La actividad minera del proyecto de Río Blanco fue suspendida ante una solicitud de las comunidades.

Quito.- Un juez de Ecuador suspendió un proyecto minero en el sur del país, tras aceptar unos recursos de protección de comunidades asentadas en esas zonas, según informó hoy el presidente de la Cámara de Minería, Santiago Yépez.

Se trata del proyecto Río Blanco, situado en la provincia andina de Azuay, en la que se han registrado varios enfrentamientos entre sus pobladores y la operadora china encargada de la actividad minera.

Yépez recordó que esta acción judicial ha sido apelada por el Gobierno, por considerar que es un proyecto estratégico de alto impacto para la economía nacional y para la generación de empleo.

La actividad minera del proyecto de Río Blanco fue suspendida tras una sentencia por parte de Paúl Serrano, juez civil de Cuenca ante una solicitud de las comunidades.

El presidente de la Cámara se refirió también al proyecto Mirador, situado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, sometida a una acción de protección por parte de la población indígena asentada en la zona.

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) alega ser aborigen de la zona y exige que, por esa razón, debió existir una consulta previa sobre las actividades mineras.

Yépez indicó que el juez encargado de la causa solicitó un peritaje para determinar si esas comunidades son ancestrales, como establece la normativa sobre la consulta previa.
Además, afirmó que la Cámara de Minería presentará acciones legales para defender los proyectos extractivos, aunque recordó que «es el Estado quien debe liderar el proceso».

Los proyectos Río Blanco y Mirador, son dos de los cinco que han sido sometidos a acciones legales que, según la Cámara de Minería, son considerados de trascendental importancia para la economía nacional y para sus comunidades aledañas.

De su lado, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, se refirió hoy a los proyectos mineros cuestionados y aseguró que ambos son «buenos» y que las empresas adjudicadas lo manejan de manera «responsable».

Además, dijo que próximamente dialogará con el presidente del país, Lenín Moreno, para determinar cuáles son las áreas en las que se puede realizar la explotación minera, sin afectar el cuidado del ambiente y recursos como el agua, la naturaleza y las comunidades.

El Ministerio indicó que los cinco proyectos, enfocados en la exploración y explotación, se asientan en las provincias de Azuay, Zamora Chinchipe y su vecina de Morona Santiago, los cuales tienen una vigencia de hasta 27 años.

El Ministerio de Minería ha informado recientemente que ese sector podría aportar al país unos 10.000 millones de dólares en los próximos tres años.

Sin embargo, grupos ambientalistas han manifestado su rechazo a la explotación y extracción minera en el país y censuran que pese a las promesas del Gobierno de suspender las concesiones, éstas se siguen dando sin respetar zonas de especial interés ecológico.

Fuente:https://www.debate.com.mx/mundo/suspenden-mina-en-ecuador-ante-problemas-con-comunidades-20180607-0177.html

La actividad minera en San Lorenzo y Eloy Alfaro, en el norte de Esmeraldas, ha quedado suspendida.

Un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo la actividad y otorgó un plazo de 30 días para cumplir con las medidas cautelares.

La resolución del juez se dio durante una audiencia de supervisión del cumplimiento de las medidas, efectuada el lunes 4 de junio, en San Lorenzo.

A esta diligencia asistieron delegados de comunidades afectadas por la actividad minera y abogados de entidades estatales que debían cumplir las medidas cautelares dictadas en una primera instancia.

El proceso se viene abordando desde el 2011, cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador interpuso en primera instancia un pedido de medidas cautelares ante las autoridades judiciales de San Lorenzo por la supuesta afectación a la salud debido a la contaminación de los ríos de la localidad.

Dentro de este proceso se presentaron resultados de laboratorio en el que se indica que las aguas no son aptas para consumo humano por su alto contenido de metales pesados.

Según los denunciantes, se observaba la falta de control por parte del Estado, así como en las acciones de tratamiento de descontaminación y remediación de fuentes hídricas.

La Defensoría del Pueblo, entidad que actuó en representación de las comunidades, enfatizó que “es necesario mantener las medidas cautelares y exigir del Estado su inmediata acción, inclusive que se sancione a los responsables por su evidente omisión”.

La noche del viernes, otro juez suspendió la explotación minera en el proyecto Río Blanco, entre Molleturo y Chaucha, al oeste de Cuenca. Un grupo de comuneros interpuso una acción de protección argumentando fallas legales en el proceso y contaminación. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/07/nota/6797246/juez-suspendio-mineria-norte-esmeraldas

El Gobierno Nacional alista una respuesta a la decisión que adoptó anteayer Oswaldo Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, de disponer la suspensión de las actividades en el proyecto minero Río Blanco.

Esta concesión minera inició en 1993 a cargo de la empresa Rio Tinto-Zinc Corporation (RTZ), de Gran Bretaña; luego pasó a la compañía San Luis International Minerals Corporation (IMC), de Canadá.
Y finalmente, en 2012, fue vendida al grupo Junefield Ecuagoldmining South América, de China, que en agosto de 2016 inició la etapa de explotación. Calculó una reserva de 605.000 onzas (oz) de oro y de 4.307 millones de plata.

Actualmente en esta intervención minera trabajan cerca de 250 personas, la mayoría de las comunidades de la zona. Hasta ahora esta firma ha exportado a China unas 330 toneladas (tn) de material para extraer estos minerales.
El Estado ecuatoriano prevé un beneficio de 191,49 millones de dólares en recursos directos, impuestos y utilidades laborales hasta 2027, dado que la vida útil del yacimiento está calculada en unos 11 años.

Ubicación

Río Blanco está a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar (msnm) en Chaucha y Molleturo, parroquias rurales del cantón Cuenca, y se ubica en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas (PNC).
De acuerdo con datos de la concesionaria, que es un consorcio entre las organizaciones chinas Junefield y Hunan, está prevista una inversión de 78 millones de dólares, y hasta ahora han invertido 17.
Yaku Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (Ecuarunari), fue quien presentó la acción legal, es decir las medidas cautelares, que finalmente fueron aceptadas por el magistrado cuencano.
Pérez explicó que Oswaldo Paúl Serrano asimismo dispuso la inmediata salida de Molleturo de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas (FF.AA), que fueron enviados para dar seguridad a este campamento minero.
Agregó que este juez reconoció la vulneración del derecho a la consulta previa a los comuneros que está descrito en la Constitución del Ecuador. Además pidió a la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) que haga cumplir lo dispuesto.

Policías y militares

Xavier Enderica, gobernador de Azuay, ayer fue consultado, entre otros asuntos, sobre la disposición del retiro de policías y militares, y sobre la posiblidad de apelación, y respondió que aún no han sido notificados de la resolución judicial.
De acuerdo con Enderica, la institución que preside tiene como prioridad la seguridad de los ciudadanos de este sector, dado que en los últimos meses se han reportado varios enfrentamiento entre grupos.
Están a la espera de ser notificados para hacer un pronunciamiento oficial. Anunciarán, de considerarlo, las medidas legales que van a seguir para asegurar los recursos estatales.
Por su parte Rocío Juca, titular de la Subsecretaría zonal 6 del Ministerio de Minería, indicó que igualmente aguarda disposiciones a nivel nacional para informar las acciones que aplicarán.
Lo que sí, dijo, es que prepara un pronuciamiento sobre las concesiones mineras que se han otorgado en Cuenca y las etapas en las que se encuentran las mismas. Tiene previsto hacerlo la semana que viene.
El departamento de comunicación de la cartera de Estado de minería informó de igual forma que aún no tienen un vocero oficial al respecto, dado que están en proceso de fusión con otros dos ministerios.
Estos son el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y el Ministerio de Hidrocarburos. Todos quedarán a cargo de Carlos Pérez, quien actualmente es el principal de este último.

CAMARA DE MINERÍA

Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Azuay, se muestra preocupado por la resolución de Oswaldo Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, de parar el proyecto minero Río Blanco, en Cuenca.
Considera que los ministerios del Ambiente (MAE) y de Minería deben interponer los recursos de apelación correspondiente dado que estas instituciones constan como las demandadas.
Vargas advirtió asimismo que la empresa Junefield Ecuagoldmining South América, de China, que es la concesionaria de Río Blanco, podrá reclamar al Estado por las pérdidas que esta medida legal le podría causar.
“Esto porque se venía al parecer cumpliendo con todos los requisitos y de pronto sale esto, recuerde que el MAE le otorgó un licenciamiento ambiental y para esto se supone que se cumplió con todos y cada uno de los requisitos…”, dijo.
Y agregó: “esto nos ha dejado sumamente preocupados, estamos averiguando los detalles y pormenores para saber qué pasó en este proceso, pues pensamos que esta petición no iba a prosperar…”, añadió.

Alcalde

Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, por su parte tras conocerse el dictamen judicial, ratificó la posición del Municipio de Cuenca sobre la defensa de las fuentes de agua.
“Solicitamos se revientan las concesiones mineras y se cumpla con las normas constitucionales vigentes concernientes al principio de precaución, los derechos de la naturaleza y de la comunidades…”, señaló.

En la misma audiencia de presentación del pedido de medidas cautelares ante Serrano, la municipalidad presentó una acción legal denominada como amicus curiae.
Lo hizo por medio de Boris Piedra, gerente de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP), quien explicó que hay riesgo de contaminación de las cuencas de los ríos Balao, Cañar y microcuenca del Migüir.
Igualmente Piedra informó al magistrado que esta intervención minera está en páramos con ecosistemas singulares, que únicamente hay en la región andina y que se caracterizan por su capacidad de retener y captar carbono.
Asimismo el funcionario sostuvo que el agua de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara se origina, principalmente, en los parámos del Macizo del Cajas. Cerca de esta área se cumplen estas actividades mineras.

Iván Granda

Iván Granda, concejal y presidente de la Comisión de Legislación del Concejo Cantonal de Cuenca, también firmó el amicus curiae para pedir que se detengan los trabajos en esta concesión minera.
Para Granda esta decisión judicial marca un precedente en la lucha de la protección de los recursos naturales, pero además en la obligatoriedad de consultar a las comunidades cuando que intervenga en sus territorios. CSM (I)

ENTRE COMILLAS

Pablo Piedra
Abogado de la ciudad

Como dijo Yaku Pérez (clave en la defensa del agua) hubo minga para defender el agua, y comunidades de Cuenca contra proyecto Río Blanco. Unidad de Cuenca expresada por gente de Molleturo y autoridades. Esto fue escencial.

María Cecilia Alvarado
Viceprefecta de Azuay

El agua no se vende, el agua se defiende. Gracias Molleturo, gracias defensores del agua; esto es por el agua de todos, de mis hijos, de los suyos… incluso de quienes crean que el riesgo de destruir el páramo valga la pena.

Xavier Barrera
Concejal de Cuenca

La defensa del agua y de la vida nos une en Cuenca, organizaciones sociales, habitantes de las zonas de influencia y el comprometido apoyo institucional que nació desde el Concejo Cantonal de Cuenca con acciones concretas, buen trabajo.

Dora Ordóñez
Concejal de Cuenca

La lucha de las comunidades que han estado en resistencia… Con esta resolución el Ministerio del Ambiente (MAE) pensará dos veces antes de emitir licencia ambiental para fase de explotación del proyecto minero Kimsacocha.

Carlos Orellana
Concejal de Cuenca

Que bien, en buena hora, nos alegra a todos mirar como la justicia cuencana sigue siendo un referente a nivel nacional. Bien por el juez Paul Serrano, que hace efectivos los derechos de la naturaleza.

Cristian Zamora
Concejal de Cuenca

El legado de vida derivado de la protección del agua renace de la lucha de quienes se han jugado el todo para que cuencanos tengamos esta gran herencia. No minería en nuestros páramos, fuentes de agua, de vida.

Norma Illares
Concejal de Cuenca

El agua es vida, bien por Yaku Pérez, firme en defender el líquido vital y los páramos, belleza natural. Respaldo la labor y lucha de las organizaciones sociales. Paramos libres de minería, el agua es vida.

PRONUNCIAMIENTO DE YASUNIDXS GUAPONDELIG FRENTE A LA RECIENTE DECISIÓN JUDICIAL DE SUSPENDER LAS OPERACIONES MINERAS DE UNA COMPAÑÍA CHINA EN RÍO BLANCO, ECUADOR.

Como ya sabrán, el viernes anterior 1ro. de junio, un juez de Cuenca les dio la razón a los comuneros de Molleturo y concedió una acción de protección constitucional por la vulneración a su derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada con respecto al proyecto de una compañía minera china en Río Blanco.

Mandó a los ministerios de minería y de ambiente a suspender las operaciones mineras en los páramos de Río Blanco de manera inmediata y a desmilitarizar la zona evitando cualquier nuevo conflicto.

Estamos felices de que después de tantos años de atropellos judiciales, haya habido un destello de justicia.

Es un buen momento, consideramos, para hacer memoria, reflexionar y volver a comprometernos:

1.  Este logro es el resultado de un proceso histórico de resistencia a la minería, iniciado por las comunidades de Molleturo hace más de 20 años. En los últimos meses, Río Blanco, la comunidad más próxima al campamento minero, reactivó la resistencia y movió a miles de personas de Cuenca y Naranjal (Guayas) a sumarse.

2.  Sabemos que  nos asisten razones constitucionales, legales y técnicas en esta lucha por el agua, pero también sabemos que sólo la resistencia de las comunidades es capaz de detener a las empresas y los gobiernos, que se abren paso atropellando la verdad y el derecho.

3. Río Blanco, otrora prominera, nos demuestra que estos proyectos extractivistas prosperan en condiciones de conflicto, pobreza y marginación hasta que se empiezan a sentir los primeros impactos sociales y ambientales.

4.  La defensa de los páramos y el agua no es responsabilidad exclusiva de Molleturo, sino de los sectores urbanos de Cuenca y de otros cantones del Azuay, Cañar y Guayas, habida cuenta de que Río Blanco es sólo uno de varios proyectos mineros localizados en los páramos del Macizo del Cajas.

5. La ciudad de Cuenca tiene una gran deuda de gratitud con los comuneros de Molleturo, una deuda que se debe pagar con un gran reconocimiento social y con medidas efectivas para que esas comunidades de altura alcancen condiciones de vida dignas.

6. El gobernador Xavier Enderica, la jefa política del cantón, Vanessa Cueva, la subsecretaría de Minas, Rocío Juca, al ponerse del lado de una compañía extranjera, se quedan con una mancha en su carrera política que difícilmente será olvidada por la ciudadanía de Cuenca y el Azuay. Igual sucede con personajes como Xavier Sánchez, que sin rubor pasó de ser subgerente de agua potable de ETAPA, a subsecretario de minas y a gerente actual de la compañía  minera. Por su parte, el coordinador zonal del MAE, Juan Pablo Rivera, tendrá que rendir cuentas por su silencio cómplice frente a la agresión a nuestros páramos.

7.  El mensaje para las compañías mineras no puede ser más claro. En marzo del 2017, frente a la convención de la mayor feria mundial de mineros (PDAC), desde Cuenca les dijimos “¡No pasarán!”. La sentencia judicial es una confirmación de esa decisión. Hoy existe tal efervescencia por el agua, especialmente entre los jóvenes, que no pasará la apelación que los ministerios de minería y de ambiente seguramente presentarán, ni ninguna otra compañía minera. Estaremos vigilantes.

8.  Sabemos que las comunidades de Molleturo tienen heridas muy difíciles de sanar, resultado de un proyecto minero inconsulto y de las estrategias de corrupción que la empresa ha usado para ganarse el apoyo de ciertas comunidades y personas. Recuperar la paz y la armonía social en Molleturo pasa necesariamente por remediar la causa originaria de la convulsión.

9.  El presidente Lenín Moreno ha ignorado el conflicto en Río Blanco y en otros puntos calientes como la Cordillera del Cóndor e Intag. A pesar de que la consulta convocada por él, apoyada mayoritariamente por el electorado, prohibió actividades mineras en zonas protegidas, ha continuado adelante con las políticas mineras del gobierno anterior. Es hora de que rectifique.

10. Las autoridades de Cuenca y el Azuay, empezando por el alcalde Marcelo Cabrera y el prefecto Paúl Carrasco, tienen que tomar el mandato popular y llevarlo de manera enérgica hasta el gobierno nacional y a escenarios internacionales, así como comprometerse por crear alternativas económicas vivas con las comunidades.

11. A la compañía china y a las otras que han invadido nuestro país sólo les queda irse para no volver.

Dolores Cacuango dijo que “somos como la paja del páramo”, nosotrxs agregamos que somos como el agua del páramo, clara, cristalina, alegre y valiente, que conforme va bajando por la ladera se va transformando en un río de gente. Todxs invitados a ser parte de este río de gente, porque no es cierto que haya imposibles. Los imposibles sólo tardan un poco más.

¡El Ecuador es megadiverso, no megaminero!

Cuenca de Guapondelig, 4 de junio del 2018

Fuente:https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTL8KBDSb_V13Ima3lrC1bVmk0vnclwFaHvWekpR3vxRfvv6ZE8xwyxJ9-uCODBc8JUKhEooRrX5v2p/pub

La Defensoría del Pueblo del Ecuador, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, encargada de la protección y promoción de los derechos de las personas que habitan en el país, ante lo sucedido a partir del 8 de mayo de 2018, en la comunidad de Río Blanco, ubicada en la parroquia Molleturo[i], cantón Cuenca, provincia del Azuay, manifiesta lo siguiente:

En la mencionada parroquia, se llevan adelante proyectos de explotación minera, y desde hace algunos años, personas que forman parte de las comunidades han denunciado diversas afectaciones a sus derechos, principalmente relacionadas a la inadecuada implementación de procesos de consulta previa libre e informada, consulta ambiental, y afectaciones a derechos laborales.

El día 8 de mayo de este año, se dio un operativo policial en la comunidad, como respuesta a una medida de protesta realizada por integrantes de la misma, en contra de la empresa minera. Como producto de este operativo se produjo la detención de 8 personas y se iniciaron procesos penales de investigación por sabotaje, ataque, terrorismo o resistencia en su contra.

Ante estos hechos y por la situación que se vive en la zona, la Defensoría del Pueblo ha llevado adelante procesos de investigación defensorial desde hace dos años, y ahora ha activado nuevamente una investigación y procesos de vigilancia procesal ante el operativo efectuado conforme a su mandato constitucional, con la finalidad de exigir la garantía y respeto de derechos humanos en la localidad.

Más allá de aquello, queremos recordar a las autoridades que el contexto en la zona se ha definido con posturas que no han garantizado un diálogo propositivo, incluyente y adecuado, generando como consecuencia, por un lado, la polarización de posturas entre representantes del Estado y las comunidades, e inclusive entre representantes de diversas comunidades de la zona; y por otro, la inconformidad ante la falta de respuestas claras, consultadas y propositivas por parte de Estado ante las diversas denuncias de vulneraciones a derechos humanos realizadas en todo este tiempo.

En ese sentido, recordamos enfáticamente que previo a cualquier intervención policial, se deben realizar procesos de diálogo adecuados entre todas las Instituciones competentes y las comunidades involucradas en el conflicto socio-ambiental, con la finalidad de que el mismo no se profundice. Así, recordamos que el procesamiento penal a dirigentes de comunidades, así como de defensoras y defensores de derechos humanos, debería ser una medida profundamente meditada y extraordinaria, siendo que los tipos penales que se utilizan tienen profunda gravedad, y el rol del Estado debe encaminarse, preferentemente, a la protección de los mismos más que a su criminalización. Para lo cual nos permitimos recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Luna López vs Honduras ha manifestado que:

“222. A su vez, los Estados deben facilitar los medios necesarios para que las personas defensoras de derechos humanos o que cumplan una función pública respecto de la cual se encuentren amenazados o en situación de riesgo o denuncien violaciones a derechos humanos, puedan realizar «libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; generar las condiciones para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.”

Con lo dicho, exhortamos al Ministerio del Interior y a la Fiscalía que no utilicen el sistema penal como mecanismo para detener las acciones de protesta, pues elevan los niveles de conflictividad social. Adicionalmente, solicitamos que las denuncias presentadas por las y los defensores de derechos humanos, sean investigadas de manera objetiva, imparcial y adecuada.

Finalmente, exhortamos a la Función Ejecutiva, y en particular al Ministerio del Ambiente, SENAGUA, Ministerio del Trabajo y otras autoridades de control a que investiguen las denuncias que las comunidades en la parroquia Molleturo han realizado en los dos últimos años y que generen procesos efectivos y adecuados de diálogo que garanticen los derechos humanos de las comunidades de la zona y los derechos de la naturaleza, conforme a la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de protección.

Gina Benavides Llerena

DEFENSORA (E) DEL PUEBLO DE ECUADOR

[i] Este pronunciamiento ha sido preparado en base a la información verificada por la Coordinación General Zonal 6 durante las acciones oficiosas realizadas entre el 8 y el 22 de mayo de 2018.

Descargue el pronunciamiento AQUÍ

Fuente:http://www.accionecologica.org/component/content/article/2282-2018-05-30-22-04-10

Es hora de que la justicia esté de lado de las comunidades! Este jueves 31 se llevará a cabo la audiencia para evaluar el otorgamiento de medidas cautelares para suspender la explotación de #RíoBlanco hasta que se demuestre que se realizó la consulta previa, libre e informada.

Vamos todos/as a la Corte de Justicia (José Peralta y Cornelio Merchán), acompañemos este proceso en vigilia por una sentencia a favor de la naturaleza y los defensores/as de la vida.

#PáramosLibresDeMinería
#SOSRíoBlanco

El pasado 23 de mayo de 2018, por la noche y mientras el administrador y los visitantes dormían, personas ingresaron a la casa donde funciona la estación científica del Bosque Protector Los Cedros y sustrajeron una computadora y un teléfono celular.

Joséf Decoux, ciudadano norteamericano radicado en la zona de Intag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura desde hace 30 años, se desempeña como administrador del Bosque Protector Los Cedros y por décadas ha defendido esta área protegida de la incursión de empresas madereras, invasiones promovidas por traficantes de tierra y mineras. Actualmente la canadiense Cornestone Resources Inc y ENAMI son cotitulares de las concesiones mineras Río Magdalena 1 y 2, que amenazan a ésta reserva natural.

Con un área superior a las seis mil hectáreas, el Bosque Protector Los Cedros constituye una de las zonas más biodiversas del Ecuador, donde se sobreponen los bosques húmedos del Chocó y la Cordillera de los Andes tropicales, es el hábitat 250 especies de aves, 198 especies de árboles, 400 tipos de orquídeas y es el refugio del Ateles fusciceps, especie de mono araña bracilargo de cabeza café, único primate ecuatoriano que se encuentra en peligro crítico de extinción.

La minería amenaza seriamente al equilibrio ecosistémico y afecta la integralidad de los ciclos hidrológicos, por lo tanto también amenaza a toda la flora y fauna del sector y viola los derechos de la naturaleza.

A partir de la alerta emitida por Joséf Decoux, funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Municipio de Cotacachi hicieron una inspección en la que se detectó la tala de árboles al interior del bosque para la posible instalación del campamento minero permanente, el robo de los equipos en la estación científica ocurre dos días después de la mencionada inspección.

CAMINANTES, espacio de articulación de luchas contra el Festín Minero, denuncia este ataque perpetrado contra un defensor vinculado a la lucha por la protección de los bosques, ya que consideramos que el robo está orientado a frenar la lucha de defensa que tanto el compañero Josef Decoux, como el personal de la estación científica, con quienes nos solidarizamos.

Por lo tanto solicitamos a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones pertinentes, y que se brinden medidas que protección urgentes a José Decoux, su familia y al personal de la Fundación.

También hacemos un llamado a la opinión pública y al gobierno, para que se anulen todos los permisos y otros documentos habilitantes que permiten realizar actividades mineras dentro de los bosques protectores del país.

De igual manera, responsabilizamos tanto a la empresa Corneston como a ENAMI, por posibles futuros ataques, por lo que estaremos vigilantes de la atención de nuestras demandas.