En días recientes, la Contraloría General del Estado, publicó el infomre final sobre el proyecto minero de Llurimagua; concesión administrada por la Empresa  Minera del Estado y la empresa estatal de Chile CODELCO. En este Informe muestra más de 10 irregularidades sobre el proceso de adjudicación y exploración avanzada en el Valle de Intag, cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura.

Desde 2018, la Contraloría General del Estado analiza una serie de irregularidades denunciadas por comunidades y organizaciones sociales respecto de varios proyectos de minería a gran escala, en Ecuador. Tal es el caso del proyecto LLurimagua acerca del cual la Contraloría General del Estado ha emitido su informe final.

El proyecto minero LLurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacachi, está a cargo de la Empresa Nacional Minera (ENAMI) y de la Corporación Nacional de Cobre de Chile (CODELCO) empresa que, hasta la presente fecha ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde 2015. Las actividades mineras realizadas al margen del control de las entidades gubernamentales, han devenido en una serie de irregularidades legales y de atropellos a los derechos humanos. Esto ha sido tan grave, que la Contraloría General del Estado ha determinado doce irregularidades, concluyendo en su informe final que la concesión minera LLurimagua debió haber sido REVOCADA. (ver boletín completo aquí)

ilvia Quilumbango, presidenta de la DECOIN en Rueda de Prensa nos explica hacia dónde va la estrategia para lograr que se cumpla el Informe de la Contraloría General del Estado y lo que ratificó la Defensoría del Pueblo

José Cueva, exfuncionario del cantón Cotacachi y habitante del Valle de Intag, defensor de la Naturaleza habla sobre la contaminación ya existente en los ríos y los fuertes niveles de irregularidades que deberían provocar el cierre definitivo de la empresa y por tanto de la concesión minera.

Javier Ramirez es habitante de Junín, una de las zonas donde la minería entró gracias al apoyo del Ejército ecuatorinao y las fuerzas especiales de la Policía en el 2014. Javier fue preso injustamente y en el 2015 salió cumpliendo su condena por casi un año. Expresó la importancia de defender el territorio y el trabajo comunitario que ha posibilitado que sigan unidos; aunque el Estado y las empresas han hecho todo para dividirlos.

Patricia Carrión, abogada de la CEDHU, ha acompañadao diferentes procesos sociales; explica que el Informe, arroja las irregularidades en el proceso adminsitrativo y de concesión al proyecto Llurimagua, que permiten su clausura definitiva; y que además es importante destacar que las sanciones propuestas por el Informe de la Contraloría General del Estado y que ratific la Defensoria dle Pueblo, no sólo deben ser administrivas, sino judiciales en donde se pueda determinar.

Fuente:http://agenciaecologista.info/2019/04/24/audios-intag-queda-demostrado-la-mineria-no-continuar/?fbclid=IwAR20jt2aN9jNVEgA8X8cg_cxSUavwV6c1MM5xTkir5pMfh2CIVwzfYXN53Q

Informe de Defensoría del Pueblo Destaca Abusos Relacionados al Poyecto Llurimagua de ENAMI -C0DELCO (English below)

Tras los devastadores hallazgos de la Contraloría General del Estado sobre la concesión minera de Llurimagua, anteriormente conocida como Junín, la Defensoría del Pueblo del Ecuador acaba de publicar un informe de 88 páginas sobre los abusos a los derechos humanos y de la naturaleza relacionados con el proyecto ubicado en la zona de Intag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

El informe señala el conjunto de violaciones cometidas por las instituciones del estado y las compañías mineras durante su operación. El arresto irregular del entonces presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, el asalto violento con cientos de policías y militares y la ocupación forzada de la comunidad entre otros.

El proyecto minero está siendo desarrollado por ENAMI, empresa estatal minera de Ecuador y la estatal de cobre, CODELCO de Chile, empresa que hasta la presente, ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde el 2015. Las actividades mineras hechas al margen del control o supervisión de las entidades gubernamentales, las violaciones a la ley, mas de una decena, han sido tan graves que la Contraloría General del Estado concluyó en su informe que la concesión minera debió haber sido revocada. De igual manera, el reciente informe  de la Defensoría del Pueblo del Ecuador exige también, la suspensión del proyecto.

La Defensoría del Pueblo, institución encargada de proteger los Derechos Humanos, así como también los Derechos de la Naturaleza, incorporados a la Constitución del 2008, evidencia y establece en su informe que varias personas de la zona de Intag, opuestas al proyecto minero, están bajo amenaza constante. Además señala que junto a la ausencia de supervisión de las operaciones mineras, el Estado, a través de sus instituciones, incluida la Policía Nacional, violó sistemáticamente los derechos de la comunidad y la naturaleza.

El informe a más de los señalamientos, exhorta a los diferentes Ministerios a prevenir o detener las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.

Al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, le exhorta -basada en la Ley de Minería- a declarar la caducidad de la concesión minera  Llurimagua y a informar, en un plazo de 3 meses, a la Defensoría del Pueblo.

A la SENAGUA, Secretaría Nacional del Agua, dado que no existe un plan de conservación de las microcuencas, le exhorta a revocar las autorizaciones para el uso del agua y a informar a la oficina del Defensor del Pueblo en un plazo de 3 meses sobre las medidas adoptadas.

Al Ministerio de Medio Ambiente, dado que el derecho constitucional de la comunidad a la consulta ambiental fue violado, al igual que los derechos de la naturaleza y la licencia ambiental, le exhorta a revocar dicha licencia. Así mismo le solicita adoptar normas de protección para la Reserva Comunitaria de Junín, que incluyen la protección, conservación, restauración y mantenimiento de la reserva, en base a la existencia de la Rana Arlequín Hocicuda, cuyo único hábitat conocido es el bosque de Junín, ahora amenazado por la minería.

La exhortación final es advertir a los Ministerios, que si las acciones identificadas por la Defensoría del Pueblo no se llevan a cabo en el lapso de tiempo especificado, la  Defensoría  tomará las medidas pertinentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, y declara a la Reserva Comunitaria de Junín como sujeto de derechos; lo que significa que debe ser conservada, protegida y rehabilitada  y basa dicha declaración, en el descubrimiento de la Rana Arlequín Hocicudo, que solo habita en los bosques de la comunidad de Junín y en ninguna otra parte del mundo.

En cuanto a las amenazas que enfrentan las personas que se oponen al proyecto minero, identificadas como “Defensores del derecho de la naturaleza”, la Defensoría del Pueblo declara a dichos individuos bajo protección y señala al Estado como el responsable, en caso de que se violen sus derechos humanos.

Fuente:https://www.decoin.org/2019/04/la-rana-que-podria-finiquitar-los-planes-de-codelco-en-el-ecuador/?fbclid=IwAR2QvGI7reCktRPw9EX9JoJvHrIG_i8nCbS5QLFPAJ08uqEuKbBmovfcvlI

Son las 18:00 del domingo 24 de marzo. La tarde es fría, pero tranquila. Poco a poco, los pobladores de Girón se concentran en el parque central. La iluminación es muy mala. Unos escuchan atentos la radio, otros revisan sus celulares y algunos, sentados, mueven sus piernas y sus manos. Es la ansiedad por conocer los resultados de la consulta popular de Kimsakocha.

En las redes sociales y en los medios de comunicación se difunden resultados preliminares. El colectivo ambientalista Yasunidos Cuenca informa que más del 70% del electorado votó por el No. Los veedores de las organizaciones involucradas en el proceso, como la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, hacen llamadas a los dirigentes diciendo que en los distintos recintos electorales el triunfo por el agua se mantiene. Son noticias buenas, pero los defensores del agua son cautelosos. Quieren información oficial. Revisan una y otra vez la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) y no hay nada.

En junio de 2012, la compañía IAMGOLD vendió el 45% de los derechos de explotación del proyecto denominado inicialmente como “Quimsacocha” a la empresa INV Metals. Al adquirir los derechos de exploración en la zona, INV Metals cambió el nombre del proyecto por “Loma Larga”.

Después de una hora de incertidumbre, llegan más personas, líderes y lideresas de las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete, ambientalistas de Cuenca y de otras partes del país. La tendencia por el No crece, pero la página web del organismo electoral sigue vacía. Las radios de Cuenca ya confirman la derrota de las mineras y la gente cada vez se convence más, se abrazan largamente, saltan con alegría, sus ojos brillan, son rostros de esperanza.

Las pocas dudas se desvanecen cuando llega Yaku Pérez Guartambel, con el poncho rojo que lo acompañó durante casi dos décadas para enfrentar a las empresas mineras de Kimsakocha y Río Blanco, y durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. A las ocho de la noche, son todavía pocas las actas escrutadas para saber quién será el nuevo prefecto de la provincia de Azuay, pero ya se expande la certeza de que Yaku, conocido como el defensor del agua, es la nueva autoridad.

Bolívar Quezada, de 33 años, es presidente de los sistemas de agua de la comunidad de Cauquil, ubicada en la parroquia San Gerardo. A Cauquil la conocen como la “tierra seca”, ya que su gente no tuvo acceso al agua potable durante muchos años.

Kimsakocha cuenta con tres lagunas de las que nacen tres ríos que sirven a Tarqui para Victoria del Portete, Tarqui, Baños y Turi; el río Yanuncay que abastece la tercera parte de la ciudad de Cuenca, y el río Rircay que abastece los cantones de Girón, Santa Isabel, San Fernando y la zona costera del Pacífico.

Pero en el 2010, adultos, jóvenes y mujeres se organizaron para crear el sistema comunitario y abastecerse de agua todos los días desde el Lago Cristal, la parte baja de Kimsakocha. La escasez del agua marcó su vida, así como la del resto de la comunidad de 103 familias. Las memorias son frescas: cultivos dañados, animales muertos, pastos secos. Cuando Bolívar era niño corría con los baldes para recolectar el agua desde los reservorios y vertientes.

Ahora, muchos caminan juntos por las calles de Girón, con sus banderas azules. Esperan celebrar como lo han hecho desde que se inició su lucha, cantando al agua y a la vida.

A la voz de nuestra agüita, todo el mundo se levanta, a defender Kimsakocha.
Agua quiero, agua quiero, oro no. Vida quiero, vida quiero, muerte no.

Al mediodía del lunes 25 de marzo, por fin los resultados se publican en el sitio web del CNE. El No gana y de largo en el cantón Girón, con 7 135 votos que representan el 86,79% del total. La situación es similar en dos parroquias más. En Asunción, con 2 343 empadronados, el 86,43% dijo no a la minería. Girón, la zona con mayor población, también votó por el No y obtuvo el 88,63% de los votos. En San Gerardo, la diferencia es menor. En este territorio, fragmentado por las regalías mineras, el No se impuso con el 55,27%.

Desde este espacio, desde su chakra, donde cultiva maíz, arveja, papas, zambos y porotos para alimentar a su familia y sobrevivir económicamente, Bolívar califica de “histórica” la consulta y exige que se respete la decisión de los gironenses en las urnas

Después. Esperanza y amenazas

La celebración por el triunfo del No apenas duró la noche de ese 24 de marzo. Al día siguiente, las declaraciones de la empresa minera Inv Metals y de los voceros del gobierno de Lenín Moreno mataron la alegría de los defensores del agua. La compañía, en un comunicado, informó que reubicará las instalaciones de procesamiento y relaves fuera del cantón Girón, y que seguirá con las actividades mineras y agotará todas las instancias legales jurídicas en el Ecuador, y si fuera necesario, acudirá a los organismos internacionales.

El martes 26, Carlos Pérez, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dijo que la situación es “preocupante”, que los resultados son “un golpe” para la industria minera. Habló de la probabilidad de demandas contra el Estado ecuatoriano y hasta vaticinó que perderían recursos económicos y en el ámbito jurídico. El viernes 29, 9 empresas mineras y la Cámara Nacional de Minería se agruparon en la denominada Alianza para la Minería Responsable y solicitaron a la Corte Constitucional que se pronunciara sobre estos resultados.

A Lauro Arariwa Sigcha, presidente de la FOA y activista por 16 años, le preocupan todas las estrategias de la empresa y del gobierno para deslegitimar el proceso de consulta popular. Sin embargo, tiene la certeza de que esta victoria ha permitido posicionar varios mensajes como el derecho de los pueblos y comunidades a ser consultados, fortalecer la resistencia de los territorios con conflictos mineros y pensar en otro mundo más sustentable y justo.

Yaku Pérez Guartambel, abogado de las comunidades defensoras del agua, sostiene que la consulta es vinculante, es decir, que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Además, así lo establece la actual Constitución del Ecuador, en su Artículo 106. En caso de que las actividades mineras continúen en Girón, pese a la notificación de los resultados del CNE, la empresa minera podría enfrentar un juicio penal por desacato, dijo Yaku Pérez.

Antes. Quienes conspiran

Antes de las elecciones hubo varias piedras en el camino. En febrero, el Ministerio de Minas pidió medidas cautelares para evitar la consulta popular, pero la jueza Ximena Barragán negó el pedido porque el Ministerio no tenía legitimidad para haber actuado “a nombre del pueblo”.

Faltando una semana para el día de las elecciones, el juez Vicente Rivadeneira aceptó la solicitud del Colectivo Unidos por el Desarrollo de los cantones de Girón y San Fernando para suspender temporalmente la consulta hasta que la Corte Constitucional se pronunciara. Pero el Pleno del CNE solicitó que se revocaran las medidas cautelares y se destituyera al juez. El proceso continuó.

Se pretendió explotar cerca de 2,04 millones de onzas de oro, 11,5 millones de onzas de plata y 81,1 millones de libras de cobre, bajo el esquema de minería subterránea.

Ya el domingo de elecciones, las alarmas de un posible fraude electoral llegaron en las primeras horas. Veedores de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA) y del colectivo Yasunidos difundían en sus redes que en algunos recintos electorales no habían entregado la papeleta de la consulta popular sobre la minería en Kimsakocha. Los medios de comunicación replicaron la noticia. Heriberto Cairo, observador internacional y académico de España, visitó el centro educativo Rafael Chico y lo confirmó: no se había entregado una papeleta debido al retraso en la instalación de una mesa.

La desconfianza se mantuvo hasta el cierre de la votación. Los veedores preguntaban a los electores si recibieron la papeleta de la consulta y sus respuestas eran afirmativas, pero con esas respuestas explicaban cómo fue su voto. Lo hacían, sobre todo, las mujeres con pollera y sombrero:

“Yo voté por el No. No queremos ser afectados por la minería. Estamos luchando por el agua por nosotros y nuestros hijos”

“Necesitamos tomar agua y el agua es nuestro primer recurso. ¿Qué hacemos con el oro? Anillos que no podemos tener porque todo nos roban. ¡Sí al agua!”

“Yo voté por el agua porque eso nos interesa mucho, porque sin agua no podemos vivir”

“Sí recibimos la papeleta de la consulta. Nuestro voto fue en contra porque creemos que la minería sea legal o ilegal igual afecta las fuentes hidrológicas”.

Las expresiones de las mujeres de Girón fueron indicador de que las trampas preparadas por el Estado y las empresas mineras en este proceso electoral no eran posibles en un pueblo unido y vigilante. Ante cualquier movimiento sospechoso, las comunidades lo esparcían, los medios de comunicación alertaban a sus audiencias y las voces desde los distintos espacios llamaban la atención al CNE para corregir cualquier error. Las miradas de otros países estuvieron pendientes de la consulta por el agua por ser un referente mundial para detener la megaminería.

Memoria que fluye

El triunfo del agua no es el resultado de una lucha reciente. La defensa de Kimsakocha y de sus fuentes hídricas tiene al menos dos décadas. Según el defensor del agua, Jhonny Tapia, los miembros de la Unión de los Sistemas Comunitarios del Agua y la FOA hicieron cerca de 50 viajes a Quito para insistir a la Corte Constitucional una respuesta, hasta que en noviembre de 2018, el organismo electoral transitorio dio paso a la consulta popular.

Al principio eran pocos, por eso los llamaban “4 pelagatos”. Hoy son miles. Muchos defensores que estuvieron al inicio ya no están hoy para celebrar esta victoria electoral, pero sus huellas siguen vivas. Lo recuerdan Angelita Loja y Miriam Chuchuca, dos mujeres incansables que lideraron varias marchas, huelgas de hambre, cierres de vías. Ellas cuentan que los comuneros han pasado al menos veinte años de persecución, de violencia física y verbal, de cárcel por defender el agua, y hoy quedan familias divididas y comunidades rotas por culpa de la presencia de la minera que ofrecía oro, empleo y estatus social.

Son dos décadas. Pero las comunidades azuayas ya no se sienten solas. La resistencia se multiplica en la provincia de Azuay y en otras zonas del país. El triunfo de esta consulta es el precedente para muchos pueblos amenazados por la arremetida de la minería que se extiende en la región.

Fuente:https://labarraespaciadora.com/medio-ambiente/giron-el-poblado-que-derroto-a-la-mineria/?fbclid=IwAR2zeFfUtjhy7RcAXEkn1hNiOKer5pvmuZE4AJMgwLBoOb2HNXrIHr9tgOw

No me había puesto a pensar que la Iglesia Católica es accionista de empresas que violan derechos humanos y están explotando petróleo y minería.  Una buena acción sería desinvertir. Lo deberían hacer. Por allí se debería empezar. Tal vez es mucho más fuerte que acompañarnos en las marchas. Porque, que le quiten el dinero a quienes nos están haciendo daño, eso sí les va a doler (a las empresas)”.

Así irrumpió la voz de Patricia Gualinga, ante cardenales, obispos, religiosas, religiosos, laicos y otros líderes indígenas presentes en el Seminario Internacional sobre “Ecología Integral” en Washington, organizado por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), en el que se preparan propuestas para llevar al Sínodo de la Amazonía.

“La campaña de desinversión de parte de las instituciones de la Iglesia es urgente y necesaria”, continuó la lideresa kichwa de Sarayaku, ante los aplausos del auditorio. Luego, pidiendo perdón a los obispos, les lanzó otro desafío:

“Yo me pregunto, por qué la Iglesia no declara como pecado mortal la destrucción de la Amazonía, la destrucción de la naturaleza… No es acaso pecado el matar, y se está matando la naturaleza, por lo tanto, se está cometiendo pecado”, ante nuevos aplausos de parte de los representantes eclesiales.

Después de su destacada intervención, el Padre Dário Bossi, coordinador de la red ecuménica Iglesias y Minería, dialogó con Patricia Gualinga y la lideresa volvió a insistir en que las inversiones que tiene la Iglesia en minería y en petróleo están violentando los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Amazonia y reitero su pedido a la Iglesia Católica que retire su dinero que le está generando muerte al planeta. “La Iglesia tiene que desinvertir, tiene que retirar ese dinero que están usando para violentar los derechos de los pueblos, para destruir la naturaleza, para desequilibrar este planeta Tierra. Tiene que empezar a invertir en cosas que sean sustentables que den vida al planeta, no que generen muerte.”

“Pedimos a la Iglesia Católica que desinvierta y empiece a invertir en cosas que sean de beneficio para la humanidad y que no sean de muerte”, reiteró la lideresa kichwa.

Refirió que actualmente en el Ecuador, se ha incrementado la minería a gran escala en la provincia de Morona Santiago. Destruyendo las grandes montañas de los pueblos originarios. “Destruyen la madre tierra, contaminan la madre Tierra, pero sobre todo destruyen a los pueblos indígenas. Y con eso, destruyen lo importante de los ecosistemas amazónicos.”, denunció Patricia Gualinga.

Patricia Gualinga junto a sus padres

Haciendo un llamado también al mundo para proteger a la Amazonía, agregó “es importante que el mundo entienda que la protección de la Amazonía, es vital, es fundamental, no solo porque es el pulmón del mundo, sino porque también es una de las fuentes de agua dulce más importantes del planeta. Un lugar biodiverso que se conecta con hilos invisibles en todo el mundo para equilibrar los ecosistemas.”

El pueblo de Sarayaku es muy conocido por su resistencia y lucha emblemática y que ha logrado triunfar ante un panorama que decían que era imposible luchar contra grandes empresas petroleras que tenían el apoyo de los gobiernos. Después de más de 10 años de resistencia y lucha lograron expulsar de su territorio a la empresa petrolera argentina CGC y ganar un juicio al Estado de Ecuador por haber permitido violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Una lucha que no ha terminado dice Patricia Gualinga “Hoy continuamos en la lucha. Y yo, como mujer amazónica estoy tratando que varias mujeres de las nacionalidades también nos juntemos para luchar de manera conjunta en cada uno de sus territorios y apoyarnos mutuamente”, sostuvo la lideresa del pueblo originario Kichwa de Sarayaku, en la Amazonía de Ecuador.

Comunicado a la opinión pública: Decimos NO a otra explotación de carbón a cielo abierto en La Guajira

La comunidad de Cañaverales, ubicada en San Juan del Cesar (sur de La Guajira), quiere expresar ante la opinión pública, nacional e internacional, el inminente riesgo de desplazamiento y transformación del uso y vocación del suelo por la ejecución de un megaproyecto minero sobre nuestro territorio, el cual seguirá profundizando la grave crisis social, económica, cultural y ambiental en la región, especialmente para las comunidades étnicas y campesinas que se encuentran en el área de influencia de este denominado “corredor minero” del sur de La Guajira y norte del Cesar.

Estamos aportas de que, en los próximos 30 años, “El Proyecto Minero Integrado Minas Cañaverales” pueda explotar, transportar y exportar carbón térmico extraídos del subsuelo de nuestros territorios ubicados en los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y Dibulla, además de transformar 150 km del departamento con la construcción de un ferrocarril de carga y contaminar nuestros mares con un puerto de cargue directo en el municipio de Dibulla.

Tal Proyecto que cuenta con el aval del Estado, fue planeado y concesionado a las empresas brasileñas MPX y CCX y, actualmente es ejecutado por la Empresa Best Coal Company SAS (BCC), filial de la multinacional turca Yildrim Holdings, la cual ha venido realizando diversas reuniones en nuestras comunidades de los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca para presentar el proyecto minero, los respectivos estudios de impacto y manejo ambiental, así como los supuestos beneficios para las comunidades.

No obstante, la información ha sido poco transparente y ha generado confusión entre la población local, pues, por ejemplo, desconocemos cual va a ser el destino de nuestras fuentes de agua como el Manantial de Cañaverales que, a pesar de ser declarado Reserva Forestal Protectora, su exposición a la explotación minera pone en riesgo su existencia y así, nuestra pervivencia en el territorio.

En este sentido, teniendo en cuenta que el Manantial de Cañaverales es fuente de agua para el consumo humano y para el desarrollo de actividades productivas de los habitantes urbanos y rurales del municipio, y reconociendo la vocación agropecuaria de Cañaverales y de las zonas aledañas, manifestamos a viva voz: NO estar de acuerdo con la minería y consideramos que el proyecto minero de la empresa BCC no garantiza la protección de la vida y la preservación de los ecosistemas naturales de la región.

Decimos NO al Proyecto Minero Cañaverales porque con el inicio de la explotación se pone en grave riesgo nuestro:

• Derecho a la vida, la libertad y la integridad: es sabido que en el país los líderes y lideresas en procesos de defensa del territorio han sido atacados, amenazados y estigmatizados.

• Derecho humano al agua: con la explotación minera se dificulta el acceso al agua, aumenta la contaminación de cuerpos de agua, se genera la pérdida de fuentes hídricas y las limitaciones en el abastecimiento de agua para el consumo humano.

• Derecho a la salud: con la contaminación del agua, aire y suelo, el uso de químicos y la exposición al carbón se genera riesgos y daños crónicos a la salud, así como muertes prematuras.

• Derecho a la alimentación: el cambio o sustitución de la actividad agropecuaria por la actividad minera implica riesgos en la soberanía alimentaria de las poblaciones locales.

• Derecho al trabajo: las empresas mineras brindan escasas y precarias oportunidades laborales a los pobladores locales y crean economías de dependencia a la industria extractiva haciendo que perdamos nuestra vocación agropecuaria.

• Derecho a la participación: no se permite que las comunidades decidan conforme a los derechos consagrados en la constitución y las comunidades se ven sometidas a las imposiciones de las empresas.

Por las razones expuestas, nosotros los pobladores de Cañaverales reiteramos no estar de acuerdo con la minería proyectada en nuestro territorio, siendo nuestra decisión proteger el territorio, el agua y la vida frente a los megaproyectos mineros.

Comunidad de Cañaverales, San Juan del Cesar, La Guajira.

Fuente:Fuente: http://notiwayuu.blogspot.com/2019/03/no-queremos-que-extraigan-el-carbon-de.html?m=1*

El 24 de marzo de 2019, en el marco de las elecciones municipales y provinciales de Ecuador, ocurrió un hecho histórico: se llevó a cabo la primera Consulta Popular vinculante que permitió a la población del Cantón Girón decidir el futuro de sus territorios. Las comunidades fueron consultadas sobre su posición respecto al proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa canadiense INV Metals, dentro de sus territorios que se ubican en el páramo de Kimsacocha. El páramo es un ecosistema que se da únicamente en ambientes montañosos elevados en los Andes tropicales y se caracteriza por ser extremadamente frágil, con alta biodiversidad y con enorme capacidad de regulación hídrica. El complejo hidrológico Kimsacocha pertenece a la Reserva de la Biósfera Macizo del Cajas y posee una importante diversidad biológica, infinidad de lagunas y nacimientos de ríos que abastecen de agua a Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador, y en buena parte a la provincia del Azuay. Los pueblos indígenas y campesinos andinos conocen de la importancia del páramo, por lo que lo han cuidado y protegido durante años de los proyectos mineros.

La Constitución del Ecuador reconoce la Consulta Popular como una iniciativa ciudadana legalmente vinculante. En el caso del Cantón Girón, se realizó esta consulta con la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsacocha?”. Esta pregunta determinó la posición de las comunidades de la zona, dirimiendo dos formas de vida incompatibles: la explotación minera para el lucro de las empresas transnacionales o el derecho al agua y la protección del patrimonio hídrico para las presentes y futuras generaciones.

Los resultados fueron contundentes: el 87% de los votantes dio su apoyo al agua frente a la minería de oro. Y se sentó así un precedente decisivo en la historia del país, de los pueblos del Abya Yala y de este mecanismo de participación instituido en acto democrático.

Llegar a este momento ha sido un largo caminar de años de las comunidades organizadas en torno a la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón (UNAGUA) para su gestión social. Estas comunidades han enfrentado constantes violencias en sus territorios, desde la criminalización de la protesta hasta la judicialización de sus dirigentes por parte del Estado ecuatoriano. De la misma forma la empresa ha generado constantes acciones de intimidación, persecución y hostigamiento contra las comunidades de la zona que se oponen al proyecto minero.

Fuente:http://www.ctxt.es/es/20190403/Politica/25355/Gloria-Chicaiza-Ivonne-Yanez-Eva-Vazquez-Ecuador-canton-giron-consulta-popular-uso-de-territorios.htm?fbclid=IwAR0Io8Db32I1HW0ZWAYAvFpWJmxZQ7flHrD7SU4JNjR-EPy8zIXdMzqSUdo

“A la voz de nuestra agüita, todo el mundo se levanta, a defender Kimsakocha.
Agua quiero, agua quiero, oro no. Vida quiero, vida quiero, muerte no”.

Con este canto, las comunidades defensoras del agua celebraron la victoria del no en la consulta popular sobre la minería de Kimsakocha, en el cantón Girón.

El no ganó y de largo en el cantón Girón, con 7 135 votos que representan el 86,79% del total. La situación es similar en dos parroquias más. En Asunción, con 2 343 empadronados, el 86,43% dijo no a la minería. Girón, la zona con mayor población, también votó por el No y obtuvo el 88,63% de los votos. En San Gerardo, la diferencia es menor. En este territorio, fragmentado por las regalías mineras, el No se impuso con el 55,27%.

Para Lauro Arariwa Sigcha, presidente de la FOA y activista por 16 años, la victoria ha permitido posicionar varios mensajes como el derecho de los pueblos y comunidades a ser consultados, fortalecer la resistencia de los territorios con conflictos mineros y pensar en otro mundo más sustentable y justo.

Sin embargo, la celebración por el triunfo del No apenas duró la noche de ese 24 de marzo. Al día siguiente, las declaraciones de la empresa minera Inv Metals y de los voceros del gobierno de Lenín Moreno mataron la alegría de los defensores del agua. La compañía, en un comunicado, informó que reubicará las instalaciones de procesamiento y relaves fuera del cantón Girón, y que seguirá con las actividades mineras y agotará todas las instancias legales jurídicas en el Ecuador, y si fuera necesario, acudirá a los organismos internacionales.

Bolívar Quezada, de 33 años, presidente de los sistemas de agua de la comunidad de Cauquil, exige que se respete la decisión de los gironenses en las urnas.

El martes 26, Carlos Pérez, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dijo que la situación es “preocupante”, que los resultados son “un golpe” para la industria minera. Habló de la probabilidad de demandas contra el Estado ecuatoriano y hasta vaticinó que perderían recursos económicos y en el ámbito jurídico. El viernes 29, 9 empresas mineras y la Cámara Nacional de Minería se agruparon en la denominada Alianza para la Minería Responsable y solicitaron a la Corte Constitucional que se pronunciara sobre estos resultados.

Yaku Pérez Guartambel, prefecto electo del Azuay y abogado de las comunidades defensoras del agua, sostiene que la consulta es vinculante, es decir, que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Además, así lo establece la actual Constitución del Ecuador, en su Artículo 106. En caso de que las actividades mineras continúen en Girón, pese a la notificación de los resultados del CNE, la empresa minera podría enfrentar un juicio penal por desacato, dijo Yaku Pérez.

Fuente:https://foazuay.org/2019/04/04/gironenses-piden-que-se-respete-su-decision-en-las-urnas/?fbclid=IwAR3emHaQjVhQAvpCKlcxp4u84p2qWgwVvqdoKiksb4rVHmf62u62nVqRPQY

Quienes se oponen a la actividad minera en los páramos y fuentes de agua de Quimsacocha ganaron la consulta popular en las elecciones del 24 de marzo efectuadas en Girón, cantón de Azuay.

El 86.87% de los electores apoyaron el ‘No’ en estos comicios, por lo que esperan que a la brevedad posible se oficialicen los resultados para que el Gobierno notifique a la compañía extranjera y abandone esta localidad.

Un examen especial, elaborado por la Contraloría General del Estado, determinó 12 irregularidades en el Proyecto Minero Llurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacaachi. Este proyecto está a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami), Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y entidades relacionadas.

Durante el periodo analizado entre el primero de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, Enami y la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco) no constituyeron una empresa de economía mixta, por lo que no existe un documento que avale las actividades realizadas.

Esta situación ocasionó que no se establezcan derechos, competencias y obligaciones entre las partes. Tampoco se cuenta con información sobre características del yacimiento que permita conocer, identificar y cuantificar los tipos de minerales de la zona.

Esta observación recién fue solventada ayer cuando representantes de las dos empresas mineras, y el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, firmaron la constitución de una Sociedad Anónima, donde la Enami tiene el 51% y Codelco del 49%.

En lo ambiental

La segunda irregularidad es que el Ministerio de Ambiente (MAE) aprobó el estudio de impacto y plan de manejo ambiental sin parámetros locales que describan la caracterización del área del proyecto.

Así también, sin sustento técnico ni jurídico, el MAE señaló que la consulta previa no es aplicable en el área de influencia de la concesión minera, en contradicción a lo que establece la sentencia de la Corte Constitucional del 13 de abril de 2010.

En el mismo tema ambiental, los límites de medición para el análisis de agua y suelo no fueron los adecuados. Además, los valores reportados superaron los límites permisibles. Sin embargo, tampoco se validaron los resultados de los análisis de laboratorio.

En el caso de la licencia ambiental, el concesionario minero no cumplió con las condiciones de tala de árboles nativos y la obtención del registro como generador de desechos peligrosos. El MAE no aplicó sanciones por esos incumplimientos.

Otra irregularidad ambiental es que no se coordinó la elaboración de un plan de conservación para la micro-cuenca del proyecto Llurimagua, lo que ocasionó que la Enami intervenga sin disponer de medidas de prevención y mitigación.

Afectaciones

La Enami tampoco contó con la certificación de no afectación a cuerpos de agua, ni instaló medidores de flujo. Esto ocasionó que se utilizara, por 973 días, 258.607,6 m3 de agua captada de fuentes hídricas naturales sin autorización de la Senagua. Todo esto ocasionó que la afectación del caudal ecológico no se pudo cuantificar ni se establezca un plan de conservación que impida que se utilice agua de puntos no autorizados.

Finalmente, no se presentó el informe anual de actividades y el plan anual de inversiones. Tampoco se realizó el seguimiento y control de las actividades de inversión y exploración de la concesión y no se comunicó estas irregularidades, a fin de aplicar la caducidad de la concesión.

La Enami no revisó la información presentada en los informes de explotación de 2014 y 2016, lo que provocó que se presente valores de inversión que no coinciden con los gastos contables. (JS)

Fuente:https://lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102232695/contraloria-detecta-12-irregularidades-en-el-proyecto-minero-llurimagua-en-intag-

Los resultados de este referéndum cantonal, con abrumadora mayoría del no a la minería, deja en el tapete las siguientes reflexiones: Si la Constitución declara que los recursos naturales son del Estado (Art. 408), significa que sobre ellos tienen derecho todos los ciudadanos.

Si una jurisdicción, en este caso el cantón Girón, toma una decisión a nombre de todos, no es democrático ni legítimo; La consulta a las comunidades, en materia de los recursos naturales, consta como un mandato de los Derechos Colectivos (Art. 57). Sin embargo, sus resultados no son vinculantes.

Si la oposición a los proyectos mineros es mayoritaria, se deja el tema en manos de una autoridad administrativa superior del Estado (Art. 398); en otras palabras, sirve para conocer la opinión pero no puede cambiar el cumplimiento de la ley;

El Sr. Yacu Pérez, en conocimiento de esta realidad, porque es abogado, encabezó la “lucha anti-minera” en Azuay, y con un discurso medio falso y medio verdadero, se convirtió en personaje popular y llego a la Prefectura.

Estos son los resultados de haber declarado al país como un Estado Plurinacional en la Constitución de 2008, con dos ciudadanías: la de la mayoría y la de los pueblos indígenas, afros y montubios. Unos buscando la generación de recursos a través de la minería y otros oponiéndose.

Fuente:https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-lectores-elcomercio-consulta-giron.html