La Corte Constitucional explicó que la minería a cielo abierto que lleva a cabo Carbones del Cerrejón sería la causante de daños
La Corte Constitucional encontró cinco afectaciones a la comunidad Wayúu que se habrían producido por la actividad minera a cielo abierto que ha desarrollado empresa Carbones del Cerrejón. Estos resultados contradicen las afirmaciones de la corporación minera, que había asegurado ante el Alto Tribunal que su actividad a cielo abierto cumplía con los altos estándares de calidad.
Según Rcn Radio, polvillo de carbón al interior de los hogares de la comunidad, cenizas de carbón, hollín sobre la flora y la fauna cercana a las empresa, mezcla de químicos y gases son algunas de las consecuencias que encontró la Corte. Asímismo, dichas partículas podrían causar distintas enfermedades a los miembros de la comunidad indígena.
“Las entidades de control ambiental como Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) corroboraron incumplimientos, por parte de la empresa Carbones del Cerrejón, pero no adoptaron las sanciones correspondientes y no adoptaron medidas suficientes para proteger a la población indígena”, explicó la Corte entre los resultados.
Andrés Pérez Hernández luchó hasta el último día de su gobierno por evitar la llegada de la megaminería a Jericó, municipio antioqueño en el que ejerció como alcalde desde 2016.
Sin embargo, su ímpetu y el de cientos de campesinos, emprendedores, jóvenes y empresarios que pelearon junto a él por esa causa, no fue suficiente y finalmente terminó siendo doblegado.
El hundimiento del proyecto de acuerdo municipal, a través del cual se pretendía blindar a Jericó del establecimiento de la minería a gran escala, partiendo de la reglamentación del uso del suelo, fue el golpe con el que terminó su batallar como mandatario.
La inasistencia el pasado domingo 29 de diciembre de 7 de los 11 concejales que integran esa corporación municipal, significaron el hundimiento del proyecto.Según el mandatario esto se debió a la presión, tanto política como administrativa, que ejerció el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Minería, del Viceministerio de Minas y la Secretaría de Minas de Antioquia, entre otras entidades.
“La presión de afuera, del Gobierno, fue inadecuada, inoportuna, pero además irrespetuosa con la autonomía territorial. Esto llevó a que ese proyecto de acuerdo se hundiera en un municipio que es patrimonio de los colombianos y destino turístico sostenible”, dijo Pérez, quien teme que ahora esa población quede expuesta a las intenciones de una multinacional minera que tiene intereses serios en Jericó.
El mandatario se refiere a la compañía sudafricana AngloGold Ashanti (AGA), que tiene contemplado llevar a cabo un proyecto denominado Quebradona, en la vereda Vallecitos, en el que se producirían 6,13 millones de onzas de oro, 85 millones de onzas de plata y 3,92 millones de toneladas de cobre, durante los 21 años de operación que duraría la concesión.
“Esa empresa se supo mover e influenció al Gobierno nacional para que se entrometiera de manera inapropiada en las decisiones que son propias de la alcaldía municipal y la autonomía del Concejo”, mencionó.
Para el alcalde el proyecto de esquema de ordenamiento estaba muy bien sustentado y cumplía con todos los requisitos como, por ejemplo, el acta de concertación con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), así como con el concepto del Consejo Territorial de Planeación. “Yo como alcalde estaba atendiendo la lectura de la mayoría de los jericoanos que no queremos que se haga megaminería en Jericó, cuna de la santa Laura Montoya. Somos un destino turístico internacional, ya que somos sede del Hay Festival y por proyectos como ese, nuestra cultura y tradiciones se ven amenazadas”, recalcó.
“Al contrario de lo que ha manifestado AngloGold Ashanti en medios de comunicación, la comunidad de Jericó y gran parte del Suroeste se encuentra en franca oposición al proyecto de minería de metales en el municipio. Más que inquietudes, las personas tienen una visión de desarrollo diferente a la que propone la minera”, indicó Claudia Vásquez, directora de la Mesa Técnica del Suroeste, organización que apoya actividades institucionales y comunitarias en contra del proyecto de AGA.
Para ella la verdadera vocación de esa población es la agroindustria, el ecoturísmo, la cultura y el emprendimiento sostenible.
«No queremos ningún tipo de minería metálica en esta región. Nos ha afectado demasiado y queremos vivir en paz», dijo William Galindo, campesino residente en el corregimiento Palocabildo, Jericó, en una video-carta que le fue enviada en agosto de este año al presidente Iván Duque por parte de la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia.
Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, señaló, entre tanto, en una entrevista concedida a Semana Sostenible en agosto, que esa era una zona de paz y tranquilidad, que había vivido por más de 160 años en calma. «Las condiciones de empleo están copadas, que haya algunas carencias es normal, pero estamos en un paraíso donde la mayoría de las necesidades están satisfechas. Nuestro nivel de vida es mucho más amplio que el de los municipios mineros del país como para enfrascarnos en ese problema», apuntó.
Jaramillo sostuvo que la comunidad teme, sobre todo, por ladivisión social, pero también por la contaminación de los yacimientos de agua superficiales y subterráneas que se podría generar, así como por los impactos socioculturales en la región, las afectaciones a los ecosistemas y los problemas de seguridad que se presentarían con la llegada de gente foránea.
Semana Sostenible se intentó comunicar con AngloGold Ashanti pero no fue posible obtener respuesta.
El 2020 será crucial para el proyecto minero Buriticá, ubicado en el Occidente de Antioquia, pues se espera que en el primer trimestre arranque la operación comercial y que Zijin Mining Group de China cierre el contrato por medio del cual adquirirá a Continental Gold, dueña de la mina.
La negociación tasada en 1.400 millones de dólares canadienses (3,7 billones de pesos a una tasa de cambio de esa divisa de 2.647 pesos) fue anunciada ayer por Luis Germán Meneses, gerente en Colombia de Continental Gold, quien precisó que la meta es que Zijin concluya la transacción en unos cuatro meses.
“En la medida en que la junta directiva de Continental le está recomendando a los accionistas votar a favor del negocio es porque, tanto la junta como la gerencia, consideran que este es un pacto favorable para todos los interesados en este proyecto”, expresó el empresario, quien agregó que Zijin tiene actividades en China y otros nueve países (ver Paréntesis).
Igualmente, aseguró que tanto las autoridades como la comunidad de Buriticá deben estar tranquilas porque Zijin está comprometida con seguir desarrollando el proyecto bajo altos estándares operativos, medioambientales y de manejo de la fuerza laboral.
La movida
Desde la presidencia de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, resaltó la realización de este negocio, explicando que este tipo de contratos son frecuentes entre las compañías que hacen el trabajo de exploración, licenciamiento y cuando están a punto de iniciar la explotación lo venden a otras.
“En este caso, el anuncio demuestra que las empresas y los proyectos mineros colombianos son atractivos para la inversión extranjera. Buriticá es una iniciativa exitosa en la parte exploratoria, en la gestión de recursos y en lo gerencial y por eso el apetito de los inversores chinos”, dijo.
En el mismo sentido se expresó Eduardo Chaparro, experto y asesor en minería, quien comentó que Zijin es una de las compañías más grandes del mundo en minerales metálicos. “Esa en una operación muy común en este sector productivo, así que con frecuencia una empresa vende sus activos para invertir en otra parte”.
También indicó que es recurrente que en la fase final del proyecto, la compañía que lo desarrolló se queda sin músculo financiero para completarlo así que prefiere enajenar. “La operación es normal, y no debe causar alarma. Esto lo que significa es que hay inversionistas que tienen confianza en que las cosas se están haciendo bien”.
El alcalde de Buriticá, Humberto Antonio Castaño, se declaró sorprendido tras conocer la negociación, pero confió en que el cambio en la propiedad accionaria del complejo minero conserve y garantice los compromisos y los beneficios asumidos inicialmente por Continental para su localidad y para los municipios del área de influencia de la mina.
Este diario intentó conocer la opinión de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, sobre este negocio, pero desde su despacho se indicó que por ahora no hará comentarios.
Más intereses
En un comunicado difundido por Continental se informó que Chen Jinghe, presidente de la junta directiva de Zijin, resaltó como el proyecto Buriticá es uno de los más grandes en el mundo y representará un gran complemento para el portafolio de activos internacionales de la compañía china.
Se espera que la mina produzca, en promedio, aproximadamente 250.000 onzas troy de oro anuales (7,7 toneladas) durante una vida de la mina de 14 años.
“Creemos que el importante volumen de recursos plantea excelentes oportunidades para expandir la producción y extender la vida de la mina. Continental ha avanzado exitosamente y minimizado los riesgos del proyecto, con producción comercial ya claramente a la vista y el primer vaciado de oro planeado para el primer semestre de 2020”, manifestó Jinghe.
Por su parte, Rafael Roldán, presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia (AIMC), planteó su inquietud por la llegada de la inversión china.
“Que el proyecto Buriticá pase de una multinacional a otra no debería generar cambios, pero tratándose de la inversión de un país poderoso como China, con ambiciones imperialistas y con la posibilidad de influir en las políticas de otras naciones, pensaría que es un negocio nefasto, y daría lugar para que muchas organizaciones que han estado en contra de la minería tengan otro argumento para renegar de la minería”, concluyó .
Contexto de la Noticia
Paréntesis El comprador chino
Zijin fue creada en 1993, tiene como base la ciudad de Fujian, China, y es una compañía especializada en la explotación de oro, cobre, zinc, así como en la exploración y desarrollo de otros recursos minerales.
En su web sostiene que administra un portafolio extenso de recursos minerales a través de inversiones en China y en el exterior en nueve países. En Suramérica, por ejemplo, posee el 45 % de Río Blanco Copper un proyecto de cobre ubicado en la región de Piura, en el norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador, y su ingreso a Colombia sería la segunda inversión en este continente. Actualmente, está listada en las bolsas de valores de Shanghai y de Hong Kong.
El funcionario, al parecer, facilitaba la explotación de un territorio cerca al páramo de Santurbán.
Miembros de la Fiscalía General de la Nación capturaron en las últimas horas al alcalde del municipio de California (Santander), Hugo Arnoldo Lizcano Pulido, quien estaría implicado en una red de minería ilegal que operaba cerca al páramo de Santurbán.
Junto al mandatario fueron detenidos por el Ejército Nacional dos miembros de la Fuerza Pública, el capitán Édgar Bernardo García Pineda, alias ‘El Primo’; y el sargento segundo (r) César Hernández Pérez, y dos civiles más (Arcesio Gamboa Lizcano y Marlon Giovanni Riaño Sánchez).
Según las investigaciones, los mencionados están señalados de conformar la banda de minería ilegal ‘Los Primos’, que se encargarían de direccionar el funcionamiento de este delito en la zona.
Según la Fiscalía, a los detenidos se les imputarán los delitos de invasión agravada de área especial de importancia ecológica (páramo de Santurbán), contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimientos mineros, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
Las investigaciones que condujeron a estas capturas se iniciaron en febrero de este año y estuvieron a cargo de la Fiscalía 9 Especializada en Delitos Ambientales, el Batallón de Ingenieros Francisco José de Caldas y el Batallón de Contrainteligencia n. ° 2.
Las aprehensiones se hicieron efectivas en los municipios de California, Vetas y Bucaramanga.
Después de las elecciones realizadas el 27 de octubre del presente año, la empresa sudafricana AngloGold Ashanti inició una fuerte campaña mediática en diferentes medios de comunicación nacional, intentando mejorar la cuestionada imagen de un proyecto que ha carecido de legitimidad, caracterizándose por ser un modelo impositivo que ha vulnerado -desde hace más de 10 años- el derecho a la participación efectiva de la comunidad, agudizando la división social, interfiriendo en decisiones municipales, militarizando el territorio y estigmatizando al movimiento social.
Mediante su estrategia mediática ha intentado demostrar las “buenas prácticas mineras” bajo su política de “responsabilidad social empresarial”, intentando ocultar la fuerte oposición que lleva más de diez años y que se ha expresado de diversas formas en el suroeste de Antioquia, como han sido las vigilias por la defensa del territorio, la travesía por el suroeste de Antioquia:
Un abrazo a la montaña, los encuentros regionales de economías indígenas y campesinas, los encuentros regionales de mujeres y de jóvenes, los cabildos abiertos, los Consejos de Concejales, acuerdos municipales, iniciativas de consulta popular, entre otras acciones más.
Esta estrategia mediática intensiva le apuesta a mejorar la imagen corporativa en su proceso de licenciamiento social y ambiental. El pasado 29 de noviembre Minera Quebradona radicó ante la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA), el estudio de impacto ambiental (EIA).
Para el 10 de diciembre la ANLA le devuelve la solicitud a la empresa minera manifestando tres reparos:
1. No presentó información completa para los permisos de captación de aguas superficiales,vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal, entre otros.
2. La geodatabase no está debidamente estructurada.
3. Faltó certificado actualizado expedido por el ministerio del interior de la presencia o ausencia de comunidades étnicas o territorios colectivos en el área de influencia. Consecuentemente un vocero de la empresa emite concepto, en el periódico El Colombiano, manifestando que esta devolución es de forma y no de fondo.
Sin embargo, desde el Cinturón Occidental Ambiental –COA– queremos reiterar que más allá del concepto de la ANLA, persiste un problema de fondo y no de forma. El proyecto Quebradona de AngloGold Ashanti ha sido un modelo que nunca fue construido con la gente, ni ha sido aceptado por el suroeste de Antioquia, tampoco es producto de las necesidades nuestras, ha dividido comunidades e interfiriere persistentemente en la posibilidad de continuar la construcción de proyectos de vida propios.
Durante estos 10 años de movilización permanente contra el proyecto minero, desde los rincones de las montañas y ríos, continuamos fortaleciendo y articulando proyectos de vida que son producto del sentihabitar de los pueblos indígenas y campesinos, de mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y abuelos en la edificación del Territorio que nos soñamos.
Como el conflicto es de fondo y no de forma, nos oponemos al proyecto Quebradona porque en estas majestuosas montañas le apostamos a la construcción de Territorios Sagrados para la Vida, propuesta que nace de la articulación regional y que se erige a partir de la tradición campesina y la cultura Embera, desde prácticas productivas y culturales de la economía familiar campesina, los sistemas agroecológicos, los circuitos económicos solidarios, los trapiches comunitarios, la gestión comunitaria del agua, los sitios sagrados, las zonas de protección y el patrimonio cultural y ambiental.
Como nuestras luchas son de fondo y no de forma, continuamos conquistando espacios para consolidar los procesos de participación social efectiva y afectiva, que trasciende hasta más allá del infinito, que no se limita a las listas de asistencia. Este proceso se estructura desde los cabildos comunitarios, consultas autónomas, mandatos populares, círculos de mujeres, audiencias autónomas, planes de vida comunitarios, entre otros procesos más.
El movimiento social se fortalece cada vez más
Continuaremos defendiendo nuestros mandatos populares, entre ellos, su declaratoria como actores no gratos para el suroeste de Antioquia. Desde las escuelas agroecológicas, las escuelas de sustentabilidad, la polinización del territorio, las escuelas de arte y cultura, desde la pedagogía de la madre tierra, las fincas escuelas, las cátedras del territorio, las casasmadre del territorio, las salas patrimoniales, desde los medios de comunicación comunitarios y alternativos, desde las mesas de concertación social: plan de vida comunitario… continuaremos nuestras resistencias, ratificando permanentemente que estamos construyendo nuestros planes de vida comunitarios y autónomos.
NO PERMITIREMOS QUE NOS ARREBATEN LA POSIBILIDAD DE DECIDIR CÓMO QUEREMOS VIVIR.
Autor: Erwing Rodriguez Salah , Conciencia Ciudadana.org Conflicto Relacionado:
En reciente informe de seguimiento a la Sentencia T-361, el Ministerio Público concluyó que el Ministerio de Ambiente no cumplirá con el plazo del 18 de diciembre para expedir la nueva delimitación de Santurbán.
Los accionantes habíamos advertido que dicho plazo sería insuficiente para una nueva delimitación de Santurbán bien hecha con los hoy inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos; peor aún, vislumbramos la intencionalidad del Gobierno de volver a expedir otra delimitación político-minera, a manera de mapa del tesoro para la explotación minera, ahora en tiempos de Duque (la ratificación de la delimitación de la Resolución 2090 de 2014 o una muy similar) para dejar “por fuera del páramo” a proyectos como el de Minesa y similares.
Sin embargo, una delimitación de este tipo no es argumento para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tenga patente de corso para aprobar proyectos mineros que, aunque queden por fuera de una demarcación amañada para la explotación minera, infrinjan la normatividad ambiental, y vayan en contravía de incontrovertibles argumentos científicos y de la voluntad de los santandereanos que jamás dará la licencia social a aquellos.
Recordemos como la ANLA, en 2017, hizo 83 requerimientos al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Minesa; ésta desistió de su proyecto, en 2018, desistimiento aceptado inmediatamente por la ANLA, para presentar este año su segundo EIA, al cual la ANLA acaba de hacer la no despreciable cifra de 107 requerimientos.
Hace tres meses la CDMB negó, con todos los soportes científicos, cinco permisos a Minesa, y la misma CAR tiene un proceso de investigación ambiental, que ya superó los dos años, contra la minera; ¿qué ha pasado con esta investigación, y con las denuncias del director de la ANLA sobre supuestos hechos de corrupción alrededor del licenciamiento de Minesa?
Sería nefasto para nuestro país que proyectos inviables legal, científica y socialmente hablando, se pretendieran viabilizar a la luz de la politiquería y por actos de corrupción de algunos funcionarios inescrupulosos del Estado colombiano.
Se espera que este proyecto piloto, el primero realizado en la Sierra Nevada de Santa Marta, se replique en los territorios de las otras comunidades ancestrales. Los wiwa se enfrentan a grupos armados que hacen minería ilegal y sus líderes hoy están amenazados.
El informe evidenció la gran riqueza de flora y fauna de esta zona del Caribe colombiano, pero también que el agua y los peces en algunos puntos analizados están contaminados y presentan altas concentraciones de metales pesados.
Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe de Colombia, llevan varios años oponiéndose a la minería que rodea su territorio y sus argumentos espirituales y tradicionales han trascendido hasta los estrados judiciales.
En 2014 la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que se refirió a la minería en la Sierra y, en particular, a dos títulos mineros de canteras. El alto tribunal precisó que todos los títulos que no habían hecho consulta previa debían hacerla, incluso si se trataba de zonas fuera de los resguardos titulados, “dada la protección especial de áreas sagradas y su importancia cultural para las comunidades”. Sin embargo, a pesar de sugerir la consulta previa para todos los títulos mineros, en su parte resolutiva solo ordena la consulta para los dos demandados.
Dos años más tarde, los indígenas se vieron obligados a presentar una tutela —mecanismo jurídico en Colombia para la defensa de derechos fundamentales— para que la Corte defina la situación de todos los títulos mineros, en su mayoría de pequeña escala, que habrían violado la consulta previa. A eso se suma el aumento, en este período de tiempo, de la minería ilegal en la región. “A la fecha no tenemos sentencia. La Corte declaró nulo este proceso dos veces y ahora está en despacho para proferir una sentencia que desde agosto está pendiente y no ha salido”, dice Luisa Castañeda, abogada de los indígenas en ese caso.
Los pueblos kogui, malayo, arhuaco, kankuamo y wiwa han argumentado las afectaciones culturales de la minería pero, según Castañeda, esto siempre ha sido desvirtuado por el gobierno por “carecer de peso técnico”. Por eso, los indígenas buscaron ayuda para que se demostraran, técnicamente, no solo las afectaciones culturales y espirituales de esta actividad extractiva, sino las consecuencias negativas a escala ambiental en un territorio biodiverso y lleno de endemismos como la Sierra Nevada de Santa Marta.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), financió el primer proyecto piloto que analiza estos temas en un territorio indígena en la Sierra. Los resultados de este estudio fueron publicados recientemente en el informe Identificación de impactos ambientales y culturales por minería sobre el territorio del pueblo wiwa.
Afectación de aguas y fauna
El estudio se centró en el pueblo wiwa asentado en los municipios de San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha en el departamento de La Guajira. Y la investigación de campo abarcó las cuencas de los ríos Ranchería, Cesar, Tapias y Jerez.
La organización Applied Biodiversity Foundation (ABF), especializada en conservación biológica y cultural, fue la encargada de hacer el trabajo. Diego Casallas-Pabón, PhD en Ciencias Biológicas, director de la organización y coordinador ambiental del informe, le dice a Mongabay Latam que los indígenas insistieron principalmente en su preocupación por la cuenca del río Jerez, pues allí se vive una problemática complicada por la minería ilegal en la que participan grupos armados que intimidan a las comunidades wiwa.
Allí los investigadores tomaron muestras de peces —principalmente de lo que quedaba de la pesca— y las llevaron a un laboratorio para realizar pruebas de bioacumulación de metales pesados dentro de los organismos. “Cuando en el agua hay metales pesados, estos entran a la cadena trófica, se acumulan en el músculo del pez y cuando la gente se lo come, estos elementos son consumidos por la comunidad”, afirma Casallas-Pabón.
En el informe quedó registrado que “el Cromo (Cr) y el Hierro (Fe) marcaron resultados positivos, con valores considerablemente altos para una estación de muestreo ubicada en el río Jerez, asociado a quebradas afectadas por vertimientos de minería ilegal ubicada en la comunidad de Arimaka (Seyamake), la bioacumulación se detectó en el músculo de la especie de pez llamado mantecatufrente (Salminus affinis), con valores respectivos de 1866,5 µg/Kg y 17200 µg/Kg”, señala el documento.
Por su parte, el Cadmio (Cd) se presenta debajo de los límites en todas las estaciones de muestreo, con excepción de la ubicada en el río Jerez, aledaña a la comunidad Arimaka. “Se presenta una concentración de 2,26 µg/Kg de Cadmio bioacumulado en la mojarra (Geophagus steindachneri), comúnmente consumida por la comunidad en este punto del río”, se lee en la publicación. De igual forma se reportó un nivel positivo para Arsénico (As) en los peces mantecatufrente y mojarra en dos de las estaciones de muestreo sobre el río Jerez, aguas abajo de los vertimientos de minería ilegal.
Casallas-Pabón asegura que este es un primer paso para que se levanten más estudios y se tomen más muestras. “En otros sitios más arriba, donde la minería no está presente, el agua salió limpia y los peces también. El objetivo era hacer este análisis de manera comparativa”, afirma.
El biólogo es cauteloso y asegura que, aunque aún no se puede concluir si la contaminación por metales pesados afecta la salud de los indígenas, son necesarios estudios futuros que probablemente evidencien este tipo de afectaciones. “Lo que sí podemos asegurar es que los peces están cargando en su carne una serie de metales pesados que no deberían estar ahí y que no fueron reportados en sitios sin minería”, enfatiza.
Jornadas de trabajo de los investigadores con los indígenas wiwa. Foto: Applied Biodiversity Foundation.
Los problemas no solo se hicieron evidentes en los peces. Los análisis químicos del agua confirmaron la contaminación. En el punto de vertimiento de la mina ilegal, el valor del pH superó el límite máximo permisible para consumo (10,01 unidades de pH). El informe destaca que esto es consecuencia de los procesos de extracción de minerales, cuyos desechos son vertidos en el suelo y terminan por llegar a las aguas del río Jerez, “que atraviesa el asentamiento dejando a su paso sus residuos, los cuales pueden afectar la salud y calidad de vida de la comunidad, junto con el deterioro de los recursos naturales y afectación de la biota”, destaca el informe.
Una cultura conectada con el medio ambiente
“Hay 180 títulos mineros otorgados, cinco bloques de minería en funcionamiento, dos proyectos de hidrocarburos y esto afecta gravemente a la Sierra Nevada de Santa Marta, sin contar con la minería ilegal que se desarrolla dentro del territorio. En un futuro todos estos proyectos convertirán a la Sierra en una especie de fogón, una gran fogata”, le dice José Mario Bolívar, coordinador territorial y ambiental del pueblo indígena wiwa, a Mongabay Latam, refiriéndose a la deforestación alrededor de la Sierra, que sumada a los efectos del cambio climático que ellos ya perciben, podrían generar múltiples incendios en esta región.
Para los wiwa, y demás indígenas que habitan en esta zona, la afectación ambiental impacta directamente su cultura y costumbres. El biólogo Diego Casallas-Pabón asegura que es muy interesante ver cómo lo cultural está entrelazado con lo ambiental y que durante el estudio levantaron información valiosa sobre la relación que tiene la comunidad con la flora y la fauna, “cada uno de los animales es un guardián de algo” y añade que “en la medida que se extinga alguna especie también se va perdiendo la información cultural ligada a ella. Y si eso se pierde también hay un impacto sobre sus actividades económicas y su percepción de la vida y en general su cosmovisión”.
Es por eso que preocupa la deforestación reciente que avanza en algunas zonas de la Sierra y que se suma al histórico impacto de actividades humanas en la región. Aún quedan zonas bien conservadas —donde habitan las comunidades indígenas más apartadas— y allí se dio hace poco el primer registro de jaguar en la zona, el felino más grande de América y que se encuentra en la categoría Casi Amenazado de la Lista Roja de especies de la UICN.
La presencia del jaguar es una buena noticia para la salud del ecosistema. Foto: Applied Biodiversity Foundation.
La preocupación de los indígenas y los científicos es que dentro de poco esto pase a ser solo un recuerdo, a pesar de que el animal también fue registrado por las cámaras trampa instaladas por los investigadores del informe. “Detectamos la presencia de jaguar. Esto significa que arriba el territorio está siendo protegido. Para que un animal de este porte esté en el ecosistema es porque hay alimento”, dice Casallas-Pabón.
Para él, esto muestra la importancia de la conservación de estos ecosistemas no solo para garantizar la biodiversidad sino el agua, en especial de las quebradas que alimentan al río Ranchería, del que se surten muchos de los centros poblados alrededor de la Sierra.
Otro de los focos de trabajo de los investigadores fueron las especies indicadoras, es decir, aquellas cuya presencia o ausencia permite generar conclusiones sobre el estado de salud del ecosistema. Como es el caso del jaguar. Los investigadores concluyeron que los ecosistemas más conservados suelen ser los que tienen menor contacto con la gente y los que están más arriba, donde habitan los indígenas que tienen mejor preservada su cultura.
“Hasta el momento este informe es la recopilación más completa que se ha hecho del pueblo wiwa en la Sierra Nevada, visto desde la unión de lo ambiental, lo cultural y lo social. Es un estudio que a futuro puede servir como un respaldo para mostrar cómo estaban los ecosistemas y tener un punto de comparación”, indica Diego Casallas-Pabón.
Entre las recomendaciones del estudio están: revisar las licencias ambientales emitidas a los proyectos de minería a cielo abierto sobre las coberturas vegetales actuales, ya que muchas de ellas son bosques altamente frágiles que requieren de medidas de protección para mantener las características ecológicas y los servicios ecosistémicos; reorganizar a través de nuevos actos jurídicos las acciones de cierre, saneamiento y restauración ecológica en los pasivos ambientales generados por las actividades mineras pues muchas suelen abandonarse sin las medidas adecuadas, generando puntos de erosión que se convierten en focos de contaminación por residuos urbanos e industriales.
Una oposición que trae amenazas de muerte
A los indígenas wiwa les preocupan los títulos mineros —que insisten son ilegales pues no fueron consultados con ellos— así como la minería ilegal y hasta criminal que se apodera de territorios como la cuenca del río Jerez, donde se extraen minerales y materiales de construcción sin ningún tipo de permiso, según quedó consignado también en el informe. José Mario Bolívar, coordinador territorial y ambiental del pueblo indígena wiwa, asegura que en esta cuenca también hay minería ilegal de oro.
De acuerdo con la abogada Luisa Castañeda, el auge de proyectos de construcción en departamentos como Cesar, Magdalena y La Guajira —donde se ubica la Sierra Nevada de Santa Marta— ha disparado las canteras ilegales que buscan suplir la enorme demanda de materiales de construcción en la región.
“Todo es por la defensa y protección de nuestros territorios. Este es un tema de estigmatización sistemática a nivel nacional y más aún en este territorio [Sierra Nevada de Santa Marta], donde los intereses no son solamente por minería sino por otros megaproyectos como puertos, vías y turismo”, comenta Bolívar. Según el líder indígena, incluso la muerte del guardaparques de la Sierra Nevada, Wilton Orrego, a principios de este año, fue en represalia a que trabajaba en la protocolización de la consulta previa con los pueblos indígenas.
Actualmente los líderes del pueblo wiwa tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que cuentan con un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, oponerse a la minería ilegal en el río Jerez, que es manejada por grupos armados ilegales les ha traído nuevas amenazas. “Hay muchos desmovilizados [de grupos paramilitares y guerrilleros] que nos ponen en riesgo acusándonos de oponernos al desarrollo”.
El panorama de la Sierra Nevada cada día se complica más pues no solo enfrenta amenazas a su gran riqueza natural y cultural, sino que los pueblos indígenas que habitan en la zona, como los wiwa, siguen expuestos a intimidaciones y homicidios. “Asesinaron a una persona cerca del territorio y ahí las Águilas Negras [presunto grupo a nombre del que se dan las intimidaciones] dejaron un panfleto haciendo amenazas a nuestras familias. Hay rearmamento de los exparamilitares y de las disidencias de las Farc y en este momento el gobierno no está fortaleciendo la institucionalidad indígena”, concluye Bolívar.
Las fuerzas de seguridad comenzaron la operación el martes por la mañana en el pequeño pueblo de Buenos Aires, cerca de la frontera con Colombia, luego de meses de fuertes enfrentamientos entre mineros ilegales y pandillas.
El martes, Ecuador movilizó a cientos de soldados y policías a una zona montañosa para enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado que han alimentado la violencia en el norte del país, dijo el ministro del Interior.
La nación sudamericana espera alimentar su lenta economía al expandir su sector minero. Ha atraído a las firmas interesadas, incluida la australiana SolGold Plc, que está desarrollando una mina de cobre, oro y plata en el norte de Ecuador.
Las fuerzas de seguridad comenzaron la operación el martes por la mañana en el pequeño pueblo de Buenos Aires, cerca de la frontera con Colombia, luego de meses de fuertes enfrentamientos entre mineros ilegales y pandillas, que quieren controlar el área rica en minerales.
«La ocupación del área por parte de personas involucradas en estas actividades ilegales requiere una intervención más fuerte por parte del estado», dijo a la prensa la ministra del Interior, María Paula Romo, y agregó que los resultados de la operación se anunciarán más adelante.
El lunes por la noche, el gobierno del presidente Lenin Moreno declaró el estado de emergencia en el área, que también ha sufrido devastación ambiental por la afluencia de miles de personas y el crecimiento de la minería ilegal.
«Hay un serio impacto ambiental», dijo Romo.
Unas 10.000 personas trabajan actualmente en la minería ilegal en Buenos Aires, que según Romo tiene una población de alrededor de 2.000. Las pandillas armadas están cada vez más involucradas en el tráfico de personas y la prostitución.
La región fue testigo de 27 incidentes de violencia en el primer semestre de 2019, incluidos asesinatos con puñaladas y armas de fuego, dijo el lunes el gobierno.
El miércoles 13 de noviembre se desarrolló la Asamblea General del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que contó con la participación de 400 personas entre expertos, empresarios y organizaciones sindicales y políticas. Allí se aprobó una hoja de ruta para frenarle el paso a Minesa, se ratificó el compromiso para la defensa del páramo de Santurbán, se reiteró el rechazo al nombramiento de Carrasquilla como Ministro de Ambiente Ad Hoc, además se programó la movilización masiva en Bogotá convocada para el 16 de marzo del 2020 en defensa del Agua y la vida.
Según Mayerly López integrante del Comité de Santurbán, los abogados de la organización están trabajando en una acción jurídica que esperan interponer a principios de año y demandar el proceso de licenciamiento del proyecto Minesa, por violar derechos fundamentales como al ambiente sano, agua potable y el derecho a la vida; la líder ambiental afirmó «de esta acción no podemos adelantar mucho, pero queremos informar a la comunidad que estamos adelantando todas las acciones legales, jurídicas y sociales para defender Santurbán»
Alistamos una hoja de ruta para impedir el proyecto d Minesa, estamos adelantando las acciones jurídicas y llamamos a los Santanderes a movilizarnos hacia Bogotá el 16 de marzo (2020), día d los comuneros, le recordaremos a @IvanDuque que este pueblo no dejará destruir Santurbán
Finalmente López aseguró que «revindicando nuestra historia y luchando por nuestros recursos naturales vamos a marchar hacia Bogotá, y el presidente Duque tendrá que escucharnos, porque los santanderes no vamos a permitir la mega minería en Colombia» y añadió que seleccionan esta fecha por ser el día de los comuneros, y un evento importante para Santander recordado esa lucha sus antepasados en la defensa del derechos y territorio.
Autor: Redacción Contagio Radio Conflicto Relacionado:
El miércoles 13 de noviembre se desarrolló la Asamblea General del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que contó con la participación de 400 personas entre expertos, empresarios y organizaciones sindicales y políticas. Allí se aprobó una hoja de ruta para frenarle el paso a Minesa, se ratificó el compromiso para la defensa del páramo de Santurbán, se reiteró el rechazo al nombramiento de Carrasquilla como Ministro de Ambiente Ad Hoc, además se programó la movilización masiva en Bogotá convocada para el 16 de marzo del 2020 en defensa del Agua y la vida.
Según Mayerly López integrante del Comité de Santurbán, los abogados de la organización están trabajando en una acción jurídica que esperan interponer a principios de año y demandar el proceso de licenciamiento del proyecto Minesa, por violar derechos fundamentales como al ambiente sano, agua potable y el derecho a la vida; la líder ambiental afirmó «de esta acción no podemos adelantar mucho, pero queremos informar a la comunidad que estamos adelantando todas las acciones legales, jurídicas y sociales para defender Santurbán»
¿Porqué salir a marchar el 16 de marzo por Santurbán?
Para líderes ambientales como Mayerly López las razones son claras y se resumen en que Santurbán es el ecosistema que surte de agua a 2,5 millones de personas de los santanderes y es el nacimiento de fuentes hídricas para el nororiente del país, además resaltó la lucha de 10 años contra proyectos de minería, «en 2011 derrotamos el proyecto de explotación a cielo abierto de la GreyStar y esta no va ser la excepción, tenemos el poder de un pueblo organizado que defiende su único recurso hídrico, como es el caso de Bucaramanga que no tiene plan B. Sin Santurbán se acaba el agua» añadió.
De igual forma extendió la invitación para toda la población del país a salir, resaltando que los 36 paramos que representan un 50% de estos ecosistemas en el mundo le dan agua al 85% de la población colombiana, » lo que pase en Santurbán va a pasar en el resto de páramos del país. Si permitimos que se apruebe la licencia a este proyecto de minería, van a venir mas organizaciones internacionales a explotar».
Finalmente López aseguró que «revindicando nuestra historia y luchando por nuestros recursos naturales vamos a marchar hacia Bogotá, y el presidente Duque tendrá que escucharnos, porque los santanderes no vamos a permitir la mega minería en Colombia» y añadió que seleccionan esta fecha por ser el día de los comuneros, y un evento importante para Santander recordado esa lucha sus antepasados en la defensa del derechos y territorio.
La Corte Constitucional explicó que la minería a cielo abierto que lleva a cabo Carbones del Cerrejón sería la causante de daños
Andrés Pérez Hernández luchó hasta el último día de su gobierno por evitar la llegada de la megaminería a Jericó, municipio antioqueño en el que ejerció como alcalde desde 2016.
El 2020 será crucial para el proyecto minero Buriticá, ubicado en el Occidente de Antioquia, pues se espera que en el primer trimestre arranque la operación comercial y que Zijin Mining Group de China cierre el contrato por medio del cual adquirirá a Continental Gold, dueña de la mina.
El funcionario, al parecer, facilitaba la explotación de un territorio cerca al páramo de Santurbán.
Después de las elecciones realizadas el 27 de octubre del presente año, la empresa sudafricana AngloGold Ashanti inició una fuerte campaña mediática en diferentes medios de comunicación nacional, intentando mejorar la cuestionada imagen de un proyecto que ha carecido de legitimidad, caracterizándose por ser un modelo impositivo que ha vulnerado -desde hace más de 10 años- el derecho a la participación efectiva de la comunidad, agudizando la división social, interfiriendo en decisiones municipales, militarizando el territorio y estigmatizando al movimiento social.
En reciente informe de seguimiento a la Sentencia T-361, el Ministerio Público concluyó que el Ministerio de Ambiente no cumplirá con el plazo del 18 de diciembre para expedir la nueva delimitación de Santurbán.
Se espera que este proyecto piloto, el primero realizado en la Sierra Nevada de Santa Marta, se replique en los territorios de las otras comunidades ancestrales. Los wiwa se enfrentan a grupos armados que hacen minería ilegal y sus líderes hoy están amenazados.
Las fuerzas de seguridad comenzaron la operación el martes por la mañana en el pequeño pueblo de Buenos Aires, cerca de la frontera con Colombia, luego de meses de fuertes enfrentamientos entre mineros ilegales y pandillas.
El miércoles 13 de noviembre se desarrolló la Asamblea General del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que contó con la participación de 400 personas entre expertos, empresarios y organizaciones sindicales y políticas. Allí se aprobó una hoja de ruta para frenarle el paso a Minesa, se ratificó el compromiso para la defensa del páramo de Santurbán, se reiteró el rechazo al nombramiento de Carrasquilla como Ministro de Ambiente Ad Hoc, además se programó la movilización masiva en Bogotá convocada para el 16 de marzo del 2020 en defensa del Agua y la vida.
El miércoles 13 de noviembre se desarrolló la Asamblea General del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que contó con la participación de 400 personas entre expertos, empresarios y organizaciones sindicales y políticas. Allí se aprobó una hoja de ruta para frenarle el paso a Minesa, se ratificó el compromiso para la defensa del páramo de Santurbán, se reiteró el rechazo al nombramiento de Carrasquilla como Ministro de Ambiente Ad Hoc, además se programó la movilización masiva en Bogotá convocada para el 16 de marzo del 2020 en defensa del Agua y la vida.