Ingapi es una pequeña aldea cercana al pueblo de Pacto, situado a dos horas de Quito. Es una aldea con gente humilde y de múltiples formas de vida tradicionales, como la elaboración de panela orgánica, café, yuca, bananos, otros y también por la cría de peces en piscifactorías en mitad del campo. Así bien, en el año 2012 la gente de Pacto y alrededores se organizó para protestar por algo que les inquietaba y les sigue inquietando: la explotación minera en la zona, más concretamente las 2394 hectáreas concesionadas a la Empresa Nacional Minera (Enami-EP).

El 75% de las personas de las comunidades rechazan la minería debido al gran impacto negativo que tiene en la flora y fauna del precioso bosque de transición entre sierra y selva, lo cual provoca que sea un suelo con gran cantidad de minerales, entre ellos el oro, principal mineral extraído por la minería. En la comunidad de Ingapi, gran parte de los hogares se abastece de agua entubada y elimina sus desechos en pozos sépticos, además de otros graves problemas como el pésimo estado de los caminos que comunican pequeños hogares de la sierra con la aldea de Ingapi, a través de los cuales niños, desde las 5 a.m. caminan hacia la escuela, teniendo que atravesar incluso pequeños ríos.

Por esta serie de razones, la empresa minera prometió a las personas de la comunidad una mejora de la salud, higiene e infraestructuras de la zona a cambio de la explotación minera (mejoras que debería realizar el Estado ecuatoriano), pero las personas de la comunidad se negaron y botaron de la zona a esta empresa minera.

Desde entonces las empresas mineras explotan la zona de forma clandestina entrando a las áreas mineras como turistas, pero el conflicto sigue latente. Los residentes de la zona quieren fomentar el turismo, mostrar su forma de vida agrícola y los impresionantes paisajes de la zona, pero les faltan recursos, sobretodo de infraestructuras de acceso, paralelamente, en mitad de la sierra se encuentra el Hotel Mashpi, un hotel creado especialmente para turistas, con vistas al bosque y al entono comunitario. En definitiva, existe un gran choque de intereses turísticos y mineros en contraposición con la población autóctona, la cual lleva pidiendo años mayor protección de la zona y mayor inversión del Estado para la mejora de vida de todos los habitantes.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/ingapi-explotacion-minera-abandono-comunitario/

Abg. Elvis Nantip

PRESIDENTE Y SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR, FICSH.

SEÑORES PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES, SEÑORES  SÍNDICOS DE LOS CENTROS SHUAR Y SOCIOS QUE CONFORMAMOS LA GLORIOSA E HISTÓRICA FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR, FICSH.

Presente,

De nuestra consideración:

A nombre de la ASOCIACION DE CENTROS DE LA NACIONALIDAD SHUAR DE BOMBOIZA, reciban un atento  saludo de hermandad, y deseándoles éxitos en cada una de sus funciones que vienen desempeñado por la unidad y fortaleza del pueblos shuar.

SEÑORES PRESIDENTES,  SÍNDICOS Y SOCIOS DE LA FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR  FICSH,  como es de conocimiento público, la firma del convenio entre el ABG. ELVIS LEANDRO NANTIP KAJEKAI a nombre la FICSH,  con la EXSA EXPLORCOBRES S. A. y la LOWELL MINERALS. En representación de los 25 centros que conformamos la Asociación de Centros de la Nacionalidad Shuar de Bomboiza, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, garantizados  en los  artículos 10, 11.1, 18, 66.23, y 82, muy respetuosamente concurrimos y manifestamos lo siguiente:

PRIMERO: RECHAZAMOS  categóricamente  el  convenio  firmado por el Abg. Elvis Nantip en calidad de presidente de la FICSH, con la empresa EXSA  EXPLORCOBRES S.A.  porque se VULNERAN LOS DERECHOS COLECTIVOS  consagrados en el Art. 57 numerales 1, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 de la Constitución de la República del Ecuador, y el convenio 169 de la OIT.  A pesar de que el presidente se ha manifestado en varias ocasiones que su gobierno es  “transparente”, sin “oscurantismo”, sin “dolo”, resulta haber  firmado convenio con la empresa EXPLORCOBRES S.A. sin consultar a las bases que conformamos la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH.  Desacatando el Art. 26 literal b) que le ordena cumplir y respetar las decisiones de la asamblea General de los socios, inobservando las resoluciones tomadas en las anteriores Asambleas Generarles  de la FICSH, se ha dicho “NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA Y PETROLERA EN LOS TERRITORIOS DE LA NACIONALIDAD SHUAR”.

SEGUNDO: RECHAZAMOS la actitud autoritaria y  la decisión personal del presidente Abg. Elvis Nantip, que  sin previa consulta a las  bases de las FICSH, Asociaciones y los Centros, ha firmado el convenio, además que  desde su inicio ha venido infringiendo y desacatando el presente ESTATUTO DE LA FICSH, de conformidad a lo establecido  en el Art. 7. “El organismo máximo de la Federación de Centros Shuar  es la ASAMBLEA GENERAL, que se reunirán ordinariamente  una vez al año y  extraordinariamente  cuando el directorio lo convoque…”

TERCERO: SOLICITAMOS al Directorio de la FICSH, se convoque a una Asamblea General Extraordinaria, de conformidad al Art. 10 literal i) que dice: “Convocar a la Asamblea General Extraordinaria, de acuerdo a los intereses de la organización  o a pedido de por lo menos  cinco Asociaciones filiales”.  En el caso de que el directorio no lo convoque, AUTOCONVOCARNOS y pedirles  la renuncia o la destitución del Presidente o de todo el directorio de la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH, por arrogantes e irresponsables,  por infringir  el presente Estatuto de conformidad al Art.  8, literal d)  que dice: “Censurar y destituir a los socios, miembros del directorio y otras autoridades que infringieren los presentes estatutos  y normas

vigentes”.

CUARTO: RESPONSABILIZAMOS al Sr. ABOGADO ELVIS NANTIP, de los actos violentos que se generaron  en la sede de la FICSH o que se puedan generar a futuro  por la firma de dicho convenio,  ya que  ha desacatado lo establecido  en el artículos 26. b) y 42 del  estatuto de la FICSH.

Las respuesta o notificaciones que nos corresponda lo recibiremos  en las oficinas de la Asociación de Centros de la Nacionalidad Shuar de Bomboiza, o a los  Correo electrónico: aso.centrosshuarbomboiza@gmail.com  /  territoriolibre2013@gmail.com o a su vez al celular 0986263423.

Seguros de contar con su amble comprensión, con sentimiento de distinguida consideración y estima nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS DE LA NACIONALIDAD  SHUAR DE BOMBOIZA

Sr. Tomas Jimpikit

PRESIDENTE

Durante el fin de semana, más de 15 delegados, integrantes de la Misión Internacional de Verificación “Territorios en Resistencia”, cumplieron un amplia agenda visitando las zonas de Quimsacocha y Río Blanco, donde se emplazan los proyectos mineros Loma Larga, en la parroquia Victoria del Portete, cantón Cuenca, a cargo de las empresas mineras INV Minerales Ecuador S.A. (canadiense), y Río Blanco, en la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, a cargo de la empresa Ecuagoldmining South América S.A. (china), respectivamente.

Fueron comunidades del área aledaña a las dos concesiones mineras, las que recibieron a la Misión Internacional de Verificación ‘Territorios en Resistencia’; misma que vino a Ecuador luego de cumplir su labor similar de campo en Colombia, a las comunidades de la Asociación de Parceleros Desplazados del Corcovado (APADECOR).

La visita fue coordinada por la organización Food International Action Network (FIAN). En Ecuador arribó la comitiva a las localidades Quimsacocha y Río Blanco; esta es la primera Misión Internacional de Verificación apoyada por la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición (RMDA), la primera en Sudamérica y la tercera a nivel mundial, dieron a conocer los activistas.

Recorrido

Los habitantes de las comunidades que se sienten “perjudicadas” por proyectos mineros alrededor del páramo de Quimsacocha, realizaron un recorrido hacia el área de exploración avanzada de la empresa INV Minerales Ecuador S.A.; luego del recorrido los miembros de la misión compartieron experiencias y escucharon testimonios de las comunidades y juntas de agua que se sienten amenazadas por la presencia minera en su territorio; situación similar se replicó en la zona de Río Blanco, en la parroquia Molleturo.

Entre los visitantes están: Esperanza Moreno de Mining Watch-Canadá; Jingjing Zhan, abogada ambientalista y de Derechos Humanos de China, Adriana Tovar de FIAN-Suecia, Paola Romero y Claudia Vaca de FIAN-Colombia, Maddale Maccuci delegada de Derechos Humanos de la Unión Europea, Blanca Chancoso vicepresidenta de Ecuadunari-Ecuador, Rosa Jerez de la CAOI, Miltón Yulán de la Junta Directiva FIAN Internacional, entre otros.

Protección

Se prevé que esta coalición de organizaciones, mediante la misión, apelen a mecanismos de protección para las comunidades ante una posible violación a los Derechos Humanos, a través de la elaboración de un informe de verificación que devele los principales hallazgos de la investigación. El objetivo de la misión es recoger información de las comunidades y autoridades locales que permitan verificar la situación sobre los riesgos, amenazas, y violaciones al derecho humano de la alimentación y nutrición adecuada, estado de salud, acceso al agua, criminalización y persecución a defensores de derechos humanos.

DETALLES

-Georgina Gutama, de 70 años, recordó que se mantiene en la lucha desde 1989 y que las protestas se fortalecieron en el 2004. “No no vamos a desmayar. Pido que las autoridades acoger nuestro pedido, no queremos minería y queremos paz”.

-El molleturense José Puin, quien acompañó a los visitantes el fin de semana a Río Blanco, y a la estuvo con el Defensor del Pueblo en esta zona, denunció que los sellos de clausura colocados en construcciones por el Municipio, han sido rotos.

LA ENTREVISTA

Soy Esperanza Moreno, vengo de Canadá y represento en esta misión, a una organización llamada Mining Watch-Canadá, que monitorea y documenta las prácticas de compañías mineras en países donde hay proyectos mineros candienses.

Nuestra labor es documentar, buscar información y datos con las comunidades. Esa información la utilizamos en Canadá para hacer campañas con el pueblo sobre lo que está ocurriendo, sobre los comportamientos de las compañías mineras de nuestro país en otros países y promovemos leyes para que se ejerza un mayor control y estas compañías rindan cuentas.

¿Cuál ha sido la experiencia en Azuay?

En el proyecto Loma Larga, hay una compañía canadiense, INV Metals, y antes estuvo a cargo de la canadiense, I Am Gold. Nos reunimos con la comunidad, por ahora está en exploración y aún así ya sienten lo que viene; temen que las fuentes de agua sean contaminadas, vimos un riachuelo que baja y forma un río, y ese es vital para ellos, por eso no quieren que saquen el oro. Para nosotros es clave apoyar para que este proyecto no pase a la etapa de explotación.

¿Cuál es el proceso, que pasa con esta información que recogen?

Producimos documentos de alertas de investigación que los circulamos, y levantamos material sobre efectos potenciales contra el medio ambiente; esos los utilizan las comunidades y los grupos que las apoyan, para argumentar su lucha. En Canadá es una fuerte presión para que se sepa lo que acá están haciendo las empresas, hay un alto porcentaje de canadienses que ven que es injusto que estás compañías estén violando derechos humanos o cometiendo abusos en estos países.

¿Qué sabe de la minería en Canadá?, acá se dice que es un ejemplo.

Canadá basa su economía en la extracción, minería y petróleo. Ese modelo lo está exportando pero no es positivo, allá acompañamos a comunidades indígenas opuestas a la minería. Es un estilo de minería que aporta más daños que beneficios, no es ejemplo.

¿Qué consecuencias hay en Canadá, se dice que la minería industrializada no tiene mayor impacto?

Es un discurso de las compañías para tranquilizar a las comunidades, dicen que todo tendrá una solución técnica, que se va a poder limpiar el agua y descontaminar las tierras agrícolas; la experiencia demuestra que no, hay desastres en Canadá. Si hay soluciones será a tan largo plazo, que se van a sacrificar generaciones.

¿Qué pasa en los lugares donde se ha hecho minería en Canadá?

Es una imagen desastroza, hemos visitado en Canadá y otros países, y ya lo vimos ya en Río Blanco, empezando con la infraestructura mismas de la mina, nunca volverá a ser el mismo paisaje, su verdor, el bosque. Quedan excavaciones, material tóxico que ha sido sacado o que ha sido introducido.

¿Cómo ve a Quimsacocha en unos 6 años?

Lo ideal es que los pueblos sean escuchados, que no interpretemos esta resistencia como un antidesarrollo, al contrario, les debemos a las comunidades, esta capacidad de haber protegido.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/07/03/mision-internacional-prepara-informe-sobre-su-observacion-en-quimsacocha-y-rio-blanco/

El tema de la minería en la zona de Intag, generó polémica y enfrentamientos entre comuneros de la parroquia Peñaherrera y Cuellaje, con funcionarios de la Empresa Nacional Minera, Ministerio del Ambiente, y de la empresa canadiense Cornerstone.
Según los habitantes de la comunidad El Paraíso, los funcionarios a quienes califican como invasores extractivistas y destructores de la vida, llegaron hasta la zona con el fin de “engañarnos con teorías y prácticas que en otros países han fracasado y han dejado en ruinas los  territorios biodiversos”.

Hechos

Los funcionarios fueron impedidos de entrar hasta El Mirador de Las Palmas, en donde tenían planificado socializar la información sobre la minería que para ellos es la correcta, pero que la mayoría de habitantes la rechazan.
“Poco antes de su arribo al sector conocido como El Paraíso, salimos a impedir el paso para que no engañen a nuestro pueblo con dádivas para salir de la pobreza, pese a que hubo la presencia de 10 policías”, aseguraron.
“Pese al fuerte aguacero que cayó el pasado miércoles, resistimos, porque creemos que el proyecto para extraer las minas de cobre es una amenaza para la naturaleza y para la paz”, expresaron los comuneros

La Asamblea del GAD de Cuellaje

Ayer se realizó una asamblea de las diferentes comunidades que pertenecen a Cuellaje, en donde se resolvió que el gobierno revierta las concesiones mineras de Cuellaje y todo el territorio de Intag; convocar a una asamblea zonal para exigir que se retiren todas las empresas mineras; cambiar al Teniente Político de Cuellaje porque defiende intereses del gobierno en el tema de la minería; impedir en todas las comunidades que los funcionarios traten de socializar información sobre el tema; y, unir esfuerzos a nivel territorial para no permitir la explotación minera (…)

Pronunciamiento oficial

La gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, dijo que “el diálogo es la mejor herramienta que nos permite saber las demandas del uno y el del otro sector”.

El tema de la minería en la zona de Intag, generó polémica y enfrentamientos entre comuneros de la parroquia Peñaherrera y Cuellaje, con funcionarios de la Empresa Nacional Minera, Ministerio del Ambiente, y de la empresa canadiense Cornerstone.
Según los habitantes de la comunidad El Paraíso, los funcionarios a quienes califican como invasores extractivistas y destructores de la vida, llegaron hasta la zona con el fin de “engañarnos con teorías y prácticas que en otros países han fracasado y han dejado en ruinas los  territorios biodiversos”.

Hechos

Los funcionarios fueron impedidos de entrar hasta El Mirador de Las Palmas, en donde tenían planificado socializar la información sobre la minería que para ellos es la correcta, pero que la mayoría de habitantes la rechazan.
“Poco antes de su arribo al sector conocido como El Paraíso, salimos a impedir el paso para que no engañen a nuestro pueblo con dádivas para salir de la pobreza, pese a que hubo la presencia de 10 policías”, aseguraron.
“Pese al fuerte aguacero que cayó el pasado miércoles, resistimos, porque creemos que el proyecto para extraer las minas de cobre es una amenaza para la naturaleza y para la paz”, expresaron los comuneros

La Asamblea del GAD de Cuellaje

Ayer se realizó una asamblea de las diferentes comunidades que pertenecen a Cuellaje, en donde se resolvió que el gobierno revierta las concesiones mineras de Cuellaje y todo el territorio de Intag; convocar a una asamblea zonal para exigir que se retiren todas las empresas mineras; cambiar al Teniente Político de Cuellaje porque defiende intereses del gobierno en el tema de la minería; impedir en todas las comunidades que los funcionarios traten de socializar información sobre el tema; y, unir esfuerzos a nivel territorial para no permitir la explotación minera (…)

Pronunciamiento oficial

La gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, dijo que “el diálogo es la mejor herramienta que nos permite saber las demandas del uno y el del otro sector”.

Fuente:https://www.lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102167385/nuevos-enfrentamientos-en-intag-por-explotacion-minera

Un grupo de 72 organizaciones internacionales y sus representantes, entre los cuales se encuentran 43 ganadores del renombrado premio Goldman^[i] ,entregó a la embajada china en Washington una carta^[ii]en la que expresan su preocupación con respecto a las actividades de la empresa Ecuagoldmining, subsidiaria de la empresa china Junefield. Empresa que se ha visto envuelta en actos de secuestro, detención arbitraria e intento de asesinato a líderes indígenas en la zona del proyecto Río Blanco en el cantón Molleturo. De acuerdo con las víctimas de estos actos de intimidación y violencia, fueron trabajadores de la empresa minera los responsables de hechos, realizados con el fin de aterrorizar y amenazar a quienes se oponen al proyecto minero.

Localizado en el Macizo de El Cajas, junto al Parque Nacional El Cajas, en la provincial del Azuay, el proyecto de oro Río Blanco ha sido rechazado continuamente por los pobladores locales puesto que jampas fueron consultados y porque han visto de manera directa cómo el agua de la zona se ha visto afectada, así como por el potencial riesgo de contaminación que produce la minería metálica a gran escala. Ante las demandas de los pobladores, el juez Paúl Serrano de la Función Judicial de Cuenca, dictó sentencia a favor de los comuneros que denunciaron a la empresa Ecuagoldmining, aceptando la acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, y ordenó a las autoridades la suspensión inmediata de las actividades del proyecto Rio Blanco, así como la desmilitarización gradual y paulatina de los sectores donde se encuentra el conflicto, precautelando la integridad de los miembros de las comunidades y evitando conflictos de cualquier orden.

La carta entregada a la embajada china en Washington y también en la embajada de China en Quito, señala que la decisión del juez de Cuenca es un claro reconocimiento a los abusos de la empresa china Ecuagoldminig/Junefield hacia los indígenas que viven en la zona del proyecto Río Blanco. La carta añade que a pesar de esta sentencia favorable, debido a la violenta intimidación de Ecuagoldmining, urgen al gobierno chino que tenga un rol proactivo para que Junefield y otras compañías chinas respeten el Mandato Minero de 2008, que cumplan con la decisión del pueblo en la consulta de febrero de este año, y respeten los derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador. Los firmantes también manifiestan su inquietud por la presencia en Ecuador de otras empresas chinas que han sido asociadas a asesinatos de líderes indígenas que protegían el agua y su territorio frente a la arremetida minera.

Como parte de esta campaña hacia el gobierno chino, los premios Goldman en Ecuador, Pablo Fajardo -conocido abogado del caso ChevronTexaco, estará entregando la copia de la carta en la embajada china en Quito, mostrando su solidaridad con los comuneros de Molleturo ante los abusos de la empresa minera china Junefield.

ACCIÓN ECOLÓGICA

Fuente:http://www.accionecologica.org/component/content/article/2287-2018-06-20-22-33-04

El proyecto minero Río Blanco operado por la compañía china Junefield Resources es un emblema de lo que ocurre en el país con el avance de esta actividad extractiva y destructiva.

El panorama incluye comunidades asediadas, fuentes de agua en riesgo, zonas militarizadas y leyes que no se respetan.

En Contacto Sur edición vespertino de hoy tendremos a Marcelo Cabrera, alcalde de la ciudad de Cuenca y a la dirigente ambientalista Gloria Chicaiza de la organización Acción Ecológica. Informe de nuestro compañero Olmedo Carrasquilla.

Fuente:https://www.aler.org/index.php/node/3948

«El gremio espera que el Estado garantice los proyectos mineros tecnificados, entre ellos Río Blanco»

El 1 de este mes, Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial de lo Civil de Cuenca, resolvió y ordenó la suspensión de las actividades en el proyecto minero Río Blanco, ubicado en Molleturo del cantón Cuenca, Azuay, y dispuso la desmilitarización gradual y paulatina en la zona referida,el tema ha causado preocupación en algunos sectores.

Santiago Yépez, presidente de la Cámara de la Minería del Ecuador, expresó que es preocupante lo que ha ocurrido en Azuay sobre el proyecto minero Río Blanco. “Creemos que el juez ha realizado una mala interpretación de la normativa tanto constitucional como supranacional, me refiero al convenio 169 de la OIT”, expresó.

Yépez explicó, en el área minera Río Blanco no hay pueblos indígenas, aborígenes ni ancestrales, y por lo tanto no aplica el convenio de la OIT que obliga la consulta previa; y que, sí se ha hecho socialización y difusión del proyecto. A su criterio, son personas ajenas a las comunidades de Molleturo, las que están generando desinformación abanderándose en la defensa del medio ambiente.

Varios proyectos estratégicos están en la fase de construcción para entrar a corto plazo a la etapa de producción, Río Blanco es el primero que ha tenido una producción temprana.

Cree que una vez planteada la apelación a la sentencia del juez Serrano, y en la que el gremio prevé intervenir con un amicus curiae para defender los derechos de la minera, habrá una respuesta positiva para avanzar con la ejecución del proyecto minero, que a su decir está cumple con las normas vigentes y no está contaminando el agua, como así lo ha señalado también el ministro del Ambiente Tarsicio Granizo.

Sostiene, el Estado debe garantizar los proceso de una actividad minera controlada bajo leyes claras, y evitar así que se genere una corriente de desconfianza en la inversión extranjera que le ha apostado al Ecuador, donde hasta hace muy poco la minería sólo representaba el 1% del presupuesto estatal.

Recursos

Con los proyectos de megaminería en marcha y otros, se prevé una inversión de 4.500 millones de dólares hasta el 2021, la generación de 25.000 empleos, 1.300 millones de dólares de impuestos para el Estado a parte de la proyectada, y más de 3.000 millones de dólares en exportaciones.

Criticó la posición de organizaciones sociales que están actuando en contra de los proyecto mineros a gran escala mientras no dicen ni hacen nada contra los mineros ilegales que están agrediendo gravemente al medio ambiente.

En tanto, la Comisión Anticorrupción, núcleo del Azuay, presidida por Fernando Vega, publicó un manifiesto señalando que la larga lucha de la ciudadanía azuaya, en defensa de su derecho constitucional al agua, frente al modelo minero-extractivista, se ha visto reivindicada con la sentencia del juez Serrano.(AZD)-(I)

EL DETALLE

* La decisión del juez aceptó la acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades de Molleturo en relación al Proyecto Rio Blanco.

Por el presunto delito de sabotaje, el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez Guartambel, será llamado a comparecer ante la Fiscalía del Estado.

La denuncia contra el dirigente está relacionada con la interrupción de las vías de acceso al campamento minero propiedad de la compañía china Ecuagoldmining S.A., el 6 de mayo pasado.

Además de Pérez Guartambel, en esta nueva denuncia colocada por el delegado zonal del Ministerio del Interior, Santiago Correa, se incluye a otros siete comuneros.

En el documento se describe que ese día personas no identificadas colocaron obstáculos en la vía y además tenían información de “grupos interesados en realizar la toma del campamento minero”.

Mientras, esta diligencia judicial se ventila, las actividades mineras en Río Blanco continúan suspendidas por la disposición del juez Paúl Serrano, quien acogió la acción de protección planteada por algunos ciudadanos.

El argumento utilizado fue que se violentó la Constitución al no aplicar la consulta previa, libre e informada durante la ejecución del proyecto.

También se dispuso el retiro progresivo de los cerca de 50 militares que custodian el campamento minero.