Autor: Redacción La Hora.ec Conflicto Relacionado: Llurimagua-intag
Varias irregularidades se evidenciaron ayer durante la lectura del informe borrador con resultados preliminares del examen especial realizado por la Contraloría General del Estado al proyecto minero Llurimagua, que se encuentra a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami-EP). La investigación se realizó durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.
De la lectura del informe participaron autoridades, funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Minería, de Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero, Empresa Nacional Minera, y entidades relacionadas. Durante más de dos horas y media se dio lectura a las novedades encontradas. Moradores de las comunidades Junín, Chalguayacu Alto, Cerro Pelado y Barcelona también se hicieron presentes en los exteriores, para con carteles expresar su rechazo a la minería en la zona de Íntag.
Novedades
Fue el 28 de noviembre de 2011, cuando la Enami-EP, y Codelco firmaron el convenio de exploraciones mineras, dentro de este se establecía que se debe constituir una empresa de economía mixta, un 51% de las acciones para Enami y el 49 % correspondientes a Codelco; sin embargo, tras las investigaciones realizadas por la Contraloría se evidenció que hasta el 31 de diciembre de 2017 no se realizaron acciones correspondientes para constituir mencionada empresa.
Además se indicó que el Ministerio del Ambiente (MAE), el 16 de diciembre de 2014, otorgó la Licencia Ambiental a Enami-EP para la fase de exploración avanzada de minerales metálicos de la concesión minera Llurimagua en un área de 700 hectáreas, sin contar con la información completa. El estudio aprobado por el MAE, no incluye aspectos relacionados con la alimentación y nutrición.
Agua
Con respecto al recurso hídrico, se determinó que el mencionado estudio no contiene caudales reales del río Junín y de la quebrada Chiriyacu. Además se indicó que estos estudios no permiten identificar el estado del agua y del suelo, previo a la ejecución del proyecto.
Se cuestiona la no realización de la Consulta Previa tal como lo estableció la Corte Constitucional. En el informe de participación social elaborador por el MAE, consta que la Consulta Previa no es aplicable a Llurimagua.
Además, de acuerdo al informe, en los afluentes de agua se evidencia concentraciones de metales pesados, que superan los límites permitidos. Se indicó que no se cuantificaron valores de presencia de plomo, zinc, entre otros elementos disueltos en el líquido vital.
También se indicó que la Enami incumplió con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, un total de 60 árboles de más de 10 centímetros de diámetro fueron talados para la construcción de la trocha y de las plataformas de exploración. La empresa estatal no contó con la autorización del MAE.
Igualmente se especificó que la Enami, no se registró como una empresa generadora de desechos peligrosos especiales. Fue en el 2017 cuando recién se entregó el registro, pero sin solicitar el informe de regulación al Municipio de Cotacachi. Adicional a esto se cuestiona que la Enami no coordinó la elaboración de un plan de conservación de la microcuenca del proyecto Llurimagua, mismo que no fue entregado a la Secretaría del Agua. También se indicó que la empresa estatal, hasta diciembre de 2017, no presentó el certificado de no afectación a cuerpos de agua. Fueron 544 días sin realizar gestiones para obtener el documento.
Por otro lado se detectó que las instalaciones temporales de captaciones de agua no contaban con medidores de flujo de agua; del mismo modo se puso en evidencia que Enami utilizó agua sin autorización entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017. Además se cuestiona a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), por no haber realizado inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones. Entre otras fueron las novedades encontradas en la auditoría realizada.
Los auditores de la Contraloría General del Estado, dijeron que el borrador del informe que fue leído ayer, es un documento que no constituye un pronunciamiento oficial ni definitivo de la Contraloría; podría ser modificado, con los aportes que se realicen. De acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, cualquier información explicativa o documentos justificativos que los asistentes o vinculados con el examen, deseen presentar, lo realizarán dentro de cinco días.
Comuneros
Carlos Zorrilla, ambientalista de la zona de Íntag, al finalizar la lectura, manifestó “es espantoso ver cuantas leyes violaron, fue muy impactante. La Contraloría hizo un trabajo impresionante y muy completo. Desde hace mucho tiempo hemos denunciado una y otra vez que el Ministerio del Ambiente y Arcom son cómplices del crimen contra la naturaleza y los atropellos en las comunidades”, resaltó.
Por su parte, Jorge Guachagmira, dijo que el pedido que realizan como comuneros es el retiro definitivo de Enami y Codelco de la zona de Intag. Entre tanto Javier Ramírez, comunero del sector, dijo: “al menos ahora se ha puesto énfasis en nuestras peticiones y denuncias que hemos hecho, lo que hemos denunciado queda evidenciado en lo que investigó la Contraloría”.
Por su lado, Santiago Chamorro, subsecretario de Minería, zona 1 junto a Fernando Benalcázar, viceministro de Minería, tras escuchar el informe abandonaron las oficinas de la dirección provincial de la Contraloría sin dar su versión respecto a este tema. (EOCF)
El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé conocer este lunes la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ratifica la consulta popular en el cantón Girón (Azuay) para permitir o rechazar la actividad minera en Quimsacocha.
En el pleno del CNE se “ratificará o modificará” la pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsakocha?, indicó el vocal Luis Verdesoto, quien dice que esta consulta no representará un riesgo para el futuro de proyectos mineros estratégicos: “Lo que se juega es la especificidad del criterio de una comunidad respecto de una obra de desarrollo específica y puntual, en donde debe primar la decisión de los actores locales sobre una obra de desarrollo”.
Así 15.363 electores de tres parroquias de Girón recibirán una octava papeleta en los comicios del 24 de marzo.
Según Verdesoto la campaña para promover el Sí o el No se podrá hacer «libremente», sin inscripción previa en el CNE, pero solo estarán autorizadas a hacerlo las habitantes de la zona.
El proyecto Loma Larga o Quimsacocha es operado por la empresa canadiense INV Minerals. El potencial estimado de la mina es de 1.86 millones de onzas de oro; 10,5 millones de onzas de plata; y 73,6 millones de libras de cobre. (I)
Para el concejal de Girón Fausto Ávila es importante que la población se pronuncie y adelantó que armarán estrategias para que la gente tome conciencia de que “esta actividad pone en riesgo las vertientes naturales y el agua”.
Para el presidente de la Cámara de Minería del Azuay, Patricio Vargas, la pregunta es “sesgada” y advirtió que apelará su contenido, aunque la decisión del TCE es la última instancia.
Otro proceso se suma a los comicios seccionales y a la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El próximo 24 de marzo del 2019, tres parroquias del cantón Girón, en Azuay, deberán pronunciarse en torno a las actividades mineras en el Sistema Hidrológico Quimsacocha.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que 15 363 electores recibirán una papeleta adicional el día de las votaciones. José Cabrera, consejero del organismo electoral, aseguró este martes, 22 de enero del 2019, que el plebiscito se realizará en seis recintos electorales.
Un total de 46 Juntas Receptoras del Voto del cantón azuayo entregarán una papeleta más a los votantes, con la siguiente pregunta:
¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha?
El proceso de consulta se inició en agosto del 2015, cuando el CNE calificó 1 571 firmas presentadas por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón. Posteriormente, el proceso pasó a la Corte Constitucional (CC), entidad que debía dar el dictamen de constitucionalidad, pero no se pronunció al respecto durante tres años.
El 19 de noviembre del 2018, el entonces CNE transitorio aprobó un informe de recomendación, para que se realice el plebiscito. Desde entonces, representantes del sistema comunitario acudieron varias veces al pleno del organismo electoral para que se concrete la consulta popular. En Quimsacocha se concesionó el proyecto minero Loma Larga, a la firma canadiense INV Metales. Tras la exploración, se halló un cuerpo mineral de oro, plata y cobre.
El 29 de noviembre de 2018, la empresa minera canadiense INV Metals (TSX: INV) publicó los resultados del Estudio de Factibilidad para su proyecto de oro, cobre y plata Loma Larga en Kimsakocha, Ecuador. El comunicado de prensa de la empresa y la presentación corporativa sobre el estudio comunican un sentido inquebrantable de apoyo local para el proyecto y un compromiso con la protección del agua y el medio ambiente.
Candace MacGibbon, CEO de la compañía y 5% accionista, declaró en el comunicado de prensa de la compañía que:
Loma Larga es uno de los cinco proyectos mineros estratégicos identificados por el Gobierno de Ecuador y será el próximo proyecto de desarrollo minero a gran escala que se financiará y se permitirá en el país … Con el sólido apoyo demostrado del gobierno ecuatoriano y las comunidades locales circundantes. En Chumblin, San Gerardo y Victoria del Portete, INV Metals planea hacer avanzar agresivamente el Proyecto con el objetivo de comenzar las obras a principios de 2020, con el objetivo de lograr la primera producción de concentrado de oro a finales de 2021.
Traducciones de ambos documentos corporativos circularon entre las comunidades alrededor de Kimsakocha y en la cercana ciudad de Cuenca. La confianza percibida de la compañía para lograr una «licencia social» para operar fue recibida con gran preocupación por las organizaciones locales y regionales.
Fausto Loja, Presidente de las Juntas de Agua del Pueblo (Centro) Cantón Girón, desacredita la campaña de la compañía refutando con vehemencia las afirmaciones de la compañía:
No es verdad que estemos de acuerdo con la mineria. Las comunidades de Girón no estamos de acuerdo en lo que está diciendo la empresa minera, porque no han existido asambleas con toda la difusión libre e informada para que el pueblo sepa la verdad de lo que va a pasar. Yo estoy caminando por las comunidades y sobre todo los mayores no quieren la minería. Si tenemos que dar la vida porque tenemos hijos… nietos ña daremos, pero la minera no entrará en nuestras comunidades.
Las comunidades han estado involucradas en una fuerte resistencia de oposición a la mina durante casi dos décadas, y aún así, a pesar de sus mejores esfuerzos, continúan enfrentando «movimientos agresivos» por parte de la compañía para avanzar en el proyecto.
Comunidades dijeron “no” de forma repetida
Para los residentes locales que viven alrededor de la mina propuesta, existe mucha confusión y frustración acerca de por qué el proyecto continúa avanzando a pesar de que se han movilizado persistentemente en sus comunidades y en las urnas para oponerse al proyecto.
Líderes locales como Manuel Rigoberto Sánchez Fajardo, el Presidente de la Junta de Agua de Riego Río Portete se niegan a aceptar la posición de la compañía, destacando el compromiso de su organización para crear conciencia sobre los peligros de la minería y promover una Visión de protección de la vida.
La empresa minera no puede asegurar jamás que todos estamos de acuerdo, nunca nos han consultado; desde el 2000, venimos luchando sabiendo los estragos que causa la explotación minera. Sabemos que andan diciendo que hay gente que apoya la minería y a cambio de que? No dejaremos que ellos entren, no meteremos las manos en los bolsillos, tenemos que seguir incentivando y motivando al pueblo para conservar nuestras aguas sagradas.
En numerosas ocasiones, los residentes locales y regionales han rechazado la minería. Hace apenas diez meses, en febrero de este año, las comunidades en la región de Kimsakocha votaron abrumadoramente en oposición mayoritaria a la minería de metales en un referéndum popular. Cuando se les preguntó si estaban a favor de enmendar la Constitución ecuatoriana para prohibir, sin excepción, la minería de metales en todas sus fases en áreas protegidas, áreas «intangibles» (áreas de importancia cultural) y centros urbanos, residentes de la provincia de Azuay (la provincia donde se encuentra Loma Larga) votó a favor de prohibir la minería (72% en general, y mayor en los cantones de Girón, Cuenca y San Fernando).
Según José Virgilio Ramón Quezada, Presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, están atrapados entre una roca y un lugar difícil que intenta defender su agua:
Las comunidades de Girón no estamos de acuerdo con la minería, la prueba es que, en la consulta popular a nivel nacional en la pregunta sobre minería, el 81% del pueblo de Girón dijo “no” a la minería. Debemos decir que nadie nos ha consultado para darles la concesión, la tierra es nuestra. Nunca nos consultan nada… por eso nosotros luchamos para que se dé la consulta y la minera se vaya. Los gobiernos esperando las supuestas regalías y para nosotros la catástrofe, lo que nos que a es el derecho a la resistencia art. 98 y lo haremos respetar.
Las preocupaciones sobre el agua son fundamentales para la defensa de la vida de las personas en oposición a la mina
El agua siempre ha sido un punto central de preocupación para la oposición local a la mina. Muchas personas dependen del agua, en las zonas rurales y en la ciudad de Cuenca, para forjar sus medios de vida como agricultores y como habitantes de la ciudad solían beber agua directamente del grifo.
El proyecto propuesto fue determinado en 2016 según el Informe Pericial hecho por el estimado ingeniero de minas James Kuipers como un gran riesgo irreparable para las regiones de cuencas hidrológicas de las tierras altas ecológicamente sensibles denominadas “páramos” debido al alto contenido de arsénico del mineral y la incapacidad de las operaciones mineras para contener el flujo del agua.
Según Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo, Secretario de Los Sistemas Comunitarios de Agua Cantón Girón,
Tenemos claro que la minería causaría destrucción total en los páramos donde nacen más de 600 fuentes de agua en el cantón Cuenca provincia del Azuay, consecuente con esto somos comunidades netamente agrícolas y ganaderas; por esto venimos en resistencia más de 17 años.
Y, las comunidades temen lo peor por sus futuros. Para ellos, no vale la pena el riesgo:
La minería es algo que perjudica a las comunidades sobre todo con el agua, que se contamina con los tremendos químicos que usan en la minería y luego votan al agua. Nadie está de acuerdo con la minería… sabemos que en otros países la minería deja todo infértil, vacío, desvían el agua y le dejan sin rumbo… aquí sería una sequía total en las comunidades de Girón, tendríamos que irnos de aquí. No a la minería si a la vida. El oro no se come. La minera no pasará. (Mery Cumandá Quintanilla Hurtado, President, Canal de Agua Celata-Santa Marianita-La Cofradía y San Juan de Pambabel)
Sin embargo, en estos resultados recién publicados (ver Presentación corporativa, 29 de noviembre de 2018), la compañía señala que la descarga de la mina se desviará de la cuenca de Cuenca para garantizar que el suministro de agua de la ciudad no se vea afectado por las actividades de la mina.
El colectivo ambientalista urbano de Cuenca, Yasunidos Guapondelig, refuta las afirmaciones de la compañía. Para los residentes de Cuenca, el problema no es simplemente un problema con el lugar donde enviarán los efluentes de la mina, sino el hecho de que habría efluentes. La organización señala que una auditoría ambiental de la compañía de agua potable de la ciudad concluyó que el proyecto Loma Larga afectará negativamente “la calidad y la cantidad de agua del río Yanuncay, de cuyo caudal se abastece la planta de agua potable de Sustag. Por eso motivo, el consejo de la ciudad declaró el territorio de Cuenca libre de minería metálica en 2017, al igual que el consejo de la provincia del Azuay en 2016.”
Yasunidos considera que los informes más recientes de la compañía son un intento explícito de «dividir a las personas en ciudadanos de primera y segunda clase dependiendo del lugar donde viven», señalando que la afirmación de la compañía «es repudiable desde todo punto de vista. Los derechos de las poblaciones del otro lado de la cordillera nos importan tanto como nuestros derechos. Estas declaraciones de INV están cargadas de engaño y discriminación.”
¿INV tiene la confianza suficiente para … intentar bloquear un proceso de consulta popular?
El 19 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador resolvió que se realizara un proceso de consulta popular en el cantón de Girón. La empresa está disputando la decisión.
El 10 de diciembre, el INV presentó una apelación al Tribunal Electoral para revocar la decisión del Consejo Electoral. Dada su insistencia en el consenso de la comunidad a favor del proyecto, es curioso que la compañía no quiera un proceso de consulta en la región donde afirman tener claramente un fuerte apoyo de la comunidad.
Para Johnny Tapia, la oposición de la empresa al proceso de consulta es clara:
Estamos planteando la consulta para que no se de la minería en el proyecto Loma Larga – Kimsakocha…ahora la minera INV quiere impedir a todo costo, para que el pueblo no se pronuncie.
Pero, a pesar de los mejores esfuerzos de la compañía, las comunidades no se rendirán
Esta lucha, que ya tiene casi dos décadas, ha cobrado un precio en los cuerpos de las personas, en sus actividades económicas y en sus relaciones sociales. Sin embargo, aún tiene que socavar el compromiso de la gente de defender su territorio y el agua de la que depende una gran parte del país. Sus declaraciones son inspiradoras y hablan por sí mismas:
Mientras la minería aceche nadie duerme tranquilo porque acecha la muerte. Nuestras comunidades están despiertas unidas y decididas a morir si es preciso. pero la minería no entrara en nuestro cerro sagrado de donde viene nuestra agüita para tomar, para nuestros huertos, nuestra comida, nuestros animales, nuestra vida. Estamos unidas todas las comunidades de Tarqui, Victoria de Portete, Girón y Cuenca. Y hasta las autoridades no quieren la minería porque es muerte. Estos mineros que vienen a destruir nuestras vidas, nunca podrán entrar en nuestras comunidades a menos que nos maten.
Diana Quesada, Presidenta, Escuela Agroecológica de Kimsakocha
Vigilamos sigilosamente que nos saquean, que no nos contaminen. La primera cuchillada a la Pachamama despertara la furia indígena en defensa del agua y la vida. Los territorios son sagrados para los pueblos y no entraran los mercaderes de la ambició y codicia. Kimsakocha es el símbolo de la resistencia en le Ecuador.
ECUARUNARI, Confederación Kichwa del Ecuador
El brillo de oro y que salta ala vista los bolsillos de los extractivistas no pasará en Kimsakocha. Nada aniquilara las fierezas de las montañas y lagunas. La Pachamama es mas poderosa que la ambición de los Mercenarios del oro. no descansaremos en la lucha y resistencia contra lo saqueadores, La defensa del agua es la defensa de nuestras vidas.
CAOI, Coordinadora Andina de Organizaciones
Debemos también denunciar los riesgos que corren los dirigentes a nivel personal y familiar por estar al frente de la resistencia a favor de la vida, de los páramos, del agua. No estamos de acuerdo con la forma de manipulación y división que hace la empresa con nuestros pueblos, tratando de comprar conciencias a las personas vulnerables a cualquier precio. La minería jamás entrará en nuestras tierras, ya que la defenderemos derramando nuestra sangre por que es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos.
Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo, Secretario Sistemas Comunitarios de Agua Cantón Girón
Autor: Carlos Zorrilla , Decoin.org Conflicto Relacionado: Llurimagua-intag
Este sábado y domingo pasado, 12 y 13 de enero, campesinos y campesinas de varias comunidades aledañas al proyecto minero Llurimagua en Intag finalmente se hartaron, y bloquearon el acceso funcionarios de la empresa estatal minera del Ecuador, ENAMI, y del Ministerio de Medio Ambiente, quienes son los encargados de socializar con las comunidades un estudio de impacto ambiental excepcionalmente defectuoso.
La socialización busca legitimar la expansión del proyecto minero en Junín a otras 701 hectáreas, en su mayoría en bosques primarios y secundarios, donde la subsidiaria ecuatoriana de Codelco ha explorado desde 2015 y provocado importantes impactos sociales. y ambientales.
Aparte de la presencia de unos cuatro policías, la pacífica medida fue evidenciada por la Defensora del Pueblo de Imbabura, Katherine Andrade.
Como se puede ver en su declaración a continuación, las comunidades denuncian la farsante socialización del Estudio de Impacto Ambiental y están más unidos que nunca en no permitir que la empresa ni el gobierno ingresen a sus territorios para socializar dicho estudio.
Es notable resaltar el apoyo solidario recibido a los compañeros en resistencia de parte de una nutrida delegación de la Parroquia de Cuellaje, liderado por su presidente, José Garzón quienes alegraron la resistencia con su presencia..
SECTOR DE CERRRO PELADO-BARCELONA, ZONA DE INTAG 12 DE ENERO 2019
A LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE EJECUTAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO LLURIMAGUA, EN LA ZONA DE INTAG, CANTÓN COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA, Y AL PÚBLICO EN GENERAL:
Las campesinas y campesinos de este sector productivo y hermoso del Ecuador, ejerciendo nuestro derechos Constitucional a la Resistencia, queremos expresar lo siguiente:
Que nunca hemos sido consultado sobre si deseamos o no la minería en nuestros territorios según la Constitución y Tratados Internacionales, incluyendo la Declaración de Escazú; y por tanto consideramos el proyecto Llurimagua ilegítimo e ilegal.
Estamos unidos más que nunca en nuestro rechazo al proyecto minero Llurimagua impuesto violentamente en contra de nuestras voluntades, y que, desde 1995 hemos venido rechazando en todo tipo de reuniones, foros, asambleas cantonales y comunitarias, y medidas de hecho como la de hoy día.
Escuchen bien: YA BASTA!
Estamos hartos de la prepotencia de las empresas y los gobiernos de turno y fuerza pública que en vez de defender al pueblo, en vez de defender la soberanía alimentaria, el agua y las tierras fértiles, y nuestros bosques y ríos; en fin en vez de defender la VIDA, defienden a los intereses transnacionales, atropellando derechos humanos y de la Pachamama.
Consideramos una farsa total la socialización de un documento de más de 1.500 páginas con información dado el corto plazo que les dan a las comunidades para estudiarlo y poder comentar, y por el hecho que no nos dan copias impresas para llevarlas a nuestros hogares.
A las autoridades de SENAGUA y Ministerio del Ambiente: exigimos que antes de que consideren permitir a las empresas dañar otros bosques y fuentes de agua puras, que primero se nos consulte de buena fe, y que se investigue y se sancione las claras violaciones a las leyes y regulaciones ambientales del país, de responsabilidad de la subsidiaria de la transnacional CODELCO
Comunidades indígenas y campesinas han ganado varias batallas judiciales contra las industrias extractivas pero aseguran que esas decisiones no se han acatado por completo. Al mismo tiempo,las concesiones mineras, petroleras y la industria palmera siguen creciendo en la Amazonía.
Las políticas ambientales del gobierno de Lenín Moreno no se han diferenciado mucho de las de Rafael Correa. Las nuevas áreas protegidas intentan salvaguardar especies nuevas y emblemáticas.
El 2018 fue un año ambiguo para el medioambiente en Ecuador. Por un lado, el gobierno de Lenín Moreno se mostró más abierto al diálogo, distanciándose de su antecesor Rafael Correa. Por otro, sus políticas ambientales variaron poco o nada. El otorgamiento de concesiones mineras y petroleras, principalmente en la Amazonía, sigue siendo una constante y el mar ecuatoriano sigue enfrentando diversas presiones, sobre todo por cuenta de la pesca ilegal.
A pesar de la fuerte tensión, este año también hubo hitos positivos. Las sentencias a favor de dos comunidades indígenas, la de Río Blanco, en la provincia de Azuay, y la de Sinangoe, en Sucumbíos, ordenaron detener la extracción minera. A la victoria de Río Blanco y Sinangoe en 2018, se sumó la de los afectados por la contaminación de Chevron en la Amazonía, que tras varios años de defensa ganaron el caso en la Corte Constitucional. La declaratoria de áreas para proteger especies recién descubiertas o brindar refugio a animales emblemáticos como el cóndor andino, también estuvieron presentes este año.
El cambio: de Rafael Correa a Lenín Moreno
“El cambio entre Correa y Moreno solo ha sido de forma, no de fondo”, opina Eduardo Pichilingue, ambientalista y defensor de los Derechos Humanos. No hay transformación de fondo porque las fronteras petrolera y minera se han seguido expandiendo, el sector indígena está inconforme con las decisiones del presidente y califica al diálogo como infructífero porque, a pesar de que Moreno y sus ministros los reciben, no consideran sus pedidos.
Luisa Lozano es dirigente de la mujer en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y dice que en este 2018 las políticas ambientales “no han mejorado para nada”. “Quieren aparentar que están respetando los derechos pero por debajo siguen persiguiendo a quienes protestan por sus tierras e insisten en entregar concesiones mineras dentro de territorios indígenas”. Lozano recuerda que el 11 de diciembre de 2017 el presidente Moreno dijo que iba a detener las concesiones mineras mientras no se cumplieran todos los requisitos, incluida la consulta previa. Pero un año exacto después, asegura que esto no se ha materializado.
El abordaje ambiental del presidente Moreno sigue siendo difícil de entender para algunos. Aunque para otros, como María Espinoza de Amazon Frontlines, el mensaje del presidente es clarísimo: el nuevo ministro de Ambiente, que asumió funciones el 3 de diciembre, tiene experiencia en el sector petrolero y minero. “Si tú pones frente a la cartera de Estado que tiene la obligación de conservar y proteger a un hombre que tiene un perfil petrolero y minero, estás diciendo muy claramente cuál es la intención y el valor que este gobierno le está dando a los temas ambientales y territoriales”, comenta.
Para Eduardo Pichilingue, a través de la designación del nuevo ministro y del avance minero y petrolero, Moreno está logrando lo que Correa no pudo: “irse más a la derecha para allanar el camino, sin que eso resulte aún más incoherente con su discurso”. Correa nunca pudo con la minería, continúa Pichilingue, ni con la Ronda Sur Oriente, es decir, la licitación de los campos petroleros en el sur de la Amazonía ecuatoriana. “En sus mejores sueños Correa hubiese querido poner un ministro petrolero en el Ministerio de Ambiente sin que se le viniera todo el movimiento indígena encima”, dice, y coincide con Luisa Lozano, de la Conaie, en que Moreno “pacta superficialmente con todos los sectores, entrega dádivas y lo de fondo no cambia”.
Lo malo: deforestación, petróleo, minería y palma en la Amazonía
El Parque Nacional Yasuní es el más grande de Ecuador, con una gran importancia ambiental y cultural. Sin embargo, la exploración petrolera dentro de él es una constante. El proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) mostró este año la deforestación por causa de esta industria dentro del área protegida. MAAP analizó imágenes satelitales para estimar la deforestación, tanto directa como indirecta y estos fueron los resultados: por el impacto directo (infraestructura petrolera) 169 hectáreas y por impacto indirecto (actividad agrícola a lo largo de las carreteras creadas) 248 hectáreas. Esto sumaría 417 hectáreas, es decir, 117 más de las que fueron aprobadas en una consulta popular en la que participaron los ecuatorianos a inicios de este año.
“Hay planes para muchas más plataformas y carreteras de acceso para explotar el campo Ishpingo en el bloque petrolero ITT. Nuestros resultados indican que el gobierno debe considerar de nuevo esos planes ya que han perdido más de 400 hectáreas dentro de Yasuní”, afirma Matt Finer, investigador y director de MAAP.
Otro proyecto, pero esta vez minero, que durante 2018 preocupó en términos de deforestación fue Mirador. Un análisis con base en imágenes satelitales mostró cómo durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017, ya se habían deforestado 1307 hectáreas de bosque. A Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, lo que le ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”.
En octubre de 2018, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, dijo que no se realizaría ninguna licitación de bloques petroleros, “como lo tenían previsto”, supuestamente para evitar conflictos sociales a las empresas. Sin embargo, sí se licitaron los bloques 86 y 87, en la provincia de Pastaza, ubicados en territorio de los pueblos indígena kichwa y sápara. Benito Bonilla, de Fundación Pachamama, comenta que además de esos bloques hay otros que se están renegociando en el centro norte de la Amazonía para repotenciar la producción de los pozos. “Están revisando las áreas donde ya ha habido explotación petrolera”, dice.
Trabajos en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora, donde se desarrolla el proyecto megaminero Mirador. Foto Comunidad Cascomi.
Otra actividad no extractiva —pero mundialmente conocida por sus efectos en el medioambiente, y que sigue creciendo en el Ecuador— es la siembra de la palma africana. Durante el Primer Encuentro de Pueblos, Comunidades y Naturaleza Frente a la Palma Aceitera, en octubre de 2018, se concluyó que la palma es “la primera causa de deforestación de bosques y selvas primarias en Ecuador y otros países de Latinoamérica”. Aunque no hay datos disponibles del 2018 sobre las plantaciones, la producción entre 2016 y 2017 creció en un 5 %, es decir, se produjeron 152 000 toneladas métricas adicionales que en 2016. La provincia con más producción es Esmeraldas —casi el 50 %— pero en una entrevista para un reportaje sobre la palma africana en Ecuador de Mongabay Latam, Nathalia Bonilla, de la organización Acción Ecológica, dijo que “el crecimiento de la palma hacia la Amazonía, en Sucumbíos, se está volviendo cada vez más agresivo”.
El desafío: un mar inmenso para vigilar
A pesar de su pequeño tamaño, Ecuador cuenta con un área marítima cinco veces superior a su extensión en tierra. Dentro de sus aguas, el país tiene una enorme biodiversidad y cuenta con el privilegio de tener las islas Galápagos, una zona de alto endemismo, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO y un gran centro de generación de información científica.
Sin embargo, durante 2018 el mar ecuatoriano también tuvo que combatir la creciente pesca ilegal que se sigue dando en Sudamérica. El Ministerio de Acuacultura y Pesca del Ecuador asegura que durante 2018 ha ejecutado diferentes estrategias para atacar el fenómeno, entre las cuales están: la creación de una Comisión Multisectorial; la disposición de más de 200 inspectores de pesca distribuidos en todo el perfil costero, verificando que las capturas de las embarcaciones tengan origen legal; un Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; un sistema de trazabilidad completo para la exportación de tiburones (aletas, cuerpos y subproductos), seguido de guías de movilización de pesca incidental para el transporte y comercialización; e inspecciones a las empresas exportadoras para verificar que el producto que está por salir del país no corresponda a especies prohibidas.
Aun así, la pesca ilegal es difícil de controlar. Felipe Vallejo, director de la organización Equilibrio Azul, asegura que la discusión que se podría haber generado sobre la sobreexplotación de recursos marinos y la pesca ilegal jamás se dio. “La realidad es que en el Ecuador se pesca irregularmente todos los días”, dice. Por su parte, la pesca de tiburón ─una de las más preocupantes debido a su alta demanda en los mercados asiáticos─ preocupa no solo a nivel industrial sino artesanal. “Es dudoso que la pesca de tiburón, hecha por la flota artesanal ecuatoriana, sea incidental. Por el contrario, más parece una pesca dirigida: el objetivo no declarado de dicha flota”, asegura Santiago Bucaram, economista especializado en recursos costeros.
También pasaron cosas que parecieran increíbles. Por ejemplo, en 2017 se capturó al barco chino Fu Yuan Yu Leng 999, con un cargamento de 300 toneladas de tiburones al interior de la Reserva Marina Galápagos y esa misma flota volvió a aparecer cerca del lugar este año. Walter Bustos, exdirector del Parque Nacional, asegura que “esta vez tuvimos la precaución de anticiparnos y la Armada del Ecuador ya realizó vuelos de aproximación y señales aéreas claras para advertir que están cercanos a espacio nacional y áreas protegidas”.
La vigilancia es compleja y a eso se suma que muchas flotas suelen justificar como incidental la pesca ilegal, “pero nosotros hemos encontrado varias embarcaciones en Galápagos que tenían únicamente tiburón a bordo. Esto da cuenta de que no era una pesca incidental”, asegura Bustos.
Cecilia Torres, de Mingas por el Mar, una fundación que promueve la conservación de los océanos, le dijo a Mongabay Latam que a pesar de todos los obstáculos y problemas a los que se enfrentan los mares, tienen parte de su esperanza en la decisión que tomó este año la Asamblea Nacional, en la que aprobó la vinculación de Ecuador al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP); un documento de la FAO para impulsar la lucha contra la pesca ilegal. Ese acuerdo se basa en la efectividad que tienen los controles sobre los puertos por donde pasa la mayor parte de la carga de pesca a nivel mundial, incluyendo aquella ilegal. “Queda que el gobierno implemente las medidas necesarias para que se cumpla”, afirma.
Lo feo: continúan vulneraciones contra pueblos indígenas
Durante el gobierno de Rafael Correa más de 100 personas fueron víctimas de hostigamiento judicial: durante protestas, marchas y manifestaciones para defender su territorio, el agua y otros derechos como acceso a educación intercultural bilingüe. Eran detenidos y acusados de delitos como daño al bien ajeno, sabotaje y paralización de los servicios públicos. En el año y medio de gobierno de Lenín Moreno esta situación ha cambiado, pero a medias.
Luisa Lozano dice que muchos casos de hostigamiento judicial en contra de indígenas siguen sin investigarse y hay quienes continúan con problemas en sus procesos judiciales. “Quedan pendientes muchos compañeros. También se sentenció a Pepe Acacho, luego le dieron el indulto, pero no quiere decir que fue por voluntad del gobierno sino que es un derecho amparado en la Constitución”, opina Luisa. Acacho, de la nacionalidad shuar, había sido vinculado a la muerte del profesor indígena Bosco Wisuma en 2009 durante una protesta en contra de la ley de aguas, promovida por el entonces presidente Correa.
Otro tema que no ha cambiado en el 2018 es la consulta previa. Según Lozano, sigue igual. “Tienen una estrategia de reunir a la gente y ofrecer obras, como si eso fuera consulta previa cuando no es así. Se siguen abriendo más concesiones a nivel de la Amazonía. Por ejemplo, en el proyecto Cóndor Mirador no hubo consulta y allí han hecho un daño ambiental terrible”.
Lozano dice que aunque Moreno se muestra más abierto al diálogo, sigue impulsando sus políticas extractivas. Una actitud similar tendrían los miembros de su gabinete. El 14 de noviembre un grupo de mujeres amazónicas fue recibido por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Venían desde el Puyo para exigirle al gobierno que paralizara las concesiones petroleras porque significaban una agresión a los pueblos indígenas amazónicos. Ese día, el ministro dijo que se tomarían las decisiones que el presidente considerara convenientes. “Siempre precautelando el interés de los 17 millones de habitantes que son la responsabilidad del Gobierno Nacional”. Las mujeres amazónicas regresaron a sus territorios con esa respuesta ambigua.
Verónica Potes, que acompañó a las mujeres amazónicas en ese día y medio de vigilia en el edificio del Ministerio de Hidrocarburos, dice que ese falso diálogo terminó con un “ya veremos, vamos a hacer consulta pero no es vinculante”. Una respuesta que revela que la apertura del gobierno tiene sus límites.
A pesar de que en Ecuador la consulta previa es un derecho constitucional, la abogada Potes asegura que ningún proyecto en el país tiene consulta previa. “La consulta previa es posterior, dicen: ‘ah, no la hice, pero no importa, mañana la hago’, cuando los proyectos ya están en marcha”.
Lo bueno: Nuevas zonas de protección y triunfos judiciales emblemáticos
A pesar de las dificultades presupuestales a las que se enfrentan las entidades que trabajan con áreas protegidas en Ecuador, 2018 fue testigo de grandes proyectos que intentan cuidar la biodiversidad de este país sudamericano.
Luego de casi seis años de trabajo, el Grupo Nacional de Trabajo sobre el Cóndor Andino, liderado por el Ministerio de Ambiente, aprobó en febrero la declaratoria de 34 763 hectáreas, en Río León (entre los municipios de Oña, Nabón y Santa Isabel en la provincia de Azuay, así como Saraguro en la provincia de Loja) para proteger al cóndor andino, una especie en peligro en la cordillera de Los Andes. Fabián Rodas, de la organización Naturaleza y Cultura Internacional, asegura que “río León es un área remota, con poca gente, cercana a los páramos del centro y sur del país, y con corrientes aéreas ascendentes propicias para el vuelo de los cóndores. Y sus acantilados, además, son perfectos para anidar y descansar”.
Otra buena noticia para Ecuador fue la declaratoria del Chocó Andino como Reserva de la Biósfera. En ella se encuentran nueve bosques protectores, tres Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS), múltiples reservas privadas y un Parque Nacional: la Reserva Geobotánica del Pululahua. Más de 73 000 hectáreas de la nueva Reserva de Biósfera corresponde a ocho áreas núcleo, es decir, lugares donde los bosques tienen un mejor estado de conservación y son importantes por su biodiversidad y por los servicios ambientales que proveen. “Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo. La Reserva de Biósfera le confiere a este territorio herramientas adicionales para la conservación de la biodiversidad, pero también a nivel local en términos de desarrollo sostenible de sus habitantes”, dice Jorge Ellis, responsable del sector ciencias naturales de la UNESCO y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Los esfuerzos privados tampoco se quedaron atrás. Tal fue el caso de la Fundación Ecominga y su reserva Drácula, en la región noroccidental de Ecuador, en el Chocó biogeográfico. Precisamente, en esta reserva se confirmó la presencia de una nueva especie de lagartija (Anolis dracula). Esta es la única área protegida en Ecuador que en este momento protege el ecosistema donde habita este reptil.
De acuerdo con Mario Yañez, biólogo e investigador del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador, esta especie los ha motivado bastante para reflejar la alta diversidad que contiene la cuenca del Río Mira (entre Ecuador y Colombia). “La fundación Ecominga ha sido una de las instituciones que ha auspiciado la investigación y que pretende generar un sistema de reservas para llenar un vacío en el sistema de conservación”, comenta.
Los fallos judiciales también fueron protagonistas en 2018. En julio, la Corte Constitucional ratificó la decisión que obliga a la empresa Chevron a pagar 9500 millones de dólares a los afectados para la reparación y remediación de los daños sociales y ambientales que —según auditorías y peritajes— dejó la operación de la petrolera en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, en el noreste del país. En la práctica, los afectados no han recibido ninguna reparación y la empresa insiste en que cumplió con sus obligaciones.
Otro caso emblemático fue el de la comunidad de Río Blanco. El 1 de junio de este año el juez Paul Serrano suspendió la explotación minera del proyecto Río Blanco, en la provincia de Azuay. Comuneros habían interpuesto una acción de protección debido a la contaminación en su territorio y afirmaban que no se habían respetado los procedimientos legales, como el derecho a la consulta previa. Esta última violación fue el principal argumento para interrumpir la operación. No obstante, hasta el momento la empresa no ha abandonado el territorio y las autoridades competentes no han cumplido con su parte.
A la victoria judicial de Río Blanco se suma la de la comunidad Cofán de Sinangoe que denunció la existencia de 52 concesiones mineras sobre el área aledaña a su territorio ancestral. “Han ganado en segunda instancia pero a pesar de eso, una de las mineras canadienses que opera en la zona, que se llama All Metal, sigue haciendo actividad, están desconociendo un fallo judicial y no hay ninguna tutela efectiva”, opina María Espinoza.
A pesar de que estas decisiones judiciales son interpretadas como positivas para las comunidades, Espinoza considera que no son acatadas de manera obligatoria por las instituciones competentes. “Las autoridades que deberían hacer seguimiento muy riguroso a estas disposiciones y que se cumpla la sentencia, como la Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero) y el Ministerio de Ambiente, no están haciendo lo suyo”. Todavía hay bastante en que trabajar.
Es un recurso que renace. El malestar de diversos sectores sociales regresa a las calles ante la falta de respuesta gubernamental. Para los líderes de los reclamos, el llamado al diálogo que presenta el presidente Lenín Moreno se quedó en palabras.
La tónica de protestas, marchas y hasta toma de instituciones luce nueva porque, durante el gobierno del expresidente RafaelCorrea, cayó en desuso. No por conformidad sino porque la respuesta estatal fueron contramarchas que de a poco callaron a la mayoría de grupos sociales.
Arroceros, lecheros, transportistas, indígenas, trabajadores y hasta políticos encabezan las quejas de los últimos meses. Casi todos cuestionan el modelo económico -o la falta del mismo- en la actual administración. Desde el día uno del nuevo Gobierno, dicen, se reflejaron errores e improvisaciones que afectan a los ecuatorianos.
La semana pasada, por ejemplo, hubo reclamos del sector lechero. Sus representantes se tomaron vías de la provincia de Cotopaxi para exigir que se suba el precio del litro de leche. También pidieron programas que impulsen el consumo de este producto.
Con los reclamos se obtuvieron resultados. El Gobierno firmó convenios para promover el consumo de leche, legalizar la venta del litro a 42 centavos, entregar créditos a bajo costo y con dos años de gracia y promover la creación de empresas comunitarias.
Los ambientalistas también tuvieron más resultados en las calles. Colectivos que cuidan los derechos de la naturaleza y vigilan la explotación de crudo en el Yasuní consiguieron reunirse con el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, CarlosPérez, luego de tomarse pacíficamente instalaciones públicas.
En Guayas, Imbabura y Carchi hubo protestas de los transportistas para rechazar la colocación de radares de control de velocidad y para oponerse a las reformas a la Ley de Tránsito que se trata en la Asamblea Nacional.
A la par, el sector indígena se movilizó por once días en contra de la minería. Ellos marcharon desde Tundayme hasta Quito para entregar en la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica que prohíba la minería metálica en todo el país.
Universidades, políticos y otros sectores sociales también se levantaron con marchas en todo el país.
“La situación actual es fruto del tipo de conducta del mismo Gobierno. En sus diálogos fue más receptivo con unos que con otros. Fue más receptivo, por ejemplo, con los grupos empresariales y no con los movimientos sociales”, sostuvo el analista político Mario Unda.
A sus ojos, los frutos del diálogo con los sectores populares son muy escasos.
La catedrática universitaria Nathalie Sierra también cree que los resultados del diálogo nacional son escasos. Al final no se ven resultados y esto conlleva a que la gente se exprese en las calles.
“Tengo la impresión de que no se está asumiendo con seriedad el diálogo. Al menos en lo que es la política económica. La política económica no puede ser impuesta sobre las opiniones de la sociedad”, sentenció Sierra.
Los consultados coinciden, sin embargo, en que hay leves avances en materia política, pero estos se quedan cortos. Si bien comprenden que no es posible agradar a todos los sectores señalan que hay más acercamientos con partidos políticos que con movimientos sociales.
Reclamos
Indígenas
Las organizaciones agrupadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazan la política extractivista en las áreas de minería e hidrocarburífera. Piden que el país no continúe con los proyectos.
Arroceros
Los agricultores reclamaron mayor atención del Gobierno y que se pague un precio justo por la saca de arroz. Pedían al presidente LenínMoreno que la UNA EP adquiera la gramínea durante todo el año, por las complicaciones que están teniendo los productores.
Lecheros
Los productores protestaron y pidieron el control del uso del suero como sustituto lácteo por parte de las empresas que usan para incrementar la cantidad de leche y productos derivados. Exigen políticas que garanticen su subsistencia.
Bajo la consigna ‘Por el agua, por la vida y contra la corrupción’, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tuvo una semana cargada de manifestaciones coordinadas en varias ciudades de Ecuador.
El pasado miércoles 14 de noviembre, cientos de indígenas, agrupados en la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), que forma parte de la Conaie, llegaron a Quito, tras 11 días de caminata, en un periplo que partió de la parroquia rural de Tundayme, en el cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, en el suroriente del país.
Los marchantes se dirigieron a la Asamblea Nacional, ubicada en el centro de la ciudad, y entregaron a la presidenta del órgano legislativo, Elizabeth Cabezas, el Proyecto de Ley Orgánica de Prohibición de Minería Metálica en Ecuador.
Yaku Pérez, presidente de la ECUARUNARI, dijo que este proyecto «surge desde abajo, desde los afectados, desde los criminalizados, despojados de sus territorios, desde quienes sufrieron los embates de la industria metalífera».
Además, señaló que el objetivo de entregarlo a la Asamblea Nacional es para que este órgano, «como un acto de justicia con los pueblos y con la Pachamama (tierra)», corrija y prevenga «mayores agresiones sociales y ambientales colosales a la biodiversidad, fuentes de agua y todo elemento biótico que vive en la naturaleza». En concreto, piden la prohibición de la minería metálica en todo el territorio, evitar que se otorguen más licencias y concesiones, y exigen la consulta previa, libre e informada en los territorios.
Además de entregar el proyecto de ley, la ECAURUNARI reclamó:
Luchar contra la Corrupción.
Reactivación del sector Agropecuario: No a las semillas y alimentos transgénicos, revalorización de las economías campesinas-indígenas y eliminación de políticas de agrocalidad.
Restitución de la Educación Intercultural Bilingüe desde inicial hasta superior, con presupuesto del Estado y autonomía real.
El mismo miércoles, otro grupo de de los marchantes se dirigió a la sede de la Contraloría General del Estado del Ecuador, donde pidieron informes de auditorías sobre los proyectos mineros en el país.Otro de los reclamos es la falta de cumplimiento a la consulta popular realizada en febrero de este año, en particular a la pregunta cinco, que recibió 68,79 % de votos a favor, que decía: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?
Mujeres de la amazonía
Luego de dos días de manifestaciones en las inmediaciones del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, los colectivos de Mujeres Amazónicas y Yasunidos fueron recibidos, la noche del miércoles, por el titular de esa cartera, Carlos Pérez.
Estos colectivos piden detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y rechazan la autorización de Pérez para explotar los bloques petroleros 86 y 87, según denunció Ivone Ramos, vocera de Samaranda Huarmicuna, en Ecuadorinmediato. Esa zona es el territorio de las nacionalidades Sápara, Shiwiar, Kichwa y pueblos aislados, como Tagaeri y Taromenane, y —dice Yasunidos— la medida gubernamental violenta «claramente los mandatos constitucionales de derechos humanos y colectivos».
El tema de la explotación en el Yasuní, también estuvo incluido en la consulta de febrero. La interrogante era: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Los resultados fueron claros: 67,3 % de los votantes dijeron ‘Sí’.En una rueda de prensa posterior al encuentro con el ministro, Salomé Aranda, una de las dirigentes de las Mujeres Amazónicas, dijo que conversaron durante tres horas con el Pérez, pero no obtuvieron respuestas satisfactorias a sus demandas.
«Nuestro sacrificio, nuestro sufrimiento, caminar y llegar acá no fue tan fácil», afirmó Aranda y, por ello, se mostraron «decepcionadas» del resultado de la reunión con el ministro Pérez.
Además, señaló que esperarán posteriores respuestas del funcionario y, si se mantiene la negativa a su demanda, volverán a protestar frente al palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de Ecuador, como lo hicieron en marzo, para exigir ser recibidas por el mandatario, Lenín Moreno, quien no ha respondido aún el documento que le dejaron en aquella oportunidad.
Avance frustrado
El jueves 15, coincidiendo con la fecha aniversario de la masacre de trabajadores obreros, ocurrida en 1922 en la ciudad de Guayaquil, las organizaciones indígenas se movilizaron en varias urbes, manteniendo el lema de la caminata: ‘Por el agua, por la vida y contra la corrupción’.
En Quito, los mismos indígenas que marcharon durante 11 días, a quienes se le sumaron algunos quiteños, realizaron un recorrido por varias instituciones. En la mañana, acudieron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), donde entregaron al titular de la institución, Julio César Trujillo, un documento sobre la protección de la naturaleza y en rechazo a las explotaciones mineras, según señala la CONAIE en nota de prensa.
La columna de indígenas se dirigió posteriormente a la Plaza Grande, ubicada frente a la sede de la Presidencia de Ecuador, con el fin de ser recibidos por el presidente Moreno; pero un fuerte cerco policial impidió su paso. Además, fueron informados que el mandatario no se encontraba en el país, pues había viajado a Guatemala, para asistir a la XXVI Cumbre Iberoamericana.
Contra el «paquetazo»
En Guayaquil, varias organizaciones indígenas de la costa ecuatoriana marcharon por la avenida 9 de Octubre de la ciudad y llegaron hasta las riberas del río Guayas, donde pusieron a navegar las cruces de la lucha de los pueblos, en conmemoración de los 96 años de la masacre de 1922.
Además, informa la CONAIE, marcharon «contra el paquetazo«, en referencia a las medidas económicas adoptadas por el presidente Moreno en agosto pasado, que incluyen:
El aumento de la gasolina súper, que pasó de entre 2,10 y 2,32 dólares por galón a 2,98.
El aumento del diésel para pescadores y camaroneros.
Reducción del Estado, con la supresión y fusión de ministerios y secretarías gubernamentales; de 40 solo quedan 20, lo que derivó en despidos de empleados públicos.
La «delegación, fusión y optimización» de las empresas públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la aerolínea Tame y Correos del Ecuador.
Los pueblos indígenas de la costa también reivindicaron las demandas hechas en Quito, como la defensa del agua, los territorios y, sumaron, trabajo digno.
Rechazo a hidroeléctrica
En la Amazonía, concretamente en la provincia de Pastaza, el Pueblo Originario de la Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa Clara (PONAKICSC) mantuvo cerrada la Troncal Amazónica, carretera principal del oriente, durante seis días, para pedir la salida inmediata de la empresa hidroeléctrica Genefran S.A., por vulnerar derechos colectivos y de la naturaleza.
En la madrugada de este jueves, después de más de dos horas de diálogo, los manifestantes alcanzaron un acuerdo con el gobernador de Pastaza, Pablo Landivar, quien se comprometió a garantizar la salida de la hidroeléctrica de la región en un plazo máximo de 48 horas.
De no cumplirse el acuerdo, el pueblo indígena de este territorio kichwa retomará el cierre de la carretera e intensificará las medidas de resistencia.
Las demandas de indígenas de Cotopaxi
El Movimiento Indígena y Campesino de la provincia de Cotopaxi (MICC) realizó una marcha por las principales calles de Latacunga, capital de la entidad, y se concentraron en la Plaza El Salto, donde instalaron una gran asamblea.
En esa reunión, a la que llegaron las autoridades posteriormente, presentaron varias demandas, como la redistribución del agua, el presunto bombardeo con yoduro de plata a las nubes para evitar que llueva, el bajo precio de la leche, la situación precaria del transporte comunitario, entre otras.
Los dirigentes del MICC firmaron acuerdos con las autoridades provinciales y nacionales, que se comprometieron a mejorar el precio de la leche, promover la creación de empresas comunitarias y entregar créditos con facilidades a las comunidades. También prometieron investigar el tema de la sequía en la zona.
Tras la firma de los acuerdos, el MICC anunció que dará un plazo de 30 días para el cumplimiento de las promesas, de los contrario, radicalizarán la protesta en Cotopaxi. Una de las consignas que se escuchó fue: «Hasta hoy el pueblo ha sido cordero, mañana será un león«.
La marcha indígena «por el agua, la vida y contra la corrupción» entregó en la legislatura de Ecuador un proyecto para prohibir la minería metálica en el país andino tras 11 días de recorrido, que se inició en la provincia de Zamora Chinchipe (sureste) y terminó en Quito.
«Agua quiero, oro no», fue la consigna que más se escuchó entre los indígenas a quienes se unieron activistas, cuyo pedido principal era que se deje bajo tierra el petróleo del campo Ishpingo, ubicado en el Parque Nacional Yasuní (en la Amazonia ecuatoriana).
El objetivo de ese pedido es preservar la vida de los grupos indígenas Tagaeri y Taromenane, que no han sido contactados por la civilización.
También pretenden preservar la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, una de las más elevadas del planeta.
Al arribo de la marcha le precedió una toma pacífica desde el 13 de noviembre de la Dirección Nacional de Hidrocarburos por parte de mujeres amazónicas defensoras de la selva frente al extractivismo.
Las mujeres llegaron desde el centro sur de la Amazonía y desde el Yasuní (suroeste) para pedir al ministro Carlos Pérez que no licite los bloques petroleros 86 y 87 debido a que están en territorio de los pueblos índigenas Sápara, Shiwiar y Kichwa.
El presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador, Yaku Pérez Guartambel, dijo que los indígenas estarán vigilantes para que se cumplan sus pedidos.
Según el último censo del Banco Mundial en 2010, existen alrededor de 42 millones de personas indígenas en América Latina, lo que representa casi el 8% de la población total; sin embargo, «constituyen el 17% de los extremadamente pobres de la región».
Numerosos estudios afirman que una de las causas de que los pueblos indígenas sean más vulnerables económicamente se debe al despojo territorial que sufren por la minería.
Un juez rechazó un recurso de acción de protección para impedir la exploración de una concesiónminera, al considerar que no vulnera la legislación vigente, informó este 10 de noviembre la Procuraduría General del Estado.
El magistrado de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Santa Ana de Cotacachi, Óscar Coba Vayas, rechazó la acción de protección interpuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de esa ciudad contra el Ministerio del Ambiente y la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP).
El recurso cuestionaba la validez de una resolución administrativa de 2017, por la que el Ministerio autorizó a la empresapública el registro ambiental de la fase de “explotación inicial de la concesión minera” del Proyecto Río Magdalena, precisó la Procuraduría en un comunicado.
El GAD de Cotacachi alegó una presunta omisión de la legislaciónconstitucional relativa a la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles, así como también haber omitido la consulta previa, libre e informada que establece la Carta Magna.
“La Procuraduría General del Estado demostró que las instituciones demandadas no vulneraron derechos constitucionales”, reza la nota antes de argumentar que el escrito de la acción de protección partió de una “confusión” entre bosque protector, área protegida y zona intangible.
Así, menciona que la normativa constitucional sí autoriza la minería y actividades de otra índole pecuniaria en los bosquesprotectores, objeto de la disputa.
En relación a la denunciada omisión de la consulta previa, en el documento se alega que el propio GAD de Cotacachi “reconoció que en la zona de influencia del proyecto no existen comunidades indígenas, tornando su acción en improcedente”.
Y concluye que tras un análisis de los argumentos de las partes, el juez cantonal emitió su fallo verbal rechazando por improcedente la acción constitucional planteada.
Grupos ambientalistas han manifestado su rechazo a la explotación y extracción minera en el país y censuran que pese a las promesas del Gobierno de suspender las concesiones, éstas se siguen dando sin respetar zonas de especial interés ecológico y presentado a Ecuador en el exterior como un país de gran potencial minero.
Varias irregularidades se evidenciaron ayer durante la lectura del informe borrador con resultados preliminares del examen especial realizado por la Contraloría General del Estado al proyecto minero Llurimagua, que se encuentra a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami-EP). La investigación se realizó durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé conocer este lunes la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ratifica la consulta popular en el cantón Girón (Azuay) para permitir o rechazar la actividad minera en Quimsacocha.
Otro proceso se suma a los comicios seccionales y a la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El 29 de noviembre de 2018, la empresa minera canadiense INV Metals (TSX: INV) publicó los resultados del Estudio de Factibilidad para su proyecto de oro, cobre y plata Loma Larga en Kimsakocha, Ecuador. El comunicado de prensa de la empresa y la presentación corporativa sobre el estudio comunican un sentido inquebrantable de apoyo local para el proyecto y un compromiso con la protección del agua y el medio ambiente.
Este sábado y domingo pasado, 12 y 13 de enero, campesinos y campesinas de varias comunidades aledañas al proyecto minero Llurimagua en Intag finalmente se hartaron, y bloquearon el acceso funcionarios de la empresa estatal minera del Ecuador, ENAMI, y del Ministerio de Medio Ambiente, quienes son los encargados de socializar con las comunidades un estudio de impacto ambiental excepcionalmente defectuoso.
Comunidades indígenas y campesinas han ganado varias batallas judiciales contra las industrias extractivas pero aseguran que esas decisiones no se han acatado por completo. Al mismo tiempo,las concesiones mineras, petroleras y la industria palmera siguen creciendo en la Amazonía.
Es un recurso que renace. El malestar de diversos sectores sociales regresa a las calles ante la falta de respuesta gubernamental. Para los líderes de los reclamos, el llamado al diálogo que presenta el presidente Lenín Moreno se quedó en palabras.
Bajo la consigna ‘Por el agua, por la vida y contra la corrupción’, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tuvo una semana cargada de manifestaciones coordinadas en varias ciudades de Ecuador.
La marcha indígena «por el agua, la vida y contra la corrupción» entregó en la legislatura de Ecuador un proyecto para prohibir la minería metálica en el país andino tras 11 días de recorrido, que se inició en la provincia de Zamora Chinchipe (sureste) y terminó en Quito.
Un juez rechazó un recurso de acción de protección para impedir la exploración de una concesión minera, al considerar que no vulnera la legislación vigente, informó este 10 de noviembre la Procuraduría General del Estado.