23/10/2022
Cuatro motores, tres bandas clasificadoras de material aurífero, 100 metros de tubería y otros materiales utilizados para esta actividad ilícita fueron destruidos de manera controlada en el lugar de los hechos.

En marco del Plan Perseo, con el cual se fortalecen las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en todo el territorio, tropas del Ejército Nacional, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación con la Policía y de manera interinstitucional con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas capturaron en flagrancia a cuatro sujetos por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Hasta la vereda Las Palmeras, en el municipio de Curillo, departamento de Caquetá, llegaron las tropas del Batallón de Infantería N.° 34 de la Décima Segunda Brigada, para intervenir tres pozos que eran utilizados para la extracción ilegal de minerales, los cuales generaban un significativo flujo de dinero ilícito.

Durante la operación militar se hallaron cuatro motores que corresponden a dos dragas artesanales, también tres bandas clasificadoras de material aurífero y 100 metros de tubería, entre otros materiales y equipos utilizados para esta actividad ilícita.

Cabe resaltar que en el lugar se presentó una protesta social por parte de los habitantes del sector, quienes durante todo el día bloquearon la vía para impedir el paso de la Fuerza Pública, retardando el procedimiento legal pertinente, pero gracias al entrenamiento de nuestros soldados en el manejo de estas situaciones y la aplicación del mando tipo misión, se evitó que la protesta se tornara violenta.

El Ejército Nacional de manera interinstitucional, con las autoridades judiciales y ambientales de la región, continuará trabajando en el sur del país para contrarrestar todas las prácticas de contaminación del recurso hídrico, la afectación de especies vegetales y las vidas humanas en la Amazonía colombiana.
https://diariolalibertad.com/sitio/2022/10/23/en-operacion-militar-contra-la-mineria-ilegal-fueron-capturadas-cuatro-personas-en-el-caqueta/

Es la denuncia que hace un líder sindicalista después de las protestas que se dieron en Cesar en contra de la reforma tributaria de Petro.
21/10/2022
Protesta minera en Bogotá en contra de la tributaria no habría sido iniciativa de obreros sino de altos mandos, afirma líder sindicalista.
Las protestas se realizaron el 13 de octubre. /FOTO: CORTESÍA.

El medio de comunicación digital La Silla Vacía publicó un reportaje titulado ‘Drummond agita masas y puso la logística en marcha contra la reforma tributaria de Petro’, haciendo referencia a las protestas del 13 de octubre.

Ese día, se presentaron dos movilizaciones en el Cesar, una en La Jagua de Ibirico y la otra en Valledupar en la que, presuntamente, “Drummond jugó un rol clave en la narrativa y en la logística del evento”.

Dicho medio asegura que dos días antes de los hechos, a los empleados de la empresa les habría llegado un correo titulado “Memorando marchas 13 de octubre”.

Gran empresa habría organizado logística de las movilizaciones
En el oficio se lee que el departamento de Recursos Humanos agradeció a los trabajadores, contratistas y familiares “la solidaridad que han manifestado a favor de la empresa con ocasión del proyecto de reforma tributaria”.

Además, que Drummond decidió “apoyar y brindar la logística” para quienes decidieron participar de las marchas e invitaron a quienes trabajan de forma remota.

El itinerario expuesto en dicho documento publicado por La Silla Vacía estaba dividido en turnos diurno y nocturno, de la siguiente manera.

Además de Valledupar, en La Jagua se manifestaron cientos de personas, también llegaron de municipios aledaños. /FOTO:CORTESÍA.
Había buses esperando para llevar a las personas a los lugares de encuentro
“A partir de las 3:30 p.m., los supervisores deberán llevar a los empleados desde las áreas hacia el centro de producción de alimentos y comedor Valledupar respectivamente. A las 4:00 p.m., los buses salen hacia La Jagua de ibirico”, se indicó.
Y el turno nocturno conllevó a que los empleados de Agustín Codazzi y Becerril tomasen los buses en los horarios “acostumbrados haciendo una parada en la subestación eléctrica de La Jagua de Ibirico”, en donde se dispuso transporte hasta el punto de inicio de la marcha.

En Valledupar inició en la glorieta La Ceiba y culminó en la plaza Alfonso López con alrededor de 300 personas, mientras que en La Jagua se tomaron la plaza principal del pueblo.

Líder sindical denuncia que no fue iniciativa de trabajadores
En medio de las jornadas, EL PILÓN conversó con Ígor Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, quien manifestó que estas marchas fueron “incentivadas por el personal administrativo de mayor rango en las empresas mineras”.

La razón, según el sindicalista, es que “creen que la reforma tributaria les afecta sus bolsillos”.

Y agregó: “y claro que les afecta porque las grandes ganancias de los administradores en Cerrejón no se compara con quienes hacemos las labores de obrero en el rol diario de las empresas”.

La versión de Drummond
El presidente de la organización extractiva, José Miguel Linares, se pronunció a través de la red social Twitter sobre lo publicado por la prensa.

“Señores La Silla Vacía, como les compartimos en las respuestas que les enviamos a principios de semana, empresas contratistas de transporte, de manera voluntaria, fueron las que se ofrecieron a organizar rutas para que empleados y contratistas se pudieran desplazar a los lugares de las marchas”, aseguró.

Linares subrayó que como compañía han atendido el llamado de organizaciones sindicales, de líderes de opinión, de gremios del Cesar y Magdalena, universidades, senadores y representantes de diferentes bancadas.

De hecho, la diputada cesarense Claudia Margarita Zuleta le dijo al citado diario que miembros de la duma se reunieron con los directivos, quienes expusieron los impactos que tendría el nuevo modelo de tributación.
https://www.pulzo.com/nacion/protesta-minera-contra-tributaria-no-habria-sido-iniciativa-obreros-PP2090262A

Los trabajadores aseguran que la reforma tributaria amenaza empleos, ingresos de las familias, inversiones y pagos de impuestos y regalías a los municipios.
11/10/2022
El sector minero hizo aportes por más de $5 billones en impuestos y regalías en 2021.
En la reforma tributaria se incluyó una sobretasa de renta para las empresas del sector minero energético. – Foto: ACM
Este jueves 13 de octubre, los trabajadores de empresas mineras y contratistas llevarán a cabo marchas y plantones en diferentes municipios para pedirle al Gobierno nacional y al Congreso de la República que reconsideren la carga tributaria sobre ese sector.

Consideran que estas medidas ponen en riesgo la continuidad de las operaciones de esta industria en los departamentos como Cesar, La Guajira, Magdalena y Córdoba. Además, mencionan que la reforma tributaria amenaza los empleos, los ingresos de las familias, las inversiones sociales en las comunidades y los pagos de impuestos y regalías a los municipios.

“El efecto de incrementar fuertemente los impuestos a las empresas mineras puede significar el cierre definitivo de esta actividad, que ha sido y seguirá siendo sustento de nuestras familias y economías regionales”, afirmó Alexander Salazar, uno de los líderes de esta iniciativa en el Cesar.

Por su parte, Orieta Ortiz, líder de las marchas en La Guajira, manifestó que “la minería genera beneficios para los que trabajamos en las compañías del sector y también a nuestras familias, a las comunidades y a todos los guajiros. No es posible que una reforma que está destinada para desarrollar proyectos sociales se haga amenazando la estabilidad y el futuro de cientos de miles de colombianos”.

En Valledupar, las marchas y plantones pacíficos comenzarán a las 9:00 a. m. desde la Glorieta de los Músicos (La Ceiba) hasta la plaza Alfonso López. En el municipio de Ciénaga (Magdalena), iniciarán desde las oficinas de la concesión Ruta del Sol hasta el templete.

El sector minero hizo aportes por más de $5 billones en impuestos y regalías en 2021.
Las marchas se realizarán en varios municipios de los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Córdoba. –

Foto: ACM

En La Guajira, los manifestantes saldrán a las 8:00 a. m. desde el acceso principal de Cerrejón y llegarán a la plaza principal del municipio de Albania, mientras que en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) se realizará un plantón a las 5:00 p. m. en la plaza principal.

“Con este tipo de manifestaciones buscamos generar alertas sobre la evidente posibilidad de quedarnos sin empleos, sin inversión social, y desencadenar en una situación de mayores necesidades y hambre que se podría vivir en nuestros municipios, de una escala inimaginable, tal como ya se evidencia con la salida de otras empresas en el Cesar”, agregó Alexander Salazar.

Llamas azules del quemador de la estufa de gas. Foto de alta resolución de llamas azules de una estufa de gas de cocina.

El golpe de la reforma tributaria al sector minero
En la ponencia de la reforma tributaria, que fue aprobada en un primer debate la semana pasada, se incluyó una sobretasa de renta para las empresas que producen petróleo, carbón, oro y otros metales preciosos, esmeraldas y piedras preciosas y semipreciosas.

Esta sobretasa estará vigente solo por tres años: en 2023 sería del 10 %, en 2024 bajaría a 7,5 % y en el tercer año de vigencia (2025) sería del 5 %, para empresas que tengan una renta gravable igual o superior a 50.000 UVT, que equivalen a $ 1.900 millones.

Esta sobretasa se incluyó para reemplazar el impuesto del 10 % a las exportaciones de petróleo y carbón. Además, en la ponencia de la reforma tributaria se revivió la no deducibilidad de las regalías, que en días pasados se había propuesto reemplazar por una sobretasa del 5 % en el impuesto de renta.

El sector minero hizo aportes por más de $5 billones en impuestos y regalías en 2021.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el sector aportará más del 32 % del total de la reforma tributaria. – Foto: ACM
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), actualmente el sector tiene la tasa de tributación más alta de la región, del 74 %, y con la sobretasa y no deducibilidad de las regalías que se propone en la reforma tributaria, la carga quedaría cerca al 90 %. “Esto pone en alto riesgo la viabilidad de los proyectos”, aseguró.

“Es discriminatorio, inequitativo y desproporcionado que un solo sector de la economía, la minería, aporte más del 32 % del total de una reforma tributaria ($ 7 billones, según cálculos de la ACM) y cerca del 70 % si se incluye el petróleo, desconociendo la real capacidad contributiva de las empresas y las graves consecuencias que traería para el desarrollo del país, en especial para los municipios mineros”, manifestó la ACM.
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/empleados-de-empresas-mineras-saldran-a-protestar-este-jueves-contra-la-reforma-tributaria/202239/

La ministra Susana Muhamed visitó el corredor minero del departamento, donde sostuvo un diálogo con las comunidades.
CESAR 18/09/2022
El Heraldo. Miguel Barrios
Un seguimiento estricto a los proyectos mineros en el Cesar, anunció la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, tras un recorrido por el corredor carbonífero en este departamento, donde sostuvo un diálogo con las comunidades.

Dijo que el propósito de su visita también es “interactuar con los actores del Cesar, porque frente al diálogo regional vinculante que se viene en octubre hacia el Plan de Desarrollo, buscamos una participación amplia de todos, y una pregunta que tiene el Cesar es su diversificación productiva para precisamente avanzar en otras acciones de desarrollo que no sean tan supeditadas al carbón”.

Respecto al plan de cierre de la mina de Prodeco, la ministra afirmó que se va a cumplir con el fallo de tutela y se generarán espacios de participación con las comunidades.

Adicionalmente, se realizará un balance de las compensaciones ambientales de todas las licencias ambientales que se encuentran en este corredor minero, respondiendo así a las necesidades que manifestaron las comunidades para la recuperación de ciénagas y ríos, a través de la reforestación.

“Buscamos generar acciones que permitan alcanzar impactos sociales de carácter positivo, lo haremos llegando acuerdos públicos de cumplimiento, entre el Gobierno, el Congreso, los alcaldes y las empresas”, manifestó Muhamad.

Tras su conversación con activistas y defensores ambientales del Cesar, concluyó que se articulará la Mesa Ambiental Permanente para contar con la presencia de los 25 alcaldes del departamento, la gobernación, Corpocesar, la Cámara de Comercio y las comunidades.

Trasladan a 300 reclusos ante alto índice de hacinamiento en Valledupar
Uno de los objetivos será el de los planes de mejora para la recuperación del río Guatapurí, el río Cesar, la ciénaga de Zapatosa y la Serranía de Perijá.

Finalmente, Muhamad reiteró que los procesos de restauración ecológica deben hacerse con las comunidades, pues es una oportunidad social de generación de fortalezas técnicas y económicas para ellas; y que se abrirá un programa para que los ciudadanos puedan convertirse en veedores ambientales.
https://www.elheraldo.co/cesar/cesar-minambiente-anuncia-seguimiento-integral-proyectos-mineros-939589

La presentación del informe se realizará este miércoles con la presencia de varios líderes sociales.
Mateo Piñeros
13/09/2022
Cada semestre el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) hace un balance en materia de derechos humanos en el país. Este miércoles se presentará el capítulo del Cesar, pues solo en el sur de ese departamento se han registrado 343 victimizaciones desde 2010 contra líderes y defensores de derechos humanos, y en lo corrido del año tres líderes sociales han sido asesinados.

Algunos líderes como Jaher Steven Torrado Niño y Luzdari Simanca Martínez entregarán este balance junto al Cinep en la mañana del miércoles.

En una primera medida denunciarán una problemática ambiental que involucra a algunas multinacionales minerales, que con la extracción de carbón habrían secado 60 ciénagas y desviado ríos, generando graves afectaciones ambientales.

Una de estas multinacionales tenía cinco títulos mineros en esa zona del país y los líderes van a denunciar que, aunque fueron entregados tres de ellos, no se estarían cumpliendo los compromisos que se adquieren con las comunidades al obtener dichos derechos, por lo que no tienen quién responda por esto.

En el departamento también hay industrias dedicadas a la ganadería extensiva y la palma, además del carbón, y la denuncia de los líderes es que estas actividades también estarían generando en algunos casos daños ambientales.

Todos los detalles sobre esta información se ampliarán en la rueda de prensa en la que estará también Martha Lucia Márquez, directora de Cinep.
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/lideres-del-cesar-denunciaran-afectaciones-ambientales-de-multinacionales-mineras-en-el-departamento-rg10

Jorge Ríos 09/09/2022
Durante más de dos horas, alrededor de 150 personas provenientes de San Vicente y El Carmen de Chucurí recorrieron las calles de San Gil en una protesta pacífica que terminó frente a la sede principal de la Corporación Autónoma de Santander.

La travesía que inició en un recorrido en caravana de tres buses la noche del miércoles desde sus territorios para llegar a la capital turística de Santander, tenía como objetivo exigirle a Alexcevith Acosta Sánchez, director de la autoridad ambiental, la revocatoria de la licencia ambiental de extracción de carbón a cielo abierto autorizada a la empresa Colcco SA el pasado 22 de agosto.

El tercer interviniente en el proceso, el representante a la Cámara, Cristian Avendaño, quien acompañó la protesta y el encargado de interponer el derecho de reposición ante la entidad, cuestionó el papel de la CAS y la ‘dudosa’ forma en la que terminó otorgándose el visto bueno ambiental.

Una de las razones que ponen en entredicho la licencia autorizada en la resolución 574 es que hay 27 inconsistencias de impacto ambiental y lo más preocupante es que dentro de la entidad existen dos estudios ambientales que no coinciden, señaló Avendaño.

Según el Representante, al parecer favoreciendo intereses particulares, posiblemente la CAS avanzó en el licenciamiento ambiental.

“Lo que debería ser ideal es que los criterios técnicos estén por encima de los intereses políticos y particulares, pero históricamente no ha pasado en las corporaciones ambientales. Estas 27 inconsistencias dejan el proceso en el limbo, porque estamos hablando de una mina en la vereda Los Aljibes que tiene unas rondas hídricas estratégicas”, continuó Avendaño, recordando que las corporaciones ambientales como la CAS están para hacer cumplir la normatividad ambiental y proteger los ecosistemas.

Para ambientalistas como Mauricio Mesa, coordinador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso, no se entiende cómo la autoridad ambiental aprueba la explotación de carbón a cielo abierto en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional los Yariguíes, que justamente está hecha para proteger este espacio natural y no para abrirle las puertas a la explotación.

“Si ponemos los mapas uno sobre otros les demostramos que estamos en lo correcto”, aseveró el defensor ambiental, quien además aseguró que se está generando una enorme afectación a una de las principales despensas agrícolas de Santander en donde el cacao, los cítricos y otros cultivos son la actividad principal de miles de familias.

Uno de las mayores denuncias a la CAS durante la jornada fue que la socialización del proyecto no se hizo con toda la comunidad. Uber Izaquita, presidente de las juntas de acción comunal de San Vicente de Chucurí, denunció justamente que en San Vicente de Chucurí no se hizo ninguna audiencia pública. “Se nos está haciendo un daño muy grande ambiental y agrícola”, sentenció el representante de la comunidad.

“Los que hizo la corporación fue una avasallada, le entregó nuestro territorio a una minera francesa y se supone que es una entidad ambientalista que debe proteger el medio ambiente (….) No consultaron, no hicieron audiencia pública en San Vicente, violaron nuestro principio de información, nos enteramos por un grupo de Whatsapp”, expresó Isnardo Vesga, habitante de San Vicente de Chucurí.

Al final, la comunidad exigía que les escucharán y que no se generará el deterioro ambiental de un territorio, con una licencia de la existe el riesgo se pueda extender a 30 hectáreas, según denunció Avendaño.

La respuesta de la CAS

La autoridad ambiental, que tiene bajo su jurisdicción a 74 municipios, empezó el día emitiendo un comunicado a la opinión pública insistiendo que los terrenos licenciados no hacen parte de las áreas incluidas en los Distritos Regionales de Manejo Integrado, DRMI.

En el documento se confirma que solo se hizo una audiencia pública en El Carmen de Chucurí y que aunque el título minero es de 1.949 hectáreas, 14,5 hectáreas fueron las aprobadas para la explotación a cielo abierto y 30 hectáreas de explotación subterránea no son protegidas ni hacen parte de forestal o DRMI Yariguíes.

Acosta Sánchez expresó que además del recurso de reposición a estudiar, la entidad deberá evaluar que la empresa licenciada cumpla con todos los requerimientos estipulados en la resolución.
https://www.vanguardia.com/santander/guanenta/hasta-san-gil-llegaron-las-protestas-por-titulo-minero-otorgado-por-la-cas-DB5672335

Juan Pablo Soler (Revista Rayal)
Foto: Desalojo de cerca de 400 campesinos afectados por Hidroituango /Foto: Ríos Vivos
La revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador Iván Cepeda reveló las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre 2002 y 2014

La parcialidad y la irregularidad con las que pueden llegar a actuar la Policía y Ejército Nacional pueden tener estrecha relación con su financiamiento.En el año 2013 en la Vuelta del Bombillo, al cruzar el río Cauca, las comunidades campesinas afectadas por Hidroituango hicieron uso de su legítimo derecho a la protesta social para llamar la atención sobre los derechos vulnerados. De inmediato fueron reprimidos por el ESMAD, cuyos agentes, sin mediar palabras, usaron sus armas de gas pimienta y sus pistolas de balas de goma en contra de la población. No les importó que hubiera adultos mayores y menores de edad, ni que varios de ellos cayeran rodando por la pendiente del terreno y sufrieran contusiones ni tampoco que no recibieran atención médica. Lo único que les importó fue abrir la vía para que la empresa siguiera operando.
Al día siguiente, en inmediaciones del Valle de Toledo, el ESMAD se acercó, mientras se desarrollaba una reunión comunitaria, y subió a la fuerza a 87 personas en camiones de la policía. A pesar de que las capturas masivas son ilegales, lo que no fue un impedimento para que la policía intentara deshacer la manifestación campesina de dicha manera.

Al tercer día, pese a que la comunidad estaba reunida en un predio privado, la policía derribó el cerco y tiró al piso las ollas donde se preparaba el desayuno. Este último encuentro fue el detonante para que varios habitantes salieran de la zona caminando hacia Medellín, donde fueron albergados en la Universidad de Antioquia, protagonizando un desplazamiento forzado que se prolongó por más de siete meses.

Dos años más tarde, en noviembre de 2015, en una Audiencia Senatorial convocada por Iván Cepeda comprendimos que estas y otras actuaciones corresponden a un ejercicio sistemático derivado de los convenios de la fuerza pública con distintas empresas.

La revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador y su equipo de trabajo (de la que no se permitió hacer copias ni fotografías), reveló las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre 2002 y 2014:

Entre 1990 y 2014 se firmaron más de 1.229 contratos de cooperación secretos para la instalación de Batallones Especiales Energéticos y Viales -BAEEV- y Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado -COPEI-. Cifra que no contempla las operaciones de años recientes derivadas de la ampliación de la frontera extractiva ni los posibles convenios de cooperación firmados directamente por los batallones.

Los distintos convenios citan de manera recurrente que son para actuar frente a las amenazas terroristas que pueden generar daños al medio ambiente y a la seguridad nacional, pero ¿qué pasa cuando el daño al ambiente lo genera la empresa que los financia? Imagínense aquí una autoridad ambiental diligente que, para hacer una labor de inspección ambiental, debe anunciar su visita días antes a la empresa y además coordinarla con los cuerpos públicos de seguridad pagados por las empresas infractoras. No es un asunto menor, son más de 68.000 hombres los que hacen parte de estas contrataciones, es decir, más del 15% del total de las fuerzas armadas en 2015.

Un aspecto que además valdría la pena analizar de cara a la transición energética para entender los impactos ambientales que conlleva la operación de estos batallones, la cual implica emisiones de carbono que jamás aparecen en las cuentas de los proyectos etiquetados como energía limpia.

Desalojo en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, participado por la española Endesa.
Además, para la construcción de paz con enfoque territorial vale la pena replantear este financiamiento o por lo menos, revisar los objetos contractuales y establecer limitaciones claras de las actuaciones: en ningún caso el uso de las armas y la intimidación se puede dirigir contra la población civil, mucho menos contra movilizaciones que buscan proteger derechos colectivos y las formas tradicionales de subsistencia en los territorios.

Un ejemplo que permite entender las complicaciones que genera la privatización de la fuerza pública en materia de vulneración de derechos, se dio en la consulta previa con las comunidades negras en el norte del Cauca afectadas por la represa Salvajina, tierra que vio nacer a la vicepresidenta Francia Márquez. Allí la empresa EPSA reconoció, tardíamente, que había financiado al batallón que opera en sus instalaciones, pero se abstuvo de reconocer los impactos.

El caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo permite apreciar otro efecto de estas alianzas, pues la base del BAEEV #12 José María Tello, que aloja 1.200 soldados, se construyó frente al proyecto en zona de Reserva Forestal de la Amazonía[1].

Leo Sátira (leosatira.blogspot.com)
Si, además, se traslapa el análisis anterior con él de las ejecuciones extrajudiciales la situación se torna aún más compleja. En el caso de Antioquia entre el 2000 y el 2006 existían 747 militares investigados que hacían parte de los batallones Coronel Atanasio Girardot, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez y General Pedro Nel Ospina; en Casanare 146 ejecuciones extrajudiciales fueron responsabilidad de la Brigada 16, la cual ha recibido más de 209.400 millones de pesos, vía convenios de cooperación con empresas como: Ecopetrol, BP, Emerald, Equion, Pacific Rubiales, Petrobras y Petrominerales, entre otras. A esta lista se debe sumar el drama de los desplazamientos forzados que ha ocasionado la fuerza pública pagada por empresas, tema que está siendo investigado por la Fiscalía.

El problema no es sobre la vigilancia de las infraestructuras energéticas. El problema es que la fuerza pública lo haga a través de contratos secretos suscritos con empresas extractivas y de energía, situación donde el cumplimiento de obligaciones contractuales deriva en la vulneración de los derechos humanos y constitucionales de las comunidades que se movilizan frente a la afectación de derechos colectivos como el ambiente sano, derecho al trabajo, a la libre, a la información, etc.

En 2015 el Senador Cepeda denunciaba además en la mencionada audiencia, que por lo menos seis empresas trasnacionales tienen su propio batallón y parte de sus operaciones privadas estarían siendo pagadas con recursos de la Nación. Este es un tema que debe tener relevancia en el Tratado Especial para Empresas y Derechos Humanos que se discute actualmente en Naciones Unidas para atender la responsabilidad de las empresas frente a las vulneraciones de derechos humanos.

Frente a esta situación, cabe preguntarse ¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública? ¿Al pueblo quién lo cuida sino tiene el dinero suficiente para establecer un convenio de cooperación? Una desfiguración total del Estado Social de Derecho.

Represión en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, participado por la española Endesa.
[1] Ejército creó en Huila Batallón energético para cuidar polémico proyecto El Quimbo. El Tiempo. 12 de mayo de 2009. Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5181719
Tomado de: https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/50-que-hara-petro-frente-a-la-privatizacion-de-la-fuerza-publica.html

¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?

Mineriaenlinea 07/09/2022
Cerrejon
Los bloqueos de carreteras de casi una semana de duración han cortado el 70% de la producción de la mina de carbón de Cerrejón en Colombia, la más grande de América Latina, dijo el martes la empresa propiedad de Glencore Plc, pidiendo al gobierno que interceda ante los manifestantes.

Los bloqueos de carreteras y líneas ferroviarias en torno a la mina no son infrecuentes. Antiguos trabajadores bloquearon una línea ferroviaria el año pasado y Cerrejón ha tenido repetidos desacuerdos con las comunidades indígenas Wayuu cercanas y con su mayor sindicato, que realizó una huelga de tres meses en 2020.

“La operación de Cerrejón se ha visto afectada, durante seis días, por varios bloqueos ilegales. Aunque siguen siendo pacíficos, impiden el acceso a las áreas operativas de la empresa”, dijo la compañía en un comunicado. “Las personas que realizan los bloqueos exigen el acceso a los servicios de agua, una mayor inversión social y puestos de trabajo en la empresa”.

Hay otros bloqueos no relacionados con la empresa que realizan los camioneros en una carretera cercana, dice el comunicado, y añade que Cerrejón se compromete a establecer alianzas duraderas con las comunidades vecinas.

“Si esta situación se prolonga, Cerrejón tendrá que suspender algunos contratos de servicios, lo que representa un impacto económico local porque afecta directamente a numerosos proveedores de la región”, dijo la empresa, añadiendo que también puede afectar a las regalías y al pago de impuestos.

“Pedimos a las autoridades que apoyen una resolución pacífica de los bloqueos”, añadió.

Hasta ahora no hay impacto en las exportaciones y el ferrocarril de la empresa está funcionando, dijo un portavoz.

Cerrejón, que produjo 23,4 millones de toneladas de carbón en 2021, fue comprada en su totalidad por la minera y comercializadora mundial Glencore el año pasado. De enero a julio, la empresa pagó casi 568 millones de dólares en regalías e impuestos nacionales y locales, dijo.

Colombia es uno de los principales exportadores mundiales de carbón y las regalías e impuestos del combustible son uno de los principales contribuyentes a las arcas del gobierno.
Reuters

Los bloqueos reducen el 70% de la producción de la mina de carbón del Cerrejón en Colombia

Takeshi Chacon 05/09/2022
(Foto: Cuenta Twitter del presidente Petro)
Se ha conocido que -con datos de la Contraloría General de la República, del total de oro exportado por Colombia el 85% proviene de la de minería ilegal.
En agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que se iba a dinamitar toda draga empleada por la minería ilegal.

El último domingo 4 de septiembre, el mandatario informó que ya se logró dinamitar la primera draga utilizada por la minería ilegal.

La información se dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter.

De igual manera, Gustavo Petro comentó que habrá un camino a la legalización a través de negociación con la justicia.

“Los mineros ilegales pueden tener un camino de legalización si hacen una negociación jurídica con la justicia colombiana”, afirmó.

Así como, añadió, desmantelan su actividad depredadora y se institucionalizan con el Gobierno Nacional a través de concesiones de largo plazo, evitando el deterioro del medio ambiente.

Oro ilegal
Cabe recordar que la Contraloría General de la República alertó que cerca del 85 % del oro exportando por Colombia proviene de la minería ilegal.

Así, resaltó que en el negocio ilícito de la cocaína el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los cinco millones de pesos.

Mientras que un kilo de oro ilegal está por el orden de 250 millones de pesos, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado.

Igualmente, la Contraloría alertó que el 66% de la minería ilegal en Colombia se hace en zonas de reserva, en parques naturales y en reservas forestales.
https://www.rumbominero.com/colombia/colombia-dinamita-draga-mineria-ilegal/