Cristian Zuluaga / Caracol Manizales Caldas
25-02-2017Entre los incumplimientos están las 68 solicitudes de desalojo que no ha ejecutado la administración de Marmato (Caldas).
Marmato es un municipio caldense, que por más de un siglo tiene su actividad económica relacionada a la minería. / Foto archivo/Caracol Radio
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Incumplimientos en el desalojo en Marmato (Caldas), de los mineros ilegales que ocupan los títulos que fueron entregados a la canadiense Gran Colombia Gold, es una de las dos causas esenciales por las que esa multinacional minera demandó al estado colombiano por unos US$700 millones de dólares.
Así lo informó el portal web Primera Página en el que además explica que de acuerdo a la demanda Colombia no está cumpliendo con el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá (el TLC de Colombia con Canadá).
La segunda causa esencial por la que esa minera demandó a Colombia tiene que ver con la falta de acción del estado colombiano por medio de sus autoridades para prevenir y hacerles frente a las protestas y atentados terroristas que causaron pérdidas económicas para la empresa minera, entre ellos los ocurridos en febrero de 2016 perpetrados por el Eln.

El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, confirmó que el Alcalde de Marmato Julio Vargas Chica ha incumplido 68 resoluciones de la Agencia Nacional Minera, que solicitan el amparo administrativo de algunos de esos títulos mineros de la multinacional canadiense.

Piedrahita agregó que desde agosto de 2015 al alcalde de Marmato, un juzgado de la república le notificó la orden de ejecutar el desalojo de esos títulos y hasta la fecha el mandatario no ha cumplido dicha sentencia. El secretario también puntualizó que en ese mismo sentido su despacho, la Gobernación de Caldas y la Procuraduría le han solicitado cumplir con la orden de desalojo.

En repetidas ocasiones el Secretario de Gobierno caldense ha manifestado que el alcalde de Marmato está incurriendo en un desacato a la ley.

Por su parte los mineros tradicionales de Marmato se oponen a que les hagan operativos de desalojo porque consideran que toda su vida han dedicado su actividad económica a este tipo de minería en esos lotes.

Caracol Radio quiso conocer las declaraciones del Alcalde de Marmato, Julio Vargas Chica, pero no contestó su celular, pese a que le marcamos insistentemente y le dejamos un mensaje en el buzón. Sin embargo en repetidas ocasiones el mandatario local ha manifestado que no está de acuerdo con el desalojo y que se debe buscar una salida pacífica a la problemática, para evitar alteraciones del orden público en su municipio.

Cabe recordar que en el 2011, la Gran Colombia Gold adquirió por medio de Medoro Resources el proyecto minero Marmato, el cual se estima que tiene 14 millones de onzas de oro y 90 millones de plata.

http://caracol.com.co/emisora/2017/02/25/manizales/1488041919_674762.html

Las organizaciones abajo firmantes hacemos expresa nuestra preocupación
frente a la visita que la “Mining and Faith Reflections Initiative” (MFRI) está
llevando a cabo en Colombia entre el 19 y el 24 de febrero en las zonas
carboníferas de los departamentos de Cesar y La Guajira. Las razones que
motivan este comunicado se alimentan en la forma en que fue concebida esa
visita y los métodos empleados para informar sobre su realización:

La ausencia de claridad respecto a los objetivos de la delegación de la
MFRI, la metodología de recolección de información, el empleo de los
resultados obtenidos por parte de los partícipes de esa delegación y las
consecuencias de ese empleo en los procesos de defensa territorial y
exigibilidad de derechos que adelantan las comunidades afectadas en la
zona, en particular por la grave situación de persecución y amenaza a
líderes sociales y defensores de derechos en Colombia.

La ausencia de información oportuna, completa y verificable que
garantizara la participación activa y eficaz de las comunidades afectadas
por la operación carbonífera en el proceso de construcción de la agenda,
en la preparación requerida para colaborar con la delegación y en el
proceso mismo de reconocimiento territorial.
 La ausencia de una metodología de incursión en el territorio que
permita a los integrantes de la delegación constatar y dialogar
autónomamente, sin presencia de las empresas mineras involucradas en
las violaciones a DDHH que hoy se denuncian en esas zonas, con las
comunidades afectadas sobre los daños ocasionados por la operación
carbonífera que se conduce y promueve activamente en ambos
departamentos.
Nuestras preocupaciones se agudizan debido a que el modelo de extracción
que se lleva a cabo en Cesar y Guajira, que se ha profundizado durante los
últimos años en nuestro país, ha significado grandes transformaciones en los
ecosistemas y en la vida en todas sus manifestaciones; por esa razón, hoy se le
atribuye ser generador de múltiples y nuevas conflictividades. Es en ese
escenario que las comunidades de ambas regiones han emprendido acciones
en defensa de su territorio, que cuestionan las prácticas empresariales por
sus impactos irreversibles y por su indiscutible insustentabilidad. Ha sido en
medio de evidentes asimetrías en las relaciones entre las comunidades y las
empresas que los cuestionamientos económicos, sociales, ambientales y
legales a esta industria, hechos por líderes y organizaciones sociales, han
resonado hasta las autoridades locales y nacionales, los entes de control del
Estado colombiano, los tribunales judiciales, la academia, e incluso los
consumidores internacionales, con la expectativa de que, con su intervención,
dichas asimetrías sean superadas y la protección a las comunidades
asegurada. Sin embargo, delegaciones como la llevada a cabo por la MFRI son
prueba de los grandes desafíos que aún tenemos.
La “Ecología Integral” (resaltada en Laudato Sí 140-142) implica considerar
las voces de las víctimas y tomar en cuenta los datos de la ciencia, así como
las experiencias de las organizaciones que acompañan solidariamente a las
comunidades, con una mirada contextualizada de la región y desde una
perspectiva de defensa de los derechos humanos. La Encíclica reclama laconfrontación de información interdisciplinaria, transparente e independiente,
científica, estadísticas sociales y análisis económicos para discernir si un
emprendimiento contribuye a un verdadero desarrollo integral (LS 185). Por
ello, resulta desconcertante que la agenda fuera organizada principalmente
por y con las empresas mineras como Cerrejón (Glencore, Anglo American.
BHP Billiton) y Prodeco (Glencore) en un claro desbalance respecto a los
sectores sociales, en especial por el efecto que tiene ese diseño en la versión
de la realidad que evidenciará la delegación, altamente permeado por la visión
empresarial y no por la de las comunidades y sectores sociales que se han
visto afectadas en sus proyectos de vida debido a dichos intereses.
Las falencias antes descritas se suman a otra preocupación, relacionada con la
conceptualización de las posturas eclesiales e interpretaciones de fe respecto
a los proyectos extractivos. Tal como ha sido diseñada, la visita de la
delegación de MFIR a Colombia, observamos que adquieren mayor relevancia
los intereses empresariales reflejados en la “Kellogg Innovation Network” que
las líneas de orientación y acción de la Encíclica Laudato Sí, así como los
pronunciamientos del Papa Francisco en los Encuentros con Movimientos
Populares (Bolivia, 2015; Roma, 2016) y en el Encuentro de representantes de
comunidades afectadas por actividades mineras (Roma, 2015).Nos
desconcierta la respuesta del Cardenal Turkson durante una conferencia en la
Universidad Javeriana de Bogotá, cuando se le interpeló respecto a los
megaproyectos, pues utilizó típicos argumentos de la visión pro-minera,
desconociendo los graves conflictos socio-ambientales que la actividad
extractivista está ocasionando y con una nula capacidad autocrítica frente a la
misión que la Iglesia debe asumir desde la opción por los pobres (LS 158) y
los clamores de la Madre Tierra (LS 49).

No obstante nuestras preocupaciones respecto del contexto en el cual se da la
visita y la confusa información recibida al respecto, hicimos el esfuerzo de
involucrarnos en el diálogo propuesto. Desafortunadamente constatamos que
nuestro esfuerzo fue en vano ya que, una vez hechas todas las gestiones para
que las comunidades y organizaciones acompañantes atendiéramos la visita
de manera independiente, al final fuimos informados que la delegación se
conduciría según la agenda organizada por las corporaciones mineras.
Posteriormente, a tan solo un día de la visita, para el caso del departamento
de la Guajira, se informó que se abriría un espacio para nuestra participación,
aumentando así la confusión. No obstante, en Cesar no logramos su apertura
al diálogo con los afectados directos de la operación empresarial, pese a las
propuestas que hicimos previo a su llegada al país.

Lamentamos entonces no haber contado con un espacio suficientemente
amplio y participativo para que la delegación escuchara a las comunidades
rurales y urbanas que tienen una voz disidente frente al actuar corporativo y
gubernamental en materia minera, ni de las organizaciones que tenemos un
trabajo serio y comprometido con la defensa de los derechos humanos y del
ambiente. Insistimos en que tenemos voluntad y apertura para el diálogo,
siempre y cuando existan garantías. Por lo anterior, hacemos constar lo
siguiente:

Los departamentos de La Guajira y Cesar se encuentran en una crisis
humanitaria derivada de la vulneración de los derechos fundamentales
al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la
salud, la cual no ha sido debidamente atendida por el gobierno ni remediada

por sus causantes, y puede profundizarse con los planes de
expansión de las operaciones mineras en estos dos departamentos del
país.

Ni en el Cesar ni en La Guajira el crecimiento del sector minero, con sus
consecuentes regalías, ha significado un mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de la región. Según las proyecciones del Censo de
2005, para el 2012 la población del departamento del Cesar con
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) representaba el 44,73% de la
población, mientras que en La Guajira lo era el 65,23%; el promedio
poblacional nacional de NBI correspondía al 27.78% 1 (CINEP, 2014).

Cesar y Guajira son ejemplos del desplazamiento forzado en Colombia
por cuenta de las actividades carboníferas y sus consecuencias
contaminantes. Así, los procesos de desplazamiento forzado
(denominados oficialmente “reasentamientos involuntarios”) han sido
característicos en la expansión de estos proyectos mineros.

La ampliación minera en los dos departamentos se ha realizado sobre
zonas rurales habitadas por comunidades indígenas, negras y
campesinas sin que se hayan realizado procesos de consulta previa, libre
e informada que permitan a la población participar en el ordenamiento
de su territorio. Desconociendo derechos étnicos colectivos, las
empresas han realizado procesos de negociación individual para la
compra de tierras a través de la intimidación, la restricción en el acceso
a los recursos y el confinamiento, todo lo cual ha resultado en la ruptura
del tejido social y la desaparición de múltiples comunidades.

En los casos en los que ya se han dado los reasentamientos, las
poblaciones enfrentan otros riesgos propios del cambio de vida rural a la
urbana, tales como la pobreza, pues no cuentan con alternativas
productivas para su sustento, junto con otros innumerables problemas
como la falta de acceso a servicios públicos, a la propiedad, la vivienda y
la recreación.

La contaminación del aire y el desvío de fuentes hídricas básicas para la
recreación de la vida de las comunidades del Cesar y de La Guajira son
problemas apremiantes para regiones que enfrentan fuertes períodos de
sequía.

En los últimos años ha aumentado la violencia en contra de líderes
sociales en las regiones, particularmente aquellos que emprenden
acciones de defensa de sus derechos y del territorio. La Defensoría del
Pueblo emitió en diciembre de 2016 una alerta temprana frente a los
municipios del corredor minero, atribuyendo directamente un nexo de
causalidad entre las amenazas de las que son víctimas múltiples líderes
y su oposición a las operaciones mineras.
Nos preocupa que la visita de la delegación MFRI ignore dicha realidad y
omita hacer los llamados y condicionamientos necesarios para que las
empresas que hoy dirigen esas operaciones, y en las cuales han depositado
sus inversiones, no sigan contribuyendo a las violaciones de derechos
humanos que hemos documentado en la región, y tanto más que su recorrido
1 CINEP, 2014. Impactos socioterritoriales de la explotación minera en el Cesar y La Guajira.
En Análisis 1. Fes-colpor la zona no sea un instrumento de transformación, sino de legitimación
formal. Por tanto hacemos un llamado a:
1. Promover garantías para la participación real y efectiva de
las comunidades afectadas por la minería y de las organizaciones sociales
con acceso a la información clara, transparente y oportuna.

2. Impulsar medidas que eliminen la asimetría en el relacionamiento entre
empresas y comunidades.

3. Promover obligaciones vinculantes y extraterritoriales para empresas y
derechos humanos y transparencia en el actuar de los actores estatales,
gubernamentales y empresariales.

4. Exigir el respeto pleno de los derechos fundamentales al agua, a la
alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la salud de los
habitantes en los distritos mineros de Cesar y Guajira.

5. Exigir garantías para que las operaciones carboníferas no sigan
profundicen las causas de desplazamientos forzados en la región, y que
las consecuencias de los que ya se han generado serán atendidas
adecuadamente, con un enfoque de protección preferente para sus
víctimas.

6. Exigir garantías de seguridad para los líderes sociales y defensores del
ambiente, del territorio y de los derechos humanos.
Finalmente, expresamos nuestra profunda preocupación por los efectos que
una visita en estas condiciones puede representar para los ejercicios de
defensa territorial y de exigibilidad de derechos que llevan a cabo las
comunidades y sectores sociales de ambos departamentos. Por lo anterior,
esperamos que este no sea un intento más de las empresas por obtener la
legitimación social de los sectores de la fe, y exigimos prácticas
transparentes, participativas y libres de manipulación.

Bogotá, viernes 24 de febrero de 2017

Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna
Pensamiento y Acción Social (PAS)
CENSAT Agua Viva
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Movimiento sutsuin jiyeyu wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu
INDEPAZ
CINEP
Red Iglesias y Minería
Conferencia de Religiosos de Colombia (C.R.C)
Comisión JPIC – CRC
Comité Ambiental en defensa de la vida
Red de Comités Ambientales del Tolima
Observatorio de Expansión minero energética y re-existencias
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional.
Corporación Vida del Río Fucha-CORVIF
Programa Radial Territorio Verde – 94.4 F.M.-Vientos Stéreo Bogotá –
Colombia
Corporación Claretiana Norman Perez Bello
Comisión Claretiana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Paz con Dignidad-OMAL Colombia
ORGANIZACIONES QUE APOYANDepartamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL – CELAM) – Programa de
Ecología Integral
PERSONAS QUE APOYAN
Fernando Ramírez González, responsable de campañas del Movimiento
Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales, M.N.V.C.

La comunidad indígena de Caimán, en Necoclí, pide al gobernador Luis Pérez que revise esas concesiones mineras.
Gobernación de Antioquia
Caracol Radio Medellín, 21-02-2017
Ante el inicio de trabajos de exploración y el uso de explosivos en un territorio que consideran sagrado, las autoridades tradicionales del pueblo Gunadule que habita el resguardo Caimán, municipio de Necoclí, visitaron al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y expresaron la preocupación colectiva de su pueblo, al tiempo que pidieron la revisión de las licencias y concesiones entregadas para una explotación de carbón, en cercanías de su resguardo.
Los caciques y sabios Gunadule, así como el Consejo Mayor de Gobierno Indígena de la OIA, pidieron al gobernador Pérez Gutiérrez que la Secretaría de Minas examine las licencias y concesiones otorgadas a la firma Continental de Carbones S. A., que sería la encargada de la explotación del mineral.
Los representantes de los más de 2 mil indígenas que habitan las comunidades Caimán Alto y Caimán bajo, plantearon al gobernador Pérez Gutiérrez que a pesar de afectaciones medio ambientales y sociales que ocasionaría la minería en su resguardo, no se ha hecho el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada como lo establece la ley, por lo cual el proyecto debería ser suspendido o revocada la licencia de ser el caso.

El Gobernador Luis Pérez se comprometió a hacer una revisión de ese proceso minero y garantizó que bajo ninguna circunstancia se violarán los derechos de los que son acreedores los pueblos indígenas, por lo que brindó todo el apoyo institucional a las comunidades de este municipio del Urabá antioqueño.

La Organización Indígena de Antioquia y la comunidad del Resguardo Gunadule esperan la presencia del gobernador Pérez Gutiérrez en su territorio
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/21/medellin/1487680952_497203.html

La Sala Plena determinó que antes de iniciar un proyecto minero deberán ser consultados los entes territoriales y locales.
Colprensa, Caracol Radio. 16-02-2017
La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó la sentencia T-455 de 2016 que obliga a las empresas mineras tener en cuenta la opinión de los entes territoriales y alcaldes antes de iniciar un proyecto minero.

La sentencia señala que los entes territoriales locales y regionales si puedes prohibir las actividades mineras si consideran que generan alguna afectación a la población o el medio ambiente, “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente», ratifica el fallo.

La Corte además le recordó al Gobierno que debe adelantar una investigación sobre el impacto que ha tenido la minería en los ecosistemas del país.
http://caracol.com.co/radio/2017/02/16/judicial/1487249554_778561.html

Guillermo Alfonso Jaramillo deberá presentar una nueva pregunta para la consulta, en marzo.
Por:  Redacción EL TIEMPO, 20-02-2017
Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué.
Foto: Archivo EL TIEMPO
Un nuevo pronunciamiento en defensa de la consulta popular minera hizo este lunes el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.
“Se ha especulado que la consulta popular minera se cayó por decisión del Consejo de Estado, pero queremos afirmar que cada día estamos más afianzados en este proceso que busca salvaguardar el agua de la ciudad”, afirmó el mandatario  y agregó que “la consulta sigue más viva que nunca”.

Insistió que “la consulta se hará para que el pueblo decida si quiere minería o si  no quiere minería a cielo abierto contaminante con cianuro”.

Celebró que el Consejo de Estado determinara que como Alcalde tiene potestad de convocar la consulta y formular la pregunta a los ciudadanos, “lo que significa que tenemos competencia para reglamentar los usos del suelo y del subsuelo”.

Explicó que existen 45.000 hectáreas concesionadas y 35.000 más están en proceso de concesionarse, “pero buena parte sería para la minera Anglogold Ashanti”.

Jaramillo desestimó ataques por promover la consulta y afirmó que no hace campaña política con la consulta minera, pues su intención es ordenar el territorio “para no convertirnos en una La Guajira sin agua, o en una zona como el Bajo Cauca antioqueño, con 50.000 hectáreas destruidas por la megaminería”.

El pronunciamiento surgió días después de una decisión del Consejo de Estado que señaló que la pregunta no podía ser la que propuso en un principio el alcalde Jaramillo, que decía “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”, pues “Se evidencia que no era neutral y no garantiza la libertad del elector, ya que induce a una respuesta.

El Consejo de Estado también le solicitó al Tribunal Administrativo del Tolima que dicte una sentencia de reemplazo a la pregunta, en la cual se atiendan los parámetros fijados en la presente providencia.

El pronunciamiento debe darse en marzo.
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/alcalde-de-ibague-habla-sobre-consulta-minera/16824448

16-02-2017
Fuente: Comité Ambiental de Ibagué
EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA DEBE EMITIR EN LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS UN NUEVO FALLO
El Comité Ambiental en Defensa de la Vida informa a la ciudadana ibaguereña que la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado, determinó que la pregunta de la Consulta Popular Minera de Ibagué debe ser ajustada y en consecuencia bajo esta decisión ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima que dentro de los 30 días siguientes debe emitir una providencia de reemplazo a la del 28 de julio de 2016, con el objeto de atender los parámetros fijados en el fallo de segunda instancia.

Rechazamos que algunos medios de comunicación difundan de manera apresurada información según la cual “Se cayó la Consulta Popular Minera en Ibagué”. Parece que los periodistas de esos medios olvidan los aspectos positivos del fallo y los logros del movimiento social y ambiental colombiano en relación a los mecanismos de participación ciudadana.

Es importante resaltar que el Consejo de Estado, con este fallo ratifica nuevamente que “los municipios tienen competencia para adelantar consultas populares sobre el desarrollo de proyectos y actividades mineras en su territorio, toda vez que tal competencia hace parte de la autonomía que el artículo 1º de la Carta Política les reconoció a las autoridades territoriales”.

En el fallo se cita la sentencia de la Corte Constitucional T-445 de 2016, donde de manera expresa se esclarece que las consultas populares sobre temas mineros están “plenamente dentro del ámbito de competencias del municipio, y no está encaminada a contrariar a un principio de rango constitucional”, toda vez que:

(i) La Carta “prevé expresamente en sus artículos 1, 311 y 313.17 que las entidades territoriales gozan de autonomía y que dentro de la órbita de competencias constitucionales de los municipios se encuentra la facultad de reglamentar el ordenamiento del suelo de su territorio, que incluye determinar si en una determinada zona debería haber actividad agrícola o industrial.
(ii) “El artículo 288 de la Constitución Política señala asimismo que las competencias atribuidas a distintos niveles territoriales deben  ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”.
(iii) “La actividad minera debe realizarse con la participación de los distintos niveles de la administración que tengan competencia en materia, como lo son los municipios”.

Gracias al actuar perseverante de las comunidades tolimenses (y algunos abogados del nivel nacional) el país ha ganado claridad en relación a la autonomía y competencia de los entes territoriales para ordenar el territorio y para reglamentar los usos del suelo. Hoy tenemos la certeza jurídica de que los alcaldes pueden promover consultas populares sobre actividades y proyectos mineros.

El fallo también hace claridad sobre algunos aspectos puntuales que se deben tener en cuenta en la formulación de preguntas para una Consulta Popular. Lo anterior se puede ampliar con la lectura de las Sentencias C/551 de 2013 y T/445 de 2016.

Algunas de las subreglas que se deben tener en cuenta son:

Garantizar la neutralidad de las preguntas formuladas a la hora de emplear los mecanismos de participación ciudadana, ya que de lo contrario podría vulnerarse el principio de libertad del votante.

Las notas introductorias de las preguntas deben estar redactadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que sea valorativamente neutro y breve (en la medida de lo posible). Se debe evitar que las notas introductorias induzca la respuesta del elector. El texto de la pregunta no debe contener notas introductorias que, lejos de orientar al elector, le induzcan se respuesta.

Esta circunstancia se presenta cuando el texto de la pregunta contiene notas inductivas de la respuesta final, que direccionan la voluntad del elector sólo hacia una de las dos opciones de respuesta (generalmente sí o no), mediante expresiones que carecen de objetividad y neutralidad.

Mantener la concordancia entre el contenido del título, la pregunta y el contenido del texto normativo.

El fallo de segunda instancia del Consejo de Estado amparó el derecho a la libertad de elección de los actores y dejó sin valor y efecto jurídico la providencia del 28 de julio de 2016 emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Como tolimenses nos corresponde seguir construyendo caminos para la defensa de nuestros municipios. Los fallos que actualmente siguen su curso en torno a la consulta popular, muestran que estamos fortalecidos para seguir mostrando que como ciudadanos conscientes estamos en la capacidad de defender nuestro territorio. Por ello invitamos a toda la ciudadanía ibaguereña a estar pendiente del nuevo fallo que debe emitir el Tribunal Administrativo del Tolima en los próximos 30 días.
http://www.ambienteysociedad.org.co/es/consejo-de-estado-no-tumbo-consulta-popular-minera-de-ibague/

Foto: Las2Orillas     16-02-2017
La Consejo de Estado señaló, a través de un fallo, que la pregunta que se formuló para llevar a cabo la consulta popular  minera en Ibagué debe replantearse, motivo por el cual ordenó al Tribunal Administrativo de Ibagué junto a la alcaldía, realizar los ajustes en un plazo de 30 días para continuar con el proceso de la consulta, desmintiendo que se haya frenado.
La pregunta era ¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el Municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?, que para la Corte de Estado debe ser ajustada.

Sin embargo, pese a que esta decisión del Consejo significa una demora más en los trámites, para el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, este fallo “ratifica nuevamente que los municipios tienen competencia para adelantar consultas populares sobre el desarrollo de proyectos y actividades mineras en su territorio, toda vez que tal competencia hace parte de la autonomía que el artículo 1º de la Carta Política les reconoció a las autoridades territoriales”.

La Corte Constitucional dejó en firme el fallo que permite a los alcaldes del país vetar y oponerse a la realización de proyectos mineros en sus municipios si consideran que pueden afectar el ambiente y desarrollo de las comunidades.

Es por ello que el Comité Ambiental en Defensa de la Vida expresó que continuará apoyando la consulta minera en Ibagué hasta que sea una realidad: “como tolimenses nos corresponde seguir construyendo caminos para la defensa de nuestros municipios. Los fallos que actualmente siguen su curso en torno a la consulta popular, muestran que estamos fortalecidos para seguir mostrando que como ciudadanos conscientes estamos en la capacidad de defender nuestro territorio”. Le puede interesar: «Consulta popular minera busca frenar 35 títulos mineros en Ibagué»

http://www.contagioradio.com/30-dias-para-modificar-pregunta-de-consulta-popular-minera-en-ibague-articulo-36382/

Con el pretexto de velar por el desarrollo de la población infantil en la provincia de Soto Norte, Santander, en donde se encuentra el páramo de Santurban, Unicef y la empresa Minesa, Sociedad Minera de Santander, suscribieron en agosto de 2016 un “Memorando de entendimiento”. ¿Qué busca dicho acuerdo?
En la teoría, “fortalecer la cooperación que garantice los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en Colombia”, de acuerdo con un escrito de la empresa minera. ¿Es acaso otro convenio entre una empresa minera y una entidad internacional para que le ayude a lavar sus pecados?
En la práctica, Minesa acude al tema de la niñez y la juventud para continuar con su estrategia de demostrar mucha preocupación por la población de Soto Norte, en donde se encuentran enormes yacimientos de oro y plata, entre otros minerales.

Ya se ha denunciado que esa empresa intenta suplantar al estado colombiano –gobiernos municipal, departamental y nacional- en la “atención” de las necesidades y derechos fundamentales de las comunidades, especialmente de aquellas rurales que se encuentran inmersas en el tema minero. Vetas y California, primordialmente, y Matanza y Suratá, en forma complementaria, están en su campo de acción.

Su estrategia ha incluido regalar implementos deportivos, adelantar obras menores de restauración en alguna escuela, invitar a personas de la tercera edad a viajes recreativos, financiar actividades deportivas, entre otras, como dádivas que no se compadecen con las enormes ganancias que obtendrían en desarrollo de su actividad.

Ahora Minesa enarbola la bandera de la educación y la protección de la niñez.  Pero, ¿cómo puede una empresa minera hablar de seguridad y protección a la niñez, cuando su proyecto de explotación incluye la detonación de miles de toneladas de explosivos en el área de trabajo con la consecuente contaminación de aguas y aire, la destrucción de fauna y flora, la afectación de las corrientes superficiales y subterráneas de agua que abastecen acueductos en más de 30 ciudades incluidas Bucaramanga y Cúcuta y la producción de lluvias ácidas en todo el entorno?

Uncef, dentro de sus objetivos, señala que apoya el mejoramiento de la higiene y del suministro de agua y saneamiento ambiental en las escuelas, a fin de crear un ambiente que resulte acogedor para los niños y les aliente a aprender.

¿Puede un ambiente de partículas de material, olor a pólvora, aguas envenenadas con arsénico (se estima que en el páramo de Santurban por cada gramo de oro hay entre 70 y 90 gramos de arsénico), ser propicio para los niños y jóvenes?

Flaco favor le hace a la niñez Unicef con lavarle la cara a Minesa, dejando expuestos a esta contaminación a los niños, jóvenes y adultos no sólo del área de influencia de Santurbán sino de todo el Nororiente Colombiano

Niñez y juventud son nichos de población extremadamente vulnerable. La llegada de un proyecto minero a gran escala, como el que proyecta Minesa, generaría efectos perjudiciales para esos segmentos de la población tal como ha ocurrido con la explotación petrolera, de carbón y níquel en otras regiones colombianas. La prostitución y las drogas estarían a la orden del día afectando totalmente el tejido social, la integralidad familiar y el sano crecimiento de la población infantil.

¿Qué busca, entonces, Unicef? ¿Alcahuetear a Minesa?
Movimiento Cívico   Conciencia Ciudadana MCC,

Cauca, La W,  14/02/2017
​​​​​​​Campesinos e indígenas se reunieron para oponerse a las actividades legales e ilegales que según ellos afectan ampliamente sus territorios en el sur del departamento.
Las comunidades campesinas e indígenas persisten en su lucha para evitar que la minería legal e ilegal dañe sus recursos en el macizo colombiano, por lo cual realizaron una masiva movilización con el fin de rechazar las actividades en zona rural de La Vega, al sur del Cauca.

El líder campesino Óscar Salazar explicó en La W que han venido realizando las “marchas por la vida y el agua, defendiendo el macizo colombiano y la cuenca alta del río Patía”, con el fin de sensibilizar a la comunidad local y departamental sobre la grave situación que por la minería se vive en la región.

“Los ríos que nacen aquí tienen incidencia en otros países de la región de Suramérica y del mundo, por ríos como El Patía y Caquetá (…) Hemos venido desarrollando esta serie de acciones con relación a la minería legal e ilegal, porque nos parece que no debe darse ninguna clase de concesión minera”, aseveró el dirigente.

En la reciente actividad participaron más de 300 personas, que en conjunto rechazaron el megaproyecto Dominical, que según las comunidades busca destinar 26.000 hectáreas para esta actividad, situación que afectaría ampliamente al medio ambiente.

Asimismo, se oponen a la legalización de las Unidades de Producción Minera, pues consideran que esto abrirá las puertas a grandes multinacionales mineras en el territorio.

Los ciudadanos marcharon desde dos puntos de concentración, uno en La Dorada y otro en el Cabildo de Santa Bárbara, desde donde se dirigieron a El Ventiadero, sitio en el que se efectúa minería ilegal en inmediaciones del río Pancitará.

Las actividades son lideradas por el Proceso Campesino y Popular de La Vega y el Cabildo Indígena de Santa Bárbara, quienes han denunciado explosiones en los socavones, amplias instalaciones y montajes para el funcionamiento de la práctica.

Las comunidades aseguran que la legalización de la minería por parte del Gobierno vulnerará los derechos fundamentales de campesinos e indígenas, su cultura y la armonía, además de los graves efectos que traerá a los recursos naturales.

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cauca-comunidades-rechazan-mineria-en-el-macizo-colombiano/20170214/nota/3383236.aspx

Redacción Mundo Minero febrero 10, 2017
La Contraloría General de la República aseguró que en estos dos hallazgos tendrían posible incidencia disciplinaria de Corponor, la ANLA, la Corporación regional del alto magdalena y Corpoamazonía.
El organismo asegura que el proceso de delimitación de los páramos, no se está cumpliendo en los términos que indican las normas que establecieron y reglamentaron este proceso, ya que ninguna de las CAR realizó los estudios sobre el estado actual de los páramos ni de los planes de manejo.

La principal conclusión de este informe es que el proceso de delimitación de los páramos, no se está cumpliendo de acuerdo a la normatividad que se expidió por dos motivos.

Primero porque las CARs, en su gran mayoría, no elaboraron los estudios sobre el estado actual de los páramos ni los respectivos planes de manejo ambiental. Segundo, según la Contraloría, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha sido permisivo frente a este incumplimiento, motivo por el cual se le atribuyó también un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

La Auditoría de Cumplimiento, que tuvo como fecha de corte noviembre de 2016 y fue realizada durante los meses de agosto a diciembre del año pasado, determinó que la mayor parte de las superficies de ecosistemas de páramo aún no se encuentra delimitada, o sea el 71,48%.

Sin embargo, en avances, se encontró que la superficie total del Atlas de páramos de Colombia llegó a 2,8 millones de hectáreas, con un incremento del 48,19% con respecto a la versión del 2007 (924.548 hectáreas más).

Fuente: Caracol Radio

http://mundominero.com.co/contraloria-advierte-que-se-sigue-explotando-la-mineria-en-los-paramos/