Hace más de un mes, la minera “Plata Carina” comenzó trabajos de perforaciones y colocación de piscinas para obtener agua pura de las vertientes que nutren a varios de los pueblos de la comuna de Camarones, los cuales basan su mayor actividad en la agricultura y las aguas que ocupan son vitales.
Comuneros que viven en el pueblo de Cobija, denunciaron hace un par de semanas, que el agua comenzó a llegar de forma turbia al poblado, sucia, con la cual riegan sus chacras y la usan para uso doméstico.
La minera Plata Carina opera exactamente en el cerro Marqués, con piscinas de decantación en precarias condiciones, ya que emplean láminas de polietileno o plástico color negro, de espesor de 0,1mm aproximadamente, sostenidas por piedras; láminas similar al plástico usado en la construcción de pisos y losas de hormigón. Esta fragilidad conlleva altos riesgos de rompimiento de lámina o derrame de los residuos acuosos industriales, a la cual se agrega los efectos de las lluvias estivales que arrastran agua y material pétreo o del peso de las nevazones ocasionales, con lo cual la piscina se vendría río abajo.
Se le indicó a la minera, que por seguridad y prevención empleen láminas de 1mm de espesor, el cual permite soportar el peso de los operarios y las cargas de material pétreo que se pueden desprender fácilmente del cerro.
De acuerdo a la minera esta precariedad o simplicidad fue autorizado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quien indico que no requería ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de forma obligatoria (Res Ex.004), es decir, esta institución autorizó el proyecto en oficina; pero no se hizo cargo de la supervisión de la instalación de las operaciones.
Esta fragilidad es una muestra de las operaciones, que conllevan inseguridad, la cual habría permitido que escurran residuos industriales líquidos río abajo, causando conmoción y susto en los agricultores y contaminación de las aguas de riego de Cobija.
Comunidad de Cobija
El día martes 12 de noviembre de este año, dos dirigentes de la comunidad, de madrugada inspeccionaron la cabecera de la vertiente principal del poblado de Cobija, y verificaron que las aguas que corren río abajo eran de color plomo, las cuales llegaban y cubrían las paredes del estanque del sector Julumaya, con las cuales están regando los cultivos, y el ganado ovino y caprino se resistían a beber, por el impacto que le producía el color plomo.
Estas aguas contaminadas están perjudicando los cultivos, el ganado y la vida misma de las familias agro-ganaderas; y que hasta esta fecha la comunidad no ha tenido ninguna reunión ni información de las operaciones de la minera, es por ello que necesitan respuestas y soluciones de parte de la minera Plata Carina SPA, comentan que deben retirarse si no pueden resolver esta problemática.
Trascendió que el Gerente de Operaciones de la minera Plata Carina dijo que se realizarán reuniones con la comunidad de Cobija y Timar para informar sobre el proceso de exploración de la minera, a la comunidad de Ticnamar ya se le ha informado en detalle de las operaciones mineras.
Mientras que la Seremi Medio Ambiente, ha visitado el lugar para revisar el lugar donde está saliendo el agua contaminada.
La DGA también acudió a esta diligencia, después de recibir una denuncia de contaminación de las aguas de riego de Cobija, por el cual realizarán las mediciones del agua en dos puntos, donde dicen que está contaminada.
Precisar que la minera realizará 38 perforaciones, de las cuales al menos ya ha realizado 5 y ya se han producido problemáticas en los pueblos aledaños.
La Minera Plata Carina S.p.A (RUT: N° 76.132.103-K) cuenta con los permisos necesarios para trabajar, los que se les otorgaron anteriormente por las autoridades competentes, sin embargo, no ha cumplido todo lo que dice la ley.
Este año, la empresa capitalina con sede en la comuna de Las Condes, ha realizado 9 pedimentos mineros para trabajar en distintos lugares de la comuna de Camarones, todos ellos cercanos entre sí, espacios de 200 y 300 hectáreas.
“Que, en terrenos abiertos e incultos, ubicados en la comuna de Camarones, Provincia de Arica, Región de Arica yParinacota, deseo constituir una concesión de exploración de sustancias minerales de libre concesión”, rezan las solicitudes ya publicadas en el Diario Oficial. Aquí puede ver las solicitudes en detalle
Este martes 19 de noviembre, autoridades del rubro minero y medio ambiente, junto con comuneros de varios pueblos, llegaron al lugar para una nueva inspección, para tomar muestras y otras cosas que están afectando a los pueblos aledaños. Los pobladores quedaron a la espera de los resultados de las muestras y que la minera cumpla con lo que se le exigió.
Pese a lo anterior, se presentará un recurso de protección, para que la minera cese sus actividades en los alrededores del cerro Marqués y la calma y normalidad vuelva a los poblados, los cuales viven de la agricultura y ven una amenaza latente.
Es por todos sabido, el impacto ambiental negativo que produce la minería, sobre todo en lugares en donde se trabaja la tierra y se producen gran cantidad de frutas y verduras, sin químicos, totalmente orgánicas y con agua pura de vertientes.
No a la minería
Desde el año 2017 se viene advirtiendo lo que hoy pasa, ya que desde ese año, los comuneros comenzaron a darse cuenta de lo que venía e intentaron detenerlo, sin tener éxito.
El actual directorio interino de Comunidad Indígena Aymara de Ticnamar, acusa a sus antecesores del año 2017 de haber autorizado a que la minera trabaje en el pueblo, mediante un contrato respaldado con una supuesta acta de aprobación de los ticnameños.
Desde la época hasta la actualidad, han buscado ayuda legal y de todo tipo para que la minera no inicie sus trabajos en las cercanías del cerro sagrado Marqués, sin embargo, Plata Carina fue consiguiendo todos los permisos para trabajar en el lugar y ahora en el 2019 ya se ven los primeros daños colaterales.
Las autoridades que brindaron los permisos, tienen que hacerse cargo de la situación, además del municipio de Camarones, recién ahora reaccionó para ayudar a los afectados.
Compartimos a continuación, fotografías de los lugareños que han visitado el sector.
Sociedad Química y Minera de Chile enfrenta cargos por seis infracciones ambientales en el Salar de Atacama.
“Especialmente en la zona este del salar, hay áreas que simplemente se secaron”.
En el Salar de Atacama, el segundo salar más grande del mundo después del de Uyuni, en Bolivia, se encuentran más de la mitad de las reservas mundiales de litio. Un mineral no metálico que, en la actualidad, es el mejor componente para acumular energía con un enorme potencial para la industria automotriz, tecnológica y de almacenamiento de sistemas eléctricos.
Dichas reservas pertenecen al Estado de Chile y son explotadas principalmente por Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) un empresa privada que, desde 1993, mantiene un contrato de arrendamiento con la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO): agencia pública a cargo de la administración de las reservas de litio.
En enero de este año, SQM renovó su contrato hasta el año 2032 pudiendo quintuplicar su producción de litio. Ello, a pesar de que actualmente la compañía mantiene vigente un proceso sancionatorio por seis infracciones medioambientales.
Aunque dicho aumento en la producción no implicaría una mayor extracción del recurso, sino mejoras en el procesamiento, la continuidad de SQM en el Salar de Atacama preocupa a la comunidad científica y civil que, desde hace años, viene observando un avance en el deterioro de los ecosistemas de la cuenca del salar.
La desconfianza también ha encontrado eco en otros aspectos. Y es que la compañía y su controlador Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, han protagonizado el escándalo de corrupción más controvertido de los últimos años en Chile tras comprobárseles que financiaron, de manera ilegal, todo el espectro político chileno.
Este reportaje es el análisis de las infracciones ambientales de SQM y de una naturaleza resentida que, a pesar de todo, no ha podido demostrar quién es su verdugo.
Funcionamiento ecológico del salar
Casi 3000 kilómetros cuadrados, conforman el Salar de Atacama ubicado en el corazón del desierto más seco del mundo, en el norte de Chile.
Desde las cumbres de la cordillera, bajan las aguas por riachuelos subterráneos y por los ríos Vilama y San Pedro. Como una calle sin salida, confluyen hasta las puertas del gran salar donde son detenidas por las densas aguas saladas. Ingrid Garcés, investigadora de la Universidad de Antofagasta y doctora en ciencias geológicas, explica que dos aguas de distintas densidades no se mezclan tan fácilmente, se desconocen a primera vista, como el agua y el aceite. Ahí quedan entonces, tímidas, las aguas dulces retenidas en lagunas, algunas más grandes, otras más chicas, coronando los bordes del salar.
Son los sistemas lacustres Soncor, Aguas de Quelana y Peine, hábitat de variadas aves acuáticas como el flamenco Andino, el Chileno y el James. El primero vulnerable y los otros dos “cercanos a la amenaza” según la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estas lagunas protegidas, declaradas sitio Ramsar, son el centro reproductivo más importante en el mundo entero de esta aves, famosas por sostener, sobre una sola pata, su cuerpo entero emplumado de rosado. Las lagunas son también el refugio de los tapetes microbianos, ecosistemas conformados por microalgas y bacterias que vieron nacer el origen de la vida en la tierra.
El sistema de vegetación Borde Este, por su parte, es “la zona más sensible del salar porque es por ese lado por donde vienen las aguas subterráneas o superficiales que confluyen hacia la cuenca del salar” explica Garcés.
Así, 18 comunidades indígenas habitan el salar de Atacama desde hace 6 mil años, beneficiándose de sus orillas de bofedales y de los acuíferos para el pastoreo de camélidos y el desarrollo de la agricultura. Trigo, zapallo, tomates y maíz crecen gracias a la concienzuda administración del agua que hacen comunidades como la de Camar.
Durante años SQM aseguró que, según sus estudios, las lagunas y el salar eran dos sistemas acuíferos impermeables, desconectados uno del otro. Sin un estudio que se contrapusiera, esa fue la verdad conocida hasta hoy que la empresa ha reconocido que sí hay interacción. En efecto, a través de túneles y cavernas subterráneas, las aguas dulces interactúan con las salobres del salar conformando un mismo sistema hidrológico por lo que “las extracciones de salmuera- o agua con sal- desde el salar, pueden afectar las lagunas” asegura Garcés.
La producción de litio
SQM extrae, desde el núcleo del salar y a unos 30 metros de profundidad, 1700 lts/s de salmuera rica en un 1,7% en litio. La salmuera, es depositada en pozas de evaporación entre 11 y 14 meses, tiempo después del cual se obtienen sales con un 6% en litio. Y es que “durante el proceso de extracción, por cada tonelada de mineral, se eliminan -vía evaporación- cerca de dos millones de litros de agua” explica Garcés. El material es embarcado entonces en camiones, hasta las plantas de procesamiento en la ciudad de Antofagasta, para terminar su purificación y obtener diferentes productos como cloruro de potasio, sulfato de potasio y ácido bórico.
Durante el proceso, se obtienen también sales de descarte, que no serán utilizadas, y que son acopiadas hidráulicamente en rumas de sal. Parte de esta salmuera es reinyectada de manera directa al salar y otra parte drena, de manera natural, hacia la napa recirculando al sistema. Sin embargo, el porcentaje de agua que se recupera es menor al 10% puesto que la gran mayoría se evapora explica Garcés.
Además, la producción de cloruro de potasio requiere de agua dulce por lo que SQM tiene derechos de aprovechamiento de este recurso, sobre cinco pozos en los bordes del salar.
En 2006, la autoridad ambiental otorgó un permiso para el desarrollo de un proyecto que buscaba aumentar la extracción de salmuera, incrementar la extracción de agua dulce en el borde y aumentar el área de evaporación solar y de acopio de sales de descarte en el núcleo del salar.
Todo ello se haría con impacto nulo y el permiso, concretado en una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), fue otorgado bajo esa condición. “El incremento en la tasa de bombeo de salmuera fresca seguirá una regla operacional, con la cual se asegura que el nivel del acuífero en los bordes del salar, donde se emplazan los sistemas ambientales sensibles, oscilarán dentro de su comportamiento histórico” señala la RCA.
Con la finalidad de evitar cualquier impacto ambiental, se contempló un plan de seguimiento para identificar la magnitud de las recargas, de las descargas y de una posible modificación del comportamiento natural de los sistemas.
Además, un Plan de Contingencia se activaría cuando el nivel de las lagunas alcanzara cierto umbral. Para ello, en la RCA se establecieron pozos de monitoreo y reglillas de observación para los sistemas Aguas de Quelana, Soncor, Peine y el sistema vegetación Borde Este. Cuando el umbral de dichos pozos llegara al mínimo histórico registrado, se activaría una alerta temprana para aumentar la frecuencia de monitoreo a fin de anticipar un potencial efecto y, en una segunda etapa, se reduciría el caudal de bombeo de salmuera y/o de agua dulce, según correspondiera. Por último, en caso de producirse cualquier impacto, se tendría que “suspender la ejecución operacional del proyecto de manera inmediata” señala la RCA.
Pero en noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente-organismo del Estado encargado de fiscalizar los permisos ambientales- inició un proceso sancionatorio en contra de SQM por haber, entre otras cosas, modificado unilateralmente los niveles de activación del Plan de Contingencia. Eso implicó que “dicho plan no se activara cuando debía hacerlo” explica Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama y representante legal de la comunidad indígena de Camar.
La manipulación de los datos
Según señala la formulación de cargos redactada por la Superintendencia, en 2014 se constató que la empresa modificó los umbrales de los pozos de bombeo, así como los niveles de cotas de terreno y umbrales de activación del plan de contingencia, en al menos tres oportunidades. Además, el documento detalla que la empresa retiró dos pozos de monitoreo. Es decir, desactivó los indicadores de alerta.
La Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos en contra SQM siendo lo anterior considerado como “gravísimo”.
Una querella criminal, actualmente en trámite, interpuesta por la comunidad indígena atacameña de Camar en contra de SQM, señala que “esta actuación ilícita fue realizada de manera manifiestamente dolosa, ya que tales alteraciones realizadas por los titulares de SQM fueron hechas de forma completamente unilateral y subrepticia, sin que estuviesen autorizados para ello por la autoridad medio ambiental”.
Otras cinco infracciones ambientales fueron cometidas por la empresa. Entre ellas, se cuenta la extracción de salmuera por sobre lo autorizado, entre agosto del 2013 y agosto del 2015. También la “afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos- uno de los pocos árboles que sobreviven a las extremas condiciones del desierto- sin suspender la operación del proyecto, ni alertar a las autoridades desde el año 2013 a la fecha”.
En efecto, en marzo del año 2015, la Superintendencia de Medio Ambiente junto a la Corporación Nacional Forestal y el Servicio Agrícola Ganadero, realizaron una inspección en la que se constató “que la cantidad de sectores o parcelas sin vegetación en el sistema de vegetación Borde Este ha ido en aumento. Por otro lado, la riqueza de las especies ha disminuido en relación al año anterior, no obstante, la empresa no ha informado de esta situación a la autoridad ambiental”. De hecho, la formulación de cargos detalla que son 13 los algarrobos que se han secado durante la operación del proyecto, nada de lo cual fue informado por la empresa a la autoridad ambiental, como estaban obligados legalmente a hacerlo.
También se constató la afectación significativa de las variables de pH y salinidad del suelo advirtiéndose que “se ha pasado de un suelo moderadamente salino a uno fuertemente salino y un aumento en la alcalinidad del pH”.
Además, el documento señala que la empresa ha entregado información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales, “lo que no permite contar con información de control trazable que permita una verificación de las variables”.
En junio del 2013, cuatro meses antes de que se realizaran las primeras inspecciones que dejarían en evidencia todas estas infracciones, SQM obtuvo un permiso ambiental para aumentar en 700.000 toneladas su producción de cloruro de potasio en el Salar de Atacama.
Mongabay Latam revisó los documento y confirmó que para entonces la empresa ya había advertido un “aumento de algarrobos con baja cobertura de copa verde y estado de vitalidad seco”. Así lo señala un informe de monitoreo realizado por SQM durante abril del 2012.
En junio del 2013, la comisión de Evaluación Ambiental Regional aprobó a pesar de esto el proyecto de la compañía para aumentar su producción. Quien presidió dicha comisión y firmó el permiso, fue el entonces Intendente de la región de Antofagasta Pablo Tolosa, abogado de SQM entre 1998 y 2010.
Falta de pruebas
En respuesta al proceso sancionatorio iniciado en contra de SQM, la empresa presentó un Programa de Cumplimiento -que aún no ha sido aprobado – para reivindicar cada una de las infracciones y comprometerse a cumplir con el permiso que le fue otorgado en 2006.
Así, entre otras cosas, dicho programa se compromete a la “implementación de sistemas de monitoreo en línea, que permiten robustecer la verificación del cumplimiento de extracciones de salmuera y agua industrial”. Y adopta otras medidas como la detención inmediata de la extracción de agua desde uno de sus pozos.
Pero, al mismo tiempo, la empresa señala que el efecto negativo generado por la extracción de salmuera por sobre lo autorizado “resulta marginal”. Que “tiene un nivel de influencia mínimo (…) representa un aporte menor al 2% de los descensos observados, es decir, cerca de l mm, valor que sería incluso menor ya que dicha extracción adicional no se ha efectuado en forma permanente”. Así mismo, respecto al aumento de salinidad del suelo afirma que “queda absolutamente descartada la posibilidad de efectos negativos derivados de la infracción”.
La bióloga ambiental Carolina Díaz, gerente general de la consultora Amakaik, que se encuentra desarrollando un modelo ecológico para el Salar de Atacama, señala que “un programa de cumplimiento, que niega la responsabilidad de generar impacto producto de las infracciones, no puede ser un buen programa. Esto, dado que desconoce si las medidas propuestas serán realmente efectivas mitigando dichos impactos, ya que estos no están bien identificados y mucho menos están cuantificados.”
Aún así, la bióloga puntualiza que si bien “es muy probable que la empresa esté provocando daño, los estudios los tienen ellos y una cosa es la opinión y otra es la prueba”.
Díaz se refiere a que las investigaciones, que hasta el momento existen sobre estos ecosistemas y los impactos de la industria, han sido realizados por SQM y les pertenecen. En efecto, “el peso de la prueba de no impacto está siempre en el mandante, no está en el Estado” explica Díaz. Y es que el sistema de evaluación ambiental considera que es el titular del proyecto el que periódicamente obtiene los datos ambientales, los analiza y entrega la información a la autoridad. Esta fiscaliza, “pero no hay una constatación empírica permanente de los datos obtenidos de la operación de esos planes y, en la mayoría de los casos, tampoco se cuenta con los datos brutos obtenidos para realizar un análisis independiente de ellos” señala la bióloga.
Al respecto, Barros señala que “en la medida que la información ambiental y social siga siendo tratada como privada, como propiedad de las empresas, no vamos a poder lograr encadenamientos productivos, sustentables y equitativos”.
De lo que sí se tiene certeza es de que el salar “evidentemente está siendo mal intervenido, especialmente en la zona este, donde hay áreas que simplemente se secaron” dice Garcés. De hecho, un estudio de la Dirección General de Aguas asegura que el principal acuífero de la sub-cuenca del Salar de Atacama ubicado en el sector Tilopozo-Pajonales se encuentra sobre explotado seis veces.
Manuel Salvatierra, presidente del consejo de Pueblos Atacameños, dijo a Mongabay Latam que “Los daños y afectación en la cuenca afecta directamente vegas, bofedales y fauna y con ello las actividades como el pastoreo de animales.”
Al mismo tiempo, se reconoce que los impactos en el salar son producto de una sinergia entre las diferentes empresas mineras que operan en la cuenca del Salar de Atacama. Se trata de las mineras de cobre Zaldívar y Escondida que juntas extraen 1613.5 litros de agua por segundo. La empresa Almebarle, también de litio, extrae 23 lts/seg de agua y 442 lts/seg de salmuera. Por último, SQM bombea 450 lts/seg de agua y 1700 lts/seg de salmuera. En total, son 2.086 lts/seg solo de agua dulce.
La situación del Salar de Atacama no es un hecho aislado. El salar de Coposa, en la región de Tarapacá, tampoco se libra de los problemas. De hecho, la autoridad ambiental también presentó cargos en contra de la minera de cobre Doña Inés de Collahuasi, que opera en la cuenca de este salar, por incumplimiento al monitoreo de avisafauna, el traslado de puntos de captación de aguas subterráneas y la ausencia de información en el seguimiento de la calidad de aguas y bofedales.
Además, “el salar de Michincha fue declarado por la Comisión Chilena del Cobre en situación crítica, al igual que el salar de Llamara” señala Barros. En este último, la autoridad ambiental también presentó cargos en contra de SQM por inclumplir las condiciones impuestas en su permiso. Los cargos, al igual que en caso del Salar de Atacama, dicen relación con la modificación de las medidas de mitigación establecidas en el permiso ambiental, afectando las lagunas mejor conocidas como Puquios, los que en idioma Quechua, la lengua de los pueblos de los Andes, quiere decir “vertientes de aguas cristalinas”.
Mirasol Resources Ltd. ha ejecutado un acuerdo de Opción de Compra con la Empresa Nacional de Minería de Chile para consolidar y controlar las reclamaciones que albergan posibles extensiones a la mineralización mapeada en la superficie de su proyecto Los Amarillos. El proyecto se ubica al noroeste de la mina El Salvador y de la fundición Potrerillos en el posible cinturón mineral del Paleoceno en el norte de Chile.
El Presidente y CEO de Mirasol, Norm Pitcher, declaró: «Nos complace anunciar este Acuerdo e introducir un nuevo proyecto en nuestra cartera. Este Acuerdo está en línea con nuestra estrategia de consolidación en torno a nuestros paquetes de propiedades para desarrollar objetivos a gran escala.
El proyecto de Los Amarillos hasta la fecha ha arrojado ensayos de oro y plata de alto grado en muestras de fragmentos de roca y garantiza un programa detallado de exploración de la superficie para definir objetivos de perforación. Dada la ubicación del proyecto cerca de la infraestructura existente, su acceso durante todo el año y los resultados iniciales, representa un proyecto convincente para que Mirasol avance inicialmente de manera autofinanciada”.
Mirasol tiene el derecho de adquirir el 100% de las 288 ha de reclamaciones al completar US$ 300,000 en gastos de exploración durante 3 años (incluidos los US $ 50,000 comprometidos durante los primeros 12 meses) y al realizar pagos en efectivo totales en los EE. UU. US$100,000 durante el mismo período. El primer pago de US $ 10,000 se realizó al momento de la firma. Una vez que se complete el período de opción, ENAMI tendrá una regalía NSR del 1,5% sobre las Reclamaciones de ENAMI, que estará sujeta a un derecho de primer rechazo de Mirasol.
El proyecto consolidado Los Amarillos ocupa 1.660 ha y está a 15 km al norte del proyecto Mirií en Rubi y a 10 km al noroeste de la mina El Salvador de Coldelco. La propiedad se encuentra en elevaciones que van desde 1700m a 2100m ASL. El acceso a la carretera durante todo el año es excelente, y tanto las líneas de energía como las de agua atraviesan el extremo norte del bloque de reclamos.
El proyecto forma parte de la Caldera Paleoceno-Eoceno Inferior y se ubica dentro de la estructura trans-orógena Ojos Del Salado que también alberga El Salvador (Cu-Mo-Au), Potrerillos (Cu-Au) y La Coipa (Ag- Depósitos de oro. La mineralización en Los Amarillos se aloja dentro de una secuencia gruesa de piroclastos rodacíticos a traquíticos y fluye dentro de la caldera, con vetas de sulfuración intermedias de cuarzo-adularia-carbonato alojadas a lo largo de estructuras norte-sur, coincidentes con enjambres de diol de riolita a dacítica.
Manifestantes de comunidades indígenas alrededor del Salar de Atacama en Chile, una de las mayores reservas mundiales de litio, han cortado el acceso a depósitos del metal ligero en medio de intensas protestas en todo el país, dijo el viernes a Reuters un líder indígena de la región.
Recordemos que Chile posee las mayores reservas mundiales de litio, un elemento clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. En específico, el Salar de Atacama alberga a los principales productores del mundo, SQM y Albemarle.
Sergio Cubillos, jefe del Consejo de Pueblos Atacameños que representa a 18 comunidades indígenas, dijo que el bloqueo había detenido desde el miércoles las operaciones de SQM: “No están trabajando”, dijo Cubillos vía telefónica desde la intersección de una carretera local con el acceso a SQM en medio del desierto más árido del mundo.
SQM no comentó sobre la situación. Una portavoz dijo a Reuters que recopilaba “información oficial” pero que no había podido obtenerla. En esa línea, Cubillos dijo que las operaciones de Albemarle también fueron afectadas. “El día miércoles se cerraron los caminos para los camiones de producción de Albemarle. Hoy día también están cerradas”, acotó.
Un portavoz de Albemarle dijo a Reuters que sus operaciones en Atacama no se habían visto afectadas, aunque los trabajadores por turnos se vieron obligados a ajustar sus horarios como resultado de los problemas de transporte en todo el país.
Finalmente, Cubillos dijo que las comunidades indígenas se unieron a las protestas por la desigualdad social, a lo que sumaron sus preocupaciones sobre los impactos ambientales de la extracción de litio en su territorio. El grupo se movió para bloquear cualquier nueva mina de litio en el salar.
“Esperamos seguir haciendo actividades hasta que por lo menos el Estado nos escuche y atienda también nuestras legítimas demandas”, afirmó.
La empresa Hochschild Mining PLC se instaló en la región del Biobío a través de una compra del depósito minero de tierras raras que se encuentra en la provincia de Concepción, por 56 millones de dólares, proyecto administrado por la empresa Biolantánidos. Resumen conversó con organizaciones socioambientales nacionales e internacionales sobre la llegada de esta nueva empresa a la región. Hochschild Mining PLC cotiza en Londres y podría significar el inicio del extractivismo minero a gran escala en la región del Biobío con todos los impactos socioambientales asociados a esta actividad.
El proyecto que ya posee una planta piloto en los cerros de Penco era impulsado por la empresa Minería Activa ligada al grupo Larraín Vial, sin embargo hace poco el 94% del depósito administrado por la empresa Biolantánidos, pasó a propiedad de la firma Hochschild Mining PLC, la cual se presenta como una empresa peruana, pero según las organizaciones socioambientales en realidad actuaria como una transnacional, ya que se encuentra cotizando en la bolsa de valores de Londres.
Según Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la minera que llegó a la región del Biobío en el centro sur de Chile «aparece como una empresa peruana pero para efectos formales es lo mismo que hace el Grupo Luksic que tienen casa matriz en Londres, entonces ellos invierten en Chile como si fueran una transnacional y se benefician de los tratados de libre comercio y de las medidas de protección que Chile le otorga a los inversionistas extranjeros, para temas tributarios y todo eso. Entonces puede aparecer como una empresa peruana, pero en realidad para lo formal este proyecto opera desde la casa matriz de Londres, capaz que allá en Londres tienen arrendado una simple oficina en donde tienen una secretaria y un teléfono, y están obligados a hacer una asamblea de accionistas una vez al año».
Por su parte, Sebastian Ordoñez de la organización inglesa War on Want, en conversación con Resumen explicó que la empresa se encuentra en «aquella milla cuadrada donde se encuentran la mayoría de las empresas extractivistas del mundo, la bolsa de valores de Londres». Ordoñez es parte de una red que se dedica a fiscalizar a estas empresas desde una perspectiva de solidaridad internacional. También buscan prevenir a la población acerca de las consecuencias nocivas de estos proyectos, además de acudir a mecanismos de justicia cuando han habido impactos y abusos.
Según el entrevistado «el extractivismo minero y la crisis climática son dos caras de la misma moneda, y una reproduce a la otra. La ola de nueva energía que se genera en el norte global, así como el movimiento Rebelión contra la Extinción (Extinction Rebellion), o los estudiantes en defensa del clima encabezados por Greta Thunberg, nos ha permitido hacer una critica mucho mas profunda que vincula y pone en conocimiento los nexos entre el extractivismo minero y la crisis climática, precisamente porque la visión de justicia climática que se esta proponiendo en el norte es una visión fundada y que aterriza en las energías renovables y por ende el extractivismo minero que va a suplir los minerales y metales necesarios para esas tecnologías». En este sentido la transición hacia una «energía limpia» que están proponiendo en Europa, por ejemplo, implica la destrucción de amplias zonas en Latinoamerica y Chile a través de la explotación intensiva de los minerales para estas nuevas tecnologías «verdes», como es el caso de las Tierras Raras encontradas en el Gran Concepción y toda la región del Biobío.
Ordoñez además explicó que la minera Hochschild «lleva transando en Londres desde el 2006, es muy interesante que decida ahora un poco por fuera de su mercado, ya que es una compañía dedicada a la extracción de minerales mas convencionales, tome esta medida de invertir 56 millones de dólares en este proyecto de tierras raras». Por su parte, Benjamin, también de War on Want explicó que «esa visión de la transición reproduce o puede agudizar el modelo extractivista minero, por un lado por esta necesidad o supuesta necesidad material, pero mas que nada porque es una visión que realmente no cuestiona nada, porque no cuestiona los fundamentos de la economía, del modelo social, del modelo de transporte, del modelo energético. Y tampoco se tocan temas fundamentales como la inequidad, la desigualdad. Y va en paralelo un aumento del extractivismo». Además agregó que la iniciativa minera «puede llevar a un aumento de combustibles fósiles. Como el ejemplo de la bahía de Concepcion en donde se esta presionando con este proyecto minero y con dos terminales de gas GNL».
Ordoñez explicó que «el hecho de que en Chile existan las mayores reservas de cobre, que exista una gran proporción del litio del mundo, que exista ese imaginario o ese vinculo tan estrecho entre la minería y el país, significa que se presenta como el lugar donde se va a dar la transición, y a la misma vez se desvincula mucho la destrucción que genera la minería en los acuíferos, en las fuentes de agua, en los territorios en los ecosistemas, pasa sin conectarse con los impactos de la crisis climática en sí. Se genera esa separación y nos parece muy interesante, por ejemplo que se hable en Chile de sequía, pero no se hable de agroindustria y la megaminería. En el caso de la megamineria, un 26% del total de las emisiones de gases de efectos invernaderos ya lo genera la minería».
Desde hace años se viene intentando por parte del mundo empresarial ligado a la minería explotar minerales de Tierras Raras en el Gran Concepción y el Biobío. Estos minerales son imprescindibles para el desarrollo de la tecnología del siglo XXI. Cabe recordar que Chile no tiene experiencia en este tipo de minería y no cuenta con estudios que puedan demostrar fiablemente que no producirá daños irreversibles al ambiente y las comunidades.
Autor: Mirian Mondaca Herrera/ La Estrella de Quillota-Petorca , Soy Chile.cl
Denuncian que debido a la escasez reciben tan solo un liro de agua por segundo.
No tener agua para beber es quizás uno de los mayores temores a los que puede enfrentarse un ser humano. Movidos por esta inquietud, los habitantes de El Melón, en la comuna de Nogales, ayer se tomaron el pozo N° 9 de la empresa Anglo American, ubicado en el sector de Villa Disputada.
UN LITRO POR SEGUNDO
El encargado del sistema municipal de agua potable de El Melón, Jorge Brito, revela que son cerca de 5 pozos los que tienen operativos, pero que entre todos no se alcanza a obtener más de 20 ó 25 litros por segundo. «Estamos sufriendo una sequía devastadora, la mayoría de nuestros pozos están casi secos.
Antes, por ejemplo, yo funcionaba con 30 litros por segundo en uno de los pozos y ahora ese pozo no me da nada. En otros hay 1 litro por segundo, entonces la poca agua que hay yo la intento abastecer para que le llegue a toda la gente. Obviamente les puedo dar agua, pero no les puedo asegurar la presión», explica.La toma del pozo de la empresa se gatilló luego de que los habitantes del sector fueran advertidos por personal municipal del sistema de agua potable por la baja cantidad del recurso hídrico disponible. «Hoy día (ayer) cuando estábamos en el pozo llegaron las personas encargadas del agua potable que abastece a la población El Melón y nos informaron que los pozos que abastecen de agua a El Melón están marcando entre 1 litro y 1,2 litros por segundo.
Este pozo que nosotros nos tomamos está tirando entre 25 a 40 litros por segundo, y este pozo que nos tomamos alimenta una sala de bombeo que tira agua hasta la Mina El Soldado», detalla Alejandro Godoy, miembro de la Mesa Social de El Melón, agrupación que organizó la toma y las manifestaciones anexas.El pozo N°9 de la empresa está ubicado a unos 12 metros de una de las norias del sistema municipal de agua potable, por lo que los habitantes del sector piden que Anglo American se los entregue para poder usarlo.
La proximidad de éste con sus instalaciones, permitiría hacer una eventual conexión para obtener el vital elemento. «Encontramos que es injusto que la población viva hoy con ese litro por segundo, que no es capaz de abastecer al pueblo porque no se llenan los estanques. Lo que nosotros estamos pidiendo es que nos entreguen este pozo, por último hasta que se solucione el problema hídrico que tenemos en el país. Creo que son como 18 pozos los que tienen en este sector de El Melón y Nogales», emplaza Godoy.
GESTIONES DE MUNICIPIO
Desde el sistema municipal de agua potable aseguraron que la alcaldesa Margarita Osorio ha realizado gestiones para buscar una solución al problema de escasez en el sector El Melón. «Lo que pasa acá es que el tema son las lucas. Cuesta mucho sacarlas, el Estado es muy burocrático. Algunas opciones que se han barajado es reconectar un pozo, pero hay que hacer un aforo a ese pozo, hay que ver cuanta agua da ese pozo», dice Godoy. JHasta el cierre de esta edición, los manifestantes mantenían el pozo y los accesos a la minera tomados. Desde Anglo American informaron que «como compañía estamos monitoreando el desarrollo de los acontecimientos, a fin de evaluar y tomar las medidas necesarias para resguardar la integridad de los trabajadores y comunidades vecinas» y que en El Soldado estaban «siempre dispuestos a contribuir a encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la comunidad».
La noticia sobre un posible cierre de la fundición Ventanas de Codelco, en Puchuncaví, que estaría barajando el Gobierno, sacó rápidamente chispas en el sector empresarial y en la Confederación de Trabajadores del Cobre, quienes señalaron, a través de su presidente, que consideraban como una «irresponsabilidad» que una idea así se llevara a cabo. El ministro de Minería salió a descartarlo con rapidez, pero al mismo tiempo un grupo transversal de diputados recogieron la idea y presentaron un proyecto para adelantar el proceso de cierre.
«Es algo que tenemos que evaluar», dijo escuetamente hoy el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín luego de que en la mañana se publicara la noticia de que el Gobierno estaría considerando cerrar la Fundición Ventanas de Codelco, emplazada en la comuna de Puchuncaví, una de las zonas de sacrificio ambiental más afectadas por la exposición de sus habitantes a contaminación por metales pesados. Larraín, en razón de su cargo, forma parte del directorio de Codelco.
La información trascendió a partir de una nota de prensa publicada por El Mercurio en la que se relataba una reunión en que el Presidente Piñera habría informado de esta decisión al Ministro de Ciencias, Andrés Couve y a Maisa Rojas, quien encabeza el comité científico a cargo de la organización de la Cop25. Precisamente, según la publicación de prensa, la decisión se materializaría poco antes de la realización de la cumbre internacional, programada entre los días 2 y 13 de diciembre.
Uno de los ministros que salió rápidamente a calmar las aguas del sector minero que se trastocado con la información de prensa fue el Ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien afirmó que el cierre de la fundición, en donde se sitúa la icónica chimenea transformada en emblema de la contaminación «no es una decisión que se haya tomado por parte del Gobierno, y en el minuto que se discuta habrá que tener presentes los distintos elementos que influyen por la importancia que esta tiene en la decisión de la magnitud que significaría un cierre de la fundición como Ventanas”, dijo Prokurica.
Estas palabras se pronunciaron luego que el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Olguín, reaccionara con molestia ante lo que consideró como una «irresponsabilidad» de parte del Presidente anunciar el plan de cierre. Para el dirigente, la política ambiental que ha surgido detrás de la COP25 es «más una plataforma de campaña política», que una «mirada país», sostuvo Olguín al Diario Financiero.
Pero lejos de aquietarse la aguas, la posibilidad de cerrar Ventanas, así com0 la termoeléctrica que se ubica en ese circuito industrial, es un viejo anhelo de los movimientos ambientales que se han visto intensificados con los episodios de intoxicación masiva en el sector.
Junto a este argumento y a la oportunidad de ofrecer a la comunidad internacional un gesto en favor del medioambiente, el hecho de que la fundición hace años que reporta pérdidas, fue uno de los puntos que remarcó el diputado Diego Ibáñez, (Convergencia Social) quien se mostró a favor de la medida.
«La verdad es que la Fundición Ventanas implica solo pérdidas para el Estado de Chile. De hecho contamina tanto, que cada niño y niña de la zona de Quintero y Puchuncaví podría tener un kilo de arsénico al año. Eso no es posible porque aumenta las posibilidades de cáncer en la zona de sacrificio. Por lo demás, también el 40% del dióxido de azufre en la región, es de Codelco Ventanas y no hay razón de ningún tipo que valga para tener esta faena abierta».
Al menos desde 2011 -sostuvo- «este Gobierno producto de una comisión investigadora tenía antecedentes de que esta contaminación estaba siendo brutal. Si es que efectivamente al Gobierno le importa la salud de los habitantes las estaciones de monitoreo deberían ser estatales (…) las mejoras al hospital de Quintero todavía no han llegado. Me da la impresión que este anuncio tiene bastante de publicitario más que de una honestidad radical para cambiar las condiciones de la comunidad.», dijo Ibáñez
El diputado junto a su par Andrés Longton (RN) presentó un proyecto de resolución para acelerar el cierre de la fundición «pero garantizando que no aumente el desempleo, porque la recuperación no pasa solamente por aspectos ambientales, sino también económicos y sociales», dijo Ibáñez.
Por su parte el diputado oficialista Andrés Longton calificó esta posibilidad como «una noticia positiva desde el punto de vista del daño ambiental que se ha generado en la zona en los últimos 50 años y que obviamente no se pueden crear más empresas, y algunas deberían ir en retirada. Me parece muy positivo que el Presidente esté evaluando esta decisión», afirmó.
Tras un exhaustivo proceso de licitación, Codelco adjudicó el proyecto de desarrollo, construcción y operación de una planta desalinizadora y su infraestructura complementaria para suministrar agua a las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, lo que permitirá a la empresa incrementar, de manera paulatina, el uso de agua de mar respecto del uso de agua cordillerana en todas sus operaciones ubicadas en Calama.
El proyecto considera una planta de desalinización de agua de mar con una capacidad de diseño inicial de 840 l/s, con potencial de expansión a 1.956 l/s, que incluye las obras marítimas, un sistema de impulsión de agua que recorrerá más de 160 kilómetros, con tuberías y la infraestructura eléctrica necesaria para bombear el agua a más de 3.000 metros de altura. El trazado de las tuberías se iniciará al sur de la ciudad de Tocopilla y llegará al reservorio de agua industrial para el suministro de agua desalinizada en la División Radomiro Tomic.
La licitación se la adjudicó el consorcio liderado por Marubeni Corporation (50%) y conformado, además, por Transelec (30%) y Techint Chile (20%). La ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC, por sus siglas en inglés) estará a cargo de Techint Chile, mientras las operaciones y mantención (OyM) estarán a cargo del consorcio Aguas Nuevas-IDE-Transelec.
Se espera que la construcción―la que requerirá de aproximadamente 2.700 trabajadoresdurante su peak― se inicie el primer trimestre de 2020 y que la planta esté operativa en 2022.
Marubeni Corporation es un holding japonés con actividades en diversas partes del mundo en sectores tan diversos como agricultura, química, energía, transportes, electricidad e infraestructura. En 2018, los ingresos del grupo fueron superiores a de US$ 68 mil millones y sus activos totalizaban cerca de US$ 69 mil millones. Marubeni, con presencia en Chile desde 1957 y gran operador local de agua desde 2006, tiene una vasta experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. Recientemente, se adjudicó uno de los proyectos de desalinización más grandes del mundo en Arabia Saudita.
Transelec Holdings Rentas Limitada es parte del Grupo Transelec, controladora de la principal transmisora de energía eléctrica de Chile, del mismo nombre. Tiene como accionistas a Canada Pension Plan Investment Board (CPP), British Columbia Investment Management Corp (bcIMC), Public Sector Pension Investment Board (PSP) y la compañía China Southern Power Grid (CSPG).
En tanto, Techint Chile es una sociedad chilena que forma parte de Techint I&C, especializada en ingeniería y construcción en varios sectores alrededor del mundo. Uno de sus principales mercados en nuestro país es la minería, en la que tiene experiencia en diseñar y construir plantas de procesamiento de minerales, sistemas de impulsión de agua de mar salada y desalinizada (acueductos y estaciones de bombeo), además de mineroductos.
El proyecto se desarrollará a través de un modelo de negocios BOOT (Build-Own-Operate-Transfer), por lo cual el consorcio tendrá la obligación de suministrar agua desalinizada a Codelco mediante la construcción de la planta y sus sistemas anexos, para luego transferirlas a la empresa estatal al vencimiento del contrato, esto es, 20 años después del inicio de la operación.
Los asesores de Codelco en el proceso fueron ASSET Chile como asesor financiero, Carey y Cía. como asesor legal y BNP Paribas como asesor de bancabilidad.
Durante el proceso de licitación, Codelco se aseguró de que los términos del contrato garantizaran un suministro confiable, a un precio competitivo y en términos convenientes. De hecho, la oferta significará una reducción del costo anual por consumo de agua de 35%, en comparación a las proyecciones iniciales de este proyecto.
La desalinizadora y otros proyectos similares planificados para la región de Antofagasta permiten vislumbrar que, en 2029, de toda el agua que requerirá la minería en esta zona, 64% provendrá del océano. Por ello, es considerado un proyecto clave que permitirá a la minera estatal continuar con el desarrollo sostenible de sus operaciones del distrito norte.
Estudio revela que Chile ha regalado millonarios recursos a las grandes mineras
120 mil miillones de dólares ha regalado el Estado entre 2005 y 2014 a las 10 empresas mineras más grandes, según un estudio elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile que se dio a conocer en 2017. Sus autores señalan que con ese monto se podrían haber financiado la gratuidad en educación y mejorar el sistema de salud y de pensiones.
Un estudio elaborado por economistas de la Universidad de Chile estimó que el Estado de Chile ha regalado a las diez empresas de la gran minería privada en el país 120 mil millones de dólares, entre 2005 y 2014.
Se trata de las empresas Anglo American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, Candelaria, Quebrada Blanca, Escondida, Collahuasi, Cerro Colorado, Zaldívar y El Abra.
Esta renta que percibieron las empresas mineras equivale al 45 por ciento del PIB de 2014 y a un flujo anual promedio de 12 mil millones de dólares correspondiente de esos diez años y a casi un cuarto del gasto público de ese año. Mientras, durante el mismo periodo, la recaudación tributaria del Fisco proveniente de estas empresas fue de 41 mil millones de dólares.
Estas grandes compañías concentran el 57 por ciento de la producción de cobre en el país y junto a Codelco alcanzan el 88 por ciento del total.
Sin embargo, el informe destaca que estas rentas son neutras, es decir, si las empresas hubiesen sido obligadas a pagar al Fisco la totalidad de esta cifra su inversión y producción total habrían sido las mismas, pero el país se hubiese beneficiado con la ganancia de los privados, según explicó uno de los autores de este análisis, Gino Sturla.
“En definitiva, es medir cuánto están obteniendo por sobre lo que el mercado cobraría por mantener intacto sus incentivos para la producción e inversión. Las cifras que entrega el Banco Mundial son realmente gigantescas para estos fines”.
La economista de la Universidad de Chile, Claudia Sanhueza, explicó que el origen esta política data del proceso de privatización de las empresas iniciada en Dictadura:“La Ley de Concesiones Mineras permitió la privatización de los yacimientos. En este caso, se cuantifica las utilidades que han recibido por sobre lo que les cuesta el suelo, por eso se habla de renta, es el valor del suelo que no tiene que ver con un trabajo que se le da al suelo sólo es un valor agregado que se le da a esta riqueza”.
El texto agrega que “la incapacidad de Chile de obtener estas enormes rentas que legítimamente pertenecen a todos los chilenos, se debe también, en gran parte, a la falta de información de la ciudadanía sobre la magnitud de las pérdidas ocasionadas por la reticencia de las autoridades políticas y económicas a desarrollar los mecanismos necesarios para la captación de estas rentas”.
En ese sentido, los expertos recalcan que “si los ciudadanos estuvieran debidamente informados, seguramente se movilizarían para forzar a sus representantes políticos a corregir esta gigantesca deficiencia e injusticia”.
Sobre este punto, la también académica de la Universidad Diego Portales se refirió a las consecuencias sociales que ha generado esta política, considerando que con esta riqueza entregada a las trasnacionales se podría haber financiado educación gratuita y el mejoramiento del sistema de salud y de pensiones.
“Podríamos haber sido dueños de estos recursos, pero en realidad tenemos una situación bastante empobrecida. Esto se trata de plata que ya hemos perdido y sólo podemos pensar que es lo que habríamos podido hacer como educación gratuita o mejor salud porque hubiesen sido ingresos para el Estado de Chile muy relevantes”, comentó.
Los autores del estudio ejemplifican que con los 120 mil millones de dólares se podrían financiar 2 mil 560 teletones, considerando el monto recaudado en 2016, o en caso que el país hubiese decidido ahorrar en fondos soberanos el dinero, le estaría rentando alrededor de 7 mil millones de dólares al año, con lo que podría financiar el sistema de salud y el sistema de pensiones.
Sobre la metodología de este estudio, se registran los datos actualizados por el Banco Mundial respecto de la producción de minerales asociados a los yacimientos mineros del país, el precio observado en el mercado internacional y los costos totales de la producción minera.
En Chile, se considera principalmente la minería del cobre que concentra el mercado en un 95 por ciento, sumado al oro, plomo, zinc, níquel, plata, bauxita y fosfato.
La Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM) –de la cual Chile es parte desde 1997 y a la que contribuye económicamente cada año– promueve la entrada en marcha de la explotación de minerales en aguas internacionales para un puñado de países, principalmente desarrollados, que cuentan con la tecnología adecuada para explotar a profundidades y de los cuales nuestro país no es parte. Estos minerales, el cobre entre ellos, tienen mejor ley que cualquier depósito en tierra, lo que significa una oportunidad para controlar el mercado mundial, son patrimonio común de la humanidad –pertenecen a todos y a nadie a la vez– y su extracción generará gran impacto ambiental, extracciones-destrucciones de la biodiversidad que abarcarán un área 120 a 1.200 veces el tamaño de Chuquicamata por contrato minero, dependiendo del mineral.
Chile es miembro de una organización internacional denominada Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM), ubicada en Kingston-Jamaica y a la cual contribuye económicamente año a año, como parte de los acuerdos suscritos por nuestro país como parte de la Convención del Mar desde 1997. Esta organización es un instrumento de DOALOS (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea), pero no es una organización de Naciones Unidas per se, sino que en realidad es independiente del secretario general de la ONU.
Este instrumento hoy promueve la entrada en marcha de la explotación de minerales en aguas internacionales para un puñado de países, principalmente desarrollados, que cuentan con la tecnología adecuada para explotar a profundidades y de los cuales Chile no es parte. A la fecha, existen 28 contratos para explorar los recursos marinos con derechos exclusivos y localizados en todos los océanos para explotar planicies abisales, montañas submarinas y dorsales oceánicas.
La extracción de estos minerales vírgenes de los fondos oceánicos tiene 3 características importantes: 1) mejor ley que cualquier depósito en tierra, lo que significa una oportunidad para controlar el mercado mundial –hoy en manos de mineros de tierra–; 2) son patrimonio común de la humanidad –pertenecen a todos y a nadie a la vez–; y 3) su extracción generará gran impacto ambiental, extracciones-destrucciones de la biodiversidad que abarcará un área 120 a 1.200 veces el tamaño de Chuquicamata por contrato minero, dependiendo del mineral.
La extracción de minerales vírgenes de los océanos contribuirá negativamente al cambio climático y sus consecuencias en la vida de la población. La explotación de estos metales vírgenes del fondo del mar generará una nueva fuente de CO2 a la atmósfera, incrementando la concentración de este gas invernadero a tasas desde 8 (cobre) a 12.000 (oro) kg de CO2, equivalentes por kg de elemento extraído. Se proyectan 33 mil toneladas por año por contrato para cobre.
Estas actividades de desarrollo de minería submarina –que hace un par de años eran ficciones– han tomado lugar por los últimos 25 años; AIMF fue fundada en 1996. Durante este tiempo 167 países han contribuido con porcentajes de sus PIB nacionales. Es cierto que los países industrializados contribuyen proporcionalmente más que los en desarrollo, pero sumando los países en desarrollo contribuyen con 24% del presupuesto de AIFM cada año.
Lo interesante es que, aun sabiendo que muchos de esos países son mineros terrestres como Chile, Ghana e Indonesia, están inocentemente subsidiando la exploración-explotación a empresas trasnacionales por los mismos minerales que soportan sus economías: cobre y oro. Evidentemente, tomando en cuenta la ley de estas nuevas fuentes, el impacto económico y social será significativo en los paises mineros de tierra. Vale destacar que en nuestra historia la crisis del salitre, por reemplazo de substituto artificial, generó consecuencias económicas que modificaron la estructura social y política de Chile del siglo XX.
La razón por la cual los miembros estados partidarios de la Convemar contribuyen anualmente al presupuesto (subsidio), es que estos minerales son el patrimonio común de la humanidad, principio fundamental de la Convemar que debería gobernar el comportamiento de la AIFM. Sin embargo, desde 2012, esto no ha sido así.
Hoy, la AIFM es abiertamente pro minería para contratistas de países industrializados de Norteamérica, Europa y Asia, promoviendo un código minero completamente sesgado en beneficio de los contratistas y no del bien común (en beneficio) de la humanidad, ni honrando el hecho de que estos recursos son patrimonio común de esta.
Los temas ambientales en la AIFM son abordados con ligereza. En el borrador preparatorio de un nuevo código minero submarino, los impactos ambientales no se han tomado en cuenta, acción indispensable para la protección del medio ambiente para futuras generaciones.
Tampoco se menciona el cambio climático que modulará el impacto de la minería submarina. Si bien es cierto que trabajar-investigar en mar abierto y a profundidades de más de 4 mil metros, es difícil, sin embargo, y puesto que los recursos mineros son patrimonio común de humanidad, cualquier actividad, incluyendo la minería, debe desarrollarse bajo un estricto plan de manejo que debe ser basado en reglas y reglamentos que reflejen las posiciones de los miembros estados partícipes a la Convemar y contribuyentes a la AIFM.
¿Por qué entonces los países en desarrollo parecen no entender el proceso? Evidentemente el tema no ha sido socializado y los acuerdos y/o propuestas no han sido democráticos, más bien elitistas, no solo en Chile sino que en muchos otros países en desarrollo miembros de parte de la AIFM.
Esta columna es la primera de una serie que tratará científicamente de empoderar a cada uno de los ciudadanos de Chile con la noción de que los recursos minerales de las aguas internacionales les pertenecen y deberían percibir los beneficios económicos si es que algún día se explotan.
Todos los chilenos somos ricos en cobre, oro, plata, cobalto, metales raros de los fondos marinos internacionales, que nos pertenecen, puesto que firmamos la Convemar, la cual nos dice que son nuestros y contribuimos con nuestros impuestos en 25 mil dólares anuales.
Como ciudadanos de este país debemos estar alerta y responsablemente pedir cuentas a quien toma decisiones por nuestros minerales sin consultarnos. Evidentemente en los últimos 25 años esto no ha ocurrido. Creo que no es muy tarde y es nuestro deber como profesionales informar a cada uno de los ciudadanos, de Chile y del mundo, lo que se maneja en forma no transparente en la AIFM.
La socialización de este tema es necesaria. Existen constantemente reuniones, congresos y publicaciones sobre muchos asuntos relacionados a los que se alude arriba, pero solo un grupo elitista se entera y responde sin consulta nacional.
En Chile, como en muchos otros países garantes de la Convemar, los respectivos ministerios e instancias políticas no parecen dimensionar el impacto económico y social que esta nueva fuente de recursos mineros, patrimonio común de la humanidad y de un ambiente prístino, significara para cada uno de los chilenos y ciudadanos de todo el mundo. Evidentemente no existe la socialización de este tema en Chile, de lo contrario, ya hubiésemos sabido por alguna instancia nacional o comunicacional sobre el tema.