Funcionarios del Municipio de Ibarra, de Senagua, Ministerio del Ambiente y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), llegaron ayer hasta la mina San José, en la exquebrada de San Juan, para verificar si la concesión minera que trabaja en el lugar cumple con lo establecido en la ley.

Claudio Vaca, director de Ambiente del Municipio, dijo que la inspección era en conjunto con la Comisaría de Construcciones. “El documento pedía hacer una inspección conjunta por el tema de afectación a la vía pública”.

Después de realizar las verificaciones, Vaca brindó declaraciones para indicar las acciones de inspección. Mientras hablaba, moradores del barrio se aglutinaron a su alrededor. Ellos reclamaban porque dicen que los mineros de la zona están afectando el medioambiente, no tienen el debido control y el material de trabajo está desviando el cauce del río.

Vaca indicó, entonces, que el trabajo minero “no está explotando, está retirando el material”. Estas palabras causaron malestar en los pobladores que afirmaban que sí trabajan normalmente en el sitio. Mostraron videos grabados en su celular donde se veía que las labores continuaban en la zona. A lo que Vaca replicó: “Pero yo no puedo ver”.

Cuando se le preguntó si iba a clausurar esa concesión minera, el funcionario municipal dijo que tienen que analizar los documentos. “Por el momento no hay suspensión de la mina porque no tengo información ni observación de la Arcom”.

Origen del problema

José Aurelio Simbaña lleva una gorra ploma desgastada, una camisa roja de rayas y unos zapatos empolvados. Camina silencioso atrás de los burócratas que realizan la inspección. En su brazo izquierdo carga documentos. Escucha atentamente todo lo que dicen, pero no interviene ni se pronuncia.

Su silencio es tan perturbador que un periodista de este medio le pregunta desde cuándo es dueño del terreno, solo para escuchar su voz. Sin embargo, Simbaña no emite ningún sonido y con gestos llama a su interlocutor.

Su abogado, quien lo representa legalmente, aparece en escena. Dice que Simbaña es dueño de la propiedad desde hace mucho tiempo. ¿Cómo inició en el negocio? Por cosas del azar. “Apareció una mina y, entonces, se solicitó la concesión”, responde.

A unos pasos, continúan los reclamos de los moradores. El abogado mira al grupo y agrega: “Como se trata de minería a pequeña escala, no se necesita mayores cantidades de requisitos”.

Beneficios para la comunidad

Según la Ley de Minería, las actividades de extracción de materiales áridos y pétreos deben generar beneficios y regalías para la comunidad aledaña. El objetivo es cubrir necesidades básicas insatisfechas para que haya un desarrollo territorial productivo.

Sin embargo, los moradores del barrio dicen que, desde que inició a trabajar la concesión minera, no ha habido ninguna ayuda.

El abogado, de la concesionaria minera, señala lo contrario. “A la municipalidad se le entregó 250 volquetas de material pétreo para que sustente las bases del adoquinado de la ciudad de Ibarra”.

Por su parte, Claudio Vaca señala que los mineros han cumplido con su parte. “Ellos aportan en la limpieza de caminos. Cada cierto tiempo, la maquinaria hace el mantenimiento”.

Tras la visita, los moradores de la zona esperan respuestas de las autoridades y acciones inmediatas. (PTEG)

CIFRA

Hoy, la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que suspenda la Consulta popular para la minería en Quimsacocha, Azuay, hasta que exista el pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC), luego de haber aceptado una petición de medidas cautelares constitucionales.

Ante eso Víctor Barreto, presidente del Gobierno Parroquial de San Gerardo, señaló hoy, miércoles 13 de marzo del 2019, que es importante esta resolución porque la consulta se convirtió en un tema político vinculado con la campaña. “Nosotros no decimos que no se consulte, pero no estamos de acuerdo que sea en este momento y que no se consideren todos planteamientos del pueblo”. Dijo que se reunirán con las personas que están a favor de la minería para analizar esta resolución.

En cambio, la Federación de Organizaciones Campesinas de Azuay (FOA) expresó su rechazo a la decisión judicial. En su pronunciamiento, aseguró, que esta medida busca frenar la consulta porque “la mayoría de los habitantes del cantón Girón están en contra de la minería”. Además, solicitaron que la presidente del CNE, Diana Atamaint pida la revocatoria de esta resolución.

El presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, señaló que “ninguna autoridad judicial puede interferir las acciones que determine el Consejo Nacional Electoral en época de elecciones, por lo que la consulta popular sigue en marcha. Nunca nos notificaron para la audiencia ni la lectura de este fallo”.

La consulta popular estaba en firme y debía realizarse el próximo domingo 24 de marzo en Girón (Azuay). El CNE aseguró que esta disposición judicial debe ser analizada en el departamento jurídico y luego en el Pleno.

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/quimsacocha-suspension-consulta-popular-elecciones.html

La Cámara de Minería del Ecuador se mostró de acuerdo con la suspensión de la Consulta Popular en Girón, Azuay.

El juez de la Unidad Judicial de Quito, Vicente Ribadeneira, dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que la suspenda tras acoger una acción de protección interpuesta por un colectivo prominero Unidos por el Desarrollo de los cantones Girón y San Fernando.

El argumento principal es que no hay pruebas de que el proyecto minero Loma Larga contaminara las fuentes hídricas sino que ha generado trabajo y desarrollo.

Santiago Yépez, presidente del gremio, dijo que ha sido una respuesta positiva de la justicia que suspende la realización de la Consulta Popular y remite el expediente a la Corte Constitucional (CC) para que esa entidad se pronuncie.

«Sin duda, creemos que es un precedente importante…», dijo el dirigente gremial.

Agregó que los derechos y garantías constitucionales de las comunidades de la zona que presentaron la acción de protección finalmente han sido escuchadas.

Ante el pedido del CNE al juez de que revoque la suspensión de la Consulta Popular, Yépez respondió que el organismo es juez de última instancia en temas electorales, excepto en aquellos de vulneración a los derechos constitucionales.

«No es posible realizar consultas populares locales en temas de interés nacional, en temas de sectores estratégicos y privativos del Ejecutivo (…) propenderemos a que se defina a través de la Corte Constitucional, la imposibilidad de que se lleven a cabo consultas populares locales en temas de interés nacional», acotó Yépez.

El proyecto Loma Larga está localizado en el Azuay. Comenzó a explorarse hace unos 20 años. Tiene más de 2 millones de onzas de oro, según la Cámara de Minería. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/14/nota/7232855/gremio-minero-no-es-posible-realizar-consultas-populares-sobre

La consulta popular en Quimsacocha será fundamental para decidir el futuro de la extracción de metales preciosos por parte de la empresa canadiense INV Metals.
11-02-2019
(Diario El Telégrafo) Las intenciones de desarrollar el megaproyecto minero Loma Larga, en la provincia de Azuay, podrían derrumbarse por la consulta popular, que se realizará en la localidad de Quimsacocha, el próximo 24 de marzo.

Los habitantes de la localidad decidirán si dan paso a la extracción de oro en su territorio. El pasado 1 de febrero el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la convocatoria y el plan operativo para que se desarrolle la consulta popular en el cantón Girón, junto con las elecciones seccionales.

En el cantón azuayo 5.363 electores están habilitados para sufragar y deberán responder a la pregunta ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables busca frenar este proceso, a través de un recurso interpuesto en la justicia, para que se revoque la convocatoria y sea la actual Corte Constitucional (CC) que decida sobre si efectúan la consulta.

De acuerdo a los argumentos de la Cámara de Minería de Ecuador, el llamado al referéndum debe ser hecho por la CC y debido a la destitución de los jueces en 2018, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, el organismo constitucional entró en una moratoria hasta la posesión de los nuevos magistrados, hecho que ocurrió el pasado 5 de febrero.

“Debido a esta moratoria, cualquier tipo de tema que le correspondía a la CC, incluso los plazos, estaban suspendidos. Pese a eso, el CNE tomó el silencio de la Corte como una aceptación tácita de que la pregunta debe ser calificada y por ello procedió a aprobar la consulta”, señaló Santiago Yépez, presidente de la cámara.

El funcionario cuestionó que el CNE se atribuyó funciones que no le correspondían, lo que ocasiona un serio perjuicio a la imagen del país y a su seguridad jurídica.

En el otro extremo, Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari y candidato a la Prefectura de Azuay por Pachakutik, manifestó que la decisión del CNE se dio frente a la falta de gestión de la CC, que “dejó en el congelador” el pedido de consulta gestado por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón desde 2012.

Recordó que el actual Gobierno utilizó el silencio de la CC para desarrollar la consulta popular del 4 de febrero de 2018, una vez vencido el plazo que da la normativa a la CC para su pronunciamiento. Destacó que la decisión de los habitantes de Girón será de acatamiento obligatorio para el Estado.

http://www.latinomineria.com/2019/02/11/proyecto-mineria-quimsacocha-sera-sometido-una-consulta/

En San Gerónimo, camino que conduce a Buenos Aires, policías realizan controles a los camiones con bloques. Foto: EL COMERCIO

En San Gerónimo, camino que conduce a Buenos Aires, policías realizan controles a los camiones con bloques. Unos tras otros, decenas de camiones, volquetas y tractores atraviesan el empinado camino de tierra que conduce a Buenos Aires, el poblado de Imbabura en donde se explotan ilegalmente minas de oro. Los vehículos pesados cargan bloques, ripio y arena.

Personal de Inteligencia, fiscales y pobladores saben que, con ese material, en Buenos Aires se construyen laboratorios clandestinos para extraer oro. Los trabajadores los llaman ‘chanchas’. Agentes desplegados en esta zona tienen información de que ya se han levantado 160 infraestructuras de ese tipo para moler la roca, lavar, retirar la tierra y obtener el oro con químicos tóxicos y prohibidos. Por eso también se ha intensificado el tráfico de estas sustancias.

Durante un allanamiento ejecutado el 17 de febrero pasado, los agentes hallaron en un laboratorio nitrato de amonio, que se emplea como explosivo, y cianuro, que se usa para separar el oro de otros minerales presentes en la roca. El expediente judicial de este caso reposa en la Fiscalía de Urcuquí, cantón al que pertenece Buenos Aires. Este Diario revisó el proceso y allí se dice que en la ‘chancha’ allanada, además, se hallaron generadores de luz, bombas de agua, motores de cilindro amalgamadores, secadores de material aurífero, poleas, platos de mental, balanzas. Además, se encontró una miniplanta fundidora con dos moldes para verter el oro líquido y para que adquiera la forma de una barra de chocolate o de una pelota de ping-pong. Este hallazgo llamó la atención de las autoridades, pues ahora hay evidencias de que en Buenos Aires no solo se extrae la roca mineraliza sino también se la procesa.

Es decir, la estructura que los grupos ilegales tienen ahora en ese pueblo es más fuerte. Desde que este caso estallara, el 2017, en todos los operativos solo se hallaba roca mineralizada (oro en bruto), que era llevada a El Oro y Azuay para ser procesada. Ahora, una parte del material aún es trasladada a esas provincias, pero no como roca sino que se muele, se mezcla con arena y se convierte en adoquines.

La idea es evitar los controles policiales. Sin embargo, en uno de los operativos se hallaron 3 toneladas de adoquines. Una inmensa plataforma que cargaba ese material con oro está ahora incautada en un patio de retención policial de Imbabura. Únicamente en esa provincia la Policía ha decomisado 1 539 toneladas de roca mineralizada. Mientras que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) decomisó otras 500 toneladas.

Esto significa que hay más de 2 000 toneladas como evidencia de esta actividad ilegal. Pero los reportes policiales indican que de Buenos Aires se ha extraído ilegalmente tres veces más de lo descubierto. Andrea Cárdenas, directora de la Arcom, dice que la roca que se explota en ese pueblo de Imbabura presenta la mayor concentración de oro del país.

Esa es la razón por la que 4 000 personas aproximadamente han llegado a ese pequeño poblado. Este Diario recorrió la semana pasada San Gerónimo, Urcuquí e Ibarra. A través de caminos polvorientos de segundo orden, rodeados de plantaciones de caña de azúcar y fincas ganaderas, se encontraron camiones y vehículos con y sin placas, y autos de Colombia que circulan por el sector. Un jeep proveniente de El Bordo, entre Pasto y Popayán, en Colombia, llegó al control de San Gerónimo y sus ocupantes fueron revisados por policías. Ese es el principal punto de acceso a Buenos Aires.

Los extranjeros dicen haber recorrido 398 kilómetros, unas ocho horas de viaje, para poner mallas en una finca. Precisamente en ese control fueron detenidos dos militares en octubre del 2017. En el expediente consta el caso de un sargento y un soldado que salieron de Cuenca, en una comisión hacia El Oro, pero desviaron su recorrido y llegaron a Imbabura en un camión de FF.AA. que transportaba 252 sacos con material minero. Los documentos judicializados dicen que tras ser detenidos llegaron cinco hombres en dos camionetas, quienes intentaron “arreglar” con los policías.

Entre las evidencias hallaron 138 billetes de USD 20 (USD 2 760), ocultos en una mochila. En las investigaciones, el soldado contó que los costales con roca los cargaron en la vía, a plena luz del día, y que participaron más de 20 jornaleros. No revelaron cuánto dinero iban a cobrar por llevar el material hasta El Oro, pero agentes de Inteligencia dicen que por ese viaje las mafias cancelan de USD 8 000 a 10 000, siempre que el camión cargue al menos 8 toneladas.

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“Agua quiero, agua quiero, oro no”

“Leche quiero, leche quiero, suero no”.

Con estas consignas defensores del agua de Kimsakocha y Río Blanco, pequeños y medianos ganaderos, agricultores, mujeres y estudiantes, se movilizaron en rechazo a las medidas económicas y las privatizaciones de los sectores estratégicos.

Esta acción es parte de las Jornadas de Resistencia y Movilización Nacional convocada por la CONAIE y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Otras organizaciones de distintas provincias se sumarán desde sus territorios en horas de la tarde.

Miriam Chuchuca, defensora del agua de Kimsakocha, señaló que otro de los pedidos es exigir al Consejo Nacional Electoral la fecha de la consulta popular para evitar la explotación minera en la zona de Girón. “Si el agua se termina, se termina todo”.

Elizabeth Durazo, moradora de Molleturo, denunció esta mañana el ingreso de la policía en Río Blanco pese a que el juez Paúl Serrano dispuso la suspensión de las actividades mineras y el retiro de la fuerza pública.

Raymundo Hernández, representante de los pequeños y medianos ganaderos del cantón Girón, informó que enfrentan una crisis por el acuerdo comercial con la Unión Europea y la poca demanda de los productos lácteos, por lo que demandaron la no industrialización del suero, así como el respeto del precio de la leche a 42 centavos.

La protesta avanzó por las calles del centro Histórico desde la Plaza de San Blas, la Gobernación del Azuay y Parque Calderón. Además, los manifestantes informaron que este es el inicio para la radicalización de la protesta contra el gobierno de Lenín Moreno.

Fuente:https://foazuay.org/2019/01/30/cuenca-marcha-contra-la-mineria-la-crisis-lechera-y-las-medidas-economicas/?fbclid=IwAR1mRE5Q0krdUECuvnlnz8fc2yacKhsewnLNyb8ZPR53gXD9_1xq8bO8Xac

Una nueva dificultad tendrá que enfrentar Codelco para poder concretar el proyecto Llurimagua, iniciativa que la minera impulsa en Ecuador de la mano de la estatal de ese país Enami EP. Esto, luego de un negativo informe previo presentado por la Contraloría de esa nación.

El viernes pasado, la institución local dio a conocer el borrador de un documento sobre el proyecto con el que Codelco busca concretar su tan esperada internacionalización. Este informe, incluso podría poner en duda la iniciativa, pues esta incurriría en una causal de suspensión de la concesión minera, luego de que no se presentaran en los plazos establecidos ni el informe anual de actividades, ni el plan anual de inversiones. A lo anterior se suma que las empresas (Enami EP y Codelco) habrían realizado actividades mineras antes de contar con la licencia ambiental correspondiente.

Además, según medios ecuatorianos, otro de los puntos criticados tiene que ver con la tardanza para constituir el modelo de negocios que consideraba una composición mixta, en la que Enami EP contaría con un 51% y Codelco un 49%. Al cierre de 2017 este aspecto aún no se definía.

En el borrador presentado por la institución ecuatoriana también se hace referencia a que la minera no entregó mayores detalles respecto de las características del yacimiento y de los minerales presentes en él. Esto dificultó al Estado de Ecuador conocer el beneficio de avanzar en la explotación.

Contaminación y tala de árboles

En términos ambientales, se acusa la contaminación de algunas fuentes de agua, además del uso de estas sin la autorización correspondiente, así como la tala ilegal de más de 60 árboles presentes en la zona de Llurimagua.

La importancia para la estatal tiene que ver con que a la fecha, Codelco ha invertido del orden de los US$ 40 millones en tareas tempranas que tienen que ver con las fases de exploración inicial, recursos que tendrían que aumentar en el corto plazo para avanzar en la siguiente fase.

Gracias a estos trabajos, se cuantificaron recursos mineros por 1.500 millones de toneladas de cobre y molibdeno, con una ley de 0,51%, lo que impulsó a Codelco a seguir adelante para precisar la información geológica y acordar los métodos de explotación más eficientes y económicos.

Fuentes al tanto de los avances de la iniciativa comentan que también existe un tema político detrás, que tiene que ver con las diferencias entre el actual Presidente Lenin Moreno y su antecesor, Rafael Correa, quien fue un impulsor de la minería en Ecuador. A lo anterior se suma la fuerte oposición de las comunidades locales.

Contactados por “El Mercurio”, desde la Contraloría de Ecuador señalaron que Codelco tiene un plazo de cinco días para informar que presentará sus descargos, más otros cinco para concretarlos. Con todo, desde Ecuador señalaron que el informe final será publicado en un mes.

Desde Codelco, en tanto, señalaron que hasta el momento no han sido notificados del informe de la Contraloría de Ecuador, por lo que no conocen de su contenido.

Fuente:http://www.mch.cl/2019/01/29/contraloria-ecuatoriana-cuestiona-proyecto-codelco-ese-pais-arriesga-suspension/?fbclid=IwAR0SrLxH1Twe1JobcH04t9ZfBOGst8E4HAwSn-yPRAXopSv6kkC12s3of1s

La mayor riqueza de aves de Ecuador está en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. También es una de las mayores fuentes de agua. Y no lo es todo, en su subsuelo tiene metales preciosos.

Ese es el ‘imán’ para que empresas mineras abran 22 posibles frentes con la intensión de explorar y explotar el terreno. Por ahora están fuera de la reserva y sin trabajar, pero los comuneros advierten que si no los frenan, no solo que los sacarán a ellos, sino que se apropiarán del  patrimonio natural.

“Allá es una tierra de nadie, por eso pedimos ayuda”, advirtió Raúl Vaca, vocero de los comuneros. Juntos lograron reunir en un solo espacio a los representantes de Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana, Gobernación, Prefectura, Municipio de Quinindé, Arcom y los ministerios del Ambiente y Agricultura, para hablar del tema.

Entre los compromisos está el cruce de información para lograr desgraficar las supuestas concesiones; empezar la acción para que un Juez aplique medidas cautelares y, de ser necesario -dijo el representante de Gobernación- elevar la advertencia hasta la Presidencia de la República para que disponga el uso de las fuerza pública. (MGQ)

Fuente:https://www.lahora.com.ec/noticia/1102218439/mineria-amenaza-destruir-reserva-cotacachi-cayapas