Durante los últimos 14 años se han presentado siete proyectos que buscan dar protección a los glaciares de Chile. A excepción del que se tramita actualmente en la Comisión de Minería y Energía del Senado, todos han fracasado estrepitosamente.
Los ejercicios de lobby, desde antes de que existiera la Ley del Lobby, han hecho que las mociones parlamentarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado y de organizaciones socioambientales, chocaran frontalmente con un muro infranqueable: la oposición de la gran minería, representada por Consejo Minero (CM), la asociación gremial que reúne a las empresas mineras de mayor tamaño que producen en Chile, incluida Codelco.
«Nadie se atreve a enfrentarse a Codelco y a Luksic», es la frase escogida por excelencia entre los parlamentarios que han perdido la batalla, para explicar el éxito sostenido que han tenido gestores de intereses privados y públicos.
Durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet, los proyectos de ley que se presentaron para proteger las reservas de agua dulce en Chile, compuestas por 2.215 glaciares, contaron con un sonado respaldo en periodo electoral y en los discursos para dar cuenta al país del estado de la nación. Ninguno llegó a puerto, es más, el propio Ejecutivo fue el impulsor de transformaciones en 180 grados a través de indicaciones sustitutivas, que convirtieron a los proyectos originales en su antítesis. En los gobiernos de Sebastián Piñera ha pasado exactamente lo mismo.
Si en el año 2004 la Presidenta Bachelet escuchó a las instituciones ambientales chilenas –que venían de denunciar la inminente destrucción de glaciares por el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold– y asumió el compromiso de la protección del medio ambiente que dio origen al «Acuerdo de Chagal» y aun así no hizo nada por la presión de la minería, el devenir del Presidente Piñera sigue el mismo derrotero, pero la presión es mayor. Su alta exposición a nivel internacional, lo ha llevado a asumir compromisos incluso más ambiciosos que hoy lo tienen entre la espada y la pared, entendiendo por espada a la sociedad civil, y por pared, a algunos grandes empresarios.
«No tiene para nada la pista fácil el Presidente», reconocen desde La Moneda. Y es cierto. En Bachelet no existían movimientos globales con la fuerza de hoy ante el cambio climático, no se experimentó la escasez hídrica a la escala que se vive hoy, ni se enfrentó la mayor sequía de los últimos 40 años. Tampoco estaba bajo la mirada de todo el mundo, como sí lo estará el Jefe de Estado en diciembre, cuando se lleve a cabo en Chile la COP25.
Pero la mayor diferencia es que no tenía a los empresarios en contra. Hoy la minería siente temor de que el Gobierno se deje llevar por la agenda verde y se terminen promulgando leyes que vayan contra el crecimiento, la productividad y el empleo. No tienen confianza. «El tono político ha impedido el debate técnico», acusan. Por primera vez, el éxito sostenido que lograron con el lobby en los últimos 14 años para frenar la protección de las grandes masas de agua en estado sólido, ahora se siente amenazado. Como los glaciares.
Los frenos: del acuerdo de Chagal a la «bancada glaciar»
El primer proyecto que se presentó provino de una moción de la Cámara, impulsada por los diputados Leopoldo Sánchez, Antonio Leal, Arturo Longton y Roberto Delmastro. El proyecto, a través de un artículo único establecía la prohibición de ejecutar proyectos de inversión en glaciares, ni aún sometiéndose al sistema de evaluación de impacto ambiental.
«El proyecto no pudo seguir adelante porque hubo un lobby del mundo minero, del Consejo Minero, muy, pero muy grande», recuerda Antonio Leal. «En el fondo la derecha o sectores de la derecha lo que hicieron en ese momento fue crear una estrategia de ralentizamiento, una estrategia de que se fuera postergando al infinito. Claramente no había piso político».
A la par de esta iniciativa, que surgió luego que se levantara la oposición medioambiental al proyecto Pascua Lama –aprobado por la Conama– debido a que las faenas incluían el desplazamiento y/o deterioro de los glaciares Toro1, Toro 2 y Esperanza, en el Valle de Huasco, Región de Atacama, en el marco de un tratado binacional minero entre Chile y Argentina, grupos de ecologistas, liderados por Chile Sustentable, integraron la protección de los glaciares como una de sus demandas a los candidatos a la Presidencia de la República del 2005. Lograron con la entonces candidata Michelle Bachelet un acuerdo programático, el cual incluyó el compromiso de «proteger los glaciares y no aprobar su remoción y/o destrucción».
La iniciativa fue fuertemente resistida por el gremio minero, y una vez con Bachelet en el poder, el Gobierno de la Presidenta no la patrocinó. Entre las razones argumentadas por los mineros se esgrimió que los glaciares se sobreponían a las concesiones mineras y que los resguardos de la legislación ambiental de la época eran suficientes para proteger los glaciares.
El 2006 los senadores Antonio Horvath, Alejandro Navarro, Guido Girardi, Carlos Bianchi y Carlos Kuschel, presentaron un nuevo proyecto de ley, llamado Valoración y Protección de los Glaciares. También fracasó.
«Es que la resistencia, fundamentalmente de las mineras de la época, fue brutal», explica Bianchi. «En todo caso no es muy distinto a lo que pasa hoy día. Es más, en nada es distinto lo que existe hoy día, la única diferencia es que en ese tiempo no había una conciencia tan masiva de los costos que implica no proteger el medio ambiente».
En esta época, mientras en Chile la minería lograba imponer el criterio de producción sobre cualquier otra valoración, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático el 2007 daba sus primeros informes sobre nuestro país, en los que ya lo identificaba como una «zona crítica», donde «la disponibilidad de agua y la generación hidroeléctrica se verán mermadas seriamente debido a la reducción de los glaciares».
Al año siguiente se presentó un tercer proyecto, que establecía normas en resguardo de los glaciares, patrocinado por los senadores Guido Girardi, Nelson Ávila, Alejandro Navarro, Carlos Ominami y Roberto Muñoz. El destino fue el mismo.
«El buque insignia que frenó este proyecto, al igual que el del 2006, fue Codelco. Ana Lya Uriarte llegó a confesar que no podían enfrentar a la estatal. Eso, porque «nadie se atreve a deshacer el sector minero en Chile. Nadie se atreve a enfrentarse a Codelco ni a Luksic», remata.
El último de los proyectos en fracasar fue el presentado en mayo de 2014 por los diputados Cristina Girardi, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Luis Lemus, Daniel Melo, Vlado Mirosevic, Andrea Molina, Leonardo Soto y Patricio Vallespín, conocidos como la «bancada glaciar».
El proyecto surgió tras una exitosa campaña de Greenpeace, que a través de un inserto en el influyente diario The New York Times fundó la República Glaciar, donde hace mención al hecho de que los glaciares no estaban incluidos en la legislación chilena, por lo que nada garantizaba su protección.
Luego de la moción de la «bancada glaciar», la entonces Presidenta Michelle Bachelet, en su segundo mandato, indicó en su primera cuenta pública del 21 de mayo que apoyaría el proyecto de ley. Un año después, sin embargo, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, presentó en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados un indicación sustitutiva. La ley había cambiado su sentido, ahora era pro minería y antiprotección de glaciares. Organizaciones de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares demandaron al Estado de Chile ante la ONU por Ley de Glaciares, indicando que se ha pasado a llevar una serie de tratados que el país ha suscrito.
«El ministro Badenier parecía ministro de Minería y no del Medio Ambiente», recuerda el diputado Vlado Mirosevic.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y se traspasó a la Comisión de Hacienda, que bloqueó su tramitación y el proyecto pasó dos años más, sin ser puesto en tabla para su votación.
En junio de 2018, en el corto tiempo que alcanzó a estar como ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, en el segundo mandato de Sebastián Piñera, decidió retirarle el patrocinio del Gobierno al proyecto, indicando que los glaciares deben ser protegidos desde el sistema de áreas protegidas. Así lo mataron definitivamente.
El descontento del empresariado
El 2018, el senador Guido Girardi presentó la séptima moción que al poco tiempo coincidió con un cambio radical del discurso del Gobierno, luego que asumiera la realización de la COP25 en Chile.
Cuando uno de los principales gremios del país, la Sofofa, entregó la semana pasada al Presidente de la República el listado de proyectos que afectan el desarrollo de la economía, el de glaciares era uno de los 23 que constituyen parte de su arqueo.
El documento, titulado»Riesgos al crecimiento en la agenda legislativa», refiere que el proyecto se traduce en «limitar o arriesgar el desarrollo o ejecución de actividades productivas tales como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales que puedan afectar la condición natural de los glaciares, ambiente periglaciar y permafrost, o sus funciones de reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, sin importar su tamaño o contribución hídrica y prescindiendo de los instrumentos de protección existentes, tales como el SEIA y SNASPE».
El líder de los empresarios, Bernardo Larraín, recalcó el martes, en un seminario de Sofofa y la Universidad del Desarrollo (UDD), que existe una serie de iniciativas donde el tono político ha impedido el debate, esto en relación con mostrarse «a favor o en contra» de ciertas propuestas de ley, especialmente las de la agenda verde.
«Hace unos días publicamos como Sofofa una agenda de 23 de estas mociones parlamentarias, todas con objetivos muy loables que apoyamos. Proteger glaciares, proteger humedales, proteger y garantizar el consumo humano de agua potable, entre otros bienes públicos. Pero cuyos instrumentos y contenidos consideramos que representan un riesgo para otros bienes públicos, como es el crecimiento, reactivar la inversión y la generación de empleo», apuntó el presidente de la Sofofa.
Larraín Matte puso sobre la mesa una idea que ha sido prácticamente inviable de «meter» en la agenda por parte de los privados: que regular el cuidado del medioambiente y de los bienes públicos que en ello inciden, no necesariamente pasa «por promulgar tantas leyes» y que más bien los privados están por fortalecer la institucionalidad existente y gestionarla mejor.
«Por qué entonces no modernizamos y fortalecemos, nos focalizamos en fortalecer la institucionalidad ambiental en vez de presumir que, por simplemente establecer una nueva regulación o bien un precepto constitucional, estamos mágicamente protegiendo ese bien ambiental que persigue esa iniciativa legislativa», comentó.
Los empresarios tienen la convicción, a diferencia de años anteriores, de que el Gobierno ha hecho poco por intervenir desde el debate técnico estos proyectos.
La opinión generalizada es que el Ministerio del Medio Ambiente no tiene la profundidad para abordar estos temas, pero tampoco dotación ni presupuesto para hacerse cargo de iniciativas de esta envergadura.
En ese sentido, los cálculos de los asesores de compañías del sector industrial y minero, indican que lo que tiene más opciones de «salir» del horno es, precisamente, el proyecto de glaciares, que a ojos de los empresarios tiene, más que de la pluma del Gobierno –que ha intentado mediante indicaciones hacerle un guiño a la actividad económica–, la de parlamentarios con nombre y apellido. En este caso, de Guido Girardi.
El comentario obligado en el empresariado es que la poca intervención del Ejecutivo en la materia, la poca profundidad de la conversación ha implicado que, con toda lógica, el parlamentario haya aprovechado de avanzar con un proyecto que va en contra del desarrollo minero del país.
La desatención del Gobierno al debate –sostienen los privados–, ha dejado la cancha libre para que Girardi empuje la iniciativa antes de la COP25. De este modo, los cálculos de los actores del sector empresarial son que, sin mucho margen, este proyecto sí sea promulgado este año legislativo.
No se trata de mostrarse contrarios a la protección del medio ambiente, aseguran, sino que el Gobierno «defina la cancha donde tenemos que jugar y parece que el Gobierno y el Parlamento tienen criterios diferentes».
Así como está el proyecto, agregan, cambiará el horizonte del desarrollo de la minería en Chile.
«Las definiciones que da este proyecto de ley no se ajustan a las leyes internacionales. Se requiere de una asesoría técnica especializada que precise bien qué es lo que se quiere proteger. Si hacemos protecciones generales como las que estamos haciendo, estas se tornan en proyectos que van en directo detrimento del desarrollo de algunas actividades», sostuvo el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, ante la Comisión de Minería, poniendo sobre la mesa el punto que más irrita a los empresarios.
La ciencia y la COP25
Si bien la votación en la comisión sigue pendiente, luego que se suspendiera tras la ausencia de los senadores Alejandro Guillier y Yasna Provoste, este tiempo se ha aprovechado para presentar con más fuerza que antes las evidencias científicas, que ponen en contradicción la sobrevivencia de los ecosistemas y la disponibilidiad de agua en contra del crecimiento.
El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y autor de la Ley de Protección de Glaciares, junto al doctor en Química Francisco Javier Cereceda, profesor titular del Departamento de Química y director del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, afirmaron que “la actividad humana y la minería ya intervienen los glaciares y es imprescindible protegerlos si queremos contar con estas importantes reservas de agua para el futuro”.
Para ello presentaron el estudio “Determinación Óptica de Muestras de Concertación de Black Carbon en la Nieve, un Nuevo Método Analítico”, publicado este año y realizado por el profesor Cereceda junto a un grupo de científicos nacionales y extranjeros.
Cereceda señala que “desde 2003 junto a un equipo de científicos suizos monitoreamos diferentes cumbres y tomamos muestras de aerosoles –partículas que viajan desde las fuentes de emisión en la ciudad hasta la cordillera y se depositan sobre la nieve e impactan el glaciar–”.
“Los contaminantes de vida media corta como el black carbon se emiten por cualquier tipo de fuente, como quema de leña, vehículos, uso de carbón, y las corrientes de aire los trasladan hasta las altas cumbres y se depositan en la nieve. Por ser partículas negras absorben radiación infrarroja y aceleran el derretimiento del glaciar», detalla.
Asimismo, el científico explica que “también cambian el albedo –la radiación que reflejan las superficies blancas del planeta–, porque oscurecen la nieve y con ello incrementan el efecto invernadero y el cambio climático global”. “Estos contaminantes, que son metales pesados, hacen que el agua se congele no a 0° sino que a -5° o -10° y, por tanto, la isoterma cero se produce más arriba de los mil metros y toda el agua que queda entremedio se puede deslizar y producir aluviones”.
Y finalmente sentencia:
“Descubrimos que los glaciares que retroceden más rápidamente (son aquellos) que sufren un impacto directo desde las ciudades o de la actividad minera, como tronaduras, movimiento de áridos y uso de camiones a diésel que generan in situ grandes cantidades de material particulado y de black carbon, los que se depositan directamente en los glaciares y aceleran su retroceso en un 20, 30 o 40 por ciento más que si solo se considera el efecto invernadero”.
Con toda el agua que ha pasado bajo el río estos últimos años, empresarios, técnicos y científicos coinciden en que finalmente la decisión es política y que el Gobierno está atrapado. En diciembre, Chile será observado por todo el mundo, especialmente por la comunidad científica y ambiental, pero también estarán presentes los empresarios, que aun cuando están preocupados por el destino de la agenda verde de La Moneda, no quieren perderse la fiesta.
Por ello es que el Consejo Minero, el gran articulador del lobby todos estos años, donó US$2 millones al Gobierno para el financiamiento de la COP, algo en todo caso que el diputado Mirosevic, de la «bancada glaciar», aprovechó de denunciar ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, en el mes de septiembre, como un acto «inmoral».
Senadores decidieron otorgarse una semana para explorar puntos de encuentro por glaciares
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El Encuentro de carácter internacional, denominado Crisis Climática, Transición energética y Extractivismo Minero en América Latina, se efectuó los días 27 y 28 de octubre en Santiago de Chile, organizado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), War on Want y Mining Watch Canadá.
Seis de los siete proyectos de ley que han buscado proteger las reservas de agua dulce –contenidas en los más de 2000 glaciares que se encuentran en Chile– han fracasado rotundamente. El derrotero ha sido el mismo en los gobiernos de Bachelet y de Piñera. Los parlamentarios, que en diferentes años y contextos han presentado las mociones, atribuyen la responsabilidad en el fracaso de los proyectos al intenso lobby que ha impulsado el sector minero con gestores de interés del mundo público y privado. Hoy, sin embargo, la minería está preocupada. Tiene desconfianza de que la agenda COP del Mandatario termine por impulsar proyectos que irían en detrimento del crecimiento. La alta exposición a nivel internacional del Presidente Piñera lo ha llevado a asumir compromisos ambiciosos que hoy lo tienen entre la espada y la pared, entendiendo por espada a la sociedad civil y la comunidad internacional, y por pared, a algunos grandes empresarios.
Nueva Unión informa que si bien espera completar su estudio de factibilidad a fines de 2019, tal como estaba planeado, ha decidido realizar un proceso de optimización del proyecto durante el 2020, incluyendo la evaluación de alternativas de puerto.
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La Asociación Indígena Aymara de Coposa presentó una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución de esta en que aprobó el programa de cumplimiento de la minera Doña Inés de Collahuasi, mediante la cual la empresa se asegura la extracción de agua hasta 2040.
Comunicado emitido por la empresa:
Mientras la Dirección General de Aguas constató, a través de un estudio, una reducción de estas masas de hielo del 8 por ciento desde 2014, el Gobierno pretende flexibilizar el proyecto de ley que se discute en el Senado y así responder al lobby minero, que según especialistas, está detrás de la iniciativa oficial.