Ecuador

Ecuador: Intag retoma su historia de lucha para enfrentar nuevo proyecto minero

Veinte años después de iniciada la resistencia frente a la explotación minera en su territorio, las comunidades de Intag, ubicada en la provincia de Imbabura, al norte de Quito, vuelven a unirse en contra de un proyecto que amenaza a este valle y sus zonas aledañas. Esta vez, la lucha es en contra del proyecto minero Llurimagua a cargo de la empresa estatal Enami EP y la compañía chilena Codelco, para la explotación de cobre y molibdeno. “La gente se alarma cuando se da cuenta que es el 80 % del territorio el que está concesionado y que solo una o dos comunidades se escapan de estas concesiones”, asegura Carlos Zorrilla, director Ejecutivo y fundador de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) y habitante del lugar. “Hay riesgo en la zona”.

En 2014, Enami entró a Intag armada de un operativo militar y policial de más de 400 efectivos, cuenta Zorrilla. Esta ocupación terminó con varios moradores arrestados y tres meses de “invasión”. Entre los detenidos estaba el reconocido activista Javier Ramírez, de la comunidad de Junín. Para los pobladores, el ingreso fue controversial y, sobre todo, tuvo un efecto profundo y debilitador en la lucha por Intag. “La ocupación fue un shock”, dice. Es así que hoy el proyecto Llurimagua se encuentra en fase de exploración avanzada, ya se han realizado 90 perforaciones en el lugar y hay denuncias de que Enami EP y Codelco han pedido una extensión a sus actividades preliminares para cerca de 95 perforaciones más. Por su parte, la minera chilena Codelco ha mencionado que el proyecto prevé remover 1500 millones de toneladas de material y de este solo el  0,5 % es cobre, es decir, cerca de 7,5 millones.

Para el 2017, el 70 % de los 2200 kilómetros cuadrados de Intag estaba concesionado. Hoy ya 90 000 hectáreas de la zona están concesionadas o se encuentran en proceso. “Se están entregando tierras sin consultar y esto es inconstitucional. Están haciendo las cosas ilegalmente y ellos lo saben”, dice José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi. “Pero tienen todo el aparato estatal a su favor”, afirma Cueva, quien añade además que el Ministerio del Ambiente (MAE) aprobó la licencia ambiental para operar basándose en un estudio realizado por un contratista de las empresas mineras.

Sin embargo el gerente de la Enami EP, Carlos De Otero, asegura que en el lugar donde se encuentran no hay resistencia de las comunidades. “El proyecto se hace en beneficio de la comunidad y del Estado ecuatoriano”, dice el titular de la empresa minera estatal y explica que en la zona ya se puede ver el impacto positivo de la inversión minera sobre todo a través de los 300 empleos directos que ha creado. Además, asegura que las actividades que ahí se desarrollan se han hecho con una base técnica y promoviendo buenas prácticas ambientales. Por su parte, el Ministerio de Hidrocarburos ha informado sobre el apoyo de 35 comunidades luego de que el proyecto fuera socializado por la empresa minera estatal.

El valle de Intag se asienta en la cuenca del río Intag y parte del río Guayllabamba. Con siete parroquias y más de 100 comunidades, Intag limita con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas ─la mayor reserva protegida del occidente ecuatoriano─ y abarca cerca de 60 000 hectáreas de bosques primarios conservados, entre bosques protegidos y reservas comunitarias, donde una de las más importantes es la Reserva Comunitaria de Junín. Cueva explica que de esta extensión, 40 000 hectáreas corresponden a zonas frágiles en proceso de degradación y que deben ser recuperadas. “Es una zona bastante crítica en términos ecosistémicos”, asegura Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad y esto se debe a que en esta zona confluyen dos biomas sumamente importantes a nivel mundial: los bosques del Chocó del noroccidente de Pichincha ─considerado un hotspot por organizaciones de conservación internacional─  y los Andes Tropicales ─la región más biodiversa del planeta pero también la más amenazada─. Además, explica que la carga húmeda que viene de la costa ha logrado que toda esta zona se llene de bosques húmedos y de neblina. “Aquí en los Andes, cada valle es una isla en términos de biodiversidad”.

Intag no se queda atrás. Allí se pueden encontrar una variedad de anfibios como los arlequines (Atelopus varius), los  jambatos (Atelopus ignescens) y otros que desaparecieron por el cambio climático, hasta el redescubrimiento del atelopus longirostris dentro de la concesión minera. “Esta es para mí la especie símbolo del valle del Intag”, dice Prieto. En cuanto a las aves, Intag guarda una de las pavas más típicas de los bosques nublados del noroccidente, la aburria pipile, que hace parte de la lista roja de la UICN y de los listados de riesgo nacionales. También hay tucanes de montaña (Andigena laminirostris) y los gallitos de peña (Rupicola peruviana). Allí también se encuentra uno de los últimos refugios de los osos de anteojos (Tremarctos ornatus); además del tapir de montaña (Tapirus pinchaque), el mono araña (Ateles fusciceps) ─el más amenazado a nivel mundial─, el mono aullador (Alouatta seniculus) y el mono capuchino (Cebus aequatorialis). La zona está llena de orquídeas, flor de mayo (Plumeria rubra) y palma de ramos (Ceroxylon spp) ─una de las más vulnerables a la deforestación─. “En cuanto a la variedad de peces, Intag es tal vez el último refugio de un pez conocido como Prenadilla”, su nombre científico es astroblepus hubidai, es endémica de Imbabura y el río Intag es uno de los pocos afluentes donde aún vive esta especie.

Una pelea por el agua

 

Las comunidades de la zona ya han detectado impactos ambientales severos, resultado, según ellos, de las actividades de exploración del proyecto Llurimagua, sobre todo en cuanto a la calidad del agua. Con el apoyo del investigador William Sacher, de la Universidad Andina Simón Bolívar, 35 comuneros de Intag y 35 científicos realizaron un monitoreo participativo del agua en la Reserva Comunitaria de Junín, la cual detectó una alta concentración (más de 600 %) de sólidos solubles en el agua. El estudio mostró que el río Junín tiene altos niveles de metales pesados como arsénico, manganeso y zinc ─los cuales son peligrosos para la salud humana y animal en altas concentraciones─, una coloración marrón en el agua de las Cascadas Gemelas desde el 2016 y contaminación crónica de las fuentes de agua del lugar luego que se destaparan los pozos que dejó hace años la minera japonesa BishiMetals.

También hay impactos sobre la biología del agua. “Se detectó que, en Junín, gran parte de las especies de macroinvertebrados que vivían ahí ya no están. No hay un manejo adecuado de la hidrología del lugar”, explica José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi. Por su parte, Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad, dice que a pesar de que el daño pueda ser mínimo, si el área es crucial para el caudal hídrico del valle del Intag, la afectación es catastrófica. Pero De Otero asegura que el estudio de impacto ambiental realizado por la Enami EP de momento no ha tenido observaciones en cuanto al impacto ambiental, ni arrojó resultados de contaminaciones. “Las comunidades están en su derecho de hacer estudios pero deben ser rigurosos, deben tener un rigor científico”.

Como resultado, y para intentar proteger su territorio de las actividades extractivas mineras, las poblaciones han tenido que levantar alternativas, en su mayoría ligadas al desarrollo de actividades económicas tradicionales al lugar. “Las comunidades deben tener un discurso que apunte a que ellos pueden generar tantos recursos como la minería”, opina César Padilla, Coordinador del OCMAL. El problema es que lo que ellos generan tiene una valoración económica baja y dirigida a mercados locales o nacionales poco valorados. Además, Padilla explica que la minería intensifica el conflicto por bienes comunes como el territorio, la energía y sobre todo el agua, usada en grandes cantidades por las empresas mineras, pero devuelta contaminada a las comunidades.

“La minería es una industria sedienta por el agua”, asegura Padilla. Sin embargo, la lógica que usualmente se usa para medir el aporte económico de esta actividad no toma en cuenta lo que destruye durante su operación, es decir, se priorizan las dinámicas financieras frente a la afectación de espacios naturales. Una distorsión que para el coordinador del OCMAL permite que muchos técnicos digan que la minería tiene un aporte más fuerte que las actividades de los habitantes de la zona. “La minería es una imposición. No hay comunidades que estén apostando al desarrollo de actividades extractivas para resolver sus problemas locales”, asegura Padilla. A pesar de ello, los habitantes de Intag han desarrollado alternativas en la producción de café de altura, jabones, productos de cabuya, de luffa ─planta cuyo fruto provee una fibra natural con la que se hacen productos de belleza tipo esponjas─ y el desarrollo del ecoturismo, entre otras. Más de 13 000 personas en Intag viven de la agricultura y la ganadería.

Mapa de las concesiones otorgadas y en trámite en la región de Intag. Elaboración: DECOIN.
Mapa de las concesiones otorgadas y en trámite en la región de Intag. Elaboración: DECOIN.

Sin embargo, la preocupación es latente, en especial porque se dice que se utilizarán nueve fuentes de agua para las nuevas perforaciones que Enami EP y Codelco quieren realizar. “No hay quien controle a estas empresas”, dice Zorrilla. Otro tema que preocupa es el de licencias ambientales, que debería detallar el efecto de la extracción en la zona y su mitigación. “Lastimosamente son zonas muy frágiles y no ha habido una consulta previa y correcta con la gente. Deben dejar participar a la gente en el proceso como veedores”, explica Prieto. Otro punto que saca a relucir el oficial del INABIO es que poco se dice del efecto de las fases de exploración dentro de las zonas frágiles, como los bosques de Junín, poniendo en duda la protección de estas zonas que no son parte del Sistema de Áreas Protegidas (SNAP). Prieto menciona que vincular a las áreas protegidas como las únicas de extrema importancia en biodiversidad no es necesariamente el sistema más efectivo, ya que hay zonas frágiles y poco muestreadas como el caso de la cordillera occidental donde se encuentra Intag.

Hasta el momento, las comunidades han denunciado que 41 bosques protectores se han visto afectados por el proceso minero. Se identificaron también 288 especies en la zona que están en lista roja de la UICN. “Son joyas biológicas. Así sean parte o no de áreas protegidas, no deben entregarse a la industria más destructiva del planeta”, dice Zorrilla.

El Contralor del Estado, Pablo Celi, visitó el proyecto Llurimagua y junto a un equipo de auditores efectuaron un examen especial del área minera. En un comunicado, la oficina de control estatal explicó que durante la visita los funcionarios visitaron las Cascadas Gemelas de donde tomaron muestras de piedras que mostraban sedimentos. “Los técnicos señalaron que se deben determinar las causas de estos sedimentos de manera técnica. El ente de control dispuso un peritaje para resolver científicamente este tema”, explica el comunicado. Celi también se reunió con líderes y representantes de zonas aledañas en la comunidad de Junín quienes expresaron su preocupación por las actividades de exploración avanzada que allí se realizan. Pero Carlos De Otero, el titular de la empresa estatal minera que lleva el proyecto, insiste en que las comunidades aplauden la presencia de Llurimagua en la zona y que además “aplaudieron la visita de la Contraloría, ente que de alguna forma garantiza la ejecución del proyecto para que se lo lleve a buen puerto”.

Histórica resistencia en Intag

 

José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi, recuerda que la resistencia de estas comunidades forzó ya la salida de dos multinacionales. “Todo empezó en la década de los 90, enfrentando a una empresa japonesa conocida como BishiMetals” luego de que la comunidad se opuso al resultado del primer estudio de impacto ambiental que contrató la compañía. “El estudio se hizo con base en la proyección de una mina pequeña pero ya se hablaba de la deforestación masiva de 4500 hectáreas”, cuenta Cueva. “Hablaban de cambio de clima local y desertificación, concentración de metales pesados en el agua como plomo y arsénico, una concentración 10 000 veces mayor a la actual”. Además, se pronosticaba una afectación a la reserva Cotacachi-Cayapas y la reubicación o desplazamiento de cuatro comunidades. Luego de este episodio, también llegó la empresa canadiense Ascendant Copper con una estrategia fuerte de separación de la comunidad y según comenta José Cueva, incluso con el ingreso de paramilitares. Con la salida de esta empresa y la aprobación del mandato minero en el 2008, “la gente estaba esperanzada”.

La lucha en Intag empezó en esa época con tan solo siete caseríos, asegura Gloria Chicaiza, de la organización Acción Ecológica. “En ese momento era un David versus Goliat”, y desde ahí se irradió una mayor oposición a través de una serie de iniciativas políticas. La activista además explica que Intag es como varias de las comunidades rurales del Ecuador, tienen un remanente de personas con valores de resistencia que se han ido tejiendo a través de los tiempos y que han persistido. “Se heredó una lucha. Javier Ramírez, el reconocido activista que fue detenido en 2014, es hijo de gente que estuvo en la resistencia”. Su madre fue parte de la resistencia desde el inicio y su padre fue asesinado debido a su fuerte oposición minera.

En cuanto a Codelco, Padilla explica que la empresa ha seguido el modelo del resto de las multinacionales: “vender” su proyecto a las comunidades y grupos de interés con un discurso de generación de empleo, minería sostenible, política de puertas abiertas, aporte a la economía nacional y local, y protección de medio ambiente. “Naturalmente esa estrategia está condenada al fracaso”, y ahí, dice el experto es cuando las empresas piden al Estado que garantice el derecho adquirido de su participación en las concesiones mineras, la inversión, y sus derechos sobre determinados yacimientos a través de concesiones. “Implica criminalización, represión, limitación de derechos para finalmente lograr que se desarrolle esta actividad que, en la mayoría de los países, está definida como de interés propio”, asegura Padilla.

Documentos muestran que la empresa chilena Codelco ha sido además investigada en su país por contaminación ambiental en algunos de los lugares donde opera y por presunta violación de derechos humanos. Tan solo en América Latina, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha registrado 250 conflictos mineros y 150 casos de criminalización de defensores de la tierra en los últimos diez años. El  reporte de la organización Global Witness consideró al activismo antiminero como una de las actividades más peligrosas en términos de defensa durante 2017.

A pesar de todo, desde los bosques y ríos de Intag, los comuneros de este valle siguen luchando por proteger su territorio. “Perdemos nuestra humanidad si no lo hacemos, por eso no nos rendimos. Tenemos la ética de nuestro lado para seguir luchando”, asegura Zorrilla desde el bosque nublado.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/09/mineria-en-el-valle-de-intag-ecuador/

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Victoria judicial para comunidades de Molleturo

La resistencia histórica a la imposición del proyecto de minería metálica Río Blanco en zonas de páramos y territorios de las comunidades de Molleturo, obtuvo una nueva victoria judicial al ratificarse la sentencia de primera instancia otorgada por el juez Paúl Serrano el primero de junio de 2018 con la cual se declaraba la vulneración al Derecho Fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada a pesar de que los Ministerios de Minería y Ambiente insistían en que se habían realizado socializaciones y que eso bastaba; y por lo tanto se ordenó la suspensión del proyecto minero hasta que la consulta sea realizada (siendo esta medida la reparación al Derecho vulnerado).

Sin embargo, el Ministerio de Minería y la Procuraduría General del Estado apelaron dicha sentencia, y en la audiencia de apelación su discurso giró hacia el argumento de que esas comunidades no son susceptibles de la Consulta Previa pues no son comunidades indígenas. Tras la audiencia de apelación, el 23 de julio de 2018, se organizó por parte de las organizaciones sociales y comunidades de Molleturo una vigilia, la cual consistía en un campamento permanente frente a la Corte Provincial de justicia hasta que fueron notificados/as con la sentencia.

La decisión del tribunal de la Sala de lo Mercantil y lo Civil de la Corte Provincial del Azuay, a más de ratificar la sentencia de primera instancia, revoca la medida de reparación (realizar la consulta) pues esta ya no podría ser previa, sin embargo, valida los resultados de la pregunta 5 sobre minería de la Consulta Popular de febrero de 2018 convocada por Lenín Moreno, en la cual más del 68% de la Población de Molleturo se manifestaba a favor de la prohibición de la minería metálica.

Esta sentencia significa la última instancia en via ordinaria y aunque el gobierno ecuatoriano podría presentar una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional, a esta no le corresponde manifestarse sobre el fondo del asunto, si no una revisión formal, precautelando que el Debido Proceso no haya sido vulnerado. Al sol de hoy, las personas de las organizaciones y comunidades se encuentran a la espera de la ejecutoría de la sentencia y que esta quede en firme para su cumplimiento.

Fuente: Voces Ecológicas

Movimientom4.org

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Mineros realizan plantón en contra de dictamen favorable a Empresa Minera Cumbaratza

Un grupo de mineros afectados por el fallo que la justicia ecuatoriana emitió a favor de la Empresa Minera Cumbaratza, realizó un plantón en el parque central de la ciudad de Zamora para reclamar sus derechos.

Wilmer Espinoza, presidente del Gobierno Parroquial Rural de San Carlos de las Minas, del cantón Zamora, indica que el último domingo tuvieron una asamblea en el mencionado sector, donde acudieron 400 personas aproximadamente.

Espinoza señala que van a presentar un amparo de protección, debido a que lo hecho por la empresa es inconstitucional; añade que la compañía ha violado los derechos de la consulta a los pueblos, donde ellos ni siquiera han llegado por la zona de influencia donde creen que está la concesión. “Nosotros como ciudadanía y autoridades vamos a exigir que no se inscriba ese título a nombre de la compañía Cumbaratza”, dice.

Al respecto James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, menciona que solicitan al Estado ecuatoriano y al Ministerio de la Minería que no inscriba una sentencia de un juicio que está mal dada.

Por su parte Paulina Tapia, representante legal de la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria (Asonambile), expresa que el problema con la minera Cumbaratza viene desde hace 30 años atrás, donde hubo un recurso de casación que dio la razón al pueblo, sin embargo hace un año la empresa minera pide 30.000 hectáreas, donde se ubican muchas zonas pobladas por barrios, parroquias y cantones. (WRSA)

Fuente:https://www.lahora.com.ec/zamora/noticia/1102178349/mineros-realizan-planton-en-contra-de-dictamen-favorable-a-empresa-minera-cumbaratza

Ecuador

Tribunal de Azuay ratifica fallo que suspende actividad minera del proyecto Río Blanco

El Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil del Azuay ratificó este mediodía el fallo de primera instancia en el proceso que seguía el Estado ecuatoriano en contra de las comunidades cercanas al proyecto minero Río Blanco.

Esto implica la suspensión de toda actividad minera en este campamento ubicado entre las parroquias rurales Molleturo y Chaucha.

El 1 de junio pasado, en la audiencia de primera instancia, el juez Paúl Serrano falló a favor de la comunidad y aceptó como principal argumento que la compañía minera china Ecuagoldmining South America S.A violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, dispuesta en el artículo 57, literal 7, de la Constitución ecuatoriana. Esta decisión fue apelada por el Ministerio del Ambiente.

Sin embargo, en el fallo emitido por escrito el Tribunal “niega la apelación y confirma la sentencia de primer nivel que acepta la acción constitucional por la vulneración del derecho del debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en la comunidad de Molleturo en relación al proyecto Río Blanco”.

Esta decisión fue calificada como histórica por los comuneros que desde el pasado lunes acamparon en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia a la espera de este fallo. Hoy, Elizabeth Durazno, habitante de la comunidad, consideró que este fallo es muy importante porque “se hizo justicia” y de a poco volverán a la tranquilidad, pues asegura que en los últimos años la compañía ha generado división entre la gente del mismo que sector y que en varias ocasiones se exteriorizaba con violencia.

 

El último caso registrado fue el presunto secuestro del presidente de la junta parroquia de Molleturo a manos de encapuchados que serían, según su propio testimonio, personas que están en contra del proyecto.

Sobre esta sentencia, el Ministerio del Ambiente analiza cual será el siguiente paso. Henry Troya, viceministro del Minería, reconoció vía telefónica que ya no es posible una apelación, pero pensaría en un posible recurso constitucional.

 

Según un informe de la empresa municipal de agua potable (ETAPA), hasta marzo de este año el 21,77% del territorio cantonal está destinado para la actividad minera; el 14, 81% está concesionado y el 6,96% está en trámite, esto significa 69.566 hectáreas. Por esto su gerente, Boris Piedra, calificó que la decisión de los jueces Edgar Morocho, Aurea Calderón y Rosa Zhindón es un triunfo “de la vida” porque «así se garantiza el derecho al agua para las próximas generaciones».

 

El proyecto minero Río Blanco comprende 5.708 hectáreas y está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chaucha, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay. Es un proyecto principalmente de oro cuya concesión pertenece a la empresa china Ecuagoldmining South America S.A. Se calculaba una producción diaria de 800 toneladas al día, por lo cual el proyecto está catalogado como mediana minería. Actualmente se encuentra en la fase de explotación y tendrá una vigencia aproximada de 11 años. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/nota/6888863/tribunal-azuay-ratifica-fallo-que-suspende-actividad-minera-rio-blanco

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Ciudadanos en contra de minería en Río Blanco se mantienen en vigilia a espera de sentencia de Corte Provincial

Ecuarunari anunció una movilización si no se suspenden

Ciudadanos y gremios en contra de la minería y a favor de proteger las fuentes de agua en el parque nacional de «El Cajas», se encuentran en vigilia a afuera de la Corte Provincial del Azuay en espera de la sentencia que la entidad emita sobre la suspensión de actividades en el precio Río Blanco. Yaku Pérez, abogado de las comunidades del Molleturo, aseguró que si la sentencia es a favor de la minera se convocará a una movilización.

Desde la mañana de hoy, 30 de julio varias personas se han apostado en las afueras de la corte con pancartas que dicen “Río Blanco resiste”, “somos agua carajo”, “Oiga mire vea el 22% del territorio de Cuenca concesioando”, “los jueces Edgar Morocho, Rosa Zhindón, Aura Piedad, también tomán Agua” y demás están en sitio donde están apostados los manifestantes.

Asimismo se anunció que a las 16h00 se presentó más amicus curiae a favor de la suspensión del proyecto minero en la Corte. El pasado lunes 13 de julio se realizó la audiencia de apelación a la suspensión de actividades de la concesión minera. En esta el ministerio de Minería y la Procuraduría General presentaron sus alegatos en la apelación.

Por su parte, el viceministro de Minería, Henry Troya aseguró que en la zona de influencia de Río Blanco no hay comunidades indígenas, esto ya que las comunidades que viven en esta zona aseguraron que no se hizo la consulta previa a las mismas sobre si aprobaban o no el proyecto minero en esta zona. Se espera que en las próximas horas o días ya se conozca la sentencia de la Corte. (BGV)

Fuente:http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818840456&umt=ciudadanos_en_contra_mineria_en_rio_blanco_se_mantienen_en_vigilia_a_espera_sentencia_corte_provincial

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Comunidades indígenas continúan denunciando actividades mineras en Ecuador

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), expresaron su preocupación y denuncia ante lo que consideraron la creciente actividad minera en Ecuador.
En un comunicado recalcaron que en el territorio de la comunidad de Sinangoe, en el noreste de la Amazonía ecuatoriana, se desarrolla una intensa actividad minera y ratificaron su «lucha en defensa de sus comunidades, los bosques y la vida». Según escrito, desde 2017 el Estado ecuatoriano otorgó 20 concesiones mineras inconsultas y más de 30 se encuentran en estado de tramitación. Denunciaron que estas actividades están provocando graves afectaciones a territorios ancestrales, lo que ha provocado «un cambio radical en sus formas de vida y amenazan con causar serios daños ambientales».
Las comunidades afectadas han censurado que las autoridades pertinentes no han dado respuesta a sus requerimientos: «Solamente ofrecimientos y promesas sin ninguna acción concreta de regulación ni remediación social, económica o ambiental», apunta el texto. Y ante la falta de respuesta, las comunidades indígenas han convocado la celebración de una Asamblea Comunitaria y un recorrido territorial para corroborar el daño provocado que, según estos colectivos, vulnera los derechos humanos y de la naturaleza.
De su lado, el Ministerio de Ambiente señaló en un comunicado que se ha mantenido un diálogo permanente con los dirigentes del pueblo Cofán Sinangoe, tanto en la capital del país, Quito, como en territorio. La institución indicó que se han mantenido varias reuniones, que han dado resultados «positivos para la gestión ambiental». Señaló que el Ministerio de Ambiente mantiene un Convenio de Uso y Manejo de Recursos para la Conservación y Manejo Ecológico del Territorio Cofán en el Parque Nacional Cayambe Coca.
El Ministerio agregó que su Dirección Provincial en Sucumbíos, ha realizado 13 inspecciones en territorio para identificar actividades ilegales, junto a otras instituciones, entre enero y junio del 2018. Añadió que la mencionada Dirección Provincial inspeccionó a la Concesión Minera Puerto Libre, determinándose incumplimientos a la normativa ambiental. Por ello, el pasado 16 de marzo suspendió las actividades mineras dentro de dicha concesión, además se les solicitó presentar un plan de acción para subsanar los incumplimientos determinados en las inspecciones.
Asimismo, enumeró que la Dirección Provincial inspeccionó a la Concesión Minera Properidad, determinándose incumplimientos a la normativa ambiental. El Ministerio recordó que en el marco de los acuerdos de participación entre con los dirigentes de la comunidad Sinangoe, se estableció la realización de patrullajes mensuales para identificar trabajos de minería ilegal en la zona, conjuntamente con miembros de la guardia comunitaria, y establecer redes de comunicación para alertar, en forma temprana las actividades mineras ilegales.

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/indigenas-denuncian-mineria-ilegal-comunidades.html

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Viceministro de Minería: En zona de influencia de Río Blanco no hay comunidades indígenas

Además, señaló que en un estudio antropológico que realizaron, se demuestra que no se guarda costumbres de manera ancestral en la comunidad

El viceministro de Minería, Henry Troya, explicó que en la normativa internacional se determina cuáles son los parámetros que se deben medir para identificar si una comunidad es determinada como indígena. El primero, dijo, es la autodeterminación, que según informó, el censo que se realizó identifica que el 93% de los ciudadanos que constan en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, se autodefinen como campesinos mestizos y no como indígenas.

Explicó que la sentencia de primera instancia suspende el proyecto Río Blanco, disponiendo que se realice consulta previa sobre comunidades campesinas mestizas. En segundo lugar, dijo, ordena la desmilitarización paulatina del proyecto minero y por último, se establece que la Defensoría del Pueblo haga el seguimiento al cumplimiento de la sentencia.

Mencionó que desde 1998 Ecuador está suscrito al Convenio 169 de la OIT, marco normativa internacional que determina el derecho de consulta previa libre e informado sobre las comunidades indígenas. En la Constitución de 2008, explicó, se amplía a comunidades montubias y afrodescendientes.

Anunció que en la normativa internacional se determina cuáles son los parámetros que se deben medir para identificar si una comunidad es determinada como indígena. El primero, la autodeterminación, que según informó, el censo que se realizó identifica que el 93% de los ciudadanos que constan en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, se autodefinen como campesinos mestizos.

El segundo componente es la propiedad sobre los terrenos ancestrales. Troya sostuvo que esto se demostró con escrituras certificadas en las que se evidencia que el dominio de las tierras pasó por varios propietarios mestizos.

“Además, el derecho es sobre comunas, comunidades pueblo y nacionales, pero los títulos de prioridad que se adjuntan denotan la propiedad de los campesino mestizos de manera unitaria, no comunal, nacional”, acotó.

El tercer punto, dijo, es el punto de vista antropológico, que fue adjuntado un estudio que demuestra que no se guarda costumbres de manera ancestral en la comunidad.

Sobre la desmilitarización del proyecto, explicó que antes de la sentencia de primera instancia ya se dio una toma “violenta” del campamento, que perjudicó inversión extranjera por sobre el medio millón de dólares. “Lo más grave es que se hurtó una cantidad alta de explosivos, que si detonaran, acabara con el radio del centro histórico de Cuenca”, expresó.

Por ello, considera que es una decisión “irresponsable” haber sentenciado que se desmilitarice la zona.

Además, le llamó la atención de la presión política y cómo se pretendió ejercer presión durante la audiencia. “Teníamos un alcalde, la propia defensora del pueblo, la viceprefecta, entre otros actores, tratando de presionar a los jueces por sentencia”, aseguró Troya.

Indicó que si se realiza minería es en beneficio de los ciudadanos. “Pensamos genera cerca de 25 mil fuentes de empleo con los proyectos estratégicos, uno de ellos, Río Blanco, así como inyectar USD $10 mil millones en cuatro años de Gobierno en flujo de caja fiscal. USD $4.500 millones en inversión extranjera directa, USD $370 millones en exportaciones y USD $1.300 millones en recaudación fiscal”, precisó.

En la planificación minera, dijo, se realizó con el ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua.

Aclaró que existen dos consultas establecidas en la Constitución: La consulta previa, libre e informada, que ordena hacer una consulta para comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afrodescendientes. En el caso de Río Blanco, dijo, en su zona de influencia, directa e indirecta, no hay este tipo de comunidades.

El otro tipo de consulta, expuso que se ordena a hacer consulta ambiental a todos los ciudadanos de las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos. “Este proceso se realizó 6 veces durante la vida del proyecto”, afirmó.

En 8 días, el juez debe tomar su decisión en este caso.

Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818840198

Ecuador

Sentencia sobre minería en Río Blanco estaría lista en una semana

El representante del ministerio de Minería indicó que el tema del proyecto Río Blanco tiene tintes políticos por la cercanía de las elecciones seccionales (2019).

 La sentencia de la audiencia pública de apelación sobre la suspensión de las actividades del proyecto minero Río Blanco, en Cuenca, provincia de Azuay, estaría lista en una semana, de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Según la disposición legal, el fallo deberá conocerse en ocho días contados a partir del 23 de julio, fecha en la que se realizó la audiencia, por lo que restarían siete días.

«Sin embargo, éste período de tiempo podría extenderse sin ninguna consecuencia jurídica», señaló el Ministerio de Minería en una nota de prensa.

El ministro de Minería subrogante, Henry Troya, acompañado de otras autoridades estatales, sostuvo en la diligencia que como Estado se garantiza que «no hay actividad minera en el Parque Nacional de El Cajas, ni ningún tipo de actividad minera que afecte las fuentes de agua”.

“Confiamos como Estado que tenemos la razón en derecho. Pero nos preocupa que este proceso tiene tintes políticos, considerando la cercanía de las elecciones seccionales”, afirmó por su parte el equipo jurídico del Ministerio de Minería.

El Estado ecuatoriano demostró que el proceso de Consulta Previa, libre e informada, que nace del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha sido recogido por la Constitución de la República, establece cuatro requisitos concurrentes para determinar la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas y la obligatoriedad del proceso de consulta previa.

Entre estos, están la autoidentificación de los sujetos, la posesión ancestral sobre un determinado territorio (a través del tiempo), la pertenencia a la comunidad (reconocimiento de la comunidad) y el mantener usos, costumbres y tradiciones propias.

Sin embargo, el Estado señaló que estos requisitos concurrentes no se cumplen en el caso de las comunidades mestizo-campesinasubicadas en el área de influencia del proyecto Río Blanco.

El último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) demuestra que las comunidades se autodefinen mayoritariamente como mestizos, hecho testimoniado por los representantes legítimos de las comunidades, al tiempo que no existe evidencia alguna de que se haya solicitado algún trámite para la declaratoria de tierras ancestrales legalmente reconocidas por el Estado.

Según la nota del Ministerio de Minería, durante la audiencia, en los exteriores de la Corte Provincial de Cuenca, se registraron actos violentos en contra de ciudadanos que apoyan la actividad minera responsable en la zona, pero la actuación de la Policía Nacional logró evitar mayores enfrentamientos.

En abril de este año, el Subgerente del proyecto Río Blanco, Xavier Sánchez, indicó a Andes que el proyecto minero se desarrolla fuera del Parque Nacional Cajas, a unos 5 kilómetros de esa reserva.

“No estamos dentro de áreas protegidas el proyecto de desarrolla bajo un plan de manejo que tiene como especial cuidado el agua que es una de las principales preocupaciones y observaciones que tenían las comunidades, la parroquia y la ciudadanía de Cuenca”, apuntó en esa fecha.

En este proyecto de mediana minería, ubicado en la parroquia Molleturo, la empresa concesionaria Ecuagoldmining S.A., de China, invierte en Ecuador 78 millones de dólares, aunque la inversión total se estima en 89 millones de dólares.

Fuente:https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/16/sentencia-rio-blanco

Ecuador

Resolución sobre el proyecto de minería Río Blanco genera expectativa en Cuenca

Representantes de varias organizaciones que están en contra y a favor de la actividad minera en el Azuay se dieron cita este lunes 23 de julio, en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia, para conocer de primera mano la resolución sobre el proyecto en Río Blanco.
La audiencia, que se desarrolla desde las 09:00, determinará si las labores de la empresa Lungding Golf Metals cumplen con los requisitos legales para seguir operando, luego de que el pasado 2 de julio en una primera instancia el juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, Paúl Serrano, determinó que no se había consultado a las comunidades.
María Cecilia Alvarado, viceprefecta del Azuay, en una entrevista en radio Tomebamba indicó que también será parte de la audiencia ya que presentó, a título personal, un recurso de amicus curiae mientras duró la fase de apelación.

“Presentaré toda la información que conocemos desde el Gobierno Provincial con la resolución del 2016 de no actividad minera en zonas protegidas y páramos, además sobre informes que conocemos en donde se evidencian una serie de inconvenientes que no han sido solventados”, detalló. Debido a la presencia de los manifestantes, las calles que rodean la Corte Provincial de Justicia, Luis Cordero, Benigno Malo, Presidente Borrero, Sucre y Presidente Córdova y Bolívar, han sido cerradas y el paso vehicular y peatonal está restringido. (I)

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/mineria-cuenca-justicia
Ecuador

María Cecilia Alvarado: «Gobierno está a favor de minera y contra comunidades del Molleturo»

Este lunes 23 de julio fue la audiencia de apelación a la suspensión de trabajos en el proyecto Río Blanco

María Cecilia Alvarado, viceprefrecta de Azuay se refirió a la audiencia de apelación a la suspensión de los trabajos mineros en el proyecto Río Blanco y aseguró que el Estado está a favor de empresa minera y en contra de los moradores del sector. «Es triste constatar realmente que las comunidades tiene que luchar contra a un Estado, que a través de sus ministerios y gobernación actual, no ha trabajado de manera neutral, sino en contra de los que están a favor del agua y en consecuencia a favor de la minera».

Aseguró que hay varios activistas a favor del agua que se han dado cita a las inmediaciones de la Corte Provincial del Azuay. “También están personas que vienen financiadas por empresa minera que se encuentran en hoteles para apoyar la causa. Asimismo se impide la llegada de personas de Molleturo hasta la ciudad de Cuenca”.

Alvarado asistió a la audiencia de apelación sobre la suspensión de actividades en el proyecto Río Blanco. “Yo presente una Amicus Curiae que lo hice en la fase de apelación. Intentamos que sea la Prefectura la que presentará el recurso y esto no fue posible. En este yo hablo de las cosas que conozco”.

La funcionaria aseguró que en este tema se presentó información desde el gobierno provincial. “Tenemos una resolución desde el año 2016 de no minería en fuentes de agua y está en parte de la ordenanza provincial, sobre el plan de Ordenamiento Territorial”.

Aseguró que en la entrega de licencias ambientales para que se permita el trabajo minero en Río Blanco hizo falta la consulta previa hacia los moradores de estos sectores que es una designación constitucional. “En este proceso las autoridades confundieron una audiencia pública que no es lo mismo que una consulta previa para dar paso al proyecto Rio Blanco. Así fue como se otorgaron las licencias para trabajar en Minería en este sector”.

“Esperamos que este proceso pueda influenciar a otros de los proyectos mineros”. Alvarado afirmó que es verdad que todo necesita de minería, “la minería en sistemas frágiles no es posible. Debería existir una decisión a nivel global donde el ser humano no busque destruir los recursos de agua”.

Cuestionó a las personas que están a favor de la minería en Azuay, “estas personas dicen que los proyectos se llevarán con transparencia y sin afectar al medio ambiente pero si ya vemos que desde el inicio no se hizo una consulta previa no podemos confiar. Nosotros como Gobierno Provincial hicimos una inspección y se pudo constatar que se han hecho perforaciones a menos de 50 metros de quebradas, que se han construido vías que se han abierto con material de relleno que provoca daños en la circulación del agua”.

“Estamos hablando de una concesión de cinco mil hectáreas donde parte está en zona de pajonal de reserva hídrica. Hay evidencia de no de una amenaza futura sino de riesgos actuales”, finalizó. (BGV)

Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818840122