El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, mencionó en la Comisión de Ambiente del Congreso que no es de recibo para el Gobierno impulsar una derogatoria a la ley que prohibe la minería metálica a cielo abierto.

Rodríguez indicó que está de acuerdo con una minería artesanal pero que el Gobierno no abordará el problema en la mina de Crucitas legalizando la minería a cielo abierto.

Con respecto a soluciones, el jerarca de Ambiente indicó que es necesario formalizar pequeños y medianos empresarios que quieran extraer oro, en conjunto con las cooperativas que quieran hacer uso de ese mismo recurso.

Fuente:http://crc891.com/no-vamos-a-impulsar-derogatoria-de-ley-contra-mineria-a-cielo-abierto-asegura-ministro-de-ambiente/

El daño ambiental en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos, sería mucho más grave de lo que el Gobierno ha informado y supondría un riesgo para la salud de los habitantes de aquella región.

Contaminación con Mercurio (mayor a la estimada) debido a la minería ilegal; presencia de drenaje ácido y dispersión de metales tóxicos a otras áreas es lo halló un grupo interdisciplinario ajeno al  gobierno y compuesto por expertos de la Universidad Nacional de costa Rica y la U.de Cornell en Ithaca(new York)que financió el estudio.

Parra ellos la situación está poniendo en riesgo » el equilibrio ecológico de la región a un grado mayor al estimado anteriormente», según un documento al que tubo acceso La Nación.

Fuente:https://www.nacion.com/el-pais/nuevo-informe-advierte-de-grave-contaminacion-con/KH2JXXXBIJFEVFVEOISW2AHS3A/story/

La diputada María José Corrales señaló que es un asunto en estudio a lo interno de la bancada; sin embargo, el jefe Carlos Ricardo Benavides se apartó de la materia y afirmó que no existe una posición oficial al respecto.

a fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) difundió la tarde de este lunes —a través de su equipo de asesores— un estudio realizado por seis profesores, consultores y estudiantes en el que se propone como una recomendación “urgente” que se derogue la Ley 8.904 “para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”, y reemplazarla por “una nueva ley con una estructura altamente técnica que permita desarrollar una industria mineral responsable”.

El estudio —titulado Contaminación con mercurio y drenaje ácido causada por la minería ilegal en Crucitas— es firmado por varios especialistas y recoge varios hallazgos del reciente estudio realizado por el Minae sobre la dispersión de mercurio que amenaza los ecosistemas de la zona; sin embargo, añade la polémica recomendación en su última página.

Consultada sobre este tema, la diputada sancarleña del PLN, María José Corrales, una de las más interesadas en el tema de la minería ilegal en su cantón, comentó que se trata de un estudio que van a revisar “con más claridad y más pausadamente”; sin embargo, sí aceptó que una idea que analizan posible es abrir las puertas para “explotar” los recursos naturales que tiene el país, si es “ambientalmente viable”.

“Somos conscientes de que nuestro país tiene recursos naturales que se pueden explotar siempre y cuando sea de una manera ambientalmente viable. Tenemos que buscar ese equilibrio y justamente eso es lo que estamos empezando a investigar y redactar, buscando la manera más confiable para que nuestro medio ambiente no se vea socavado de una manera ambiental como se está viendo actualmente por la actividad minera”, apuntó, no sin antes añadir que podrían potenciarse concesiones, dominios estatales y actividades cooperativas en la materia.

Además, Corrales agregó que —desde su punto de vista— “es latente y evidente, según la información que hemos estado recabando, que existe la necesidad de realizar una modificación al Código de Minería, que es sumamente importante para garantizar que sea el Estado costarricense quien dé un control oportuno a nuestros recursos naturales, ya que la ley 8.904 lo que hizo fue inhabilitar el artículo 1 de esa ley”.

Sobre la conveniencia de revivir la minería —en lugar de presentar otra ley para regular el uso de sustancias como el mercurio, que es una de las preocupaciones esbozadas por la congresista—, Corrales aseguró que ciertamente ese “es un panorama que habría que analizar”, pues “apenas están iniciando a recabar toda la información” necesaria.

De cualquier manera, según la diputada, el tema de los minerales debe analizarse en el país, pues “incluso se habla de gas natural o petróleo” y podría ser conveniente reglamentarlo, tomando en cuenta que existen diferentes sitios nacionales donde ya se desarrollan actividades similares o existe el potencial para hacerlo, como Abangares o Corcovado.

No hay posición oficial

Consultado sobre este estudio, el jefe de fracción liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, comentó que es un texto que le pasaron de último momento, pero afirmó “no conocerlo”. “Como vi que era un tema atractivo, creí que era importante compartirlo, pero no lo conozco”, señaló.

No obstante, sobre la recomendación en cuestión, aseguró que “una propuesta como esa no es un tema que se haya debatido a lo interno de la fracción, pues es un tema muy álgido y muy complejo que requiere de tiempo”, aunque aceptó que “hay compañeros que han venido trabajando en alguna propuesta para mejorar las condiciones en las que el país desarrolló las actividades mineras”.

“Desconozco si irían por el lado ese que usted me está contando que concluye el estudio (…) no es una posición de fracción, para nada, lo que nos importa del estudio es corroborar lo que hemos venido denunciando en cuanto a los gravísimos efectos de la minería ilegal, que dejan en evidencia que el país ha asumido un cuido irresponsable de sus recursos naturales en esa zona del país”, subrayó.

Sin embargo, según Benavides, no existe una iniciativa formal en la fracción al respecto, sino que el estudio simplemente “era un documento que, para los efectos de lo que ha venido investigando la fracción liberacionista, era importante en el sentido de seguir ahondando en el conocimiento del daño inmenso que se le ha hecho a la Zona Norte, particularmente en Crucitas”.

El estudio lo firmaron seis personas: el profesor de Ciencias de la Tierra de Cornell, Esteban Gazel; el estudiante de Postgrado en Ciencias Geológicas de Cornell, Aristides Alfaro; el consultor de ALARCA Geoquímica EIRL, Alejandro Arauz; el profesor de Hidrología Química de la UNA, Ricardo Sánchez; el consultor asociado de ALARCA Geoquímica EIRL, Aristides Alfaro; y la profesora de Geología de la UCR, Stephanie Murillo.

Fuente:https://semanariouniversidad.com/pais/pln-difunde-estudio-que-propone-revivir-la-mineria-a-cielo-abiertol

El Colegio de Geólogos asegura que Carlos Manuel Rodríguez, actual ministro de Ambiente minimiza el daño ambiental ocasionado por la minería ilegal en las Crucitas, en lo que consideran un evidente afán por aplacar cualquier solicitud de reconsideración sobre el tema de la minería formal en Costa Rica.

Rodríguez afirmó que el impacto ambiental en Crucitas ha sido leve, sin embargo, el Colegio asegura que el ministro no tiene datos ni mediciones para realizar esas aseveraciones.

Otra situación preocupante para el Colegio es que el jerarca del Minae presume la ausencia de contaminación de las aguas con mercurio sin conocer bien el área invadida e impactada por los oreros y sin tener en sus manos datos de análisis de laboratorio.

“Mientras que por otra parte trata de maximizar el daño que podría haber generado la minería formal, repitiendo las afirmaciones de los pseudo ambientalistas anti desarrollo minero y confirmando así que el cierre del proyecto fue motivado por ideologías extremistas y no técnicas”, agregan.

El ministro indicó que las excavaciones de los coligalleros son de extensión limitada y que no profundizan más de dos metros, sin embargo, geólogos que han visitado la zona han presentado evidencia de que el daño ambiental ya no se limita a la finca de Vivoyet, sino que se extiende a otras propiedades que están siendo igualmente expoliadas, pues los coligalleros continúan explorando y explotando nuevos depósitos en la zona.

Así mismo, se tiene evidencia de la excavación de túneles de decenas de metros de longitud y de profundidad, y conforme las excavaciones se profundizan y, sumado a la ausencia de criterio técnico-científico y a la inexistencia de planes de manejo, la generación de aguas ácidas en el sitio es solo cuestión de tiempo., aseguran los geólogos.

Los geólogos aseguran que los coligalleros de Crucitas están usando mercurio ya que el uso de cianuro requiere de inversión en una planta de molienda y procesamiento. Sin control técnico ambiental ni de seguridad ocupacional el mercurio es altamente peligroso, pues provoca daños en los ecosistemas y en el ser humano.

Marlene Salazar, presidenta del Colegio de Geólogos de Costa Rica afirmó que “es imposible tener un punto de comparación entre el impacto ambiental controlado y el técnicamente responsable que realizan las empresas mineras formales, con el desastre ambiental que realizan los coligalleros. La minería ilegal genera impactos descontrolados sin que exista ningún responsable sobre el daño ambiental, además de generar enormes pasivos ambientales que al final deben ser recuperados utilizando los impuestos de todos los ciudadanos”.

“El señor ministro evade su responsabilidad al decir que el daño ambiental en Crucitas se recuperará solo y en cuestión de pocos años. Al parecer, no tiene claro sobre la responsabilidad de los pasivos ambientales”, agregó.

A través del Colegio, el gremio se manifiesta muy preocupado y piden la atención del presidente Carlos Alvarado, pues afirman que las declaraciones del ministro son sumamente peligrosas y desafortunadas, sobre todo en momentos en que Costa Rica enfrenta un reclamo en cortes internacionales por parte de la empresa Industrias Infinito por un monto entre 94 y 321 millones de dólares.

“Con sus declaraciones, el ministro prácticamente le está dando la razón a la empresa canadiense en el sentido de que el daño ambiental por la cual le cancelaron las concesiones mineras era fácilmente recuperable. Esto nos parece una irresponsabilidad enorme por parte del señor Rodríguez. Además, considerando la evidente crisis fiscal y de desempleo nacional, es altamente cuestionable que el ministro no se deje asesorar por miembros de este Colegio, algunos sus propios asesores, y otros quienes han estudiado y trabajado directamente durante décadas en la minería moderna para lograr generar recursos y empleos con un importante valor multiplicador”, agregó la presidenta.

Para concluir el Colegio de Geólogos de Costa Rica, asumiendo su responsabilidad técnica, exige seriedad en este tema por parte de las autoridades de gobierno ya que el daño ambiental en Crucitas, producto de la minería ilegal es enorme y debe ser detenido, medido y reparado, por lo que también pide que los responsables que facilitan este desquicio en sus opiniones den la cara ante la ciudadanía.

Fuente:https://www.elmundo.cr/geologos-aseguran-que-ministro-de-ambiente-minimiza-dano-ambiental-de-mineria-ilegal/

La fiscala general, Emilia Navas, presentó una acusación penal contra el expresidente de la República Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), por el denominado caso Crucitas.

Navas imputó a Arias por un aparente delito de prevaricato, el cual él habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minería Crucitas.

En esa oportunidad se alegó que la explotación de oro traería “varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el mandato presidencial Nº. 34801-MINAET.

Esa mina a cielo abierto se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos y estaba en manos de la empresa canadiense Industrias Infinito. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó anular la concesión a finales de noviembre del 2010.

Con su firma en ese decreto, Arias habría dictado una resolución basada en hechos falsos, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.

Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público confirmó, en un correo electrónico, la decisión de acusar a Arias, pero no ahondó en los detalles, porque “el caso penal continúa siendo privado para personas ajenas al proceso”.

Sí reveló que este miércoles se le informó a la Procuraduría General de la República (PGR) de tal disposición, para que determine, en su condición de abogado el Estado, si se une a la acusación.

“La Fiscalía General confirmó que, efectivamente, hoy (miércoles), se comunicó a la Procuraduría la acusación contra el señor expresidente, por el caso conocido como Crucitas, tramitado en el expediente 12-000124-0621-PE.

“La Fiscalía firmó ayer (martes) la acusación contra el señor Arias, por el delito de prevaricato. La ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión fiscal a la PGR, para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) y/o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado”, señaló la oficina de prensa.

El abogado del Estado dispone de 13 días, a partir de mañana jueves, para presentar la querella y la acción civil, pues concluido ese plazo, “la Fiscalía General enviará la acusación con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José”.

Ante esa instancia se conocerá si el caso se vuelve a elevar a juicio o no. Las audiencias preliminares están convocadas para finales de enero del próximo año.

Consultado sobre la acusación, el abogado de Arias, Rodolfo Brenes, dijo: “No le puedo decir nada porque no la conozco”. Al tiempo que agregó que estaba ingresando a una audiencia y que más tarde podría ampliar su declaración.

Mientras, el jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, salió en defensa del exmandatario: ” Hay que esperar el resulta de la decisión de los tribunales y respetarlo, pero debo agregar que nosotros apoyamos al presidente Arias y yo estoy completamente seguro de que su comportamiento, su conducta siempre ha sido apegada a la ley”.

Y añadió: “Me tomó por sorpresa, repito, parece que siempre ha habido una gran debilidad de argumentos desde el punto de vista penal con respecto a don Óscar y confiamos plenamente en que su conducta fue totalmente legal”.

Caso había sido resuelto, pero sin Arias

Inicialmente, solo el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, quien también firmó el cuestionado decreto y seis funcionarios de la Secretería Técnica Nacional Ambiental (Setena), figuraban como imputados.

Incluso, este caso ya se había resuelto en el 2015, cuando Dobles fue condenado por el Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea, a tres años de prisión, por un delito de prevaricato.

Los otros seis acusados de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, habían sido absueltos.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones se trajo abajo el fallo y ordenó repetir el debate.

Posteriormente, en setiembre del año pasado, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado.

Es en esa etapa donde el proceso se encuentra actualmente y será hasta enero cuando se decida si el caso va a juicio con el exmandatario como imputado.

En enero del 2015, cuando Dobles fue condenado, la jueza Mercedes Muñoz argumentó que el decreto se había basado en premisas falsas y por eso, dictó el castigo.

“Suerte distinta es lo que ocurre con la actuación del señor Dobles Mora, con la emisión del decreto que fuera firmado no solo por él, sino por el presidente de entonces (Óscar Arias), toda vez que este tribunal llegó a la conclusión de que este decreto fue dictado basado en hechos falsos”, dijo Muñoz.

El abogado de Dobles y de otros cuatro imputados, José Miguel Villalobos, asegura que el Tribunal lo que cuestionó fue la motivación que se consignó en el decreto.

“Lo que se alegó es que los considerandos, las motivaciones del decreto, estaban basados en hechos falsos. Nosotros siempre planteábamos que no es que eran hechos falsos, que se podía discrepar o no de los fundamentos, porque si algo va a beneficiar o va a haber más beneficio o no, no es un asunto de falsedad, sino de opinión”, expresó Villalobos.

En el decreto Nº. 34801-MINAET se mencionan nueve considerandos, incluyendo uno en el que se afirma que Setena, desde diciembre del 2005, le había otorgado la viabilidad ambiental al proyecto minero y que incluso, aprobó modificaciones al proyecto, en febrero del 2008.

No obstante, la ausencia del estudio de impacto ambiental (EIA) fue una de las razones por las cuales el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión minera a Industrias Infinito, a finales de noviembre del 2010.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/fiscala-general-acusa-al-expresidente-oscar-arias-por-caso-crucitas/

El próximo 27 de setiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llevará a cabo la firma del Acuerdo de Escazú. Se espera que 33 países de América Latina y el Caribe, el Perú incluido, se comprometan con este histórico acuerdo en la región, que busca establecer estándares para el desarrollo y fortalecimiento de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.

En marzo de este año, en Costa Rica, 24 países de América Latina y el Caribe adoptaron el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como Acuerdo de Escazú por la ciudad de Costa Rica.

La firma del próximo 27 de setiembre es indispensable para que, luego de ser ratificado por cada país, el acuerdo entre en vigencia.

El Acuerdo de Escazú marca un hito en la historia ambiental de la región porque es el primer esfuerzo para establecer estándares que fortalezcan la aplicación de los derechos de acceso, que contribuirá a la construcción de la democracia ambiental. Este instrumento internacional marca un importante precedente en la legislación para la protección de los defensores de derechos ambientales.

Un acuerdo que esperó 26 años para materializarse

En 1992, el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo consagró los derechos de acceso a la información,participación pública y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú recoge estos derechos y establece estándares que garantizan su ejercicio y evolución, medidas de cooperación entre países para el desarrollo y mejora de estos derechos; e instancias y acciones de seguimiento de implementación del Acuerdo.

El proceso de creación del acuerdo demandó 9 reuniones de negociación a lo largo de 6 años, entre los representantes de países de la región y de la sociedad civil. Este proceso tuvo un mecanismo ejemplar al permitir la participación e intervención con voz, sin voto, de las organizaciones civiles.

En marzo de este año se adoptó el Acuerdo de Escazú como un instrumento internacional vinculante, sin reservas, lo que permitirá que todos los países adherentes implementen las disposiciones y cumplan con los estándares fijados para la aplicación de los derechos de acceso, a cabalidad.

Dato:

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) participó desde las etapas preparatorias del proceso de negociación y durante la elaboración del acuerdo. Como miembro del equipo central de La Iniciativa de Acceso, ha elaborado videos explicativos sobre el Acuerdo de Escazú gracias a la Fundación Ford y a la Fundación Gordon & Betty Moore para dar a conocer su importancia en el desarrollo y fortalecimiento de la democracia ambiental e impulsar la finalidad de impulsar su signatura y ratificación a nivel regional.

Fuente:http://www.servindi.org/actualidad-noticias/07/08/2018/en-setiembre-se-firmara-el-acuerdo-de-escazu-para-fortalecer-derechos

El Gobierno firmó un decreto en marzo pasado, que echó a andar un mecanismo de consulta a pueblos indígenas, para que se consulte a las personas que habitan en alguno de los 24 territorios indígenas, antes de realizar proyectos que afecten sus derechos colectivos.

Sin embargo, organizaciones y habitantes de tres territorios se abstuvieron de participar porque cuestionan cómo está formulado y aseguran que violenta sus derechos como territorios de pueblos originarios, y que violenta convenios internacionales y legislación nacional.

También manifestaron su recelo por la participación de personas no indígenas en la construcción del mecanismo (la llamada pre-consulta), por quiénes integrarán las instancias territoriales y por que pasaría si en las consultas participan personas no indígenas que viven en los territorios, como parte de la problemática de usurpación de tierras.

El Gobierno respondió a Voces Nuestras varias de estas consultas, a través de la oficina de prensa de Casa Presidencial.

Gobierno firma decreto después de un largo y cuestionado proceso

El 6 de marzo de este año el Gobierno firmó el decreto 40.932, que dejó en firme el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Esto se hizo por presión y recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Después de dos años de reuniones y talleres (pre-consulta), el Gobierno logró que personas de territorios indígenas suscribieran una guía con ocho pasos para realizar una consulta. Estos son:

• solicitud de la consulta;
• admisibilidad de la solicitud de la consulta;
• acuerdos preparatorios;
• intercambio de información;
• evaluación interna del pueblo indígena;
• diálogo, negociación y acuerdos; finalización del proceso;
• y cumplimiento y monitoreo de acuerdos.

Reynaldo Morales Mayorga, indígena bribri del territorio indígena Iriria Bribri Sä Kä (conocido como Cabagra), piensa que la consulta empezó mal porque cuestionan la representatividad de quienes terminaron aprobando el mecanismo en la pre-consulta.

“La información a los pueblos originarios debe enfocarse en las organizaciones que existen dentro del territorio. Por ejemplo, nosotros como organización analizamos un punto del convenio 169, artículo 6 , que habla de la consulta, y se refiere a la consulta con sus instituciones, con ‘sus’, no con ‘su’”, explicó Morales, quien pertenece al Consejo de Mayores Originarios Iriria Bribri Sä Kä.

Agregó que “es un impacto negativo hacia la comunidad indígena en el sentido de que en los territorios indígenas, en el caso el de nosotros, hay muchos usurpadores que son no indígenas”.

Y afirmó que es un proceso negativo “porque para hablar de una consulta, se tiene que tener previo la información, el consentimiento de la comunidad y la libre determinación de la comunidad, que no se ponga obstáculos, que no se hagan obras de las que se están haciendo con la Asociación de Desarrollo. Eso viene a minimizar a la comunidad originaria. Tiene que haber una información en el idioma, tiene que haber una información en español, tiene que haber varias sesiones de trabajo”.

Mariana Delgado Morales, indígena bribri de Río Azul, comunidad en el territorio indígena de Salitre, opinó:

“En cuanto a la consulta, de mi parte yo tengo muchas dudas y yo siento que es una manipulación más del Gobierno porque nosotros, el pueblo bribri de Salitre, le hemos pedido al Gobierno que primeramente haya un saneamiento territorial, que se hagan los desalojos que ya están por ser ejecutados. No hemos recibido respuesta y entonces más bien creemos que la consulta nos va a perjudicar; no es nada favorable para nosotros”, informó,

“Vea, yo me enteré que vinieron y estuvieron reunidos con un pequeño grupo; pero creo que eso no es una pre-consulta. Yo entiendo por consulta que es todo el territorio indígena. Si lo quieren hacer así, es un juego más, una burla más para los bribris porque diay, no sirve así que ellos se reúnan nada más con un sector, con un grupo. Si lo van a hacer que sea con toda la población indígena bribri de Salitre”, sentenció.

Don Felipe Figueroa Morales, indígena bribri, de Salitre, manifestó: “El proceso de consulta indígena es negativo porque el Estado costarricense está bajo las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó al Estado costarricense que hiciera el saneamiento territorial del territorio bribri de Salitre, para que pudiera hacer la consulta. Esto no se cumplió”.

Figueroa Morales señaló que “en la consulta participaron personas no indígenas, un grupo muy reducido dentro del territorio y en la comisión están representando personas no bribris dentro del territorio”.

“Como al Gobierno le interesan algunos proyectos como el Diquís y otros proyectos que él tiene en camino, quiere quitarnos a nosotros, eludir responsabilidades o quitar derechos a nuestros pueblos. En este caso al Gobierno le importó sólo que la consulta vaya, ¿verdad? Pero en realidad no ha sido beneficioso. Ha creado incertidumbres. Ha creado problemas para nuestros territorios. Lo que hizo es una exclusión, definitivamente, de derechos”, dijo Figueroa Morales, integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa (Consejo Cuidadores de la Tierra).

La conformación de las Instancias Territoriales

El mecanismo crea la Unidad Técnica de Consulta Indígena, que estará en el Ministerio de Justicia y Paz, responsable de liderar todas las consultas desde el Gobierno. En cada territorio habrá una Instancia Territorial, designada por la comunidad y encargada de la logística de las consultas.

Pero surgen preguntas sobre quiénes y cuántas personas la forman, cómo se escogen estas personas y si tendrán más peso las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas (ADIIs), en lugares donde se cuestiona su representatividad y se discrimina a las organizaciones ancestrales.

Según don Felipe Figueroa, “ahorita el Gobierno tiene miradas maliciosasporque siento que sólo va a consultar a las Asociaciones de Desarrollo o ADIIs, que es un grupo muy reducido”. “Si fuera el caso, nosotros en el territorio no aceptaríamos ninguna consulta porque el Gobierno no hizo ninguna pre-consulta en nuestros territorios”.

De acuerdo con la respuesta enviada por Casa Presidencial, las instancias de territoriales de consulta “se elegirán respetando la autonomía de cada territorio”.

“El decreto sólo establece que cada territorio podrá escogerla según sus costumbres, criterios internos y particularidades culturales. No se establece un número de personas, precisamente para respetar la particularidad cultural, estructural, geográfica y demográfica de cada territorio. Los mismos miembros de la comunidad o sus instituciones podrán promover este proceso. Las ADIIs son una más de las instituciones de representación. Según el Decreto, deberán ser tomadas en cuenta; pero no tendrán, necesariamente un rol protagónico, a menos que el mismo territorio lo decida así”.

La participación de personas no indígenas que viven dentro de territorios

Otra duda es cómo se confirmará que las personas que voten en una consulta son indígenas y de esta forma, que quienes votan sobre un proyecto o no, son verdaderos integrantes de ese pueblo originario.

“Es que esa es la gran razon”, declaró don Felipe Figueroa, de Salitre. “Por eso nosotros nunca hemos estado en favor de la consulta, porque habíamos dicho que una vez retirados los no indígenas dentro del territorio, ya el pueblo podía sentarse con el Gobierno a hacer la consulta; pero más antes no, porque va a haber esa situación. Por lo tanto, nuestra lucha va a seguir constantemente contra este proceso”, aseveró.

De acuerdo con el Gobierno, las consultas indígenas son procesos participativos de diálogo cuyo fin es lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos o alcanzar acuerdos con respecto a una medida propuesta. “Las consultas no son procesos electorales, sino procesos en donde la comunidad busca un acuerdo con el Estado, sobre la base de información clara y adecuada a las particularidades de cada pueblo. Las decisiones que se tomen en cada pueblo tomarán en cuenta sus tradicionales formas de toma de decisión. Cada pueblo determinará sus propias formas para determinar quiénes son indígenas y por lo tanto quienes participan en los procesos de consulta”.

Asimismo, se le consultó al Gobierno qué pasará con los territorios de Alto Chirripó, Salitre y Cabagra, que decidieron no participar en el mecanismo y qué pasa si hay que consultar proyectos que les afectarían.

Según la respuesta de Casa Presidencial, solamente Alto Chirripó no participó en el proceso. “El proceso se implementó en Salitre y Cabagra y se tienen registros de su participación. Posiblemente haya sectores de esos territorios que decidieron no participar, lo cual es totalmente respetable”.

Qué pasó en Alto Chirripó? Las y los habitantes de este territorio indígena, ubicado en Turrialba interpusieron un recurso de amparo contra el proceso. El 8 de setiembre los magistrados ordenaron al Gobierno repetir tres reuniones en esa comunidad, para informar y pedir opinión a sus habitantes.

Sin embargo, en la comunicación de Casa Presidencial se informó que esperan una solicitud de aclaración a la Sala Cuarta, para determinar los alcances de ese fallo. “El Gobierno mantiene los canales abiertos para acatar el fallo y continuar con las vías del diálogo para que todos los territorios participen en el disfrute de este derecho”, se lee.

De acuerdo con el Gobierno, ahora trabaja en terminar de conformar la Unidad Técnica de Consulta Indígena en el Ministerio de Justicia y Paz; apoyar la conformación de la Instancias Territoriales; apoyar la formulación de los reglamentos internos de consulta indígenas en los territorios que lo requieran; procesos de capacitación a las instituciones públicas; y capacitación a las organizaciones de los territorios indígenas.

Pero la percepción de Reynaldo Mayorga, de Cabagra, es otra. “El Consejo de Mayores Originarios Iriria Jtecho Wakpa (de Cabagra) mandó una nota a la Oficina del proceso de consulta, diciendo que se abstiene de participar en el proceso de consulta, porque está mal formulado, porque está violentando los derechos como territorio, se están violentando los convenios, se está violentando la legislación nacional sobre pueblos indígenas, se está violentando la Declaración Universal de las Naciones Unidas para los Pueblos Originarios. Por eso es que la organización, junto con parte de la población, tomó la decisión de no ser parte de ese proceso de consulta”.

“Pero no sabemos nada porque nunca respondieron. La técnica de los representantes del estado, gobierno, instituciones estatales, es no responder, guardar el silencio. Eso es todo, como quien dice, nosotros hacemos y ustedes aceptan o aceptan”, denunció Morales Mayorga.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/05/organizaciones-y-personas-de-pueblos-originarios-cuestionan-mecanismo-de-consulta-indigena/

Líderes ambientalistas encendieron las alarmas ante las declaraciones del candidato del Partido Integración Nacional, Juan Diego Castro, quien esta mañana abrió la posibilidad de explorar petróleo y oro en un gobierno suyo.

“No vamos a supeditar a las artimañas, negocios y caprichos de los grupitos ecoterroristas, el desarrollo y la producción de este país. Los conozco, los he enfrentado y los he parado”, dijo Castro, quien posteriormente dijo que los países de primer mundo hacen cosas que “aquí nos asustan, como la minería”.

“Si vivimos sobre un tesoro de oro o petróleo, vamos a explotarlo como corresponde”, dijo Castro.

Ante estas declaraciones, Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista Costarricense (Fecon), afirmó que el discurso de Castro legitima un discurso de violencia sobre ambientalistas que en el pasado cobró vidas como la de Jairo Mora.

“Es una proyección de un discurso agresivo del neoliberalismo en cuanto al uso de recurso de naturales. Más bien, el terrorismo tiene que ver con hacer a las personas tomar agroquímicos en sus acueductos. Este discurso puede animar a más violencia”. dijo Álvarez, quien hizo un llamado a no votar por Castro ni por candidatos que empleen este discurso.

Por su parte, el abogado y profesor de derecho ambiental de la Universidad de Costa Rica, Álvaro Sagot, afirmó que el riesgo ambiental de esas actividades en países tropicales “nos acercaría a daños ambientales irreversibles a mantos acuíferos y bosques”.

“Juan Diego olvida que existe la prohibición legal expresa de hacer minería metálica del oro a cielo abierto. Entonces primero debe modificar el Código de Minería. Respecto al petróleo existe una moratoria. Ahora, venir a decir que permitirá la explotación del oro y del petróleo es devolvernos a la Edad de Piedra en un país donde el oro está en nuestra biodiversidad. Este señor es está hablando sandeces”, dijo Sagot.

Fuente:https://semanariouniversidad.com/pais/ambientalistas-encienden-alertas-declaraciones-juan-diego-castro/

El gobierno de Costa Rica construyó una página de internet para anunciar los avances de la construcción del protocolo de consulta en los territorios indígenas. El estatus del pueblo Bribri, de Talamanca, territorio al sur de Costa Rica, está apuntado por el gobierno como “en proceso de diálogo”, mientras la mayoría de los pueblos ya están listos para seguir a la última fase, un encuentro nacional.

La verdad es que el pueblo Bribri se rehúsa a participar en la construcción de dicho protocolo. “Todo este proceso es un performance. El protocolo y la consulta son herramientas para que tengan algo para justificar la entrada en el territorio y explorarlo. Hacen la consulta a su gusto y después dicen que exploraran los recursos con nuestro consentimiento. La verdad es que no nos escuchan”, señala el indígena.

De acuerdo con el reporte “Inventario de Proyectos de infraestructura en Mesoamérica”, ejecutado por Conservation Strategy Fund en asociación con The Nature Conservancy y financiada por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos, la región de Talamanca es considerada como uno de los seis sitios prioritarios para proyectos en toda Centroamérica y sur de México.

“Sabemos los recursos que tenemos en nuestros territorios y sabemos también los proyectos que el gobierno tiene planeado para saquearnos. Quieren transformar nuestros bosques en mercancía con la implementación del proyecto REDD+, quieren represar nuestras aguas y producir energía, y sacar nuestros minerales”, dice el indígena Bribri, Baudillo Salles Sánchez.

Hay una deuda histórica del Estado hacia a los pueblos indígenas de Costa Rica y esta deuda solamente será saldada quitada cuando el gobierno devuelva a los pueblos indígenas 100% de sus territorios, sostiene el indígena Bribri Leonardo Buitrago. “Solamente después de eso, se podría construir un protocolo de consulta de buena fe. Los territorios están llenos de gente no indígena, con sus tiendas y negocios y por presupuesto aprueban los proyectos del gobierno, es gente invasora que tiene intereses distintos de los nuestros”, señala el indígena.

Si Talamanca está llena de vida y de bosques es porque los indígenas han luchado y han logrado defenderlos, dice Buitrago. “Perforación para petróleo, empresa bananera, extracción de carbón, hay un sin fin de proyectos que han querido entrar, pero gracias a la lucha de los pueblos indígenas, hemos podido sacarlos de aquí. Y así llevaremos nuestra lucha”.

Capítulo 5 del reportaje: Consulta Indígena legaliza el despojo de los pueblo

Fuente:http://movimientom4.org/2017/12/capitulo-5-pueblo-bribri-dice-no-a-la-mineria/

En noviembre del 2010, la Asamblea Legislativa aprobó la ley que declaró a Costa Rica como país libre de minería a cielo abierto y estableció que el uso de mercurio es uno de los factores que deterioran el ambiente.

Sin embargo, ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tienen regulaciones sobre el daño que produce al ambiente o a la salud de quienes se exponen a ese metal.

Según Ricardo Morales, de la Dirección de Protección al Ambiente Humano de Salud, no existe protocolo alguno de vigilancia para la población que trabaja con mercurio, porque no se han reportado casos con valores por encima de lo normal.

“No se detectó la necesidad de tener un protocolo especifico en este momento para esa población pues en el 2012 (fecha en que se hizo el único estudio sobre esta actividad), no había una sobreexposición, entonces la gente va a la consulta normal” aseguró.

Aseguró que para activar algún tipo de vigilancia sería necesaria una alerta de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social en relación con males asociados al mercurio.

Sin embargo, Angie Núñez emergencióloga de la Clínica de Abangares, afirmó que, en promedio, dos personas cada año son referidas a hospitales nacionales por enfermedades crónicas asociadas al trabajo con mercurio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a ese material puede dañar los pulmones, riñones y los aparatos digestivos e inmunitario.

El director de Aguas del Minae, José Miguel Zeledón indicó por medio de la oficina de prensa de ese ministerio, que su despacho no ha realizado investigaciones para determinar la contaminación del agua en Abangares.

La directora de Geología y Minas Ileana Boschini, aseguró que en el estudio elaborado en el 2012 se determinó que el 11% de las personas que trabajan con mercurio tenía niveles de este químico por encima de los normales.

Manifestó que en la actualidad solo hay una cooperativa que ya está debidamente inscrita para operar con ese metal.

Sobre la extracción ilegal, reconoció que no tampoco se puede ejercer control.

En cuanto al manejo de las rastras, afirmó que no es un aspecto que les corresponde a ellos, pues la jurisdicción de esa dependencia se enfoca en la extracción del mineral.

La reforma a Código de Mineria que entró en vigencia con la ley del 2010 dio un plazo de ocho años (que vence en junio del 2018) a los mineros organizados en cooperativas para seguir usando el mercurio en los procesos de extracción de oro.

Fuente:http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Minae-Salud-tiran-bola-mercurio_0_1664433576.html