El Ministerio de Hacienda no giró los recursos para que la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará la consulta ciudadana sobre la gran minería, en el municipio de San Lorenzo, norte del departamento de Nariño, proceso que estaba aprobado por el Ministerio de Minas y ahora existe tendencia del gobierno para acabar con esos mecanismos de participación comunitaria en la explotación de minerales.

Ante ese incumplimiento, la comunidad de San Lorenzo, alcalde municipal y funcionarios de entidades ambientales de la región, realizaron jornada de inconformismo y ahora buscan alternativas para defender el territorio que las empresas multinacionales están interesadas en la exploración y explotación de minería a gran escala.

Los últimos gobiernos han entregado a empresas multinacionales extensas regiones del departamento de Nariño, para que las perforen, situación que atenta contra los recursos naturales y por eso se oponen los campesinos e indígenas quienes han realizado movilizaciones y jornadas de protesta.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/gobierno-incumplio-con-la-consulta-sobre-mineria-en-san-lore-383005

Entre febrero y marzo, esta población no utilizará este elemento para la actividad minera.

Al principio no veían con buenos ojos que un grupo de investigadores llegara a sus entables mineros a enseñarles otras alternativas para extraer y procesar el oro. Sin embargo, luego de explorar dichas alternativas, hoy el municipio de Andes, en el suroeste antioqueño, busca ser el primero de Colombia que practique la minería sin mercurio.

Argumentando leyes que no existen y escogiendo como válidos solo argumentos del Estado y Anglo Gold Ashanti, los jueces de Medellín dan vía libre a la minería.

Sí. Doloroso decirlo, pero a las críticas y las acusaciones recientes en las cortes se suma esta forma de actuar que han tomado algunos magistrados del Tribunal Superior de Antioquia y de otros departamentos. De manera muy curiosa, declaran No Válidos los acuerdos de los concejos municipales que prohíben ciertas formas o clases de minería para defender el medio ambiente en sus territorios.

Violando el debido proceso y claras normas de la Constitución, de frente, apoyándose en normas derogadas hace ya bastante tiempo o contrariando abiertamente sentencias de las cortes que son muy claras. Y tales formas de actuar, en lugar de buscar la defensa del bien colectivo, lo único que benefician es el conjunto de intereses de grandes empresas explotadoras, casi siempre gigantes multinacionales cuyo comportamiento en Colombia ha sido poco correcto.

En el caso de Antioquia, donde la minería de metálicos de mediano y gran tamaño en otros minerales ha sido proscrita por once municipios del Suroeste. Lo han hecho por tener clarísima vocación muy diferente de la minera. Pero el Tribunal Administrativo ha declarado No Válidos los Acuerdos proferidos al respecto por los concejos de Urrao y Jericó y están pendientes los otros, empujados hacia el mismo lado por las autoridades mineras nacionales y regionales. Esta decisión es cuestionable pues sólo la fiscalización de las decisiones de los consejos está en dentro de sus funciones, mas no el apoyo y la promoción. Las declaratorias de No Válidos en estos casos se han estructurado así de fácil, de claro, y de absurdamente contrarias a la normatividad vigente.

Por un lado el Tribunal de Antioquia omitió analizar las intervenciones de los concejales de Urrao y de Jericó y las de otras organizaciones y personas muy conocedoras como el abogado Rodrigo Negrete Montes, el Semillero de Minería de la Universidad de Antioquia y otros representantes de la comunidad, en las que explicaban sus razones para que se aprobara el Acuerdo. Pero en cambio sí acogió las intervenciones de la Asociación Colombiana de Mineros, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, de Minera Quebradona (AngloGold Ashanti) violando así claramente los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la participación, previstos en la Constitución Nacional.

Igualmente el Tribunal pasó por alto la existencia de las Exposiciones de Motivos de los dos Acuerdos, en donde están nada menos que las razones que justifican la prohibición de la minería, con argumentos de tipo constitucional y legal, basados en sentencias de la Corte Constitucional.

La Sentencia T445 de 2.016 de la Corte Constitucional establece cosas supremamente importantes y claras que son violadas por el Tribunal. Por ejemplo “La Corte considera que cuando la Carta se refiere al Estado, y le impone un deber, o le confiere una atribución, debe entenderse prima facie que la norma constitucional habla genéricamente de las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales (…) la Carta utiliza la palabra Nación cuando se refiere a las competencias propias de las autoridades centrales, mientras que la palabra Estado denota en general el conjunto de todas las autoridades públicas.” Por ejemplo, el artículo 288 establece que corresponde a la legislación orgánica territorial establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”. Así mismo establece que, el artículo 313 señala que los concejos deben dictar las normas necesarias para garantizar el “control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico municipal”

Y lo más importante: que, “administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política, resuelve: Precisar que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera.”

Más claro no canta un gallo, pero el Tribunal se va contra todo esto, desconociéndolo o negándolo.

La minería en el suroeste antioqueño es un problema al que no han podido echar por tierra. El año pasado, cerca de una docena de municipios aprobaron acuerdos municipales diciéndole no a la minería metálica, y, para este 2018, las secretarías de Gobierno y de Minas de Antioquia, articuladas con el Ejército Nacional, informaron el cierre de minas en sectores donde se desarrollan actividades ilegales.

Es decir, aquellas que no están amparadas por un título minero, que son consideradas zonas de amenaza o presentan alto riesgo para quienes laboran allí.

“Entre las zonas impactadas se encuentran la cuenca del Sinifaná, en los municipios de Angelópolis y Amagá, donde se cerraron 33 bocaminas por ser esta región la de mayor número de accidentes presentados en la minería ilegal”, explicó Dora Balvin, secretaria de Minas de Antioquia.

Dichos cierres se llevaron a cabo con la debida priorización por el nivel de riesgo de cada unidad minera, con su respectivo acto administrativo expedido por la administración municipal competente. En cada caso se ordenó la suspensión y cierre de actividades de extracción.

En todo el suroeste, según explicó la secretaría, hay 156 de los 1.325 títulos mineros de Antioquia. Es decir que equivalen al 12 por ciento del territorio.

De igual forma, durante este año se continuará con los operativos de cierre de minas ilegales, para lo que tendrán en cuenta las solicitudes allegadas por las alcaldías municipales, “en las que se plasman necesidades en capacidad técnica y operativa para erradicar extracción ilícita de minerales en su territorio”.

Además, la funcionaria aclaró que la actividad no se trata solo de cierre. Para que los mineros impactados con la decisión puedan seguir ejerciendo su profesión bajo la legalidad, la secretaría puso a disposición diferentes programas de asesoría y capacitación en torno a los procesos de regularización.

Con estas iniciativas, la secretaría informó que ha regularizado 52 unidades productivas mineras (UPM), lo que representa un total de 800 empleos directos generados.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/anuncian-cierre-de-33-bocaminas-en-el-suroeste-antioqueno-170258

Pese a que el Tribunal Administrativo del Quindío había dado la orden al Ministerio de Hacienda para tramitar los recursos necesarios para desarrollar la consulta popular en el municipio de Córdoba, Quindío, esa cartera ha hecho caso omiso a dicha decisión. Por ello el comité promotor de la consulta popular en Córdoba anunció que interpondrá una denuncia penal en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por desacato.

“El fallo es muy claro al ordenar a la Registraduría y a Minhacienda que adelanten las actividades necesarias para garantizar la realización de la consulta. La Registraduría lo hizo y el ministerio nunca se comunicó con la alcaldía y no respondió los requerimientos que se le hicieron para que participará en los dos comités de seguimiento electoral en diciembre”,  señala  Camilo Gómez, vocero del Comité a Crónica del Quindío.

El líder agrega que si bien la Registraduría ya ha acatado la orden y estipuló la fecha para el próximo 21 de enero, el Ministro se ha burlado de la orden del Tribunal y se ha pasado por la ‘faja’ la decisión de los magistrados».

La denuncia está basada en el artículo 454 del Código Penal Colombiano, donde  se establece el delito de fraude a resolución judicial. De ser así, este funcionario público podría pagar hasta 6 meses de prisión, además de una multa entre 5 y 50 salarios mínimos legales vigentes.

Habitantes se alistan para la consulta 

Mientras tanto ya se adelantan los preparativos del evento electoral y el Comité se ha reunido con las autoridades pertinentes como el registrador local, el alcalde, los secretarios de Gobierno y Planeación y el vocero del comité promotor.  Además se adelantan actividades pedagógicas, aunque aseguran que la población es consiente de la importancia de participar de la consulta.

“Hay que dejar en claro que el municipio, desde un principio, dijo que tenía el dinero para hacer la consulta, pero fue el mismo ministerio el que dijo que no se podía. Ellos cambiaron de manera abrupta las reglas y eso no lo pueden hacer. Esto es una burla al sistema de participación democrática de los ciudadanos, no solo de Córdoba, sino de otros 10 municipios que están en la misma situación”, dice Camilo Gómez.

Cabe recordar que en Quindío también el consejo municipal de Salento, le dio el visto bueno a la posibilidad de que a través de una consulta popular puedan decidir si quieren o no el desarrollo de actividades mineras en su territorio, de manera que se protejan riquezas naturales del país como el Valle del Cocora.

 Fuente:https://www.contagioradio.com/demanda_minhacienda_fallo_consulta_popular_cordoba_quindio-articulo-50441/

La comunidad decidirá en el 2018 si desean que la minería esté presente en su región.

Gachantivá decide a finales de enero si avala o rechaza actividad la minera en esta región.

La administración municipal fijó el 28 de enero como fecha tentativa para la realiza­ción de la consulta.

Consulta

A través de una consulta popular, Cajamarca, municipio tolimense, le dijo no a uno de los proyectos más ambiciosos de extracción de oro: La Colosa. Desde entonces busca convertirse en la despensa agrícola del país.

Desde el puente del río Tonusco, en Santa Fe de Antioquia, ya no se ve el agua. Por el contrario, son evidentes montañas de piedras de unos 30 centímetros y las retroexcavadoras se mueven constantemente a orillas del afluente, a metros del Cauca, donde desemboca.

Del lugar, a 4 kilómetros del casco urbano, en las partidas al corregimiento Bolombolo de Venecia, la cantera Agregados El Tonusco extrae diariamente 800 metros cúbicos de piedra y material de construcción llevados, principalmente, a Medellín por la troncal de Occidente.

El gerente de la empresa, Alexánder Graciano, asegura que su actividad es legal y que cuenta con licencias de la autoridad ambiental.

Sin embargo el panorama luce devastador para algunos turistas, como Jorge Montoya quien manifiesta su preocupación, porque cada vez se ve menos agua y más polvo.

“La alta temperatura y la cantidad de máquinas y piedra hacen sentir más calor y pone más feo el paisaje”, dice.

Vigilancia estricta

José Roso Muñoz, secretario de Planeación de Santa Fe de Antioquia, acepta que el panorama que muestran los trabajos bajo el puente del Tonusco no es el mejor, pero apunta que la empresa que los lleva a cabo no daña el medio ambiente.

“Conserva las distancias del río y no lo afecta. Tiene un plan de dragado, que se lo presentaron a Corantioquia, y cuando hay invierno se evita que inunde las casas de la zona”, destaca.

Agregados El Tonusco se creó formalmente hace 16 años. Sus fundadores fueron paleros que sacaban el material del río con herramientas manuales y entraron en un proceso de formalización que los llevó a obtener títulos y permisos, tanto del gobierno departamental como de Corantioquia.

Si bien esa autoridad ambiental de la región, da fe de la licencia de explotación que le otorgó a Agregados, también reporta que ha adelantado investigaciones por presuntas irregularidades en la actividad que desarrolla la empresa, que ha acatado las recomendaciones realizadas.

Sin embargo, todavía la autoridad ambiental continúa con el análisis de los casos.