En el suroeste antioqueño se vive una tensión sin precedentes por cuenta de un título minero entregado hace doce años a la multinacional AngloGold Ashanti. Algunos en esta región -de una fuerte vocación agrícola- se rehúsan entregarse a la minería.

¿Dónde empieza una tradición, una cultura, una forma de ser? Esta puede ser una respuesta: el suroeste antioqueño. Aquí empezó todo: las arepas, el quesito, el aguardiente, el catolicismo, el honrarás a padre y madre, harás el negocio de tu vida, mantendrás la modestia porque es mejor la tierra y sus animales y sus matas que la ropa y el qué dirán; aquí nació una forma de ser arriero, de llevar el sombrero, de comer frisoles cada noche. ¿Dónde empieza una tradición, una cultura, una forma de ser, de ser montañero? Aquí nació una de esas formas de ser paisa, lo que algunos quieren preservar a toda costa en otras partes: la cultura.

Después de salir de Medellín se sube a Fredonia y en el descenso se ve el río Cauca como una gran lombriz revuelta en tierra y quieta, durmiendo el sueño plácido en medio del valle que es el límite entre Antioquia y Caldas, donde están los farallones —Paz y Galeras—, el cerro Tusa que parece una pirámide levemente inclinada y hecha con las manos, y la montaña —la montaña— La Mama, sin tilde, como le decían los viejos a sus hijos: “Dígale a su mama” . Todo eso es el suroeste. En los bordes de la montaña está la vereda La Oculta, famosa por la novela de Héctor Abad Faciolince y que tiene un lago donde se ahogaron varios, entre ellos el poeta nadaísta Amilcar Osorio después de una fiesta bien fumada. Detrás de La Mama está Jericó.

ericó trae su nombre de la Biblia. De Jericó cayeron los muros. Este Jericó paisa también tiene su fama, el documental “Jericó, el infinito vuelo de los días” es la prueba de que un pueblo se puede mantener incólume, sólo apunta de tradición, de campesinos que cultivan la tierra, de la religiosidad más piadosa, del aguardiente más embriagador. Jericó fue hace muchos años la capital de Antioquia, su clima de verano, su cercanía al río Cauca y al viejo Caldas convertían al pueblo en una metrópoli del siglo XIX, después vino un leve olvido hasta que llegaron las épocas del turismo y luego, las épocas del oro, de la minería.

En la oficina de su empresa de publicidad en el barrio El Poblado de Medellín, Gabriel Abad trataba de dárselas de prestidigitador. Llenó un pocillo hasta la mitad de café molido, el puro polvo café, y le agregó dos sobres pequeños de azúcar, mezcló todo con una cuchara y esparció todo en un pequeño montículo de café en el que brillaban algunas piedras de azúcar. “Díganme cómo hace uno para apartar el azúcar del café sin destruir la montaña”.

Gabriel Abad hablaba del proyecto Quebradona de la multinacional AngloGold Ashanti, que hasta el momento tiene licencia de exploración, y de aprobarse la licencia ambiental y social se haría explotación con técnica subterránea para el hallazgo de cobre —que hay—, cuyo material se encuentra a unos quinientos metros de profundidad. Según la misma empresa, “la actividad de exploración es similar a la usada en construcción de infraestructura como vías, aeropuertos, edificios; se limita a perforaciones de geología, geotecnia e hidrogeología con un diámetro máximo 8 pulgadas, hasta una profundidad de 1.200 metros”. Con esta técnica esperan estudiar la viabilidad del proyecto y analizar el estado de los minerales, que no están en beta sino dispersos entre tanta tierra refundida. Se vuelve a los que dice Abad en su oficina: “Díganme cómo”.

Quebradona es la gran duda que desde hace años les cayó a los habitantes de Jericó, Támesis y Tarso —el suroeste—, quienes temen que las exploraciones mineras, que ya van en 110 perforaciones, acaben con el agua que los ha surtido desde siempre. Y el miedo crece porque el suroeste nunca ha sido una región con vocación minera, los campesinos han poblado estas tierras fértiles para sembrar café, cítricos y para extender el ganado que por años ha surtido la demanda del Valle de Aburra.

Son neocampesinos. Los que estaban aquella mañana en la oficina de El Poblado son todos herederos de tierras —sus abuelos fueron dueños, sus padres, sus hermanos: llevan una herencia que quieren conservar, una cultura, una forma de ser—, son neocampesinos: ya llevan años haciéndose profesionales y quieren volver al origen, a labrar la tierra para recogerse. Ellos han formado la Mesa Técnica, un colectivo que desde octubre del año pasado quiere hacerle frente al poder minero y hasta el momento son ciento diez finqueros y esperan en poco tiempo ser más de mil: los hay neocampesinos y también campesinos de verdad, que saben coger el machete sin fingimientos para darle golpes a la madera, que conocen los tiempos de la luna y los brotes de agua de La Mama, que en las últimas semanas —dicen— se han multiplicado y para eso no tienen una explicación.

Verónica Vargas tiene una finca en Támesis y trabajó hasta hace muy poco en Bogotá como bióloga en proyectos de desarrollo social con componentes ambientales, así que cuando volvió al suroeste con la idea de trabajar en las tierras de la familia, en reforestar, en cambiar los sistemas de agricultura tradicional a silvopastoriles más sostenibles, en hacer cambios —porque los neocampesinos no quieren mantener la tradición total sino mejorarla— y la buscaron de Quebradona y le dijeron que era una mina, sabía de qué iba el tema. “Ellos querían hacer unas muestras de suelo y vinieron a pedirme permiso para hacerlo en mi finca, a mí me tomó por sorpresa y les dije que cómo así que minería. Les empecé a pedir papeles, que no los iba a dejar entrar así, que me mostraran. Nos reunimos, resulta que ellos quieren entrar por mi finca”.

u finca no está muy lejos del río Cauca, que viene desde La Pintada recorriendo el país desde Sur hasta el Norte, y sobre toda una curva, antes de llegar a una zona de paraderos de buses y camiones conocida como Puente Iglesias, está La Mama, en cuyas faldas se levantan la mayoría de las fincas de los miembros de la Mesa Técnica. “Ellos lo que quieren es entrar a la montaña justo por donde estamos nosotros, el problema es que las quebradas que nacen en esa montaña alimentan a Támesis, Jericó y Tarso y bañan e Cauca, y es ahí donde tienen los títulos mineros”, dijo Verónica Vargas.

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Mientras una camioneta baja en desbandada hacia el suroeste, el sol reverbera y Claudia Vásquez —esposa de Gabriel Abad— dice que no puede ser que por culpa de la minería se llegue a perder toda la belleza y la producción, porque esas montañas que se ven vaporosas por el efecto del calor, espejismos a lo lejos, no son puro monte, gran parte son corredores biológicos para conectividad de fauna y flora y silvopastoreos, cultivos, cafetales, plataneras. Toda el área en la que se haría la explotación está totalmente poblada porque el suroeste no tiene terrenos baldíos y el café es el sustento de todo el mundo, sobre todo de los pequeños campesinos que no tiene más de cinco hectáreas de tierra. Lo que se ve desde lo alto es el 60 por ciento de la producción cafetera del departamento que, a su vez, representa el 16 por ciento de la cosecha nacional que alcanzó un valor de 7 billones de pesos en 2016, y la sola cosecha en Antioquia valió 1 billón 115 mil millones de pesos. El Suroeste tuvo un valor de 673 mil millones de pesos para toda la economía de la región.

El Comité de Cafeteros dice que en Jericó hay 890 campesinos caficultores, 1.533 hectáreas sembradas y 1.040 fincas; en Támesis existen 1.886 hectáreas sembradas en 2.154 fincas y 1.517 productores viven del cultivo. Pura tradición cafetera que en la Gobernación de Sergio Fajardo tuvo un impulso inusual con la producción e cafés especiales. Ir a cualquier pueblo del suroeste es encontrarse con pequeñas asociaciones que procesan sus propios cafés, cada uno en empaques muy artesanales con pequeños hoyos encima para recibir el olor, aromas diferentes: ácidos, frutales, amaderados, todos sabrosos de disfrutar en el paladar con o sin azúcar.

En la camioneta —manejada por Juan, otro propietario de finca, que ya traspasa los sesenta años y cada que pasa por un portón puede decir de memoria quienes vivieron ahí: abuelos, padres, hijos, y quién se casó con quién y qué ganado tenían ahí y cómo se tomaba aguardiente— llegan a Palermo, un corregimiento donde esperaban Dora Liliana Aguirre Porras, Jaime Correa Arango, Manuel Giraldo Barrera, David Grajales, Guillermo Hurtado Pérez y José Marín Ospina, ¿quiénes son? Hacen parte del Sindicato de Trabajadores de Palermo, o de la Junta de Acueducto Palermo, o de la Corporación Solidaria Amigos de Palermo, o del Comité por la Defensa Ambiental del Territorio del Municipio de Támesis; o simplemente —como dicen— nacidos, criados y malcriados en Palermo. Esperaban con las manos llenas: chocobananos, bolsitas de cardamomo, muestras de cacao, bolsas de café, todo lo que producen desde hace varios años. Sucede algo: los campesinos colombianos ya no quieren más intermediarios, se han dado cuenta de que pueden ofrecer un producto final. Crean marcas, se buscan la manera de procesar, de empacar, de llevar la mercancía a los supermercados. Estos del suroeste no son la excepción, son ellos los pequeños campesinos y cuando se dieron cuenta de que había llegado AngloGold hicieron la resistencia: “Quería montar aquí una oficina pero no los dejamos, y no hemos dejado que han encuestas no nos interesa, lo que queremos es agua”, dijo Dora Liliana Aguirre Pérez, el ceño fruncido, la risa franca, el cuerpo rotundo como su posición férrea. A algunos ya los retuvo la Sijín y el Ejército por acercarse a las zonas de exploración, todos se conocen las rutas monte adentro, temen por la fauna, por los palos de comino crespo, comino rosado, especies que creen endémicas, por el agua: por el agua. Temen que esa montaña, La Mama, protectora, no sea más esa peña verde.

Por una carretera vieja y destapada, apta para los cascos de los caballos y las mulas o para las llantas de un buen cuatro por cuatro, se llega de Palermo a la Soledad, un corregimiento de Jericó. Así se pasa de los 600 metros sobre el nivel del mar a los 1.800, rodeando La Mama, en algunas zonas hay hectáreas muchas de gulupa, propiedad ya de AngloGold. En La Soledad estaban William Gaviria, Argiro Tobón, Gustavo Arboleda, Rodolfo Tobón, esperaban tomándose unos aguardientes en una fonda trepada en el filo de una montaña y abajo el río Cauca encañonado, plácido, dormido. Los primero que dijeron fue que ninguno estaba dispuesto a vender y que ya han hecho varias protestas. Gustavo Arboleda cree que todo se perdería si empezara a perforarse la tierra para sacar metales: “Si con la sola exploración ya dañaron un acuífero y empezó a disminuirse el agua, entonces qué va a pasar con la explotación. Aquí nosotros no hemos vendido tierras, pero ya hay unos que sí y ahora la empresa está sembrando gulupa en esa zona, mientras hace sus huecos”.

Esto de ser rimbombantes: a Jericó le dicen la Atenas del Suroeste, la ciudad culta de Antioquia, la mesa de Dios, el hogar, la cuna de la única santa del país, Laura, y eso acá pesa. El pueblo es bello: las casas coloniales, las calles en piedra, el parque central arborizado, la iglesia como un faro. Monseñor Noel Londoño Buitrago es el obispo de la Diócesis de Jericó y espera en la casa parroquial —un patio central en el que hace años, seguro, desensillaban las bestias; un patio exterior, un baño de inmersión, el paso del tiempo suspendido por la fe—, conoce bien la tradición cafetera porque nació en Montenegro, Quindío, y lo suyo han sido las misiones, por eso cree que la llegada de la minería es una oportunidad para pensar en la cultura cafetera y en la formación de las nuevas generaciones para que continúen con su arraigo a la tierra.

“Yo digo que minería sí pero no así”, dice el sacerdote, quien cree que las multinacionales mineras pueden llegar a zonas donde no estén pobladas o que tengan una clara vocación minera, pero que el caso del suroeste es muy diferente porque son tierras de fuerza campesina, de agricultores. “Aquí iban a hacer un monasterio los benedictinos, pero les dijeron de la Alcaldía que después de la llegada de la minería no les podían garantizar el agua, así que desistieron de construir, aunque ya tenían planos. A mí se me acercaron unas personas de la multinacional para decirme que podían ayudar económicamente a la misión, y yo no les acepté nada. La única garantía de que esa mina no va a afectar el municipio es que los directivos de esa multinacional se vengan a vivir acá”.

Antioquia es el departamento con más títulos mineros en Colombia, los hay en Buriticá, Fredonia, Jericó, Anzá, Dabeiba, Urrao, Frontino, Amalfi, Zaragoza, Segovia, Andes, Támesis, San Roque, San José del Nus, Titiribí y Remedios. Antioquia es la representación fiel de la conquista, si debajo de tanta tierra hay tanto oro, se puede entender la locura de los antepasados españoles, el desprendimiento de los indígenas. En los primero tres meses de este año Antioquia exportó más oro que cualquier otro departamento, según el Dane, la cifra representó 295 millones de dólares, 240 millones más que el año pasado en la misma época.

El de Jericó es apenas uno de los 8.866 títulos mineros que hay en el país, muchos de ellos repartidos en una gran despensa agrícola: la cordillera andina sobre Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Caldas, Risaralda, Antioquia y Bolívar, zona de campesinos, de labradores de tierra.

El viaje es largo y sólo es una vuelta a la montaña La Mama. En Tarso está la finca El Madrigal —propiedad de la familia de Catalina Mesa, directora del documental “Jericó el infinito vuelo de los días”—: tiene 76 hectáreas y en 39 de ellas más de 160 cabezas de ganado asistido por un sistema pastoril de bajo impacto en la tierra y que acaba con el perjudicial método de ganadería extensiva. No existen aquí las praderas como canchas de golf, perfectas según las estéticas del tapete, de un solo pasto y sin árboles: es todo lo contrario, árboles que dan sombra a la tierra y al animal, alguna maleza para que las reses puedan comer, cerdos sampedreños —negros, rumiadores, de buena pezuña, que aran la tierra por su sólo hábito de comer, que luego darán un buen jamón— pastan tranquilos. Nada se pierde, todo se reutiliza. Se hacen fertilizantes, fungicidas, abonos, todo natural y evitando maltratar con venenos la tierra. Según Huber Cartagena, administrador de la finca y concejal de Tarso, en la región están empezando los proyectos de fincas sostenibles donde puedan vivir en armonía el ganado, los cultivos y el campesino: “Reforestación, delimitación y caracterización de los corredores ambientales, parcelas de seguridad alimentaria, porque tenemos que cuidar el DMI, distrito de manejo integrado la trocha, la nube, la capota, que es donde está la estrella fluvial donde está el agua de Jericó, Támesis y Tarso, justo el lugar donde estará la minera”. Los campesinos están recibiendo las preocupaciones de los neocampesinos: que se necesitan fincas que puedan autosostenerse, conservar el medio ambiente.

La Mesa Técnica ha hecho su trabajo de divulgación y los campesinos están preocupados. Nadie les preguntó si querían que llegara la minería, nadie les preguntó que si se querían ir, que si querían vender. Esto llevó a que el lunes 29 de mayo el Concejo de Támesis aprobara por unanimidad el proyecto de acuerdo que rechaza y prohíbe la minería en el municipio. Según la diputada Ana Ligia Mora, que ha acompañado el proceso, este es un paso de valentía de los concejales que han recibido “presiones de varios frentes”. Este sería un primer paso para llevar el descontento popular a una consulta popular, como ya sucedió en Cajamarca, donde la AngloGold también tenía títulos mineros. Pero la fiesta no les duró mucho, porque el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, dijo que los concejos municipales no tienen la autoridad para expedir acuerdos que prohíban la minería, y menos en Antioquia, que en 2016 aportó el 41 por ciento de las 61,81 toneladas de oro que produjo el país.

En Jericó no están tan claras las posiciones, pese a que en las calles se leen los letreros en contra de la minería. María Victoria León, presidente del concejo y miembro de Cambio Radical, quien no hace mucho recibió una invitación de AngloGold para visitar uno de sus proyectos en Brasil, viaje al que no pudo ir pero sí su esposo Juan Guillermo Restrepo Ruiz. Reconoce que aunque el municipio no tiene vocación minera, no le ve ningún problema a la llegada de Anglogold, que desde hace doce años empezó un trabajo soterrado: “Lo que yo he entendido es que no hay riesgos de perder acuíferos, aunque toda causa tiene un efecto, pero esperamos que las consecuencias no sean tan duras porque la empresa se mueve legalmente. Desafortunadamente la comunidad está muy dividida hoy. Los letreros que hay en las casas no dicen que todo el mundo esté en desacuerdo”.

Toda la polémica ha llegado hasta la gobernación de Antioquia, Luis Pérez considera que es mejor la entrada de una multinacional que dejar la tierra en manos de las bandas ilegales, como ha sucedido en el Bajo Cauca, la región más contaminada con mercurio de todo el país. “Sin embargo hay que tener en cuenta las vocaciones de las regiones, en este caso el suroeste tiene una clara vocación agrícola, así que hay que entablar diálogo entre la comunidad y la multinacional”.

En una última finca, a orillas del río Cauca hay un hombre, se llama Gabriel. Lo mismo: pastos enmalezados, árboles enormes, quebradas y corredores ambientales recuperados, 400 cabezas de ganado que van directamente a Bogotá y cuya carne —dice— sabe a lo que sabe la carne de verdad: los jugos en el paladar, la huella apenas del fuego. Gabriel monta caballo con elegancia, el porte de un montañero que sabe dominar la bestia debajo de los pies. Al frente del río Cauca se queda callado por un momento y contempla en silencio. El río está a dos metros y baja fiero y revuelto, ya no es una lombriz dormida: es la muerte y la vida: un precipicio. A unos cuantos kilómetros —dos, tres— estará la piscina de lodos que se irá llenando mientras se saca el material disperso de La Mama, el cobre, y que tendrá 25 millones de metros cúbicos de lodos: un cóctel químico y tóxico.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/jerico-las-entranas-del-cobre/527685

Presidente de Anglogold Ashanti recalca la inseguridad jurídica para las inversiones mineras.

Luego de suspender la exploración en el proyecto de oro La Colosa, en Cajamarca, Tolima, tras la consulta popular, la minera sudafricana Anglogold Ashanti está concentrada en jugársela toda al éxito de sus proyectos en Antioquia: de oro en Gramalote y de cobre en Jericó.

El primero ya tiene licencia ambiental y el segundo está en fase exploratoria, pero ya se está viendo amenazado por los activistas que “están metiendo miedo en la gente sin permitir un debate informado, como se da en todo el mundo”, según Felipe Márquez, presidente en Colombia de la minera.

Cerca de 25 mil personas de Caquetá, Putumayo y Cauca, se sumaron a la gran marcha en defensa del agua y el territorio, realizada en la ciudad de Florencia.

Ayer, en la ciudad de Florencia y algunos municipios de Caquetá,  se realizó la primera Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Tierra, la Vida y contra la Megaminería. Ahí se visibilizó la problemática de la exploración y la explotación minera en el Departamento.

La marcha carnaval como su nombre lo indica es un carnaval en defensa de la vida en donde se mostró las manifestaciones y símbolos del Caquetá. Con expresiones culturales, creativas pacíficas y de amor por el territorio, a la madre tierra que proporciona lo fundamental para vivir, marchó un pueblo digno y orgulloso de sus riquezas y rechazando la mega minería contaminante que trae muerte en toda su expresión.

El concejal Fidel Prieto, sostuvo que la movilización pretendió insistir en la necesidad que la comunidad decida sobre el futuro de sus territorios, priorizando la conservación del recurso hídrico y contra el desarrollo de proyectos de minería a gran escala.

“Le decimos a Colombia que queremos que nuestro territorio siga siendo amazónico y rico en agua. El 90% del Concejo de Florencia se movilizó junto a los florencianos, defendiendo esta propuesta.  Es importante mencionar, que durante este periodo de sesiones ordinarias, presentaremos un proyecto para blindar nuestro territorio”, dijo el concejal.

La marcha carnaval también buscó llamar la atención de las autoridades del país para que respeten la decisión de la democracia, donde la comunidad vota mayoritariamente en contra del desarrollo de proyectos mineros en los territorios.

Mercedes Mejía, coordinadora de la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio, dio a conocer que la organización está articulada con movimientos nacionales, aprendiendo de los abogados del orden nacional. Indicó además, que participaron de una reunión en la ciudad de Bogotá, en la cual se está conformando una mesa ambiental nacional.

“Según la última reunión de la Mesa Departamental de Hidrocarburos, en junio y julio se iniciaría el trabajo de las petroleras en Caquetá, específicamente con el bloque El Nogal, en Valparaíso, Milán y Morelia”, agregó.

La Mesa Departamental y las organizaciones sociales del Departamento, han realizado diferentes acciones para promover la concientización y movilización popular, las estrategias que se han utilizado son: los foros, los talleres, encuentros comunitarios en donde se traen ponentes que conocen del tema y que explican a la gente las consecuencias de la minería. La movilización ha sido una de las formas de manifestación de la comunidad en el municipio de Florencia, por ello se han realizado varias movilizaciones.

Jenifer Osorio

Redacción EXTRA

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/vida-moderna/cultura/exito-en-marcha-carnaval-en-florencia-312167

Con 7.475 votos, Cumaral le dijo no a la exploración sísmica, perforaciones y producción de hidrocarburos en sus territorios, la votación total fue de 7658 votos, de los cuales tan solo 183 eligieron el sí.

Las votaciones iniciaron desde muy temprano en la mañana y transcurrieron sin ningún tipo de inconveniente. En total fueron 22 las mesas instaladas en el municipio que tenía un censo electoral de 15.782 personas y se necesitaba un umbral de 6.000 votos para que la consulta popular fuese legítima.

La pregunta que respondieron los participantes a las elecciones fue ¿Está usted de acuerdo, ciudadano cumaraleño, con que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral (Meta) se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos?.

Actualmente en Cumaral, hay un 80% del territorio que se habría destinado a exploración y explotación de petroleo y se encuentra cubierto con un 90% de Bloques petroleros ( (Condor, CP04, LLA 35, LLA 59 y LLA69) y el proceso de consulta surge tras el rechazó de la ciudadanía a  la actividad petrolera Mansarovar Energy Colombia LTDA, o también conocido como el Proyecto Llanos 69 –LL69.

Con esta decisión Cumaral se suma a los municipios en Colombia como Cajamarca y Piedras del Río que le dicen no a la exploración y explotación minera en sus territorios, con la finalidad de proteger el ambiente.

En octubre de 2016, la Corte Constitucional mediante sentencia T-445 de 2016, llamó la atención sobre un defecto estructural en el desarrollo de la locomotora minera en Colombia, y es que no había certeza sobre los impactos en la ejecución de proyectos mineros, y así su ejecución parecía obedecer a caprichos políticos. Esto denotaba el absurdo que el Gobierno Nacional hubiere construido y ejecutado una política minera sin contar con estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan con anterioridad evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios, pero así se hizo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la República que conformaran una mesa de trabajo interinstitucional a la cual se pudieran vincular entidades estatales y privadas, centros de investigación y miembros de la sociedad civil, con el objeto de construir una investigación oficial científica y sociológica que sirviera de soporte a las decisiones sobre los proyectos extractivos. El pasado martes 16 de mayo, la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente, cumplió la orden, mediante resolución 0931 estableció la creación de dicha mesa interinstitucional.

La falta de estos estudios previos ha llevado a que los conflictos socioambientales se solucionen a través de pronunciamientos judiciales, circunstancia que se ha hecho visible en el último tiempo con cada una de las respuestas que la Corte ha tenido que dar en los casos de oposición por violación de derechos fundamentales a la ejecución de proyectos mineros.

La Corte en octubre del año pasado señaló la necesidad de que el país contara en su marco político con una línea base clara, que definiera los lineamientos de la locomotora minera, pues sin estos, no es posible desestimar las continuas solicitudes desde distintos sectores que señalaban los impactos no deseables. Tales como, el deterioro que produce las actividades mineras en los recursos hídricos, el impacto, daño o afectación que se pueda causar a la vida, las costumbres de los pueblos, municipios o territorios que obligan a contar con este informe para el que la Corte Constitucional señaló un plazo de dos años que ya está corriendo desde hace más de seis meses.

¿Y qué se espera? Que la mesa realice una investigación oficial científica y sociológica sobre la actividad minera en Colombia, que no solo responda al seguimiento trimestral que por su parte deben hacer la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, sino que desarrolle una política estructural para la protección del medio ambiente, en el que los impactos socioambientales de la actividad minera sean respondidos con la salvaguarda de los derechos fundamentales y los derechos colectivos de los habitantes de los territorios en los que se pretenda desarrollar un proyecto a futuro en el país.

Fuente:http://www.contagioradio.com/una-mesa-de-investigacion-sobre-los-impactos-de-la-mineria-en-colombia-articulo-41544/

La movilización busca insistir en la protección de los recursos hídricos.

Para hoy está programada la novena versión de la marcha carnaval por la protección del medio ambiente y en contra de la megaminería. La actividad iniciará su recorrido sobre las dos de la tarde frente a la sede del Sena y culminará en el parque Murillo Toro de Ibagué.

La movilización pretende insistir en la necesidad que la comunidad decida sobre el futuro de sus territorios, priorizando la conservación del recurso hídrico y contra el desarrollo de proyectos de minería a gran escala.

La marcha carnaval también busca llamar la atención de las autoridades del municipio de Cajamarca para que respeten la decisión de la democracia durante la pasada consulta popular donde la comunidad votó mayoritariamente en contra del desarrollo de proyectos mineros en su territorio.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/06/02/ibague/1496402679_896534.html

Todo está listo para la segunda marcha carnaval que se estará desarrollando hoy en contra de la mega minería.

A los dos de la tarde se han dado cita los asistentes a la segunda marcha carnaval que saldrá desde el parque Los Fundadores de Armenia, recorrerá las principales vías de esta ciudad y culmina en la plaza de bolívar.

Según el ambientalista y director de la fundación Cosmos Néstor Ocampo la idea es sentar la voz de protesta contra las firmas mineras y en defensa del agua, la vida y el territorio.

Durante este fin de semana, el municipio de Calarcá será sede del primer festival internacional de caricatura “Por la apropiación y preservación del territorio. Paisaje Cultural Cafetero”, en el que participan 136 dibujantes de 42 países del mundo, son más de 600 trabajos que se van a estar exponiendo con el ánimo de hacer pedagogía con respecto a la amenaza ambiental por la que atraviesa esta región.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/06/02/armenia/1496406180_488965.html

Tomado de El Heraldo

Las obras culminarían antes de finalizar este año, a pesar de la oposición de muchos sectores sociales de La Guajira. Comunidades firmaron un convenio de conservación del arroyo.

A pesar de la férrea oposición de muchos sectores sociales y de una tutela que intentó detener el desvío del arroyo Bruno en La Guajira, Cerrejón afirma que las obras en el tajo La Puente están casi terminadas y podrían estar finalizadas antes de acabar este año.

El Bruno, uno de los 45 arroyos estacionarios que desemboca en el río Ranchería, está siendo desviado en 700 metros en un tramo aproximado de 3.6 kilómetros de la cuenta baja y según la multinacional, esto se hace para proteger su cauce de la zona de extracción minera, la cual se ha ido acercando, ya que este es uno de los tajos activos que tiene Cerrejón, el segundo del que se extrae mayor volumen de producción.

Lo que destaca la empresa es que el proceso de rehabilitación y estabilización ambiental está en un 96%, logrando que las áreas del nuevo cauce ya estén totalmente revestidas con la capa de suelo vegetal y sembrada la primera generación de especies vegetales. “Se ha finalizado la construcción de los 1.000 hábitats que se planearon para ser colonizados por las diferentes especies propias de la ronda hídrica. Algunos de estos hábitats ya han mostrado evidencia de colonización”, explicó Gabriel Bustos gerente de Gestión Ambiental de la compañía.

Este proyecto ha sido objeto de polémica en La Guajira incluso fue catalogado como un “acto de arrogancia”, por parte del geólogo de la Universidad Nacional Julio Fierro Morales, quien participó en uno de los foros académicos que se llevaron a cabo para debatir sobre el tema en la Universidad de La Guajira.

Según él, es imposible que se haga una réplica del arroyo, porque “no es solo agua lo que lo compone, sino vida y eso no se puede replicar”.
Sin embargo, Cerrejón ha insistido en que el proyecto, el cual tiene un costo de $100 mil millones, si replicará las condiciones físicas y bióticas naturale del arroyo, haciendo uso de las mejores prácticas y estándares de ingeniería nacional e internacional.

Bustos aseguró que “el cauce se está estabilizando con el ingreso de agua parcial para que se controlen los sedimentos y todo esto está acompañado de un programa de monitoreo y seguimiento permanente de calidad del agua”.

El arroyo Bruno nace en la cuchilla Montebello en la zona alta de la Serranía del Perijá cerca de la frontera  entre Colombia y Venezuela, tiene una longitud de 8 kilómetros y desemboca en el río Ranchería. De acuerdo con datos disponibles en el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia), el Bruno, que se encuentra entre Albania y Maicao, es un cuerpo de agua de carácter intermitente con comportamiento bimodal, es decir tiene períodos húmedos y otros secos.

Se firmó convenio

Como parte del Plan Integral de Compensación Ambiental del proyecto La Puente, que incluye la desviación del Bruno, se firmó un convenio entre Cerrejón, Conservación Internacional Colombia y las comunidades de El Rocío y Tigre Pozo para la protección y restauración de la cuenca media y alta del arroyo Bruno.

“La firma de este constituye un hito importante tanto para Cerrejón, como para las comunidades, pues permite dar cumplimiento al documento de preacuerdo que se firmó”, asegura la multinacional, que calificó el hecho como histórico y único en el país.

Agrega que con este acuerdo de conservación se busca promover la protección de especies tanto de flora como de fauna, y a su vez empoderar a las familias vecinas del arroyo Bruno en el empleo de prácticas agrícolas sustentables y que generen el mínimo impacto negativo sobre su ronda hídrica.

Cesar Augusto Ruiz director socioeconómico de Conservación Internacional Colombia, especificó que el convenio se firmó con 13 familias de El Rocío y 24 de Tigrera, después de seis meses de negociación.

Explicó que este es un proyecto piloto que por primera se firma a nivel nacional y que “las demás empresas del sector extractivo pueden hacer involucrando a las comunidades”.

Los fallos que intentaron detener el desvío

Marcela Lorenza Gil Pushaina, una autoridad tradicional del asentamiento ancestral La Horqueta 2, comunidad compuesta por 80 indígenas wayuu que está en la zona del arroyo Bruno, interpuso una acción de tutela que resolvió el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, ordenando la suspensión durante un mes de los actos administrativos de la Corporación Autónoma de Desarrollo de La Guajira, Corpoguajira.

Estos permisos fueron para el aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, para lo cual Cerrejón afirma que diseñó un portafolio de medidas compensatorias socioambientales de recuperación y conservación por la intervención del ecosistema y del recurso hídrico, que beneficia directamente a las comunidades de la cuenca del arroyo.

El abogado Pablo Ojeda Gutiérrez, quien representa a la comunidad wayuu argumentó que por la desviación del “cauce ancestral” los indígenas de La Horqueta 2 están sufriendo daños irremediables, “afectando sus derechos fundamentales” a la supervivencia y destruyendo su tejido social, cultural, religioso y sus usos y costumbres.

El fallo amparó los derechos fundamentales a la vida, la salud, al acceso al agua potable, a la consulta previa, al debido proceso e igualdad de los demandantes.

Esto último porque en la zona se encuentra otra comunidad indígena que no obstante encontrarse más distante del epicentro de la intervención minera, fue consultada por la compañía Cerrejón. Esta comunidad es la de Campo Herrera, con la cual la empresa si hizo consulta previa, según lo ordenó el ministerio del Interior cuando se solicitaron los permisos iniciales para el proyecto.

En atención a este fallo de diseñó un plan de compensaciones que tiene un costo aproximado de $4.000 millones y que se puso en marcha en la comunidad indígena La Horqueta 2 por parte de Cerrejón, por lo que las obras se reanudaron entre julio y agosto del 2016.

Cuando se dio a conocer este plan estuvo en La Guajira el ministro del Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo quien dijo en reunión con los miembros de la comunidad y otras autoridades, que algunas acciones eran responsabilidad directa de este proyecto y otras estarán a cargo del ministerio, como la gestión para iniciativas productivas, seguridad alimentaria y conservación ambiental.

“Me di cuenta que es un proyecto bien llevado, muy ajustado a los estándares técnicos y ambientales, por lo que genera mucha tranquilidad”, manifestó el funcionario.

El director de Corpoguajira Luis Medina Toro explicó que también se contempló un sistema de abastecimiento de agua potable y la restauración de diez hectáreas de bosque.

Posteriormente el Consejo de Estado reafirmó la suspensión de los permisos de Corpoguajira, aunque ya se había cumplido con lo solicitado, pero además ordenó a la Dirección de Consulta Previa del ministerio del Interior, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Anla y a Cerrejón, que lleven a cabo un proceso de consulta previa en un mes con respecto a la prestación del servicio público de agua y por la competencia sobre uso del suelo.

El gerente de Gestión Ambiental de la multinacional Gabriel Bustos, afirmó que se ha hecho un ajuste al cronograma, mientras se resuelve el tema de esta consulta previa, pero que “afortunadamente algunas de las obras están todavía dentro de los tiempos y no representan un atraso importante”.

El alto tribunal igualmente pidió que los efectos de esta sentencia se hagan extensivos a las demás comunidades del pueblo wayuu de los municipios de Albania y Maicao, cuya fuente de agua sea el arroyo Bruno o que se afecten directamente con la modificación de su cauce y no solamente con los que viven en La Horqueta 2.

Estas comunidades quedaron descritas en la Resolución 0498 de la Anla expedida en mayo del 2015, en la que los líderes de La Horqueta 2, expusieron la grave situación que viven estas comunidades por causa de la sequía.

Bustos explicó que por ahora la consulta se lleva a cabo con la comunidad de La Horqueta 2 en los otros aspectos y el ministerio del Interior lleva a cabo las verificaciones para establecer si se hace consulta o no con
270 empleos directos. Cerrejón asegura que uno de los beneficios del proyecto es la generación de 270 empleos, 206 de los cuales han sido para guajiros, incluyendo miembros de la comunidad wayuu.

“Hay desde ingenieros hasta mano de obra no calificada, pasando por personal técnico”, precisó Luis Mesa, superintendencia de Desarrollo Sostenible de la multinacional.

Indicó que incluso hay una autoridad tradicional trabajando con ellos, con quien han enriquecido el proceso, porque se han hecho aportes importantes.

“Por ejemplo en la reforestación que estamos haciendo, nos aconsejaron que incluyéramos en las herbáceas plantas medicinales y así lo hicimos”, explicó.

Mesa también aseguró que dos Caracolí que se encuentran en el punto preciso donde se unen los dos cauces, el viejo y el nuevo, no serán intervenidos y allí permanecerán. Esto en respuesta a la preocupación de varios sectores, por la pérdida de árboles milenarios.

Los que se oponen

Un estudio de la organización ambientalista Censat Agua Viva y Sintracarbón  asegura que  “La Guajira, como un territorio con condiciones climáticas, paisajísticas e hídricas particulares tiene que ser entendido de manera integral y las intervenciones proyectadas por cualquier agente externo, deben ser analizadas a la luz de estas particularidades y del carácter interétnico del departamento”.

Por esto consideraron en ese estudio que el desvío es inconveniente para la vida y la dignidad del pueblo guajiro. “Todas las razones además de caracterizar los efectos e implicaciones ambientales, sociales y territoriales del desvío, apuntan a evidenciar que en esta región caracterizada por el estrés hídrico y por la expansión indiscriminada de la industria extractiva, la pérdida de fuentes de agua abastecedoras es una evidente amenaza al derecho fundamental al agua y en conexidad al derecho a la vida de comunidades y pueblos ancestrales que entienden el agua como parte de sus cosmovisiones y su pervivencia”, precisan.

Fuente: http://extractivismoencolombia.org/pese-protesta-indigena-desviacion-del-arroyo-bruno-sigue-curso/

Bogotá.-Luego de dos meses en que casi 98% de los habitantes de Cajamarca dijo no al proyecto de extracción de oro a cielo abierto llamado La Colosa de la compañía surafricana AngloGold Ashanti; este domingo, los cumaraleños irán a las urnas para decidir si están de acuerdo o no con la ejecución de actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos.