Estimados amigos-as:

Desde el Comité Ambiental en Defensa de la Vida los invitamos a respaldar desde sus organizaciones la petición al presidente de la Republica de Colombia para que respete las decisiones tomadas por las comunidades en las consultas populares como resultado de un ejercicio democrático y constitucional amparado por la ley.

La fecha máxima de recolección de las firmas es el 20 de Julio.

Puedes sumarte entrando a los siguientes enlaces:

Español: https://www.escr-net.org/es/peticiones/2017/colombia-acatar-resultados-consultas-populares

Inglés: https://www.escr-net.org/petitions/2017/colombia-comply-results-popular-consultations

Francés: https://www.escr-net.org/fr/petitions/2017/colombie-respectez-resultats-consultations-populaires

¡Muchas gracias por su solidaridad!

Saludos cordiales,

Renzo Alexander García Parra
Comité Ambiental en Defensa de la Vida

Preocupaciones sectoriales

El mandatario aseguró que «el oro es el agua», en un abierto desafío a los intentos por extraer metales preciosos, de una zona aledaña, al páramo de Santurbán.

En un abierto desafío a los proyectos mineros en una región aledaña al páramo de Santurbán, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, anunció apoyo a las manifestaciones públicas que se preparan, durante este segundo semestre del año, en contra de compañías como MInesa.

Incluso el mandatario dijo que «el oro es el agua» en alusión a la necesidad de defender el sector donde nacen los ríos de los cuales se abastece el Acueducto de la capital de Santander. La apreciación fue hecha luego de una reunión con ambientalistas y sectores políticos que se oponen a la explotación minera en los municipios de la provincia de Soto Norte.

«Derrotar la corrupción es derrotar a Minesa; nuestro oro es el agua. Asistiremos a acompañar ese sentimiento de la ciudadanía de no permitir la explotación que a la larga hará que el páramo se convierta en un desierto», anunció el alcalde al referirse a su participación en una marcha programada para el 6 de octubre, en Bucaramanga.

Minesa buscará que la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, otorgue los permisos para entrar a la fase de explotación de 9 millones de onzas de oro, en el municipio de California, Santander.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/07/20/bucaramanga/1500553729_036530.html

La Dirección de Carabineros de la Policía Nacional aseguró que trabajan en desmantelar las organizaciones ilegales que en el Valle del Cauca realizan minería ilegal, ya que los residuos de mercurio presentes en el agua han hecho desertar a los habitantes, incluso se habla de dos casos de personas que fueron diagnosticadas de cáncer estomacal.

La situación se conoció luego de varios meses de investigación y tras denuncias de la comunidad. Al llegar al lugar, las autoridades comprobaron que se estaba extrayendo oro de forma ilegal, por lo que en el momento se logró la captura de 14 personas.

Según el Coronel Henry Sandoval, Jefe Operaciones de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, las altas cantidades de mercurio en el corregimiento de Cisneros sector del río Dagua, representa un peligro para la comunidad, “el uso de químicos mortales como el mercurio, la acumulación de gases a estas profundidades y las condiciones precarias de seguridad en los entables mineros, son una bomba de tiempo”.

Un informe de la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, dio fe del grave daño ambiental ocasionado por la minería ilegal en esta zona del país, generando un alto grado de contaminación por el uso de químicos como el Mercurio, tanto para la salud humana como para el medio ambiente, “un gramo de mercurio, puede contaminar un lago de 8 hectáreas equivalentes a 80.937 m2”.

Fuente:http://www.rcnradio.com/locales/valle/denuncian-habitantes-cisneros-buenaventura-estan-desertando-presencia-mercurio-agua/

La Constitución Política de Colombia comienza en su artículo primero aclarando que esta es una República “descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”. Eso, en el papel, significa que cada región del país administra sus recursos y decide sus propios criterios para el desarrollo.
Y es en el papel porque en la práctica se ha privilegiado una visión centralista de las decisiones públicas, lo que resta iniciativa a los territorios para edificar su propio futuro.
Colombia es un país muy diverso en materia de riqueza ambiental, cultural y productiva, además, las brechas socioeconómicas de sus habitantes y de sus territorios son muy amplias, con zonas muy ricas y otras muy pobres (por no decir olvidadas), lo que hace que también sea un país bastante desigual. Todo esto se traduce en que las problemáticas, las necesidades, las prioridades, las identidades y las expectativas varían de una región a otra.
La forma de interpretar y de poner en práctica la descentralización en Colombia se ha traducido en la posibilidad de elegir a los gobernantes locales o en una mayor participación de los ingresos corrientes de la nación.

Sin embargo, la administración de recursos y la decisión de los criterios de desarrollo se construyen en Bogotá con criterios de homogeneidad geográfica que no representan la realidad de las regiones en muchos casos o con restricciones y direccionamiento administrativos, que constriñen la capacidad de actuación de los gobiernos locales y los limita a aplicar la norma, sin posibilidad de decidir autónomamente sobre la entidad territorial que gobiernan y coadministran con el Estado central.
Como escribe el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor De Currea-Lugo: “Personalmente conozco algunos académicos de teoría de conflictos que lo más rural que conocen es su finca en las afueras de Bogotá, pero hablan con propiedad de Putumayo”.
Una de las formas previstas para otorgar autonomía a las regiones es a través de los mecanismos de participación democrática, consagrados en el artículo 103 de la Constitución Nacional, donde se establece que el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato son alternativas que tiene el pueblo en ejercicio de su soberanía.

Esa autonomía de los ciudadanos de decidir sobre el direccionamiento de sus localidades se ha visto reflejada a través de varias consultas populares sobre la explotación minera en sus territorios. Hay 44 municipios del país en los que la continuidad de proyectos mineros y petroleros se está definiendo a través de estas consultas. Esto, después de que en la sentencia SU 133 de 2017, la Corte Constitucional afirmara que las comunidades son autónomas al decidir si desean o no que se practiquen este tipo de actividades en sus territorios.
Hasta el momento se han llevado a cabo varias consultas populares, la primera de ellas fue en el municipio de Cajamarca (Tolima) donde el NO a la actividad minera en la zona ganó rotundamente con 6165 votos, frente a tan solo 76 votos por el SI. Pero el asunto no es solo de ahora, en 2013 los municipios de Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare) también votaron NO, con resultados de 98,8% y 96,01%, respectivamente.
Las reacciones por este resultado no se hicieron esperar, empezando por el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien trató de minimizar el hecho al considerar que “la consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley (…) no tiene el poder de hacerse retroactiva, es decir, de invalidar decisiones tomadas hacía atrás”. Sin embargo, la decisión que toma la ciudadanía en una consulta popular es vinculante y obligatoria, como lo explica la Corte Constitucional.

El turno luego fue para la consulta popular en el municipio de Cumaral (Meta), donde el No nuevamente ganó con amplia mayoría (7475 votos) frente a 183 por el SI. Posteriormente, el NO también ganó en Pijao (Quindío) y en Arbeláez (Cundinamarca).
En estos municipios los habitantes se juntaron para reclamar que se preservara el agua y los recursos naturales renovables por encima de los proyectos mineros de multinacionales como Anglogold Ashanti y Mansarovar Energy Colombia LTDA.
El sector minero, representado por el ministerio de Minas y por la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), prendió las alarmas ante estos resultados adversos y ante la posibilidad de que se repitan en más de treinta municipios del país que han convocado a consultas populares, entre ellos, Marmato (Caldas) y El Paujil (Caquetá), Ibagué (Tolima), Pasca, Cogua y Fusagasugá (Cundinamarca); Carmen de Chucurí (Santander); Oporapa (Huila); La Vega, Almaguer y Sucre (Cauca); San Lorenzo (Nariño) y Pueblorrico (Antioquia), entre otros. Pero en lugar de analizar por qué las comunidades rechazan estas explotaciones mineras o cuán adversos han sido estos proyectos para los suelos y el agua de los territorios, la salida propuesta ha sido de corte antidemocrático, al cuestionar los alcances de las consultas populares y buscar la manera de limitar los mecanismos de participación ciudadana.

Pareciera entonces que las consultas populares y otros mecanismos de participación ciudadana, como la revocatoria de alcaldes, son aplaudidos como figuras que fortalecen la democracia siempre y cuando no se pongan en práctica. Si el resultado me favorece, bienvenido sea, pero si me es adverso, entonces hay que buscar la forma de minimizar el poder de los ciudadanos de decidir sobre el futuro de sus propios territorios.
La otra salida para enfrentar estas consultas mineras ha sido la de argumentar que se puede llegar a frenar el empleo, la inversión y el desarrollo del país, como si la única posibilidad para estas localidades rurales fuera la minería, dejando en segundo plano otras alternativas importantes como el turismo, el comercio o la agricultura.
“Los municipios mineros, con excepción de algunos municipios antioqueños, tienen un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas peor que la media nacional”, como explica la investigadora principal y coordinadora de la línea ambiental en Dejusticia, Diana Rodríguez. Entonces, ¿de qué progreso estamos hablando? ¿Qué les queda a los municipios rurales de estos proyectos de extracción?
Extracción es una palabra muy adecuada porque en ultimas lo que se hace es despojar de sus recursos a los territorios, y eso es lo que tratan de defender sus pobladores. El mensaje que está quedando de estos resultados rotundos por el NO es que una mayoría de la población está en contra de la extracción desenfrenada y a gran escala de sus recursos, y que las actividades mineras se deben conciliar con los pobladores y con la naturaleza.
La soberanía no recae exclusivamente en la presencia que el Estado, a través de sus autoridades, haga sobre cada rincón del país, los habitantes también la ejercen a través de los mecanismos de participación ciudadana que les concede la Constitución Nacional para definir el rumbo de su zona.

Fuente:http://blogs.eltiempo.com/ambiente-urbano/2017/07/18/las-consultas-mineras-y-el-ejercicio-de-la-soberania/

Fuentes que estuvieron en la reunión aseguraron que el mandatario Rodolfo Hernández se habría comprometido a apoyar la marcha del 6 de octubre.

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez recibió en su despacho a tres de los comités que lideran una resistencia frente a los intentos de compañías mineras por hacer explotaciones en zonas aledañas al páramo de Santurbán, en la cordillera oriental, en el departamento de Santander.

El mandatario se entrevistó con cerca de 30 integrantes del Comité de Defensa de este ecosistema, protegido por una delimitación que hizo el ministerio del Ambiente; del movimiento Cívico Conciencia Ciudadana y de Dignidad Ciudadana, un bloque liderado por el aspirante al senado de la República, Leonidas Gómez.

Caracol radio conoció que en la reunión, el alcalde habría prometido ponerse a la cabeza de la marcha del 6 de octubre, que se prepara para expresar el rechazo a un intento por extraer metales precisos de un área próxima al páramo.

Ese proyecto corresponde a la compañía Minesa, una empresa que tiene títulos en el municipio de California; de hecho, la organización anunció que en cualquier momento, durante este segundo semestre del año va a presentar la solicitud de licencia ambiental, ante la ANLA, para iniciar con el proceso de extracción de 9 millones de onzas de la cordillera.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/07/19/bucaramanga/1500418579_537271.html

Dos victorias aplastantes del No en Arbeláez, Cundinamarca, y Pijao, Quindío, les cerraron las puertas a los proyectos mineros en sus municipios. 

Las calles de Pijao, en el sur del Quindío, se vistieron de fiesta desde el inicio de las votaciones. Ni siquiera en las festividades aniversarias del municipio se habían visto tantas personas en esta localidad. Pero es que ayer fue un día atípico en este tranquilo poblado, que forma parte de la red mundial Cittaslow o ciudades sin prisa.

La mayoría de los habitantes de este municipio esperaban ansiosos el día en que pudieran votar en contra de las actividades mineras en su territorio. Y ayer fue ese día, pues se llevó a cabo la primera consulta popular contra la minería en el Eje Cafetero. 

2.613 habitantes de este poblado le dijeron no a la pregunta ¿está de acuerdo con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?
De los 6.073 habilitados para votar, 2.673 personas acudieron a las urnas. El umbral fue fijado en 2.025 votos. 26 personas votaron a favor de los proyectos mineros, ocho votos fueron anulados y 26, no marcados. En total, el 97,76 por ciento de los votos fue por el No.

“Simplemente, la ciudadanía fue respetuosa de la Constitución y de la ley, y hoy salió democráticamente a decir ‘Pijao quiere una vocación agrícola’”, sentenció la promotora de la consulta, Mónica Flórez, tras conocer el triunfo de las personas que estaban en contra de la minería en su territorio.

Autoridades y ambientalistas de diferentes organizaciones, e incluso de otras ciudades, se habían trasladado hasta el municipio desde el sábado pasado, y algunos desde hace semanas, para apoyar a la ciudadanía.

El ambientalista Néstor Ocampo señaló que “esto es un ejercicio mayor de la democracia; lo que ha sucedido en Pijao ha movilizado a mucha gente. Diversos sectores que han tenido diferencias estuvieron de la mano promoviendo la consulta popular, y grupos de jóvenes que llevan tres semanas visitando finca por finca haciendo pedagogía. Además, el espíritu de unidad departamental se dio aquí”.

De las 2.673 personas que votaron, la mayoría fueron mujeres y adultos mayores, según datos entregados por la coordinadora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Quindío, Betty Martínez. “La gente de Pijao se ha comportado a la altura, ha habido gran participación; sin embargo, una de las quejas fue la disminución en el número de mesas de votación, lo que retrasó un poco la votación en esas mesas. Otra, que tampoco se dispuso una mesa para la población discapacitada”.

Leonilde Niño tiene 90 años y fue una de las primeras en acercarse a la mesa de votación en la institución educativa Santa Teresita, en el casco urbano de Pijao, Quindío. “Ave María, yo no me quedo en la cama para que Dios nos ayude, nos libre y nos favorezca; voté por el No, por el peligro que es la minería”.

Para esta consulta popular se instalaron nueve mesas de votación, seis de ellas en la institución educativa Santa Teresita en el área urbana y tres más en dos veredas y un corregimiento del área rural. Sin embargo, se presentaron varias denuncias por la reducción en el número de mesas, que para otras elecciones era de 18 en todo el municipio, el cual cuenta con 24 veredas.

Según el personero del pueblo Albert Quintero, las distancias entre las veredas son de más de 45 minutos, y desplazarse hasta las mesas de votación podría tardar toda una mañana o, incluso, el día. “Las veredas están a más de 45 minutos y las carreteras están en muy mal estado”, dijo.

Esta podría ser la razón de la abstención de más de 3.000 personas habilitadas para votar y que no asistieron a las urnas. Por eso, no obstante la celebración por el triunfo del No, quedó un sinsabor en el ambiente. Los promotores esperaban que por lo menos 3.000 personas votaran.

Ángel María Preciado, asesor del presidente del Consejo Nacional Electoral y delegado de esta institución en la jornada de ayer, informó que todo “se desarrolló en condiciones normales, lo único que se advirtió por parte de nosotros fue alguna publicidad que debió retirarse para el día de hoy, y se dejó constancia en los comités electorales y también la prohibición de los sitios de información”.

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/gana-el-no-en-consulta-popular-minera-de-pijao-quindio-107212

Este miércoles se suscribió un convenio por 1.540 millones de pesos para erradicar el uso del mercurio en las actividades mineras en Antioquia.

El convenio lo suscribe la Gobernación de Antioquia, con el SENA y el Centro Provincial Minero del Alto Nordeste Antioqueño, y propiciará la erradicación del uso del mercurio en cerca de 14 plantas de beneficio.

Con el proyecto los pequeños mineros, unos 400, recibirán asesoría técnica para eliminar el uso del mercurio en el beneficio del oro, mejorando su productividad a través de la adopción de tecnologías limpias, mejores prácticas mineras y ambientales en las diferentes subregiones del departamento.

Del valor total del convenio, $1.300 millones los aporta la Secretaría de Minas de Antioquia, $150 millones el SENA y $90 millones el Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste Antioqueño.

El promedio de utilización de mercurio por una planta de beneficio cada mes es entre uno y cinco kilogramos, por lo tanto, se estima que con la intervención en este proyecto se eliminaría mensualmente entre 14 y 70 kilogramos.

Fuente:https://www.minuto30.com/cero-mercurio-en-la-mineria-es-una-defensa-a-la-vida-y-una-defensa-al-medio-ambiente-gobernador-de-antioquia-video/436909/

Oscar Salazar, líder del Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega, explica la situación que padece este municipio del macizo colombiano con relación a la problemática minera, los desarrollos en materia de movilización que las comunidades vienen llevando a cabo y la consulta popular que han decidido realizar para decir el futuro de esta región estratégica para la conservación de la vida de Colombia y parte de Suramérica.  Aquí la entrevista completa.

ACPA Cauca/ ¿Cuál es la situación del municipio de la Vega en relación a la problemática minera?

Oscar Salazar/ La situación del municipio de La Vega es bastante crítica si tenemos en cuenta que la minería legal tiene trece títulos otorgados, 69 solicitudes en proceso y uno de los bloques de las zonas estratégicas mineras. De modo que eso, conjugado con la minería ilegal que nosotros llamamos minería mercenaria hacen que la situación sea bastante grave y frente a eso es que hemos actuado en acciones de control de territorio por la defensa del medio ambiente y la cultura.

ACPA Cauca/ Frente a esta problemática que se vive en La Vega el fin de semana pasado las organizaciones y las comunidades del municipio conformaron el comité promotor de la Consulta Popular, ¿cuál es el objetivo de esta consulta?

O.S./ Bien. Nosotros hemos pensado en que es necesario hacer esta consulta popular a las comunidades de nuestro municipio y aún no hemos definido si lo focalizamos en minería, minería metálica o sí también vamos a incluir las hidroeléctricas, o si también vamos a incluir las exploraciones de los hidrocarburos. Es una discusión que aún tenemos al interior de los procesos organizativos porque todas estas tres formas de exploración de recursos son una amenaza contra nuestro territorio.

ACPA Cauca/ Este tipo de acción legal, constitucionalmente y jurídicamente soportado, se le suma la movilización social que las comunidades de La Vega han hecho en el municipio. ¿Qué otro tipo de acciones vienen en camino  para hacer frente al tema de la minería?

O.S./ Bueno, nosotros hemos generado por quince años ya, un proceso de formación respecto a lo que significa la gran industria minera y la problemática de la confianza inversionista, en esta actividad absolutamente agresiva frente al medio ambiente y las culturas. Ese proceso de formación nos ha llevado a generar dinámicas de choque contra la política minera y sus prácticas, pero adicional a eso también hemos generado iniciativas al interior de nuestras comunidades para el fortalecimiento, empoderamiento de nuestras comunidades con relación al medio ambiente, seguimos entonces con nuestros programas de política popular, como el de la apropiación colectiva integral del territorio o el de Ojos de Agua, Una Mirada al Futuro, son acciones en positivo para el empoderamiento de nuestras comunidades frente al territorio y el medio ambiente. Como lo decía, seguiremos con las marchas por la vida y por el agua, acciones directas contra las prácticas de los mercenarios mineros que llegan a nuestro territorio a tratar de convertir un territorio minero que no es minero. Son de las dinámicas que han marcado nuestro trasegar, es parte de la lucha que hacemos día a día.

ACPA Cauca/  En relación a la consulta popular: ¿cuáles son los siguientes pasos para que esta acción legal y legítima se pueda realizar?

O.S./ Como esta consulta popular es de iniciativa ciudadana, el primer paso es la constitución del equipo promotor y la inscripción del mismo. Hay unos formularios que se deben llenar, esa parte es fundamental. De ahí toca recoger las firmas en formularios que da la Registraduría, para lo cual se tiene un plazo de seis meses. Recogida las firmas, tiene que ser más del 10% de firmas válidas que tienen que estar dentro de las firmas de los ciudadanos que están censados en el censo electoral de la jurisdicción respectiva. Si se logra pasar al 20%, entonces se obviaría el siguiente paso, que es el control político por parte de concejo municipal en relación a lo conveniente o inconveniente la consulta popular por el concejo municipal. Es el siguiente paso repito, eso si se tiene entre el 10 y 20%. Sí se tiene más del 20% ese paso no tiene necesidad de surtirlo y se pasa al control constitución por parte del Tribunal Administrativo. En este caso del departamento del Cauca, entonces si ya se pasan estos controles se tienen que señalar una aprobación de la consulta popular y una vez, la aprobación de la consulta popular como procedimiento, se tienen tres meses para realizar la consulta; esto implica un periodo máximo en términos legales, de once meses  y mínimo si no se utilizan todos los lapsos que da la norma consideramos, cuatro meses es factible realizarlo.

ACPA Cauca/ Finalmente, los acuerdos de paz y la respectiva implementación, ¿Cómo afecta al Macizo Colombiano?

O.S./ Los acuerdos de paz son una gran esperanza para el pueblo colombiano y los territorios, dado lo que ahí fue pactado. Pero para el caso del Cauca, que hayan solo 21 municipios dentro de los municipios PDET y que el gobierno nacional no haya permitido que se priorice más municipios y en este caso ninguno fue priorizado en el Macizo colombiano, creo que es de las peores faltas de voluntad política que ha mostrado el gobierno colombiano en la implementación de estos acuerdos, porque los PDET, son definitivamente una esperanza de redención para los territorios que han sido golpeados por las condiciones de pobreza en que han sido sumidos por las políticas estatales.

Por: Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa del Cauca (ACPA Cauca)

12 de julio de 2017.

Fuente:http://radiomacondo.fm/2017/07/13/seguiremos-las-marchas-la-vida-agua-acciones-directas-las-practicas-los-mercenarios-mineros-macizo-colombiano/