Miembros del movimiento Unidad Popular (UP), antes Movimiento Popular Democrático (MPD), ayer entregaron en la Gobernación del Azuay un pedido de consulta popular sobre la minería en la provincia de Azuay.

Daniel Carbo, director de esta agrupación política en la provincia de Azuay, propone que en las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019 se incluya una papeleta para Azuay con una pregunta.

Esta es: ¿Está de acuerdo con prohibir la minería metálica en el territorio de la provincia de Azuay, sus páramos, ecosistemas, áreas de protección, conservación ambiental y fuentes hídricas?.

De acuerdo con Carbo, Lenín Moreno, presidente del Ecuador, puede hacer el llamado para consultar a la población dado que se trata de un tema de interés general.

Citó el artículo 61 de la Constitución del Ecuador que en cuanto a los derechos de participación garantiza que la ciudadanía pueda presentar proyectos de iniciativa popular normativa.

Actualmente en Cuenca hay tres proyectos de minería metálica, y uno de estos es Río Blanco, que está en fase de explotación. Está ubicado en territorio de las parroquias Molleturo y Chaucha. (CSM)-(I)

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/11/07/unidad-popular-piden-consulta-sobre-mineria-en-azuay/

Ecuador se enfrenta a una demanda esta semana por otorgar a las empresas mineras los derechos de exploración de un bosque protegido en una de las regiones con mayor biodiversidad del país sin consulta local.

Presentado por el gobierno local de Cotacachi, la demanda solicita que el tribunal regional ponga una orden judicial en todas las actividades mineras dentro de Los Cedros en el Valle Intag, una zona exuberante de ríos y bosques tropicales andinos

En las últimas décadas, el Valle de Intag ha visto algunas de las resistencias más feroces contra la minería en Ecuador, un país rico en oro, cobre y otros minerales.

Desde 2008, aproximadamente 1,8 millones de acres de bosques protegidos de Ecuador se han puesto a disposición para la exploración minera, según el Rainforest Information Center, una organización ambiental sin fines de lucro con sede en Australia.

El estado tiene el derecho de extraer minerales sin importar de qué tierra se encuentren, de acuerdo con la constitución y el plan minero nacional de Ecuador.

Sin embargo, la constitución requiere que el gobierno nacional consulte a las comunidades sobre “planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras”.

Las comunidades en la parroquia de García Moreno, donde se ubican Los Cedros y las concesiones mineras, no fueron consultadas antes de otorgar una licencia ambiental a las compañías, de acuerdo con la acción legal.

El ministerio de minería y la agencia nacional de minería ARCOM no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

Reglamentos de tierra

En dos casos históricos a principios de este año, los tribunales locales se unieron a las comunidades rurales e indígenas que argumentaron que el gobierno nacional no les informó antes de designar tierras en sus territorios para la explotación de minerales.

Un juez de la provincia de Sucumbíos, cerca de Colombia, prohibió la actividad minera en 52 concesiones, mientras que otro en la provincia sureña de Azuay detuvo una mina de oro y plata llamada Río Blanco, según informes de prensa.

Edgar Merlo , un abogado que ayudó a redactar la última demanda, dijo que los fallos envalentonaron a la administración de Cotacahi porque ocurrieron violaciones similares en Los Cedros.

La empresa minera nacional ENAMI está desarrollando las concesiones en Los Cedros en sociedad con la empresa minera canadiense Cornerstone Capital Resources.

El proyecto aún se encuentra en las primeras etapas de exploración y aún no utiliza equipos de perforación u otro equipo pesado, según Brooke Macdonald, directora ejecutiva de Cornerstone Capital Resources.

Los bosques protegidos de Ecuador están “abiertos a la exploración de minerales pero están sujetos a estrictos estándares y obligaciones ambientales supervisados ​​por el Ministerio de Medio Ambiente”, dijo Macdonald en comentarios enviados por correo electrónico.

Añadió que las compañías mineras están obligadas a remediar cualquier daño ambiental que pueda ocurrir.

La demanda presentada por el gobierno de Cotacahi dice que ENAMI ya está dañando el bosque protegido al tallar nuevos senderos en áreas habitadas por el oso andino en peligro de extinción, y al despejar el área forestal para campamentos mineros temporales.

La compañía minera nacional dijo en su sitio web que “no hubo desmonte de árboles en los proyectos mineros de Río Magdalena 1 y 2”, y que nombró las dos concesiones que se superponen con Los Cedros.

Macdonald dijo que “no se usa agua ni se cortan árboles” en la fase de exploración actual.

Pero la Fundación Thomson Reuters visitó el área en cuestión y descubrió un sitio de unos 100 metros cuadrados que había sido talado de árboles y vegetación para dar paso a un campamento minero temporal.

“Los Cedros es uno de los bosques mejor conservados de Ecuador, pero ya están viendo los impactos (de la actividad minera)”, dijo Cueva.

Para reparar el daño, los trabajadores de ENAMI plantaron árboles jóvenes en el área que despejaron, según Decoux.

ENAMI no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Legado de resistencia

En 2014, a pesar de las protestas de la comunidad, el Ministerio de Medio Ambiente le otorgó a ENAMI y al gigante chileno del cobre Codelco permiso para desarrollar un proyecto minero cerca de la ciudad de Junín en el Valle Intag.

La líder comunitaria de Junín, Rona Garson Piedra , una empleada del proyecto minero llamado Llurimagua, dijo que la agricultura solo paga alrededor de $ 250 por mes, aproximadamente dos tercios del salario mínimo de Ecuador.

En contraste, los miembros de la comunidad pueden ganar entre $ 800 y $ 2,000 trabajando en el proyecto minero, dijo.

“Nos dimos cuenta de que la agricultura, en años anteriores, nos dejó en bancarrota. Para nosotros tratar de transportar nuestros productos fuera de aquí y hacia los mercados en las ciudades más grandes es realmente difícil”, dijo Piedra a la Fundación Thomson Reuters.

Marcia Ramírez, pariente de Piedra que dirige un albergue ecológico en una reserva natural designada por la comunidad en Junín, dijo que ha perdido cinco empleados de las compañías mineras desde 2014.

“Casi todos somos familiares (en Junín) aquí, pero al comienzo del proyecto minero ya ni siquiera nos saludábamos”, dijo.

Codelco no respondió a las solicitudes de comentarios.

Contaminación del agua

El proyecto Llurimagua todavía está en la fase de exploración, pero sus impactos ambientales ya están saliendo a la luz, dicen los expertos.

Desde 2015, un colectivo independiente de 70 científicos y residentes locales ha estado siguiendo los niveles de calidad del agua en los arroyos y microcuencas que se ejecutan aguas abajo de Llurimagua.

Han documentado deslizamientos de tierra cerca de la actividad de exploración, así como niveles peligrosos de elementos químicos como arsénico, manganeso, cobre y molibdeno en las fuentes de agua.

“Esto es … muy preocupante (y) le da a uno el derecho de comenzar a cuestionar lo que sucederá una vez que las empresas comiencen a extraer”, dijo William Sacher , un académico de la Universidad Andina Simón Bolívar que lidera el colectivo.

Silvia Quilumbango , presidenta del grupo ambiental de Defensa y Conservación Ecológica de Intag, dijo que los agricultores en Intag usan pesticidas y otros químicos que se filtran en las fuentes de agua.

“Pero la contaminación de la extracción de metales es mucho más permanente (que la agricultura)”, dijo, y agregó que estaba trabajando para capacitar a más agricultores de Intag en prácticas de agricultura sostenible.

DeCoux dijo que la contaminación del agua es solo una de las razones por las que espera que los jueces otorguen una orden judicial sobre las concesiones mineras en Los Cedros.

“Ellos (las compañías mineras) tienen que construir senderos, tienen que construir caminos, tendrían que comenzar a arrancar el bosque para que esas plataformas de perforación lleguen hasta aquí”, dice. “Sería el final de esta prístina área”.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/11/en-ecuador-los-casos-judiciales-mas-importantes-desafian-los-proyectos-mineros/

Lago Agrio (Sucumbíos). El lunes 22 de octubre de 2018 se realizó en la Corte Provincial de Sucumbíos la audiencia de sentencia en la acción de protección solicitada por Defensoría del Pueblo y la comunidad A ́i Cofán de Sinangoe, en la cual se dictaminó revertir todas las concesiones que estaban operando y cancelar el otorgamiento de las nuevas concesiones.

Se reconoció la violación a los derechos colectivos de la consulta previa libre e informada, el derecho al agua y los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. Además, se ordenó la reparación de los impactos ocasionados y se dispuso que la Fiscalía y Contraloría, dentro del marco de sus competencias, realicen las investigaciones pertinentes.

Fueron meses de exigir justicia y reparación como parte de una demanda de acción de protección, en la que la comunidad A’i Cofan de Sinangoe denunció a cuatro ministerios del Estado ecuatoriano por la entrega inconsulta de 32.000 hectáreas a concesiones mineras en la zona de los ríos Cofanes, Chingual y Aguarico.

“Sinangoe está luchando por el bienestar de todos, no solamente para el pueblo A’i Cofán sino para todas las personas de la provincia de Sucumbíos, y las nacionalidades – A’i Cofán, Siona, Secoya y Kichwa y otros que nos estamos uniendo para defender los ríos. Esta victoria es un gran logro para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Seguiremos vigilando nuestro territorio y luchando para tener nuestro título de propiedad”, afirmó Mario Criollo, Presidente de la comunidad ancestral A’i Cofán de Sinangoe.

La sentencia del tribunal reconoce que la actividad minera, en cualquiera de sus fases, en las cuencas hidrográficas y en las inmediaciones de un área protegida, representa una amenaza directa y grave al derecho al agua, al territorio, a la consulta previa y a la vida de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y de las comunidades ribereñas al Aguarico. En su parte fundamental, la sentencia resolvió declarar vulnerados los derechos constitucionales en contra del pueblo A’I Cofán de Sinangoe.

Reconoció el derecho a que se respeten sus costumbres y formas ancestrales de vida lo que constituye una riqueza irremplazable; como es el derecho a una vida digna que garantice el medio ambiente biodiverso donde Sinangoe se ha sustentado, pero particularmente el derecho al agua. En consecuencia, se dejó sin efecto las concesiones mineras ya que ésta no afectaba únicamente al pueblo Cofán de Sinangoe, sino también a otros pueblos a las orillas del Aguarico. Por tanto, es obligación del Estado proteger estas zonas y por tal, prohibir la exploración, explotación y comercialización de oro en dichas áreas. Esta victoria representa un importante precedente para la comunidad de Sinangoe y para todos los pueblos indígenas de Ecuador que defienden sus territorios y su integridad del extractivismo.

Cabe mencionar que el reconocimiento de los ríos Cofán, Chingual y Aguarico como una zona hídrica protegida por parte de la agencia de SENAGUA refuerza la sentencia y la argumentación del caso, y representa un paso adelante hacia el reconocimiento y aplicación de los derechos de la naturaleza.

La comunidad agradece a todas las organizaciones y pueblos hermanos que apoyaron a Sinangoe en este proceso de lucha. Esta victoria es de todos y todas quienes tomamos parte en esta lucha.

Datos de contacto:

• Mario Pablo Criollo – Presidente de la Comunidad A ́I Cofán Sinangoe – 0991370756
• Alex Lucitante – Defensor de Derechos Humanos – 0999469780 – [email protected]
• María Espinosa – Abogada Defensora de la Comunidad de Sinangoe – [email protected]

Los moradores y productores de panela de la parroquia de Palo Quemado en Sigchos siguen molestos por la explotación minera que se desarrolla desde julio de 2017.

La minera La Plata ya está instalada en este sector y según los productores esto es un peligro para la producción de sus alimentos pues no conocen si existen los permisos correspondientes para este trámite.

Según Adolfo Ramírez, para tener legalidad, una empresa minera debe presentar un plan de contingencia tener requisitos del Servicio de Rentas Internas y todo al día, deben manejar la socialización, los temas ambientales, y las auditorias, lo que nunca se habría cumplido.

“Si hicieron varias charlas y conversaciones pero mientras lo hacían ya empezaron las explotaciones”.

La empresa realiza la explotación minera de metales y no metales, por ello deben tener presentado un proyecto impacto ambiental y hecha la socialización del mismo.

Actualmente la entidad ya esta en proceso de explotación en la zona y los productores de panela aseguran que esto puede afectar la venta de la panela y sus derivados, los que actualmente cuentan con el sello verde por cero contaminación.

Juan Castro, productor de panela comentó que el proceso para obtener la licencia verde tardó varios años y no se ha pensado en los efectos que la minería podrá tener en la producción del cantón.

“Lamentablemente no hay nada que  podamos hacer ya vamos un año pidiendo que no se explote pero el daño ya esta hecho”, añadió. (NA)

Fuente:https://www.lahora.com.ec/cotopaxi/noticia/1102191714/mineria-causa-molestias-en-sigchos

En algunas playas de Ecuador la arena ya no solo se combina con el mar, sino que también lo hace con retroexcavadoras y volquetas. El país tiene cinco provincias con salida al océano Pacífico: Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Guayas y El Oro. En todas, menos en Santa Elena y El Oro, se explora o se ha iniciado la minería metálica.

De acuerdo con el mapa catastral de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), existen ocho concesiones de extracción metálica en zonas de playa donde se busca principalmente oro, hierro y titanio. De ellas, la que más conflictos y noticias han generado son El Ostional Bloque 1 ─que según el mapa de Arcom extrae sílice─ y El Mirador ─que explota hierro y titanio─, inscritas desde 2002 y 2014, respectivamente. Ambas concesiones mineras se encuentran en el sector Playa Negra de Mompiche, provincia de Esmeraldas, en el norte del país.

Lo que hace atractivas estas playas es su componente metálico, sus arenas ferrosas que hacen referencia a la ilmenita, un sólido rocoso compuesto por hierro y titanio. La mayor o menor concentración de este y otros minerales dependerá de tres factores, de acuerdo con una investigación de 2014 de la Escuela Politécnica Nacional: los ríos que desembocan en la costa, la erosión causada por las olas y el cruce de corrientes sobre antiguas plataformas fluviales.

Tras años de polémica, tanto al Ostional Bloque 1 como a El Mirador les suspendieron sus permisos en 2017. La resolución del Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) fue diferente para ambos casos: a El Ostional lo suspendió temporalmente “basados en la prohibición de las labores extractivas de recursos en áreas protegidas”; mientras que en El Mirador, sin dejar claros los motivos, “se encuentra en la actualidad, prohibida las actividades de extracción”.  Esa es la versión oficial que le brindó el MAE a Mongabay Latam.

Meses después del cierre de esas operaciones, la comunidad y organizaciones como Acción Ecológica se movilizaron. La fundación presentó una denuncia ante el Ministerio en noviembre pasado y organizó un plantón en Quito. Del otro lado, Santiago Moreno, un operador turístico de la zona, recuerda que en octubre también presentaron “ante el Ministerio de Minas una acción para la caducidad y revocatoria de las concesiones”. El pedido fue aceptado, se reconocieron las firmas, pero para Moreno el proceso legal “avanza muy lento”.

Mongabay Latam le solicitó información al Ministerio de Minería del Ecuador sobre las observaciones que en un inicio se hicieron en el lugar para aceptar la explotación y las que vinieron después para retirarlas, así como también sobre la posibilidad de que estas concesionarias reiniciaran sus actividades. Sin embargo, más de un mes después, no se ha obtenido respuesta por parte de la entidad.

A pesar de que en teoría las suspensiones siguen vigentes, Fabián Herrera, quien tiene su empresa de camiones de carga establecida en Ibarra y es dueño de la concesión minera del proyecto El Mirador, asegura lo contrario: “lo extraño de esto es que hace poco voy a Arcom para que me den un certificado de que estoy suspendido y me dijeron que no estoy suspendido, que puedo seguir trabajando”. Asegura que quedó sorprendido y cree que esto ha sido una “burla” a su negocio. Según dice, no piensa retomarlo hasta que las autoridades le den las garantías necesarias.

Herrera no puede precisar el valor que tuvo que cancelar por su concesión El Mirador, pero asegura que conseguir la licencia ambiental le llevó un año en “burocracia” porque tuvo que “tocar puertas”. Afirma que fueron muchos informes e inspecciones realizados para que ahora decidan por “presiones de un grupo de turistas extranjeros”, suspender la concesión.

Situaciones como la anterior son las que le generan desconfianza a Santiago Moreno sobre las suspensiones declaradas de manera no definitiva: “Sabemos que los concesionarios aún mantienen personal que les ayudan dentro de las instituciones, aunque sea para dilatar el proceso”, resalta el propietario de una iniciativa turística, que divide su tiempo entre Quito y Esmeraldas.

En el centro, como protagonista de estas resoluciones que no terminan de encajar ni de un lado ni del otro, está la problemática ambiental que tomó fuerza en el 2012. En ese año nació la recolección de firmas realizada en Change.org para detener la extracción de hierro y titanio de las dos concesionarias. “Estos proyectos de extracción cuentan con ‘amigos’ en los gobiernos locales y por eso de forma impune pretenden acabar con nuestros recursos naturales”, dice parte del texto titulado Salvemos a Playa Negra ¡NO más extracción de arena!

¿Cuál es el interés en estos metales? De acuerdo con la experiencia de Herrera lo vital es el óxido ferroso, un componente que le otorga dureza al cemento. Adicionalmente, el hierro va dirigido a carros, tubos, postes y maquinarias; mientras que el titanio ya procesado suele utilizarse para implantes dentales, materiales quirúrgicos, material de blindaje, carrocerías ligeras, submarinos, turbinas de aviones y hasta cohetes.

Proyectos rodeados de áreas protegidas y sensibles

Hay otra gran concesión que preocupa en Mompiche. La Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M es una entidad binacional que domina el área. Fue fundada en 2010 por los presidentes Rafael Correa (Ecuador) y Hugo Chávez (Venezuela) y desde el 2011 se encuentra en exploración para la extracción de oro, que es como está declarado en el mapa de Arcom, a pesar de que en su página web se lee que extrae hierro y titanio.

Solo para este proyecto binacional están destinadas 4032 hectáreas distribuidas entre las parroquias San Gregorio, Bolívar y Muisne, limitando al norte y oeste con el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne. Paradójicamente, esta área protegida es rica en minerales por lo que son grandes los intereses mineros a su alrededor, que a su podrían generar presiones sobre ella, o en ella, como indican algunos expertos.

“La formación de depósitos de arenas ferrosas se suelen dar en áreas protegidas, en zona de manglar, en zonas turísticas”, explica Rosa Eras, analista de la Subsecretaría Zonal del Ministerio de Minería. Por eso no es raro que, además de la mina binacional, en esa misma zona se concentren cuatro concesiones adicionales de minería artesanal y que tres estén en trámite de autorización.

Esa preocupación por la convivencia entre ecosistema y concesiones también se expone en el peritaje desarrollado por la organización Acción Ecológica sobre el impacto de la extracción de arenas ferrosas por parte de las concesiones Ostional Bloque 1 y El Mirador. El documento establece que la actividad minera se encuentra fuera del polígono otorgado por la Arcom y que afecta la protección y regulación de los ecosistemas. Según el estudio, Playa Negra de Mompiche “está en la zona de amortiguamiento de la Reserva Marina Galera-San Francisco” (al norte de las concesiones mineras), por lo que justifican la urgente detención de toda actividad extractiva en el área.

Sobre la situación actual de Playa Negra de Mompiche, el MAE le manifestó a Mongabay Latam que se está analizando la factibilidad de ampliar el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne sobre la zona afectada por minería, el cual además se ubica al sur de la Reserva Marina Galera-San Francisco. Consideración que se debate desde noviembre pasado y que a opinión de Fabián Herrera, como titular de minería artesanal en el proyecto El Mirador, es solo “una jugarreta para parar las concesiones”.

El ‘boom’ de la arena ferrosa

 

El auge de los negocios enfocados en la arena ferrosa inició sigilosamente en 2008. En ese año, por ejemplo, se intentó explotar hierro, titanio y vanadio en Cojimiés (Manabí). La empresa Fierroinca S. A., creada en 2006 y disuelta en 2013 ─según la Superintendencia de Compañías de Ecuador─, tenía la concesión en sociedad con la compañía australiana South American Iron and Steel Corporation Limited (SAIS). En el 2010 Fierroinca volvió a manifestar su interés en extraer hierro de Ecuador, aunque esta vez aprovechando el dragado de ríos, sobre todo los que llegan a los puertos de Esmeraldas y Guayaquil, ubicados al norte y sur del país.

Así como crecieron las ofertas para explotación minera también se sumaron nuevas denuncias: en 2010, habitantes de Puerto Cayo, Manabí, denunciaron extracción irregular en la zona;  en el 2013, una carta publicada en el diario El Comercio alertó sobre el mismo tipo de minería en Don Juan, una playa de la misma provincia. “Volquetas y maquinaria pesada están desde esta semana excavando y transportando arena negra de la playa, perjudicando enormemente el ambiente y los negocios turísticos de la zona”, decía el denunciante anónimo.

Sin embargo, estos proyectos que causaron intranquilidad, incluido el de Cojimíes, desaparecieron ya ni siquiera aparecen en el Mapa Catastral Minero de Arcom. Lo que sí hay en Manabí son dos concesiones de minería artesanal en los cantones Pedernales y Jama que buscan oro al borde de los balnearios. Lo mismo ocurre en la provincia de Esmeraldas, como ya se ha mencionado a lo largo de este artículo, eso sí, en una proporción mucho mayor. Ahí los permisos mineros están en los sectores de La Tola, Tonchigüe y Mompiche.

De estos, el que menos ha prosperado es el de La Tola. La maquinaria se detuvo por falta del recurso esperado. “La concentración de hierro en la magnetita —piedra cristalizada— tiene que ser entre el 85 % al 90 %”, dice Marcia Pinanjota, ingeniera de Minas, quien hizo un diseño de explotación de esta área como tesis de grado. A pesar de que en un inicio La Tola fue explorada por la empresa australiana SAIS, la concesión fue entregada a la Empresa Nacional de Minería, ENAMI EP, entidad creada por decreto ejecutivo del Gobierno en 2010.

Como ya se ha dicho el hierro y el titanio son ‘imanes’ para este tipo de empresas, al ser recursos valiosos que se han dejado ‘reposar’ largo tiempo en Playa Negra. El Banco Mundial señala que la tonelada métrica seca de hierro equivale a 66,1 dólares, es decir, que en seis toneladas habrá un salario básico ecuatoriano. Según el Banco Central del Ecuador (BCE) esto ha representado, entre 2013 y julio de 2017, la entrada de 713,12 millones de dólares al país.

En cuanto al valor del titanio, no hay mucha información. Sin embargo el portal MetalMiner  permite tener una referencia pues calcula que la tonelada de titanio cuesta 56 085.5 en Estados Unidos. Esto significa que es 848 veces más caro que el hierro.

Marcia Pinanjota es consciente del alto costo de minerales como el titanio, pero también de los altos riesgos de explotarlo. Aclara que no se trata solo de sacar la arena y dejar un hoyo en la playa, sino que “el 70 % de todo ese material va a regresar, porque solo se sacan los minerales preciados: hierro y titanio”.

Por su parte, Fernando Félix, biólogo marino y fundador del museo de las Ballenas, explica los efectos nocivos de esta minería en la playa: “más que afectar la composición del suelo, la extracción de arena ocasionará erosión en la línea de costa, poniendo en riesgo infraestructuras como casas, edificios y carreteras que estén cerca de la playa”.

Las consideraciones de Félix van en la misma línea del estudio de la organización Acción Ecológica.

Esta fundación pudo constatar que la extracción afecta a alrededor de 1500 personas que viven en comunidades aledañas, sin contar que la playa es visitada para surfear y para la práctica de otros deportes acuáticos. Se calculó la existencia de 40 locales gastronómicos, 6 bares y 45 alojamientos y, según sus análisis, el comercio turístico se encuentra en crecimiento.

El mar, la pesca y la biodiversidad

 

Pero este no es el único sector que sufriría daños si la minería sobre arenas ferrosas continúa con su expansión. De acuerdo con una investigación del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) en 2014, se plantea “lo perjudicial para las pescas tradicionales y comerciales ante la destrucción de la fauna de los fondos acuáticos”.

Cuatro años después del informe de la UNEP, los pescadores de la zona experimentaron esa realidad. Wellington Angulo, es uno de ellos y vive a un kilómetro de Playa Negra en Mompiche. Él fue testigo de cómo la maquinaria en la playa ahuyentó a los peces de la zona porque “el mar se volvió bravo” durante la extracción. Mientras el ingreso económico de las mineras crecía, el de los pescadores bajaba.

“La marea entonces empezó a sacar arena de un lado para rellenar en la otra área”, explica Angulo al referirse al intento del mar por equilibrar la cantidad de arena dentro del ecosistema. Aquella anormalidad es descrita por el estudio de la UNEP como uno de los efectos de la minería de arena, considerando que tras la explotación pueden darse cambios en los flujos del agua y corrientes marinas.

La afectación en la marea, aunque no es de lo más tangible en esta sucesión de problemas y reclamos, no es algo que deba ser ignorado. Su cambio se suma a otras consecuencias que Acción Ecológica menciona en su informe, donde deduce que la remoción de arena reduce el hábitat de la tortuga Carey y una variedad de cangrejo negro.

El biólogo marino Fernando Félix concuerda con esto y presenta diferentes ejemplos de especies costeras afectadas por la minería en arena. En primer lugar, dice, está la destrucción del hábitat de los cangrejos que viven dentro de la arena y “procesan la materia orgánica que queda en la superficie, incluyendo la proveniente de basura y animales muertos”. Las aves playeras también se ven perjudicadas pues se reduce su espacio de alimentación. Finalmente, hay riesgo para los nidos de las tortugas marinas que se encuentran en la parte superior, “pues si no hay la pendiente natural no podrán llegar a poner los huevos en la parte alta de la playa”.

De hecho, el MAE le aseguró a Monagabay Latam que “las actividades realizadas por las concesiones mineras sin duda han ocasionado cambios en el ambiente”. Y, aunque insisten en que por eso se han suspendido las operaciones de las mineras en Playa Negra de Mompiche, sus propios informes de inspección, elaborados por técnicos de la Dirección Provincial de Esmeraldas, “no han determinado la anidación de tortugas, por tal razón, no se puede corroborar dicha información”. Lo único que sí se pudo confirmar con estas inspecciones fue el hallazgo de piezas arqueológicas en el sitio.

Aunque se hayan suspendido algunas concesiones para minería en arena y otras estén en la mira de las autoridades ambientales, lo más probable es que cada vez aparezcan más conflictos entre comunidades, medio ambiente e industria extractiva en Ecuador, pues la apuesta del país por diferentes formas de minería es conocida. Por ejemplo, la fecha clave para la minería metálica es 2016, antes de ese año el área de explotación era de 790 000 hectáreas, equivalentes al 3 % del territorio ecuatoriano, después las concesiones se multiplicaron hasta cubrir 3 693 000 hectáreas, lo que se traduce en el 13,19 % de la superficie, según un estudio realizado por el Rainforest Information Centre en enero de 2018.

Los periodos de explotación que contempla la misma Ley de Minería le dan larga vida a esta actividad una vez se otorga la licencia, pues alcanzan un plazo de hasta 25 años con opción de renovación. En el caso de Mompiche los tiempos son extensos, aunque por ahora están en el limbo: 260 meses para el Ostional Bloque 2, 300 meses para la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre o hasta 360 meses en el caso de la Ostional Bloque 1. Cada uno de estos proyectos se encuentra en diferentes fases: ya sea en exploración, explotación o suspendida, sin embargo, cuentan con los permisos en regla para extraer, de acuerdo con el ARCOM. Dentro de esos plazos las maquinarias seguirán conquistando la arena y lo más probable es que la playa espere por nuevas exploraciones.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/09/mineria-en-playas-de-ecuador-areas-protegidas/.

En la última década Ecuador ha visto cómo se han multiplicado exponencialmente las concesiones mineras en su territorio, especialmente en la Amazonía y la cordillera del Cóndor ─una cadena montañosa entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con amplia biodiversidad y un alto grado de endemismo─. Esto ha venido preocupando a las comunidades que habitan en esta región pues la Amazonía ecuatoriana es hogar de un gran número de pueblos indígenas y áreas protegidas, donde casi el 84 % del territorio cuenta con algún grado de protección (los territorios indígenas abarcan el 57,45 % y las Áreas Naturales del Estado ocupan un 26,17 %).

Las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en el sureste de Ecuador cuentan con gran parte de su territorio concesionado a la minería, donde las mayoría de proyectos se encuentran en etapa de exploración inicial. Algunos datos llaman la atención: las concesiones mineras corresponden al 30 % de la superficie total las provincias mencionadas y gran parte de estas concesiones se sobreponen a la Cordillera del Cóndor. En el caso de Morona Santiago, el 90 % de las concesiones están sobre territorios indígenas.

Mirador es un proyecto minero a cielo abierto que se realiza en esta región de Ecuador. Es el más avanzado de todos los que se están proyectando en el país y está a cargo de la empresa de capital chino Ecuacorriente SA (ECSA). Actualmente se encuentra en etapa de construcción y busca extraer concentrado de cobre durante un periodo de 30 años, para luego exportarlo a China y ser procesado en el país asiático.

La mina de cielo abierto también pretende extraer en menor medida metales como plata y oro. Se prevé la extracción de 19 440 000 toneladas de roca al año y abarca una superficie de 9928 hectáreas en 11 bloques. Al momento se ha firmado contrato para la explotación de dos de estas áreas.

Recientemente el proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) reveló un análisis con bases en imágenes satelitales donde se muestra como durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017,  ya se han deforestado 1307 hectáreas de bosque. Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, le dijo a Mongabay Latam que lo que ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”, dice.

Obligados a vender

 

Para tomar posesión del territorio concesionado, la empresa ECSA inició la negociación y compra de predios campesinos. Sin embargo, no todos los titulares estuvieron de acuerdo con las negociaciones por lo que la empresa realizó servidumbres ─la empresa a través de una orden judicial compra o toma en préstamo el terreno por un valor determinado por las autoridades─, y posteriormente solicitó al Estado que realizara el desalojo de las propiedades de aproximadamente 32 familias, ya que ambos mecanismos están contemplados en la actual Ley de Minería de Ecuador.

Lo que agravaría la situación es que, según Mazabanda, no se realizaron consultas previas en las comunidades afectadas por Mirador. “La Constitución prevé la consulta ambiental (derecho de la ciudadanía en general) y la consulta previa (para poblaciones indígenas). Ambas poblaciones están presentes en la zona de influencia del proyecto Mirador y ninguno de los trámites se realizó. El Estado no cumple adecuadamente con el derecho a la consulta previa y esto se repite en proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos. Lo que se llega a realizar, en el mejor de los casos, es la denominada socialización donde suele participar la empresa con autoridades del Estado y en la que básicamente solo se promociona el proyecto, hablando de los beneficios económicos y sociales que traería a la zona”, cuenta el experto de Amazon Watch.

Líderes de la asociación Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) han manifestado que hablar de los beneficios hace parte de la consulta previa, pero que también es necesario hablar de los impactos ambientales, sociales y culturales con base en estudios independientes y quién debería realizar este tipo de procesos es una institución del Estado que no tenga parte en el proyecto. “Si no es así se le quita legitimidad a las socializaciones”.

De acuerdo con Mazabanda, los principales impactos ambientales en Mirador están relacionados con la deforestación pues hay más de 1300 hectáreas deforestadas relacionadas con la apertura de las vías y con las escombreras ─depósitos donde ponen los desechos que salen al construir el cráter de la mina─. “Al deforestar esta área en una zona de alta pluviosidad como es la Cordillera del Cóndor, este suelo desprovisto de protección es arrastrado hasta las fuentes hídricas como el wawaime que lleva las aguas al río Quimi, el cual está a orillas de las comunidades de la parroquia Tundayme. Se causa un impacto a la población  campesina que depende de estas aguas para sus actividades agropecuarias pero ya no las pueden utilizar. Mucho menos pueden pensar en consumirla”, dice.

Pero va más allá. Según cuenta, estos impactos irán creciendo a medida que avance la mina. Sobre todo aquellos relacionados con la contaminación de las aguas subterráneas con sustancias tóxicas, lo que se denomina drenaje ácido de roca. “Esto acidifica las aguas ya que los materiales de desechos al entrar en contacto con la superficie generan una combinación química que producen metales pesados que con las lluvias van a filtrarse a hacia las fuentes hídricas. Habrá destrucción del hábitat de animales y plantas en una zona de alto endemismo como es la cordillera El Cóndor”.

Y no solo esto. Mazabanda es enfático al afirmar que la empresa promedia una extracción de 54 000 toneladas diarias de roca y de estas solo 572 serán transformadas en concentrado de cobre. “Hay más de 53 000 toneladas que son desechos (99 %) y solo el 1 % de lo extraído sería utilizado. ¿Vale la pena?”.

Minera sancionada

 

El Ministerio del Ambiente suspendió, en mayo de 2018, el 40 % de las obras en el proyecto Mirador por incumplimientos ambientales, sin embargo, según lo reporta MAAP, los pobladores siguen siendo presionados para vender sus predios bajo la amenaza de futuros desalojos.

El ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, le dijo en una entrevista al diario El Comercio de Ecuador que las inspecciones son permanentes porque la historia de incumplimientos de la empresa minera es de hace mucho tiempo, en los planes de manejo ambiental aprobados y correspondientes a las fases de explotación y beneficio y que hay observaciones que vienen desde el 2016. “La empresa no ha hecho caso, hemos dado plazos para el cumplimiento de las observaciones y nos hemos visto obligados a cerrar algunas de las actividades que no han cumplido con los temas ambientales. Hay irregularidades en la apertura de vías que genera problemas en los cuerpos de agua por sedimentos; inadecuado manejo y funcionamiento de las piscinas de sedimentación; mal manejo de escombros y cobertura vegetal. También hay inadecuado manejo de desechos sólidos de los campamentos. Algunas obras y actividades no cuentan con los permisos respectivos”.

Al respecto, el vicepresidente de la minera ECSA, Shen Qihong, dijo en su momento que las obras observadas por el Ministerio son de servicio y que al principio tenían un diseño preliminar y en ese aún no habían considerado esas obras, razón por la cual no fueron incluidas en estudio de impacto ambiental que presentaron.

Qihong le dijo a finales de mayo de este año al diario El Universo que de las 31 observaciones realizadas 17 ya habían sido resueltas y de las otras 14 seguían dialogando con las autoridades. Si la suspensión se mantiene ─como ha sucedido hasta el momento─, el directivo dijo que se podrían afectar las fechas de terminación de obras, además de los 1000 empleos que se han generado a través de contratistas.

A pesar de esto, Carlos Mazabanda de Amazon Watch, asegura que la comunicación con la empresa ECSA es prácticamente nula. “Ha habido denuncias de organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en la zona. Sobre estas denuncias la empresa tiene un total hermetismo, no hay un pronunciamiento, ni defensa, ni muestra de posición al respecto. Ha utilizado esta estrategia desde siempre. No hablan sobre estas denuncias”, comenta. También agrega que los que salen a hablar son instituciones como el Ministerio de Minería o la Agencia de Regulación y Control Minero, quienes, además, tienen una campaña sobre minería responsable donde “hacen ver que todos estos temas de contaminación ambiental y social son desinformaciones con intereses de por medio”.

La preocupación de organizaciones como Amazon Watch y de las mismas comunidades es que se vienen otros proyectos muy grandes como el San Carlos Panantza que, está ubicado sobre territorio Shuar y que según la información que se tiene hasta el momento tendrá el doble de la magnitud de Mirador.

Finalmente, una de las principales críticas de Mazabanda es que al parecer el Ministerio del Ambiente no está pudiendo tener una posición que garantice los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas. “Más bien todo lo contrario, en algunos momentos fungen como garantes de que se realice la actividad. Esto sucedió en el norte de la Amazonía con una empresa minera que está dentro del territorio Cofán Sinangoe. La actitud del Ministerio fue de no realizar consulta previa porque supuestamente no hay una evidencia de que los pueblos afectados sean pueblos indígenas”. Eso muestra la debilidad de la institucionalidad del Estado frente a los intereses mineros y en esa misma medida la conflictividad social que se está dando en todos estos proyectos podrían agravarse mientras vayan avanzando en las diferentes fases.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/08/la-deforestacion-del-proyecto-minero-mirador-en-el-sur-de-la-amazonia-de-ecuador/

Veinte años después de iniciada la resistencia frente a la explotación minera en su territorio, las comunidades de Intag, ubicada en la provincia de Imbabura, al norte de Quito, vuelven a unirse en contra de un proyecto que amenaza a este valle y sus zonas aledañas. Esta vez, la lucha es en contra del proyecto minero Llurimagua a cargo de la empresa estatal Enami EP y la compañía chilena Codelco, para la explotación de cobre y molibdeno. “La gente se alarma cuando se da cuenta que es el 80 % del territorio el que está concesionado y que solo una o dos comunidades se escapan de estas concesiones”, asegura Carlos Zorrilla, director Ejecutivo y fundador de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) y habitante del lugar. “Hay riesgo en la zona”.

En 2014, Enami entró a Intag armada de un operativo militar y policial de más de 400 efectivos, cuenta Zorrilla. Esta ocupación terminó con varios moradores arrestados y tres meses de “invasión”. Entre los detenidos estaba el reconocido activista Javier Ramírez, de la comunidad de Junín. Para los pobladores, el ingreso fue controversial y, sobre todo, tuvo un efecto profundo y debilitador en la lucha por Intag. “La ocupación fue un shock”, dice. Es así que hoy el proyecto Llurimagua se encuentra en fase de exploración avanzada, ya se han realizado 90 perforaciones en el lugar y hay denuncias de que Enami EP y Codelco han pedido una extensión a sus actividades preliminares para cerca de 95 perforaciones más. Por su parte, la minera chilena Codelco ha mencionado que el proyecto prevé remover 1500 millones de toneladas de material y de este solo el  0,5 % es cobre, es decir, cerca de 7,5 millones.

Para el 2017, el 70 % de los 2200 kilómetros cuadrados de Intag estaba concesionado. Hoy ya 90 000 hectáreas de la zona están concesionadas o se encuentran en proceso. “Se están entregando tierras sin consultar y esto es inconstitucional. Están haciendo las cosas ilegalmente y ellos lo saben”, dice José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi. “Pero tienen todo el aparato estatal a su favor”, afirma Cueva, quien añade además que el Ministerio del Ambiente (MAE) aprobó la licencia ambiental para operar basándose en un estudio realizado por un contratista de las empresas mineras.

Sin embargo el gerente de la Enami EP, Carlos De Otero, asegura que en el lugar donde se encuentran no hay resistencia de las comunidades. “El proyecto se hace en beneficio de la comunidad y del Estado ecuatoriano”, dice el titular de la empresa minera estatal y explica que en la zona ya se puede ver el impacto positivo de la inversión minera sobre todo a través de los 300 empleos directos que ha creado. Además, asegura que las actividades que ahí se desarrollan se han hecho con una base técnica y promoviendo buenas prácticas ambientales. Por su parte, el Ministerio de Hidrocarburos ha informado sobre el apoyo de 35 comunidades luego de que el proyecto fuera socializado por la empresa minera estatal.

El valle de Intag se asienta en la cuenca del río Intag y parte del río Guayllabamba. Con siete parroquias y más de 100 comunidades, Intag limita con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas ─la mayor reserva protegida del occidente ecuatoriano─ y abarca cerca de 60 000 hectáreas de bosques primarios conservados, entre bosques protegidos y reservas comunitarias, donde una de las más importantes es la Reserva Comunitaria de Junín. Cueva explica que de esta extensión, 40 000 hectáreas corresponden a zonas frágiles en proceso de degradación y que deben ser recuperadas. “Es una zona bastante crítica en términos ecosistémicos”, asegura Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad y esto se debe a que en esta zona confluyen dos biomas sumamente importantes a nivel mundial: los bosques del Chocó del noroccidente de Pichincha ─considerado un hotspot por organizaciones de conservación internacional─  y los Andes Tropicales ─la región más biodiversa del planeta pero también la más amenazada─. Además, explica que la carga húmeda que viene de la costa ha logrado que toda esta zona se llene de bosques húmedos y de neblina. “Aquí en los Andes, cada valle es una isla en términos de biodiversidad”.

Intag no se queda atrás. Allí se pueden encontrar una variedad de anfibios como los arlequines (Atelopus varius), los  jambatos (Atelopus ignescens) y otros que desaparecieron por el cambio climático, hasta el redescubrimiento del atelopus longirostris dentro de la concesión minera. “Esta es para mí la especie símbolo del valle del Intag”, dice Prieto. En cuanto a las aves, Intag guarda una de las pavas más típicas de los bosques nublados del noroccidente, la aburria pipile, que hace parte de la lista roja de la UICN y de los listados de riesgo nacionales. También hay tucanes de montaña (Andigena laminirostris) y los gallitos de peña (Rupicola peruviana). Allí también se encuentra uno de los últimos refugios de los osos de anteojos (Tremarctos ornatus); además del tapir de montaña (Tapirus pinchaque), el mono araña (Ateles fusciceps) ─el más amenazado a nivel mundial─, el mono aullador (Alouatta seniculus) y el mono capuchino (Cebus aequatorialis). La zona está llena de orquídeas, flor de mayo (Plumeria rubra) y palma de ramos (Ceroxylon spp) ─una de las más vulnerables a la deforestación─. “En cuanto a la variedad de peces, Intag es tal vez el último refugio de un pez conocido como Prenadilla”, su nombre científico es astroblepus hubidai, es endémica de Imbabura y el río Intag es uno de los pocos afluentes donde aún vive esta especie.

Una pelea por el agua

 

Las comunidades de la zona ya han detectado impactos ambientales severos, resultado, según ellos, de las actividades de exploración del proyecto Llurimagua, sobre todo en cuanto a la calidad del agua. Con el apoyo del investigador William Sacher, de la Universidad Andina Simón Bolívar, 35 comuneros de Intag y 35 científicos realizaron un monitoreo participativo del agua en la Reserva Comunitaria de Junín, la cual detectó una alta concentración (más de 600 %) de sólidos solubles en el agua. El estudio mostró que el río Junín tiene altos niveles de metales pesados como arsénico, manganeso y zinc ─los cuales son peligrosos para la salud humana y animal en altas concentraciones─, una coloración marrón en el agua de las Cascadas Gemelas desde el 2016 y contaminación crónica de las fuentes de agua del lugar luego que se destaparan los pozos que dejó hace años la minera japonesa BishiMetals.

También hay impactos sobre la biología del agua. “Se detectó que, en Junín, gran parte de las especies de macroinvertebrados que vivían ahí ya no están. No hay un manejo adecuado de la hidrología del lugar”, explica José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi. Por su parte, Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad, dice que a pesar de que el daño pueda ser mínimo, si el área es crucial para el caudal hídrico del valle del Intag, la afectación es catastrófica. Pero De Otero asegura que el estudio de impacto ambiental realizado por la Enami EP de momento no ha tenido observaciones en cuanto al impacto ambiental, ni arrojó resultados de contaminaciones. “Las comunidades están en su derecho de hacer estudios pero deben ser rigurosos, deben tener un rigor científico”.

Como resultado, y para intentar proteger su territorio de las actividades extractivas mineras, las poblaciones han tenido que levantar alternativas, en su mayoría ligadas al desarrollo de actividades económicas tradicionales al lugar. “Las comunidades deben tener un discurso que apunte a que ellos pueden generar tantos recursos como la minería”, opina César Padilla, Coordinador del OCMAL. El problema es que lo que ellos generan tiene una valoración económica baja y dirigida a mercados locales o nacionales poco valorados. Además, Padilla explica que la minería intensifica el conflicto por bienes comunes como el territorio, la energía y sobre todo el agua, usada en grandes cantidades por las empresas mineras, pero devuelta contaminada a las comunidades.

“La minería es una industria sedienta por el agua”, asegura Padilla. Sin embargo, la lógica que usualmente se usa para medir el aporte económico de esta actividad no toma en cuenta lo que destruye durante su operación, es decir, se priorizan las dinámicas financieras frente a la afectación de espacios naturales. Una distorsión que para el coordinador del OCMAL permite que muchos técnicos digan que la minería tiene un aporte más fuerte que las actividades de los habitantes de la zona. “La minería es una imposición. No hay comunidades que estén apostando al desarrollo de actividades extractivas para resolver sus problemas locales”, asegura Padilla. A pesar de ello, los habitantes de Intag han desarrollado alternativas en la producción de café de altura, jabones, productos de cabuya, de luffa ─planta cuyo fruto provee una fibra natural con la que se hacen productos de belleza tipo esponjas─ y el desarrollo del ecoturismo, entre otras. Más de 13 000 personas en Intag viven de la agricultura y la ganadería.

Sin embargo, la preocupación es latente, en especial porque se dice que se utilizarán nueve fuentes de agua para las nuevas perforaciones que Enami EP y Codelco quieren realizar. “No hay quien controle a estas empresas”, dice Zorrilla. Otro tema que preocupa es el de licencias ambientales, que debería detallar el efecto de la extracción en la zona y su mitigación. “Lastimosamente son zonas muy frágiles y no ha habido una consulta previa y correcta con la gente. Deben dejar participar a la gente en el proceso como veedores”, explica Prieto. Otro punto que saca a relucir el oficial del INABIO es que poco se dice del efecto de las fases de exploración dentro de las zonas frágiles, como los bosques de Junín, poniendo en duda la protección de estas zonas que no son parte del Sistema de Áreas Protegidas (SNAP). Prieto menciona que vincular a las áreas protegidas como las únicas de extrema importancia en biodiversidad no es necesariamente el sistema más efectivo, ya que hay zonas frágiles y poco muestreadas como el caso de la cordillera occidental donde se encuentra Intag.

Hasta el momento, las comunidades han denunciado que 41 bosques protectores se han visto afectados por el proceso minero. Se identificaron también 288 especies en la zona que están en lista roja de la UICN. “Son joyas biológicas. Así sean parte o no de áreas protegidas, no deben entregarse a la industria más destructiva del planeta”, dice Zorrilla.

El Contralor del Estado, Pablo Celi, visitó el proyecto Llurimagua y junto a un equipo de auditores efectuaron un examen especial del área minera. En un comunicado, la oficina de control estatal explicó que durante la visita los funcionarios visitaron las Cascadas Gemelas de donde tomaron muestras de piedras que mostraban sedimentos. “Los técnicos señalaron que se deben determinar las causas de estos sedimentos de manera técnica. El ente de control dispuso un peritaje para resolver científicamente este tema”, explica el comunicado. Celi también se reunió con líderes y representantes de zonas aledañas en la comunidad de Junín quienes expresaron su preocupación por las actividades de exploración avanzada que allí se realizan. Pero Carlos De Otero, el titular de la empresa estatal minera que lleva el proyecto, insiste en que las comunidades aplauden la presencia de Llurimagua en la zona y que además “aplaudieron la visita de la Contraloría, ente que de alguna forma garantiza la ejecución del proyecto para que se lo lleve a buen puerto”.

Histórica resistencia en Intag

 

José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi, recuerda que la resistencia de estas comunidades forzó ya la salida de dos multinacionales. “Todo empezó en la década de los 90, enfrentando a una empresa japonesa conocida como BishiMetals” luego de que la comunidad se opuso al resultado del primer estudio de impacto ambiental que contrató la compañía. “El estudio se hizo con base en la proyección de una mina pequeña pero ya se hablaba de la deforestación masiva de 4500 hectáreas”, cuenta Cueva. “Hablaban de cambio de clima local y desertificación, concentración de metales pesados en el agua como plomo y arsénico, una concentración 10 000 veces mayor a la actual”. Además, se pronosticaba una afectación a la reserva Cotacachi-Cayapas y la reubicación o desplazamiento de cuatro comunidades. Luego de este episodio, también llegó la empresa canadiense Ascendant Copper con una estrategia fuerte de separación de la comunidad y según comenta José Cueva, incluso con el ingreso de paramilitares. Con la salida de esta empresa y la aprobación del mandato minero en el 2008, “la gente estaba esperanzada”.

La lucha en Intag empezó en esa época con tan solo siete caseríos, asegura Gloria Chicaiza, de la organización Acción Ecológica. “En ese momento era un David versus Goliat”, y desde ahí se irradió una mayor oposición a través de una serie de iniciativas políticas. La activista además explica que Intag es como varias de las comunidades rurales del Ecuador, tienen un remanente de personas con valores de resistencia que se han ido tejiendo a través de los tiempos y que han persistido. “Se heredó una lucha. Javier Ramírez, el reconocido activista que fue detenido en 2014, es hijo de gente que estuvo en la resistencia”. Su madre fue parte de la resistencia desde el inicio y su padre fue asesinado debido a su fuerte oposición minera.

En cuanto a Codelco, Padilla explica que la empresa ha seguido el modelo del resto de las multinacionales: “vender” su proyecto a las comunidades y grupos de interés con un discurso de generación de empleo, minería sostenible, política de puertas abiertas, aporte a la economía nacional y local, y protección de medio ambiente. “Naturalmente esa estrategia está condenada al fracaso”, y ahí, dice el experto es cuando las empresas piden al Estado que garantice el derecho adquirido de su participación en las concesiones mineras, la inversión, y sus derechos sobre determinados yacimientos a través de concesiones. “Implica criminalización, represión, limitación de derechos para finalmente lograr que se desarrolle esta actividad que, en la mayoría de los países, está definida como de interés propio”, asegura Padilla.

Documentos muestran que la empresa chilena Codelco ha sido además investigada en su país por contaminación ambiental en algunos de los lugares donde opera y por presunta violación de derechos humanos. Tan solo en América Latina, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha registrado 250 conflictos mineros y 150 casos de criminalización de defensores de la tierra en los últimos diez años. El  reporte de la organización Global Witness consideró al activismo antiminero como una de las actividades más peligrosas en términos de defensa durante 2017.

A pesar de todo, desde los bosques y ríos de Intag, los comuneros de este valle siguen luchando por proteger su territorio. “Perdemos nuestra humanidad si no lo hacemos, por eso no nos rendimos. Tenemos la ética de nuestro lado para seguir luchando”, asegura Zorrilla desde el bosque nublado.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/09/mineria-en-el-valle-de-intag-ecuador/

La resistencia histórica a la imposición del proyecto de minería metálica Río Blanco en zonas de páramos y territorios de las comunidades de Molleturo, obtuvo una nueva victoria judicial al ratificarse la sentencia de primera instancia otorgada por el juez Paúl Serrano el primero de junio de 2018 con la cual se declaraba la vulneración al Derecho Fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada a pesar de que los Ministerios de Minería y Ambiente insistían en que se habían realizado socializaciones y que eso bastaba; y por lo tanto se ordenó la suspensión del proyecto minero hasta que la consulta sea realizada (siendo esta medida la reparación al Derecho vulnerado).

Sin embargo, el Ministerio de Minería y la Procuraduría General del Estado apelaron dicha sentencia, y en la audiencia de apelación su discurso giró hacia el argumento de que esas comunidades no son susceptibles de la Consulta Previa pues no son comunidades indígenas. Tras la audiencia de apelación, el 23 de julio de 2018, se organizó por parte de las organizaciones sociales y comunidades de Molleturo una vigilia, la cual consistía en un campamento permanente frente a la Corte Provincial de justicia hasta que fueron notificados/as con la sentencia.

La decisión del tribunal de la Sala de lo Mercantil y lo Civil de la Corte Provincial del Azuay, a más de ratificar la sentencia de primera instancia, revoca la medida de reparación (realizar la consulta) pues esta ya no podría ser previa, sin embargo, valida los resultados de la pregunta 5 sobre minería de la Consulta Popular de febrero de 2018 convocada por Lenín Moreno, en la cual más del 68% de la Población de Molleturo se manifestaba a favor de la prohibición de la minería metálica.

Esta sentencia significa la última instancia en via ordinaria y aunque el gobierno ecuatoriano podría presentar una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional, a esta no le corresponde manifestarse sobre el fondo del asunto, si no una revisión formal, precautelando que el Debido Proceso no haya sido vulnerado. Al sol de hoy, las personas de las organizaciones y comunidades se encuentran a la espera de la ejecutoría de la sentencia y que esta quede en firme para su cumplimiento.

Fuente: Voces Ecológicas

Movimientom4.org

Un grupo de mineros afectados por el fallo que la justicia ecuatoriana emitió a favor de la Empresa Minera Cumbaratza, realizó un plantón en el parque central de la ciudad de Zamora para reclamar sus derechos.

Wilmer Espinoza, presidente del Gobierno Parroquial Rural de San Carlos de las Minas, del cantón Zamora, indica que el último domingo tuvieron una asamblea en el mencionado sector, donde acudieron 400 personas aproximadamente.

Espinoza señala que van a presentar un amparo de protección, debido a que lo hecho por la empresa es inconstitucional; añade que la compañía ha violado los derechos de la consulta a los pueblos, donde ellos ni siquiera han llegado por la zona de influencia donde creen que está la concesión. “Nosotros como ciudadanía y autoridades vamos a exigir que no se inscriba ese título a nombre de la compañía Cumbaratza”, dice.

Al respecto James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, menciona que solicitan al Estado ecuatoriano y al Ministerio de la Minería que no inscriba una sentencia de un juicio que está mal dada.

Por su parte Paulina Tapia, representante legal de la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria (Asonambile), expresa que el problema con la minera Cumbaratza viene desde hace 30 años atrás, donde hubo un recurso de casación que dio la razón al pueblo, sin embargo hace un año la empresa minera pide 30.000 hectáreas, donde se ubican muchas zonas pobladas por barrios, parroquias y cantones. (WRSA)

Fuente:https://www.lahora.com.ec/zamora/noticia/1102178349/mineros-realizan-planton-en-contra-de-dictamen-favorable-a-empresa-minera-cumbaratza