Hace pocos días se conocieron algunos acuerdos entre organizaciones indígenas y empresas mineras que ocupan el territorio ancestral Shuar en las cordilleras de El Cóndor y Kutukú (1). Un análisis de los tres documentos nos muestra lo que las empresas mineras son capaces de hacer para acceder a los minerales que se encuentran en los territorios indígenas.

Estos documentos son: una carta de intención de donaciones de la compañía Lowell enviada a la comunidad Shuar de Yawi, y los acuerdos entre la presidencia de la FICSH con la china Explorcobres SA -EXSA- y la canadiense Aurania. Los ofrecimientos que hacen las empresas son un insulto y podrían ser una trampa para el pueblo Shuar.

La empresa Lowell, cuya propietaria es la canadiense Equinox Gold, envió una carta de intención fechada el 7 de mayo de 2017 al síndico de la Comunidad Yawi en la que se ofrece a la comunidad de Yawi una “donación” de 3.319,19 dólares mensuales. Bajo el suelo del proyecto minero Warintz, aledaño a la comunidad de Yawi, habría más de 2 millones de libras de cobre y más de 130 millones de libras de molibdeno (2), con cuya venta la EquinoxGold obtendría por sobre los 2.200 millones de dólares. Considerando esto, la “donación” mensual de Lowell a la comunidad de Yawi resulta una burla porque la extracción de los minerales en esa zona implicaría arrasar con la tierra, los bosques y el agua, y parte del territorio shuar, el mismo que es inconmensurable y al que no se le puede poner precio alguno.

El segundo documento es el “Convenio específico de cooperación para la socialización sobre desarrollo y calidad de vida en las comunidades shuar del área de influencia del proyecto minero Panantza-San Carlos”. Este acuerdo firmado con el presidente de la FICSH y la minera china EXSA (3) el 20 de mayo de 2018, se ejecutará en la parroquia San Carlos de Limón, en Morona Santiago, y tiene como objeto realizar talleres sobre desarrollo y calidad de vida a cambio un pago único de EXSA de 93.945,60 dólares (incluido el IVA). Según el acuerdo, las actividades planificadas bajo este convenio estarán bajo supervisión del departamento de Asuntos Corporativos de la empresa EXSA, la misma que aprobará los contenidos, programas y también los lugares donde se darán los talleres. Otras obligaciones de la organización indígena incluyen el permitir a los socializadores permanecer 3 meses en las comunidades, e incluir un taller de socialización sobre minería a gran escala. La FICSH estará obligada a presentar las listas de participantes con sus firmas, las memorias y fotografías de todos los talleres. Además, tendrá que dar a EXSA toda la información que requiera hasta 3 años después de terminado el convenio y la misma podrá ser usada por la compañía inclusive como publicidad. Llama la atención que entre las cláusulas de terminación del contrato -y por ende la posible devolución del dinero por parte de la FICSH- están las acciones de grupos ambientalistas o indígenas y actos que “limiten, perturben, suspendan o imposibiliten el normal desarrollo de las actividades mineras de EXSA”.

Es evidente que la empresa busca utilizar este acuerdo con la FICSH para garantizar una socialización favorable a la minería a gran escala, como es el proyecto minero Panatza-San Carlos, así como poder acceder a datos personales de los pobladores de San Carlos de Limón, imágenes de sus rostros, lugares donde viven, y hasta quizás identificar a quienes manifiesten dudas o rechazo. Sorprende sobre manera que con una de las cláusulas de este acuerdo la compañía pretenda frenar el acceso a información por parte de las comunidades sobre los impactos ambientales de la minería, expresiones de solidaridad por parte de otras organizaciones indígenas, y cualquier reclamo o acción de protesta.

La empresa minera china EXSA podría estar incurriendo en una ilegalidad al negociar y tomar decisiones de manera bilateral con la FICSH para actividades que son responsabilidad del Estado como son los procesos de participación y consulta, competencia que es indelegable a cualquier instancia privada. No debemos olvidar que esta zona del proyecto Panantza-San Carlos es territorio indígena Shuar y que se estaría violando el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada que busque el consentimiento de las comunidades indígenas que van a ser afectadas.

El tercer documento, sin fecha y en papel membretado de la FICSH, se titula: “Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH muy pronto firmará Alianza de cooperación con Aurania -Aurania renueva el paquete de concesión completa en Ecuador y participa en debentes convertibles de USD 2 millones con el presidente” que se refiere al Proyecto “Ciudades Perdidas – CUTUCU SHIAMI”. El texto de este documento es una traducción textual de la página web de Aurania y al final se añade un párrafo de la nota de prensa de la empresa publicada el 5 de abril de 2018 (4). El texto en español de este párrafo fue recortado después de la coma y se omitió el nombre del presidente de la compañía Keith Barron, quedando así: “La Compañía suscribirá una obligación convertible sin garantía de US $ 2.0 millones con su Presidente y Director Ejecutivo, […]”. De esta manera queda confuso con cuál presidente va a firmar Aurania el acuerdo monetario de dos millones de dólares.

En verdad lo que la empresa Aurania quería informar con la nota de prensa publicada en su web es que se llegó a un acuerdo con SU presidente, Keith Barron, para recibir un préstamo de 2 millones de dólares y poder mantener en sus manos las 207.000 hectáreas adjudicadas por el gobierno ecuatoriano a su subsidiaria Ecuasolidus S.A. Lastimosamente la FICSH podría estar cayendo en un engaño de la compañía Aurania ya que el documento analizado se presenta como si fuese a entregar 2 millones a los Shuar (5).

En el informe de 2008 del Representante Especial de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Prof. John Ruggie, se destaca que la explotación minera es el sector que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos, por tanto, podríamos decir que las empresas mineras son versadas en la vulneración de derechos. Luego de analizar los tres documentos vemos que también son expertas en asumir compromisos que resultan en una burla y un engaño a los pueblos indígenas. Por desgracia, hay organizaciones indígenas que se dejan engañar.

Carta abierta

Frente a este contexto, ya en 2017 el Consejo del Gobierno del Pueblo Shuar Arutam publicaba una Carta Abierta para su pueblo, América y el mundo , en la cual explican las razones por las que defienden su territorio ancestral y no quieren actividades mineras en su territorio, pues de ello depende su existencia y la de sus futuras generaciones:

«Nosotros jamás nos íbamos a imaginar que una empresa minera iba a comprar al Estado y a unos cuantos colonos lo que nos pertenece por ancestralidad. El gobierno olvida y como tiene muchos medios para hacerse oír, impone su verdad. En nuestro territorio no solo está Nankints, más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?»

Solidaridad del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)

El IIDS se suma a la lucha del Pueblo Shuar Aratama. Llamamos la atención del gobierno ecuatoriano para que cese las acciones de violencia contra el Pueblo Shuar Arutama, investigue los hechos acaecidos en su contra, deje de criminalizar a los líderes indígenas y sus defensores, y respete la libre determinación de este pueblo que existió desde antes de que el Estado se fundara.

En los últimos días, se ha desatado una situación de enfrentamientos al interior del Pueblo Shuar, inclusive llegándose a desconocerse y pedir la destitución del actual presidente de la FICSH. Esta situación sin duda ha sido estimulada por la injerencia de las empresas mineras en territorio Shuar. Una solución a las divisiones y problemas ocurridos sería la salida inmediata de las empresas mineras por ser las verdaderas causantes del conflicto.

Fuente:http://www.annurtv.com/nota/51715

Ingapi es una pequeña aldea cercana al pueblo de Pacto, situado a dos horas de Quito. Es una aldea con gente humilde y de múltiples formas de vida tradicionales, como la elaboración de panela orgánica, café, yuca, bananos, otros y también por la cría de peces en piscifactorías en mitad del campo. Así bien, en el año 2012 la gente de Pacto y alrededores se organizó para protestar por algo que les inquietaba y les sigue inquietando: la explotación minera en la zona, más concretamente las 2394 hectáreas concesionadas a la Empresa Nacional Minera (Enami-EP).

El 75% de las personas de las comunidades rechazan la minería debido al gran impacto negativo que tiene en la flora y fauna del precioso bosque de transición entre sierra y selva, lo cual provoca que sea un suelo con gran cantidad de minerales, entre ellos el oro, principal mineral extraído por la minería. En la comunidad de Ingapi, gran parte de los hogares se abastece de agua entubada y elimina sus desechos en pozos sépticos, además de otros graves problemas como el pésimo estado de los caminos que comunican pequeños hogares de la sierra con la aldea de Ingapi, a través de los cuales niños, desde las 5 a.m. caminan hacia la escuela, teniendo que atravesar incluso pequeños ríos.

Por esta serie de razones, la empresa minera prometió a las personas de la comunidad una mejora de la salud, higiene e infraestructuras de la zona a cambio de la explotación minera (mejoras que debería realizar el Estado ecuatoriano), pero las personas de la comunidad se negaron y botaron de la zona a esta empresa minera.

Desde entonces las empresas mineras explotan la zona de forma clandestina entrando a las áreas mineras como turistas, pero el conflicto sigue latente. Los residentes de la zona quieren fomentar el turismo, mostrar su forma de vida agrícola y los impresionantes paisajes de la zona, pero les faltan recursos, sobretodo de infraestructuras de acceso, paralelamente, en mitad de la sierra se encuentra el Hotel Mashpi, un hotel creado especialmente para turistas, con vistas al bosque y al entono comunitario. En definitiva, existe un gran choque de intereses turísticos y mineros en contraposición con la población autóctona, la cual lleva pidiendo años mayor protección de la zona y mayor inversión del Estado para la mejora de vida de todos los habitantes.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/ingapi-explotacion-minera-abandono-comunitario/

Abg. Elvis Nantip

PRESIDENTE Y SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR, FICSH.

SEÑORES PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES, SEÑORES  SÍNDICOS DE LOS CENTROS SHUAR Y SOCIOS QUE CONFORMAMOS LA GLORIOSA E HISTÓRICA FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR, FICSH.

Presente,

De nuestra consideración:

A nombre de la ASOCIACION DE CENTROS DE LA NACIONALIDAD SHUAR DE BOMBOIZA, reciban un atento  saludo de hermandad, y deseándoles éxitos en cada una de sus funciones que vienen desempeñado por la unidad y fortaleza del pueblos shuar.

SEÑORES PRESIDENTES,  SÍNDICOS Y SOCIOS DE LA FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR  FICSH,  como es de conocimiento público, la firma del convenio entre el ABG. ELVIS LEANDRO NANTIP KAJEKAI a nombre la FICSH,  con la EXSA EXPLORCOBRES S. A. y la LOWELL MINERALS. En representación de los 25 centros que conformamos la Asociación de Centros de la Nacionalidad Shuar de Bomboiza, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, garantizados  en los  artículos 10, 11.1, 18, 66.23, y 82, muy respetuosamente concurrimos y manifestamos lo siguiente:

PRIMERO: RECHAZAMOS  categóricamente  el  convenio  firmado por el Abg. Elvis Nantip en calidad de presidente de la FICSH, con la empresa EXSA  EXPLORCOBRES S.A.  porque se VULNERAN LOS DERECHOS COLECTIVOS  consagrados en el Art. 57 numerales 1, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 de la Constitución de la República del Ecuador, y el convenio 169 de la OIT.  A pesar de que el presidente se ha manifestado en varias ocasiones que su gobierno es  “transparente”, sin “oscurantismo”, sin “dolo”, resulta haber  firmado convenio con la empresa EXPLORCOBRES S.A. sin consultar a las bases que conformamos la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH.  Desacatando el Art. 26 literal b) que le ordena cumplir y respetar las decisiones de la asamblea General de los socios, inobservando las resoluciones tomadas en las anteriores Asambleas Generarles  de la FICSH, se ha dicho “NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA Y PETROLERA EN LOS TERRITORIOS DE LA NACIONALIDAD SHUAR”.

SEGUNDO: RECHAZAMOS la actitud autoritaria y  la decisión personal del presidente Abg. Elvis Nantip, que  sin previa consulta a las  bases de las FICSH, Asociaciones y los Centros, ha firmado el convenio, además que  desde su inicio ha venido infringiendo y desacatando el presente ESTATUTO DE LA FICSH, de conformidad a lo establecido  en el Art. 7. “El organismo máximo de la Federación de Centros Shuar  es la ASAMBLEA GENERAL, que se reunirán ordinariamente  una vez al año y  extraordinariamente  cuando el directorio lo convoque…”

TERCERO: SOLICITAMOS al Directorio de la FICSH, se convoque a una Asamblea General Extraordinaria, de conformidad al Art. 10 literal i) que dice: “Convocar a la Asamblea General Extraordinaria, de acuerdo a los intereses de la organización  o a pedido de por lo menos  cinco Asociaciones filiales”.  En el caso de que el directorio no lo convoque, AUTOCONVOCARNOS y pedirles  la renuncia o la destitución del Presidente o de todo el directorio de la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH, por arrogantes e irresponsables,  por infringir  el presente Estatuto de conformidad al Art.  8, literal d)  que dice: “Censurar y destituir a los socios, miembros del directorio y otras autoridades que infringieren los presentes estatutos  y normas

vigentes”.

CUARTO: RESPONSABILIZAMOS al Sr. ABOGADO ELVIS NANTIP, de los actos violentos que se generaron  en la sede de la FICSH o que se puedan generar a futuro  por la firma de dicho convenio,  ya que  ha desacatado lo establecido  en el artículos 26. b) y 42 del  estatuto de la FICSH.

Las respuesta o notificaciones que nos corresponda lo recibiremos  en las oficinas de la Asociación de Centros de la Nacionalidad Shuar de Bomboiza, o a los  Correo electrónico: aso.centrosshuarbomboiza@gmail.com  /  territoriolibre2013@gmail.com o a su vez al celular 0986263423.

Seguros de contar con su amble comprensión, con sentimiento de distinguida consideración y estima nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS DE LA NACIONALIDAD  SHUAR DE BOMBOIZA

Sr. Tomas Jimpikit

PRESIDENTE

Durante el fin de semana, más de 15 delegados, integrantes de la Misión Internacional de Verificación “Territorios en Resistencia”, cumplieron un amplia agenda visitando las zonas de Quimsacocha y Río Blanco, donde se emplazan los proyectos mineros Loma Larga, en la parroquia Victoria del Portete, cantón Cuenca, a cargo de las empresas mineras INV Minerales Ecuador S.A. (canadiense), y Río Blanco, en la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, a cargo de la empresa Ecuagoldmining South América S.A. (china), respectivamente.

Fueron comunidades del área aledaña a las dos concesiones mineras, las que recibieron a la Misión Internacional de Verificación ‘Territorios en Resistencia’; misma que vino a Ecuador luego de cumplir su labor similar de campo en Colombia, a las comunidades de la Asociación de Parceleros Desplazados del Corcovado (APADECOR).

La visita fue coordinada por la organización Food International Action Network (FIAN). En Ecuador arribó la comitiva a las localidades Quimsacocha y Río Blanco; esta es la primera Misión Internacional de Verificación apoyada por la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición (RMDA), la primera en Sudamérica y la tercera a nivel mundial, dieron a conocer los activistas.

Recorrido

Los habitantes de las comunidades que se sienten “perjudicadas” por proyectos mineros alrededor del páramo de Quimsacocha, realizaron un recorrido hacia el área de exploración avanzada de la empresa INV Minerales Ecuador S.A.; luego del recorrido los miembros de la misión compartieron experiencias y escucharon testimonios de las comunidades y juntas de agua que se sienten amenazadas por la presencia minera en su territorio; situación similar se replicó en la zona de Río Blanco, en la parroquia Molleturo.

Entre los visitantes están: Esperanza Moreno de Mining Watch-Canadá; Jingjing Zhan, abogada ambientalista y de Derechos Humanos de China, Adriana Tovar de FIAN-Suecia, Paola Romero y Claudia Vaca de FIAN-Colombia, Maddale Maccuci delegada de Derechos Humanos de la Unión Europea, Blanca Chancoso vicepresidenta de Ecuadunari-Ecuador, Rosa Jerez de la CAOI, Miltón Yulán de la Junta Directiva FIAN Internacional, entre otros.

Protección

Se prevé que esta coalición de organizaciones, mediante la misión, apelen a mecanismos de protección para las comunidades ante una posible violación a los Derechos Humanos, a través de la elaboración de un informe de verificación que devele los principales hallazgos de la investigación. El objetivo de la misión es recoger información de las comunidades y autoridades locales que permitan verificar la situación sobre los riesgos, amenazas, y violaciones al derecho humano de la alimentación y nutrición adecuada, estado de salud, acceso al agua, criminalización y persecución a defensores de derechos humanos.

DETALLES

-Georgina Gutama, de 70 años, recordó que se mantiene en la lucha desde 1989 y que las protestas se fortalecieron en el 2004. “No no vamos a desmayar. Pido que las autoridades acoger nuestro pedido, no queremos minería y queremos paz”.

-El molleturense José Puin, quien acompañó a los visitantes el fin de semana a Río Blanco, y a la estuvo con el Defensor del Pueblo en esta zona, denunció que los sellos de clausura colocados en construcciones por el Municipio, han sido rotos.

LA ENTREVISTA

Soy Esperanza Moreno, vengo de Canadá y represento en esta misión, a una organización llamada Mining Watch-Canadá, que monitorea y documenta las prácticas de compañías mineras en países donde hay proyectos mineros candienses.

Nuestra labor es documentar, buscar información y datos con las comunidades. Esa información la utilizamos en Canadá para hacer campañas con el pueblo sobre lo que está ocurriendo, sobre los comportamientos de las compañías mineras de nuestro país en otros países y promovemos leyes para que se ejerza un mayor control y estas compañías rindan cuentas.

¿Cuál ha sido la experiencia en Azuay?

En el proyecto Loma Larga, hay una compañía canadiense, INV Metals, y antes estuvo a cargo de la canadiense, I Am Gold. Nos reunimos con la comunidad, por ahora está en exploración y aún así ya sienten lo que viene; temen que las fuentes de agua sean contaminadas, vimos un riachuelo que baja y forma un río, y ese es vital para ellos, por eso no quieren que saquen el oro. Para nosotros es clave apoyar para que este proyecto no pase a la etapa de explotación.

¿Cuál es el proceso, que pasa con esta información que recogen?

Producimos documentos de alertas de investigación que los circulamos, y levantamos material sobre efectos potenciales contra el medio ambiente; esos los utilizan las comunidades y los grupos que las apoyan, para argumentar su lucha. En Canadá es una fuerte presión para que se sepa lo que acá están haciendo las empresas, hay un alto porcentaje de canadienses que ven que es injusto que estás compañías estén violando derechos humanos o cometiendo abusos en estos países.

¿Qué sabe de la minería en Canadá?, acá se dice que es un ejemplo.

Canadá basa su economía en la extracción, minería y petróleo. Ese modelo lo está exportando pero no es positivo, allá acompañamos a comunidades indígenas opuestas a la minería. Es un estilo de minería que aporta más daños que beneficios, no es ejemplo.

¿Qué consecuencias hay en Canadá, se dice que la minería industrializada no tiene mayor impacto?

Es un discurso de las compañías para tranquilizar a las comunidades, dicen que todo tendrá una solución técnica, que se va a poder limpiar el agua y descontaminar las tierras agrícolas; la experiencia demuestra que no, hay desastres en Canadá. Si hay soluciones será a tan largo plazo, que se van a sacrificar generaciones.

¿Qué pasa en los lugares donde se ha hecho minería en Canadá?

Es una imagen desastroza, hemos visitado en Canadá y otros países, y ya lo vimos ya en Río Blanco, empezando con la infraestructura mismas de la mina, nunca volverá a ser el mismo paisaje, su verdor, el bosque. Quedan excavaciones, material tóxico que ha sido sacado o que ha sido introducido.

¿Cómo ve a Quimsacocha en unos 6 años?

Lo ideal es que los pueblos sean escuchados, que no interpretemos esta resistencia como un antidesarrollo, al contrario, les debemos a las comunidades, esta capacidad de haber protegido.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/07/03/mision-internacional-prepara-informe-sobre-su-observacion-en-quimsacocha-y-rio-blanco/

El tema de la minería en la zona de Intag, generó polémica y enfrentamientos entre comuneros de la parroquia Peñaherrera y Cuellaje, con funcionarios de la Empresa Nacional Minera, Ministerio del Ambiente, y de la empresa canadiense Cornerstone.
Según los habitantes de la comunidad El Paraíso, los funcionarios a quienes califican como invasores extractivistas y destructores de la vida, llegaron hasta la zona con el fin de “engañarnos con teorías y prácticas que en otros países han fracasado y han dejado en ruinas los  territorios biodiversos”.

Hechos

Los funcionarios fueron impedidos de entrar hasta El Mirador de Las Palmas, en donde tenían planificado socializar la información sobre la minería que para ellos es la correcta, pero que la mayoría de habitantes la rechazan.
“Poco antes de su arribo al sector conocido como El Paraíso, salimos a impedir el paso para que no engañen a nuestro pueblo con dádivas para salir de la pobreza, pese a que hubo la presencia de 10 policías”, aseguraron.
“Pese al fuerte aguacero que cayó el pasado miércoles, resistimos, porque creemos que el proyecto para extraer las minas de cobre es una amenaza para la naturaleza y para la paz”, expresaron los comuneros

La Asamblea del GAD de Cuellaje

Ayer se realizó una asamblea de las diferentes comunidades que pertenecen a Cuellaje, en donde se resolvió que el gobierno revierta las concesiones mineras de Cuellaje y todo el territorio de Intag; convocar a una asamblea zonal para exigir que se retiren todas las empresas mineras; cambiar al Teniente Político de Cuellaje porque defiende intereses del gobierno en el tema de la minería; impedir en todas las comunidades que los funcionarios traten de socializar información sobre el tema; y, unir esfuerzos a nivel territorial para no permitir la explotación minera (…)

Pronunciamiento oficial

La gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, dijo que “el diálogo es la mejor herramienta que nos permite saber las demandas del uno y el del otro sector”.

El tema de la minería en la zona de Intag, generó polémica y enfrentamientos entre comuneros de la parroquia Peñaherrera y Cuellaje, con funcionarios de la Empresa Nacional Minera, Ministerio del Ambiente, y de la empresa canadiense Cornerstone.
Según los habitantes de la comunidad El Paraíso, los funcionarios a quienes califican como invasores extractivistas y destructores de la vida, llegaron hasta la zona con el fin de “engañarnos con teorías y prácticas que en otros países han fracasado y han dejado en ruinas los  territorios biodiversos”.

Hechos

Los funcionarios fueron impedidos de entrar hasta El Mirador de Las Palmas, en donde tenían planificado socializar la información sobre la minería que para ellos es la correcta, pero que la mayoría de habitantes la rechazan.
“Poco antes de su arribo al sector conocido como El Paraíso, salimos a impedir el paso para que no engañen a nuestro pueblo con dádivas para salir de la pobreza, pese a que hubo la presencia de 10 policías”, aseguraron.
“Pese al fuerte aguacero que cayó el pasado miércoles, resistimos, porque creemos que el proyecto para extraer las minas de cobre es una amenaza para la naturaleza y para la paz”, expresaron los comuneros

La Asamblea del GAD de Cuellaje

Ayer se realizó una asamblea de las diferentes comunidades que pertenecen a Cuellaje, en donde se resolvió que el gobierno revierta las concesiones mineras de Cuellaje y todo el territorio de Intag; convocar a una asamblea zonal para exigir que se retiren todas las empresas mineras; cambiar al Teniente Político de Cuellaje porque defiende intereses del gobierno en el tema de la minería; impedir en todas las comunidades que los funcionarios traten de socializar información sobre el tema; y, unir esfuerzos a nivel territorial para no permitir la explotación minera (…)

Pronunciamiento oficial

La gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, dijo que “el diálogo es la mejor herramienta que nos permite saber las demandas del uno y el del otro sector”.

Fuente:https://www.lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102167385/nuevos-enfrentamientos-en-intag-por-explotacion-minera

Un grupo de 72 organizaciones internacionales y sus representantes, entre los cuales se encuentran 43 ganadores del renombrado premio Goldman^[i] ,entregó a la embajada china en Washington una carta^[ii]en la que expresan su preocupación con respecto a las actividades de la empresa Ecuagoldmining, subsidiaria de la empresa china Junefield. Empresa que se ha visto envuelta en actos de secuestro, detención arbitraria e intento de asesinato a líderes indígenas en la zona del proyecto Río Blanco en el cantón Molleturo. De acuerdo con las víctimas de estos actos de intimidación y violencia, fueron trabajadores de la empresa minera los responsables de hechos, realizados con el fin de aterrorizar y amenazar a quienes se oponen al proyecto minero.

Localizado en el Macizo de El Cajas, junto al Parque Nacional El Cajas, en la provincial del Azuay, el proyecto de oro Río Blanco ha sido rechazado continuamente por los pobladores locales puesto que jampas fueron consultados y porque han visto de manera directa cómo el agua de la zona se ha visto afectada, así como por el potencial riesgo de contaminación que produce la minería metálica a gran escala. Ante las demandas de los pobladores, el juez Paúl Serrano de la Función Judicial de Cuenca, dictó sentencia a favor de los comuneros que denunciaron a la empresa Ecuagoldmining, aceptando la acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, y ordenó a las autoridades la suspensión inmediata de las actividades del proyecto Rio Blanco, así como la desmilitarización gradual y paulatina de los sectores donde se encuentra el conflicto, precautelando la integridad de los miembros de las comunidades y evitando conflictos de cualquier orden.

La carta entregada a la embajada china en Washington y también en la embajada de China en Quito, señala que la decisión del juez de Cuenca es un claro reconocimiento a los abusos de la empresa china Ecuagoldminig/Junefield hacia los indígenas que viven en la zona del proyecto Río Blanco. La carta añade que a pesar de esta sentencia favorable, debido a la violenta intimidación de Ecuagoldmining, urgen al gobierno chino que tenga un rol proactivo para que Junefield y otras compañías chinas respeten el Mandato Minero de 2008, que cumplan con la decisión del pueblo en la consulta de febrero de este año, y respeten los derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador. Los firmantes también manifiestan su inquietud por la presencia en Ecuador de otras empresas chinas que han sido asociadas a asesinatos de líderes indígenas que protegían el agua y su territorio frente a la arremetida minera.

Como parte de esta campaña hacia el gobierno chino, los premios Goldman en Ecuador, Pablo Fajardo -conocido abogado del caso ChevronTexaco, estará entregando la copia de la carta en la embajada china en Quito, mostrando su solidaridad con los comuneros de Molleturo ante los abusos de la empresa minera china Junefield.

ACCIÓN ECOLÓGICA

Fuente:http://www.accionecologica.org/component/content/article/2287-2018-06-20-22-33-04

El proyecto minero Río Blanco operado por la compañía china Junefield Resources es un emblema de lo que ocurre en el país con el avance de esta actividad extractiva y destructiva.

El panorama incluye comunidades asediadas, fuentes de agua en riesgo, zonas militarizadas y leyes que no se respetan.

En Contacto Sur edición vespertino de hoy tendremos a Marcelo Cabrera, alcalde de la ciudad de Cuenca y a la dirigente ambientalista Gloria Chicaiza de la organización Acción Ecológica. Informe de nuestro compañero Olmedo Carrasquilla.

Fuente:https://www.aler.org/index.php/node/3948

«El gremio espera que el Estado garantice los proyectos mineros tecnificados, entre ellos Río Blanco»

El 1 de este mes, Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial de lo Civil de Cuenca, resolvió y ordenó la suspensión de las actividades en el proyecto minero Río Blanco, ubicado en Molleturo del cantón Cuenca, Azuay, y dispuso la desmilitarización gradual y paulatina en la zona referida,el tema ha causado preocupación en algunos sectores.

Santiago Yépez, presidente de la Cámara de la Minería del Ecuador, expresó que es preocupante lo que ha ocurrido en Azuay sobre el proyecto minero Río Blanco. “Creemos que el juez ha realizado una mala interpretación de la normativa tanto constitucional como supranacional, me refiero al convenio 169 de la OIT”, expresó.

Yépez explicó, en el área minera Río Blanco no hay pueblos indígenas, aborígenes ni ancestrales, y por lo tanto no aplica el convenio de la OIT que obliga la consulta previa; y que, sí se ha hecho socialización y difusión del proyecto. A su criterio, son personas ajenas a las comunidades de Molleturo, las que están generando desinformación abanderándose en la defensa del medio ambiente.

Varios proyectos estratégicos están en la fase de construcción para entrar a corto plazo a la etapa de producción, Río Blanco es el primero que ha tenido una producción temprana.

Cree que una vez planteada la apelación a la sentencia del juez Serrano, y en la que el gremio prevé intervenir con un amicus curiae para defender los derechos de la minera, habrá una respuesta positiva para avanzar con la ejecución del proyecto minero, que a su decir está cumple con las normas vigentes y no está contaminando el agua, como así lo ha señalado también el ministro del Ambiente Tarsicio Granizo.

Sostiene, el Estado debe garantizar los proceso de una actividad minera controlada bajo leyes claras, y evitar así que se genere una corriente de desconfianza en la inversión extranjera que le ha apostado al Ecuador, donde hasta hace muy poco la minería sólo representaba el 1% del presupuesto estatal.

Recursos

Con los proyectos de megaminería en marcha y otros, se prevé una inversión de 4.500 millones de dólares hasta el 2021, la generación de 25.000 empleos, 1.300 millones de dólares de impuestos para el Estado a parte de la proyectada, y más de 3.000 millones de dólares en exportaciones.

Criticó la posición de organizaciones sociales que están actuando en contra de los proyecto mineros a gran escala mientras no dicen ni hacen nada contra los mineros ilegales que están agrediendo gravemente al medio ambiente.

En tanto, la Comisión Anticorrupción, núcleo del Azuay, presidida por Fernando Vega, publicó un manifiesto señalando que la larga lucha de la ciudadanía azuaya, en defensa de su derecho constitucional al agua, frente al modelo minero-extractivista, se ha visto reivindicada con la sentencia del juez Serrano.(AZD)-(I)

EL DETALLE

* La decisión del juez aceptó la acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades de Molleturo en relación al Proyecto Rio Blanco.