Cauca
Con este proyecto, las comunidades del sur del Departamento pretenden evitar el ingreso de multinacionales que buscan explotar los recursos naturales en la región.
Foto: Colprensa/Juan Cantillo   La W
13/02/2017
Las comunidades del sur del departamento del Cauca crearán la Guardia Campesina con la que pretenden oponerse a los proyectos de minería que diferentes multinacionales pretenden llevar a la región.
El secretario de la Asociación Campesina de Mercaderes, Jaime Solarte, dijo que ante la preocupación por las actividades que vienen efectuando algunas firmas en la zona, se agruparán para crear en los próximos días la Guardia y prevenir daños en sus territorios.

En Mercaderes la inquietud se concentra en el corregimiento de Esmeraldas, sitio en el que nacen los principales ríos que abastecen a las comunidades, y que pretende intervenir una empresa que ya ha iniciado los trámites.

“Lo que plantean los compañeros del cerro La Campana, que es el que nos da la vida, es crear la Guardia y también en Florencia, Mercaderes y los corregimientos de Bolívar”, sostuvo.

El dirigente explicó que el propósito es proteger y hacer respetar la zona de los trabajos de minería, con la participación de estudiantes, jóvenes y adultos de la región.

“Los compañeros estarán pendientes de cualquier persona que llegue a la región, ingenieros, topógrafos o geólogos para abordarlos y averiguar qué van a hacer allá (…) La orden es no permitir la entrada”, sostuvo.

Asimismo, indicó que se adelanta un proceso con 17 municipios de Nariño y Cauca para efectuar una consulta popular con la que las comunidades decidan si avalan o no la minería en la región.

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cauca-guardia-campesina-se-opondra-a-la-mineria-en-el-macizo-colombiano/20170213/nota/3382285.aspx

Minambiente dio a autoridades ambientales 3 meses para establecer planes de manejo de explotaciones.
5 de febrero de 2017
En Bogotá, la ronda del río Tunjuelo ha sido afectada históricamente por la minería. Felipe Caicedo
Foto: Archivo EL TIEMPO
En Bogotá, la ronda del río Tunjuelo ha sido afectada históricamente por la minería. Felipe Caicedo
Solo en 24 polígonos, delimitados por el Ministerio de Ambiente y que cubren un poco más de 17.700 hectáreas de la Sabana de Bogotá (cuya extensión es de 427.711 hectáreas) se podrán realizar de ahora en adelante explotaciones mineras, según la resolución 2001 del 2 de diciembre del 2016.

Además de definir las zonas compatibles con las explotaciones mineras, la resolución fijó los parámetros que deberán cumplir las autoridades ambientales para cerrar aquellas que quedaron por fuera de las zonas autorizadas.

Las explotaciones que no están en los polígonos que se declararon aptos deberán cumplir con un plan de manejo, restauración y recuperación ambiental (PMRRA), el cual deberá respaldarse con una garantía que facilite aprovisionar los recursos para su ejecución.

(Visite el especial: Minería ilegal, los cráteres que se devoran a Colombia)

La resolución establece como opciones la fiducia en administración, mercantil o por pagos; la garantía bancaria a primer requerimiento y el depósito de dinero en garantía, entre otras. Se debe expedir a favor de la autoridad ambiental que imponga el plan de manejo.

El PMRRA es un documento que incluye acciones técnicas que se deben desarrollar en las zonas que han sido explotadas, con el fin de garantizar su cierre en condiciones técnicas adecuadas para poder destinarlas a actividades agropecuarias o forestales, según la resolución del Ministerio.

A las autoridades ambientales se les otorgó un plazo de tres meses (enero, febrero y marzo) para realizar visitas, determinar las medidas e imponer el respectivo plan a los proyectos que se encuentren en zonas no compatibles con la minería.

La resolución les ordena a las autoridades ambientales y mineras cumplir con los plazos del fallo del Consejo de Estado sobre el río Bogotá, para revocar o suspender las licencias, títulos, permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medioambiente en las zonas de exclusión.

(Además: Consejo de Estado aprobó la consulta popular minera de Ibagué)

También, para revocar o suspender las licencias, títulos, permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales cuando se establezca el incumplimiento de las condiciones o exigencias de acuerdo con los actos de expedición.

Únicamente los yacimientos de sal y la extracción de materiales que se requieran para el mejoramiento de vías veredales o terciarias se podrán explotar en cualquier parte de la Sabana, salvo excepciones que ya estén establecidas en la ley. De todas formas, solo se podrá hacer con autorización minero-ambiental en cada caso.

Por fuera de los 24 polígonos compatibles con la minería no se podrán volver a expedir títulos ni de exploración ni de explotación, y a quienes hoy tienen permisos o licencias la autoridad ambiental les deberá imponer planes de manejo.

Quienes cuentan con título minero y se encuentren operando en esas zonas y no hayan tramitado el plan de manejo deberán ser suspendidos, y se les ordenará el cierre definitivo. También se suspenderá la actividad de quienes no poseen título y estén operando con el registro minero nacional.

La resolución deja claro que en los ecosistemas de páramo no está permitido ningún tipo de actividad minera.

Las entidades territoriales podrán determinar la viabilidad o prohibición de actividades mineras en las zonas compatibles con la minería, pero no podrán hacerlo fuera de los polígonos delimitados.

Los sitios autorizados

Datos en hectáreas

Estas son las 24 zonas en las que se podrán realizar actividades mineras en la sabana de Bogotá. Por fuera de ellas queda prohibido, y se deberán expedir planes de manejo para proceder al cierre técnico de las explotaciones:

Polígono 1: suroriente de Bogotá, zona urbana, 84,8.
Polígono 2: sur de Bogotá, en la zona urbana, 348,9.
Polígono 3: suroriente de Bogotá, zona urbana, 50,7.
Polígono 4: entre Soacha y Bogotá, 4.521,6.
Polígono 5: al oriente de Sibaté, 55,2.
Polígono 6: entre Soacha y Bojacá, 924,6.
Polígono 7: entre Mosquera y Bojacá, 804,3.
Polígono 8: entre Madrid, Facatativá y El Rosal, 1.304.
Polígono 9: entre Subachoque, El Rosal y Madrid, 488,8.
Polígono 10: Tabio, 773,3.
Polígono 11: norte de Zipaquirá, 64.
Polígono 12: suroriente de Cogua, 1.093,9.
Polígono 13: entre Cogua, Tausa y Nemocón, 3.927,8.
Polígono 14: nororiente de Nemocón, 94,1.
Polígono 15: entre Suesca y Chocontá, 1.239,8.
Polígono 16: Suesca, 84,1.
Polígono 17: suroriente de Nemocón, 67,5.
Polígono 18: nororiente de Zipaquirá, 67,5.
Polígono 19: oriente de Tocancipá, 598,6.
Polígono 20: noroccidente de Guatavita, 101,9.
Polígono 21: suroccidente de Guatavita, 72,5.
Polígono 22: suroriente de Guatavita, 65,5.
Polígono 23: noroccidente de Guasca, 954,5.
Polígono 24: occidente de Guasca, 230,5.

enero 30, 2017
Foto: Colprensa – El Colombiano
La Corte Constitucional ordenó suspender el otorgamiento de títulos mineros en varias zonas del departamento de Caldas, en donde se encuentran asentadas las comunidades Embera – Chamí considerada uno de los asentamientos indígenas más antiguos de Colombia.

De acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, es necesario que en los municipios de Riosucio y Supía sean adelantadas las acciones preventivas correspondientes para no vulnerar los derechos fundamentales de estas comunidades que se encuentran en los resguardos Cañamomo y Lomaprieta.

Para el alto tribunal, la Agencia Nacional de Tierras debe realizar en un término máximo de un año un proceso de delimitación y titulación de tierras de las comunidades étnicas asentadas y “a la Agencia Nacional de Minería (ANM) que suspenda los procesos de contratación, formalización e inscripción de títulos mineros dentro de la zona comprendida entre las coordenadas informadas a la Agencia por el Resguardo Cañamomo y Lomaprieta”.

De igual forma el Ministerio del Interior deberá expedir una circular para que los concesionarios mineros que están presentes, socialicen las actividades de exploración que pretenden realizar con el objetivo de evidenciar el impacto y afectaciones que las mismas pueden producir en estos territorios.

Dentro de la sentencia la Corte Constitucional ordenó a las Alcaldías de los municipios de Riosucio y Supía que, “procedan a iniciar los procedimientos policivos tendientes a clausurar aquellas minas que no se encuentran en proceso de formalización o titulación o que no hayan sido autorizadas por las autoridades indígenas, con observancia de las garantías procesales y del derecho fundamental al debido proceso”.

En la Vega y Mercaderes los campesinos salieron a marchar para no permitir que la minería siga acabando con las fuentes hídricas de sus pueblos. Nadie quiere que se repita lo ocurrido en el río Sambingo como consecuencia de los proyectos que silenciosamente están llegando hasta estos territorios.

El 13 de febrero del año pasado se realizó la primera movilización en Mercaderes para protestar por las graves afectaciones que la minería ocasionó al río Sambingo, hasta el punto de dejarlo sin vida, pues las hondas excavaciones y la alta contaminación acabaron con su uso natural. Y aunque los operativos para contrarrestar este flagelo en la zona dejaron incautaciones, capturas y algunos culpables, la afectación ambiental no ha menguado.

El pasado jueves, una semana antes de cumplirse un año de aquella movilización, de nuevo los mercadereños salieron a las calles por el mismo motivo: decirle no a la minería. Esta vez defendieron otro de sus ríos, el Hato Viejo, que como lo expresaban los líderes, hace un año, “es por el río que van ahora, ya acabaron con el Sambingo ahora van por el Hato Viejo”.

De acuerdo con la Coordinadora Campesina y Popular del municipio de Mercaderes integrada por el Cima, Anuc, Asoinca y Asocomunal, la semana pasada uno de los concejales del municipio les dio a conocer un documento enviado por el Grupo CI S.A.S, con el fin de que el 26 de enero el alcalde Alcy Muñoz y los concejales se reunieran para “socializarles el proyecto de exploración que realizarían en el corregimiento Esmeraldas, una prospección para ver si hay o no indicios de oro”.

El Grupo CI S.A.S, es el que tiene un proyecto de exploración en la vereda Esmeraldas ubicada en el corregimiento del mismo nombre, del municipio de Mercaderes. En ese corregimiento está ubicado el Cerro Campana, donde nace el río Hato Viejo, principal afluente de agua de este municipio del sur del Cauca.

A la alerta generada por ese comunicado, se sumaron las inquietudes de los campesinos cuando semanas atrás vieron sobrevolar algunos helicópteros sobre la zona, además de la confirmación por parte de la misma comunidad de que habían visto a algunos topógrafos cerca al Cerro Campana; en las montañas donde precisamente nace el río Hato Viejo, de donde se desprenden varios afluentes los cuales surten de agua (para consumo y para riego) a la mayoría de habitantes de Mercaderes.

Fue así como armados de valor, y bajo el amparo de una figura legítima que constituyeron el pasado 25 de noviembre en el municipio nariñense de San Pablo, denominada: ‘Territorios Campesinos Agroalimentarios del norte de Nariño y del sur del Cauca’ (Tecam), convocaron a una movilización que acogió a más de 2.000 campesinos, casi 500 provenientes de los 12 municipios del norte de Nariño y el resto que llegaron de Florencia, Bolívar y Mercaderes.

De acuerdo a información de las organizaciones sociales y comunitarias de Mercaderes, en el territorio hay entre 5 y 7 retroexcavadoras que extraen oro del río San Bingo. El Gobierno les incumplió el año pasado, tiempo para el cual se comprometió a la vigilancia permanente del ejército.

“Lo más importante del día de hoy (jueves), a diferencia de la reunión de febrero del año pasado donde los que le pusimos el pecho a la defensa del río Sambingo fuimos los de las organizaciones sociales en cabeza de la Coordinadora Campesina y Popular del municipio de Mercaderes, es que hoy gracias a Dios, ya no estamos solos, ya está la institucionalidad y la mayor parte del pueblo, quienes son conscientes de que tenemos que defender nuestro territorio, esa es la gran ganancia de esta movilización”, dijo uno de los líderes de la Anuc.

A eso del mediodía, los más de 2.000 campesinos que llegaron a Mercaderes empezaron su recorrido desde la Casa Campesina del municipio, pasando por las principales vías del pueblo hasta llegar a la plaza Juan Montón Blasco, donde culminó la movilización con un acto político en el cual los líderes sociales representantes del Cima, la Anuc y Asocomunales de Mercaderes dieron a conocer las principales acciones y conclusiones que arrojó la jornada.

Como en el acto estuvieron presentes el alcalde y los concejales, la Defensoría del Pueblo, un representante de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y el representante a la Cámara Oscar Ospina, fueron varias las propuestas políticas y sociales que surgieron para “blindar” a Mercaderes de la minería ilegal y legal.

“Uno de los caminos es seguir consolidando el Territorio Campesino Agroalimentario donde en uno de sus ejes está la constitución de una guardia campesina que es con la que vamos a defender el territorio. El otro mecanismo es el esquema de ordenamiento territorial para poder dejar que el municipio quede con vocación agropecuaria y no con vocación minera; y por último estaría la consulta popular, que blindaría al municipio de todo tipo de minería”, puntualizó uno de los líderes del Cima.

Aunque según el gerente de exploraciones del Grupo CI S.A.S lo que ellos quieren realizar en el corregimiento de Esmeraldas es una “prospección para ver si hay o no indicios de oro, con lo no haremos daño al  medio ambiente porque es un estudio preliminar, además de que somos un grupo técnico y no una multinacional como nos quieren ver”; lo cierto es que según Fredy Mellizo, director seccional de la CRC sur del Cauca, esta Corporación no tiene ninguna solicitud de permiso de licencia ambiental para el ingreso de este Grupo CI S.A.S. al municipio de Mercaderes.

En la Vega tampoco quieren minería que contamine sus fuentes de agua

Aldemar Parra García, de El Hatillo, comunidad campesina ubicada en el municipio del Paso, corregimiento la Loma, departamento del Cesar, integrada por 190 familias quienes han habitado por varias generaciones este territorio, desde el 2010 vienen enfrentando un proceso de reasentamiento involuntario por contaminación ambiental a cargo de las empresas mineras operando en la zona…

Los representantes de la comunidad en el proceso de reasentamiento, para noviembre de 2016, se encontraban en situación de riesgo tras recibir amenazas y señalamientos por su labor de defensa de sus derechos, por lo cual solicitaron medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), medidas actualmente en trámite…

Aldemar, sobrino del actual presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, sobre el que pesa una amenaza de muerte, era un líder social de El Hatillo…De igual manera, algunos representantes de la comunidad han reportado que esa misma moto ha estado transitando el centro poblado de la vereda El Hatillo, principalmente por las vías donde se encuentran ubicadas las viviendas de varios líderes, actualmente amenazados por su labor de defensa de derechos como lo son: Almeys Mejía Rojas, Alfonso Antonio Martínez, Marina Martínez, Yolima Parra y Diana Fonseca. [Pedimos] A la Consejería Presidencial de Derechos Humanos su seguimiento a las investigaciones por el asesinato de Aldemar Parra García y las amenazas e incidentes de seguridad contra los líderes de El Hatillo en el marco de su rol como promotor del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas.

Fuente:https://business-humanrights.org/es/colombia-asesinado-dirigente-opositor-a-la-miner%C3%ADa-de-carb%C3%B3n-en-el-cesar-incluye-declaraci%C3%B3n-de-la-empresa-drummond#c150175

Después de varias trabas y retrasos para que 5.500 ciudadanos puedan expresar si están de acuerdo o no con la minería en su territorio, el Tribunal Administrativo del Tolima propuso una nueva pregunta que supera todas las exigencias constitucionales y legales.

La consulta popular minera en Cajamarca se podría convertir en la primera y más exitosa de orígen ciudadano del país. La iniciativa que busca desde el año pasado ponerle freno al proyecto de explotación de oro La Colosa, liderado por la firma AgloGold Ashanti, ha estado atravesada por múltiples trabas, aplazamientos y presiones que le han impedido a los 5.500 ciudadanos manifestarse en las urnas a favor o no de hacer minería en su territorio.

El pasado jueves 19 de enero el Tribunal Administrativo del Tolima falló a favor de la consulta popular minera en Cajamarca. En el documento expedido revisó nuevamente la constitucionalidad de la consulta ciudadana y evaluó el cumplimiento de los requisitos formales y jurídicos para su trámite, incluida la legalidad de la pregunta.

A principios del mes de noviembre el Tribunal Administrativo del Tolima ya había avalado la pregunta con la que los tolimenses votarían: “¿está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación tradicional agropecuaria del municipio con motivos de proyectos de naturaleza minera?

Sin embargo, el pasado 17 de diciembre el Consejo de Estado declaró que la pregunta de la consulta minera era inconstitucional, pues no era neutral y lesionaría la libertad del votante. El máximo tribunal aseguró que el interrogante “resulta manifiestamente caprichoso y sugestivo” y recordó que existen parámetros que permiten formular preguntas para los referendos y consultas populares que garantizan cumplir con la exigencia de lealtad.

Esta vez, tras revisar nuevamente la consulta, el Tribunal declaró inconstitucional la expresión de la pregunta: “que implique contaminación del sueldo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio». Por lo tanto, propuso que la pregunta que puede ser sometida a consulta popular podría ser la siguiente: ¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?

El Tribunal aseguró que “debe seguirse frente a la consulta popular de origen ciudadano, se observa que se han cumplido con todos los requerimientos, lo que hace concluir que a nivel formal dicho mecanismo de participación ha superado las exigencias constitucionales y legales para su realización”.

Ante la luz verde que dio el Tribunal y frente a este proceso que va a paso de tortuga, se necesitará que 5.500 personas vayan a las urnas para decidir sobre el futuro de su territorio. Lo que no sólo podría tocar los 29 millones de onzas de oro que se pretenden extraer en La Colosa para 2020, sino los 25 títulos mineros vigentes y ocho solicitudes pendientes que se encuentran alrededor del 86% del municipio de Cajamarca.

La idea es seguir los pasos de lo que lograron los ciudadanos del municipio de Piedras (Tolima) en el 2013: demostrar, desde las urnas, su descontento frente a las operaciones mineras en su territorio.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/via-libre-continuar-consulta-popular-minera-de-cajamarc-articulo-675900

El organismo cree que ese plan no es coherente con los objetivos de luchar contra la pobreza en países como Colombia.
La Corporación Financiera Internacional, uno de los componentes del Banco Mundial, retiró la inversión que había hecho en el proyecto Angosturas, un plan para extraer oro del páramo de Santurbán.

Carlos Lozano, vocero de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Aida reveló que el organismo tomó la determinación pues el proyecto no es coherente con los postulados del Banco, en especial de la lucha contra la pobreza.

Angostura es un proyecto para explotar metales preciosos de una zona delimitada en la cordillera oriental, a pocos kilómetros de Bucaramanga.

La queja ante el Banco Mundial fue presentada por parte de una veeduría que se ha opuesto a los proyectos mineros en el páramo de Santurbán, para lo cual ha organizado marchas callejeras en Bucaramanga.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2016/12/20/bucaramanga/1482256751_290155.html

La multinacional AngloGold Ashanti presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado solicitando que se suspenda de manera provisional la consulta popular minera de Cajamarca por considerar que están en riesgo los intereses de la empresa.

Aunque la acción de tutela, que fue presentada el pasado 18 de noviembre, fue aceptada por el Consejo de Estado, el alto tribunal también decidió denegar la solicitud de suspensión provisional de la consulta minera de Cajamarca, lo que quiere decir que, por el momento, los cajamarcunos continúan convocados a las urnas el próximo 22 de enero de 2017. 

Sigue leyendo →

Durante cuatro años, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) monitoreó la calidad del aire en el país y esta semana entregó los resultados, en los que el departamento del Cesar apareció con uno de los más altos índices de contaminación en la zona minera. Paradójicamente, algunas poblaciones del territorio cesarense registraron los índices más bajos.

El informe analizó partículas suspendidas en el aire, de tamaño menor a 10 micras (pm10) y de menos de 2,5 que se originan en la actividad industrial, y otros gases como el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. A menor tamaño del material particulado, mayor es su penetración en el organismo, causando obstrucción de las vías respiratorias; cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayor es la afectación.

Según el estudio en 2015, el aire más contaminado en el país se midió en las siguientes estaciones:

Sigue leyendo →