Argentina, Chile, Litio

La industrialización del litio: Los casos de Argentina y Chile

La definición e implementación de una Política de Industrialización en Chile debe trascender los gobiernos de cuatro años y convertirse en una Política de Estado, de modo de viabilizar el avance hacia un país más competitivo.

En marzo de 2018 se anunciaba que para 2021 el grupo compuesto por las surcoreanas Posco y Samsung SDI construiría una planta de cátodos en Chile, en el marco del proyecto de baterías de litio que le adjudicó Corfo. A este consorcio se sumaban otras iniciativas de Molymet Chile y el grupo chino Sichuan Fulin Industrial Group, que en su conjunto invertirían más de US$750 millones en el país, utilizando litio suministrado por Albermale a un precio preferencial.

Sin embargo, recientemente Posco se retiró del proyecto en Chile, posteriormente lo hicieron los otros actores, dado que su planta requiere hidróxido de litio, una variedad cada vez más demandada por los fabricantes de baterías de autos, pero que Albemarle no produce en el país. Es importante destacar que Corea del Sur se proyecta para 2028 como proveedor del 25% de las baterías de litio a nivel mundial, y en este escenario, Posco ha contraído acuerdos con la australiana Pilbara Minerals para la construcción en Corea de una planta de hidróxido de litio y de carbonato de litio que entrará en producción en 2020.

Acuerdo con Albemarle

Albemarle y el gobierno chileno firmaron en 2016 un acuerdo que le permite a dicha compañía triplicar su producción de litio. Pero el acuerdo requiere que la empresa reserve hasta un 25% de su producción para compañías que buscan construir baterías o sus partes en Chile. Sin embargo, el contrato no especifica si Albemarle debe producir carbonato de litio o hidróxido de litio en sus instalaciones. A la fecha Albermale produce carbonato de litio y ha declarado no tener planes de producir hidróxido de litio en Chile.

Esta sucesión de hechos se da en el esfuerzo de modernizar la política nacional sobre el litio, elevar la producción y desarrollar una industria de valor agregado, en un contexto en que el país posee los mayores recursos de litio del mundo, cuya demanda creciente está asociada a la futura demanda mundial de vehículos eléctricos. Obviamente el anuncio de Posco es un revés en esta “política de industrialización”.

 Paralelo con Argentina

Este desafío de generación de productos de valor agregado a partir de litio no es sólo empeño de nuestro país, también de nuestros vecinos Argentina y Bolivia, países que también poseen recursos relevantes a nivel mundial y que han implementado estrategias bastante diversas. A la fecha, pareciera ser que Argentina lleva el liderazgo con su proyecto en Jujuy.

De acuerdo con el informe “Litio en la Argentina” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2019, las reservas de litio en ese país representan un 13% de las mundiales; mientras que la producción local del mineral es de 30.400 ton al año, lo que convierte a Argentina en el tercer mayor productor de litio del mundo. El estudio coincide en que el litio en el país se concentra en Catamarca, Jujuy y Salta. Por otra parte, según información de Cochilco, Chile tiene el 48% de las reservas mundiales de litio.

En Chile el término “Política de Industrialización” ha estado en general ausente en los discursos y espacios de reflexión. Sin embargo, países como Australia han sostenido desde décadas una visión integrada de lo que es el desarrollo de la industria y cómo influye en ella la innovación y la investigación y desarrollo.

A principios de junio último, en la provincia argentina de Jujuy se dio inicio a la construcción de la primera planta de fabricación de baterías de iones de litio de Sudamérica. La empresa funcionará en el Parque Industrial de Perico y estará gerenciada por la firma Jujuy Litio, que asocia a Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y la italiana SERI.

El Grupo SERI tendrá una participación en el proyecto del 40%, y el Estado, a través de Jemse (Jujuy Energía y Minería), el 60% restante. La inversión proyectada es de US$60 millones. Por otra parte, se construirá una planta espejo en Nápoles (Italia) en donde las participaciones de SERI y Jemse serán inversas, con el 60% y 40% respectivamente, atendiendo así también intereses de la EU en cuanto a manufactura local.

Las etapas del proyecto contemplan el montaje de una planta piloto de ensamble de baterías de litio, la fabricación de celdas de la batería de litio y la producción de material activo, en base al material extraído de los salares jujeños bajo normas sustentables y amigables con el medio ambiente.

SERI es una compañía italiana que tiene una larga trayectoria en la fabricación de baterías de litio en Europa, y su posicionamiento le permitirá tener mayor exclusividad que los países asiáticos a la hora de ingresar baterías a la UE. Así, SERI contribuye a la alianza con capital, conocimiento técnico especializado y acceso a mercados.

Las estrategias seguidas por ambos países se diferencian en varios aspectos:

– Encadenamiento productivo: Argentina, en el proyecto de Jujuy, ha implementado la integración total de la cadena de producción, en donde al recurso que tiene el país se suma todo el encadenamiento productivo de su socio SERI. Chile, por el contrario, en su estrategia fracciona el encadenamiento productivo dejando que la extracción sea un negocio independiente del futuro encadenamiento productivo, que empresas como Posco y Samsung SDI prometían aportar. Los incentivos y convergencia de intereses en el éxito del negocio difieren sustantivamente en uno y otro caso.

– Los incentivos a la inversión: Chile estableció una estrategia en donde las empresas como el consorcio Samsung SDI y Posco podían optar a un precio de litio más barato que en el mercado, mejorando así la rentabilidad del futuro negocio de generación de partes de baterías de litio. Argentina, en específico Jujuy, definió ser socia mayoritaria a través de la empresa estatal Jemse, de modo de reducir el riesgo de la inversión del privado al compartir el Estado el riesgo del negocio.

– Retorno esperado: ambas estrategias esperan generar empleo más calificado, así como investigación y desarrollo en sus respectivos Institutos del Litio. Sin embargo, en el caso argentino se suma que el Estado es partícipe directo del negocio con la propiedad del 60% de la nueva empresa, accediendo así al beneficio económico directo que éste genere, y aún más, al control mediante su participación mayoritaria. Por otra parte, Chile cobra un “royalty”, el cual tiene dos componentes: uno basado en ventas y otro consistente en un pago anual según margen operacional.

Política de Industrialización

Todos los anteriores elementos forman parte de una Política de Industrialización, en donde es crucial lo que un país defina, ya que puede llevar a caminos muy distintos en el desafío de aumentar la competitividad y llegar a ser algún día un país desarrollado.

En Chile el término “Política de Industrialización” ha estado en general ausente en los discursos y espacios de reflexión de cómo superar el estancamiento de nuestra economía. Sin embargo, países como Australia han sostenido desde décadas una visión integrada de lo que es el desarrollo de la industria y cómo influye en ella la innovación y la investigación y desarrollo. Es así que este país tiene el Ministerio de Industrias, Innovación y Ciencia, bajo cuyo alero existen centros como el conocido Csiro y la Agencia de Geociencia, a los que se suman organizaciones como el “Australian Qualifications Framework”, donde se definen los estándares para la educación calificada en Australia, la que comprende la educación terciaria con diplomas, certificaciones, masters y doctorados, potenciando así la alineación entre las necesidades de la industria, la formación académica y la investigación, desarrollo e innovación.

 

Fuente:http://www.latinomineria.cl/blog/2019/09/13/la-industrializacion-del-litio-los-casos-de-argentina-y-chile/

Chile

Andes Iron tras fallo de Dominga: «Tenemos plena confianza de la evaluación ambiental que se hizo»

El presidente ejecutivo indicó además que el proyecto que estará emplazado en la Región de Coquimbo concilia el desarrollo minero con el medio ambiente.


La empresa a cargo del proyecto, Andes Iron se refirió al fallo de la Corte Suprema sobre Dominga, y afirmaron que tienen plena confianza de la evaluación ambiental que se hizo de la iniciativa.

“Andes Iron reitera su compromiso invariable de cumplir con los más altos estándares en materia ambiental. Por eso valoramos positivamente, tal como lo dispone la sentencia del máximo tribunal del país, que los tribunales ambientales deban pronunciarse sobre el fondo de los aspectos jurídicos ambientales del proyecto”, indicó el presidente ejecutivo de la compañía minera Andes Iron, Iván Garrido, en un comunicado.Además comentó que “el Servicio de Evaluación Ambiental, una vez culminado un riguroso proceso de evaluación ambiental, procedió a dictar el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), resolución que recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, aprobar el proyecto minero Dominga, precisamente por cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente en el país.”

Finalmente el ejecutivo indicó que el proyecto que estará emplazado en la Región de Coquimbo concilia el desarrollo minero con el medio ambiente.

“Tenemos la convicción que las características de este proyecto son plenamente compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en lo relativo a la protección del medio ambiente y a la biodiversidad existente en la zona, así como cumple totalmente con la legislación nacional medioambiental”.

 

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/andes-iron-tras-fallo-dominga-tenemos-plena-confianza-la-evaluacion-ambiental-se/836493/

Chile

«La situación climática empeoró; el único camino es la presión social»

Como antesala de la Asamblea General, la ONU convocó a un debate del que participaron dirigentes, empresarios y referentes ecologistas. El tema será abordado por los líderes mundiales en Nueva York. «Hoy no está asegurado que no sobrepasemos el 1,5º de alza de temperatura», dijo el ambientalista chileno Lucio Cuenca.

La Cumbre de Acción Climática, celebrada a un día del comienzo de la Asamblea General, convocó en la sede de la ONU en Nueva York a líderes mundiales, empresarios y referentes medioambientales como la joven sueca Greta Thunberg, quien sintetizó la dramática situación que atraviesa el planeta: «Nos están fallando. Los ojos de las futuras generaciones están sobre ustedes», dijo ante varios jefes de Estado.

«La situación ha ido empeorando gradualmente, por lo tanto el camino que está quedando es la presión social, la presión activa de la ciudadanía, los movimientos sociales y esta nueva generación de jóvenes».

«La historia nos ha demostrado que sin acción, sin movilización social, no se podrá cambiar la mentalidad de nuestros políticos, para cambiar los modelos productivos que profundizan la crisis climática», aseguró a Voces del Mundo Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) desde Chile.

El ambientalista chileno expuso un escenario poco optimista y cuestionó la responsabilidad de las potencias mundiales. «Hay que ponerse en posición de exigencia con las economías más grandes, que son responsables de las emisiones históricas, a costa de los países del sur, que vivimos las consecuencias de ese nivel de consumo y de ese estándar de vida. No debemos diluir las responsabilidades, hay unos más responsables que otros, que deben comprometerse por bajar sus emisiones. La justicia climática tiene que ver con esa visión», aseguró.En tanto, Cuenca se refirió a la COP25 –la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático–, que este fin de año tendrá lugar en Santiago. Criticó los llamados mecanismos de mercado que buscan regular la emisión de gases de efecto invernadero mediante bonos negociables y advirtió sobre la actividad minera en su país.

«Las empresas mineras están desarrollando grandes campañas comunicacionales diciendo que la minería es el centro de la transición energética para enfrentar la crisis climática, cuando son un factor de la crisis climática».

«Los mismos que han generado el problema ahora nos quieren vender la solución. Y no se considera el impacto de la minería. Llamaría a tener cuidado al avalar esos discursos, que quieren ampliar aun más la explotación de minerales en la franja limítrofe en nuestros países. Los glaciares no son solo reservas de agua, sino testigos geológicos de la la historia y reguladores de la temperatura», apuntó.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/201909241088772345-cambio-climatico-preocupacion-de-la-onu/?fbclid=IwAR0v-IBriFuml3fk78Jy84Cwq12WI_PnTEB3VQwLzLMse_xuoFP0JhSXuCw
Chile

Minera Dominga: Corte Suprema rechaza reclamación de Andes Iron y devuelve caso al tribunal ambiental

Dominga es un proyecto integrado de mina y puerto, que se ubicará en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo.


En un fallo muy esperado, la Corte Suprema finalmente se pronunció sobre Minera Dominga y decidió rechazar las reclamaciones presentadas por Andes Iron, devolviendo el caso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, el que ahora deberá analizar el fondo del caso.

La Corte Suprema estableció en un fallo de más de 180 páginas que “se rechaza el segundo capítulo de la reclamación deducida por Andes Iron SpA, vinculados a la denuncia de vicios formales en la tramitación de las reclamaciones administrativas y en el pronunciamiento del Comité de Ministros”.

Además indicó que “el Primer Tribunal Ambiental, a través de Ministros no inhabilitados, conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento”.

La decisión del Máximo Tribunal es favorable para la reclamación que presentaron los ambientalistas y no para Andes Iron, empresa que acusó vicios en el proceso que llevó adelante el Comité de Ministro.

La Corte Suprema retrotrae el proceso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, indicándole que se pronuncie sobre el fondo del proceso -anteriormente lo hizo solo sobre la forma- y analizar si la información ambiental que se desarrolló en el proceso de evaluación ambiental es suficiente o no para aprobar la iniciativa.

El Proyecto

La iniciativa de Andes Iron, ligada a la familia Délano y Garcés, había sido rechazada tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como por el Comité de Ministros en 2017.

Cabe recordar que la votación en esa instancia generó un verdadero terremoto político durante el gobierno de Michelle Bachelet, el que finalmente se tradujo en la salida del equipo económico de esa administración y que estaba liderado por el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, y su par de Economía, Luis Felipe Céspedes.

Dominga es un proyecto integrado de mina y puerto, que se ubicará en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo.

En construcción creará 10.000 puestos de trabajo directos y 1.450 cuando esté en operación. Según la empresa, por cada empleo directo se generan unas 2,5 plazas laborales.

El proyecto con una vida útil estimada de 26,5 años contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto.

 

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/minera-dominga-corte-suprema-rechaza-reclamacion-andes-iron-devuelve-caso-al-tribunal-ambiental/836266/?fbclid=IwAR2GnLuQ9Z-bFn8OIav5uh2CrEMCjt7R1bZmhCFxkQsUc7j0TgafvtB9l4g

Chile

Piñera propone la destrucción de glaciares con el apoyo de empresas mineras

La “Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares”, organización de la que son parte 29 movimientos territoriales desde Copiapó a Aysén, denuncian y rechazan tajantemente la modificación a la ley de protección de glaciares ingresada por Piñera

El gobierno, que recibe todo el apoyo de las empresas mineras, cambió el proyecto de ley a uno que regula y autoriza la destrucción e intervención según un inventario de glaciares creado por ellos mismos.

En 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, y hasta el día de hoy, se han presentado 6 proyectos de ley de protección de glaciares, el último fue en 2018 y fue aprobado casi en su totalidad por senadores “con la condición negociada con el Ejecutivo, de que primero fuera revisado por la Comisión de Minería y Energía. Curiosamente las industrias que la mismísima estrategia nacional de glaciares reconoce como las principales industrias que generan impactos negativos en los glaciares, destruyéndolos” indica la declaración.

Los gobiernos de turno junto con el sector minero han logrado dilatar la discusión y tramitación para evitar que sea aprobado. Todo esto en medio de la crisis hídrica que abarca 2 regiones completas, 7 provincias y 10 comunas del país.

La ley sólo regula a los glaciares insertos en el Inventario Nacional de Glaciares. En este sentido, por definición no serán integrados a dicho inventario una gran cantidad de glaciares que entonces siquiera merecerán ser declarados por las empresas en un Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el gobierno decide sacrificar sin más una gran masa de glaciares. Los glaciares más pequeños de una hectárea no son considerados glaciares, así como los que no fluyen, de esta manera la mayoría de los glaciares de nuestro norte están siendo regalados al extractivismo. Lo mismo ocurrirá con una serie de glaciares descubiertos y cubiertos que no cumplan con los porcentajes de detritos en ellos que estipula el artículo 1°» señala el texto.

La Comisión de Minería y Energía del Senado, el gobierno y el ministro de Minería Baldo Prokurica señalan que no es necesaria esta ley en particular ya que los glaciares se encuentran actualmente protegidos por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Argumento que fue desmentido por la Coordinación pues señalan que “el SEA permite la ejecución de proyectos que afecten glaciares.”

La Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares dice: “Declaramos además a Sebastián Piñera y su gobierno, como a todos los ministros y senadores que han apoyado esta indicación y personeros del mundo minero como ECOCIDAS. Esta situación debe ser conocida a nivel internacional, más en este contexto de COP25, ya que como país organizador hay un doble discurso y es irracional que el mismo gobierno esté proponiendo destruir glaciares cuando son los retardadores y amortiguadores por excelencia del calentamiento global”.

 

Fuente:http://www.laizquierdadiario.cl/Pinera-propone-la-destruccion-de-glaciares-con-el-apoyo-de-empresas-mineras

Chile, Litio

OLCA y OCMAL realizan encuentro regional frente a la crisis ambiental, la transición energética y el extractivismo minero en Latinoamérica

Frente a la innegable crisis climática y las falsas soluciones levantadas por instancias coaptadas por el sector empresarial transnacional apoyado por los Estados, durante la semana del 23 de septiembre, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina junto a War on Want y Mining Watch Canada realizarán una serie de actividades con el fin de generar propuestas alternativas.

En este encuentro, en el que participarán personas de distintos países de la región, se caracterizará el escenario internacional del extractivismo minero y su relación con el cambio climático y sus efectos, los conflictos socioambientales y por supuesto la construcción de articulaciones y estrategias comunitarias sociales e indígenas para una transición energética justa y post-extractivista.

Históricamente la minería, al igual que otros extractivismo como la obtención de hidrocarburos, es una de las actividades más contaminantes y contribuyentes al cambio climático, sin embargo esta estrecha y directa relación no siempre es evidente y a menudo se invisibiliza.

La extracción minera así como los subsiguientes procesos de fundiciones metalúrgicas demandan grandes cantidades de combustibles fósiles, además de la contaminación inherente de estos procesos debido a la liberación de los gases con efecto invernadero. A ésto se suman las emisiones relacionadas al transporte de materias primas y los cambios climáticos locales en territorios de extracción, entre otras cosas, por el consumo intenso de agua que requiere la industria minera y la deforestación que frecuentemente antecede la instalación de proyectos mineros.

Aún así la gran minería, e incluso la expansión de la frontera extractivista minera, pretende posicionarse como parte de la solución a la crisis climática en el marco de las soluciones promovidas a nivel internacional basadas en nuevas tecnologías y no en un cambio profundo del patrón global de producción y consumo.

A fines de este año en Chile se realizará el 41° encuentro anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) seguido por la 25 Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP25). Estos espacios internacionales promueven soluciones a la crisis climática en base al capitalismo verde y una transición energética a través de la electromovilización, que requiere un alto nivel de “nuevos” minerales tales como el litio, el cobalto, las tierras raras, entre otros.

Esta reconversión a la electromovilidad ha agudizado aún más los conflictos socioambientales en los territorios donde son extraídos estos elementos y en donde ya existía una desregulada actividad minera. Las comunidades que ancestralmente las habitan son testigos de los perjuicios en sus quehaceres cotidianos y de sustento, así como en la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Ésto en el marco de una advertida conflictividad socioambiental por la profundización del modelo extractivista minero.

Comunidades indígenas y campesinas latinoamericanas afectadas por la extracción minera han levantado procesos de reivindicación y lucha contra la gran minería, generando reflexiones y críticas en torno a los modelos de desarrollo promovidos por los Estados y generando experiencias de alternativas concretas a éstos. Las luchas comunitarias, frecuentemente criminalizadas, son la esperanza frente a los permanentes fracasos de los sistemas internacionales para frenar la depredación y la desgaste socio-ambiental.

Los procesos de conflicto se manifiestan cada vez más temprano y los de larga data y aparentemente desperfilados, pueden reactivarse poniendo en jaque la también aparente estabilidad institucional, empresarial y comunitaria. Aunque por otro lado, la dinamización de los conflictos por extracción de minerales es respondida con incremento de criminalización, represión y violencia por parte de gobiernos y empresas mineras.

Asimismo existen otros factores que acompañan la conflictividad socioambiental por minería como lo es la crisis hídrica, la afectación de páramos y cabeceras de cuenca, la destrucción de glaciares, el cambio climático y la pérdida de condiciones de vida y sustento para las comunidades locales.
Pero por más evidencias que se generan para criticar el extractivismo minero y más se demuestra que la actividad minera empobrece los pueblos, mayor es la insistencia de gobiernos de todas las corrientes para sostenerlo y profundizarlo.

Esta nueva fiebre de oro blanco se explica por el incremento de la demandada por parte de las potencias económicas e industrializadas para la fabricación de tecnologías debido a la excelente capacidad del litio de conducir calor y electricidad, condición necesaria para el almacenamiento de energía. El litio se ha utilizado tradicionalmente para la fabricación de vidrios, cerámicas, lubricantes, medicamentos psiquiátricos, grasas lubricantes, aire acondicionado, polímeros y metalurgia, entre otros. Sin embargo, producto del crecimiento exponencial de la industria electrónica de dispositivos portátiles energéticamente recargables, ha aumentado inusualmente la demanda internacional de litio en los últimos años por ser un mineral con excelentes propiedades para la fabricación de baterías recargables de celulares y computadores, pero principalmente para la fabricación de automóviles eléctricos o híbridos cuya producción experimenta un explosivo aumento.

En la actualidad el litio en salmueras, que constituye la forma más económica de obtención de este mineral, se explota principalmente en los salares altoandinos del Cono Sur. Esta zona denominada el Triángulo del Litio,perímetro tripartito entre Argentina, Chile y Bolivia, representa el mayor impacto socioambiental de la minería de este elemento, a diferencia de otros métodos de extracción, a causa del gasto indiscriminado de agua para la evaporación de salmueras y la producción de las faenas necesarias.

Pese a las especificidades en materia legislativa de cada país, la característica principal de la extracción de litio es la débil e insuficiente institucionalidad que no garantiza el cumplimiento de sus propias legislaciones ni el resguardo de los ecosistemas de los salares. De esta forma, la minería del litio como mineral estratégico para la transición hacia una matriz energética “verde” o “carbono cero” se desarrolla a costa de la devastación de los ecosistemas y de las vidas cotidianas de las comunidades originarias de la región altoandina, lo que evidentemente cuestiona la sustentabilidad de una matriz energética no fósil sustentada en el uso de litio para baterías.

CALENDARIO ACTIVIDADES DE LA SEMANA

24 – 25 | Taller: Litio Altoandino, Salares y Conflictividad Socioambiental

26 | Conversatorio: “Crisis Climática, Transición Energética y Extractivismo Minero en América Latina”

27 – 28 | Encuentro Regional: Crisis Climática, Transición Energética y Extractivismo Minero en América Latina

Más informaciones: comunicacionesolca@gmail.com

Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107661

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Chile

Ejecutivos de Barrick sabían que Pascua Lama no podría cumplir con exigencias ambientales

El audio de una reunión en 2015 da cuenta que los ejecutivos de Barrick Gold estaban conscientes de qe no se podría cumplir con el monitoreo de glaciares.

La información fue compartida entre las oficinas de Santiago, Vallenar y San Juan de Argentina.

Desde mayo de 2015 que los más altos ejecutivos de Barrick, tenían claro conocimiento que el proyecto Pascua Lama no podría cumplir con las exigencias ambientales comprometidas en su Calificación Ambiental (RCA).

Esta información fue compartida internamente en una reunión telefónica entre las oficinas de Barrick en Santiago, con las de Vallenar y San Juan en Argentina con el entonces vicepresidente senior Pascua Lama y director ejecutivo de Barrick Chile, Eduardo Flores Zelaya y el director ejecutivo de Pascua Lama (hasta 2018), Sergio Fuentes.

El contenido de dicha reunión fue publicado por El Desconcierto y da cuenta que los ejecutivos estaban conscientes de que caerían en incumplimento en lo que respecta al monitoreo de los glaciares. Pese a ello la estrategia comunicacional de la empresa, -según cuenta el artículo-, acota la crisis a problemas de incumplimiento normativos y de construcción pero no se refiere al daño ambiental. De los audios publicados se desprenden las declaraciones realizadas por Sergio Fuentes.

«Hace más de un año estamos tratando el proceso de poder ajustar el protocolo y hacer una propuesta de monitoreo. Pero existen compromisos en las Resoluciones de Calificaciones Ambientales ¡Que no somos capaces de cumplir! Y así como ese hay muchos más», afirma refiriéndose a la imposibilidad de entregar un monitoreo de glaciares como se establece en la aprobación ambiental.

«Esos incumplimientos que mostró Eduardo, este nuevo proceso, no es que sea nuevo, son incumplimientos que han existido desde hace mucho tiempo y que para resolverlos algunos de ellos, hay que cambiar los compromisos. O sea, en algunos casos no existe solución a poder cumplir tal cual está escrito», afirma Fuentes en otra parte del audio reconociendo la situación ambiental que enfrentaría la empresa ante la Supertintendencia de medio ambiente.

Suspensión del cierre de Pascua Lama

En marzo de este año la Tercera Sala de la Corte Suprema dejó sin efecto el veredicto del Tribunal Ambiental (TA) de Antofagasta que clausuró de forma definitiva el proyecto Pascua Lama en octubre del 2018.

En julio el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta comenzó la audiencia de alegatos por las reclamaciones de ilegalidad por el cierre. La causa quedó en estudio.

A su vez existe una Demanda por Daño Ambiental que el Consejo de Defensa del Estado interpuso contra la filial de Barrick Gold, acción que busca una reparación de todo el daño ambiental causado por el proyecto. En agosto el Tribunal Ambiental propuso una conciliación entre las partes.

En esta causa el tribunal acogió la solicitud de la filial de Barrick de no incluir a las comunidades como terceros.

 

Fuente:https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-atacama/ejecutivos-de-barrick-sabian-que-pascua-lama-no-podria-cumplir-con/2019-09-22/134328.html

Chile

Agrupaciones ecologistas denuncian que el Gobierno propone autorizar la destrucción de glaciares

Gobierno ingresa indicación sustitutiva que cambia proyecto de ley de protección de glaciares y sus ambientes a u

no que, según activistas, regula y permite su destrucción e intervención.

A través de una declaración, la “Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares” manifestó su rechazo al ingreso de una indicación por parte del Ejecutivo, a un proyecto que busca la protección de los glaciares en nuestro país.

Según la organización, que a su vez agrupa a diversos movimientos ecologistas de Chile, esta indicación obedece a la presión de las mineras y va en desmedro de la gente y el ecosistema.

A continuación, el texto íntegro de la Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares.

“En nuestro país y desde el año 2005 a la fecha, se han presentado 6 proyectos de ley sobre protección de glaciares. Ninguno ha logrado sortear el mayor obstáculo; la incidencia del sector minero en la discusión y en la decisión que toman con los distintos gobiernos de turno para, finalmente no proteger.

“A principios de este mes, esto incluso fue reconocido por el ex Canciller del gobierno de Bachelet, Heraldo Muñoz, quién señaló [1] : Este tema no tiene nada que ver con la urgencia que ponen las comisiones, tiene que ver con otras cosas, con los intereses mineros. ¿Ok?  El tema de la minería respecto de los glaciares es que te dicen “nos van a impedir entonces la posibilidad de seguir creciendo, de seguir teniendo yacimientos porque todo va a ser protección de glaciares”. Entonces ése es parte del problema (ver link: https://www.youtube.com/watch?v=w3RYIGmuDdw&feature=youtu.be).

“De estos 6 proyectos, dos se encuentran vigentes en el Congreso; el proyecto Boletín 11.597-12[2] en la Comisión de Medio Ambiente de los Diputados y el proyecto Boletín 11.876-12[3] en la Comisión de Minería y Energía del Senado[4]. Precisamente es sobre este último que el gobierno realiza la indicación sustitutiva.

“El proyecto fue ingresado a mediados del 2018 y, en junio pasado, los senadores lo aprobaron en general, pero con la condición, negociada con el Ejecutivo, de que primero fuera revisado por la Comisión de Minería y Energía. Curiosamente las industrias que la mismísima estrategia nacional de glaciares reconoce como las principales industrias que generan impactos negativos en los glaciares, destruyéndolos.

“La tramitación en la Comisión de Minería y Energía del Senado ha estado caracterizada por la presencia en masa del sector minero, actuando en complicidad con el gobierno encabezados por el ministro de Minería Baldo Prokurica, oponiéndose a la protección esbozando dos argumentos: que los glaciares ya se encuentran protegidos por medio del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y que los glaciares que se encuentran en áreas silvestres protegidas también lo están, y que por lo tanto no es necesaria una ley particular de glaciares. Estos argumentos son simplemente falsos. El SEA permite la ejecución de proyectos que afecten glaciares[5] . Y las áreas silvestres pueden desafectarse y ser intervenidas y con esto los glaciares pueden verse afectados. La presencia entonces del sector minero y el Gobierno en la comisión responde a estrategias de presión para obstaculizar lo básico; entregarles protección a las reservas de agua del país.

“Es así como finalmente el gobierno de Sebastián Piñera decide ingresar el pasado 13 de septiembre la indicación que cambia todo el proyecto anterior, respondiendo a las preocupaciones manifestadas el sector minero en la tramitación y paradójicamente recogiendo aspectos que el mismísimo ex ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier planteó en su visita a la comisión en agosto pasado. Esta fórmula de reemplazar un texto sobre protección de glaciares que no es conveniente ni para el gobierno ni para los empresarios mineros ya fue utilizada en 2015 por el gobierno de Bachelet.

“A continuación, presentamos un análisis a la propuesta del gobierno de Piñera contenida en la indicación sustitutiva que plantea la legalización de la intervención y destrucción de los glaciares y su entorno (ver indicaciones en: https://drive.google.com/file/d/128NGU7jIsYwC9xLCO2ziDY5i3V9731fS/view?usp=drivesdk):

1- “La ley sólo regula a los glaciares insertos en el Inventario Nacional de Glaciares. En este sentido por definición no serán integrados a dicho inventario una gran cantidad de glaciares que entonces siquiera merecerán ser declarados por las empresas en un Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el gobierno decide sacrificar sin más una gran masa de glaciares. Los glaciares más pequeños de una hectárea no son considerados glaciares, así como los que no fluyen, de esta manera la mayoría de los glaciares de nuestro norte están siendo regalados al extractivismo. Lo mismo ocurrirá con una serie de glaciares descubiertos y cubiertos que no cumplan con los porcentajes de detritos en ellos que estipula el artículo 1°.

2- “Glaciares en Parques Nacionales y Regiones vírgenes (que en Chile no existen) quedan a disposición de ser afectos ya que sólo se prohíben en ellos proyectos o actividad que puedan afectarlos.

3- “Para los glaciares dentro del inventario, de manera engañosa esboza como un gran avance presunta prohibición a posible “remoción, traslado y cubrimiento de un glaciar”, como si esto estuviese permitido hoy en día (recordar que Pascua Lama se aprobó justamente con la condición de no remover, trasladar y afectar glaciares). Sin embargo, los condena a muerte al permitir el ingreso de proyectos en glaciares, su entorno y glaciares de roca por medio del Sistema de Impacto Ambiental y logrando a su vez un permiso sectorial a la DGA.

4- “Cualquier persona puede solicitar la desafectación de un nuevo glaciar catastrado en el Inventario de Glaciares. Cabe recordar que por lo expresado en el número 1 muchos glaciares ya quedan fuera del Inventario.

5- “Los proyectos que cuenten con permisos y hoy en día estén realizando actividades en glaciares y su entorno no quedarán afectos a las disposiciones de la ley, es decir, podrán seguir afectándolos.

6- “Intentando de demostrar resguardo a los glaciares, propone que la SMA dentro del plazo de dos años desde la publicación de la ley deberá requerir un plan de seguimiento a proyectos en zona de influencia de glaciares y su entorno para ver si las variables evaluadas con que fueron establecidas condiciones o medidas para “proteger” glaciares siguen comportándose conforme a lo evaluado. En caso contrario se deberá abrir un proceso de revisión de la RCA. O sea, se irán modificando los permisos ambientales en favor de la empresa, para que ella logre cumplir, en vez de determinar afección o daño a los glaciares.

“Las indicaciones presentadas por el gobierno de Piñera son inconstitucionales tal como las que realizó Bachelet en el 2015 (ratificado tanto por el Instituto de Derechos Humanos y la mismísima Corte Suprema), y  responden a las preocupaciones del sector minero, tal como ocurrió con el gobierno de Bachelet en su momento. Es decir, el gobierno plantea en estas indicaciones la visión del sector minero cuidando sus intereses en vez del de todas las personas y ecosistemas que hoy sufren por no tener agua. Que lo firme el Ministerio de Minería, Obras Públicas y Medio Ambiente dice mucho, así como que se haga en pleno contexto de desoladora sequía nacional (de la cual solo se ha pronosticado su aumento en los años venideros), con más de 11 Decretos de zona de escasez de agua vigentes, dos en regiones completas (Maule y Coquimbo), 7 Provincias  (Marga-Marga, Petorca, Valparaíso, San Antonio, San Felipe, Quillota, Los Andes), 10 Comunas (San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, San Bernardo, Isla Maipo, Buin, Alhué, San Pedro, Colina, Til Til)[6], y en donde las regiones  de Coquimbo y Valparaíso, están declaradas además como zona de emergencia agrícola[7] y catástrofe; y por último en donde incluso hemos tenido que lamentar el suicidio de un agricultor ante la falta de agua.

“Desde la Coordinación de Territorio en Defensa de los Glaciares, espacio que aglutina 29 organizaciones territoriales desde Copiapó a Aysén, manifestamos nuestro total rechazo y repudio a la propuesta del gobierno y hacemos el llamamos a levantarnos como territorios y ciudadanía, pues los glaciares son nuestra posibilidad de agua hoy y en el futuro y necesitamos resguardarlos urgentemente bajo una ley que los proteja a todos y a sus ambientes. La indicación de Piñera es una amenaza que pone en jaque nuestro futuro a corto plazo.

“Declaramos además a Sebastián Piñera y su Gobierno, como a todos los ministros y senadores que han apoyado esta indicación y personeros del mundo minero como ECOCIDAS. Esta situación debe ser conocida a nivel internacional, más en este contexto de COP25, ya que como país organizador hay un doble discurso y es irracional que el mismo gobierno esté proponiendo destruir glaciares cuando son los retardadores y amortiguadores por excelencia del calentamiento global”.

 

Fuente:https://radio.uchile.cl/2019/09/19/agrupaciones-ecologistas-denuncian-que-el-gobierno-propone-autorizar-la-destruccion-de-glaciares/

Chile

Crisis Climática, Transición Energética y Extractivismo Minero

Conversatorio: Crisis Climática, Transición Energética y Extractivismo Minero en América Latina

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina junto a War on Want y Mining Watch Canadá, con el patrocinio de la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile, tienen el agrado de invitarle al Conversatorio: Crisis Climática, Transición Energética y Extractivismo Minero en América Latina.

En este encuentro participarán Yvonne Yánez de Acción Ecológica (Ecuador), Ana Leyva de CooperAcción (Perú), Jorge Muñoz Coca del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (Atacama, Chile) y Oscar Campanini del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

¿Dónde? Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Marcoleta #250, Santiago Centro. A pasos de la estación de metro Universidad Católica.

¿Cuándo? Jueves 26 de septiembre desde las 19:00 a las 20:30 horas.

La minería, al igual que otros extractivismo como la obtención de hidrocarburos, es una de las actividades más contaminantes y contribuyentes al cambio climático, sin embargo esta estrecha y directa relación no siempre es evidente y a menudo se invisibiliza. Pero pese a ésto la gran minería, e incluso la expansión de la frontera extractivista minera, pretende posicionarse como parte de la solución a la crisis climática en el marco de las soluciones promovidas a nivel internacional basadas en nuevas tecnologías y no en un cambio profundo al patrón global de producción y consumo.

A fines de este año en Chile se realizará el 41° encuentro anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) seguido por la 25 Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP25). Estos espacios internacionales promueven soluciones a la crisis climática en base al capitalismo verde y una transición energética a través de la electromovilización, que requiere un alto nivel de “nuevos” minerales tales como el litio, el cobalto, las tierras raras, entre otros.

Esta reconversión a la electromovilidad ha agudizado aún más los conflictos socioambientales en los territorios donde son extraídos estos elementos y en donde ya existía una desregulada actividad minera. Las comunidades indígenas y campesinas que las habitan y resisten son quienes viven los perjuicios en sus quehaceres cotidianos y de sustento, así como en la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Ésto en el marco de una advertida conflictividad socioambiental por la profundización del modelo extractivista minero.

Chile

Proyecto de ley sobre protección de glaciares incluye excepción para explotación minera

El viernes pasado venció el plazo para ingresar indicaciones el proyecto de ley de que busca establecer normas de protección para los glaciares y su entorno, como reservas estratégicas de agua dulce, en la Comisión de Minería y Energía del Senado.

Las indicaciones del Ejecutivo impedirían la realización de proyectos que afecten a los cuerpos de hielo en regiones vírgenes y parques nacionales, además de su remoción, traslado y cubrimiento.

Sin embargo, habría una excepción que permitiría a la Dirección General de Aguas entregar un permiso sectorial que autorice proyectos en glaciares rocosos, como es el caso de la minería, en base a ciertas “condiciones técnicas”.

El presidente de la comisión, el senador socialista, Álvaro Elizalde, sostuvo que, más allá de las indicaciones en particular, el proyecto debe priorizar el resguardo de los glaciares, a la actividad económica.

En tanto, uno de los autores del proyecto y presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara Alta, el PPD Guido Girardi, acusó al Gobierno de favorecer los intereses industriales a través de resquicios legales.

La iniciativa debiera votarse, a más tardar, a mediados de octubre para luego volver a la Comisión de Medio Ambiente.

 

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/09/15/proyecto-de-ley-sobre-proteccion-de-glaciares-incluye-excepcion-para-explotacion-minera.shtml