La resistencia histórica a la imposición del proyecto de minería metálica Río Blanco en zonas de páramos y territorios de las comunidades de Molleturo, obtuvo una nueva victoria judicial al ratificarse la sentencia de primera instancia otorgada por el juez Paúl Serrano el primero de junio de 2018 con la cual se declaraba la vulneración al Derecho Fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada a pesar de que los Ministerios de Minería y Ambiente insistían en que se habían realizado socializaciones y que eso bastaba; y por lo tanto se ordenó la suspensión del proyecto minero hasta que la consulta sea realizada (siendo esta medida la reparación al Derecho vulnerado).

Sin embargo, el Ministerio de Minería y la Procuraduría General del Estado apelaron dicha sentencia, y en la audiencia de apelación su discurso giró hacia el argumento de que esas comunidades no son susceptibles de la Consulta Previa pues no son comunidades indígenas. Tras la audiencia de apelación, el 23 de julio de 2018, se organizó por parte de las organizaciones sociales y comunidades de Molleturo una vigilia, la cual consistía en un campamento permanente frente a la Corte Provincial de justicia hasta que fueron notificados/as con la sentencia.

La decisión del tribunal de la Sala de lo Mercantil y lo Civil de la Corte Provincial del Azuay, a más de ratificar la sentencia de primera instancia, revoca la medida de reparación (realizar la consulta) pues esta ya no podría ser previa, sin embargo, valida los resultados de la pregunta 5 sobre minería de la Consulta Popular de febrero de 2018 convocada por Lenín Moreno, en la cual más del 68% de la Población de Molleturo se manifestaba a favor de la prohibición de la minería metálica.

Esta sentencia significa la última instancia en via ordinaria y aunque el gobierno ecuatoriano podría presentar una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional, a esta no le corresponde manifestarse sobre el fondo del asunto, si no una revisión formal, precautelando que el Debido Proceso no haya sido vulnerado. Al sol de hoy, las personas de las organizaciones y comunidades se encuentran a la espera de la ejecutoría de la sentencia y que esta quede en firme para su cumplimiento.

Fuente: Voces Ecológicas

Movimientom4.org

Un grupo de mineros afectados por el fallo que la justicia ecuatoriana emitió a favor de la Empresa Minera Cumbaratza, realizó un plantón en el parque central de la ciudad de Zamora para reclamar sus derechos.

Wilmer Espinoza, presidente del Gobierno Parroquial Rural de San Carlos de las Minas, del cantón Zamora, indica que el último domingo tuvieron una asamblea en el mencionado sector, donde acudieron 400 personas aproximadamente.

Espinoza señala que van a presentar un amparo de protección, debido a que lo hecho por la empresa es inconstitucional; añade que la compañía ha violado los derechos de la consulta a los pueblos, donde ellos ni siquiera han llegado por la zona de influencia donde creen que está la concesión. “Nosotros como ciudadanía y autoridades vamos a exigir que no se inscriba ese título a nombre de la compañía Cumbaratza”, dice.

Al respecto James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, menciona que solicitan al Estado ecuatoriano y al Ministerio de la Minería que no inscriba una sentencia de un juicio que está mal dada.

Por su parte Paulina Tapia, representante legal de la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria (Asonambile), expresa que el problema con la minera Cumbaratza viene desde hace 30 años atrás, donde hubo un recurso de casación que dio la razón al pueblo, sin embargo hace un año la empresa minera pide 30.000 hectáreas, donde se ubican muchas zonas pobladas por barrios, parroquias y cantones. (WRSA)

Fuente:https://www.lahora.com.ec/zamora/noticia/1102178349/mineros-realizan-planton-en-contra-de-dictamen-favorable-a-empresa-minera-cumbaratza

El Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil del Azuay ratificó este mediodía el fallo de primera instancia en el proceso que seguía el Estado ecuatoriano en contra de las comunidades cercanas al proyecto minero Río Blanco.

Esto implica la suspensión de toda actividad minera en este campamento ubicado entre las parroquias rurales Molleturo y Chaucha.

El 1 de junio pasado, en la audiencia de primera instancia, el juez Paúl Serrano falló a favor de la comunidad y aceptó como principal argumento que la compañía minera china Ecuagoldmining South America S.A violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, dispuesta en el artículo 57, literal 7, de la Constitución ecuatoriana. Esta decisión fue apelada por el Ministerio del Ambiente.

Sin embargo, en el fallo emitido por escrito el Tribunal “niega la apelación y confirma la sentencia de primer nivel que acepta la acción constitucional por la vulneración del derecho del debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en la comunidad de Molleturo en relación al proyecto Río Blanco”.

Esta decisión fue calificada como histórica por los comuneros que desde el pasado lunes acamparon en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia a la espera de este fallo. Hoy, Elizabeth Durazno, habitante de la comunidad, consideró que este fallo es muy importante porque “se hizo justicia” y de a poco volverán a la tranquilidad, pues asegura que en los últimos años la compañía ha generado división entre la gente del mismo que sector y que en varias ocasiones se exteriorizaba con violencia.

El último caso registrado fue el presunto secuestro del presidente de la junta parroquia de Molleturo a manos de encapuchados que serían, según su propio testimonio, personas que están en contra del proyecto.

Sobre esta sentencia, el Ministerio del Ambiente analiza cual será el siguiente paso. Henry Troya, viceministro del Minería, reconoció vía telefónica que ya no es posible una apelación, pero pensaría en un posible recurso constitucional.

Según un informe de la empresa municipal de agua potable (ETAPA), hasta marzo de este año el 21,77% del territorio cantonal está destinado para la actividad minera; el 14, 81% está concesionado y el 6,96% está en trámite, esto significa 69.566 hectáreas. Por esto su gerente, Boris Piedra, calificó que la decisión de los jueces Edgar Morocho, Aurea Calderón y Rosa Zhindón es un triunfo “de la vida” porque «así se garantiza el derecho al agua para las próximas generaciones».

El proyecto minero Río Blanco comprende 5.708 hectáreas y está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chaucha, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay. Es un proyecto principalmente de oro cuya concesión pertenece a la empresa china Ecuagoldmining South America S.A. Se calculaba una producción diaria de 800 toneladas al día, por lo cual el proyecto está catalogado como mediana minería. Actualmente se encuentra en la fase de explotación y tendrá una vigencia aproximada de 11 años. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/nota/6888863/tribunal-azuay-ratifica-fallo-que-suspende-actividad-minera-rio-blanco

Fuente:https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/16/sentencia-rio-blanco

Hace pocos días se conocieron algunos acuerdos entre organizaciones indígenas y empresas mineras que ocupan el territorio ancestral Shuar en las cordilleras de El Cóndor y Kutukú (1). Un análisis de los tres documentos nos muestra lo que las empresas mineras son capaces de hacer para acceder a los minerales que se encuentran en los territorios indígenas.

Estos documentos son: una carta de intención de donaciones de la compañía Lowell enviada a la comunidad Shuar de Yawi, y los acuerdos entre la presidencia de la FICSH con la china Explorcobres SA -EXSA- y la canadiense Aurania. Los ofrecimientos que hacen las empresas son un insulto y podrían ser una trampa para el pueblo Shuar.

La empresa Lowell, cuya propietaria es la canadiense Equinox Gold, envió una carta de intención fechada el 7 de mayo de 2017 al síndico de la Comunidad Yawi en la que se ofrece a la comunidad de Yawi una “donación” de 3.319,19 dólares mensuales. Bajo el suelo del proyecto minero Warintz, aledaño a la comunidad de Yawi, habría más de 2 millones de libras de cobre y más de 130 millones de libras de molibdeno (2), con cuya venta la EquinoxGold obtendría por sobre los 2.200 millones de dólares. Considerando esto, la “donación” mensual de Lowell a la comunidad de Yawi resulta una burla porque la extracción de los minerales en esa zona implicaría arrasar con la tierra, los bosques y el agua, y parte del territorio shuar, el mismo que es inconmensurable y al que no se le puede poner precio alguno.

El segundo documento es el “Convenio específico de cooperación para la socialización sobre desarrollo y calidad de vida en las comunidades shuar del área de influencia del proyecto minero Panantza-San Carlos”. Este acuerdo firmado con el presidente de la FICSH y la minera china EXSA (3) el 20 de mayo de 2018, se ejecutará en la parroquia San Carlos de Limón, en Morona Santiago, y tiene como objeto realizar talleres sobre desarrollo y calidad de vida a cambio un pago único de EXSA de 93.945,60 dólares (incluido el IVA). Según el acuerdo, las actividades planificadas bajo este convenio estarán bajo supervisión del departamento de Asuntos Corporativos de la empresa EXSA, la misma que aprobará los contenidos, programas y también los lugares donde se darán los talleres. Otras obligaciones de la organización indígena incluyen el permitir a los socializadores permanecer 3 meses en las comunidades, e incluir un taller de socialización sobre minería a gran escala. La FICSH estará obligada a presentar las listas de participantes con sus firmas, las memorias y fotografías de todos los talleres. Además, tendrá que dar a EXSA toda la información que requiera hasta 3 años después de terminado el convenio y la misma podrá ser usada por la compañía inclusive como publicidad. Llama la atención que entre las cláusulas de terminación del contrato -y por ende la posible devolución del dinero por parte de la FICSH- están las acciones de grupos ambientalistas o indígenas y actos que “limiten, perturben, suspendan o imposibiliten el normal desarrollo de las actividades mineras de EXSA”.

Es evidente que la empresa busca utilizar este acuerdo con la FICSH para garantizar una socialización favorable a la minería a gran escala, como es el proyecto minero Panatza-San Carlos, así como poder acceder a datos personales de los pobladores de San Carlos de Limón, imágenes de sus rostros, lugares donde viven, y hasta quizás identificar a quienes manifiesten dudas o rechazo. Sorprende sobre manera que con una de las cláusulas de este acuerdo la compañía pretenda frenar el acceso a información por parte de las comunidades sobre los impactos ambientales de la minería, expresiones de solidaridad por parte de otras organizaciones indígenas, y cualquier reclamo o acción de protesta.

La empresa minera china EXSA podría estar incurriendo en una ilegalidad al negociar y tomar decisiones de manera bilateral con la FICSH para actividades que son responsabilidad del Estado como son los procesos de participación y consulta, competencia que es indelegable a cualquier instancia privada. No debemos olvidar que esta zona del proyecto Panantza-San Carlos es territorio indígena Shuar y que se estaría violando el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada que busque el consentimiento de las comunidades indígenas que van a ser afectadas.

El tercer documento, sin fecha y en papel membretado de la FICSH, se titula: “Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH muy pronto firmará Alianza de cooperación con Aurania -Aurania renueva el paquete de concesión completa en Ecuador y participa en debentes convertibles de USD 2 millones con el presidente” que se refiere al Proyecto “Ciudades Perdidas – CUTUCU SHIAMI”. El texto de este documento es una traducción textual de la página web de Aurania y al final se añade un párrafo de la nota de prensa de la empresa publicada el 5 de abril de 2018 (4). El texto en español de este párrafo fue recortado después de la coma y se omitió el nombre del presidente de la compañía Keith Barron, quedando así: “La Compañía suscribirá una obligación convertible sin garantía de US $ 2.0 millones con su Presidente y Director Ejecutivo, […]”. De esta manera queda confuso con cuál presidente va a firmar Aurania el acuerdo monetario de dos millones de dólares.

En verdad lo que la empresa Aurania quería informar con la nota de prensa publicada en su web es que se llegó a un acuerdo con SU presidente, Keith Barron, para recibir un préstamo de 2 millones de dólares y poder mantener en sus manos las 207.000 hectáreas adjudicadas por el gobierno ecuatoriano a su subsidiaria Ecuasolidus S.A. Lastimosamente la FICSH podría estar cayendo en un engaño de la compañía Aurania ya que el documento analizado se presenta como si fuese a entregar 2 millones a los Shuar (5).

En el informe de 2008 del Representante Especial de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Prof. John Ruggie, se destaca que la explotación minera es el sector que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos, por tanto, podríamos decir que las empresas mineras son versadas en la vulneración de derechos. Luego de analizar los tres documentos vemos que también son expertas en asumir compromisos que resultan en una burla y un engaño a los pueblos indígenas. Por desgracia, hay organizaciones indígenas que se dejan engañar.

Carta abierta

Frente a este contexto, ya en 2017 el Consejo del Gobierno del Pueblo Shuar Arutam publicaba una Carta Abierta para su pueblo, América y el mundo , en la cual explican las razones por las que defienden su territorio ancestral y no quieren actividades mineras en su territorio, pues de ello depende su existencia y la de sus futuras generaciones:

«Nosotros jamás nos íbamos a imaginar que una empresa minera iba a comprar al Estado y a unos cuantos colonos lo que nos pertenece por ancestralidad. El gobierno olvida y como tiene muchos medios para hacerse oír, impone su verdad. En nuestro territorio no solo está Nankints, más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?»

Solidaridad del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)

El IIDS se suma a la lucha del Pueblo Shuar Aratama. Llamamos la atención del gobierno ecuatoriano para que cese las acciones de violencia contra el Pueblo Shuar Arutama, investigue los hechos acaecidos en su contra, deje de criminalizar a los líderes indígenas y sus defensores, y respete la libre determinación de este pueblo que existió desde antes de que el Estado se fundara.

En los últimos días, se ha desatado una situación de enfrentamientos al interior del Pueblo Shuar, inclusive llegándose a desconocerse y pedir la destitución del actual presidente de la FICSH. Esta situación sin duda ha sido estimulada por la injerencia de las empresas mineras en territorio Shuar. Una solución a las divisiones y problemas ocurridos sería la salida inmediata de las empresas mineras por ser las verdaderas causantes del conflicto.

Fuente:http://www.annurtv.com/nota/51715