El conflicto entre la minera canadiense Andes Copper y la comunidad de Putaendo se inicia tras años de operaciones ilegales. En octubre de 2008 su proyecto “Prospección Minera Vizcachitas” fue calificado como desfavorable por la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, iniciando una historia de ilegalidad y lobby agresivo a manos de consultoras como Imaginacción y Azerta, caracterizado por la invisibilización de la comunidad de Putaendo en su derecho de incidir en las decisiones sobre su territorio.

Por Loreto Contreras Orellana / Investigadora asociada – OLCA

Corría la segunda semana de iniciada la primavera de 2016 y la comunidad de Putaendo entraba en alerta. El 28 de marzo de dicho año, uno de los directores de la compañía minera Los Andes Copper, Eduardo Covarrubias Noé, había expuesto en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Consejo Regional (CORE) de Valparaíso para presentar dos proyectos en la provincia de San Felipe.

Desde la compañía tenían planificado instalar en la comuna de Putaendo una central hidroeléctrica de paso, de aproximadamente 28 megawatts, que se ubicaría en el río Rocín y cuya energía sería vendida al Sistema Interconectado Central; y una mina de cobre y molibdeno que ya estaba en fase exploratoria.

Sin embargo, el conflicto entre la minera canadiense y la comunidad de Putaendo se inicia antes, tras años de operaciones ilegales. El 20 de febrero de 2008, la empresa había ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto “Prospección Minera Vizcachitas” a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El proyecto fue rechazado en octubre del mismo año luego de que la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, resolviera calificar desfavorablemente el proyecto.

En julio de 2016 con la amenaza de la instalación de estos nuevos proyectos y las sospechas de habitantes de Putaendo, se empezaron a evidenciar las consecuencias de las acciones de la empresa, las que se ejecutaban sin el permiso ambiental necesario. El informe sobre el monitoreo de aguas del embalse Chacrillas, encargado al laboratorio Hidrolab, arrojaba la presencia de altas concentraciones, fuera de la norma, de metales pesados como aluminio, cobre, fierro y manganeso en las aguas.

Cabe señalar que, en agosto de 2015 las organizaciones locales y la Junta de Vigilancia del Río ingresaron la primera denuncia formal a la institucionalidad ambiental, acción que se repitió en noviembre de dicho año. A su vez, en abril del año siguiente– entre la presentación de los proyectos por Covarrubias y la publicación del informe de Hidrolab, se presentó otra denuncia, así como en julio y octubre. Además, el 16 de marzo de 2016 se inició un sumario sanitario contra Andes Copper “por severas deficiencias en el suministro de agua potable y alcantarillado, funcionamiento de un casino sin los permisos respectivos y manejo inadecuado de residuos peligrosos”.

La entonces seremi de Salud, María Graciela Astudillo, indicó que “la determinación se tomó luego de una fiscalización de un equipo de la oficina provincial de Aconcagua y previa petición de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo”. Seis meses después la Coordinadora Putaendo Resiste realizaba una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) debido a las faenas ilegales de la empresa que no contaban con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Luego, en noviembre, la Dirección General de Aguas (DGA) sancionaba a la Minera Vizcachitas por la “extracción de aguas superficiales” de la Quebrada Cortadera pese a no contar con derechos sobre las mismas.

Sin embargo, recién el 17 de abril del 2017 la SMA formula cargos contra Los Andes Copper por falta gravísima ante la realización de trabajos de exploración y prospecciones. Con eso se inicia un proceso de sanción que se suspende cuando, de forma expedita, se aprueba un Programa de Cumplimiento en diciembre de ese año. ésto permitió que la empresa presentara medidas para modificar o regularizar su funcionamiento, que hasta esa fecha, y durante más de diez años, había construido al menos 89 plataformas de sondaje de manera irregular al no contar con una RCA[1].

El agresivo lobby de Los Andes Copper por Vizcachitas

Desde el 16 de junio de 2015 al 19 de junio de 2020 se han realizaron 80 audiencias, registradas en InfoLobby y catastradas en el informe El Agresivo Lobby de Minera Andes Copper por proyecto Vizcachitas en Putaendo, Región de Valparaíso realizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), donde se detallan las audiencias entre directivos de la Minera Vizcachitas, sus asesores lobistas y distintas autoridades de gobierno de carácter nacional, regional, provincial, municipal y parlamentario. Llama la atención también los niveles jerárquicos dentro del gobierno a los que apuntan: ministros, subsecretarios de distintas carteras ministeriales, directores de servicios a nivel nacional y regional, intendente y gobernador. Se incluyen, también, alcaldes, senadores y diputados de la Región de Valparaíso.

Además se puede correlacionar los periodos en que la empresa enfrenta procesos de sanción ante la SMA y la tramitación de sus proyectos en el SEIA – una DIA de “regularización” y otra DIA con la ampliación de sondajes-, y la intensidad de reuniones con autoridades políticas del gobierno y altos directivos de los Servicios Públicos involucrados en la evaluación.

En mayo de 2018 la Minera Vizcachitas Holding ingresa la DIA “Regularización de plataformas de sondajes mineros, sector Las Tejas” con el fin de modificar el proyecto original de prospección minera desarrollado entre 2005 y 2007, y a la vez regularizar – de manera retroactiva- las faenas de sondajes realizadas entre 2015 a 2017, que se llevaron a cabo de forma ilegal ya que no fueron sometidos a evaluación ambiental. Un mes después el municipio de Putaendo denuncia a la empresa por construcción ilegal de campamento minero ante el Juzgado de Policía Local.

Paralelamente en las sombras de la institucionalidad, de acuerdo al mencionado informe del OLCA, desde mayo a julio de 2018, los gestores y lobistas sostienen 16 reuniones. Durante este breve periodo en la historia de abusos Los Andes Copper son recibidos por Javier Puiggros Vogel militante de Evópoli y quien fue seremi de Economía, el actual gobernador de la Provincia de San Felipe, Claudio Rodríguez Cataldo; también con los diputados por el Distrito Nº6 Luis Pardo Sáinz y Pablo Kast Sommerhoff, y en dos ocasiones se reúnen con Leopoldo Valenzuela Berton, seremi de Minería. Asimismo con Juan Ladrón De Guevara, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Corfo, Mario Méndez Allendes, jefe de la Oficina Provincial de la Seremi de Salud, Humberto Lepe Tarragó, seremi de Agricultura, el ministro de Minería Baldo Prokurica, María Victoria Gazmuri Munita, seremi de Medio Ambiente, Pablo Mira Gazmuri quien fue director regional de la Conaf en Valparaíso, María Violeta Silva Cajas, seremi de Trabajo y Previsión Social, Valentina Stagno Gray, seremi de la Mujer y la Equidad de Género; también con el Director Ejecutivo del SEA Hernán Brücher, y finalmente con el CORE Percy Marín Vera.

Llama la atención que en varias reuniones aparezca personal de destacadas consultoras de Lobby como Imaginacción del ex Ministro y dirigente político Enrique Correa, también la presencia de María Cristina Bitar de Azerta, dueños de dos de las empresas de gestión de intereses más “destacadas” de la plaza en la actualidad. Una mención especial merece la oficina de abogados Moreno, Sáez & Avilés Abogados, donde uno de los socios del estudio jurídico, Sebastián Avilés Bezanilla está a cargo de la actual asesoría legal a Vizcachitas. Se trata de un abogado con trayectoria en otros estudios especializados en minería y que también ejerció en altos cargos dentro del SEA y de la SMA. Una situación similar se da con la asociada de esa oficina, la abogada Magdalena Prieto Pradenas.

En marzo de 2014 El Mostrador publicó el reportaje Tironi, Correa y los otros: la mano de los consultores en el freno a la agitación social, radiografía del mundo del lobby y sus nuevas narrativas tras sus derrotadas gestiones en Aysén y Freirina. El creador de la franja del NO, tras dejar la dirección de Comunicaciones del Gobierno de Aylwin crea en 1994 a Tironi y Asociados, y entre sus clientes destacan Endesa; Minera Los Pelambres del grupo Luksic; Arauco de Angelini, y Codelco. Gestión Social, que es su otra firma fundada en 2004 y presidida por él, ha asesorado a HidroAysén, Colbún, Esval y Essbio.

Según las indagaciones del periodista Nicolás Sepúlveda, en una segunda posición de mercado, a partir de los comentarios de miembros del mundo del lobby, está Enrique Correa con Imaginacción Consultores que ha trabajado con el proyecto de termoeléctrica Castilla, del brasilero Eike Batista, la termoeléctrica Octopus, de Australis Power, y la central de paso Alto Maipo de AES Gener, entre otros. “Si bien las asesorías de Correa se centran en el lobby y en el respaldo comunicacional, también tiene una pata en los llamados “asuntos públicos”, que se relacionan con los conflictos territoriales que enfrentan los proyectos. Ahí uno de los nombres que resalta es el de Juan Carvajal, ex director de la misma Secom en el primer Gobierno de Bachelet, quien figura como consultor asociado” precisa Sepúlveda en su investigación en 2014.

Uno de los directivos de una consultora, que pidió resguardo de su identidad, señaló que “Al final, la intervención en las comunidades es puro hacer política. Es política pura y dura. Se trata de convencer, de ganar discusiones y de intervenir la realidad. Por eso ya no sirven tanto las niñitas rubias de la Universidad Católica que llegan en tacos a los poblados. Ahora se requiere de gente que tenga calle, y que sepa meter las patas en el barro. Porque, en definitiva, los vecinos de las comunidades son un actor que se disputan las empresas interesadas en aprobar un proyecto, y los grupos de activistas que se oponen, muchas veces por razones ideológicas, a estas iniciativas” contaba por ese entonces el directivo, además de mencionar que lo que pagan las grandes empresas a las consultoras por su asesoría depende de la experiencia que estas luzcan, y de los contactos que puedan desplegar en el aparato público. Por eso destacan Tironi y Correa, que trabajan con ex funcionarios del Estado y personas con experiencia política.

Camaleónicos en lo público/privado

María Cristina Bitar Maluk

El 13 de abril de 2020, en plena crisis social y sanitaria a causa de la Covid-19, se realiza la audiencia entre la lobista María Cristina Bitar Maluk de Azerta y el gestor de Vizcachitas Holding, Sebastián Avilés Bezanilla con Oscar Cristi Marfil, Director General de Aguas, evidenciando que al igual que las actividades extractivas, las gestiones pro minería tampoco han cesado durante este periodo especial. El motivo de la reunión: Status Proyecto Vizcachitas.

Según precisa la descripción de Cristina Bitar en el sitio web de Azerta, consultora de la que es socia, es economista de la Universidad de Dartmouth, MBA de la Universidad de Chile y Tulane University. Además directora de AFP Provida, columnista del diario La Segunda, consejera de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo; fundadora y consejera de Comunidad Mujer y desde 2008 forma parte del grupo de Young Global Leaders del World Economic Forum.

También ocupó el cargo directora ejecutiva de Hill & Knowlton Captiva, agencia que fundó con Pablo Zalaquett, posteriormente formalizado por el Caso Penta. De 2004 a 2008 fue miembro del Círculo de Marketing de Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) y en 2005 se desempeñó como jefa de campaña del candidato presidencial Joaquín Lavín (UDI), primo de su esposo Juan Pablo Solís de Ovando Lavín. Tras la derrota ante Ricardo Lagos lideró la campaña senatorial del miembro supernumerario del Opus Dei en 2009 que no logró ocupar el escaño por VI circunscripción.

Entre 2007 y 2009 presidió el movimiento político Independientes en Red, fue directora del departamento APEC de la Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1994 y 1996, bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, y asesora del ministro de Hacienda entre 1992 y 1994 durante el gobierno de Aylwin. También ha sido directora de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio – AmCham Chile, de TECHO y Econssa Chile. Por último la descripción señala que integró el Comité Asesor Bicentenario nombrada por el ex Presidente Ricardo Lagos.

Pero Cristina Bitar Maluk, sobrina del ex ministro Sergio Bitar (PPD), no sólo ha destacado por su “exitosa y nutrida” influencia en asuntos públicos y privados. En enero de 2015 reconoció haber recibido dinero para campaña senatorial de Joaquín Lavín, acusando desconocimiento de su procedencia, apuntando a Ernesto Silva Bafalluy – ya fallecido-como el encargado del financiamiento.

“Nunca hasta ahora había visto ese cheque o al menos no tengo recuerdo de haberlo visto. Desde el comando deben haber avisado que estaba listo el cheque por la plata que me debía (…) No recuerdo qué gastos me fueron reembolsados”, precisó. Bitar Maluk agregó que si bien no conocía a María Carolina de la Cerda –emisora del cheque-, “sí conocí a su hermana, con quien compartí en instancias sociales por ser la señora de Pablo Wagner” (ex subsecretario del primer Gobierno de Sebastián Piñera), a quien conoció durante el periodo de campaña presidencial de Lavín”.

En una investigación del periodista Nicolás Sepúlveda publicada en agosto de 2016 en Ciper, se devela que Asesorías e Inversiones Lima, propiedad de Cristina Bitar, fue la cuarta sociedad en recibir los pagos más altos de la Sociedad Química y Minera de Chile: $185 millones. En abril de 2015, tres meses después de que la gestora declarara ante el fiscal Carlos Gajardo Pinto, SQM hizo una rectificación tributaria que sacó a la luz sus millonarios aportes a personas de todo el espectro político, en la que también figuraba la sociedad de Bitar Maluk. En enero de 2016 la Fiscalía, a través de Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), solicitó a Cristina Bitar la entrega voluntaria de la documentación contable de la sociedad entre 2009 y 2014. En febrero los detectives fueron hasta su domicilio en Vitacura para solicitarle los documentos, ya que ella era la representante legal de la sociedad, no hubo respuesta así como tampoco la primera vez en 2015 cuando la PDI llegó a su casa para citarla a declarar. Tampoco hizo llegar la información contable al Departamento de Delitos Tributarios que realizó la investigación en el SII, y en abril de 2015 simplemente no llegó a declarar ante la citación de la Fiscalía. Así es como Bitar Maluk eludió a la justicia, y posteriormente en la querella del SII, por facilitación de boletas o facturas falsas a SQM, se excluyó a la sociedad Inversiones y Asesorías Lima ya que no se logró acreditar satisfactoriamente la efectiva prestación de los servicios porque no aportó antecedente alguno.

El 28 de abril de 2018 Carlos Gajardo publicó en su twitter: “Cada día puede ser peor. Para la @FiscaliadeChile condenar por soborno en el Caso Penta era “intransable”. Así lo declaraba el Fiscal Regional Manuel Guerra en @CNNChile. Nada ha cambiado desde entonces. Que triste ver como transformaron la Fiscalía en una liquidadora”. ésto tras conocer el acuerdo entre los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y el Ministerio Público para evitar ir a prisión por evasión de impuesto y financiamiento ilegal de campañas políticas, principalmente de la UDI, donde la Fiscalía se comprometió a renunciar al cargo por cohecho y pidió la SII calcular la multa que deberán pagar por la evasión de impuestos.

Además se hace necesario mencionar que tras la paralización del proyecto Pascua Lama en 2013, dictado por Corte de Apelaciones de Copiapó tras acoger un recurso de protección interpuesto por comunidades locales, fue Azerta quien reemplazó a Extend, de María de la Luz, María del Pilar y Ana María Velasco, hijas de Belisario Velasco el ex ministro del Interior de Bachelet y subsecretario de la misma cartera tanto de Frei Ruiz Tagle como de Patricio Aylwin. La orden de compra del contrato por la asesoría comunicacional estratégica detallaba los servicios entre 2013 y 2014, incluía una extensión hasta 2015, y tuvo un costo de 428 millones de pesos aproximadamente, por servicios de media trainings, estudio de percepción de empresas responsables del medioambiente y seguimiento legislativo año 2013.

A principios de julio de este año las comunidades del Valle del Huasco exigieron la prohibición para que la Compañía Minera Nevada SpA, a la que pertenece Pascua Lama, no realice otro cambio de turno en la localidad de Chollay o en cualquier otro lugar de la Comuna de Alto del Carmen, debido al rol propagador de la covid-19 que ha tenido la minería.

Actualmente Azerta además de asesorar a Vizcachitas Holding tiene entre a sus clientes a la Asociación AFP Chile, Coca Cola Chile, Facebook, MasterCard, Turner, Chilevisión, CNN Chile, Ultranav, Ultramar, Tata Consultancy Services, Codelco, Transelec, Tianqi Lithium, Compañía General de Electricidad (CGE), Metrogas, Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor), Cencosud, Masisa, Aguas Antofagasta, Eletrans, Pfizer, Copsa, Alto Maipo, entre varios otros.

Flavio Candia Gallardo

Tras la renuncia de Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior en mayo de 2015, cuestionado por la entrega de boletas por $4 millones a la empresa Asesorías y Negocios SpA de Giorgio Martelli, entre otros, Candia, miembro de su “círculo de hierro” también abandona el Estado dejando de ser el encargado de la Unidad de Análisis Estratégico del Ministerio del Interior.

Antes de integrarse al equipo de Imaginacción en marzo de 2018, apareció como investigador de Flacso y junto a Peñailillo, cuya amistad se remonta a su periodo universitario, publicaron Descentralización : impactos y desafíos en la competitividad nacional y regional.

En su descripción corporativa en el sitio web de la consultora de Enrique Correa, mencionan que es “Ingeniero Civil Industrial con un grado de MBA. Se ha desempeñado como gerente para Latinoamérica en empresas internacionales ligadas al sector farmacéutico y agroindustrial. Además, trabajó en área de conflictos para el Ministerio del Interior”.

Actualmente es parte del equipo de Imaginacción que representa a la Compañía Minera Vizcachitas Holding con un registro de 13 audiencias, principalmente en el periodo que la empresa ingresa la DIA para Regularización plataformas de sondajes mineros, sector Las Tejas que se realizaron fuera de la legalidad.

Natalio Dorfman Liberman

Es abogado y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, ex asesor de la Secretaría General de la Presidencia cuando José Antonio Viera Gallo (PS) era ministro. Dorfman era uno de los gestores y lobistas más activos de Imaginacción por más de 10 años, hasta que en diciembre de 2019 deja la consultora. La descripción que había en el sitio web detallaba que Dorfman asesoraba “a empresas del sector transporte, telecomunicaciones, televisivo, energético, minero, eléctrico, portuario, alimenticio y de servicios”.

En InfoLobby existe registro de 97 audiencias, 23 relacionadas con Vizcachitas Holding. Desde hace un año y cuatro meses figura como socio director de Dorfman&Gattas, cuya reseña de la consultora menciona que: “Promovemos un estilo de trabajo sobrio, donde contamos con un equipo altamente profesional e integrado por una primera línea de consultores seniors de gran capacidad analítica, vasta experiencia en la industria y un profundo conocimiento del aparato público y también del mundo de la empresa”.

En la descripción de Dorfman del sitio web señalan que “Cuenta con una extensa experiencia en materia de regulación administrativa. Ha sido abogado de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, Jefe de la Unidad Legal de la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana y asesor de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En esta última trabajó en la elaboración y tramitación de diversos proyectos de ley, especialmente en áreas de trabajo y previsión social, obras públicas, transportes, telecomunicaciones, relaciones exteriores y político electoral”.

En este sentido, cabe dejar registro que otras lobistas de Imaginacción han tenido un rol permanente en las audiencias de Vizcachitas Holding. Con 19 reuniones a cuestas como lobista y 1 como gestora encontramos a Natalia Labbé Tetzner, así como con 11 audiencias a María Soledad Carlini Catalán. En representación de la empresa suelen participar Antony John Amberg con 22 audiencias como gestor y Eduardo Covarrubias Noé con 32.

Vínculos de Los Andes Copper con paraísos fiscales

En 2016 la filtración de más de 11 millones de registros secretos del bufete Mossack Fonseca, conocida como Panama Papers, reveló cerca de 200 sociedades offshore vinculadas a Chile. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que participó Ciper, destacan las pertenecientes a Agustín Edwards, Alfredo Ovalle (ex presidente de la CPC), Hernán Büchi, Iván Zamorano y los controladores de Ripley y el BCI. También aparece el entonces presidente de Chile Transparente Gonzalo Delaveau Sweet, quien tras el escándalo renunció a su cargo, y que además es director de la minera Los Andes Copper.

Mossack Fonseca figuraba como agente de al menos cinco sociedades offshore con domicilio en Bahamas vinculadas a Los Andes Copper en las que Delaveau fue directamente relacionado por su rol de director o secretario. Algunas de ellas: Turnbrook Corporation,; DK Corporation, Heatlhey International Inc., Turnbrook Mining Ltd., que en 2014 adquirió los derechos de agua no consuntivos sobre una sección del río Rocín con el fin de construir una central hidroeléctrica de paso; y Vizcachitas Ltd.

Al ser cuestionado por Ciper, Delaveau y Covarrubias Noé -también director de la minera-contestaron que no eran los beneficiarios de esas sociedades, sino que solo participaban en calidad de directores de algunas de ellas. Es más, Delaveau señaló que solo era director en Turnbrook Mining, y que su relación con las otras sociedades era “por temas profesionales en mi calidad de abogado o secretario de las mismas”.

Pero en 2010 se anunció el inicio de la adquisición accionaria de Los Andes Copper por parte de Turnbrook Corporation (Turnbrook Mining Ltd.), con domicilio en Bahamas, que luego llegaría a poseer el 52% de la empresa. Además en 2013, Los Andes Copper declaró tener propiedad exclusiva cinco filiales: Vizcachitas Ltd registrada en Mareva House, 4 George Street, Nassau, Bahamas, que en 1998 pasó a constituir la sociedad Compañía Minera Vizcachitas Holding, Sociedad Legal Minera San José Uno de lo Vicuña; El Tártaro y Piguchen de Putaendo en Chile; además de Gemma Properties Group Limited en las Islas Vírgenes Británicas.

Acciones más allá del lobby

En agosto de 2019 se reunieron los directores de la Compañía Minera Vizcachitas Manuel Matta y Eduardo Covarrubias Noé; el director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, José Tomás Letelier; y el gerente de Relacionamiento Comunitario, Alejandro Cassi con organizaciones de Putaendo, donde se abordó la DIA, que a esa fecha se encontraba en trámite en el SEA, y también se expusieron los repetidos compromisos de sustentabilidad por parte de la empresa y que son inviables debido a la afectación ambiental e impactos propios de la minería.

Pero lo que llamó la atención de las organizaciones socioambientales que se oponen al Gestión Social proyecto, fue la participación del seremi de Minería, Leopoldo Valenzuela Berton en una actividad organizada por la minera, evidenciando la falta de probidad del funcionario público. Valenzuela Berton ha recibido en audiencias de lobby en 3 oportunidades a los lobistas y gestores de la Minera Vizcachitas en mayo, junio y noviembre de 2018.

Otro hecho que alertó a la comunidad fue que a través de la cuenta de twitter del Ministerio de Minería se enteraron que el 15 de noviembre de 2018 el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas visitó Putaendo, específicamente el campamento Las Tejas. El ex Alcalde Guillermo Reyes señaló que fue una falta de consideración hacia Putaendo y acusó sesgo por parte de Terrazas al excluir de su itinerario a las autoridades comunales.

La coordinadora Putaendo Resiste lamentó que el subsecretario omitiera las sanciones que Los Andes Copper han recibido por parte de la SMA y la DGA, ésto a pocos días de que el Juzgado de Policía Local multara a Vizcachitas Holding y ordenara la demolición del campamento minero, posteriormente fue confirmado por la Corte de Apelaciones. Además desde la coordinadora recalcaron que el hecho evidenciaba una vez más que las instituciones del Estado está al servicio del empresariado.

últimos hechos

Pese a las movilizaciones y denuncias para el retiro del proyecto, las más de 2000 solicitudes de participación ciudadana al SEA y la petición de suspensión de la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso ante la pandemia, que fue convocada con 1 día hábil de anticipación; el 20 de abril se aprueba unánimemente en modalidad online el proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”. La Comisión de Evaluación Ambiental está conformada por el Intendente Regional de Valparaíso Jorge Martínez Durán y los seremis, entre ellos Leopoldo Valenzuela Berton.

Además, el 8 de julio las organizaciones opositoras al proyecto minero Vizcachitas denunciaron una extraña representación legal no solicitada por las comunidades. “Desmentimos tajantemente la información que está circulando por algunas redes sociales sobre la representación de abogados del estudio jurídico Barros Silva Varela & Vigil a compañeros de Putaendo Resiste”, señala en una declaración esta organización.

En la publicación explicitan que “Putaendo Resiste sólo reconoce a álvaro Toro y Javiera Tapia como sus legítimos representantes, en quienes depositamos nuestra confianza por su intachable trayectoria. Además consideran que se trataría de maniobras para dividir a las comunidades que se oponen al proyecto minero de la empresa canadiense Los Andes Copper.

[1] Resolución Exenta Nº11 / ROL D-012-2017, emitida en Santiago el 28 de agosto de 2017. En virtud del art. 35, letra b de la Ley 20.417.

Putaendo contra la gran minería: un caso demostrativo del funcionamiento del SEIA en tiempos de pandemia

https://www.eldesconcierto.cl/2020/07/17/andes-copper-en-putaendo-anos-de-ilegalidad-premiados-por-las-instituciones/

La iniciativa busca frenar los contagios de Covid-19 en la industria minera y resguardar a los trabajadores y a las comunas productoras.
22/07/2020
(La Tercera / Pulso)
En las últimas semanas, la industria minera ha estado en la mira, pues los contagios han tenido un importante incremento, principalmente en ciudades cercanas a grandes faenas, como Calama y Rancagua. En respuesta, las compañías han incrementado las medidas de seguridad, modificando turnos y paralizando obras que estaban en construcción. En el caso de Codelco, donde hay un foco de contagios principalmente en Chuquicamata, está operando solo con dotación de la zona.

Pero, pese a estas medidas, la preocupación por la propagación del virus persiste. Es por ello que, durante la jornada de este martes, diversos parlamentarios de oposición presentaron un proyecto de ley para que la minería entre en cuarentena y funcione con servicios mínimos durante 14 días.

Esto, con el objetivo de frenar los contagios de Covid-19 en la industria minera y resguardar a los trabajadores y a las comunas productoras. En la iniciativa se dispone la suspensión parcial de las faenas que funcionen con más de 100 trabajadores en el territorio nacional.

“La situación que vive la región de Antofagasta es dramática. La minería debe entrar en cuarentena lo antes posible y funcionar con sus servicios mínimos. Casi la mitad de los casos activos provienen de la minería y las medidas preventivas hoy han quedado a criterio de las empresas. La producción minera debe adecuarse a la realidad sanitaria del país, es criminal seguir sacrificando la salud y la vida de los trabajadores, sus familias y las comunidades en pos de la producción minera. La economía se puede recuperar, pero las vida no”, señaló la diputada por la región de Antofagasta Catalina Pérez y gestora del proyecto, quien agregó que la iniciativa considera la prohibición de causal de despido.

Por su parte, el diputado Pablo Vidal, también integrante de la comisión de minería, dijo que “no ha existido una regla clara por parte de la autoridad. Este tipo de decisiones no pueden depender de la buena voluntad del dueño de una empresa o en este caso de la minera Estatal Codelco sino que tienen que depender de reglas claras conocidas por todas y todos”.

Los contagios en la industria rondan los 5 mil y solo Codelco reporta 3.400 casos positivos confirmados, sostuvieron los parlamentarios en un comunicado. Hasta el momento, las regiones más afectadas son las de Antofagasta y O´Higgins.

“Creemos que el Gobierno y Codelco han actuado de manera tardía, inoportuna y sin medidas sanitarias lo suficientemente estrictas como se requieren para un sector productivo tan importante y que moviliza a tantos trabajadores diariamente como es la minería (…) Lo que estamos pidiendo a través de este proyecto de ley es que no se siga priorizando la productividad minera por sobre la salud y vida de los trabajadores”, indicó el diputado por la región de O´Higgins, Raúl Soto.

El proyecto de ley está firmado por Catalina Pérez (RD), Raúl Soto (PPD), Marcela Hernando (PR), Pablo Vidal (RD), Juan Luis Castro (PS) y Esteban Velasquez (FRVS).
https://www.mch.cl/2020/07/22/parlamentarios-presentan-proyecto-de-ley-para-que-la-mineria-entre-en-cuarentena-y-funcione-con-servicios-minimos-durante-14-dias/

Se trata de un requerimiento por un supuesto daño ambiental en contra de la División Salvador, por extracción prolongada del recurso hídrico proveniente del salar de Pedernales.
20/07/2020
(El Mercurio) El Tribunal Ambiental de la Región de Antofagasta dio a conocer el viernes el ingreso de una demanda en contra de Codelco.

Según señalaron desde la entidad, se trata de un requerimiento por un supuesto daño ambiental en contra de la División Salvador, por extracción prolongada del recurso hídrico proveniente del salar de Pedernales.

Se espera que el próximo martes la instancia dé a conocer si acoge a trámite o no la denuncia, mientras que, consultados al respecto, desde la corporación estatal, no quisieron abordar la situación.
https://www.mch.cl/2020/07/20/tribunal-ambiental-informa-ingreso-de-demanda-contra-codelco/

14/07/2020
Foto: Codelco
La estatal chilena Codelco ha registrado un total de 3215 infecciones por Covid-19 y nueve muertes debido a la pandemia, informó el presidente de la firma el lunes.

El presidente de la junta, Juan Benavides, detalló que 2 473 trabajadores ya se habían recuperado, mientras que 37 permanecen hospitalizados, dijo la plana ejecutiva de Codelco frente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados este lunes.

“Es muchísimo más seguro el entorno de trabajo y las condiciones dentro de las faenas que fuera de ellas. Eso da cuenta de la realidad que hemos podido medir. Y no sólo nosotros, sino que otros actores de la industria, donde entre un 70% u 80% de los casos son contagios fuera de las faenas”, afirmó la plana ejecutiva.

“El Plan Calama” y “El Plan Teniente” se aplicaron en las divisiones más complejas. Se definió a dos gerentes de operaciones para liderar la iniciativa: René Galleguillos y Claudio Sougarret, respectivamente.

Según Codelco, en Chuquicamata el 7% de los contagios fueron dentro de las faenas, el 68% se dio en un ámbito no laboral y el resto está en revisión; mientras que en El Teniente el 5% de los contagios fue en las faenas, el 70% en un área no laboral y el resto está bajo análisis.

Los mineros de cobre de Chile han mantenido en gran medida la producción a pesar de los crecientes números de casos en el país sudamericano, aunque ha aumentado la presión para que las empresas fortalezcan las medidas de seguridad, incluso potencialmente a costa de la producción.

Los sindicatos de Codelco, que tiene una fuerza laboral de aproximadamente 60 000, incluidos los trabajadores por contrato, dijeron la semana pasada que casi 3 000 trabajadores habían sido infectados.

Algunos sindicatos y grupos sociales han pedido a Codelco y a otros mineros que detengan las operaciones alrededor del centro minero de Calama, una ciudad desértica rodeada de algunos de los depósitos de cobre más grandes de Chile.

El ministro de minería de Chile dijo a Reuters este mes que el gobierno dará prioridad a la salud de los trabajadores en su sector minero vital, incluso si afecta la producción.
Fuente: Reuters y Diario Financiero

Codelco registra 3215 casos de Covid-19 y nueve muertes

Las causas habían sido acogida a trámite en diciembre del año pasado y enero de este año.

15/07/2020
El Primer Tribunal Ambiental acogió el desistimiento de la reclamación judicial que habían presentado la Asociación indígena Aymara de Caleta Chanavaya y Héctor Mery Ramos en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por el proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2.

La nueva normalidad de los diez proyectos más grandes que se construyen en Chile
Esto, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa minera Teck Quebrada Blanca, como tercero coadyuvante, aceptaran el desistimiento de los reclamantes, ante lo cual el tribunal procedió al archivo de los antecedentes.

Con esta actuación se pone término a la controversia jurídica relativa al proyecto minero, la cual data desde el año 2018, época en que se calificó favorablemente el proyecto por parte de la Comisión de Evaluación de la Región de Tarapacá (RCA 74/18).

Reclamaciones
La primera reclamación presentada por Héctor Mery fue acogida a trámite el 26 de diciembre pasado y tenía como objetivo que el tribunal dejara sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto Quebrada Blanca Fase 2, que fuera aprobada por el SEA.

Luego, el 02 de enero de este año se había acogido a trámite la reclamación de la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya en contra de la misma RCA reclamada anteriormente.

Desistimiento
El desistimiento es un acto voluntario al que pueden recurrir los reclamantes para renunciar a la acción interpuesta antes que el tribunal haya dictado una resolución definitiva.

Este trámite está contemplado en el artículo 47 de la Ley 20.600, en relación con los artículos 148 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, donde se estipula que en cualquier estado del juicio el demandante podrá desistirse de la reclamación.
https://www.mch.cl/2020/07/15/se-acoge-desistimiento-de-reclamaciones-en-contra-de-proyecto-quebrada-blanca-fase-2/

Las medidas reforzarán el protocolo interno de prevención y control del coronavirus de Caserones.

13/07/2020
Con el objetivo de reforzar las medidas ante posibles casos de Covid-19 en su operación y entorno, SCM Minera Lumina Copper Chile comenzó la aplicación de test rápidos a todo el personal de Caserones y sus empresas colaboradoras.

Se intensifica reducción de actividades de mineras en Chile: Ahora Candelaria bajará en 7% su dotación laboral
Su implementación ha comenzado este mes y se espera alcanzar en agosto el 100% de su cobertura, de acuerdo al Protocolo Interno de Prevención y Control del coronavirus de la compañía. Esta iniciativa se verá reforzada con la realización de exámenes PCR a la totalidad de los trabajadores que tomen parte en la mantención mayor de su operación, a efectuarse entre el 21 de julio y 2 de agosto, y que busca asegurar su continuidad operacional.

La toma de test rápidos como también los exámenes PCR se efectúan en el lugar de origen de las personas, antes de subir a los buses que los trasladan desde otras regiones a faena y, en el caso de los locales, en su comuna.

A esto se suma el control que mantiene Caserones en el by pass de la localidad de Los Loros, donde se chequea la temperatura de cada trabajador, junto con la sanitización del vehículo en que se dirige a faena, iniciativa que también favorece a quienes transitan por este sector de Tierra Amarilla.

SCM Minera Lumina Copper Chile reitera su compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores, trabajadoras y el entorno, por lo que reitera la importancia de cumplir las indicaciones sanitarias para prevenir el contagio de Covid-19; como el mantener la distancia social, el uso de mascarilla, así como el lavado frecuente de manos con agua y jabón.
https://www.mch.cl/2020/07/13/minera-lumina-copper-comenzo-aplicacion-de-test-rapidos-y-examenes-pcr-a-trabajadores/

13/07/2020

La sede judicial debe hacer un nuevo análisis del caso y entrar en el fondo de la evaluación ambiental de la iniciativa, según determinó la Corte Suprema en septiembre.

En el marco del nuevo análisis que debe realizar el Primer Tribunal Ambiental respecto de la evaluación del proyecto minero Dominga, la sede judicial instalada en Antofagasta solicitó el 3 de julio nuevos informes al gobierno.

El objetivo es analizar si Andes Iron entregó o no antecedentes suficientes sobre el medio marino y las rutas de navegación del puerto que incluye la iniciativa que busca explotar hierro en la Región de Coquimbo, según el mandato que recibió de la Corte Suprema en septiembre.

A partir de esa fecha, el organismo dio un plazo de 15 días a las subsecretarías de Pesca, Medio Ambiente y a la Comisión Regional de Uso de Borde Costero para emitir la información de modo de hacer una “mejor resolución” del caso.

Esta acción no fue bien recibida por la red de organizaciones sociales y ambientales agrupadas en Alianza Humboldt, la que acusó al tribunal de estar “politizando la decisión, al solicitar a organismos que cuentan con claras influencias políticas que den su opinión, en vez de enfocarse en una revisión técnica como lo ordenó la Corte Suprema”.

De este modo, la organización presentó una reposición que busca invalidar la solicitud del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la cual debería resolverse este lunes 13 de julio.

“El rechazo a Dominga se sustenta en la pobreza de su línea de base, lo cual fue explicado en cada uno de los informes técnicos que entregaron diversas reparticiones durante el proceso de evaluación ambiental. No olvidemos que Salud, Conaf, Sernapesca y Energía, entre muchos otros, hicieron llegar sus reparos al Comité de Ministros que, finalmente, cerró la puerta al proyecto de Andes Iron”, dijo Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental y representante del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural de Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros.

Fuente: Diario Financiero

Tribunal Ambiental de Antofagasta solicita informes técnicos al gobierno por proyecto Dominga

Mientras hace cambio de turno pasando por localidades libres de Covid, Barrick dona insumos médicos

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Ante la donación de insumos médicos a servicios de salud de Vallenar y a la barrera sanitaria en Alto del Carmen por parte de Barrick Gold, y a su recepción con honores por las autoridades, como comunidad azotada por los graves e irreparables impactos ambientales y sociales que esta trasnacional ha provocado y sigue provocando, declaramos lo siguiente:

1.- Barrick nunca será un apoyo para la comunidad del Valle del Huasco, como declaró con total descaro y desfachatez tras la donación su nuevo director. Por el contrario, Barrick cambio nuestra vida para mal y para siempre. Nosotros no olvidamos. Aparte de destruir el tejido social y separar familias, dañó de manera criminal elementos vitales, como son los glaciares y el agua. Durante años, esta empresa que hoy quiere aparecer como “salvando vidas” llenó nuestro río de metales pesados, poniendo en serio riesgo nuestra salud, con posibles consecuencias desastrosas entre ellas afecciones neurológicas y hasta cáncer. Quienes ponen en riesgo la SALUD de manera tan deliberada no tienen calidad moral para mostrarse cómo salvadores en esta pandemia.

2.- La vergonzosa pompa de su recepción –con ceremonia, discursos, prensa y demases– solo confirma que se trata de una estrategia mediática para intentar cambiar la percepción de la opinión pública hacia esta empresa, que ya esta manchada a nivel nacional e internacional. Lo anterior es preocupante porque resulta obvio que Barrick está desesperada frente al inminente fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que deberá confirmar o no la sanción de clausura definitiva. Sin embargo, más preocupante aún –cómo ya lo hemos denunciado– es que siga contando con el total apoyo del gobierno a pesar de estar imputada y de ser reconocida como una de las empresas más contaminantes y que más daño ha causado al patrimonio ambiental del país, así como una de las que más ha vulnerado la legislación y la autoridad nacional.

3-Esto tiene lugar en el marco de denuncias realizadas por la comunidad los días 3 y 6 de julio por una nueva y grave infracción de la empresa. Contra toda lógica e infringiendo sus propios compromisos, movilizó trabajadores y realizó cambio de turno por las localidades rurales de la comuna de Alto del Carmen, especialmente el pueblo de Chollay. Esto es grave sobre todo en el contexto de la actual pandemia y máxime cuando la industria minera ha sido acusada justamente por ser un vector del virus que hoy nos afecta. Pese a esta denuncia, no recibimos ninguna respuesta de las autoridades de Gobierno y de la Municipalidad. Ahora entendemos que en lugar de velar por la salud de la ciudadanía están ocupados organizando ceremonias y escribiendo discursos de agradecimiento. Denunciamos con fuerza la grave falta de probidad sigue siendo la norma con el proyecto Pascua Lama. Por medio de estas donaciones, se pacta el silenciamiento y la impunidad para las empresas, todo ello en detrimento de los derechos de las comunidades. Ante esto no podemos dejar de preguntamos ¿Alguna vez el hospital tendrá libertad para diagnosticar un cáncer provocado por los metales pesados en el río? Y finalmente ¿Alguna autoridad se va a dignar a responder la carta denuncia y a asumir su responsabilidad por el cambio de turno a través de Chollay?

4- Comunicamos además que las denuncias fueron llevadas a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde se acordó oficiar a diversos organismos para obtener respuestas sobre quién dio autorización a Barrick. Así mismo, incorporamos denuncias a la Superintendencia del Medio Ambiente.

5- Finalmente, denunciamos que esta donación se da en el marco del Fondo Sanitario Privado de Emergencia para Chile, iniciativa de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) que responde a una estrategia concertada entre el Gobierno y las grandes empresas, destinada a profundizar el extractivismo usando como pretexto la crisis económica que vendría después de la pandemia.

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO

contacto: Constanza San Juan +56962413008/guascoaltocomunicaciones@gmail.com

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«Desmentimos tajantemente la información que está circulando por algunas redes sociales sobre la representación de abogados del estudio jurídico Barros Silva Varela & Vigil a compañeros de Putaendo Resiste», señala en un comunicado esta organización. Consideran que se trataría de maniobras para dividir a las comunidades que se oponen al proyecto minero de la empresa canadiense Andes Copper.

– El texto completo de la declaración de Putaendo Resiste es el siguiente:

DESMENTIMOS TAJANTEMENTE LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ CIRCULANDO POR ALGUNAS REDES SOCIALES SOBRE LA REPRESENTACION DE ABOGADOS DEL ESTUDIO JURIDICO BARROS SILVA VARELA & VIGIL A COMPAÑEROS DE PUTAENDO RESISTE.

Durante estos días, hemos visto circular el rumor que vincula a cinco personas de nuestra organización, con dos abogados de la oficina de Barros Silva Varela & Vigil, diciendo que los están representando. Por lo anterior, nos vemos en la obligación de aclarar estos hechos de cara a la comunidad:

1) Putaendo Resiste sólo reconoce a Álvaro Toro y Javiera Tapia como sus legítimos representantes, en quienes depositamos nuestra confianza por su intachable trayectoria. Álvaro Toro, abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha sido abogado de las comunidades contra los proyectos Pascua Lama y Alto Maipo, entre los más conocidos. Ambos abogados actúan gratuitamente, no cobran por sus servicios, sino que forma parte de su compromiso vocacional en apoyo a las comunidades que ven amenazado su territorio.

2) El abogado Felipe Riesco, integrante del estudio de abogados Barros Silva Varela y Vigil, se contactó con personas de Putaendo ofreciendo sus servicios. Estas cinco personas o no le respondieron o le respondieron rechazando su oferta de representación. Miembros del Directorio de la junta de Vigilancia, también realizaron gestiones para obtener la representación de alguna de estas cinco personas, en todos los contactos se les dijo que NO.

3) Sin embargo, con sorpresa nos enteramos de que igualmente presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Causa Rol 16210-2020), utilizando los datos personales de Verónica Barrera, Valentina Valdés, Larry Viveros, Darío Cuevas y Nicolás Iturrieta, los que estaban a la vista en el Recurso de Reposición presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

4) Pudimos confirmar que dicho bufete de abogados fue contratado por la junta de Vigilancia de Putaendo y, por lo tanto, ahora nos interesa saber las razones por las cuales una empresa contratada por la Junta de Vigilancia realiza estas malas prácticas a vista y paciencia de quienes los han contratado y si, además, estos avalan dicho comportamiento.

5) Frente a los rumores y cizaña que están levantando los oportunistas y alcahuetes de siempre, para dividir y desconcentrarnos de lo importante, que se mueven para dividir y desconcentrarnos de lo importante. Con claridad les decimos: No estamos disponibles para su pobre y triste trabajo.

6) Celebramos las iniciativas que realizan distintas organizaciones ciudadanas y civiles para defender a Putaendo, porque esta lucha es de todas y todos, incluyendo a la gente digna del Aconcagua, de Chile y del mundo. Es una lucha por la Vida y eso a todos nos importa.

Somos una organización autónoma, autoconvocada y autofinanciada. En nuestra organización convivimos personas con diversas creencias políticas y religiosas, a los que nos une nuestra convicción de que la Gran Minería no es un proyecto escolar e inofensivo.

Ratificamos que No tenemos ninguna intención de abandonar la lucha y la única negociación posible con la Minera, es la que les muestra el camino de salida.

Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste
Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA