Ecuador

Tribunal de Azuay ratifica fallo que suspende actividad minera del proyecto Río Blanco

Autor: EL Universo.com
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

El Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil del Azuay ratificó este mediodía el fallo de primera instancia en el proceso que seguía el Estado ecuatoriano en contra de las comunidades cercanas al proyecto minero Río Blanco.

Esto implica la suspensión de toda actividad minera en este campamento ubicado entre las parroquias rurales Molleturo y Chaucha.

El 1 de junio pasado, en la audiencia de primera instancia, el juez Paúl Serrano falló a favor de la comunidad y aceptó como principal argumento que la compañía minera china Ecuagoldmining South America S.A violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, dispuesta en el artículo 57, literal 7, de la Constitución ecuatoriana. Esta decisión fue apelada por el Ministerio del Ambiente.

Sin embargo, en el fallo emitido por escrito el Tribunal “niega la apelación y confirma la sentencia de primer nivel que acepta la acción constitucional por la vulneración del derecho del debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en la comunidad de Molleturo en relación al proyecto Río Blanco”.

Esta decisión fue calificada como histórica por los comuneros que desde el pasado lunes acamparon en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia a la espera de este fallo. Hoy, Elizabeth Durazno, habitante de la comunidad, consideró que este fallo es muy importante porque “se hizo justicia” y de a poco volverán a la tranquilidad, pues asegura que en los últimos años la compañía ha generado división entre la gente del mismo que sector y que en varias ocasiones se exteriorizaba con violencia.

 

El último caso registrado fue el presunto secuestro del presidente de la junta parroquia de Molleturo a manos de encapuchados que serían, según su propio testimonio, personas que están en contra del proyecto.

Sobre esta sentencia, el Ministerio del Ambiente analiza cual será el siguiente paso. Henry Troya, viceministro del Minería, reconoció vía telefónica que ya no es posible una apelación, pero pensaría en un posible recurso constitucional.

 

Según un informe de la empresa municipal de agua potable (ETAPA), hasta marzo de este año el 21,77% del territorio cantonal está destinado para la actividad minera; el 14, 81% está concesionado y el 6,96% está en trámite, esto significa 69.566 hectáreas. Por esto su gerente, Boris Piedra, calificó que la decisión de los jueces Edgar Morocho, Aurea Calderón y Rosa Zhindón es un triunfo “de la vida” porque «así se garantiza el derecho al agua para las próximas generaciones».

 

El proyecto minero Río Blanco comprende 5.708 hectáreas y está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chaucha, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay. Es un proyecto principalmente de oro cuya concesión pertenece a la empresa china Ecuagoldmining South America S.A. Se calculaba una producción diaria de 800 toneladas al día, por lo cual el proyecto está catalogado como mediana minería. Actualmente se encuentra en la fase de explotación y tendrá una vigencia aproximada de 11 años. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/nota/6888863/tribunal-azuay-ratifica-fallo-que-suspende-actividad-minera-rio-blanco

Ecuador

Ciudadanos en contra de minería en Río Blanco se mantienen en vigilia a espera de sentencia de Corte Provincial

Autor: Redacción Ecuador Inmediato
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

Ecuarunari anunció una movilización si no se suspenden

Ciudadanos y gremios en contra de la minería y a favor de proteger las fuentes de agua en el parque nacional de «El Cajas», se encuentran en vigilia a afuera de la Corte Provincial del Azuay en espera de la sentencia que la entidad emita sobre la suspensión de actividades en el precio Río Blanco. Yaku Pérez, abogado de las comunidades del Molleturo, aseguró que si la sentencia es a favor de la minera se convocará a una movilización.

Desde la mañana de hoy, 30 de julio varias personas se han apostado en las afueras de la corte con pancartas que dicen “Río Blanco resiste”, “somos agua carajo”, “Oiga mire vea el 22% del territorio de Cuenca concesioando”, “los jueces Edgar Morocho, Rosa Zhindón, Aura Piedad, también tomán Agua” y demás están en sitio donde están apostados los manifestantes.

Asimismo se anunció que a las 16h00 se presentó más amicus curiae a favor de la suspensión del proyecto minero en la Corte. El pasado lunes 13 de julio se realizó la audiencia de apelación a la suspensión de actividades de la concesión minera. En esta el ministerio de Minería y la Procuraduría General presentaron sus alegatos en la apelación.

Por su parte, el viceministro de Minería, Henry Troya aseguró que en la zona de influencia de Río Blanco no hay comunidades indígenas, esto ya que las comunidades que viven en esta zona aseguraron que no se hizo la consulta previa a las mismas sobre si aprobaban o no el proyecto minero en esta zona. Se espera que en las próximas horas o días ya se conozca la sentencia de la Corte. (BGV)

Fuente:http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818840456&umt=ciudadanos_en_contra_mineria_en_rio_blanco_se_mantienen_en_vigilia_a_espera_sentencia_corte_provincial

Ecuador

Comunidades indígenas continúan denunciando actividades mineras en Ecuador

Autor: Redacción El Comercio.
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), expresaron su preocupación y denuncia ante lo que consideraron la creciente actividad minera en Ecuador.
En un comunicado recalcaron que en el territorio de la comunidad de Sinangoe, en el noreste de la Amazonía ecuatoriana, se desarrolla una intensa actividad minera y ratificaron su «lucha en defensa de sus comunidades, los bosques y la vida». Según escrito, desde 2017 el Estado ecuatoriano otorgó 20 concesiones mineras inconsultas y más de 30 se encuentran en estado de tramitación. Denunciaron que estas actividades están provocando graves afectaciones a territorios ancestrales, lo que ha provocado «un cambio radical en sus formas de vida y amenazan con causar serios daños ambientales».
Las comunidades afectadas han censurado que las autoridades pertinentes no han dado respuesta a sus requerimientos: «Solamente ofrecimientos y promesas sin ninguna acción concreta de regulación ni remediación social, económica o ambiental», apunta el texto. Y ante la falta de respuesta, las comunidades indígenas han convocado la celebración de una Asamblea Comunitaria y un recorrido territorial para corroborar el daño provocado que, según estos colectivos, vulnera los derechos humanos y de la naturaleza.
De su lado, el Ministerio de Ambiente señaló en un comunicado que se ha mantenido un diálogo permanente con los dirigentes del pueblo Cofán Sinangoe, tanto en la capital del país, Quito, como en territorio. La institución indicó que se han mantenido varias reuniones, que han dado resultados «positivos para la gestión ambiental». Señaló que el Ministerio de Ambiente mantiene un Convenio de Uso y Manejo de Recursos para la Conservación y Manejo Ecológico del Territorio Cofán en el Parque Nacional Cayambe Coca.
El Ministerio agregó que su Dirección Provincial en Sucumbíos, ha realizado 13 inspecciones en territorio para identificar actividades ilegales, junto a otras instituciones, entre enero y junio del 2018. Añadió que la mencionada Dirección Provincial inspeccionó a la Concesión Minera Puerto Libre, determinándose incumplimientos a la normativa ambiental. Por ello, el pasado 16 de marzo suspendió las actividades mineras dentro de dicha concesión, además se les solicitó presentar un plan de acción para subsanar los incumplimientos determinados en las inspecciones.
Asimismo, enumeró que la Dirección Provincial inspeccionó a la Concesión Minera Properidad, determinándose incumplimientos a la normativa ambiental. El Ministerio recordó que en el marco de los acuerdos de participación entre con los dirigentes de la comunidad Sinangoe, se estableció la realización de patrullajes mensuales para identificar trabajos de minería ilegal en la zona, conjuntamente con miembros de la guardia comunitaria, y establecer redes de comunicación para alertar, en forma temprana las actividades mineras ilegales.

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/indigenas-denuncian-mineria-ilegal-comunidades.html

Ecuador

Viceministro de Minería: En zona de influencia de Río Blanco no hay comunidades indígenas

Autor: Redacción Ecuador Inmediato
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

Además, señaló que en un estudio antropológico que realizaron, se demuestra que no se guarda costumbres de manera ancestral en la comunidad

El viceministro de Minería, Henry Troya, explicó que en la normativa internacional se determina cuáles son los parámetros que se deben medir para identificar si una comunidad es determinada como indígena. El primero, dijo, es la autodeterminación, que según informó, el censo que se realizó identifica que el 93% de los ciudadanos que constan en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, se autodefinen como campesinos mestizos y no como indígenas.

Explicó que la sentencia de primera instancia suspende el proyecto Río Blanco, disponiendo que se realice consulta previa sobre comunidades campesinas mestizas. En segundo lugar, dijo, ordena la desmilitarización paulatina del proyecto minero y por último, se establece que la Defensoría del Pueblo haga el seguimiento al cumplimiento de la sentencia.

Mencionó que desde 1998 Ecuador está suscrito al Convenio 169 de la OIT, marco normativa internacional que determina el derecho de consulta previa libre e informado sobre las comunidades indígenas. En la Constitución de 2008, explicó, se amplía a comunidades montubias y afrodescendientes.

Anunció que en la normativa internacional se determina cuáles son los parámetros que se deben medir para identificar si una comunidad es determinada como indígena. El primero, la autodeterminación, que según informó, el censo que se realizó identifica que el 93% de los ciudadanos que constan en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, se autodefinen como campesinos mestizos.

El segundo componente es la propiedad sobre los terrenos ancestrales. Troya sostuvo que esto se demostró con escrituras certificadas en las que se evidencia que el dominio de las tierras pasó por varios propietarios mestizos.

“Además, el derecho es sobre comunas, comunidades pueblo y nacionales, pero los títulos de prioridad que se adjuntan denotan la propiedad de los campesino mestizos de manera unitaria, no comunal, nacional”, acotó.

El tercer punto, dijo, es el punto de vista antropológico, que fue adjuntado un estudio que demuestra que no se guarda costumbres de manera ancestral en la comunidad.

Sobre la desmilitarización del proyecto, explicó que antes de la sentencia de primera instancia ya se dio una toma “violenta” del campamento, que perjudicó inversión extranjera por sobre el medio millón de dólares. “Lo más grave es que se hurtó una cantidad alta de explosivos, que si detonaran, acabara con el radio del centro histórico de Cuenca”, expresó.

Por ello, considera que es una decisión “irresponsable” haber sentenciado que se desmilitarice la zona.

Además, le llamó la atención de la presión política y cómo se pretendió ejercer presión durante la audiencia. “Teníamos un alcalde, la propia defensora del pueblo, la viceprefecta, entre otros actores, tratando de presionar a los jueces por sentencia”, aseguró Troya.

Indicó que si se realiza minería es en beneficio de los ciudadanos. “Pensamos genera cerca de 25 mil fuentes de empleo con los proyectos estratégicos, uno de ellos, Río Blanco, así como inyectar USD $10 mil millones en cuatro años de Gobierno en flujo de caja fiscal. USD $4.500 millones en inversión extranjera directa, USD $370 millones en exportaciones y USD $1.300 millones en recaudación fiscal”, precisó.

En la planificación minera, dijo, se realizó con el ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua.

Aclaró que existen dos consultas establecidas en la Constitución: La consulta previa, libre e informada, que ordena hacer una consulta para comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afrodescendientes. En el caso de Río Blanco, dijo, en su zona de influencia, directa e indirecta, no hay este tipo de comunidades.

El otro tipo de consulta, expuso que se ordena a hacer consulta ambiental a todos los ciudadanos de las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos. “Este proceso se realizó 6 veces durante la vida del proyecto”, afirmó.

En 8 días, el juez debe tomar su decisión en este caso.

Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818840198

Ecuador

Sentencia sobre minería en Río Blanco estaría lista en una semana

Autor: Andes Info.ec
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

El representante del ministerio de Minería indicó que el tema del proyecto Río Blanco tiene tintes políticos por la cercanía de las elecciones seccionales (2019).

 La sentencia de la audiencia pública de apelación sobre la suspensión de las actividades del proyecto minero Río Blanco, en Cuenca, provincia de Azuay, estaría lista en una semana, de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Según la disposición legal, el fallo deberá conocerse en ocho días contados a partir del 23 de julio, fecha en la que se realizó la audiencia, por lo que restarían siete días.

«Sin embargo, éste período de tiempo podría extenderse sin ninguna consecuencia jurídica», señaló el Ministerio de Minería en una nota de prensa.

El ministro de Minería subrogante, Henry Troya, acompañado de otras autoridades estatales, sostuvo en la diligencia que como Estado se garantiza que «no hay actividad minera en el Parque Nacional de El Cajas, ni ningún tipo de actividad minera que afecte las fuentes de agua”.

“Confiamos como Estado que tenemos la razón en derecho. Pero nos preocupa que este proceso tiene tintes políticos, considerando la cercanía de las elecciones seccionales”, afirmó por su parte el equipo jurídico del Ministerio de Minería.

El Estado ecuatoriano demostró que el proceso de Consulta Previa, libre e informada, que nace del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha sido recogido por la Constitución de la República, establece cuatro requisitos concurrentes para determinar la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas y la obligatoriedad del proceso de consulta previa.

Entre estos, están la autoidentificación de los sujetos, la posesión ancestral sobre un determinado territorio (a través del tiempo), la pertenencia a la comunidad (reconocimiento de la comunidad) y el mantener usos, costumbres y tradiciones propias.

Sin embargo, el Estado señaló que estos requisitos concurrentes no se cumplen en el caso de las comunidades mestizo-campesinasubicadas en el área de influencia del proyecto Río Blanco.

El último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) demuestra que las comunidades se autodefinen mayoritariamente como mestizos, hecho testimoniado por los representantes legítimos de las comunidades, al tiempo que no existe evidencia alguna de que se haya solicitado algún trámite para la declaratoria de tierras ancestrales legalmente reconocidas por el Estado.

Según la nota del Ministerio de Minería, durante la audiencia, en los exteriores de la Corte Provincial de Cuenca, se registraron actos violentos en contra de ciudadanos que apoyan la actividad minera responsable en la zona, pero la actuación de la Policía Nacional logró evitar mayores enfrentamientos.

En abril de este año, el Subgerente del proyecto Río Blanco, Xavier Sánchez, indicó a Andes que el proyecto minero se desarrolla fuera del Parque Nacional Cajas, a unos 5 kilómetros de esa reserva.

“No estamos dentro de áreas protegidas el proyecto de desarrolla bajo un plan de manejo que tiene como especial cuidado el agua que es una de las principales preocupaciones y observaciones que tenían las comunidades, la parroquia y la ciudadanía de Cuenca”, apuntó en esa fecha.

En este proyecto de mediana minería, ubicado en la parroquia Molleturo, la empresa concesionaria Ecuagoldmining S.A., de China, invierte en Ecuador 78 millones de dólares, aunque la inversión total se estima en 89 millones de dólares.

Fuente:https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/16/sentencia-rio-blanco

Ecuador

Resolución sobre el proyecto de minería Río Blanco genera expectativa en Cuenca

Autor: Redacción Economía, El Telégrafo.
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo
Representantes de varias organizaciones que están en contra y a favor de la actividad minera en el Azuay se dieron cita este lunes 23 de julio, en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia, para conocer de primera mano la resolución sobre el proyecto en Río Blanco.
La audiencia, que se desarrolla desde las 09:00, determinará si las labores de la empresa Lungding Golf Metals cumplen con los requisitos legales para seguir operando, luego de que el pasado 2 de julio en una primera instancia el juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, Paúl Serrano, determinó que no se había consultado a las comunidades.
María Cecilia Alvarado, viceprefecta del Azuay, en una entrevista en radio Tomebamba indicó que también será parte de la audiencia ya que presentó, a título personal, un recurso de amicus curiae mientras duró la fase de apelación.

“Presentaré toda la información que conocemos desde el Gobierno Provincial con la resolución del 2016 de no actividad minera en zonas protegidas y páramos, además sobre informes que conocemos en donde se evidencian una serie de inconvenientes que no han sido solventados”, detalló. Debido a la presencia de los manifestantes, las calles que rodean la Corte Provincial de Justicia, Luis Cordero, Benigno Malo, Presidente Borrero, Sucre y Presidente Córdova y Bolívar, han sido cerradas y el paso vehicular y peatonal está restringido. (I)

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/mineria-cuenca-justicia
Ecuador

María Cecilia Alvarado: «Gobierno está a favor de minera y contra comunidades del Molleturo»

Autor: Ecuador Inmediato.com
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

Este lunes 23 de julio fue la audiencia de apelación a la suspensión de trabajos en el proyecto Río Blanco

María Cecilia Alvarado, viceprefrecta de Azuay se refirió a la audiencia de apelación a la suspensión de los trabajos mineros en el proyecto Río Blanco y aseguró que el Estado está a favor de empresa minera y en contra de los moradores del sector. «Es triste constatar realmente que las comunidades tiene que luchar contra a un Estado, que a través de sus ministerios y gobernación actual, no ha trabajado de manera neutral, sino en contra de los que están a favor del agua y en consecuencia a favor de la minera».

Aseguró que hay varios activistas a favor del agua que se han dado cita a las inmediaciones de la Corte Provincial del Azuay. “También están personas que vienen financiadas por empresa minera que se encuentran en hoteles para apoyar la causa. Asimismo se impide la llegada de personas de Molleturo hasta la ciudad de Cuenca”.

Alvarado asistió a la audiencia de apelación sobre la suspensión de actividades en el proyecto Río Blanco. “Yo presente una Amicus Curiae que lo hice en la fase de apelación. Intentamos que sea la Prefectura la que presentará el recurso y esto no fue posible. En este yo hablo de las cosas que conozco”.

La funcionaria aseguró que en este tema se presentó información desde el gobierno provincial. “Tenemos una resolución desde el año 2016 de no minería en fuentes de agua y está en parte de la ordenanza provincial, sobre el plan de Ordenamiento Territorial”.

Aseguró que en la entrega de licencias ambientales para que se permita el trabajo minero en Río Blanco hizo falta la consulta previa hacia los moradores de estos sectores que es una designación constitucional. “En este proceso las autoridades confundieron una audiencia pública que no es lo mismo que una consulta previa para dar paso al proyecto Rio Blanco. Así fue como se otorgaron las licencias para trabajar en Minería en este sector”.

“Esperamos que este proceso pueda influenciar a otros de los proyectos mineros”. Alvarado afirmó que es verdad que todo necesita de minería, “la minería en sistemas frágiles no es posible. Debería existir una decisión a nivel global donde el ser humano no busque destruir los recursos de agua”.

Cuestionó a las personas que están a favor de la minería en Azuay, “estas personas dicen que los proyectos se llevarán con transparencia y sin afectar al medio ambiente pero si ya vemos que desde el inicio no se hizo una consulta previa no podemos confiar. Nosotros como Gobierno Provincial hicimos una inspección y se pudo constatar que se han hecho perforaciones a menos de 50 metros de quebradas, que se han construido vías que se han abierto con material de relleno que provoca daños en la circulación del agua”.

“Estamos hablando de una concesión de cinco mil hectáreas donde parte está en zona de pajonal de reserva hídrica. Hay evidencia de no de una amenaza futura sino de riesgos actuales”, finalizó. (BGV)

Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818840122

Ecuador

Cómo las mineras se burlan de los pueblos indígenas

Autor: Annur T.V
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Hace pocos días se conocieron algunos acuerdos entre organizaciones indígenas y empresas mineras que ocupan el territorio ancestral Shuar en las cordilleras de El Cóndor y Kutukú (1). Un análisis de los tres documentos nos muestra lo que las empresas mineras son capaces de hacer para acceder a los minerales que se encuentran en los territorios indígenas.

Estos documentos son: una carta de intención de donaciones de la compañía Lowell enviada a la comunidad Shuar de Yawi, y los acuerdos entre la presidencia de la FICSH con la china Explorcobres SA -EXSA- y la canadiense Aurania. Los ofrecimientos que hacen las empresas son un insulto y podrían ser una trampa para el pueblo Shuar.

La empresa Lowell, cuya propietaria es la canadiense Equinox Gold, envió una carta de intención fechada el 7 de mayo de 2017 al síndico de la Comunidad Yawi en la que se ofrece a la comunidad de Yawi una “donación” de 3.319,19 dólares mensuales. Bajo el suelo del proyecto minero Warintz, aledaño a la comunidad de Yawi, habría más de 2 millones de libras de cobre y más de 130 millones de libras de molibdeno (2), con cuya venta la EquinoxGold obtendría por sobre los 2.200 millones de dólares. Considerando esto, la “donación” mensual de Lowell a la comunidad de Yawi resulta una burla porque la extracción de los minerales en esa zona implicaría arrasar con la tierra, los bosques y el agua, y parte del territorio shuar, el mismo que es inconmensurable y al que no se le puede poner precio alguno.

El segundo documento es el “Convenio específico de cooperación para la socialización sobre desarrollo y calidad de vida en las comunidades shuar del área de influencia del proyecto minero Panantza-San Carlos”. Este acuerdo firmado con el presidente de la FICSH y la minera china EXSA (3) el 20 de mayo de 2018, se ejecutará en la parroquia San Carlos de Limón, en Morona Santiago, y tiene como objeto realizar talleres sobre desarrollo y calidad de vida a cambio un pago único de EXSA de 93.945,60 dólares (incluido el IVA). Según el acuerdo, las actividades planificadas bajo este convenio estarán bajo supervisión del departamento de Asuntos Corporativos de la empresa EXSA, la misma que aprobará los contenidos, programas y también los lugares donde se darán los talleres. Otras obligaciones de la organización indígena incluyen el permitir a los socializadores permanecer 3 meses en las comunidades, e incluir un taller de socialización sobre minería a gran escala. La FICSH estará obligada a presentar las listas de participantes con sus firmas, las memorias y fotografías de todos los talleres. Además, tendrá que dar a EXSA toda la información que requiera hasta 3 años después de terminado el convenio y la misma podrá ser usada por la compañía inclusive como publicidad. Llama la atención que entre las cláusulas de terminación del contrato -y por ende la posible devolución del dinero por parte de la FICSH- están las acciones de grupos ambientalistas o indígenas y actos que “limiten, perturben, suspendan o imposibiliten el normal desarrollo de las actividades mineras de EXSA”.

Es evidente que la empresa busca utilizar este acuerdo con la FICSH para garantizar una socialización favorable a la minería a gran escala, como es el proyecto minero Panatza-San Carlos, así como poder acceder a datos personales de los pobladores de San Carlos de Limón, imágenes de sus rostros, lugares donde viven, y hasta quizás identificar a quienes manifiesten dudas o rechazo. Sorprende sobre manera que con una de las cláusulas de este acuerdo la compañía pretenda frenar el acceso a información por parte de las comunidades sobre los impactos ambientales de la minería, expresiones de solidaridad por parte de otras organizaciones indígenas, y cualquier reclamo o acción de protesta.

La empresa minera china EXSA podría estar incurriendo en una ilegalidad al negociar y tomar decisiones de manera bilateral con la FICSH para actividades que son responsabilidad del Estado como son los procesos de participación y consulta, competencia que es indelegable a cualquier instancia privada. No debemos olvidar que esta zona del proyecto Panantza-San Carlos es territorio indígena Shuar y que se estaría violando el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada que busque el consentimiento de las comunidades indígenas que van a ser afectadas.

El tercer documento, sin fecha y en papel membretado de la FICSH, se titula: “Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH muy pronto firmará Alianza de cooperación con Aurania -Aurania renueva el paquete de concesión completa en Ecuador y participa en debentes convertibles de USD 2 millones con el presidente” que se refiere al Proyecto “Ciudades Perdidas – CUTUCU SHIAMI”. El texto de este documento es una traducción textual de la página web de Aurania y al final se añade un párrafo de la nota de prensa de la empresa publicada el 5 de abril de 2018 (4). El texto en español de este párrafo fue recortado después de la coma y se omitió el nombre del presidente de la compañía Keith Barron, quedando así: “La Compañía suscribirá una obligación convertible sin garantía de US $ 2.0 millones con su Presidente y Director Ejecutivo, […]”. De esta manera queda confuso con cuál presidente va a firmar Aurania el acuerdo monetario de dos millones de dólares.

En verdad lo que la empresa Aurania quería informar con la nota de prensa publicada en su web es que se llegó a un acuerdo con SU presidente, Keith Barron, para recibir un préstamo de 2 millones de dólares y poder mantener en sus manos las 207.000 hectáreas adjudicadas por el gobierno ecuatoriano a su subsidiaria Ecuasolidus S.A. Lastimosamente la FICSH podría estar cayendo en un engaño de la compañía Aurania ya que el documento analizado se presenta como si fuese a entregar 2 millones a los Shuar (5).

En el informe de 2008 del Representante Especial de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Prof. John Ruggie, se destaca que la explotación minera es el sector que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos, por tanto, podríamos decir que las empresas mineras son versadas en la vulneración de derechos. Luego de analizar los tres documentos vemos que también son expertas en asumir compromisos que resultan en una burla y un engaño a los pueblos indígenas. Por desgracia, hay organizaciones indígenas que se dejan engañar.

 

Carta abierta

Frente a este contexto, ya en 2017 el Consejo del Gobierno del Pueblo Shuar Arutam publicaba una Carta Abierta para su pueblo, América y el mundo , en la cual explican las razones por las que defienden su territorio ancestral y no quieren actividades mineras en su territorio, pues de ello depende su existencia y la de sus futuras generaciones:

«Nosotros jamás nos íbamos a imaginar que una empresa minera iba a comprar al Estado y a unos cuantos colonos lo que nos pertenece por ancestralidad. El gobierno olvida y como tiene muchos medios para hacerse oír, impone su verdad. En nuestro territorio no solo está Nankints, más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?»

Solidaridad del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)

El IIDS se suma a la lucha del Pueblo Shuar Aratama. Llamamos la atención del gobierno ecuatoriano para que cese las acciones de violencia contra el Pueblo Shuar Arutama, investigue los hechos acaecidos en su contra, deje de criminalizar a los líderes indígenas y sus defensores, y respete la libre determinación de este pueblo que existió desde antes de que el Estado se fundara.

En los últimos días, se ha desatado una situación de enfrentamientos al interior del Pueblo Shuar, inclusive llegándose a desconocerse y pedir la destitución del actual presidente de la FICSH. Esta situación sin duda ha sido estimulada por la injerencia de las empresas mineras en territorio Shuar. Una solución a las divisiones y problemas ocurridos sería la salida inmediata de las empresas mineras por ser las verdaderas causantes del conflicto.

Fuente:http://www.annurtv.com/nota/51715

Ecuador

Comunidad Cofán interpone acción de protección para frenar minería en Sucumbíos

Autor: Ecuador Inmediato

«Se han presentado amenazas y vulneración de derechos a los habitantes de Sinangoe», lamentó Mario Criollo, presidente de comunidad ancestral

Con una petición entregada al juez de la Unidad Multicompetente de Gonzalo Pizarro, habitantes de la comunidad Cofán de Sinangoe, interpusieron un recurso de acción de protección y pidieron les otorguen medidas cautelares, para frenar la explotación minera que se realiza en su comunidad ancestral, en Sucumbíos.

También solicitaron  les extienda medidas cautelares a favor de los habitantes de Sinangoe. En reiteradas ocasiones, los cofanes han denunciado ser víctimas de daños ambientales producidos en ríos por la presencia de compañías mineras que han empezado a talar el bosque, abrir caminos y dragar las orillas del río Aguarico.

«Se han presentado amenazas y vulneración de derechos a los habitantes de Sinangoe; esperamos que el juez nos acepte la acción que presentamos y proteja nuestros derechos», dijo Mario Criollo, presidente de la comunidad ancestral Cofán de Sinangoe.

La Defensoría del Pueblo también actúa como peticionario de la Acción de Protección y medidas cautelas a favor de la comunidad demandante. “La comunidad tienen el derecho de ser consultada previamente, libre e informada, cosa que no ha ocurrido en las distintas concesiones mineras que existen en este momento», dijo Jorge Acero, defensor del pueblo en Sucumbíos.

Alrededor de 20 concesiones mineras se habría entregado en los cantones Gonzalo Pizarro y Sucumbíos, para un tiempo de 25 años, dijeron los dirigentes.

El área más sensible que reclaman los indígenas cofanes son los afluentes donde nace el río Aguarico, que recorre  la provincia de Sucumbíos, y que estaría siendo afectado con la explotación minera que demandan los habitantes de Sinangoe. (JPM)

Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818839810

Ecuador

23 de julio se definirá futuro de actividades mineras en Río Blanco

Autor: Ecuador Inmediato.com
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

Juez de Corte provincial decidirá si se continúa o no con la extracción de productos mineros

En la sala de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay se llevará a cabo la audiencia definitiva sobre las actividades mineras en Río blanco el juez resolverá si se continúa con la extracción o no en el proyecto Rio Blanco. La audiencia de apelación presentada por el Estado ecuatoriano se realizará el próximo 23 de junio.

Tarsicio Granizo, ministro del Ambiente aseguró que el presidente de la República Lenín Moreno ha sido enfático en decir que es necesario estudiar donde se hace la minería y como se hace la misma. El titular de la cartera de Estado considera que no se debería suspender las actividades en los proyectos mineros.

“Nos parece que esto crearía un precedente bastante negativo por cuanto no se han analizado a profundidad los detalles de la entrega de la licencia al proyecto”. Por su parte, el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez afirmó que no hay lugar para que se dé una caída de la sentencia en el caso. “Los argumentos que hemos presentado son irrefutables e incontrastables”.

Para esto el Centro Legal de Defensa Ambiental con sede en Estados Unidos y un colectivo de docentes encabezados por la activista Manuela Picq presentaron dos amicus curiae, para que se mantenga la suspensión de la minería en los páramos.

Por su parte, 110 miembros del frente pro minería del Azuay van a realizar eventos para impulsar la minería tecnificada. La decisión judicial que se tome el 23 de julio será definitiva”. (BGV)

Fuente:http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818839805&umt=23_julio_se_definira_futuro_actividades_mineras_en_rio_blanco