Colombia

Comunidad de Tabaco: Infelices 15 años esperando la reubicación

Autor: Colectivo de Abogados CAJAR
Conflicto Relacionado: El Cerrejón-Guajira

El pasado 7 de mayo se cumplieron 15 años de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que ordenaba reubicar en 48 horas a la comunidad afrodescendiente de Tabaco, que vivía en la Serranía del Perijá, Departamento de la Guajira, hasta que fue desalojada en 2001 por la actividad minera de extracción de Carbocol S.A e Intercor, hoy Cerrejón.

Tabaco era un corregimiento afro ubicado en la Serranía del Perijá, departamento de La Guajira, al norte de Colombia; limitaba con varias comunidades campesinas y pueblos indígenas. Su economía se basaba en la pesca de río, la ganadería y la caza así como producción y comercio agrícola con los poblados vecinos. La comunidad contaba con espacio suficiente para la siembra y el pastoreo, servicios básicos de energía, centro de comunicaciones, escuela, campo de recreación, iglesia, entre otros.

El 9 de agosto de 2001 la comunidad de Tabaco fue desalojada forzosamente por parte del megaproyecto minero de Carbocol S.A e Intercor, actualmente Cerrejón, en complicidad con el Estado. Se obligó a salir del territorio ancestral de Tabaco a 1.200 personas (400 familias) aproximadamente, entre menores, adultos y ancianos, con el fin de facilitar la explotación y expansión carbonífera en la zona.

Desde el 1997, las empresas asociadas Carbocol-Intercor, hoy Cerrejón, habían ofrecido a los pobladores de Tabaco sumas irrisorias de dinero para que individualmente desalojaran y cedieran los derechos sobre sus territorios. Esta incidencia empresarial generó fricciones, desacuerdos y división en la comunidad; unos vendieron, otros se fueron, y algunos resistieron en su territorio con el ánimo de conservar su unidad social y continuar con un destino común, conservando las tradiciones agrícolas y ganaderas que les habían permitido sobrevivir.

Sin embargo, quienes resistieron en el territorio fueron víctimas de diversos mecanismos de presión para obligarles a irse. Hubo suspensión de los servicios públicos y domiciliarios, quema de viviendas, destrucción del cementerio; se prohibió el libre tránsito en el territorio e incluso se desvió el agua del río para el beneficio de la compañía, se despojó a la comunidad de su iglesia y su patrono religioso, entre otros múltiples hechos de presión.

Finalmente, el 9 de agosto de 2001 se expulsó del territorio a las últimas familias que quedaban habitando el lugar a través de un brutal desalojo ordenado por un juez y realizado por la fuerza pública en presencia de la fiscalía, de la alcaldía y de la empresa. Los habitantes vieron impotentes cómo una máquina aplanadora destruía su pueblo ancestral.

Ante tan alarmante situación, la comunidad adelantó una serie de acciones jurídicas tendientes a proteger los derechos conculcados. Y el 7 de mayo de de 2002 la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó al Alcalde Municipal de Hatonuevo reconstruir de nuevo La Comunidad de Tabaco, en un lugar adecuado e iniciar los respectivos trámites “dentro de las próximas 48 horas”, fallo que no se ha cumplido hasta ahora.

La comunidad de Tabaco, se encuentra aún sin su territorio y además sufre las consecuencias de los daños sociales y ambientales producto de la actividad extractiva en cuya implementación se han desconocido y restringido los derechos de personas y comunidades habitantes del lugar.

El Departamento de la Guajira ha sufrido intensas sequías en los últimos años con muerte de animales y plantas, y registra el mayor índice de desnutrición y mortalidad infantil en la actualidad en Colombia, situación que ameritó la emisión de medidas Cautelares por cuenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenando la protección efectiva e inmediata de la niñez de esta región.

Luego de múltiples acciones jurídicas y de incidencia, actualmente, la comunidad se encuentra en un momento determinante para al cumplimiento de la tutela y actos jurídicos generados a favor de su reparación. A la fecha, se ha avanzado en la consolidación de una Mesa de Control y Seguimiento en la que participan la Comunidad, el Estado y la Empresa Cerrejón frente a unos acuerdos establecidos en 2008.

Hoy más que nunca se hace necesario rodear y contribuir al fortalecimiento organizativo y comunitario de Tabaco, que mantenga consolidado el tejido social, y su cultura ancestral y étnica, a fin de posibilitar un ambiente de esperanza, resistencia y permanencia de las familias en el territorio para la exigibilidad de sus derechos y la rendición de cuentas a la Empresa.

Ver documental ChiquiChiqui, cocineras de sueños ancestrales

Fuente: https://www.colectivodeabogados.org/?Comunidad-de-Tabaco-Infelices-15-anos-esperando-la-reubicacion

Colombia

Minería goza de mala reputación

Autor: El Colombiano

Que muchas comunidades del Suroeste antioqueño se opongan al desarrollo minero obedece, en parte, a que las empresas interesadas en ejecutar ese tipo de proyectos no han logrado sintonizarse con las expectativas que están planteando los diferentes grupos de interés.

Prueba de ello, puede inferirse del más reciente informe Brújula Minera, presentado el viernes en la clausura del congreso anual de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que se celebró en Cartagena.

Se mantiene a la baja la opinión favorable ante el sector de los municipios no mineros del país. En 2014, las respuestas positivas eran el 42 % del total y este año cayeron a solo 28 %, según mediciones del único estudio independiente de percepción de minería en Colombia (ver gráficos).

Para Jaime Arteaga, director de Brújula Minera, el avance logrado por las compañías que en Antioquia ejecutan proyectos auríferos como Buriticá (Continental Gold), San Ramón (Red Eagle Mining) y Gramalote (AngloGold Ashanti), demuestran que sí se puede construir un diálogo de buena reputación: “Lo ideal es que el sector se apropie de estas experiencias para aplicarlas a otras iniciativas, que están por desarrollarse”.

Prioridad: el agua

Para el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, los pobladores de Jericó y otras poblaciones del Suroeste del departamento tienen una gran cercanía con el medio ambiente y, en especial, con el agua.

“Entiendo que esas comunidades no quieren un atropello contra fuentes de agua ni contra la estabilidad de algunas tierras. Lo cierto es que esa nueva minería que se vaya a implantar allá debe tener ese tipo de respeto”.

Pero, ¿cómo está actuando la Gobernación para que la inversión minera se mantenga interesada en Antioquia? El mandatario recordó que la primera política ambiental de este departamento es defender el agua.

“Es la primera vez que esto sucede en Antioquia, y la defensa del agua estará por encima de cualquier amenaza. Pueden ofrecernos mucho dinero, pero primero está la defensa del agua. Buscaremos referentes buenos de minería. Ahí está el caso de Buriticá, que hace dos años era un terror y hoy es un proyecto minero lleno de esperanza”, añadió Pérez.

Diálogo social

La Brújula Minera también mostró que la opinión positiva de las empresas en las poblaciones en las que hay actividades extractivas observó una caída de 46 % (2014) a 34 % (2016) y este año evidenció una leve recuperación hasta 36 % de las respuestas.

Para el exministro de Minas, Amylkar Acosta, independiente de que las poblaciones tengan o no vocación minera, la conflictividad está latente, sobre todo, en la industria minero-energética (ver Dicen de…).

“Que AngloGold Ashanti pueda avanzar en Gramalote, en el Nordeste antioqueño, y tenga resistencia en Jericó, en el Suroeste, debe ser porque ha faltado mayor sensibilización de las comunidades. Mientras eso no suceda, se abre un espacio, que terminan llenando quienes ven en la minería una amenaza, muchas veces con mentiras o verdades a medias”, expresó Acosta.

En la misma línea, el viceministro de Minas, Carlos Cante, sostuvo que el relacionamiento temprano con las comunidades, mediante un diálogo transparente e informado, es vital para recuperar la confianza en el sector (ver Textualmente).

Así las cosas, a pesar de los indicadores, el 73 % de los empresarios mineros en Colombia considera expandir y mantener sus operaciones en los próximos cinco años…

*Por invitación de la ACM

Germán Arce

Zapata

Ministro de

Minas y Energía de Colombia

Fuente:http://www.elcolombiano.com/negocios/antioquia-entre-freno-y-avance-de-la-mineria-LC6523058

Colombia

Mitos sobre la consulta previa

La ONG Dejusticia respondió a Caracol Radio los 10 grandes mitos que hay alrededor de la consulta previa a las comunidades indígena y población afro, raizal y rom.

Estos son los 10 mitos:

1. Alrededor de las consultas previas se han armado carruseles de corrupción.

El análisis de los procesos de consulta previa se debe realizar caso a caso. En ese sentido, es imposible sostener en abstracto que alrededor de los procesos de consulta se han creado carruseles de corrupción en general. Para dar el debate hay que analizar cuáles son las circunstancias en las que ha sucedido y realizar un proceso de sanción a las malas prácticas que han ocurrido.

Sin embargo, en el trabajo de campo que hemos realizado en Dejusticia, hemos encontrado que en algunos procesos se han visto actividades corruptas por parte de diferentes actores que van desde las empresas privadas –que entregan recursos a integrantes de la comunidades-, funcionarios públicos e integrantes de los grupos étnicos.

2. Las consultas previas se han vuelto un freno a la inversión.

Los procesos de consulta previa, libre e informada no se han vuelto un freno a la inversión. Basta con analizar las inversiones que ha hecho el Estado y los actores privados en territorios en los que viven pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes para darse cuenta que la inversión no ha sido paralizada por parte del desarrollo de los procesos de consulta previa.

En segundo lugar, la realización de los procesos de consulta previa parte del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes para que el Estado los incluya cuando quiere tomar una decisión que los afecta. En ese sentido, en el caso de que un proceso de consulta paralizara la realización de una inversión, siempre sería por el respeto de los derechos de estas comunidades. De esa forma, garantizar su participación genera más efectos positivos pues, los protege de medidas que pueden terminar acabando al pueblo en términos físicos o culturales.

En todos los casos, hay que analizar cuáles son los efectos nocivos que pueden traer estos proyectos a las comunidades y de esa forma balancear las intenciones de los grupos incluidos en el conflicto.

3. Las comunidades afro e indígenas han vuelto de las consultas un negocio.

Al igual que la primera pregunta, estas valoraciones se deben hacer caso por caso pues, cualquier generalización pone en riesgo la protección de un derecho fundamental de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Lo que hemos encontrado en el trabajo con organizaciones y comunidades indígenas y afrodescendientes es, que en la mayoría de los casos, el derecho a la consulta previa no es respetado por el Estado y los actores privados. Por tanto, la primera solicitud de estas comunidades es que se garantice su derecho a ser consultados y que las decisiones que se toman en esos escenarios sean implementadas por el Estado y respetadas por los actores privados. Así, el rasgo continuo que se encuentra no es que la mayoría de los casos se garantice el derecho a la consulta sino que se viola al no ser implementado.

Es cierto que en los procesos de consulta se incluyen recursos para su realización que van desde los costos de alimentación para las personas que participan de las reuniones hasta los costos de los transportes para garantizar la participación de los involucrados. En esto, el Estado tiene la obligación de hacer un seguimiento específico a la forma como se destinan los recursos en los procesos de consulta y las inversiones que se hacen con esos recursos.

4. A falta de reglamentación, la interpretación de la norma general es contradictoria.

Colombia sí tiene una reglamentación sobre el derecho a la consulta previa. Sin embargo, hasta ahora los decretos que han regulado este derecho han sido promulgados sin ser consultados con los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. La misma característica la cumplen las normas de rango menor que se han expedidas con el fin de determinar cómo se deben realizar los procesos de consulta.

A su vez, en todos los casos, las normas expedidas por los ejecutivos reducen el criterio de protección reconocido internacionalmente a los pueblos y comunidades en temas como quién tiene el derecho a la consulta, cuál debe ser la duración de cada uno de los procesos y cuál es el nivel de obligatoriedad que reconoce el Estado a la decisión que toman los pueblos étnicos junto al Estado en cada uno de los procesos.

Es necesario que el ejecutivo unifique los criterios que se han dado sobre la reglamentación del derecho a la consulta previa por parte de los diferentes actores. Para esto, el marco jurídico que regula el derecho a la consulta debe incluir lo que han dicho los actores autorizados para la interpretación del Convenio 169 de la OIT y las normas internacionales que la han seguido. Para esto, es fundamental reconocer e incluir el trabajo de la Comisión de Expertos de la OIT y los análisis de la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y el sistema interamericano. En ese mismo sentido, cualquier análisis que se haga sobre la interpretación del derecho debe incluir lo que han dicho cortes internacionales –como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos- y la corte Constitucional.

Una lectura integral de todas las normas que regulan el derecho permite resolver las dudas que existan sobre los vacíos o tensiones que se puedan encontrar en cada uno de los procesos de consulta. La contradicción que se puede encontrar hasta ahora se encuentra en los casos en que autoridades nacionales han tratado de reducir el espectro de protección que se le ha dado a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en el derecho nacional e internacional de derechos humanos.

5. Pese a todo, Colombia no aplica la consulta en forma tan extrema como otros países.

Colombia es el país del mundo donde más se han realizado procesos de consulta previa. Por ejemplo, de acuerdo a la investigación de Gloria Amparo Rodríguez, en el caso de las licencias y permisos ambientales, hasta diciembre de 2012 se reportó la realización de 156 procesos de consulta con pueblos indígenas en Colombia (Rodríguez 2014).

Según la investigación de Natalia Orduz, entre las consultas protocolizadas entre 2010 y 2013 se reportaron más de 800 consultas de medidas administrativas y más de 700 en el sector de hidrocarburos. Un número considerable también fueron reportadas por el sector minero y de investigación que aportaron cada uno más de 100.

Así que, en la lectura comparada de Colombia frente a otros países, se puede concluir que este es el país donde más se ha incrustado la realización de los procesos de consulta previa dentro de la burocracia del Estado.

6. Hay más populismo judicial que racionalidad jurídica en los fallos judiciales.

Al igual que los mitos relacionados con la corrupción, frente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional también se debería realizar un proceso de análisis de cada uno de los casos. En términos generales lo que se encuentra en las sentencias de la Corte es un avance paulatino pero constante de la protección del derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.

Hasta ahora la jurisprudencia de la Corte Constitucional, siguiendo los estándares internacionales de derecho humanos, ha hecho tres avances fundamentales para la implementación del derecho a la consulta previa. En primer lugar, ha declarado suspensiones de proyectos o medidas administrativas por la violación del derecho a la consulta. En los casos en los que la Corte ha encontrado que el permiso de exploración, por ejemplo, se entregó sin garantizar el derecho a la consulta de los pueblos étnicos, ha ordenado la suspensión de los proyectos hasta que el Estado cumpla con su obligación constitucional de escuchar y tener en cuenta a los pueblos en la toma de las decisiones que los afectan.

En segundo lugar, analizando los impactos generados por las normas, la Corte también ha declarado como inconstitucionales leyes expedidas por el Congreso que se expidieron sin la protección del derecho a la consulta. En esos casos, las normas caen en un vicio y por tanto la Corte ha ordenado que no pueden estar dentro del régimen jurídico. La razón de esta consecuencia es que cualquier norma que se quiera tramitar por el Congreso o el Ejecutivo, que afecte a los pueblos étnicos, debe ser consultada antes con los pueblos.

Por último, la Corte ha protegido el derecho a la consulta y el derecho al consentimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Así pues, en los casos en los que se genera el desplazamiento de las comunidades, se vierten desechos tóxicos en su territorio o se afecta de manera profunda su vida en términos físicos o culturales, la Corte ha ordenado que no es suficiente con que el Estado garantice el derecho a la consulta de estos pueblos sino que también debe proteger su derecho al consentimiento.

7. Colombia ha perdido tiempo en la reglamentación de las consultas por falta de voluntad política.

El debate sobre la reglamentación del derecho a la consulta en Colombia es un punto de larga duración entre el Estado y los pueblos étnicos. Hasta ahora las normas que existen sobre esta materia expedidas en el gobierno de los ex presidentes Samper y Uribe y el presidente Santos no han sido consultadas con los pueblos y sus contenidos han violado los derechos de los pueblos.

El gobierno del Presidente Santos le propuso a la Mesa Permanente de Concertación, a finales de 2015, iniciar una discusión sobre una norma que especifique cómo se debe implementar el derecho a la consulta. Sin embargo, la ruta de acuerdos sólo se materializó a comienzos de 2017, con la realización de un seminario internacional sobre el derecho a la consulta. Todo el tiempo que transcurrió entre estos dos eventos muestra una falta de compromiso y continuidad por parte del Estado en cumplir los acuerdos a los que llega con los pueblos y organizaciones de los pueblos indígenas.

En medio de esa coyuntura el gobierno radicó a finales de 2016 un proyecto de ley de reglamentación del derecho a la consulta que no fue consultado con los pueblos y que además reducía el espectro de protección de los pueblos. Esa acción fue inconsulta e iba en contra de los acuerdos a los que había llegado el Estado con los pueblos indígenas y por tanto tuvo que ser retirada por el gobierno de la MPC.

Por tanto, lo que se encuentra hasta ahora, es una apertura del movimiento étnico para iniciar la conversación sobre la reglamentación del derecho a la consulta y al mismo tiempo una falta de compromiso, continuidad y unidad de criterios por parte del gobierno nacional.

8. Sectores como el minero ha estimulado la corrupción en algunas comunidades para poder desarrollar sus proyectos.

Como el campo de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes es un espacio que pone en tensión muchísimos intereses, es preciso tener una discusión específica sobre cada uno de los casos.

En los procesos de consulta se encuentran actores que tienen niveles de poder muy diferentes. Por ejemplo, el poder económico de los actores privados nunca se podrá comparar al que tienen las comunidades. En ese espacio, en algunos casos, se ha demostrado judicialmente que las empresas han favorecido actores de corrupción que van desde la entrega de dinero a las personas para que dirijan su voto en una forma específica, hasta dar prebendas a personas para que presentan acciones jurídicas que buscan deslegitimar procesos de consulta que ya han ocurrido.

Para subsanar estas fallas el Estado debe tomar un rol mucho más activo y fuerte en todos los procesos de consulta. La participación de instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación es fundamental para darle seguimiento a las prácticas de corrupción que se pueden dar durante los procesos de consulta previa.

9. Tal como se aplican hoy las consultas previas, implican un cuestionamiento a la soberanía del Estado y una fragmentación del territorio.

La aplicación de los procesos de consulta no implican un cuestionamiento a la soberanía del Estado y una fragmentación del territorio, sino el cumplimiento de los deberes constitucionales colombianos de respeto y garantía de una sociedad pluriétnica y multicultural. Por tanto, el derecho a la consulta reconoce que las personas que se verán afectadas por una decisión del Estado tienen el derecho a participar de las decisiones que toma el Estado. En ese sentido, reconoce la importancia que tienen las personas para que la decisión final que se tome sea más justa para estas personas. Esta obligación de protección se hace aún más urgente para las comunidades indígenas y afrodescendiente pues, son las que suelen estar más excluidas de la protección del Estado y las formas de discriminación histórica a las que han sido sometidas hacen que deban ser tenidos en cuenta.

A su vez, este derecho reconoce los conocimientos y las prácticas de los pueblos y comunidades étnicas como válidas en el debate democrático por el tipo de país que se quiere construir. Cada uno de los procesos representa una oportunidad para que la decisión que se tome tenga en cuenta la mayor cantidad de perspectivas que se puedan sobre el proyecto que se quiere desarrollar.

Por último, el derecho a la consulta obliga a realizar un ordenamiento territorial mucho más completo que el que se tiene hasta el momento. Más que una fragmentación territorial, lo que obliga este derecho es que el Estado genere un plan de consulta con los pueblos étnicos, para generar un proceso más organizado de intervención sobre los territorios. Lo que el derecho a la consulta muestra es que las decisiones no se pueden tomar desde el escritorio de un funcionario, sino que se deben hacer de manera conjunta con los pueblos y comunidades que viven en esos territorios y serán los primeros afectados por la implementación de los mismos.

10. Los intereses de unas minorías étnicas prevalecen sobre los intereses nacionales.

En la implementación del derecho a la consulta no prevalecen los derechos de las minorías étnicas sobre los intereses nacionales principalmente por dos razones. En primer lugar, la categoría de los intereses nacionales es vaga y no muestra con claridad quiénes son las personas que son beneficiadas con la implementación de una medida. Por tanto, hay que analizar con detalle qué es lo que se incluye en el contenido de la idea de los intereses nacionales. En los casos de proyectos extractivos, en los que se suele mostrar esta dicotomía, es necesario ver quiénes se quedan con los recursos que genera la explotación, el nivel de distribución económica que crean estas iniciativas y los costos que tiene que asumir la sociedad para implementarlos.

En segundo lugar, en los procesos de consulta, se abre la oportunidad para que la voz de los más excluidos y discriminados históricos sea tenida en cuenta por parte del Estado y los actores privados. Si después de la consulta los pueblos se oponen a la realización del proyecto se debe analizar el por qué. En muchos de los proyectos extractivos, la oposición es a favor de la vida y la protección del ambiente. Así, como lo hemos encontrado en muchos procesos de consulta, las zonas que han protegidos los pueblos y comunidades étnicas son las de mayor biodiversidad. De esa forma, lo que se quiere mostrar como un interés particular de las comunidades étnicas en la práctica es por la defensa de intereses de toda la sociedad.

Colombia

MinMinas: algunos gobernantes “hacen la vista gorda” ante minería en su territorio

Autor: LaFm.com

El 30% del territorio colombiano tiene presencia de minería ilegal o explotación ilícita de minerales.

La proliferación de la minera ilegal sobre el territorio colombiano causa preocupación a la Asociación Colombiana de Minería – ACM. Santiago Ángel Urdinola, presidente del gremio, advierte que el 30% del suelo nacional es víctima de esa actividad criminal que causa contaminación a los cuerpos de aguas, por lo que exigen que el Gobierno Nacional apruebe la ley que penaliza con más fuerza ese delito.

“La información que nosotros tenemos, que presentamos en el Congreso Nacional de Minería, es que cerca del 30% de Colombia tiene presencia de minería ilegal, explotación ilícita de minerales, lo cual nos debe llamar mucho la atención, mucha atención con preocupación en cuanto a la contaminación de nuestros ríos, el impacto ambiental sobre nuestra la población. Es un llamado urgente a que se establezcan unas penas importantes“, apuntó Urdinola.

En el Congreso de la república hay un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Minas, Justicia, Medio Ambiente y Defensa para combatir ese flagelo. Esa iniciativa legislativa busca tipificar toda la cadena delictiva porque hoy son delitos ambientales y excarcelables; “cogen un tipo con una draga y lo llevan un fin de semana a la estación de Policía, pero eso no es un tipo penal, toca definir eso para que se pueda judicializar y combatir esa actividad“, indicó el ministro Arce.

Esa iniciativa legislativa, según el sector minero, debe tramitarse antes de finalizar el primer semestre del año; “nuestro llamado es para que antes del 20 de junio se debata ese proyecto de ley en el Congreso de la República, donde ya existe ese marco normativo. Ahora tenemos que darle celeridad en la votación para que sea una ley de la República“, indicó Urdinola

“Hay gobernantes que hacen la vista gorda, no puede meterse una maquinaria de 10 toneladas sin que nadie las vea, es imposible. Hay autoridades locales que deberían estar levantado las alertas de cómo llegan las dragas que nos estamos encontrando, por ejemplo en la mitad de las selvas del Chocó“, indicó Arce Zapata.

Para el Ministerio de Minas no es posible establecer los recursos que se mueven en las actividades extractivas ilegales; “como son ilegales, no pagan impuestos, no están en el reportes de ingresos, no están el reportes de regalías (…) las cifras son de empresas legales, los ilegales no van a mi oficina. Lo que nosotros aprobamos es una actividad que se hace con un título minero y con un permiso ambiental“.

Fuente:http://www.lafm.com.co/nacional/minminas-gobernantes-hacen-la-vista-gorda-ante-mineria-territorio/

Colombia

Minminas quiere modificar consultas populares

Autor: Redacción Vivir
Conflicto Relacionado: La Colosa

El ministro Germán Arce dice que tiene lista una propuesta y calificó las consultas de “trampas”.

Un día después de la consulta minera en Cajamarca (Tolima), en la que el 98% de los votantes le dijeron No a la explotación de oro en su territorio, el ministro de Minas Germán Arce dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Esta mañana, en entrevista a Blu Radio, reveló que tiene lista una propuesta para “llenar los vacíos normativos” que dejaron en “el limbo algunas situaciones del sector”.

El anuncio coincidió con la reunión en Cartagena de la Asociación Colombiana de Minería y cuando están pendientes alrededor de 39 nuevas consultas populares en todo el territorio colombiano.

Para Arce se debe crear un mecanismo para manejar lo que él llama “la paternidad compartida entre el suelo y el subsuelo… si somos capaces de construir una regla que nos permita sentarnos y decidir qué hacer en el territorio le vamos a dar salida a esta trampa de las consultas populares”.

Arce argumentó que el dinero proveniente de regalías mineras en todo el país aporta el 50% de la inversión territorial y criticó que algunos municipios se quieran beneficiar de esos recursos pero no estén dispuestos a que se ejecuten las actividades de las que provienen.

Aunque en ocasiones anteriores ya había dejado claro su inconformidad con las consultas populares, en la entrevista de esta mañana volvió sobre el mismo tema: “la consulta es un instrumento de participación pero no puede cambiar la ley. Este no puede ser un instrumento político, pagado por el Estado, para que algunos actores pongan preguntas de si y no. Soy respetuoso de que las comunidaes definan como se quieren desarrollo pero aquí estamos hablando de recursos de todos los colombianos. Estamos hablando de derechos generales sobre particulares”.

En la entrevista, Arce intentó descalificar las consultas diciendo que “hay grupos montando campañas para generar estas emociones de petroleo versus agua, que son muy populares pero ponen en jaque las actividades legales que se pueden hacer de manera responsable”.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/minminas-quiere-modificar-consultas-populares-articulo-693492

Colombia

En Pijao, Quindío aprueban pregunta para realizar consulta popular minera

Autor: Caracol Armenia

Aprueban la realización de una consulta popular minera en el municipio de Pijao, Quindío similar a la que se realizó en Cajamarca, Tolima.

El Tribunal Administrativo del Quindío aprobó la pregunta que presentó el alcalde del municipio de Pijao, Quindío Edison Aldana y un grupo de ciudadanos que buscan proteger, el territorio, el agua, el paisaje y la vida de explotaciones mineras.

Mónica Flórez líder de esta iniciativa en diálogo con Caracol Radio manifestó “la pregunta que aprobó el tribunal es ¿Está Usted de acuerdo, sí o no, con que en el Municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales? Este es el resultado de un esfuerzo que viene desde el 2009 cuando nos dimos cuenta en el riesgo que estaba nuestro municipio por la minería, ahora nos toca a todos los ciudadanos de Pijao responder en las urnas y rechazar esos proyectos de minería”

Agregó que se espera que en dos meses la alcaldía y el concejo del municipio de Pijao convoque a la realización de la Consulta Popular Minera.

Colombia

Explotación minera, conflicto entre afros e indígenas

Autor: Adriana Martínez

En el departamento las empresas se enfrentan al desafío que les demanda las leyes y luchas de los pueblos indígenas y los consejos comunitarios afro. El gobierno no aparece.

Los intereses de la comunidad indígena y afro son diferentes frente a la extracción de minería, mientras las organizaciones, asociaciones y resguardos  indígenas buscan la conservación del medio ambiente y luchan porque la zona no sea explotada y evitar la minería en el territorio, la comunidad afro busca formalizar los títulos para explotarlos.

Desafian las leyes

El departamento del Cauca contiene un gran recurso mineral que es apetecido por empresas mineras entre ellas esta AngloGold Ashanti, que ha logrado intervenir diferentes regiones en Colombia, para extraer el oro que hay en estas tierras. Los lugares excluidos y más necesitados en Colombia son los que tienen minerales, además es en ellos donde se encuentran las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Uno de estos casos es el Cauca, donde estas grandes entidades mineras constantemente afrontan el desafío que les demanda las leyes y luchas de los pueblos indígenas y los consejos comunitarios afro.

La empresa AngloGold Ashanti en el Cauca, no ha logrado iniciar con sus labores de explotación de oro, ahora que una buena parte de los mineros que trabajan en esta empresa no son originarios del departamento, lo que trae más dificultad porque las  comunidades de Caloto, Buenos Aires y Suárez han emprendido una lucha contra estas personas  foráneas y han tenido que renunciar a sus títulos.

No ha podido comenzar sus explotaciones de oro y parte de los mineros no oriundos del departamento han tenido que renunciar a sus títulos,  que en los municipios de Caloto, Buenos Aires y Suárez tanto indígenas como afros se han unido para frenar la minería de aquellas personas que no sean caucanas.

Por medio de títulos otorgados al Consejo Comunitario de Suárez, la comunidad afro de esta zona ha podido explotar con una licencia concedida por ser reserva especial. Los indígenas, en cambio, denuncian que la minería ilegal ha dejado las tierras áridas, los ríos contaminados y que es difícil encontrar terrenos para cultivar. Once cabildos indígenas del Cauca tienen títulos mineros, pero ninguno está en proceso de explotación.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/local/explotacion-minera-conflicto-entre-afros-e-indigenas-303055

Colombia

Colombia: minería amenaza con extinguir a pueblos indígenas

Autor: Telesur news

En Colombia, indígenas de Sierra Nevada de Santa Martha llegaron a la capital para mostrar la grave situación que viven a causa de la minería. Advierten que actualmente unas 160 minas afectan a 332 fuentes hídricas lo cual preocupa a las cuatro comunidades originarias que habitan ancestralmente este territorio ya que aumentaría la posibilidad de su extinción. teleSUR

Fuente:https://videos.telesurtv.net/video/658474/colombia-mineria-amenaza-con-extinguir-a-pueblos-indigenas/

Colombia

Un pequeño pueblo de Colombia podría frenar un macroproyecto extractivo

Autor: Playground

En la provincia de Sumapaz, en Colombia, los ciudadanos tendrán voz a la hora de decidir si se realizan proyectos de explotación de hidrocarburos y minería.

Unos 3.600 habitantes del pequeño municipio de Arbeláez responderán a una consulta popular el próximo de 9 de julio con la pregunta: «¿Está usted de acuerdo —sí o no— con que, en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca, se realicen actividades de sísimica, exploración, explotación y lavado de materiales de hidrocarburos y/o minería a gran escala»?, según informó el diario colombiano El Espectador.

El alcalde del municipio, Jorge Alberto Godoy Lozano, expresó la preocupación por «la presencia de sísmica» en el territorio. «Hace unos diez años, cuando no había mucha claridad sobre la importancia y la delimitación de páramos, hubo una exploración muy cerca de Sumapaz y se movió la tierra», agregó.

Arbeláez, al decidir sobre si aprueba o no la actividad adjudicada a Alange Energy, será el segundo municipio de Sumapaz en decidir sobre la actividad extractiva. En febrero de este año, la localidad de Cabrera votó en contra de proyectos mineros o hidroeléctricos con un 97% de votos por el no y solo un 1,5% a favor.

Fuente:http://www.playgroundmag.net/noticias/consulta-popular-Colombia-proyecto-petrolero_0_1970202986.html

Colombia

Colombia: subcampeón mundial en el mercurio de la minería ilegal

Autor: Juan Gossaín para El Tiempo

Cómo pasa EL TIEMPO. Hace más de seis años, el 7 de diciembre de 2010, escribí en estas mismas páginas una crónica sobre el veneno de mercurio que la minería ilegal está arrojando sobre Colombia, matando gente, animales, plantas, cosechas, aire, mares, ríos, caños, lagos.

Pues resulta que, por causas que desconozco, en estos días, mientras el Congreso Nacional está debatiendo una nueva ley contra el uso del mercurio, aquella vieja crónica circula de nuevo por las redes sociales. Tampoco sé quién la envía, pero no debe ser una casualidad, ya que en la naturaleza no existen las coincidencias sino la armonía del universo, como decía Einstein tan sabia y bellamente.

En aquel escrito mencioné, de paso, el “mal de Minamata”. Lo que se discute ahora en el Senado es, precisamente, la ratificación del Convenio de Minamata, que compromete a los países del mundo en la eliminación de emisiones de mercurio contra el medioambiente. Más adelantico les cuento, con cifras y detalles, la cantidad de víctimas colombianas que se han ido detectando en los últimos tiempos.

Todo empezó hace casi sesenta años en el Japón. En la ciudad de Minamata, a orillas del mar, se desató una peste causada por los desechos mercuriales que las industrias de las inmediaciones arrojaban al mar. Fue tan grave que en un solo año, 1956, murieron cincuenta personas. Y en los doce años siguientes se contabilizaron más de quinientos casos.

Los pájaros que bebían aquellas aguas se quedaban ciegos. Pescados y mariscos se contaminaban. Los niños morían con el cerebro destrozado. Las madres embarazadas abortaban de repente en medio de terribles dolores.

Hasta el año 2001 habían muerto 900 japoneses y 2.000 más estaban enfermos. Solo entonces el mundo se puso en marcha para remediar semejante tragedia y se inició una cruzada internacional contra el mal de Minamata.

Por fin hay una luz de esperanza. Que los camarones no sigan naciendo sin patas, que las aguas no se pudran con la porquería industrial

Liderazgo retrasado

En el 2013, Colombia y 140 naciones más suscribieron el Convenio de Minamata. El liderazgo de nuestro país en esas negociaciones fue tan notable que ganó por ello varios premios internacionales otorgados por los ambientalistas. Por eso, uno no entiende que, casi cuatro años después, todavía no lo haya aprobado el Congreso, como lo mandan las leyes.

–Lo que ocurre –me dice el senador Luis Fernando Velasco– es que el Gobierno Nacional, que tiene la facultad exclusiva de hacerlo, se demoró en radicar el proyecto, y solo lo presentó a las cámaras en octubre de 2016.

Ello fue posible gracias a la labor de dos senadores que le insistieron al Gobierno, elaboraron el texto y convencieron a sus colegas. Luis Fernando Velasco, quien fue presidente del Senado y es oriundo del Cauca, asumió con entusiasmo la promoción de aquella ley. La senadora antioqueña Nidia Marcela Osorio lo acompaña en la ponencia. Hace veinte días comenzó su aprobación en la Comisión Segunda. Todavía falta por recorrer un largo camino.

El mapa del horror

Me puse a averiguar historias humanas y cifras sobrecogedoras sobre los daños que el mercurio le causa a Colombia. Según los informes más recientes de la Contraloría General de la República, en este momento hay 21 departamentos afectados por esa tragedia. Son el 66 por ciento de los departamentos, nada menos. Se calcula que 400 municipios padecen el mercurio.

En los últimos cinco años se han detectado dos mil casos de envenenamiento con mercurio, un elemento químico que se utiliza para desprender el oro de las piedras a que está adherido. Las regiones más afectadas son Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar y Sucre. El mercurio es la principal amenaza sobre los ecosistemas del país.

La plaga mercurial, con sus secuelas venenosas, se está extendiendo como una metástasis por todo el organismo colombiano, no solo en áreas rurales sino, incluso, en grandes centros urbanos, a través del pescado de río y mar que llevan a los mercados, como sucedió recientemente con el atún. O de las frutas y verduras, gallinas y cerdos contaminados procedentes de esas regiones.

Según la Defensoría del Pueblo, me dice el senador Velasco, “en el 40 por ciento de los municipios del país hay minería ilegal, también conocida como minería tradicional o artesanal”.

Subcampeones mundiales

El senador Luis Fernando Velasco se puso en contacto con Mercurywatch, el sistema mundial que monitorea el uso del mercurio en la minería de oro, y de allí le informaron que Colombia tiene hoy el doloroso título de ser el segundo país que más contamina por la emisión de esa sustancia. Se estima que hemos llegado a emitir, en un año, hasta 180 toneladas de mercurio.

Virgen Santísima: 180.000 kilos por año. El primero es China, con 440 toneladas, y es mejor que no nos pongamos a comparar el tamaño de las dos naciones. Y menos la población.

Por eso, agrega Velasco, es urgente lograr ya la aprobación parlamentaria del tratado. “Ese convenio nos brindará instrumentos concretos para proteger la salud humana y el ambiente, y, además, para legalizar y formalizar la minería artesanal”.

Hasta este momento, el Instituto Nacional de Salud informa que no hay registros de la aparición del síndrome de Minamata en Colombia, pero sí los hay de personas, animales y plantas intoxicados con mercurio. Su gravedad varía según los casos.

En paz con la naturaleza

En septiembre del año pasado, hace siete meses, el Departamento de Planeación Nacional hizo una minuciosa investigación en diferentes regiones sobre la devastación ocasionada por el mercurio. Sus conclusiones son aterradoras. “También tenemos que hacer la paz con la naturaleza, porque el mercurio sigue causando estragos”, dice Planeación.

Miren esto: según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, la situación empeora cada día. En solo dos años, entre 2013 y 2015, hubo 1.126 pacientes envenenados con mercurio en 18 departamentos, “pero estos datos pueden ser mayores teniendo en cuenta que solo abarcan la atención hospitalaria de intoxicaciones agudas”. Quién sabe cuántos más se quedarán sin ir al hospital. Si es que hay hospital…

Las regiones más afectadas, en esos mismos dos años, fueron: Antioquia, con 312 casos; Chocó, con 218; Córdoba, con 206; Bolívar, con 167, y Sucre, con 143.
El mismo Sistema de Vigilancia agrega que “en el 60 por ciento de los municipios con minería ilegal se registran casos de intoxicación por mercurio”.

¿Más desempleo y pobreza?

No hay nada, naturalmente, que pueda justificar un atentado semejante contra la humanidad y la naturaleza. Eso es peor que una bomba atómica. Pero también es cierto que, si la Ley va a prohibir desde el año entrante el uso del mercurio en la minería, entonces crecerán la pobreza y el desempleo en esos pueblos incontables.

El senador Velasco, que ha estudiado cuidadosamente esa materia, me dice:
–Numerosos estudios científicos proponen utilizar sustancias distintas al mercurio y el cianuro. Uno de ellos es el alcohol que se emplea en la fabricación de jabones y champús. Se ha comprobado que esos alcoholes son tan eficientes que pueden sacar a flote entre un noventa y un ciento por ciento del oro.

Es decir: se trata de nuevas tecnologías que permiten extraer más cantidad de oro a un costo muchísimo menor para el organismo humano y el medioambiente. Ya se están experimentando en algunas minas del Chocó.

Foros con los mineros

Ante este panorama, el otro día el senador Velasco le mandó una carta al ministro de Medio Ambiente en la cual le pedía que no se pierdan de vista las implicaciones sociales que va a tener la prohibición del mercurio.

Se trata de comunidades económicamente muy vulnerables –me explica el senador–. La minería es su único medio de manutención. Por ello le propuse al Gobierno que, apenas aprobemos el Convenio de Minamata, se busque también la promoción de las nuevas tecnologías y la formalización de esas actividades de subsistencia en todo el país.

En ese sentido, ya se están planeando los primeros foros regionales entre el ministerio y los mineros informales, para que conozcan los efectos del convenio, las nuevas técnicas de trabajo y los procesos de legalización.

Epílogo

El senador Velasco también piensa que, inclusive, y con la orientación gubernamental, en las poblaciones mineras se podrían organizar cooperativas que reduzcan los costos de trabajo, que sean amigables con la naturaleza y que instalen entables modernos. (Se llama ‘entable’ la planta donde se separa el oro de la piedra y la arena).

Por fin despertó el Estado colombiano. Ya era hora. Por fin hay una luz de esperanza. No más destrucción ni muerte. Que los camarones no sigan naciendo sin patas, que las aguas no se pudran con tanta porquería industrial, que los plátanos vuelvan a ser pintones, que los ríos no parezcan un cementerio, que las madres no alumbren hijos de un solo ojo, que las hojas vuelvan a ser verdes, que las mujeres no aborten en la mitad de la calle, que los pescados no se mueran en los playones con la boca abierta. Que el agua de las acequias vuelva a oler a flores frescas y no a letrina química.

JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO

Fuente:http://www.eltiempo.com/economia/sectores/mineria-ilegal-y-produccion-de-mercurio-en-colombia-85856