Una votación que rechaza la actividad minera en algunas áreas y la victoria de candidatos que se oponen a las minas en las elecciones locales en Ecuador provocaron la ira de algunos funcionarios del gobierno, quienes tienen grandes planes para desarrollar comercialmente los recursos de oro y cobre del país.

«El resultado de la consulta compromete proyectos de interés nacional y seguramente generará consecuencias para el Estado Ecuatoriano en materia de inversión y en el ámbito legal», respondió por escrito Fernando Benalcázar, viceministro de Minería de Ecuador, a las preguntas.

En áreas donde proyectos como Fruta del Norte, de Lundin Gold Inc., y Mirador, de Tongling Nonferrous Metals Group Co., están a punto de completarse, los votantes eligieron fuertes oponentes de la minería industrial. Y una abrumadora mayoría de personas en tres aldeas de la provincia de Azuay rechazó las actividades mineras en un referéndum el domingo.

El voto de Azuay tiene implicaciones para INV Metals Inc., que planeaba construir instalaciones de procesamiento y relaves para su mina de oro Loma Larga de US$309,5 millones en una de las áreas que rechazó la minería. La compañía con sede en Toronto ahora espera trasladar las instalaciones a una jurisdicción diferente, dijo un funcionario de la compañía en un mensaje el martes.

Al mismo tiempo, INV Metals planea utilizar todos los canales legales en Ecuador, y posiblemente fuera del país, para impulsar el proyecto, dijo la compañía en un comunicado. Tiene una buena oportunidad de ganar un proceso de arbitraje porque INV Metals había firmado contratos con el estado, dijo el ministro de Recursos, Carlos Pérez, a periodistas el martes.

Sin duda, la administración y la gestión de las actividades mineras son responsabilidad del gobierno nacional y no de las autoridades locales, dijo Benalcázar. Y los votantes no rechazaron uniformemente la minería en las elecciones del 24 de marzo. En Imbabura, hogar de los proyectos Llurimagua y Cascabel, los votantes reeligieron a un prefecto favorable a la minería.

Fuente:https://es.finance.yahoo.com/noticias/sentimiento-antiminer%C3%ADa-sonar-alarmas-ecuador-182457029.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAABeHVqZDjhcBEcK0_4SNzlsyC3TfBtZGlKRSAEI8DHlqddtw84p82cVruqqiHPlqwyOMG-YsZxkojSTNFvzz4ANpTOWsDTDuCYawLDmFBiL8gLWP5HSCvoaW1HLIBn-RWAtPUY5-vgiK1n5wAOoG8NTlho6IDcFZDvCscxvAZ8ap

Los resultados de la consulta popular en el cantón Girón generaron reacciones positivas en todo el país; grupos promineros aceptaron la decisión del pueblo.

Los resultados de la consulta popular no sorprendieron en Girón. Ocho de cada diez personas que votaron el domingo se pronunciaron en contra de la actividad minera. La pregunta era: ¿está de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Kimsacocha?

Ese era el resultado esperado por quienes promovieron la consulta, la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, filial de la Foa-Ecuarunari-Conaie. Uno de sus impulsores fue el prefecto electo, Yaku Pérez.

Esta es la primera consulta popular que se desarrolla en un territorio donde existe actividad minera. En Azuay hay dos proyectos mineros estratégicos: Río Blanco y Loma Larga, este último tiene influencia directa en la parroquia San Gerardo, perteneciente al cantón Girón; pero también en Chumblín, San Fernando, y en comunidades de Victoria del Portete, en Cuenca.

Por esa razón, Arturo Quizhpe, miembro del movimiento para la salud de los Pueblos del Ecuador, calificó como un hecho histórico a la consulta popular y sus resultados. Cree que eso sentará un precedente en el país.

Por su parte, los grupos promineros aceptaron los resultados, aunque no están de acuerdo en la forma en cómo se llevó la consulta. Los resultados causan incertidumbre en la parte empresarial, como la Cámara de Minería.

En la consulta sufragaron 8.564 personas, lo que representa el 59,83 por ciento de la población empadronada en las tres parroquias de Girón: centro, Asunción y San Gerardo. (I)

Fuente:https://www.eltiempo.com.ec/noticias/elecciones/40/mineria-rechazada-quimsacocha

El ´No` a la actividad minera en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha ganó con el 81,3% luego de la Consulta Popular desarrollada ayer, según informaron los veedores. Al cierre de la edición, el CNE no emitía resultados oficiales, que tienen el carácter de vinculantes.

El voto tuvo lugar en las parroquias Girón urbano (12.580 electores) y en las rurales San Gerardo (440 electores) y La Asunción (2.343 electores).  La negativa a la actividad minera ganó en Girón urbano. Las dos parroquias rurales apoyaron el extractivismo.

Fernando Vega, veedor del proceso minero, destacó la decisión soberana y sostuvo que de haber ganado el sí, “el Ecuador se suicidaba y condenaba a las generaciones futuras”.

Marco Machado, doctor en Jurisprudencia, diplomado en Derecho Constitucional y magíster en Derecho Administrativo, refiere que las consecuencias para el Estado ecuatoriano supone enfrentar reclamos a nivel nacional e internacional sobre el incumplimiento del compromiso adquirido. Dice que el pronunciamiento de los habitantes de Girón es vinculante, lo que tendrá un efecto para la definitiva prohibición de la explotación minera en el lugar.

El expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, Observador de Transparencia en la Consulta Popular ayer en Girón, opina que cualquier reclamo que pueda hacer la empresa minera tendrá que ser a la luz de la justicia en Ecuador y del proceso constitucional. Afirma tener información de que “varios permisos obtenidos por la empresa canadiense se habrían obtenido al margen de la ley” (…) “Por eso hay varios elementos que permitirían enfrentar cualquier reclamo”.

Andrés Martínez, PhD en Estudios Políticos y Constitucionales, recuerda que el proceso ha sido largo, tedioso y lleno de obstáculos. Él afirma que hay voces que es importante reconocer y sobre todo que son críticas en el sentido de que luego de la Consulta quedaría abierta la posibilidad de que esos resultados puedan ser sometidos, vía demanda de inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional. (ACR)-(I)

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/03/25/giron-rechaza-la-mineria/

En Ecuador, los habitantes del cantón Girón, en la provincia de Azuay, además de votar para elecciones locales, decidirán si permiten o no la minería en el páramo de Quimsacocha.

Se acercan las elecciones locales en Ecuador. El país saldrá a las urnas el domingo 24 de marzo para elegir alcaldes, concejales y prefectos. Pero en el cantón Girón, de la provincia de Azuay en el sur del país, sus 15 363 habitantes deberán decidir también si quieren o no minería en su región.

Es la primera vez que se llevará a cabo una consulta popular para decidir sobre el tema minero en una región específica. Lo que ocurra marcará un precedente en la historia de este mecanismo de participación ciudadana. Líderes locales están convencidos de que lograrán parar el proyecto minero Loma Larga que pretende explotar oro en el páramo de Quimsacocha, entre los 3600 y 3900 metros sobre el nivel del mar, y a solo 35 kilómetros de Cuenca, la tercera ciudad más importante de Ecuador.

En caso de que los pobladores le digan no a la minería, la concesión del proyecto deberá revertirse y no podrán pasar a una etapa de explotación ─ya finalizaron la tercera fase exploratoria y están a la espera de la licencia ambiental─.

Obtener el visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la realización de la consulta fue resultado de la insistencia de campesinos y líderes de los sistemas de agua comunitarios del cantón Girón, durante más de seis años. “De 2012 a 2015 no hubo respuesta por parte del CNE y la Corte Constitucional. El 24 de julio de 2015, el CNE dio paso para calificar la pregunta y enviarla a la Corte para que esta diera su aprobación. Se tuvieron que recoger cerca de 1500 firmas y para lograr este hecho histórico tuvimos que hacer muchas movilizaciones y viajes a Quito”, explica Bolívar Quezada, líder de los sistemas de agua comunitarios de Girón.

La pregunta que encontrarán los habitantes de este cantón en las urnas de votación es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?

Una gran fábrica de agua

Quienes se oponen a la minería en Quimsacocha aseguran que la consulta popular es un gran logro en la defensa del páramo, pues de ahí nacen decenas de ríos y quebradas. Además, llevaban muchos años han intentado llamar la atención sobre el tema, sin tener éxito. Bolívar Quezada recuerda que en 2010 la parroquia Victoria del Portete realizó una consulta comunitaria en la que le dijeron no al proyecto Quimsacocha, hoy Loma Larga, pero el gobierno ecuatoriano consideró que esta decisión carecía de validez y no era vinculante.

“En la época de Correa, en el 2010, se creó la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami) que amplió la minería en el país, principalmente la de oro. Se aumentó e incentivó la minería mediana y Loma Larga se aprovechó de esta estrategia para hacer pasar el proyecto como minería mediana y de túnel. Hay muchas dudas, dicen que el Proyecto Loma Larga será de minería subterránea pero el temor es que luego pueda ser cambiado a cielo abierto. Pero sin importar cómo se haga, ambas opciones generan impactos”, asegura Gloria Chicaiza, presidenta de la organización Acción Ecológica que ha acompañado a las comunidades de Girón en el trámite de la consulta popular.

Pero el 13 de marzo último, la posibilidad de decidir sobre este tema estuvo en riesgo. Ese día el juez Vicente Ribadeneira Narváez, de la Unidad Judicial de Quito, le ordenó al CNE suspender la consulta luego de aceptar una acción de protección a favor del colectivo ‘Unidos por el Desarrollo de los cantones Girón y San Fernando’.

La noticia causó gran revuelo en Girón, pero inmediatamente la presidenta del CNE, Diana Atamaint, solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que destituyera al juez por interferir en un proceso electoral que se encuentra en marcha. A pesar de este tropiezo, la consulta sigue en pie y el CNE ya destinó 34 594 dólares para que, además de elegir a sus mandatarios locales, los pobladores de Girón decidan sobre la minería.

El profesor Felipe Cisneros, director del Programa para el Manejo del Agua y del Suelo (PROMAS) de la Universidad de Cuenca, asegura que los suelos del Quimsacocha son generalmente andosoles ─de origen volcánico, de color oscuro y muy porosos─ e histosoles ─típicos de zonas húmedas con un elevado contenido en materiales orgánicos más o menos descompuestos─, lo que les da unas características de retención de agua excepcionales.

Cisneros asegura que la minería puede causar impactos negativos desde dos puntos de vista: en la cantidad y en la calidad de agua. Según dice, si se llegara a hacer una explotación minera a cielo abierto en esta zona, se destruiría el manto de páramo y “en ese caso se perdería totalmente la superficie generadora de agua y en consecuencia su impacto sería una verdadera catástrofe. Desde este punto de vista este tipo de minería sería impensable en estos ecosistemas”.

En caso de que la explotación sea subterránea, el investigador asegura que el impacto dependerá de la profundidad a la que se encuentre el mineral. “Podría causar impactos en la cantidad de agua superficial dependiendo de las actividades que se realicen pero podría tener impactos altos en la cantidad y calidad del agua subterránea”, comenta.

Los pobladores de Girón llevan más de una década oponiéndose a la minería en su territorio. Aseguran que Loma Larga no solo afectaría a su cantón, sino también a Cuenca y San Fernando. “El proyecto está situado en una fuente de recarga hídrica que abastece a muchas personas. Los más afectados somos los de Girón y la parroquia Victoria del Portete que estamos justo debajo del proyecto minero”, dice Bolívar Quezada. Asegura que se vería afectada la disponibilidad de agua para consumo y para los cultivos y producción lechera de los habitantes de la zona.

En Quimsacocha nacen y pasan muchos ríos que son importantes para las poblaciones en el sur de Ecuador. Por ejemplo, el río Yanuncay llega hasta Cuenca y de ahí se obtiene casi la mitad del agua para consumo de la ciudad.

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¿Qué pasará luego de conocer los resultados?

“En caso de que la gente le diga no a la minería se revierte la concesión y se devuelve al Estado”, asegura Yaku Pérez, defensor del agua y actual candidato a la prefectura de la provincia de Azuay. Sin embargo, dice que el Estado siempre ha tratado de deslegitimar los procesos de consulta diciendo que no son legales, “para confundir a la población”.

Gloria Chicaiza está convencida de que Girón hará prevalecer el agua por encima del desarrollo minero. “Hemos visto cómo la gente está protagonizando asambleas y movilizaciones y es por eso que el sector minero se ha movilizado para intentar parar estas votaciones, como pretendían con la decisión del juez a favor de una acción de protección de personas promineras, que finalmente no prosperó”.

El Estado ecuatoriano también se ha opuesto a la consulta. El Ministerio de Energía y Minas dijo que la pregunta de la consulta no fue calificada por la Corte Constitucional y por eso, a principios de este año, pidieron medidas cautelares. Sin embargo, el CNE procedió porque la Corte dejó vencer el plazo de 20 días que tenía para pronunciarse.

En entrevista con el diario ecuatoriano El Comercio, el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, dijo que “el Estado es el dueño absoluto de los recursos naturales no renovables, y nos pertenece a todos. El hecho de hacer una consulta popular a un grupo de 15 000 personas versus 17 millones plantea una posible violación de derechos”. En cuanto a las consecuencias legales que asumiría el país frente a la concesionaria canadiense, Benálcazar dijo que son sumamente preocupantes. “Se tardará dos o tres años y agotarán hasta la última instancia en el Ecuador, y después dirán: ‘demando al Estado ecuatoriano por falta el seguridad jurídica’ y, como siempre, perderemos. La afectación puede estar entre 500 y 700 millones de dólares, a ‘grosso modo’”.

Pérez, Chicaiza y Quezada creen que es prácticamente imposible que la consulta le dé vía libre a la minería, de hecho no consideran ese escenario. En caso de que se llegara a dar, están seguros de que las comunidades seguirán haciendo resistencia.

La empresa minera canadiense INV Metals, dueña de Loma Larga ─que además de oro busca explotar plata y cobre─ completó un estudio de factibilidad positivo sobre el proyecto, presentó el ‘Informe Técnico sobre el Proyecto Loma Larga, Provincia del Azuay, Ecuador’ el 11 de enero de 2019 y, además, también se pronunció respecto a la consulta popular del 24 de marzo.

El profesor Felipe Cisneros, director del Programa para el Manejo del Agua y del Suelo (PROMAS) de la Universidad de Cuenca, asegura que la minería puede causar impactos negativos desde dos puntos de vista: en la cantidad y en la calidad de agua.

“Todo el yacimiento mineral de oro-cobre-plata Loma Larga y todos los Recursos Minerales y Reservas Minerales relacionadas tal como se describen en el Informe Técnico, se encuentran ubicados exclusivamente dentro de la concesión de Río Falso y no en el Cantón Girón. Sin embargo, las instalaciones de procesamiento y relaves, según se contempla en el Estudio de Factibilidad, actualmente se propone que sean construidas dentro de la concesión Cristal, la cual está ubicada principalmente dentro del Cantón Girón. En el caso de que el referéndum tenga un resultado desfavorable y exigible, INV Metals, en consulta con las autoridades y nuestras comunidades locales, discutirá opciones para las instalaciones de procesamiento que pueden incluir su reubicación si se justifica”, precisó la empresa en un comunicado publicado el 13 de febrero último.

A pesar de esto, INV Metals insiste en que la consulta popular es inconstitucional ya que “viola los derechos constitucionales del Ministerio de Estado para supervisar las actividades mineras (…) Además, en Ecuador las regulaciones mineras son responsabilidad del Estado Central, no de los gobiernos locales”.

Por ahora, los líderes de defensa del agua en Girón se sienten ganadores: “estamos muy seguros de que nuestra población le dirá no a la minería”, dice Bolívar Quezada. Aún así, entre las comunidades hay cierta incertidumbre sobre cómo responderá el Estado. Gloria Chicaiza recuerda que en 2008 Ecuador contaba con un instrumento llamado Mandato Minero que ordenaba revertir las concesiones que estuvieran en áreas protegidas, nacimientos de agua, zonas de recarga e incluso en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas. “De acuerdo a eso, el proyecto Loma Larga, antes Quimsacocha, nunca debió avanzar. Pero en el gobierno de Rafael Correa nada de eso se cumplió”.

Lo cierto es que la minería en la provincia de Azuay seguirá siendo un tema importante después del 24 de marzo. Loma Larga es uno de los cinco proyectos estratégicos de minería identificados por Ecuador e INV Metals asegura que continuará con sus esfuerzos para la obtención de permisos en 2019, dentro de las leyes y regulaciones del país.

Fuente:https://mongabay-latam.lamula.pe/2019/03/20/24-de-marzo-consulta-popular-decidira-sobre-mineria-en-paramo-de-quimsacocha-en-ecuador/mongabaylatam/

Fuente:https://lahora.com.ec/noticia/1102229863/consulta-popular-sobre-mineria-en-loma-larga-si-va-el-24-de-marzo-segun-ambientalistas-y-comunidades

Kimsakocha fue concesionada para minería, pero en 2012 el Ministerio del Ambiente recuperó 3.217 hectáreas (de las 12.000 entregadas en concesión) para formar el Área Nacional de Recreación que forma parte de la Reserva de la Biósfera del Maciso del Cajas.

Kimsakocha es un territorio conformado por valles y llanuras entre los 2.760 y 3.960 metros sobre el nivel del mar. El complejo de páramos (ecosistemas tropicales de altura) permiten una regulación natural del ciclo del agua abasteciendo de líquido a las zonas circundantes en períodos de secano, constituyéndose en una reserva hídrica de alta importancia, reconocida por diversos estudios por ser el principal aporte de aguas para diversas poblaciones y proyectada para más del 30% de la población urbana de Cuenca, además de servir para el riego de amplias áreas agrícolas y de pastizales para la ganadería.

El territorio

Históricamente, desde 1962 se fueron estableciendo sistemas comunitarios de agua que, a lo largo de la historia, fueron creciendo y ampliándose hasta tener hoy, con aguas de Kimsakocha, unos 35 sistemas comunitarios para consumo humano y riego que se encuentran bajo amenaza directa de la posible explotación minera.

Esta realidad, sin embargo, ha tratado de ser negada por las empresas mineras Iamgold (primera concesionaria) e IMV Metals Inc. (que reemplazó desde 2012 a la anterior), afirmando que la concesión minera se encuentra fuera del sistema hidrológico.

Coincidiendo con las transnacionales, Rafael Correa en ejercicio de su presidencia señaló, durante una visita altamente militarizada a la zona, que la minería no afectaría el agua para Cuenca. Esa “visita” la realizó luego de que las poblaciones de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete el domingo 2 de octubre de 2011, llevasen a cabo una consulta previa no vinculante sobre la explotación minera con participación de 1037 de los 1500 ciudadanos empadronados, 92.38% de los cuales se expresaron contra el ingreso de la minería metálica a cielo abierto en la zona.

Kimsakocha fue concesionada para minería, pero en 2012 el Ministerio del Ambiente recuperó 3.217 hectáreas (de las 12.000 entregadas en concesión) para formar el Área Nacional de Recreación que forma parte de la Reserva de la Biósfera del Maciso del Cajas.

El proyecto minero y sus efectos

De acuerdo a los cálculos de Alberto Acosta y William Sacher (La minería en el Ecuador, 2012), con datos tomados del Plan Nacional del Sector Minero 2011-2014, el Estado recibiría del proyecto Kimsakocha un promedio de 22,32 millones de dólares por año y un total de 184,27 millones.

Estos cálculos derivan de la suma de los ingresos generados por el impuesto a la renta (64 millones al año), las regalías (6,07 millones), aduana e impuestos al capital (3, 18) y las utilidades que por ley deben llegar a las comunidades (0,87). Una suma en realidad muy baja como aporte al PIB del país que ya superó los 103 mil millones de dólares en 2017, sin tomar en cuenta los daños que, a largo plazo, superarán lo ofrecido.

En término de empleos, anuncian mil empleos directos en la fase de construcción, cifra que desciende a 526 empleos directos en el momento de ejecución. Cantidad que es menor a los empleos relacionados a la ganadería que en la zona ocupan a alrededor de 45.000 personas y que podría crecer ampliamente con inversiones en tecnificación. El daño territorial llevaría a mucha de esa gente a perder la producción de su tierra y su trabajo.

Los defensores de la naturaleza y el agua han alertado que el proyecto Kimsakocha (hoy llamado Loma Larga) pretende explotar, durante 12 años, unos 14 millones de toneladas de material rocoso en zona de páramo, produciendo 12 millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos, equivalentes a 4.800 piscinas olímpicas, con liberación de sulfatos y arsénico.

Estas ya son razones suficientes para negar oficialmente la realización del proyecto minero, pues contradicen los Derechos de la Naturaleza incorporados a la Constitución junto a otros articulados y el Mandato Minero de la Asamblea Constituyente (2008) y articulados constitucionales, que señalan ya la negativa a actividades mineras en nacientes de agua y áreas de protección.

Estas disposiciones se ratificaron por una mayoría ecuatoriana, mediante Referéndum y Consulta Popular de 2018, cuya quinta pregunta fue: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?”. De cerca de nueve millones y medio de votos válidos, el 68,62% votó sí frente al 31,38% que votó no. En la provincia del Azuay el voto sí subió a 72,02%.

La larga lucha por la consulta

Tras la burla gubernamental a las consultas parroquiales ya mencionadas, se inició en el cantón Girón el trabajo por una Consulta Popular de carácter vinculante que se basa en principios constitucionales y de la propia Ley de Minería que establece que “los procesos de participación ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento especial obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades para aquellos casos en que la exploración o la explotación minera se lleve a cabo en sus tierras y territorios ancestrales, y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses”.

Hagamos una breve cronología del proceso que inició el 28 de marzo de 2012, cuando la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón de la provincia del Azuay solicitó a la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) del Azuay el formulario para la recolección de firmas para convocar a una consulta popular local en dicho cantón. Trámites van y vienen entre la Corte Constitucional y el CNE hasta que el 31 de agosto de 2015, luego de la recolección de la cantidad de firmas de apoyo necesarias, se presentó todo para que la Corte se pronuncie sobre la legalidad de la pregunta.

Para este paso se contaba con 20 días de término o se entiende por aceptada la consulta. Ni la Corte Constitucional ni el Consejo Electoral dominado por el gobierno de Correa cumplieron sus obligaciones. Es recién el 19 de noviembre de 2018 que un nuevo Consejo Nacional Electoral, dio paso a la consulta popular y se la convocó para el 24 de marzo de este año, el mismo día de las elecciones locales en todo el Ecuador. Es decir que tomó alrededor de siete años de exigencia social para que la Consulta Popular que se realizará en el cantón Girón de la provincia del Azuay.

La pregunta es muy clara y directa: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico de Kimsakocha (Quimsacocha)?

Lo que está en juego

Por supuesto que tras esta consulta está el futuro de la población y la naturaleza de ese territorio. Decirlo es simple, pero no lo será la vida de quienes vean su territorio despojado y su vida destruida. Eso es lo que la historia de América Latina y no solo de Ecuador demuestran que es el resultado del extractivismo.

Sin embargo, allí se puso en juego mucho más. Por un lado, la democracia misma y el derecho ciudadano a ser consultados y respetados ante decisiones que atentan contra derechos. Esto se hizo más notorio cuando el sector empresarial, hoy dominante de manera descarada de las decisiones del gobierno nacional, logró que un juez de Quito hubiese pretendido suspender la Consulta, cuando una vez iniciado un proceso electoral ninguna autoridad puede intervenir, razón por la que la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó la destitución del juez que suspendió la consulta popular.

Por otra parte, los resultados dejarán un mensaje a todo el Ecuador y un antecedente ineludible frente a cualquier acción futura de este tipo. En Girón se defiende la vida y se remarca que el agua vale más que el oro, que existen alternativas de vida superiores a las de la sobre-explotación de los recursos naturales, que el Ecuador no requiere de una minería metálica a cielo abierto que alimenta el sistema de acumulación injusto de nuestros días.

Los empresarios han hablado de la seguridad jurídica como un derecho exclusivo que les pertenece. La seguridad jurídica empieza por la sociedad, las comunidades, los pueblos y la naturaleza porque lo primero es defender los derechos humanos y demás consagrados en la Constitución. Aquí también se pone en juego, entonces, la soberanía nacional frente a una transnacional que quiere hacer negocio en nuestro suelo, los derechos humanos frente a derechos comerciales de esa empresa.

Otro aspecto es el referido a la gestión de las aguas que, de acuerdo con la Constitución, solo puede ser pública y/o comunitaria, como manera de garantizar al agua como un bien común. En la zona, alrededor del 93% del agua se encuentra en gestión pública o comunitaria, pero ello también se pone en riesgo si ingresa la minera y afecta las fuentes agua además de que recibiría una importante cantidad del líquido vital para contaminarla.

El cuento de la minería sustentable sostenido por el anterior y el actual gobierno no puede ocultar los desastres mineros, continuados o de carácter explosivo, en todo el mundo. El agua se somete a los mayores peligros y esto implica poner en peligro a la vida misma.

El apoyo a la consulta y el no a la minería en la zona nos involucra a todos. Será uno de los temas más importantes en esta jornada electoral del 24 de marzo. El pueblo tiene su palabra y las autoridades deberán respetarla.

Fuente:https://kaosenlared.net/ecuador-kimsakocha-y-la-importancia-nacional-de-la-consulta-popular-en-giron/

El Estado tiene firmado un TBI con la empresa INV Metals por el proyecto Loma Larga. La suspensión de la mina abre la ventana a un posible arbitraje internacional. Tanto el Gobierno ecuatoriano, la empresa canadiense INV Metals y la población de Azuay se encuentra a la expectativa de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, respecto a la consulta popular en Quimsacocha, que definirá el futuro de la producción de Loma Larga. Se trata de un proyecto de oro, plata y cobre.

Actualmente está en una fase de exploración avanzada y de evaluación económica. En enero finalizó el estudio de factibilidad del proyecto. Sin embargo, en 2017 ya se establecieron los flujos de dinero y los beneficios para el Estado y la compañía.

Jorge Barreno, gerente general de la empresa, aseguró que se calcula aproximadamente el pago de $ 554 millones al fisco, durante la vida útil de la mina, estimada en 12 años (ver infografía).

Sin embargo, esos recursos podrían verse afectados si la población de Girón vota en contra de la realización de este proyecto en la consulta popular que fue convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 24 de marzo.

Parcialmente estaba suspendida por decisión judicial, debido a que un juez de primera instancia resolvió frenar la consulta, tras el pedido de amparo constitucional del colectivo “Unidos por el desarrollo de los cantones Girón y San Fernando”, quienes respaldan la realización del proyecto Loma Larga.

Pero el Tribunal contencioso electoral (TCE) decidió que la consulta seguirá su curso normal. Y desconoce la actuación del administrador de justicia que pidió suspender la consulta.

Al respecto, Juan Francisco Guerrero, abogado de la empresa en el ámbito constitucional, considera que, de haber una consulta popular, debe ser a nivel nacional.

En el caso de ser local, se debe tomar en cuenta a los tres cantones del área de influencia: Cuenca, Girón y  San Fernando, y no solo a uno.

Ecuador frente a un arbitraje

Hasta el momento, la inversión de INV Metals en el proyecto es de $ 55 millones, pero la construcción y desarrollo de la mina demandará una inversión de aproximadamente $ 309,5 millones.

La empresa canadiense tiene un tratado bilateral de protección de inversión con el Estado ecuatoriano.

Si en la consulta popular  la mayoría de la población de ese sector decide en contra del proyecto, se abre la ventana de un posible arbitraje internacional.

“Al ver que una comunidad de 15.000 personas puede pronunciarse sobre un tema que es de interés nacional, se establecerá (el arbitraje internacional) una indemnización de cientos de millones de dólares”, advirtió Guerrero.

Comunidades amenazan con medidas de hecho

Tras conocerse la suspensión temporal de la consulta popular, colectivos ambientalistas y sociales opuestos a la minería rechazaron la sentencia.

María Maltute, de la parroquia Santa Marianita, de Girón, dijo que las comunidades tienen derecho a pronunciarse sobre la consulta popular.

“No es posible que solo un grupo de personas beneficiadas  vengan a cortar este proceso democrático”, indicó Maltute.

Estaba previsto que este fin de semana se reúnan las comunidades que impulsan el No en el referéndum para determinar las acciones a seguir.

“Cerraremos calles y avenidas. Si es necesario dar la vida, la daremos”, enfatizó la ciudadana. (I)

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/comunidades-mineria-estado-tbi-inv

Funcionarios del Municipio de Ibarra, de Senagua, Ministerio del Ambiente y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), llegaron ayer hasta la mina San José, en la exquebrada de San Juan, para verificar si la concesión minera que trabaja en el lugar cumple con lo establecido en la ley.

Claudio Vaca, director de Ambiente del Municipio, dijo que la inspección era en conjunto con la Comisaría de Construcciones. “El documento pedía hacer una inspección conjunta por el tema de afectación a la vía pública”.

Después de realizar las verificaciones, Vaca brindó declaraciones para indicar las acciones de inspección. Mientras hablaba, moradores del barrio se aglutinaron a su alrededor. Ellos reclamaban porque dicen que los mineros de la zona están afectando el medioambiente, no tienen el debido control y el material de trabajo está desviando el cauce del río.

Vaca indicó, entonces, que el trabajo minero “no está explotando, está retirando el material”. Estas palabras causaron malestar en los pobladores que afirmaban que sí trabajan normalmente en el sitio. Mostraron videos grabados en su celular donde se veía que las labores continuaban en la zona. A lo que Vaca replicó: “Pero yo no puedo ver”.

Cuando se le preguntó si iba a clausurar esa concesión minera, el funcionario municipal dijo que tienen que analizar los documentos. “Por el momento no hay suspensión de la mina porque no tengo información ni observación de la Arcom”.

Origen del problema

José Aurelio Simbaña lleva una gorra ploma desgastada, una camisa roja de rayas y unos zapatos empolvados. Camina silencioso atrás de los burócratas que realizan la inspección. En su brazo izquierdo carga documentos. Escucha atentamente todo lo que dicen, pero no interviene ni se pronuncia.

Su silencio es tan perturbador que un periodista de este medio le pregunta desde cuándo es dueño del terreno, solo para escuchar su voz. Sin embargo, Simbaña no emite ningún sonido y con gestos llama a su interlocutor.

Su abogado, quien lo representa legalmente, aparece en escena. Dice que Simbaña es dueño de la propiedad desde hace mucho tiempo. ¿Cómo inició en el negocio? Por cosas del azar. “Apareció una mina y, entonces, se solicitó la concesión”, responde.

A unos pasos, continúan los reclamos de los moradores. El abogado mira al grupo y agrega: “Como se trata de minería a pequeña escala, no se necesita mayores cantidades de requisitos”.

Beneficios para la comunidad

Según la Ley de Minería, las actividades de extracción de materiales áridos y pétreos deben generar beneficios y regalías para la comunidad aledaña. El objetivo es cubrir necesidades básicas insatisfechas para que haya un desarrollo territorial productivo.

Sin embargo, los moradores del barrio dicen que, desde que inició a trabajar la concesión minera, no ha habido ninguna ayuda.

El abogado, de la concesionaria minera, señala lo contrario. “A la municipalidad se le entregó 250 volquetas de material pétreo para que sustente las bases del adoquinado de la ciudad de Ibarra”.

Por su parte, Claudio Vaca señala que los mineros han cumplido con su parte. “Ellos aportan en la limpieza de caminos. Cada cierto tiempo, la maquinaria hace el mantenimiento”.

Tras la visita, los moradores de la zona esperan respuestas de las autoridades y acciones inmediatas. (PTEG)

CIFRA

Hoy, la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que suspenda la Consulta popular para la minería en Quimsacocha, Azuay, hasta que exista el pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC), luego de haber aceptado una petición de medidas cautelares constitucionales.

Ante eso Víctor Barreto, presidente del Gobierno Parroquial de San Gerardo, señaló hoy, miércoles 13 de marzo del 2019, que es importante esta resolución porque la consulta se convirtió en un tema político vinculado con la campaña. “Nosotros no decimos que no se consulte, pero no estamos de acuerdo que sea en este momento y que no se consideren todos planteamientos del pueblo”. Dijo que se reunirán con las personas que están a favor de la minería para analizar esta resolución.

En cambio, la Federación de Organizaciones Campesinas de Azuay (FOA) expresó su rechazo a la decisión judicial. En su pronunciamiento, aseguró, que esta medida busca frenar la consulta porque “la mayoría de los habitantes del cantón Girón están en contra de la minería”. Además, solicitaron que la presidente del CNE, Diana Atamaint pida la revocatoria de esta resolución.

El presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, señaló que “ninguna autoridad judicial puede interferir las acciones que determine el Consejo Nacional Electoral en época de elecciones, por lo que la consulta popular sigue en marcha. Nunca nos notificaron para la audiencia ni la lectura de este fallo”.

La consulta popular estaba en firme y debía realizarse el próximo domingo 24 de marzo en Girón (Azuay). El CNE aseguró que esta disposición judicial debe ser analizada en el departamento jurídico y luego en el Pleno.

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/quimsacocha-suspension-consulta-popular-elecciones.html