Dos proyectos están a punto de inaugurar la minería a gran escala sobre la poco explorada Cordillera del Cóndor.- Se ubican en un bosque amazónico único, lleno de especies endémicas, en el que viven comunidades indígenas en peligro porque bajo la tierra que habitan existen miles de millones de dólares en cobre, oro y plata.
- Otro proyecto está en exploración y se suma a una historia donde el choque entre la minería y la gran biodiversidad desatan numerosos conflictos socioambientales.
A un lado del río Quimi está Tundayme, una pequeña población que no supera los 600 habitantes, mientras que al otro lado se observa el campamento del proyecto Mirador, que tiene 2000 trabajadores y se extiende hacia la frontera con el Perú, en la provincia de Zamora Chinchipe en Ecuador. Todos los días ingresan docenas de volquetas que excavan un agujero de casi un kilómetro de profundidad por 1,5 kilómetros de diámetro.
Para ese proyecto se han talado 1422 hectáreas de bosque, según confirmó la empresa china Ecuacorriente, a cargo de la operación, a Vistazo y Mongabay Latam que recorrieron la zona. El verde de la vegetación contrasta con amplias áreas desbrozadas y grandes infraestructuras en medio de la selva. También se ven unas piscinas, de color tierra, donde se tratan las aguas. Están ubicadas exactamente junto al río.
Esto es lo que se conoce como minería a cielo abierto y es el primer proyecto de este tipo en Ecuador. La fase de explotación, prevista para comenzar en diciembre de este año, extraerá 3,18 millones de toneladas de cobre, más oro y plata, durante 30 años. Mirador y otros proyectos “estratégicos” (tres en la Amazonía y dos en la cordillera de Los Andes) aportarían al país unos 3800 millones de dólares en exportaciones entre 2019 y 2021, más 3600 millones en inversiones que ayudarían a sostener la economía, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
Minería en un lugar con miles de especies por descubrir
Mientras el gobierno deposita su esperanza en las cifras del auge minero, otros sectores temen por el impacto ambiental en la Cordillera del Cóndor, un ecosistema único que alberga 2030 especies de flora, entre ellas una de las pocas plantas carnívoras del Ecuador.
Según estudios botánicos, que destaca el Ministerio del Ambiente, hay otras 2000 especies de plantas por descubrir. Además, esta zona tiene igual número en especies de aves que el Parque Nacional Yasuní: 613. “Recién estamos explorando esta zona y ya encontramos una nueva rana el año pasado (Hyloscirtus hillisi) que existe solo ahí y está en peligro por la minería y la deforestación”, comenta Santiago Ron, profesor principal de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica (PUCE).
Este hallazgo, que confirma el enorme potencial en biodiversidad que tiene la Cordillera, se registró a tan solo ocho kilómetros del proyecto Mirador. “Hay otras cuatro especies que pronto daremos a conocer, tras las expediciones que hicimos en 2017 y 2018 en la Reserva El Quimi (una de las cuatro áreas protegidas declaradas en la zona)”, adelanta Ron. Explica que allí han documentado, además, 66 especies de anfibios, de las cuales el 35 % es endémico, es decir, que no existen en otro lugar.
Además de la fauna, esta pequeña reserva de 9276 hectáreas protege parte del bosque nublado, caracterizado por una “vegetación enana”. Formaciones similares solo se pueden hallar en los bosques de “tepuyes” de Venezuela y Guayana.
Ecuacorriente asegura que biodiversidad y minería pueden coexistir mientras se utilice tecnología de punta. A través de un correo electrónico, la empresa explicó que tiene programas de reubicación de especies rescatadas de las zonas deforestadas para mantener los ecosistemas. Además informó que, de acuerdo a los procedimientos y permisos ambientales, ha reforestado 186 hectáreas.
Sin embargo, las comunidades indígenas shuar no solo temen por el impacto en la biodiversidad sino por la contaminación del agua y la pérdida de bosques, que según denuncian, son más frecuentes a medida que avanza el proyecto.
“Ya no podemos pescar porque el lodo que sale al río está matando a los animales”, lamenta Carlos Tendentza, quien vive un par de kilómetros río abajo y depende de la agricultura. Otros habitantes, como María Chacha, que ha trabajado para la mina, alientan el proyecto y a la vez le piden al Estado que vele por el cuidado de los recursos.
Lo anterior es el reflejo de cómo la pequeña parroquia de Tundayme está dividida entre quienes apoyan la explotación y quienes dicen sufrir los daños colaterales de un gigantesco proyecto minero que ya comenzó al otro lado del río.
La relavera sobre el río
El gobierno justificó el desalojo apelando al recurso de servidumbre minera, que permite mover a los habitantes de una comunidad como San Marcos para que la empresa pueda continuar las actividades, bajo el argumento de que el proyecto es de interés nacional. Los dueños de los terrenos no quisieron llegar a un acuerdo y el Estado simplemente los sacó, cuenta Luis Sánchez . “Las leyes están hechas para las multinacionales, no para quienes habitamos aquí”.
Pero lo que más les preocupa ahora es que habrá otra relavera ─lugar donde llegan todos los desechos producidos por la actividad minera─. Ecuacorriente se dispone a construir una segunda, mucho más grande que la primera, sobre la cuenca del río Tundayme. Allí los terrenos ya están en manos de la empresa o con la figura de servidumbre. Esta relavera será de 7,3 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a dos veces el Central Park de Nueva York.
Durante los primeros cinco años de la explotación, los residuos se almacenarán en la primera piscina. Y para los próximos 25 años, pasarán a la segunda, que alcanzará una altura de 260 metros. Algo difícil de imaginar, pero así figura en los estudios de Ecuacorriente. El temor de habitantes y ambientalistas es que el dique se rompa y contamine los ríos, como ocurrió recientemente en el estado de Minas Gerais, Brasil, causando un desastre.
“Ahí, donde está la relavera era mi pueblo: San Marcos. Nos desalojaron por la fuerza en 2015. Las máquinas enterraron las casas, la iglesia”, recuerda Luis Sánchez, quien recibió en su casa a un equipo de Vistazo y Mongabay Latam. Él nació en Tundayme hace 36 años y es presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor (CASCOMI) que lucha para detener el proyecto
Un estudio del hidrólogo estadounidense Steve Emerman alerta que el peligro de construir una relavera sobre la cuenca del río Tundayme es que se usarán las laderas del valle como muros, con el fin de reducir costos. No obstante, debido a la alta erosión de los suelos de la Cordillera, los deslizamientos podrían desbordar la relavera y destruirla. Entre otros problemas, Emerman describe que los diseños no garantizan la seguridad del dique y mucho menos su capacidad para resistir terremotos.
Con base en este estudio, un grupo de abogados, liderado por Julio Prieto, también abogado del juicio en contra de Texaco, interpuso una acción de protección para impedir la construcción de las relaveras en estas condiciones, pero una jueza lo desechó. “No nos oponemos a la minería. Pedimos que se construya con estándares de calidad para evitar desastres. En el estudio de Emerman están las alternativas. Vamos a insistir con otro recurso”, dice Prieto.
Ecuacorriente afirma que no hay tales peligros y que el diseño de las relaveras está respaldado por “un sinnúmero de estudios geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos, entre otros. Además, estas infraestructuras estarán supervisadas por las autoridades de control estatales una vez entren en funcionamiento”.
Sin embargo, las alertas ambientales se encienden por todas partes. La construcción de la relavera Tundayme supone el desvío de la cuenca del río por medio de un túnel ─de más de medio kilómetro─ que atravesará la montaña. “Cuando desvías el río por un túnel de cemento o por debajo de la montaña, los animales, bacterias y nutrientes que lleva el agua se pierden, rompiendo la cadena ecológica”, explica Verónica Crespo, experta en ecología de ríos e investigadora del Museo de Zoología de la PUCE.
La experta no solo avizora la desaparición de especies en ese río, sino, además, contaminación si se filtran las aguas de la relavera a otros cauces. Pero para esto Ecuacorriente también tiene una respuesta: “para minimizar los impactos se realizarán actividades para mejorar el manejo y conservación de la cuenca alta del río, entre las que destacan reforestación y vegetación de todas las áreas intervenidas”. Lo cierto es que hoy la cuenca del Tundayme ya luce deforestada en algunos sitios y habrá que desbrozar más hectáreas para levantar la relavera.
Minería sobre la cordillera
Cuando terminó el conflicto limítrofe con el Perú en 1999, que tuvo como campo de batalla la Cordillera del Cóndor, se intensificó la exploración minera pero también los esfuerzos de los biólogos por documentar la riqueza de flora y fauna. En el acuerdo que firmaron los dos países se comprometieron a delimitar “Parques de Paz” a ambos lados de la frontera.
Perú creó el Parque Nacional Ichigkat Muja, con un área de más de 152 mil hectáreas, mientras que Ecuador demarcó cuatro reservas aisladas que suman apenas 41 mil hectáreas: las reservas biológicas El Cóndor, El Quimi y Cerro Plateado, y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza. Estos espacios están en la zona alta de la Cordillera, donde, según el Ministerio de Ambiente, nacen las corrientes que alimentan los ríos: Zamora, Santiago y Namangoza. Es una zona extremadamente húmeda.
“Pero las especies no saben de reservas. Las áreas protegidas son muy pequeñas y es imposible documentar especies donde ya hay concesiones mineras”, comenta el biólogo Jorge Brito, investigador del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO).
Relata que recién en la última década han podido realizar exploraciones en la Cordillera y confirma que el alto grado de endemismo ─especies que solo existen en este lugar─ hace que sean frágiles si hay cambios bruscos en sus ecosistemas. “Esta riqueza también nos debe preocupar para su conservación”.
Justamente, el segundo proyecto que inaugurará la minería a gran escala en Ecuador: Fruta del Norte, a cargo de la canadiense Lundin Gold, limita con el Refugio El Zarza, que tiene apenas una extensión de 3696 hectáreas y se caracteriza por una gran abundancia de especies de murciélagos. “Es una zona donde hay mucho por descubrir”, dice Jorge Brito.
A diferencia de Mirador, Fruta del Norte es una mina subterránea, que implica menor cantidad de bosques deforestados. La empresa asegura que el total de terreno intervenido no supera las 500 hectáreas, y que las zonas serán rehabilitadas.
De la mina, que está ya construida y que se adentra unos tres kilómetros, se planea extraer 140 toneladas de oro y 172 toneladas de plata. Es un monto pequeño comparado con un tajo a cielo abierto. Es uno de los motivos por los cuales este proyecto tiene casi una nula oposición por parte de las comunidades, y se vende como el más “exitoso”.
Aunque las cosas no siempre fueron así. La antropóloga Fernanda Solis, autora del libro “Fruta del Norte: La manzana de la discordia”, señala que en años anteriores también existieron desalojos de comunidades por parte de las empresas que iniciaron la exploración para este yacimiento. Esas zonas fueron ocupadas por mestizos agricultores y ganaderos que buscaron tierras fértiles luego de una sequía que atravesó el sur del país en la década de 1960.
A Mirador y Fruta del Norte se suma San Carlos-Panantza, también de propiedad de la china Ecuacorriente. Se trata de un yacimiento, todavía en fase de exploración, con reservas estimadas de 6,6 millones de toneladas de cobre, lo que duplicaría el tamaño de Mirador, según información del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Esto significaría una mina a cielo abierto mayor que la que se construye en Tundayme con sus correspondientes relaveras.
El proyecto se ubica en la provincia de Morona Santiago, también sobre la Cordillera del Cóndor, en una zona de poblaciones shuar que se oponen a la minería a gran escala. El gobierno estima que la construcción de la mina empezará en unos cinco años, lo que intensificaría la actividad extractiva en una zona de gran riqueza biológica.
Las secuelas del conflicto
“No se pueden hacer fotografías del campamento, es propiedad privada. Por favor, retírese”, dijo un funcionario de la empresa Explocobres ─subsidiaria de la china Ecuacorriente─ a un equipo de Revista Vistazo y Mongabay Latam que recorría las zonas aledañas al proyecto minero San Carlos Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago.
Un patrullero con cuatro uniformados llegó unos minutos después. Uno de ellos dijo hacer recorridos constantemente después de los incidentes de agosto de 2016. Ese día fuerzas policiales desalojaron Nankints, un poblado shuar de 15 familias que se resistía al proyecto minero. Durante cuatro meses la zona estuvo militarizada porque los indígenas tenían la intención de volver por la fuerza, pero no fue posible.
“Allí estaba nuestra casa y ahora están ellos”, relataron ese día Lupe Yankur y su suegra Mercedes Taish, mirando el campamento que los funcionarios impedían fotografiar. “Ni en la guerra con el Perú vivimos tanta violencia”, lloró Mercedes.
Son los rezagos de un conflicto que sigue latente, luego de casi tres años. Varias organizaciones de Derechos Humanos litigan con recursos de protección que numerosas veces han sido negados en favor de la empresa. Aun así, las familias desalojadas no pierden la esperanza de regresar.
Explocobres, empresa encargada del campamento, pidió disculpas a Vistazo y Mongabay Latam a través de un correo electrónico por el incidente y ofreció dar acceso al campamento en otra ocasión. Sin embargo, no confirmó si allí es donde se construirá la mina de cobre que, según información del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, iniciará la fase de explotación en 2026. El escenario pinta complejo pues mientras esos planes se materializan, las comunidades indígenas también preparan movilizaciones para frenar el proyecto. El conflicto sigue vigente.
Fuente:https://es.mongabay.com/2019/05/cordillera-del-condor-en-ecuador-tres-proyectos-mineros-la-acechan/?fbclid=IwAR2VHhiFV055z7oC0zvD86eGWpWo_SVp7wQD1_KC7cz4xSvPwY_WkQrFkhM
1200 policías, 1200 militares y 20 fiscales se movilizaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, en la madrugada del martes 02 de julio. El operativo se da luego de que el gobierno de Moreno declarara el estado de excepción para el “control territorial” y la “seguridad ciudadana”, tras los conflictos generados a causa de la minería, calificada por el Estado como “ilegal”.
Tres jueces de la provincia de Imbabura emitieron una sentencia para no permitir la explotación minera en el Bosque protector Los Cedros, ubicado en el sector de Llurimagua, en la parroquia García Moreno, cantón Cotacachi.
Más de 4 mil hectáreas en Íntag (Cotacachi) tiene concesionadas la Empresa Nacional Minera para el proyecto Llurimagua. Estableció un acuerdo con Codelco (Chile).
La paralización de la actividad extractiva en Río Blanco no ha traído la paz a la parroquia de Molleturo, en el cantón Cuenca. Se trata de uno de los cinco proyectos mineros más importantes del país y, probablemente, el más conflictivo. Desde agosto de 2018, está suspendido por orden judicial, pues omitió el requisito constitucional básico de la consulta previa. Sin embargo, el conflicto y la tensión se mantienen intactos. Si en mayo del año pasado las cosas se pusieron duras, con enfrentamientos violentos entre los campesinos y la policía, heridos de lado y lado y militarización de la parroquia, hoy Molleturo vive una suerte de guerra fría. Todo parece concentrarse en el control de los caminos.
El 24 de abril pasado, el Presidente Lenín Moreno hizo público el Decreto Ejecutivo No. 722, en el que ordena al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables la «actualización, definición y emisión de la nueva política minera» así como los lineamientos para su «ejecución y aplicación».
En rueda de prensa, la Federaciones Indígenas y Campesinas del Azuay -FOA, anunció su rechazo ante el anuncio del gobierno de considerar al proyecto minero Kimsakocha como parte del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y la firma del Decreto Ejecutivo 722 para que el Ministerio de Energía emita una nueva política minera en un plazo de 30 días.