DZM -22/08/2024
Las protestas continúan por la pretendida explotación minera en el proyecto Loma Larga, por ahora suspendido.

Un Estado dispuesto a obtener recursos a través de la explotación minera se enfrenta con la decisión popular de impedirla, por cuanto se afectarán las fuentes hídricas, fundamentales para la conservación del ecosistema.

Sobre aquel proyecto, una consulta popular efectuada en el cantón Girón en 2019, territorio donde se localiza, le dijo no a la explotación.

En 2021 se pronunció en otra consulta el cantón Cuenca: el 80% votó en contra de la explotación minera en todo su territorio.

Loma Larga está suspendido por resolución judicial mientras no se cumpla con todos los procesos normativos, como informes y la realización de una consulta previa, libre e informada; y también de carácter ambiental. Esto, pese al pronunciamiento popular.

En este punto radica parte del meollo del problema: para la empresa concesionaria debe ser consultada únicamente la población en cuyo territorio está el área a ser explotada. Los defensores del agua dicen lo contrario: debe pronunciarse todo el cantón Cuenca.

La elaboración de un informe sobre la sustentabilidad hídrica de Quimsacocha exigió, tiempo atrás, la Corte de Justicia del Azuay.

Empero, ahora el Ministerio del Ambiente pide a ETAPA EP delegar a técnicos para integrar un equipo encargado de tomar las muestras de calidad del agua e informar a la Corte sobre el Área de Recreación Quimsacocha y la Afección e Impacto del proyecto Loma Larga sobre las fuentes de agua.

No es igual dicen los defensores: no se compara un simple análisis de la calidad del agua con elaborar informes sobre la sustentabilidad hídrica, un concepto técnico mucho más amplio.

Al cierre de este editorial, se esperaba la respuesta del alcalde de Cuenca y de la gerencia de ETAPA sobre la pretensión del citado Ministerio; pero han sido advertidos: no deben aceptarla, pues sería desacatar la sentencia de la Corte.

Conflictos por la minería

21/06/2024
Protesta. El colectivo Quito sin minería, entrega documento en la Corte Constitucional y luego hacen una marcha hasta el parque La Carolina. Foto :API
Grupos ecologistas protagonizaron una manifestación en Quito para exigir que se ponga fin a las concesiones mineras en la zona del Chocó Andino.

Representantes de grupos ecologistas participaron este 20 de agosto de 2024 en un plantón ante la Corte Constitucional, en la capital de Ecuador, para pedir a esa institución que vigile el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las urnas el año pasado, para evitar la explotación minera en el Chocó Andino, una zona de alta biodiversidad de Quito.

La cita se convocó para presentar una carta y documentos con respaldos a la Corte Constitucional a fin de pedirle que cumpla con su misión de vigilar y exigir a las autoridades competentes que se aplique la disposición ciudadana de agosto pasado.

El lunes, organizaciones ecologistas ofrecieron una rueda de prensa para exigir a las autoridades de Ecuador la eliminación de las concesiones mineras de los mapas del Chocó Andino, donde una consulta popular en 2023 prohibió nuevas concesiones mineras en el sector.

La decisión contra la minería en el Chocó Andino
El 20 de agosto de 2023, la población de Quito, con un 68% de apoyo en una consulta popular, decidió prohibir la explotación de minería metálica en las 124.000 hectáreas que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino, compuesta por las parroquias rurales de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.

Según la organización Acción Ecológica este mandato se ha cumplido sólo de manera parcial, y que sigue siendo necesario que el Ministerio de Energía y Minas actualice y publique la información sobre el estado de las concesiones mineras en la zona.

Además ven necesario proceder con la revisión de todas las concesiones mineras y la confirmación de que no se renovarán aquellas que ya caducaron o que no cuentan con la pertinente licencia ambiental.

Acción Ecológica exige a la Corte Constitucional que garantice el cierre de estos proyectos mineros y la reparación ambiental integral de los territorios donde actuaron.

Cuando se ganó la consulta, el Ministerio ya tuvo que eliminar las concesiones que se encontraban en trámite, pero aún restan otras 10.000 hectáreas, de las cuales la mitad estuvieron siendo operadas por las empresas de Melina Chango, Enami y Ecuamin, según representantes de Acción Ecológica, de «manera ilegal». EFE

Plantón para exigir fin a las concesiones mineras en el Chocó Andino

Carlos Zorrilla, Alberto Acosta

“Las fábulas deben enseñarse como fábulas, los mitos
como mitos y los milagros como fantasías poéticas.
Enseñar supersticiones como verdades es de lo más terrible.
La mente del niño las acepta y las cree, y solo a través de gran dolor
y quizá de la tragedia él puede, después de años, aliviarse de ellas”
Hipatia, filósofa griega

Las serpientes de cascabel son unas de las especies de víboras más venenosas que se conocen. Son reconocibles por el característico sonido de su cascabel en la punta de la cola. Su utilización puede ser interpretada como una señal acústica para advertir de su presencia. Una suerte de anuncio de peligro. Quizás eso representa mejor la mina Cascabel en la provincia de los lagos: Imbabura; una explotación minera que ha recibido un primer beneplácito gubernamental.

Con un tremendo tronar de cascabeles, lo que equivaldría decir con bombos y platillos, el gobierno de Daniel Noboa anunció la firma del contrato de explotación con la empresa transnacional Solgold para el megaproyecto minero Cascabel el 5 de junio, justo el Día Mundial del Ambiente. El ruido con que se la presenta públicamente es enorme…

Sacudiendo aún más los cascabeles, con el consiguiente eco de la gran prensa, el viceministro de Minas Diego Ocampo, no dudó en afirmar que “este contrato representa una nueva era de desarrollo económico para Ecuador, demostrando nuestro compromiso con la promoción de la inversión y el desarrollo sostenible en el sector minero”. Ya lo experimentamos cuando se embarcó el primer barril de petróleo de la Amazonía en 1972. Desde entonces, este ritual de bombásticas declaraciones se ha repetido cuando se presenta “el descubrimiento” de nuevos yacimientos, ahora mineros mientras declinan inexorablemente las reservas petroleras.

De la propaganda cascabelera al veneno de la realidad

Bien sabemos, que cuando suena el cascabel de la víbora hay que estar advertidos o puesto en buen romance minero, no todo lo que brilla es oro. Con la información disponible, que no es suficiente, podemos auscultar algunas cuestiones de este proyecto ubicado en el cantón Lita de la provincia de Imbabura, con una superficie de casi 5 mil hectáreas de concesión.

Fue presentada como la mina de cobre más grande de Ecuador, con un enorme potencial de plata y oro. Se espera una inversión de aproximadamente 4.200 millones de dólares, durante los 28 años de vida útil del proyecto. Y, de acuerdo a los cálculos de la empresa, pero pobremente sustentado, se obtendrían unos 5.549 millones de dólares de ingresos para el Estado por concepto de impuestos durante la vida útil del proyecto. Las regalías totales se calculan llegarían a 1.611 millones de dólares (57 millones al año, como lo reconoció públicamente el ministro de Finanzas). Este proyecto no diferirá del resto de proyectos en marcha, que no cumplen con el artículo 408 de la Constitución, que establece que el Estado debe recibir más del 50 por ciento de los beneficios.

En cuanto al empleo, y dependiendo de las fuentes de información, generaría entre 3.000 a 3.700 puestos de trabajo durante la construcción de la mina, y bajaría a unos 1.200 puestos durante la operación.

Cabe indicar, por más mal que les caiga a los promotores de este concierto de cascabeles, que todo lo imaginado se basa en varios supuestos poco convincentes. Para empezar las cifras utilizadas por la prensa, gobierno y empresa, se sustentan en datos que no son totalmente confiables, pues, según la definición de normativas existentes, parten de un estudio de prefactibilidad, es decir de datos previos. Además, las cifras presentadas como ingresos, no solo que están sujetas a los normales vaivenes de la cotización de los minerales en el mercado, sino que, como se ha comprobado una y otra vez, en la práctica son susceptibles de diversas manipulaciones y acciones que terminan minimizándolas, tal como sucede cuando inflan los costos de los equipos que importan, para mencionar un punto concreto.

Hay unos cuantos detalles más que no pueden pasar desapercibidos. Según reportes de prensa, con la firma del contrato para la explotación la empresa consiguió que se le grave con el 20% al impuesto a la renta; un porcentaje menor del que pagan muchas empresas. El porcentaje de las regalías queda flotando entre del 3% y el 8% del valor de los minerales exportados; lo que, en realidad, si nos remitimos a la experiencia, significa que apenas pagarán el 3%. Mientras tanto, los pagos para mantener la concesión son de tan solo 46 dólares por hectárea (un 10% del salario básico unificado).

Se conoce que la empresa también se aseguró el derecho de acudir a tribunales internacionales para proteger sus inversiones, a pesar de la prohibición constitucional, ratificada mayoritariamente en la recientes consulta nacional.

La tecnología que se empelará en este proyecto merece una atención especial por sus impactos ambientales. Se propone realizar minería tipo block caving o de hundimiento de bloques, que es más cara que la de a cielo abierto y demora en recuperar la inversión; una actividad que demanda complejas tecnologías y no se conoce si esta empresa tiene experiencia con ellas.

Pero más allá de eso, se trata de una mina subterránea que demanda brutales cantidades de agua. El proyecto requerirá bombear 16,8 millones de litros de agua cada día solo para mantener seca el área de extracción. El impacto será notable a las fuentes de agua de todas las comunidades del sector y más que todo, para las que se encuentran aguas abajo de la mina. Para tener una idea del volumen de agua que deberá ser bombeado, hay que tener en cuenta que supera lo que ciudad de Ibarra consume diariamente. Para esta actividad necesitarán 12 subestaciones de bombeo y 56 bombas operando las 24 horas al día, 7 días a la semana.

Esto implica que será necesario garantizar el suministro eléctrico sin interrupciones, un reto bastante complejo en nuestro país. Según el estudio de prefactibilidad, se requerirá de una potencia de no menos de 200 megavatios. La empresa cuenta con la construcción de nuevas hidroeléctricas en el sector. También espera que el gobierno colabore cobrando una tarifa 23% más baja de la establecida para las industrias. Y, esto sin mencionar las mejoras en infraestructura que necesitarán para transportar el material refinado a la costa y a una de las relaveras.

Aquí cabría incorporar los impactos a las actividades productivas de las comunidades adyacentes, en lo que se refiere a las pérdidas en agricultura, turismo, artesanías, a más de los impactos sicosociales que, como bien sabemos, son enormes e incuantificables: en suma, el monto de los subsidios perversos y ocultos crece de forma acelerada; costos que jamás son incorporados en los estudios de costo-beneficio de las empresas. El impacto que tendría en la red freática de agua es impredecible, sin embargo, si se puede esperar que las fuentes de agua de las comunidades cercanas y más aún las que se encuentran aguas abajo de la mina terminen siendo afectadas.

Es muy grave que en el estudio de prefactibilidad de la mina no se incluya ni un centavo para cubrir contingencias, que son normales en este tipo de actividad extractiva. Para tener un par de referencias, solo recordemos que en el caso del colapso de la relavera del proyecto minero Brumandinho, en Brasil, que provocó en el año 2019 una brutal devastación ambiental y social, con la muerte de 270 personas: las autoridades brasileñas exigen un pago de 7 mil millones de dólares En la catástrofe de Mariana, del año 2015, el gobierno de Brasil hace poco rechazó la oferta de las empresas Vale, Samarco y BHP de pagar por indemnización 25.000 millones de dólares, por los daños que provocó el tsunami de lodo que mató a 19 personas y que contaminó en 600 kilómetros al río Doce ocasionando una monumental avalancha de contaminación de decenas de kilómetros en el océano Atlántico. Para el cierre de la mina de Solgold se destinaría menos del 2% de la inversión total: monto ridículo frente a la magnitud de los impactos que ocasionaría este trabajo subterráneo, que puede provocar crímenes ambientales -no confundir con simples accidentes- de gran magnitud.

El volumen de la mena -masa de material que contiene el mineral de cobre u oro difuminado y que es de interés económico- podría fluctuar entre 540 y 1.575 millones de toneladas a ser extraídas y procesadas; volumen que no incluye la sobrecarga existente en entre la superficie y el depósito. Este es un tema medular. Para obtener un gramo o kilogramo de mineral hay que extraer cantidades enormes de material: la mena. Así, téngase presente que por cada 6,4 kilogramos de cobre se requeriría, en promedio, extraer y procesar unos 1000 kilogramos de mena; en el caso del oro, solo medio gramo por tonelada, y 1,6 gramos por tonelada en el caso de la plata. Tomando en cuenta que aparte de oro, plata y cobre, el yacimiento contiene plomo, mercurio, antimonio y arsénico, que provocan graves afectaciones ambientales, es muy irresponsable no designar un monto significativo para no solo el cierre y abandono de la mina, sino para contingencias.

Hay muchos más temas preocupantes. El lugar de las piscinas de relaves o relaveras es otra cuestión clave, en especial tratándose de una zona sísmica. Además, para extraer la mena de las enormes cavernas subterránea se necesita una cinta transportadora subterránea de casi 7 kilómetros, lo que implica, entre otras cosas, remover millones adicionales de toneladas de sobrecarga solo para llegar al sitio de donde se pretende extraer la mena. De allí surge otra pregunta: ¿dónde pretenden colocar las escombreras?; es decir esos millones de millones de toneladas de materiales sólidos que en contacto con el aire y el agua de lluvia provocan el drenaje ácido de mina que puede afectar el entorno por cientos de años…

Para cerrar este punto, cabe tener presente es que las empresas nunca divulgan toda la información que permitiría construir un cuadro más acotado a los impactos que producirá su actividad.

La Cascabel suelta en el territorio de Lita

Esta actividad minera generará múltiples impactos en las comunidades de la zona, que a más der ser una suerte de paraíso de la Naturaleza, tiene un enorme potencial turístico y tierras fértiles.

De la experiencia en Ecuador y el mundo entero podemos mencionar muchas amenazas y problemas ocasionados por la sistemática llegada de cientos, o miles de trabajadores que no son de la zona. En la conseción donde operaría la minera existe una población de 1.500 personas, unas 450 familias, en las seis comunidades campesinas. Eso significa que esas comunidades se verán literalmente invadidos por una nueva población que puede superar las 3 mil personas de fuera, compuesta de técnicos y trabajadores, cuya presencia afectará drásticamente el estilo de vida de las comunidades.

El consecuente aumento de población lleva a presionar la expansión de la frontera agrícola-ganadera en regiones vecinas y generará a su vez nuevas conflictividades sociales. Por no tener vínculos sociales o culturales con el resto de la comunidad, los nuevos moradores causarán graves problemas sociales de los cuales las mujeres y la niñez son las primeras víctimas por efecto de la delincuencia, violencias de género, incluyendo la explotación sexual y la trata de personas, drogadicción y alcoholismo, inseguridad. Si a estos procesos añadimos la militarización de los territorios (o para-militarización), se asiste -tal como ha sido documentado en otras zonas del Ecuador, en donde si impone la minería literalmente a sangre y fuego- a procesos de redefinición de los roles de género, una mayor masculinización de los espacios y una mayor re-patriarcalización de las comunidades, detonadores de nuevos y mayores procesos de inequidad de género que no se pueden soslayar.

A lo anterior habrá que añadir la criminalización, los desalojos, el hostigamiento, las persecuciones e inclusive asesinatos a opositores y opositoras. Basta ver cómo se ha impuesto la minería en muchas partes del país, como para poder anticipar que de la mano de la minería en Lita vendrán las violencias y la corrupción, que muchas veces son una condición necesaria para imposición de estas actividades extractivas. Además, como ha sucedido en toso los proyectos mineros, no se habrá realizado una adecuada consulta ambiental previa.

La Naturaleza, como es obvio, no saldrá indemne de este terricidio. En la zona se identificaron un total de 81 especies de mamíferos (de las cuales 38 son especies de murciélagos), 295 especies de aves, 51 especies de anfibios, 38 especies de reptiles y 28 especies de peces. Muchas de estas son endémicas de la región. La mayor concentración y diversidad de especies se encuentran en los parches remanentes del bosque original; sobre todo de especies de roedores. El monitoreo continuo de la flora y la fauna ha identificado especies de interés para la conservación según se define a nivel nacional en las Listas Rojas de Especies de Vida Silvestre del Ecuador y a nivel internacional según lo define la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Un total de ocho especies de vegetación, seis especies de mamíferos, 11 especies de aves y 29 especies de anfibios y reptiles están catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción.

En síntesis, no nos olvidemos que se trata de territorios de bosques tropicales y bosques nublados que la Constitución los define como ecosistemas frágiles, los cuales protegen las cuencas hidrográficas y almacenan agua; con una gran biodiversidad que incluye especies en peligro de extinción; todo en una región sísmica y de alta pluviosidad (lo que exacerba los riesgos de contaminación del agua); donde la roca esta contaminada con metales pesados y tiene altas concentraciones de compuestos sulfurosos (que generan contaminación por drenaje ácido de mina), entre otras.

Con cascabeles no se cambia la historia

Cerremos esta primera aproximación al ensordecedor concierto de cascabeles desplegado por el presidente Noboa, la empresa australiana Soldgol, la gran prensa y los mercenarios de la mega minería, desmontando aquello que afirmó el viceministro de Minería, cuando al presentar el proyecto durante la firma del contrato, afirmó que se trata de una actividad sostenible. Aceptar que puede haber minería sostenible o incluso responsable (con quién, cabría preguntar), sería como pretender que nos traguemos una rueda de molino.

En fin, es el momento de distinguir el sonido fabulador de estos cascabeles, que anuncian más destrucción y desolación. Estamos advertidos.

FUENTES:

– NI 43-101 Technical Report on Pre-Feasibility Study For the Cascabel Project, Imbabura Province, Ecuador SolGold Plc

https://minedocs.com/25/Cascabel-PFS-03082024.pdf

– Ecuador firma contrato para la construcción de la mina a gran escala Cascabel

https://www.recursosyenergia.gob.ec/ecuador-firma-contrato-para-la-construccion-de-la-mina-a-gran-escala-cascabel/

– Reglamento de calificación de recursos y reservas mineras

https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/09/Reglamento-Recursos-y-Reservas-Mineras.pdf

(#) Calculos según Informe de Reserva del yacimiento Alpala 31-12-2023 (Pre-feasibility Study for the Cascabel Project)

Activista, dirigente comunitario de Intag y miembro de la organización Defensa y Conservación de Intag (DECOIN). ↑
Economista ecuatoriano. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). ↑

22/03/2024
La Cedhu condenó «el uso abusivo del derecho penal» para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) de Ecuador denunció este viernes 22 de marzo de 2024 la «criminalización» de la protesta que llevan adelante indígenas y campesinos opuestos a proyectos mineros de compañías canadienses en yacimientos ubicados en varias zonas andinas del país.

La Cedhu, una de las ONG humanitarias más representativas de Ecuador, condenó «el uso abusivo del derecho penal» para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios.

El organismo humanitario se refirió al caso del proyecto Curipamba-El Domo, ubicado en el sector conocido como Las Naves, en la provincia de Bolívar, en el corazón de la sierra andina del país.

En esa zona el Estado ecuatoriano ha entregado una concesión a la empresa Curimining, formada por una alianza entre las compañías Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining Corporation, ambas con sede en Canadá.

Según la Cedhu, un tribunal penal de Bolívar condenó el pasado jueves a seis defensores del agua opuestos al proyecto minero en Las Naves a tres años de prisión y a pagar 4 600 dólares (diez salarios básicos) de multa tras ser denunciados por una supuesta asociación ilícita por la firma Curimining.

«Estos hechos ratifican como el uso abusivo del derecho penal es utilizado por las empresas mineras para criminalizar la labor de defensores del agua, naturaleza y derechos humanos, y como se ha convertido en una actuación sistemática por parte del Estado ecuatoriano», añadió la Cedhu en su comunicado.
https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/organismo-derechos-humanos-denuncia-criminalizacion-protesta-antiminera-CX7055598

ASSOCIATED PRESS 27/03/2024

QUITO — La confrontación entre militares y comunidades indígenas que rechazan la explotación minera en un poblado andino de Ecuador dejó 46 heridos, en su mayoría, uniformados, daños a propiedad privada y el ataque a una tubería de distribución de agua, según cifras actualizadas el miércoles por el ministerio de Gobierno.
El grupo de comuneros que protesta desde hace dos semanas en la pequeña población de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, acusa a las autoridades de represión ante sus movilizaciones en defensa de la conservación ambiental de esa zona rica en minerales.

Mientras el gobierno acusa a algunos de los manifestantes de no pertenecer a la agrupación y de avivar en la confrontación. Los calificó de terroristas.

Los incidentes de los últimos días, con choques y también momentos de calma, condujeron el miércoles a la suspensión del servicio del agua en ciertos sectores, aseguró el Ministerio de Gobierno, debido a un “ataque a la tubería”.

“No permitiremos que estos actos se disfracen bajo una supuesta lucha por los derechos ambientales”, señaló un comunicado de esa cartera, que agregó que “actores ajenos a la zona” buscan sembrar el caos, dejando hasta el momento nueve ciudadanos y 37 uniformados heridos, además de dos vehículos incinerados y daños a la propiedad privada.

La parroquia rural de Palo Quemado, tiene algo más de 1.000 habitantes, se asienta en una superficie de 12.780 hectáreas, en las riberas del río Toachi, a 137 kilómetros al sur de Quito.

Sus habitantes rechazan la realización de una consulta ambiental en la zona por parte del Ministerio del Ambiente, que es un requisito previo para la entrega de la licencia ambiental a la empresa canadiense Atico Mining, interesada en explorar cobre, plata, oro y zinc.

Las exportaciones mineras de Ecuador en 2023 generaron 3.324 millones de dólares, un 19% más que en 2022, y una recaudación tributaria de 762 millones de dólares, según datos de la Cámara de Minería.

Marco Guatemal, secretario de Pueblos y Nacionalidades, un representante indígena nombrado por el gobierno, rechazó en un video difundido a los periodistas que, por un conflicto de “intereses personales”, se prive del “derecho al agua” a los pobladores.

La única herramienta para evitar el conflicto es “el diálogo con los actores directos que están en el lugar”, añadió Guatemal.

Por su parte, el presidente de las juntas parroquiales de Cotopaxi, Édison Yánez, desmintió la versión oficial y negó que quienes protesten pertenezcan a grupos ajenos a la población o terroristas.

“No pueden hablar de terroristas, son campesinos, dirigentes, yo mismo he estado hasta el día de hoy y no me pueden tildar de terrorista”, declaró Yánez a The Associated Press.

“Exigimos que se desmilitarice el territorio”, agregó el líder comunitario, quien asegura que la presencia de la fuerza pública genera “miedo de las personas”.

Yánez afirmó que existe un miembro de la comunidad herido de gravedad por un impacto directo con bomba lacrimógena en el rostro.

Rubén Balseca, dirigente de la comunidad Las Palmas, colindante con Palo Quemando, dijo a la AP que si bien se dieron enfrentamientos de menor intensidad el miércoles no puede confirmar la versión sobre la suspensión del servicio de agua en la zona.
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2024-03-27/ecuador-protestas-contra-explotacion-minera-dejan-46-heridos-en-una-comunidad-del-centro-andino

Mineriaenlinea 05/04/2023

Un tribunal en Ecuador ha dictaminado que la estatal ENAMI y una filial de la chilena Codelco no han cumplido con su obligación de realizar una consulta medioambiental a las comunidades locales de una provincia con alta biodiversidad, y por ello, el proyecto de extracción de cobre Llurimagua debe suspenderse.

El tribunal provincial de Imbabura señaló que una licencia ambiental de 2014 y otros permisos otorgados para el proyecto, que se encuentra en fase de exploración avanzada, no cumplen con los parámetros adecuados. Según el abogado de las comunidades, Carlos Varela, la sentencia establece la paralización de toda actividad minera en la zona hasta que se cumplan las normas definidas por el Tribunal Constitucional.

ENAMI no ofreció comentarios inmediatos, mientras que Codelco, que demandó a Ecuador en 2021 por discrepancias en Llurimagua, tampoco se pronunció al respecto. El Ministerio de Energía y el de Medio Ambiente no proporcionaron reacciones inmediatas.

Ecuador posee abundantes recursos minerales, pero su desarrollo minero se encuentra rezagado en comparación con países como Chile y Perú, debido a sentencias judiciales y resistencia de las comunidades indígenas. El gobierno del presidente Guillermo Lasso busca impulsar el sector para apoyar la economía en dificultades, que el año pasado vio crecer las exportaciones mineras en un 32,6%, alcanzando los 2.770 millones de dólares.

Sin embargo, la bióloga especializada en anfibios Andrea Terán advierte que en los alrededores del proyecto Llurimagua habita una rara especie de rana que se creía extinguida. Además, de las 34 especies de anfibios presentes en la zona, 22 se consideran amenazadas. Este fallo del tribunal pone de relieve la importancia de equilibrar el desarrollo económico con la protección de las comunidades locales y la preservación de la rica biodiversidad de Ecuador.

Tribunal detiene proyecto minero en Ecuador por falta de consulta a comunidades locales

06/01/2023
El proyecto minero Curipamba está en el cantón Las Naves, en Bolívar. Es operado por las empresas ecuatoriana Salazar Resources y la canadiense Curimining. Cortesía: Curimining

Betty Jumbo (I)
Los representantes de la Cámara de Minería del Ecuador rechazan las declaraciones de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El dirigente anuncia movilizaciones contra la actividad minera formal y legal.

María Eulalia Silva es la presidenta de los mineros. Según ella, han demostrado con números que con solo dos yacimientos a gran escala en explotación hay mejores condiciones de vida de los ecuatorianos. “La minería responsable es nuestro presente y futuro”.

La postura de la Conaie
Iza asegura que este 12 de enero de 2023 se reunirán en Cotopaxi para definir la fecha y otras acciones contra esa industria. Se convoca a todas las delegaciones que hacen parte del Frente Nacional Antiminero, del cual es parte la Conaie.

Iza dice que las dos organizaciones decidirán cuáles son las estrategias de defensa de sus territorios, cuáles van a ser los mecanismos jurídicos para llevar a escala nacional e internacional, y una posible fecha para un paro preventivo en todo el territorio en donde están asentadas las mineras. “Estamos dispuestos a dar nuestra vida, pero jamás acabarán con la ecología, agua, vida y la agricultura de las que dependemos millones de ecuatorianos”.

La actividad minera
Silva dice que de las 24 provincias ninguna ha podido hacer lo que ha hecho Zamora Chinchipe, donde están las dos minas industriales: Fruta del Norte y Mirador.

“Por ejemplo, la pobreza se ha reducido en 13 puntos; es decir, en los últimos dos años -cuando iniciaron las operaciones de ambos proyectos- 13 de cada 100 zamoranos han podido salir de la pobreza”.

De las 100 empresas del país de mayor recaudación están Fruta del Norte y Mirador. En Zamora Chinchipe, ambas son las primeras contribuyentes de la provincia y un tercero es un emprendimiento, ahora convertido en una empresa, cuyos socios son de un grupo de extrabajadores de Fruta del Norte. Ellos dan servicios de catering, lavandería y servicios logísticos.

Las exportaciones
De enero a octubre del 2022 se exportaron más de USD 2 300 millones en oro y cobre, que ayudan a sostener la dolarización y dinamizar la economía, dice Silva. Hasta el tercer trimestre de 2022 pagaron más de USD 590 millones en una serie de impuestos y “habíamos generado más de 180 000 plazas de empleos, entre directos e indirectos”.

Esos no son números de la Cámara, sino de los distintos estamentos del Estado. “No están sujetos a opiniones ni a los vaivenes electorales. Arrancó la campaña electoral y ese (hecho) no hay que perderlo de vista. No es una coincidencia que vengan con unas declaraciones que son falsas y no son ciertas, y vienen con esas amenazas”, comenta Silva.

El empleo
Silva manifiesta que tres de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal; es decir, 7 de cada 10 se inventan cómo llegar a fin de mes.

“Ecuador necesita trabajo y paz, y el señor Iza no representa a todos los ecuatorianos ni tampoco a todos los indígenas”.

La minería es de largo plazo, empezamos desde la prospección hasta el cierre de la mina. Todas esas fases generan beneficios; la de construcción de la mina es donde más se dinamiza la inversión extranjera y la producción dinamiza las exportaciones, asegura Silva. “La inversión y la generación de empleo empiezan desde el primer momento”.

Para Silva, las amenazas de Iza son irresponsables e ilegales, porque los proyectos mineros y las operaciones en curso están amparados por la ley de Ecuador. “Están legalmente y constitucionalmente reconocidos por el Estado ecuatoriano”. Estos proyectos son estratégicos para el Estado y cualquier acción violenta tiene que ser defendida por el Estado.

Ella reflexiona que el verdadero enemigo es la minería ilegal y estos movimientos deberían canalizar ese ímpetu y toda esa energía a afrontar la minería ilegal, como Yutzupino, en Tena (Napo). Esa organización política en los territorios podría canalizar y denunciar esas acciones de minería ilegal en Yutzupino. “No tienen que confundirse con una actividad formalizada, porque eso es ilegal”.
https://www.elcomercio.com/uncategorized/mineria-formal-ecuador-exporto.html

mineriaenlinea 28/12/2022
Warintza de Solaris Resource
Vista aérea de la propiedad Warintza de Solaris Resource en Ecuador.

El gobierno ecuatoriano prepara un programa de seguridad para los activos mineros.

Según dijo a BNamericas el secretario de alianzas público-privadas del país, Roberto Salas, las áreas alrededor de los proyectos mineros serán declaradas próximamente zonas especiales de seguridad. La política es desarrollada por el departamento de minería, la oficina de alianzas público-privadas y las fuerzas armadas.

Los proyectos mineros se han enfrentado a ataques e invasiones de mineros ilegales o han visto bloqueado su acceso.

La mina de cobre Mirador, explotada por EcuaCorriente, y Fruta del Norte, de Lundin Gold, son las únicas grandes minas en explotación de Ecuador. Sin embargo, se esperan unos 11,000 millones de dólares en inversiones para la industria minera en los próximos años.

Ecuador espera generar más de 4,000 millones de dólares anuales en exportaciones mineras para 2025, según informó el viernes su Ministerio de Minas y Energía, estimando que la industria podría convertirse en el tercer sector de mayor volumen de envíos al exterior de la nación sudamericana.

Ecuador lanzará un programa de seguridad para proyectos mineros

08/12/2022
Colectivo que impulsa consulta popular para prohibir minería en el Chocó Andino denuncia presuntas irregularidades en validación de firmas. Foto: Captura.
Karina Sotalín (I)
Representantes del colectivo Quito sin Minería acudieron este 8 de diciembre del 2022 al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para ingresar una denuncia. Buscan que el ente reconozca las firmas rechazadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se lleve a cabo la consulta popular para evitar la minería en el Chocó Andino.

Las organizaciones que conforman el colectivo recolectaron 452 000 firmas en 180 días y las entregaron al CNE. Exceden de manera significativa el número de las 199 000 necesarias, declaró Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), en una rueda de prensa.

Conoce que el CNE terminó con el proceso de verificación de las firmas, pero aún no ha sesionado para emitir un acta oficial. “Tenemos 175 000 firmas aceptadas, significa que nos han rechazado el 61% de las firmas. Es un número extremadamente alto”, cuestionó Greene. Junto al abogado de la causa y un ciudadano ingresaron una denuncia en el TCE por presuntas irregularidades en la validación de firmas. No quieren que se repita la historia del colectivo Yasunidos.

Greene dijo que el CNE debe considerar las situaciones en que se recolectaron las rúbricas, es decir en las calles y con la imposibilidad de realizar una firma perfecta. Solo ve dos razones por las que las firmas podían ser rechazadas: Porque no son personas que firman en Quito o porque su firma estaba repetida. “Todas las firmas debieron ser aceptadas si es que se quiere cumplir con la voluntad ciudadana” de quienes plasmaron la rúbrica, agregó.

Existen 12 concesiones mineras entregadas y otras nueve en trámite. Ninguna ha cumplido el requisito constitucional del artículo 398 respecto a la consulta ambiental, por lo que la justicia ecuatoriana podría pararlas en un futuro cercano, justifica el colectivo.

Su objetivo es que en la consulta popular los quiteños voten a favor de prohibir la minería, así el Estado no podría autorizar más proyectos mineros.

Irregularidades en verificación
Fred Larreátegui, defensa del colectivo, aseguró que han constatado que el CNE tiene problemas de índole técnico, lo que dificulta el ejercicio de democracia directa de los quiteños. Con la denuncia en el TCE ponen una “alerta” sobre el rechazo de firmas, que se traduce en vulneración de derechos de participación, según el jurista.

El colectivo contó con especialistas en grafología (estudio de la escritura) para tener criterios sobre la valoración que el CNE hace sobre las firmas, acotó.

Greene criticó que entre las irregularidades identificadas está que el CNE utiliza padrones electorales antiguos para verificar las rúbricas y no el último padrón, actualizado para las elecciones del 2021. En ese contexto, se invalidaron firmas de jóvenes que respaldan la iniciativa del colectivo.

Hay casos de personas que han escrito al CNE y presentado acciones ante el TCE para saber por qué su firma fue rechazada, según la activista. Por ejemplo, Francisco Pérez, un joven que dio su firma, presentó un recurso. “Están vulnerando mis derechos. Yo lo hice con todo mi apoyo y que mi firma haya sido anulada me parece demasiado injusto. El Chocó Andino es muy importante, hay diversidad”, manifestó.

Al colectivo le preocupa que se acorta el tiempo para que el proceso de autorización para la consulta culmine. Esperan que la papeleta dirigida a los capitalinos se imprima junto a las otras que son para comicios seccionales, del Consejo de Participación y de referéndum del Gobierno.
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