La “Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares”, organización de la que son parte 29 movimientos territoriales desde Copiapó a Aysén, denuncian y rechazan tajantemente la modificación a la ley de protección de glaciares ingresada por Piñera

El gobierno, que recibe todo el apoyo de las empresas mineras, cambió el proyecto de ley a uno que regula y autoriza la destrucción e intervención según un inventario de glaciares creado por ellos mismos.

En 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, y hasta el día de hoy, se han presentado 6 proyectos de ley de protección de glaciares, el último fue en 2018 y fue aprobado casi en su totalidad por senadores “con la condición negociada con el Ejecutivo, de que primero fuera revisado por la Comisión de Minería y Energía. Curiosamente las industrias que la mismísima estrategia nacional de glaciares reconoce como las principales industrias que generan impactos negativos en los glaciares, destruyéndolos” indica la declaración.

Los gobiernos de turno junto con el sector minero han logrado dilatar la discusión y tramitación para evitar que sea aprobado. Todo esto en medio de la crisis hídrica que abarca 2 regiones completas, 7 provincias y 10 comunas del país.

“La ley sólo regula a los glaciares insertos en el Inventario Nacional de Glaciares. En este sentido, por definición no serán integrados a dicho inventario una gran cantidad de glaciares que entonces siquiera merecerán ser declarados por las empresas en un Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el gobierno decide sacrificar sin más una gran masa de glaciares. Los glaciares más pequeños de una hectárea no son considerados glaciares, así como los que no fluyen, de esta manera la mayoría de los glaciares de nuestro norte están siendo regalados al extractivismo. Lo mismo ocurrirá con una serie de glaciares descubiertos y cubiertos que no cumplan con los porcentajes de detritos en ellos que estipula el artículo 1°» señala el texto.

La Comisión de Minería y Energía del Senado, el gobierno y el ministro de Minería Baldo Prokurica señalan que no es necesaria esta ley en particular ya que los glaciares se encuentran actualmente protegidos por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Argumento que fue desmentido por la Coordinación pues señalan que “el SEA permite la ejecución de proyectos que afecten glaciares.”

La Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares dice: “Declaramos además a Sebastián Piñera y su gobierno, como a todos los ministros y senadores que han apoyado esta indicación y personeros del mundo minero como ECOCIDAS. Esta situación debe ser conocida a nivel internacional, más en este contexto de COP25, ya que como país organizador hay un doble discurso y es irracional que el mismo gobierno esté proponiendo destruir glaciares cuando son los retardadores y amortiguadores por excelencia del calentamiento global”.

Fuente:http://www.laizquierdadiario.cl/Pinera-propone-la-destruccion-de-glaciares-con-el-apoyo-de-empresas-mineras

Gobierno ingresa indicación sustitutiva que cambia proyecto de ley de protección de glaciares y sus ambientes a u

no que, según activistas, regula y permite su destrucción e intervención.

A través de una declaración, la “Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares” manifestó su rechazo al ingreso de una indicación por parte del Ejecutivo, a un proyecto que busca la protección de los glaciares en nuestro país.

Según la organización, que a su vez agrupa a diversos movimientos ecologistas de Chile, esta indicación obedece a la presión de las mineras y va en desmedro de la gente y el ecosistema.

A continuación, el texto íntegro de la Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares.

“En nuestro país y desde el año 2005 a la fecha, se han presentado 6 proyectos de ley sobre protección de glaciares. Ninguno ha logrado sortear el mayor obstáculo; la incidencia del sector minero en la discusión y en la decisión que toman con los distintos gobiernos de turno para, finalmente no proteger.

“A principios de este mes, esto incluso fue reconocido por el ex Canciller del gobierno de Bachelet, Heraldo Muñoz, quién señaló [1] : Este tema no tiene nada que ver con la urgencia que ponen las comisiones, tiene que ver con otras cosas, con los intereses mineros. ¿Ok?  El tema de la minería respecto de los glaciares es que te dicen “nos van a impedir entonces la posibilidad de seguir creciendo, de seguir teniendo yacimientos porque todo va a ser protección de glaciares”. Entonces ése es parte del problema (ver link: https://www.youtube.com/watch?v=w3RYIGmuDdw&feature=youtu.be).

“De estos 6 proyectos, dos se encuentran vigentes en el Congreso; el proyecto Boletín 11.597-12[2] en la Comisión de Medio Ambiente de los Diputados y el proyecto Boletín 11.876-12[3] en la Comisión de Minería y Energía del Senado[4]. Precisamente es sobre este último que el gobierno realiza la indicación sustitutiva.

“El proyecto fue ingresado a mediados del 2018 y, en junio pasado, los senadores lo aprobaron en general, pero con la condición, negociada con el Ejecutivo, de que primero fuera revisado por la Comisión de Minería y Energía. Curiosamente las industrias que la mismísima estrategia nacional de glaciares reconoce como las principales industrias que generan impactos negativos en los glaciares, destruyéndolos.

“La tramitación en la Comisión de Minería y Energía del Senado ha estado caracterizada por la presencia en masa del sector minero, actuando en complicidad con el gobierno encabezados por el ministro de Minería Baldo Prokurica, oponiéndose a la protección esbozando dos argumentos: que los glaciares ya se encuentran protegidos por medio del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y que los glaciares que se encuentran en áreas silvestres protegidas también lo están, y que por lo tanto no es necesaria una ley particular de glaciares. Estos argumentos son simplemente falsos. El SEA permite la ejecución de proyectos que afecten glaciares[5] . Y las áreas silvestres pueden desafectarse y ser intervenidas y con esto los glaciares pueden verse afectados. La presencia entonces del sector minero y el Gobierno en la comisión responde a estrategias de presión para obstaculizar lo básico; entregarles protección a las reservas de agua del país.

“Es así como finalmente el gobierno de Sebastián Piñera decide ingresar el pasado 13 de septiembre la indicación que cambia todo el proyecto anterior, respondiendo a las preocupaciones manifestadas el sector minero en la tramitación y paradójicamente recogiendo aspectos que el mismísimo ex ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier planteó en su visita a la comisión en agosto pasado. Esta fórmula de reemplazar un texto sobre protección de glaciares que no es conveniente ni para el gobierno ni para los empresarios mineros ya fue utilizada en 2015 por el gobierno de Bachelet.

“A continuación, presentamos un análisis a la propuesta del gobierno de Piñera contenida en la indicación sustitutiva que plantea la legalización de la intervención y destrucción de los glaciares y su entorno (ver indicaciones en: https://drive.google.com/file/d/128NGU7jIsYwC9xLCO2ziDY5i3V9731fS/view?usp=drivesdk):

1- “La ley sólo regula a los glaciares insertos en el Inventario Nacional de Glaciares. En este sentido por definición no serán integrados a dicho inventario una gran cantidad de glaciares que entonces siquiera merecerán ser declarados por las empresas en un Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el gobierno decide sacrificar sin más una gran masa de glaciares. Los glaciares más pequeños de una hectárea no son considerados glaciares, así como los que no fluyen, de esta manera la mayoría de los glaciares de nuestro norte están siendo regalados al extractivismo. Lo mismo ocurrirá con una serie de glaciares descubiertos y cubiertos que no cumplan con los porcentajes de detritos en ellos que estipula el artículo 1°.

2- “Glaciares en Parques Nacionales y Regiones vírgenes (que en Chile no existen) quedan a disposición de ser afectos ya que sólo se prohíben en ellos proyectos o actividad que puedan afectarlos.

3- “Para los glaciares dentro del inventario, de manera engañosa esboza como un gran avance presunta prohibición a posible “remoción, traslado y cubrimiento de un glaciar”, como si esto estuviese permitido hoy en día (recordar que Pascua Lama se aprobó justamente con la condición de no remover, trasladar y afectar glaciares). Sin embargo, los condena a muerte al permitir el ingreso de proyectos en glaciares, su entorno y glaciares de roca por medio del Sistema de Impacto Ambiental y logrando a su vez un permiso sectorial a la DGA.

4- “Cualquier persona puede solicitar la desafectación de un nuevo glaciar catastrado en el Inventario de Glaciares. Cabe recordar que por lo expresado en el número 1 muchos glaciares ya quedan fuera del Inventario.

5- “Los proyectos que cuenten con permisos y hoy en día estén realizando actividades en glaciares y su entorno no quedarán afectos a las disposiciones de la ley, es decir, podrán seguir afectándolos.

6- “Intentando de demostrar resguardo a los glaciares, propone que la SMA dentro del plazo de dos años desde la publicación de la ley deberá requerir un plan de seguimiento a proyectos en zona de influencia de glaciares y su entorno para ver si las variables evaluadas con que fueron establecidas condiciones o medidas para “proteger” glaciares siguen comportándose conforme a lo evaluado. En caso contrario se deberá abrir un proceso de revisión de la RCA. O sea, se irán modificando los permisos ambientales en favor de la empresa, para que ella logre cumplir, en vez de determinar afección o daño a los glaciares.

“Las indicaciones presentadas por el gobierno de Piñera son inconstitucionales tal como las que realizó Bachelet en el 2015 (ratificado tanto por el Instituto de Derechos Humanos y la mismísima Corte Suprema), y  responden a las preocupaciones del sector minero, tal como ocurrió con el gobierno de Bachelet en su momento. Es decir, el gobierno plantea en estas indicaciones la visión del sector minero cuidando sus intereses en vez del de todas las personas y ecosistemas que hoy sufren por no tener agua. Que lo firme el Ministerio de Minería, Obras Públicas y Medio Ambiente dice mucho, así como que se haga en pleno contexto de desoladora sequía nacional (de la cual solo se ha pronosticado su aumento en los años venideros), con más de 11 Decretos de zona de escasez de agua vigentes, dos en regiones completas (Maule y Coquimbo), 7 Provincias  (Marga-Marga, Petorca, Valparaíso, San Antonio, San Felipe, Quillota, Los Andes), 10 Comunas (San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, San Bernardo, Isla Maipo, Buin, Alhué, San Pedro, Colina, Til Til)[6], y en donde las regiones  de Coquimbo y Valparaíso, están declaradas además como zona de emergencia agrícola[7] y catástrofe; y por último en donde incluso hemos tenido que lamentar el suicidio de un agricultor ante la falta de agua.

“Desde la Coordinación de Territorio en Defensa de los Glaciares, espacio que aglutina 29 organizaciones territoriales desde Copiapó a Aysén, manifestamos nuestro total rechazo y repudio a la propuesta del gobierno y hacemos el llamamos a levantarnos como territorios y ciudadanía, pues los glaciares son nuestra posibilidad de agua hoy y en el futuro y necesitamos resguardarlos urgentemente bajo una ley que los proteja a todos y a sus ambientes. La indicación de Piñera es una amenaza que pone en jaque nuestro futuro a corto plazo.

“Declaramos además a Sebastián Piñera y su Gobierno, como a todos los ministros y senadores que han apoyado esta indicación y personeros del mundo minero como ECOCIDAS. Esta situación debe ser conocida a nivel internacional, más en este contexto de COP25, ya que como país organizador hay un doble discurso y es irracional que el mismo gobierno esté proponiendo destruir glaciares cuando son los retardadores y amortiguadores por excelencia del calentamiento global”.

Fuente:https://radio.uchile.cl/2019/09/19/agrupaciones-ecologistas-denuncian-que-el-gobierno-propone-autorizar-la-destruccion-de-glaciares/

El viernes pasado venció el plazo para ingresar indicaciones el proyecto de ley de que busca establecer normas de protección para los glaciares y su entorno, como reservas estratégicas de agua dulce, en la Comisión de Minería y Energía del Senado.

Las indicaciones del Ejecutivo impedirían la realización de proyectos que afecten a los cuerpos de hielo en regiones vírgenes y parques nacionales, además de su remoción, traslado y cubrimiento.

Sin embargo, habría una excepción que permitiría a la Dirección General de Aguas entregar un permiso sectorial que autorice proyectos en glaciares rocosos, como es el caso de la minería, en base a ciertas “condiciones técnicas”.

El presidente de la comisión, el senador socialista, Álvaro Elizalde, sostuvo que, más allá de las indicaciones en particular, el proyecto debe priorizar el resguardo de los glaciares, a la actividad económica.

En tanto, uno de los autores del proyecto y presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara Alta, el PPD Guido Girardi, acusó al Gobierno de favorecer los intereses industriales a través de resquicios legales.

La iniciativa debiera votarse, a más tardar, a mediados de octubre para luego volver a la Comisión de Medio Ambiente.

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/09/15/proyecto-de-ley-sobre-proteccion-de-glaciares-incluye-excepcion-para-explotacion-minera.shtml

El conflicto entre las comunidades del valle del Huasco y la empresa Nueva Unión, nacida de la alianza entre Newmont Goldcorp y Teck, llegó el pasado seis de septiembre a la Corte de Apelaciones de Copiapó. Desde las comunidades denuncian que el proyecto minero no cumplió con informar a la población, fraccionó el plan original para no entregar Estudio de Impacto Ambiental y transgredió el convenio 169 de la OIT.

Este viernes seis de septiembre en la Corte de Apelaciones de Copiapó, se realizaron los alegatos sobre los sondajes ilegales realizados por la empresa Nueva Unión en la cuenca del Río Huasco. Actualmente el proyecto se encuentra detenido por la determinación de la Corte de Apelaciones, a la espera de que se realice la investigación contra la empresa y contra el Servicio de Evaluación Ambiental que permitió el proyecto.

Recordemos que la planificación de la empresa Nueva Unión  comenzó a ejecutar el dos de mayo, realizando una serie de sondajes y calicatas en el sector de Maitencillo, con la finalidad de estudiar el paso del concentraducto con metales pesados y agua contaminada, 24 metros bajo el cauce del Río.

En su página web, Nueva Unión, afirma que la vida útil del proyecto se estima en 38 años, con potencial de expansión. La empresa buscará producir anualmente 224 mil toneladas de cobre, 269 mil onzas de oro, y 1.700 toneladas de molibdeno, durante los primeros cinco años de vida de la mina. Además, desde las comunidades denuncian que la iniciativa también proyecta construir  un relave de más de dos mil hectáreas junto a cuatro botaderos de estériles, los cuales amenazan afectar el ecosistema glaciar y los más de 350 vestigios arqueológicos que hay en el lugar.

Es importante aclarar que hasta ahora el proyecto no ha ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por lo que las especificaciones técnica aún no son públicas.

Entre los principales problemas expuestos por las organizaciones defensoras del valle es que el diseño de los sondajes fue fraccionado para no tener que presentar un Estudio de Impacto Ambiental y solo entregó pertinencias, saltándose así el mayor filtro que disponen las instituciones ambientales.

Nueva Unión realizó un total de 193 sondajes sin entregar un Estudio de Impacto Ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El reglamento SEIA, artículo 3, letra i2 determina que al realizar más de 40 sondajes se debe presentar un estudio o una declaración de impacto ambiental. El número de sondajes disminuye a 20 cuando los proyectos son realizados entre las Regiones de Valparaíso y la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Esta situación se ha convertido en uno de los argumentos más importantes para detener el proyecto, así lo consigna la abogada representante de las comunidades del Valle del Huasco, Alejandra Donoso.

“El SEA nunca sumó la cantidad de pertenencias o si las sumó no las hizo notar, y la verdad es que son más de 190 sondajes y eso si requeriría haber sido ingresado a evaluación y de hecho a través de un Estudio de Impacto Ambiental“

Otro arista del conflicto es la participación de comunidades diaguitas entre las agrupaciones afectadas. Este hecho significaría que la empresa estaría transgrediendo el convenio 169 OIT, vigente desde el año 2009 y acuerdo internacional que consigna el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados.

Esto según la abogada de la ONG Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso, es otro de los argumentos que sustentan su reclamo.

“El convenio 169 es aplicable en este caso, dado que dentro del área de influencia del proyecto hay comunidades indígenas. Hay decisiones administrativas que han sido tomadas como la decisión del SEA de opinar que no hay un deber de ingreso a evaluación ambiental, son decisiones que afectan a las comunidades indígenas”.

Desde las comunidades, la vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, Constanza San Juan, denuncia la forma en la que se enteraron de la realización de los sondajes, lo que ocurrió sin recibir ninguna información por parte de la empresa.

“Nos enteramos gracias a la alarma que iniciaron los agricultores y canalistas del cuarto tramo, cuando supieron que el dos de mayo se pretendían ejecutar tres sondajes en el río Huasco. Esto abría paso a una de las propuestas del proyecto Nueva Unión, que es pasar un concentraducto por debajo del río Huasco, con dos cañerías asociadas con agua contaminada”.

Es importante mencionar que la comuna del Huasco, en la región de Atacama  en los últimos años ha sido protagonista de la destrucción y contaminación industrial. Desde la minera Pascua Lama que afectó de forma irreparable los glaciares, hasta la contaminación generados por la empresa Agrosúper en Freirina. Estos son algunos de los hitos que han convertido a la región en una zona de sacrificio.

Actualmente las comunidades luchan por defender la cuenca del río Huasco y el ecosistema completo de la región, que se ve nuevamente amenazado por proyectos industriales. Entendiendo este panorama, la vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, Constanza San Juan, critica el trabajo de las instituciones del Estado.

“Una pésima forma en la que han actuado, irresponsable y negligente por decir lo mínimo. Se sabe que este proyecto cuenta con todo el apoyo del Ministro Procurica y del Estado. Es uno de los proyectos mineros que más se nombra como estrella, por lo tanto sabemos que hay mucha presión y creemos que los servicios lo han recibido. La DGA (Dirección General de Aguas), no dio el permiso sectorial y finalmente termina concluyendo que hay posibilidad de afectación un mes después de que la obra se estaba haciendo, o sea el nivel de irregularidad, el nivel de irresponsabilidad es gigante“.

Luego de los alegatos presentados el viernes seis de septiembre, la Corte de Apelaciones de Copiapó debe emitir un veredicto. Las comunidades esperan que la sentencia de por terminado el proyecto de Nueva Unión.

Por otra parte, el importante daño ecosistémico y social sufrido por la Región de Atacama y en especifico el daño industrial que ha recibido la provincia del Huasco  lleva al cuestionamiento: ¿Hasta cuándo la prioridad del Estado van a ser las grandes industrias?

Fuente:https://radiojgm.uchile.cl/comunidades-del-valle-del-huasco-denuncian-ilegalidades-en-el-proyecto-nueva-union/?fbclid=IwAR3xMFqeg8F9AWUUdsmKtRi8Pvdq6UBE_cg7sZlPgQ0Doa2KMfpa4ZZ9xCo

Cómo toda zona industrial, el área adyacente al Gran Concepción ya está afectada por la contaminación atmosférica, química y marina de diversas industrias termoeléctricas, metalmecánicas, petroquímicas, pesqueras y de celulosa, así como otras actividades. Ahora podría sumarse un nuevo tipo de contaminación de aprobarse un nuevo rubro extractivo en la región: la minería de tierras raras. Y es que la temida contaminación radiactiva podría llegar a la zona de aprobarse el polémico proyecto a pocos kilómetros de la población de Penco y el Gran Concepción.

A tan solo 15 minutos en vehículo de la plaza de Penco en pleno centro de la ciudad, ya se encuentra funcionando una planta minera piloto de Tierras Raras en el fundo «El Cabrito» en dirección a la autopista del Itata por la ruta 0-390. El proyecto minero se encuentra además a menos de 10 kilómetros de densas zonas pobladas de la comuna de Concepción, lo cual no fue informado ni consultado a la comunidad penquista. Es el denominado proyecto minero Biolantanidos, el cual pretende la instalación de una faena minera a rajo abierto que utilizaría, según la empresa, 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco y el Estero El Cabrito. También tendría la capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral a pocos kilómetros de la zona poblada. Actualmente este proyecto ingresó su Estudio de Impacto Ambiental a fines de 2018, por lo que en estos momentos el Servicio de Evaluación Ambiental lo estaría analizando para su eventual aprobación.

Las Tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos entre los que se encuentran el lantano, cerio, praseodimio y neodimio. Este grupo de elementos de la tabla periódica reciben también el nombre de Lantánidos. Las tierras raras se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas, tales como aleaciones para fuselaje de aeronaves y vehículos espaciales, o sistemas de guías de misiles y aviones no tripulados (drones). Algunas aplicaciones civiles incluyen el desarrollo de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento eléctrico e información digital, el desarrollo de energías eólica, solar, vehículos, medicina alópata, smartphones, cámaras digitales, televisores LED, baterías recargables, entre otras. Resultando unos elementos altamente estratégicos en el campo de la geopolítica mundial y la industria de la guerra.

Actualmente potencias como Estados Unidos están muy interesadas en adquirir nuevos suministros de estos metales desde diversas zonas del mundo, algunos analistas internacionales han planteado que detrás del interés de Trump por comprar Groenlandia estaría sus importantes yacimientos de Tierras Raras. En la lucha geopolítica global, Chile podría ser una buena alternativa para suministrar tierras raras a Estados Unidos, de hecho el portal Chile minería publicó que «a mediados de 2019, Chile podría convertirse en uno de los pocos países en la lista de los exportadores de tierras raras. Esto, luego de que la empresa Biolantánidos, que posee un yacimiento de estos minerales en Penco, Región del Biobío, firmara su primer contrato para suministrar concentrado al exterior». El cliente sería una empresa estadounidense llamada Rare Earth Salts. Por su parte recientemente La Tercera señaló que la subsecretaría de Adquisiciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoció que «El Pentágono está preocupado por el control chino del mercado de tierras raras, fundamentales para el desarrollo de la industria armamentística y tecnológica del país».

Respondiendo a uno de los informes que la empresa minera Biolantánidos ha ingresado en forma de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Servicio de Evaluación Ambiental advirtió sobre la posibilidad de contaminación radioactiva destacando que el proyecto «no presenta antecedentes técnicos que permitan descartar la presencia de otros contaminantes en el mineral agotado el que será dispuesto en las quebradas, que producto de la extracción minera puedan ser liberados al medio, tales como sustancias radiactivas (Uranio, Torio, u otras), las que a consecuencia de la actividad de extracción, pudiesen aparecer en el material agotado, u otros que antes no estaban disponibles o lo estaban en forma muy limitada».

El portal Vida Sostenible indica que «tanto la extracción como el procesamiento de las tierras raras causan un elevado impacto ambiental. La extracción se hace en minas a cielo abierto y para su procesamiento se requieren productos químicos muy agresivos. Además, en los minerales de los que se extraen es muy común la presencia de elementos radiactivos como el torio o el uranio. En este contexto, la producción de una tonelada da lugar a entre 9.600 y 12.000 metros cúbicos de gas residual que contiene polvo concentrado, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre y ácido sulfúrico, unos 75.000 litros de agua residual ácida y alrededor de una tonelada de residuos radiactivos. Con ello, suponen la eliminación total de la vegetación del área de la mina y también de sus alrededores dada la contaminación que se genera (siendo esta de naturaleza diversa -radiactiva, de partículas o de productos químicos-, afectando al aire, la tierra y a las aguas circundantes)».

De esta manera la explotación clásica de estos elementos estaría asociada a contaminación química y radioactiva. Aunque la empresa Biolantánidos ha anunciado (como es frecuente en propaganda publicitaria o en los propios proyectos para evaluación) que sus actividades serán inocuas para la población. Parte de los habitantes del Gran Concepción se mantienen escépticos a estas afirmaciones debido a las frecuentes trangresiones de empresas extractivistas a las pobres normas ambientales que existen en el país, así como la escasa capacidad de fiscalización de instituciones ambientales.

China, el principal productor mundial de tierras raras se caracteriza por contaminar enormes extensiones de terreno mediante su extracción. Un caso emblemático es lo que ocurre en la ciudad de Baotou la llamada capital de las Tierras Raras, descrito como uno de los lugares mas contaminados del mundo, donde las instalaciones mineras envenenan los cultivos y villas en la región, según ha informado The Guardian.  En esta ciudad se ha creado un lago artificial gigante, toxico y radiactivo, una imagen digna de las más escalofriantes distopías de ciencia-ficción. Por su parte la BBC ha explicado que «Liam Young, un investigador que trabaja en Reino Unido, tomó recientemente muestras al barro recogido en el lago y encontró que tiene una alta presencia radioactiva.» El medio de comunicación DW de Alemania ha realizado reportajes audiovisuales en donde se relatan consecuencias altamente contaminantes de accidentes como el de Mountain Pass en Estados Unidos que terminó afectando radiactivamente una reserva natural. En España en donde también han existido proyectos de extraccion de tierras raras, durante el año 2017 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concluyó que el tratamiento de tierras raras que la empresa Quantum Minería estaba tratando de extraer en el Campo de Montiel (Ciudad Real) debería vigilarse radiológicamente al superar los límites máximos de riego permitido.

Desde 2015 está operativa la planta piloto El Cabrito del proyecto minero Biolantánidos de extracción de Tierras Raras en los cerros aledaños a la ciudad de Penco. La planta es presentada como la primera fase de un proyecto minero que podría cambiar drásticamente los ecosistemas, así como la vida de los y las habitantes de la comuna de Penco, el Gran Concepción e incluso la región del Biobío. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha informado que en la región del Biobío existe la impresionante cantidad de 476.300 hectáreas de concesiones mineras, muchas de empresas ligadas a Tierras Raras, lo cual gráfica la magnitud de la explotación que se podría imponer en la región.

Es por eso que de aprobarse el proyecto minero de tierras raras Biolantánidos podría ponerse en peligro la población de Penco y el Gran Concepción ubicada a pocos kilómetros de la faena minera. Una zona ya habituada a diversos tipos de contaminación atmosférica y química por complejos termoelectricos, petroquímicos e industriales en general, ahora podría verse afectada por la contaminación radioactiva, la cual podría afectar gravemente la salud de la población y los ecosistemas a su alrededor. Los desechos de esta minería a poca distancia de la población podría traer al Biobío el triste e impotente panorama que viven miles de familias acostumbradas a convivir con la contaminación minera en ciudades y localidades como Copiapó, Andacollo o Caimanes entre muchas otras en el norte del país.

Fuente:https://resumen.cl/articulos/el-peligro-radioactivo-que-acecha-al-gran-concepcion-ante-la-minera-de-tierras-raras?fbclid=IwAR24t_W_cIe5X7pgg9OZhIaomg42fK5WDeGQeRs8G10maDel9VY3DLVkGJ0