Xavier Enderica, la jefa política del cantón, Vanessa Cueva, la subsecretaría de Minas, Rocío Juca, al ponerse del lado de una compañía extranjera, se quedan con una mancha en su carrera política que difícilmente será olvidada por la ciudadanía de Cuenca y el Azuay. Igual sucede con personajes como Xavier Sánchez, que sin rubor pasó de ser subgerente de agua potable de ETAPA, a subsecretario de minas y a gerente actual de la compañía  minera. Por su parte, el coordinador zonal del MAE, Juan Pablo Rivera, tendrá que rendir cuentas por su silencio cómplice frente a la agresión a nuestros páramos.

7.  El mensaje para las compañías mineras no puede ser más claro. En marzo del 2017, frente a la convención de la mayor feria mundial de mineros (PDAC), desde Cuenca les dijimos “¡No pasarán!”. La sentencia judicial es una confirmación de esa decisión. Hoy existe tal efervescencia por el agua, especialmente entre los jóvenes, que no pasará la apelación que los ministerios de minería y de ambiente seguramente presentarán, ni ninguna otra compañía minera. Estaremos vigilantes.

8.  Sabemos que las comunidades de Molleturo tienen heridas muy difíciles de sanar, resultado de un proyecto minero inconsulto y de las estrategias de corrupción que la empresa ha usado para ganarse el apoyo de ciertas comunidades y personas. Recuperar la paz y la armonía social en Molleturo pasa necesariamente por remediar la causa originaria de la convulsión.

9.  El presidente Lenín Moreno ha ignorado el conflicto en Río Blanco y en otros puntos calientes como la Cordillera del Cóndor e Intag. A pesar de que la consulta convocada por él, apoyada mayoritariamente por el electorado, prohibió actividades mineras en zonas protegidas, ha continuado adelante con las políticas mineras del gobierno anterior. Es hora de que rectifique.

10. Las autoridades de Cuenca y el Azuay, empezando por el alcalde Marcelo Cabrera y el prefecto Paúl Carrasco, tienen que tomar el mandato popular y llevarlo de manera enérgica hasta el gobierno nacional y a escenarios internacionales, así como comprometerse por crear alternativas económicas vivas con las comunidades.

11. A la compañía china y a las otras que han invadido nuestro país sólo les queda irse para no volver.

Dolores Cacuango dijo que “somos como la paja del páramo”, nosotrxs agregamos que somos como el agua del páramo, clara, cristalina, alegre y valiente, que conforme va bajando por la ladera se va transformando en un río de gente. Todxs invitados a ser parte de este río de gente, porque no es cierto que haya imposibles. Los imposibles sólo tardan un poco más.

¡El Ecuador es megadiverso, no megaminero!

Cuenca de Guapondelig, 4 de junio del 2018

Fuente:https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTL8KBDSb_V13Ima3lrC1bVmk0vnclwFaHvWekpR3vxRfvv6ZE8xwyxJ9-uCODBc8JUKhEooRrX5v2p/pub

La Defensoría del Pueblo del Ecuador, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, encargada de la protección y promoción de los derechos de las personas que habitan en el país, ante lo sucedido a partir del 8 de mayo de 2018, en la comunidad de Río Blanco, ubicada en la parroquia Molleturo[i], cantón Cuenca, provincia del Azuay, manifiesta lo siguiente:

En la mencionada parroquia, se llevan adelante proyectos de explotación minera, y desde hace algunos años, personas que forman parte de las comunidades han denunciado diversas afectaciones a sus derechos, principalmente relacionadas a la inadecuada implementación de procesos de consulta previa libre e informada, consulta ambiental, y afectaciones a derechos laborales.

El día 8 de mayo de este año, se dio un operativo policial en la comunidad, como respuesta a una medida de protesta realizada por integrantes de la misma, en contra de la empresa minera. Como producto de este operativo se produjo la detención de 8 personas y se iniciaron procesos penales de investigación por sabotaje, ataque, terrorismo o resistencia en su contra.

Ante estos hechos y por la situación que se vive en la zona, la Defensoría del Pueblo ha llevado adelante procesos de investigación defensorial desde hace dos años, y ahora ha activado nuevamente una investigación y procesos de vigilancia procesal ante el operativo efectuado conforme a su mandato constitucional, con la finalidad de exigir la garantía y respeto de derechos humanos en la localidad.

Más allá de aquello, queremos recordar a las autoridades que el contexto en la zona se ha definido con posturas que no han garantizado un diálogo propositivo, incluyente y adecuado, generando como consecuencia, por un lado, la polarización de posturas entre representantes del Estado y las comunidades, e inclusive entre representantes de diversas comunidades de la zona; y por otro, la inconformidad ante la falta de respuestas claras, consultadas y propositivas por parte de Estado ante las diversas denuncias de vulneraciones a derechos humanos realizadas en todo este tiempo.

En ese sentido, recordamos enfáticamente que previo a cualquier intervención policial, se deben realizar procesos de diálogo adecuados entre todas las Instituciones competentes y las comunidades involucradas en el conflicto socio-ambiental, con la finalidad de que el mismo no se profundice. Así, recordamos que el procesamiento penal a dirigentes de comunidades, así como de defensoras y defensores de derechos humanos, debería ser una medida profundamente meditada y extraordinaria, siendo que los tipos penales que se utilizan tienen profunda gravedad, y el rol del Estado debe encaminarse, preferentemente, a la protección de los mismos más que a su criminalización. Para lo cual nos permitimos recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Luna López vs Honduras ha manifestado que:

“222. A su vez, los Estados deben facilitar los medios necesarios para que las personas defensoras de derechos humanos o que cumplan una función pública respecto de la cual se encuentren amenazados o en situación de riesgo o denuncien violaciones a derechos humanos, puedan realizar «libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; generar las condiciones para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.”

Con lo dicho, exhortamos al Ministerio del Interior y a la Fiscalía que no utilicen el sistema penal como mecanismo para detener las acciones de protesta, pues elevan los niveles de conflictividad social. Adicionalmente, solicitamos que las denuncias presentadas por las y los defensores de derechos humanos, sean investigadas de manera objetiva, imparcial y adecuada.

Finalmente, exhortamos a la Función Ejecutiva, y en particular al Ministerio del Ambiente, SENAGUA, Ministerio del Trabajo y otras autoridades de control a que investiguen las denuncias que las comunidades en la parroquia Molleturo han realizado en los dos últimos años y que generen procesos efectivos y adecuados de diálogo que garanticen los derechos humanos de las comunidades de la zona y los derechos de la naturaleza, conforme a la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de protección.

Gina Benavides Llerena

DEFENSORA (E) DEL PUEBLO DE ECUADOR

[i] Este pronunciamiento ha sido preparado en base a la información verificada por la Coordinación General Zonal 6 durante las acciones oficiosas realizadas entre el 8 y el 22 de mayo de 2018.

Descargue el pronunciamiento AQUÍ

Fuente:http://www.accionecologica.org/component/content/article/2282-2018-05-30-22-04-10

Es hora de que la justicia esté de lado de las comunidades! Este jueves 31 se llevará a cabo la audiencia para evaluar el otorgamiento de medidas cautelares para suspender la explotación de #RíoBlanco hasta que se demuestre que se realizó la consulta previa, libre e informada.

Vamos todos/as a la Corte de Justicia (José Peralta y Cornelio Merchán), acompañemos este proceso en vigilia por una sentencia a favor de la naturaleza y los defensores/as de la vida.

#PáramosLibresDeMinería
#SOSRíoBlanco

El pasado 23 de mayo de 2018, por la noche y mientras el administrador y los visitantes dormían, personas ingresaron a la casa donde funciona la estación científica del Bosque Protector Los Cedros y sustrajeron una computadora y un teléfono celular.

Joséf Decoux, ciudadano norteamericano radicado en la zona de Intag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura desde hace 30 años, se desempeña como administrador del Bosque Protector Los Cedros y por décadas ha defendido esta área protegida de la incursión de empresas madereras, invasiones promovidas por traficantes de tierra y mineras. Actualmente la canadiense Cornestone Resources Inc y ENAMI son cotitulares de las concesiones mineras Río Magdalena 1 y 2, que amenazan a ésta reserva natural.

Con un área superior a las seis mil hectáreas, el Bosque Protector Los Cedros constituye una de las zonas más biodiversas del Ecuador, donde se sobreponen los bosques húmedos del Chocó y la Cordillera de los Andes tropicales, es el hábitat 250 especies de aves, 198 especies de árboles, 400 tipos de orquídeas y es el refugio del Ateles fusciceps, especie de mono araña bracilargo de cabeza café, único primate ecuatoriano que se encuentra en peligro crítico de extinción.

La minería amenaza seriamente al equilibrio ecosistémico y afecta la integralidad de los ciclos hidrológicos, por lo tanto también amenaza a toda la flora y fauna del sector y viola los derechos de la naturaleza.

A partir de la alerta emitida por Joséf Decoux, funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Municipio de Cotacachi hicieron una inspección en la que se detectó la tala de árboles al interior del bosque para la posible instalación del campamento minero permanente, el robo de los equipos en la estación científica ocurre dos días después de la mencionada inspección.

CAMINANTES, espacio de articulación de luchas contra el Festín Minero, denuncia este ataque perpetrado contra un defensor vinculado a la lucha por la protección de los bosques, ya que consideramos que el robo está orientado a frenar la lucha de defensa que tanto el compañero Josef Decoux, como el personal de la estación científica, con quienes nos solidarizamos.

Por lo tanto solicitamos a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones pertinentes, y que se brinden medidas que protección urgentes a José Decoux, su familia y al personal de la Fundación.

También hacemos un llamado a la opinión pública y al gobierno, para que se anulen todos los permisos y otros documentos habilitantes que permiten realizar actividades mineras dentro de los bosques protectores del país.

De igual manera, responsabilizamos tanto a la empresa Corneston como a ENAMI, por posibles futuros ataques, por lo que estaremos vigilantes de la atención de nuestras demandas.

Yasunidos Guapondelig es una organización social comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza  que, desde sus inicios,  se ha caracterizado por emplear estrategias de acción no violenta para proteger los bienes comunes como el agua de los proyectos extractivistas, que amenazan con su privatización, extinción, contaminación y degradación.

Frente a los hechos sucedidos en las últimas semanas en la parroquia Molleturo, donde se asienta el proyecto de minería metálica “Río Blanco” y donde se encuentran las comunidades en resistencia, nuestra organización y quienes la integramos, así como organizaciones sociales que son compañeras en todo este proceso de resistencia, hemos sido objeto de distintos ataques por parte del gobierno central y la empresa minera que opera en el territorio.

Empezando por el comunicado público de la empresa Ecuagoldmining South America S.A. del 9 de mayo, así como por declaraciones públicas del Gobernador del Azuay, Xavier Enderica, que nos descalifica y señala como “agentes externos” a la situación, siendo que  el desarrollo de las políticas mineras en nuestros territorios nos competen a todas y todos quienes dependemos del agua que nace de los páramos en donde fueron dadas las concesiones y que nos amparamos en nuestro legítimo derecho estipulado en el Art. 83 de la Constitución, el cual  es muy claro en que uno de los deberes de las y los ecuatorianos es el cuidado de nuestros recursos naturales y la preservación de la naturaleza y el respeto de sus Derechos, estigmatizan nuestra presencia permanente y el accionar conjunto con las comunidades que hoy se resisten a un proyecto extractivista que, al incumplir con los parámetros técnicos y los mandatos de ley, se erige con violencia sobre estos territorios.

Denunciamos también los amedrentamientos personales, las llamadas amenazantes a nuestros teléfonos, los ataques en redes sociales con cuentas y páginas falsas, en donde se nos acusa de crímenes impensables para nuestras organizaciones, los hostigamientos, las desinformaciones e incriminaciones que se han hecho públicas y de las cuales, tanto la empresa minera, como el gobierno central, se han servido para alimentar un imaginario negativo hacia los/as defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza

Dejamos en claro que nosotros/as, a diferencia de la empresa minera, no necesitamos sobornar, amenazar o chantajear a las personas de las comunidades ni de otras organizaciones sociales para que exijan sus derechos y los de la Naturaleza.

Es por esto que repudiamos los intentos de pasar la responsabilidad real que tiene la empresa y el gobierno central sobre todo este conflicto hacia nuestras organizaciones.

De la misma forma, denunciamos el actuar de la Ministra de Minería, Rebeca Illescas, quien, en su visita a la provincia el 17 de mayo, se reunió solamente con el sector que apoya y trabaja para la empresa, a pesar de que hicimos presencia en la puerta de la Gobernación y solicitamos ser recibidos/as. Denunciamos sus declaraciones en dicha reunión en la que tildaba a los grupos defensores del agua como delincuentes, terroristas, acusándonos de haber robado cantidades grandes de dinamita de la empresa, ante lo cual alertamos a la ciudadanía en general sobre un posible inicio de “siembra de pruebas” con la cual buscan vincular y procesar a más dirigentes y defensores.

Estos intentos buscan ocultar que los hechos de violencia y los conflictos que se suscitan alrededor de la minería metálica surgen por la omisión de responsabilidades estatales (como garantizar el derecho a la consulta o invalidar el principio de precaución ambiental) y por responder irresponsablemente a procesos de resistencia pacíficos en función del derecho a la resistencia (Art. 98 CRE) con la utilización de fuerzas policiales y militares, a pesar de que hubo exhortación expresa por parte de la Defensoría del Pueblo en Quito, de construir primero vías de diálogo y mediación, siendo totalmente ignoradas y, después de la represión, sí convocar a procesos de diálogo.

Rechazamos de igual manera el uso del Derecho Penal como un medio de disuasión y de persecución a los procesos de resistencia. Exigimos un alto a la criminalización de la protesta social.

Seguimos exigiendo la desmilitarización de la zona, el cese de las actuaciones del cuerpo de inteligencia de la policía sobre organizaciones y dirigencias comunitarias, el cese de la criminalización y la salida de la empresa minera ante los hechos mencionados.

Cuenca, mayo 24 de 2018.

Para más información contactarse con:

David Fajardo Torres: 09870754152

Paola Granizo Riquetti: 0984399656

Lizbeth Zhingri: 0987067136

O al correo:

[email protected]

Mujeres indígenas defienden sus territorios ante arremetida de mineras y petroleras que actúan bajo protección del Estado.

Eran las siete de la noche del 17 de diciembre del 2016 cuando decenas de militares incursionaron disparando a la comunidad shuar de Tsuntsuim, en el cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago, en la Amazonia sur del Ecuador.

Mariana Nankameri, mujer shuar de 38 años, no lo pensó dos veces y salió de su casa con toda su familia. “Nos atacaron, no podíamos estar en la casa porque decían que a las mujeres les iban a violar y yo tengo una hija menor y otra estaba embarazada. Salimos con mi esposo, yerno e hijos y caminamos sin linterna, desde las siete hasta cuando amaneció. Los niños lloraban y yo lloraba. Mis hijos menores no podían caminar, mi esposo le cargó al uno y yo al otro. Esa noche mi hija de 15 años estaba embarazada de tres meses, pero como íbamos sin linterna, ella se había caído, se había rodado y tenía un golpe, a los dos días empezó con dolores. Le lleve al hospital, estaba muy mal y perdió el bebé”, relató Nankameri, quien junto a 30 familias caminaron 11 horas por los pantanos de la selva amazónica hasta llegar a Tink, comunidad que los acogió.

El éxodo de Tsuntsuim no fue el primero en esta región; meses antes corrieron la misma suerte las comunidades indígenas de Tundayme, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Rosario Wari, la abuela grande de los shuar con 107 años de edad, fue desalojada el 4 de febrero del 2016; la sacaron de su tierra y la abandonaron con sus escasas pertenencias en el parque de El Pangui. Con la expulsión de la abuela Rosario se iniciaron los desalojos en la parroquia Tundayme que afectó a más de 60 familias.

Claudia Chumpi, a sus 20 años de edad y con un niño de brazos debió enfrentarse sola a los militares que avanzaban a destruir la casa que había levantado con su joven esposo. Una retroexcavadora se situó frente a su casa y comenzó la destrucción.

“Se ubicaron en cada casa, rompían las puertas, botaban las cosas, cocinetas, cilindros. Yo me corrí con otras mujeres que estaban embarazadas, eran mis tías, eran las 5 de la tarde, nos corrimos a una montaña. Los militares disparaban, los niños lloraban, nosotros les cerrábamos la boca para que no griten, para que no nos sigan más, pero los militares nos habían seguido también hasta la montaña”, cuenta Chumpi sobre lo ocurrido el 11 de agosto del 2016, en el barrio San Marcos, de Tundayme. Como Chumpi, decenas de mujeres shuar con sus hijos en brazos cuentan la historia de sus propias expulsiones y sus ojos se llenan de lágrimas.

Desplazamientos forzados
Estos desplazamientos forzados tienen dos responsables directos, por un lado está el gobierno que dispone de los órganos armados estatales para dar protección y actuar en pro de los intereses del otro responsable: la minería a gran escala. Los proyectos mineros de San Carlos de Panatza, que afecta a las comunidades shuar de Nankints y Tsuntsuim, y el proyecto Cóndor Mirador, que afecta a la Cordillera de El Cóndor en la parroquia de Tundayme, son implementados por las mineras estatales chinas EcuaCorriente SA (ECSA) y ExplorCobres SA (EXSA).

“No entendemos como en el Ecuador se empieza a sentir el desplazamiento interno si supuestamente somos un territorio de paz, un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, intercultural, plurinacional. No comprendemos cómo la ambición de un gobierno y de determinadas empresas privadas en pro de un supuesto desarrollo económico deje a niños/as, mujeres, hombres, abuelos/as sin sus hogares, sin sus animales, sin sus espíritus, sin su naturaleza”, comenta Mónica Vera Puebla, presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), organización que asumió la defensa legal de los pobladores de Tudayme en contra del Estado y de las empresas mineras.

Vera Puebla afirma que los derechos patrimoniales de las concesiones mineras, aun cuando sean anteriores a la Constitución del 2008, en la que se garantiza los derechos de la naturaleza, no pueden estar por sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas que ya estaban establecidos en tratados internacionales, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial el derecho a la consulta previa, libre e informada, una obligación de los Estados que es generalmente incumplida.

Otros tratados, como los “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generado por el desarrollo”, aprobados en el 2007 por Naciones Unidas, señalan que los desalojos “no deben realizarse con tiempo inclemente, por la noche, durante los festivales o las fiestas religiosas”, precisó Vera Puebla. Tanto en Tsuntsuim, como en Tundayme, los operativos contravinieron estos principios.

Pero hay principios que aún no están escritos, dice Vera Puebla, pues aún no se comprende ni se asume la vinculación de la mujer indígena con la tierra.

“Es una relación que va más allá de la mera sobrevivencia con la producción agrícola y se proyecta a la esencia de lo femenino”, explica. “Romper los lazos de la mujer con su tierra es romper un lazo de vida. Nada puede ser igual fuera de su tierra. Los desalojos mineros rompen con una parte de la esencia indígena mantenida y transmitida por las mujeres indígenas”.

Mujeres Defensoras de la Selva
La historia del pueblo originario Kichwa de Sarayaku tiene un punto de quiebre en el año 2002, cuando la prospección petrolera tocó sus tierras. Las mujeres de Sarayaku se enfrentaron a los trabajadores petroleros que colocaban explosivos en sus territorios y a los militares que los protegían. El resultado fue la expulsión de los petroleros y los militares y el inicio de un proceso de resistencia, conducido por las mujeres, que logró una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protege sus derechos.

El ejemplo de las mujeres de Sarayaku ha sido replicado por mujeres indígenas que han sufrido el impacto de proyectos extractivos. Ejemplos que recoge la organización ambientalista Acción Ecológica al propiciar la creación de una red de mujeres de distintos pueblos indígenas, denominada Mujeres Defensoras de la Selva, a las que les une un solo objetivo: defender sus tierras frente a la arremetida de empresas mineras y petroleras que actúan con la anuencia del Estado.

El 28 de febrero del 2018, el gobierno nacional anunció la caducidad de 1,000 concesiones mineras, pero dejó vigentes las concesiones otorgadas a transnacionales, en especial chinas, por lo que el 12 de marzo unas 60 mujeres indígenas llegaron a Quito después de haber caminado cinco días desde la Amazonia. Pedían ser recibidas por el presidente Lenn Moreno para entregarle un manifiesto de 22 puntos en el que se pedía la protección de la tierra frente a la depredación de las empresas extractivas.

Al igual que con el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa (2007-2017), las mujeres no fueron recibidas por Moreno, pero entregaron su manifiesto en el que expresan su total rechazo a la política extractiva del actual gobierno.

“El poder de la acción de las mujeres es proporcional al sufrimiento que han visto en compañeras suyas que han sido desalojadas; sus lágrimas constituyen su fuerza y no hay duda que su reto a un gobierno depredador será escuchado”, afirmó Vera Pueblo. —

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/ecuador-mujeres-demandan-proteccion-frente-a-empresas-extractivas/