Hay preocupación en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, por el aparente incremento de la actividades relacionadas con la minería ilegal y el tráfico ilícito de madera, específicamente en las veredas Mandé, Punta de Ocaido y la zona selvática de esa población, las cuales limitan con otros municipios como Frontino, Vígia del Fuerte y el departamento de Chocó.

La denuncia la hacen varios integrantes de la Mesa Ambiental y el grupo No a la Minería de Urrao, quienes aseguran que son al menos nueve puntos en los que hay minas ilegales de oro y en donde “ya llevan al menos dos años consumiendo bosques y selva, que hacen parte de una reserva forestal decretada mediante ley segunda de 1959 y que se encuentran cercana al Parque Natural Las Orquídeas”.

Quienes hicieron pública esta problemática afirman que desde el inicio de esa actividad “se hizo la respectiva denuncia con fotos y documentos ante las autoridades locales del municipio; sin embargo, al ver que no hubo resultados, decidimos acudir a la Gobernación y al Ministerio de Defensa. En las zonas donde se está haciendo la minería ilegal ni siquiera hay acceso vehicular, al parecer la maquinaria la pasaron desde Chocó y también por los afluentes que hay en la zona”.

El personero local, Carlos Andrés Cossio, afirmó que a su despacho llegaron las denuncias sobre las actividades de minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo, “por lo que se hizo la respectiva diligencia para que esa denuncia la tuvieran los órganos competentes, en este caso, la Fiscalía el Ministerio de Defensa y la Brigada contra la Minería Ilegal de Ejército en Bogotá”.

El personero agregó que ya la policía de Urrao ha incautado gran cantidad de madera de bosque nativo.

Esta problemática de la minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo en Urrao fue tema de discusión en el pasado consejo de seguridad de la Gobernación de Antioquia y por esa razón, el gobernador Luis Pérez Gutierrez anunció que en los próximos días se realizarán sobrevuelos para poder detectar las zonas donde se está extrayendo el oro de manera ilegal.

“Las comunidades están protestando y por eso la secretaría de Gobierno y de Minas estarán al frente de esta situación con todos los organismos de seguridad y estaremos dando resultados muy pronto”, afirmó el mandatario regional.

Hay preocupación en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, por el aparente incremento de la actividades relacionadas con la minería ilegal y el tráfico ilícito de madera, específicamente en las veredas Mandé, Punta de Ocaido y la zona selvática de esa población, las cuales limitan con otros municipios como Frontino, Vígia del Fuerte y el departamento de Chocó.

La denuncia la hacen varios integrantes de la Mesa Ambiental y el grupo No a la Minería de Urrao, quienes aseguran que son al menos nueve puntos en los que hay minas ilegales de oro y en donde “ya llevan al menos dos años consumiendo bosques y selva, que hacen parte de una reserva forestal decretada mediante ley segunda de 1959 y que se encuentran cercana al Parque Natural Las Orquídeas”.

Quienes hicieron pública esta problemática afirman que desde el inicio de esa actividad “se hizo la respectiva denuncia con fotos y documentos ante las autoridades locales del municipio; sin embargo, al ver que no hubo resultados, decidimos acudir a la Gobernación y al Ministerio de Defensa. En las zonas donde se está haciendo la minería ilegal ni siquiera hay acceso vehicular, al parecer la maquinaria la pasaron desde Chocó y también por los afluentes que hay en la zona”.

El personero local, Carlos Andrés Cossio, afirmó que a su despacho llegaron las denuncias sobre las actividades de minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo, “por lo que se hizo la respectiva diligencia para que esa denuncia la tuvieran los órganos competentes, en este caso, la Fiscalía el Ministerio de Defensa y la Brigada contra la Minería Ilegal de Ejército en Bogotá”.

El personero agregó que ya la policía de Urrao ha incautado gran cantidad de madera de bosque nativo.

Esta problemática de la minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo en Urrao fue tema de discusión en el pasado consejo de seguridad de la Gobernación de Antioquia y por esa razón, el gobernador Luis Pérez Gutierrez anunció que en los próximos días se realizarán sobrevuelos para poder detectar las zonas donde se está extrayendo el oro de manera ilegal.

“Las comunidades están protestando y por eso la secretaría de Gobierno y de Minas estarán al frente de esta situación con todos los organismos de seguridad y estaremos dando resultados muy pronto”, afirmó el mandatario regional.

Temen por su seguridad

Las personas de la Mesa Ambiental y del grupo No a la Minería de Urrao que hablaron con EL COLOMBIANO, denunciaron que fueron amenazados por sacar a la luz pública la problemática que hay por cuenta de la minería ilegal y el tráfico de madera, y por esa razón prefirieron no publicar sus identidades.

“Hemos recibido llamadas en las que nos dicen que ya nos tienen en la mala a los de la mesa ambiental y que si se llega a realizar un operativo contra la minería en Urrao, nos van a matar”, asegura uno de los jóvenes, quien agrega que esas amenazas ya fueron denunciadas ante la Policía, Fiscalía y Personería del municipio.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mineria-ilegal-en-urrao-AL6397705

El pasado 26 de marzo se conocieron los resultados de la consulta popular minera en Cajamarca, en la cual más de 6.000 habitantes votaron a favor del NO en los proyectos de minería a gran escala en esa zona del occidente tolimense.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/04/22/ibague/1492881084_324366.html

La minería a gran escala denominada sostenible es hoy una de las caras más visibles de lo que algunos autores denominan la reinvención del desarrollo y su promesa de progreso para el caso Latinoamericano.

Si bien en la región este tipo de proyectos se critican sistemáticamente por sus consecuencias ambientales, culturales y geopolíticas, nos enfrentamos actualmente ante un fenómeno en el que el desarrollo no muere, sino que se está reinventando en discursos, prácticas y artefactos denominados de desarrollo sostenible, que es posible rastrear desde una mirada sociotécnica.

A partir de un estudio de caso relativo a un proyecto de minería de oro a gran escala en fase de exploración denominado La Colosa en el municipio de Cajamarca (Tolima, Colombia), este artículo busca entender cómo las relaciones entre desarrollo sostenible y extractivismo tienen implicaciones para el caso colombiano en términos ambientales, económicos y de inclusión social.

Introducción

El desarrollo dejó de ser entendido solo como crecimiento económico hace más de cuarenta años, desde que la teoría de la dependencia fue enunciada en la década de 1960. Años después, autores como Escobar (1998), Esteva (1992, 2009), Feenberg (1991) y Sachs (1992), entre muchos otros intelectuales, explicaron cómo las ideas de desarrollo y Tercer Mundo se inventaron con el fin de llevar a cabo la dominación cultural, social, económica y política de los países que en aquellos años fueron llamados “países periféricos”. Entre los postulados de estos autores, el desarrollo tiene por fin último implementar un modelo global de vida social que, buscando el crecimiento económico, nos lleva entre otras consecuencias a la inevitable degradación ambiental (Escobar, 2005, 2014).

Incluso nociones que parecen reconocer esta contradicción, como el desarrollo sostenible (Carpenter, 1991; Rees, 1990), en la medida en que soporta la idea que conjuga una visión universal de crecimiento económico (Nisbet,1981; Burns, 1990 en Gudynas, 2011) con la de tecnología predecible y autónoma (Winner, 1987), sigue manteniendo el precepto de desarrollo por etapas universales, donde dichas etapas están ligadas a la sofisticación tecnológica que garantiza una integración social y la prosperidad.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/04/trayectoria-socio-tecnica-de-las-relaciones-entre-extractivismo-y-desarrollo-sostenible-el-caso-de-la-colosa-en-colombia/

El diálogo y la veeduría serán la clave para avanzar en este conflicto de intereses que tienen los habitantes de Jericó y de la provincia de Cartama con la multinacional minera AngloGold Ashanti.

En el corregimiento Palocabildo, del municipio de Jericó, Suroeste antioqueño, los campesinos volvieron a rechazar de manera pacífica la instalación de plataformas de perforación de la empresa AngloGold Ashanti para la explotación de oro; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, esta vez las comunidades se sentaron a dialogar con representantes de la multinacional minera para llegar a unos acuerdos que parecían imposibles hace unos días.

“Instalamos la mesa que se había pactado hace una semana. Hubo delegados de todas las partes: alcaldía, secretaría de Minas de Antioquia, ministerio de Minas, miembros de la comunidad y representantes de la empresa. Conocimos de parte de la multinacional cuál es el cronograma de intervención que tienen en la zona, para qué necesitan entrar al territorio, entre otras inquietudes”, explicó a EL COLOMBIANO Jorge Andrés Pérez Hernández, alcalde de Jericó.

Agregó que “el otro objetivo era hablar con los campesinos, para explicarles hasta dónde era legítimo su derecho a la protesta, su participación pacífica y que las vías de hecho no eran la forma de encontrar una salida a esta situación”.

El mandatario local confirmó que crearán un comité técnico, tipo veeduría, con los diferentes actores para hacerle seguimiento —con Derechos Humanos, Personería y Defensoría del Pueblo— al accionar de todas las partes en Palocabildo.

“La comunidad estuvo de acuerdo y la empresa también aceptó la veeduría. Por ahora, sigue siendo unánime el rechazo de la comunidad a estas acciones de la AngloGold Ashanti, debido a que está en riesgo el recurso hídrico”, enfatizó el alcalde de Jericó.

Entienden los temores

Al respecto, la empresa AngloGold Ashanti respondió que entiende los temores de la comunidad respecto a la minería, pero sostiene que en los más de 10 años que llevan en el territorio, no hay daños en el medio ambiente ni contaminación en el agua.

Igualmente, les manifestó a los pobladores de Jericó y de demás municipios de la provincia de Cartama que en ningún momento pretende instalar plataformas de perforación de manera ilegítima y sin consultarlos a ellos.

“Por políticas sociales y de derechos humanos, siempre socializamos con los dueños de los predios donde hacemos los estudios, informamos las actividades que vamos a desarrollar en busca de su aprobación por escrito. En caso de no contar con dicha aprobación, no se realiza la actividad”, indicó la multinacional en un comunicado oficial.

Rechazo a las vías de hecho

La multinacional minera reiteró que la mejor forma de resolver inquietudes y llegar a acuerdos bilaterales es a través del diálogo, razón por la cual rechazan algunas protestas que, según la empresa, no han sido del todo pacíficas.

“Las ocasiones en que nos han impedido realizar las actividades, no han sido siempre pacíficas. A pesar de la negativa, hacemos un llamado al diálogo respetuoso, donde busquemos soluciones para el progreso de todos”, comentó la empresa minera.

A excepción de casos aislados, la empresa aclara que han encontrado en Jericó armonía y cordialidad. Además resaltaron que sus empleados, contratistas y proveedores son de la zona. Reconocen que, aunque la minería es polémico, la comunidad jericoana los ha tratado con respeto y que este tratamiento ha sido recíproco.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/en-jerico-acuerdan-veeduria-para-conciliar-actividad-minera-KA6354518

Para el ministro de Minas, Germán Arce, el voto de los habitantes de Cajamarca es de carácter local y no afecta el desarrollo minero del país.

«Eso tiene obviamente unas implicaciones en lo que las autoridades locales van a tener que hacer para poder recibir ese mandato, llamémoslo político».

El funcionario advirtió que la decisión de no permitir la explotación minera no es retroactiva y AngloGold Ashanti podrá continuar en el municipio.

«Si la compañía viene con una solicitud de licencia, la autoridad ambiental tendrá que procesarla en el marco de la ley, porque hay que garantizarle derechos».

Actualmente, hay 19 títulos de explotación minera en Cajamarca, otorgados entre 2006 y 2009. EL ministro aseguró que lo ocurrido en Cajamarca no afectará la inversión extranjera.

«Este es el primer año en que vamos a tener tres grandes proyectos mineros en fase de ejecución, después de 20 años».

Aunque la comunidad rechazó la minería, está en manos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales determinar la viabilidad de los proyectos mineros en Cajamarca.

Fuente:http://www.noticiasrcn.com/tags/mineria.

La mina La Colosa está ubicada en el departamento del Tolima, en el municipio de Cajamarca, donde la gente fue a las urnas. Comprende 515 hectáreas.

«Yo creo que la palabra es incertidumbre. Esto genera incertidumbre, genera preocupación, genera nerviosismo y precisamente esto verá afectada la inversión minera que ya venía cayendo de manera muy dramática y muy importante, precisó Ángel.

En por lo menos diez municipios de Colombia se está analizando realizar alguna consulta popular .

El alto tribunal determinó que se debe hacer consulta previa frente al proyecto del desvío del cauce del Arroyo Bruno.

El Consejo de Estado dejó en firme la suspensión provisional de la licencia ambiental otorgada a la sociedad Carbones del Cerrejón Limited para desviar el cauce del Arroyo Bruno, en el municipio Albania (La Guajira). El alto tribunal consideró que las autoridades deben adelantar un proceso de consulta previa con la comunidad Wayúu, que habita en la zona.

La Sala consideró que las autoridades y empresa demandas debieron valorar el posible impacto de acuerdo al significado ancestral de los terrenos en controversia, la contaminación ambiental que genera la explotación de carbón a cielo abierto y la crisis que enfrenta el departamento de La Guajira por la falta de agua.

En el debate jurídico se consideró que las autoridades ambientales que le dieron la licencia al proyecto debían tener en cuenta la posible afectación de los intereses de esta comunidad Wayúu no podían descartarse por el simple hecho de que esta esta se encontrara asentada fuera del área de influencia del proyecto.

El Consejo de Estado le ordenó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la empresa minera deberán concertar con el grupo indígena antes seguir adelante con este proyecto, a 500 metros del tajo La Puente, que hace parte de la mina de carbón que esta firma opera en este departamento  del Caribe.

La sociedad Carbones del Cerrejón Limited había obtenido la licencia ambiental para adelantar los trabajos, luego de que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior estableciera que, según visitas en terreno y material fílmico y de audio, el desvío del cauce del arroyo no afectaría a la comunidad aborigen que interpuso la acción de tutela, por lo que no era necesaria la consulta.

Sin embargo, en mayo del 2016 una acción de tutela fallada por el Tribunal Administrativo de la Guajira ordenó suspender provisionalmente los efectos jurídicos de dicha autorización, hasta que no se revisara nuevamente y de manera exhaustiva la probable afectación de los derechos de la comunidad La Horqueta 2.

Tanto el tutelante como los accionados impugnaron la decisión, lo que llevó al Consejo de Estado a pronunciarse. Así las cosas, la Sección Cuarta de la corporación estableció que no solo era necesario ratificar la suspensión de los efectos jurídicos de la licencia ambiental, sino que además ordenó adelantar el proceso de consulta previa, al encontrar probado que los aborígenes sí se verían eventualmente afectados por el desvío del cauce del arroyo Bruno.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/judicial/consejo-de-estado-ratifico-suspension-de-proyecto-miner-articulo-674579

Las consecuencias de la explotación minera en la Guajira la cuentan miles de niños y adultos que sufren por falta de agua, desnutrición y enfermedades pulmonares. Por abandono del Gobierno, y una ambición desproporcionada de grandes multinacionales, más de 14.000 miembros de la comunidad Wayúu han perdido la vida en los últimos ocho años y 20 ríos, arroyos y acuíferos están secos.

Esta es la denuncia que hacen el italiano Nicoló Filippo Rosso y la norteamericana Dania Maxwell en la exposición ‘Enterrados en el Carbón’, que está en la Galería Klenner-Valenzuela. Allí queda consignado el impacto ambiental y social que tiene esta práctica que deja de ser un asunto que va mucho más allá de mera economía.

La Guajira es rica en recursos como el carbón, el gas y la sal, pero en términos hídricos, la escasez es lo único que abunda. Y el drama es real, ya que “mientras el Cerrejón -que es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo- consume 34.9 millones de litros de agua por día, para los Wayúu el acceso al agua potable cada vez es más difícil”, dice Rosso.

La tierra seca amenaza la vida de 150.000 habitantes, un costo humano demasiado alto. Y esto, más la degradación del tejido agrícola, es lo que muestra el trabajo de Rosso y Maxwell.

*Galería Valenzuela-Klenner: Cra. 5 # 26 B – 26 barrio La Macarena, Bogotá. Lunes y viernes: de 10:00a.m. a 12:00p.m y de 2:00pm a 6:00pm. Sábados: de 10:00a.m. a 12:00p.m. La exposición estará hasta el 15 de abril.

Fuente:http://www.semana.com/cultura/galeria/exposicion-nicolo-filippo-rosso–y-la-videografa-dania-maxwell-sobre-el-carbon-en-la-guajira/521710

Ciudadanos de ese país dominan un negocio ilícito que deforesta las selvas, cambia el curso natural de los ríos y los envenena con mercurio. Más de 20 han sido arrestados, pero la depredación sigue. ¿Qué pasa?

Los helicópteros Black Hawk aterrizaron en lo que hasta hace pocos años era un pedazo de selva virgen, pero que ahora parecía un desolado paisaje lunar. En pocos minutos decenas de uniformados de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal –Unmi–, miembros de la Dijín, fiscales y procuradores descendieron en el sitio conocido como Acandí Seco, cerca de una vereda de Río Quito en el Chocó. Eran las ocho de la mañana del pasado 22 de febrero. Se desarrollaba la más reciente operación contra el grave y creciente problema de la minería ilegal en Colombia.

En el lugar las autoridades encontraron 19 dragas, 10 excavadoras y otras máquinas utilizadas para esa actividad. “El costo de la maquinaria destruida a estas organizaciones criminales es de 51.000 millones de pesos aproximadamente. Cada semana obtenían ganancias por 3.200 millones de pesos producto de esa explotación ilícita de yacimientos mineros auríferos. Parte de ese dinero iba para las arcas de varios grupos armados que delinquen en la zona”, explicó a SEMANA el coronel Juan Francisco Peláez, comandante de la Unmi.

Esta operación se sumó a las 689 efectuadas solo en 2016 en contra de 2.281 minas ilegales en todo el país. En ese periodo, las autoridades destruyeron 152 máquinas y 509 dragas e incautaron 229 retroexcavadoras al igual que decenas de volquetas y motobombas usadas por estos explotadores.

Durante tres días los uniformados y fiscales estuvieron en el sitio. La investigación que duró varios meses les permitió a las autoridades establecer que al frente de esa explotación estaba un brasileño conocido en la zona como Chico, a quien buscan afanosamente.

A primera vista puede parecer exótico que un ciudadano de Brasil encabece una compleja y millonaria explotación de oro en mitad de la selva chocoana. Sin embargo, para las autoridades esto ya no es una novedad. De hecho en el último año han capturado 21 brasileños, la gran mayoría en varias zonas de Chocó. Es claro que lo que en un principio parecía algo aislado en realidad esconde una tendencia criminal: la presencia de estos extranjeros al frente de ese tema ilegal en el país.

“En Brasil las leyes y la legislación contra la minería ilegal se endurecieron durante los últimos años. Eso produjo la llegada de muchos brasileños a Colombia en donde empezaron a trabajar en esa actividad ilegal aprovechando que las normas no son tan fuertes como en su país”, explica el coronel Peláez.

Muchos de ellos han adoptado como base de operaciones el municipio de Caucasia, Antioquia, donde establecieron acuerdos con bandas criminales, como el Clan del Golfo o el ELN. El pago de la vacuna acordada con estos grupos les abre acceso a las zonas selváticas para empezar su actividad ilegal, protegidos por ellos.

Preocupa mucho a las autoridades que estos ciudadanos, que tienen una vasta experiencia en minería, crearon lo que en la zona se conocen como dragones brasileños. Esencialmente son la ‘evolución’ de las tradicionales dragas usadas por los mineros ilegales colombianos. Se trata de gigantescas estructuras de más de 20 metros de largo y dos pisos de altura en las que grupos de hasta diez personas trabajan 24 horas al día. Por medio de potentes motobombas, los tubos de estos aparatos barren los lechos de los ríos en busca del oro. El daño ambiental que producen es descomunal e irreparable. Hace pocos meses las autoridades arrestaron a José Covalcante y su socio Aroudo Sousa, cerca de Itsmina, Chocó, cuando supervisaban la operación de algunos de estos aparatos y llevaban varios millones de pesos para pagarles a los grupos irregulares en la zona. El primero ya había sido arrestado en 2014, pero un juez lo dejó en libertad y continuó con sus actividades ilícitas hasta que cayó de nuevo el año pasado.

Al igual que en ese caso, varios brasileños y también colombianos han quedado en libertad por órdenes de los jueces. Uno de los vacíos de la legislación nacional permite excarcelar a los capturados por minería ilegal. En algunos casos los jefes brasileños después de ser liberados por un juez simplemente reciben una notificación de las autoridades migratorias que les ordenan salir del país en un plazo de tres días. Obviamente no se van y por eso en las operaciones es común encontrarlos una y otra vez.

Para evitar el desgaste que implica capturar a estos delincuentes, la Policía y la Fiscalía optaron por investigaciones más robustas. Con peritos ambientales y especialistas ahora documentan y prueban algo que parece obvio, pero que los jueces usaban de argumento para liberar a los detenidos. Tienen que demostrar que esa minería ilegal está directamente ligada a delitos contra el medioambiente, los cuales no son excarcelables y contemplan penas entre 8 y 20 años de prisión.

Solo el tiempo dirá si los jueces empiezan a tomar conciencia de la gravedad del asunto de la minería ilegal y evitan que estos depredadores sigan deforestando las selvas, cambiando el curso natural de los ríos y envenenado los afluentes de agua con mercurio.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/brasilenos-dominan-la-explotacion-ilegal-de-oro-en-varias-regiones-del-pais/517420